MÉXICO, D.F: A inicios del presente gobierno, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, convocó a los corresponsales de los principales medios extranjeros en México. Les ofreció información, interlocución y proyección del peñismo en Estados Unidos y Europa. En paralelo, hubo otra estrategia de publicidad y relaciones públicas con los medios, especialmente en Washington, a través del embajador mexicano.
La “luna de miel” duró con varios de ellos. Incluso, el término Mexican Moment –acuñado en Los Pinos– fue asumido por The Economist, la prestigiada revista británica que apenas la semana pasada acusó de “cínico” a Peña Nieto y le dio lecciones de moral y buena conducta en uno de los editoriales más duros contra la actual administración.
The Wall Street Journal, el buque insignia informativo de los grandes grupos financieros, operó como uno de los medios estadunidense que más apoyaron la reforma energética de Peña Nieto. En noviembre de 2013, un “trascendido” informativo presentado como nota exclusiva publicó que los negociadores de la apertura en el sector petrolero mexicano “también están esbozando un tercer tipo de contrato de licencia para los campos en aguas ultraprofundas y gas de esquisto, en los que la empresa controlaría el petróleo tras pagar regalías e impuestos”.
La nota, firmada por el reportero Juan Montes, informó que había una negociación entre el gobierno y “miembros importantes del PAN”, al margen de lo que en ese momento se negociaba en el Senado de la República, la cámara de origen para dictaminar la reforma energética.
Lo publicado en The Wall Street Journal se confirmó. En ese momento, ni Luis Videgaray ni Aurelio Nuño, ni los principales responsables de la estrategia de comunicación del peñismo consideraron al periódico como el demonio que es ahora.
Todo cambió a raíz de la matanza en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014. La agencia estadunidense AP publicó los testimonios de testigos de la ejecución sumaria de 22 jóvenes en el pequeño y peligroso municipio del Estado de México. De ahí vinieron las versiones de Esquire y luego el vergonzoso giro de 180 grados en este episodio en el que comenzó el ocaso del Mexican Moment.
A Tlatlaya le sobrevino la tragedia de Iguala, el 26 y 27 de septiembre, el descubrimiento de decenas de fosas en los alrededores del municipio guerrerense, la pésima respuesta del gobierno de Peña Nieto a una crisis no sólo humanitaria sino sistémica. Iguala no fue lo mismo que Michoacán y mucho menos que Tlatlaya. La organización de los padres de los normalistas de Ayotzinapa y la movilización ciudadana en varias ciudades mexicanas, principalmente en el Distrito Federal, le dio una dimensión global al asunto.
Pasamos del Mexican Moment al Mexico Murder, término acuñado por The New York Times, periódico que publicó en la tercera semana de octubre de 2014 que el gobierno de Peña Nieto atravesaba por una crisis de respeto a los derechos humanos.
The Economist fue más duro en un artículo titulado “Cuando la crisis sale de control”, en el que relacionó las matanzas de Tlatlaya y la de Iguala y calificó de “apabullante” el número de crímenes no investigados por la Procuraduría mexicana.
The Washington Post describió la crisis de Ayotzinapa como “una parada más en la rueda de la fortuna del horror, reforzando la creencia de que hay fosas clandestinas en todo el país donde se han esfumado un número incalculable de mexicanos”.
El Post anticipó lo que sobrevendría en noviembre de 2014: las fosas de Guerrero “han destrozado la campaña de relaciones públicas de Peña Nieto para desviar la atención internacional hacia los fracasos en materia de seguridad”. México y Ayotzinapa volvieron a prenderse como focos rojos en toda la prensa internacional.
Desde los periódicos “aliados” como El País hasta revistas de prestigio europeo como Der Spiegel y cientos de agencias informativas, cadenas televisivas y, por supuesto, los medios digitales centraron su atención en la crisis de los 43 normalistas desaparecidos.
A la crisis de derechos humanos, procuración de justicia e inseguridad se le agregó el escándalo de la corrupción.
Las revelaciones de la “Casa Blanca”, de la “Casa Malinalco” (de Luis Videgaray) y de la “Casa Ixtapan de la Sal” (de Peña Nieto) tocaron el corazón del peñismo. Las crisis de Tlatlaya e Iguala no tuvieron la contundencia para relacionarlas directamente con el equipo de gobierno de Peña Nieto. Ambas crisis pusieron en duda su capacidad, no su rectitud.
Ahora, el tema “corrupción-Peña Nieto” se ha vuelto un tópico en la prensa anglosajona. Y no se trata –como piensa Videgaray– de un complot de los intereses afectados por las reformas peñistas (una manera alegórica de mencionar, sin decirlo, a grandes capitanes del capital como Carlos Slim, Germán Larrea y otros). Se trata de que rompieron un pacto de conducta y de trato con los mismos que lo apoyaron.
“Al gobierno de Peña Nieto le está costando mucho el acuerdo con los chinos”, afirmó una fuente del segundo círculo de Los Pinos. Pero más le está costando no entender que gobernar México en un contexto global no es gobernar Atlacomulco y el Estado de México, donde se pueden encubrir bajo las alfombras del silencio los grandes conflictos de interés.
“Ahora el gobierno mismo está manchado por el escándalo”, sentenció The Economist. Y ubicó a los dos principales personajes que están bajo su escrutinio: “Peña y Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. Están perdiendo el punto. En las democracias modernas, en cuya lista México aspira a entrar, el cuidarse las espaldas mutuamente como parece que lo han hecho con Grupo Higa resulta un comportamiento inaceptable”, apuntó The Economist.
La luna de miel se convirtió en tormenta perfecta con la prensa extranjera. Peña Nieto podrá evadir dar respuestas contundentes, pero no podrá frenar este círculo perverso de minimizar sin acciones contundentes si no entienden que no han entendido, para parafrasear a The Economist. No se trata de negar la tormenta sino de afrontarla con hechos, no con propaganda.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Casi un año después del inicio de la investigación por fraude contra Amado Yáñez, la defensa del socio mayoritario de Oceanografía parece tener un as bajo la manga, que podría poner al empresario fuera de la cárcel.
Los días de Amado Yáñez en la cárcel parecen estar contados.
La defensa del socio mayoritario de Oceanografía, acusado de fraude a Banamex, parece tener un as bajo la manga.
El pasado 8 de enero, presentaron ante el juzgado de procesos penales que lleva el caso, un documento que muestra que durante 2013 y 2014 el banco cobró 5 mil 304 millones de pesos de Pemex por conceptos de pagos sobre la contratista.
Esos cobros significan 396 millones de dólares, cifra muy cercana a los 400 millones que Banamex presentó como incobrables, ya que se sostenían en estimaciones de cobro falsificadas por la empresa con ayuda de funcionarios del banco, según la opinión de delito emitida a mediados del año pasado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Hasta ahora, el banco no ha dijo si esa coincidencia de cifras se trata de un monto adicional al que se alega en el fraude, por lo que sería usado por la defensa para argumentar que el caso no se sostiene.
El documento, del que Reporte Indigo obtuvo una copia, fue remitido por el propio Pemex a petición del juez penal que lleva el caso.
Esa nueva prueba, se suma a los alegatos que Yáñez hizo en varias entrevistas con este diario, en las que aseguró que el fraude era falso y que incluso planeaba demandar al banco.
Hasta el cierre de esta edición, Pemex no había respondido a la solicitud de este medio para ampliar la información relativa a estos pagos.
Un año de alegatos
Oceanografía, empresa de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario, fue acusada de cometer un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank
El dueño de la naviera Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, se encuentra en proceso judicial ante el fuero común en la Ciudad de México por delitos financieros.
El alegato principal de la acusación ha sido que la empresa -de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario- cometió un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank, uno de los principales bancos de Estados Unidos.
El argumento es que Oceanografía pidió préstamos a la unidad mexicana de Citigroup presuntamente usando como garantía los pagos que esperaba de contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).
En febrero del año pasado, la secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía naviera, la cual controlaba contratos millonarios de rentas de barcos, los cuales eran vitales para la operación de Pemex en operaciones costa afuera, especialmente en la sonda de Campeche.
La inhabilitación por un año y nueve meses, además de una multa por 24 millones de pesos, fue porque la compañía había incumplido en el pago de fianzas que cubrieran un 10 por ciento de los montos de los contratos firmados con Pemex.
En su defensa, Yáñez dijo en una conversación con Reporte Indigo que las fianzas pagadas eran las que se le habían solicitado.
Incluso, sugirió que se le había tenido “una trampa” para dejarlo fuera de las contrataciones con Pemex.
Dos semanas más tarde, el 28 de febrero, Citigroup informó que había detectado un fraude por parte de Oceanografía.
El comunicado del banco, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, anunció que luego de la inhabilitación se había puesto en contacto con Pemex para revisar los montos de los créditos que le había otorgado a la empresa naviera.
Buscaban saber cuántos de esos contratos tenían sustento en los trabajos que Oceanografía debía cobrar de Pemex.
De acuerdo a esta versión, la petrolera informó a Banamex que los recibos que tenían solo cubrirían el pago de 185, de los 585 millones de dólares que en esa fecha el banco le había depositado a Yáñez.
“Esta cifra consiste en aproximadamente 75 millones de dólares respaldados por documentación de Pemex y cerca de 100 millones en trabajo documentado que estaba pasando por el proceso de aprobación de la paraestatal”, anunció Banamex.
Al tipo de cambio de esa fecha de 2014, estas cifras significarían 2 mil 478 millones de pesos, los cuales serían “seguros” a cobrar por parte de Banamex.
Los otros 5 mil 352 millones de pesos -correspondientes a los 400 millones de dólares que se presentaron por el banco como irrecuperables- no estarían contenidos en un pago futuro que Pemex le haría al banco.
La danza de los números
Casi un año después de esta notificación ante la bolsa mexicana y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), un documento judicial revela que durante los últimos dos años Pemex pagó a Banamex más de 5 mil millones de pesos sobre los contratos de Oceanografía.
El documento obtenido por este medio, mencionado también en la columna Dinero en Imagen el 12 de enero, fue solicitado a Pemex a finales de diciembre por el juez 14 de procesos penales en el DF, Rubén Darío Noguera.
La respuesta de la petrolera se dio por medio de un oficio firmado por Alejandro Trejo Sepúlveda, apoderado y representante legal de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Trejo Sepúlveda se tituló en 2005 como abogado por la Universidad Tecnológica de México y desde agosto de 2012 tiene un cargo como asesor para la subgerencia penal de Pemex.
Es la misma persona que había declarado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a mediados del año pasado que en el archivo del caso había 11 estimaciones de obras que no constaban en los archivos ni registros de PEP, de manera que esta subsidiaria las había desconocido ante la autoridad financiera.
Ahora, el propio Trejo Sepúlveda contestó al juez sobre los pagos que PEP había realizado a Oceanografía por conducto de Banamex, “derivado de las cesiones de los derechos de cobro celebrados entre las dos partes”.
Los pagos fueron pagados a Banamex a la clave interbancaria 002180087000163406.
Entre agosto y diciembre de 2013, por este mecanismo PEP depositó 3 mil 371 millones de pesos. Entre enero y el 5 de diciembre de 2014, se depositaron mil 933 millones de pesos más.
La cifra depositada en 2014, en efecto, coincide con el monto que sería “seguro de cobrar” de acuerdo con el evento relevante publicado por Banamex ante la Bolsa en febrero del año pasado.
Lo que aún no queda claro es si el resto del dinero que recibió Banamex de Pemex completa la suma del fraude o no, ya que el banco no ha aceptado hablar con la prensa sobre este caso en México ni en Estados Unidos.
La suma de ambas cifras, que se da también en el documento, es de 5 mil 304.6 millones de pesos, esto es, 396 millones de dólares al cambio de la fecha en que el banco denunció un fraude por 400 millones de dólares.
La respuesta de Pemex fue remitida en la segunda semana de enero al abogado de Amado Yáñez, Luis Raúl Serrano González, para que “manifieste lo que a su interés convenga”.
Reporte Indigo no pudo confirmar si la defensa del empresario ha iniciado ya alguna acción legal derivada de las revelaciones contenidas en este documento.
Se cae la inhabilitación
Al mismo tiempo que el camino legal contra Amado Yáñez por el fraude que denunció Banamex parece tambalearse, la inhabilitación contra la empresa fue revocada por un juez y la compañía ya no aparece en la lista de empresas sancionadas por la Función Pública.
En julio del año pasado, el juez Felipe Consuelo Soto declaró a Oceanografía en concurso mercantil. La declaratoria incluyó una medida precautoria para que la empresa no estuviera ya inhabilitada y se le permitiera nuevamente participar en licitaciones públicas.
Ante la Función Pública, el expediente del caso 0039/2013 relativo al pago de fianzas menores por parte de la naviera muestra otros reveses para la autoridad.
En marzo del año pasado, un juez de distrito en Veracruz ya le había otorgado una suspensión del proceso de inhabilitación a la empresa, mediante un amparo que ésta había promovido.
La suspensión que dictó luego Consuelo Soto en julio se sumó luego a la confirmación del amparo 211/2014-III que el mismo juez en Veracruz reiteró a la empresa en el 4 de noviembre pasado.
El Órgano Interno de Control de PEP recibió la notificación de este amparo el 18 de diciembre.
El dictamen judicial resguarda a Oceanografía no solo de la resolución de la Función Pública, sino también de la “discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación” de los párrafos penúltimo y último del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Estos párrafos dicen que las inhabilitaciones diferentes pueden sumarse y cuando termine el plazo de una inicia el de la segunda, además de que “en ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute”.
Con estos amparos, la compañía obtuvo su lugar nuevamente en las contrataciones públicas y se asegura de que una segunda inhabilitación no sume tiempo fuera del mercado a la primera, por la que ya había sido amparada.
Pemex no ha emitido hasta ahora ninguna declaratoria pública por estos reveses judiciales que la obligan a considerar a Oceanografía como uno más de los competidores en cualquiera de sus licitaciones públicas en las que la naviera cumpla los requisitos legales para participar.
El hundimiento
1. Oceanografía solicitó un préstamo a Banamex y puso como garantía supuestos pagos que esperaba de Pemex.
2. El 31 de diciembre de 2013, el banco le otorgó un crédito por 585 millones de dólares.
3. La compañía fue sancionada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del gobierno mexicano, luego que Pemex encontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma, según el Diario Oficial del 11 de febrero del 2014.
4. Banamex inició una detallada revisión del riesgo de Oceanografía cuando supo de la sanción y descubrió que dicha empresa parecía haber falsificado cuentas por cobrar.
5. La Procuraduría General de la República intervino a la firma y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investiga violaciones financieras.
La ruta del navío
Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, enfrenta un proceso judicial por delitos financieros.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
MÉXICO, D.F: En un hecho sin precedente, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai), inició un procedimiento de imposición de sanciones contra Google México por posibles infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
Además, ordenó a dicha empresa hacer efectivos los derechos de cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales de un particular.
Lo anterior luego de que la filial del gigante de las redes sociales ignorara la solicitud de un particular quien exigió su derecho constitucional de cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales.
Ante la falta de respuesta, el 9 de septiembre de 2014 el particular interpuso una solicitud de protección de derechos ante el Ifai.
Tres meses después, el 9 de diciembre, celebró una audiencia de conciliación solicitada por las partes, con el fin de conciliar sus intereses; sin embargo no hubo acuerdo y el Ifai acordó continuar con el procedimiento.
Google México argumentó que no es la empresa que presta el servicio de motor de búsqueda, sino Google Inc., que tiene su domicilio en Estados Unidos y por ello no atendió la solicitud de ejercicio de derechos del particular.
Sin embargo, en el análisis del caso, el pleno del Ifai concluyó que Google México es una empresa legalmente constituida en México y en términos de la LFPDPPP es responsable del tratamiento de datos personales y que de acuerdo con su objeto social, presta servicios de motor de búsqueda.
Además, indicó que Google México sí hace un tratamiento de datos personales cuando se coloca en el buscador un dato de cualquier persona y se encuentra indexado a la información de la Red y no acreditó que dicho servicio lo realiza o presta una empresa distinta.
Por ello el Ifai determinó iniciar un procedimiento de sanciones por posibles infracciones a la LFPDPPP.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En el seno de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN se prepara la discusión de una solicitud de expulsión que presentará Juan Molinar Horcasitas. En ella se acusa a Javier Lozano de atacar ‘sistemáticamente’ a la dirigencia del blanquiazul.
La guerra en el Partido Acción Nacional (PAN) entre maderistas y calderonistas podría alcanzar su clímax, de aprobarse una solicitud de expulsión en contra del senador Javier Lozano Alarcón por sus declaraciones vertidas en contra de Gustavo Madero, presidente nacional del blanquiazul.
En el seno de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN, máximo órgano de decisión del partido, se prepara la discusión de una solicitud de expulsión que presentará Juan Molinar Horcasitas, en la que se acusa a Lozano de atacar “sistemáticamente” a la dirigencia del blanquiazul.
En la solicitud, documento en poder de Reporte Índigo, Molinar Horcasitas argumenta que con sus declaraciones, Javier Lozano viola los estatutos del PAN que se obligó a cumplir cuando se afilió al partido y con ello causa un daño a ese instituto político.
“Pido se acuerde, por parte de esta Comisión Permanente, la expulsión del C. Javier Lozano Alarcón, senador de la República, debido a que de forma reiterada y con gravedad, en tiempos electorales y en tiempos no electorales a través de diversos medios, atacando (sic) de palabra las decisiones fundamentales de Acción Nacional, en particular en contra de la Dirigencia y de diversos planes y programas del Partido, pero nunca bajo los causes (sic) legales, electorales o medios internos para dirimir controversias”, expone el texto de la solicitud.
Molinar Horcasitas señala que Lozano nunca ha establecido una acción interna, como una queja o un recurso de inconformidad, para pronunciarse contra las decisiones tomadas por los órganos internos del partido.
“Todo lo ha hecho hacia el exterior, hacia lo público, queriendo dañar, presumiblemente con premeditación, la imagen del Partido Acción Nacional y de sus dirigentes, violando consecutivamente la obligación que estatutariamente adquirió como militante”, expone la solicitud de sanción.
Javier Lozano ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la decisión de Gustavo Madero de, primero, abandonar la presidencia nacional del partido para buscar la candidatura a una diputación federal y, después, de regresar a la dirección del PAN.
También ha expresado sus críticas por propuestas como el aumento al salario mínimo; y a decisiones partidarias, como negar una candidatura plurinonimal para una diputación federal a Margarita Zavala.
“Es una burla, me salí del partido de Madrazo para caer en el partido de Madero, es asqueroso”.
“Después de tantas heridas, se da el lujo de decir ‘me bajo’ y se va a buscar una plurinominal porque además es tan huevón que ni siquiera va por elección directa”.
“Luego va a querer ser coordinador de la bancada en San Lázaro, el candidato a la Presidencia y luego Papa; de veras, ya se le pasó la mano”, son algunas de las declaraciones de Javier Lozano por las que ahora Juan Molinar solicita su expulsión del blanquiazul.
Lozano es senador de la República por el PAN y representa al estado de Puebla.
Varios cargos
Antes de pertenecer a Acción Nacional, formó parte del PRI y ocupó varios cargos en las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Incluso, fue vocero del tricolor y cuando Francisco Labastida fue candidato a la Presidencia de la República, en el 2000, Lozano buscaba una diputación federal.
En el 2005, Lozano renunció al PRI y para el 2006 ya formaba parte del gabinete presidencial de Felipe Calderón como secretario del Trabajo y Previsión Social. En el 2007 se afilió al PAN y en el 2012 se convirtió en senador por ese partido.
Lozano compartió un lugar en el gabinete presidencial de Felipe Calderón con Juan Molinar Horcasitas, quien fue director del IMSS y luego secretario de Comunicaciones y Transportes.
Sin embargo, en el 2011, Molinar rompió con Calderón y se unió al equipo de Gustavo Madero, de quien es ahora uno de sus colaboradores más cercanos. Hoy día es director de la Fundación Rafael Preciado y miembro de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN.
En la solicitud de expulsión, Molinar Horcasitas refiere que el asunto no debe ser visto como un asunto de libertad de expresión, sino desde el ámbito disciplinario y de lealtad al partido.
“El hoy Senador de la República ha llevado a cabo diversas manifestaciones de palabra que ponen en riesgo la buena fama de nuestro Partido, atacando de forma directa, ante los medios de comunicación y ante la sociedad mexicana, los principios y programas del Partido, así como a la Dirigencia Nacional”, expone el recurso.
Molinar destaca que, con su actitud y declaraciones, Lozano ha violado el artículo 12 de los Estatutos Generales del PAN, donde se obliga a salvaguardar “la buena fama pública del Partido, de sus dirigentes y de sus militantes” y “el ataque de hecho o de palabra a los principios, programas y a la dirigencia del Partido” se encuentra como supuesto para una sanción en el Reglamento de Aplicación de Sanciones de Acción Nacional.
En la solicitud, Molinar refiere que Javier Lozano ocupó un cargo en el gabinete presidencial del panista Felipe Calderón, es senador del PAN, fue considerado como aspirante a la candidatura del albiazul para la Presidencia de la República, lo que le da gran impacto a sus declaraciones.
“El ejercicio de esos niveles tan relevantes y la exposición a grandes audiencias, tanto en la comunidad panista como ante toda la sociedad mexicana, conllevan a que sus actividades y palabras tengan un gran impacto y relevancia ante la ciudadanía y, por tanto, los ataques realizados en contra del partido y su dirigencia resultan determinantes ante la opinión pública”, argumenta Molinar.
Como pruebas, Molinar presenta más de 25 notas periodísticas y entrevistas, con fechas entre junio del 2014 y enero del 2015, en las que se plasmaron las declaraciones de Lozano en contra de Gustavo Madero.
El documento refiere que Lozano ya fue amonestado el 3 de marzo del 2014 por el Comité Directivo Estatal de Puebla, estado que representa en el Congreso, por los ataques a la dirigencia nacional del partido.
Será la Comisión de Orden del PAN la que determine cuál es la sanción que podría imponer a Lozano a partir del proceso que se inicie, con la solicitud de Molinar Horcasitas.
Las acusaciones
Juan Molinar Horcasitas utiliza como argumento algunas frases dichas por Javier Lozano, con las que asegura que ataca “sistemáticamente” al partido:
“Es una burla, me salí del partido de Madrazo para caer en el partido de Madero, es asqueroso”.
“Después de tantas heridas, se da el lujo de decir ‘me bajo’ y se va a buscar una plurinominal porque además es tan huevón que ni siquiera va por elección directa”.
(Sobre Madero): “Vulgar, ambicioso, mezquino”.
“Se subió a un ladrillo y se mareó, es una ambición desmedida, se parece a Roberto Madrazo, así de ambicioso”.
“Luego va a querer ser coordinador de la bancada en San Lázaro, el candidato a la Presidencia y luego Papa; de veras, ya se le pasó la mano”.
“En serio regresa @GustavoMadero como Presidente y @RicardoAnayaC coordinará a @diputadospan? #PobrePAN y #PobrePaís. Ah, y #NoTienenMadre”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Burócratas de Atizapán se reparten bono de 44.6 millones de pesos del erario, a través de un “fideicomiso educativo”, supuestamente para apoyar la educación de sus hijos hasta la universidad.
Más de 40 millones del erario fueron repartidos entre 360 funcionarios de la Alcaldía de Atizapán, en Estado de México, a través de un “fideicomiso educativo”.
Según informó ayer Reforma, este bono fue entregado por la alcaldía “sin reglas de operación ni controles” durante siete meses del año pasado.
En total, los burócratas recibieron 44.6 millones de pesos; 17 mil 700 pesos mensuales cada uno.
Este fideicomiso, creado supuestamente para apoyar la educación de sus hijos hasta la universidad, lo recibieron el propio alcalde Pedro Rodríguez, 11 regidores y demás empleados del Gobierno local.
El problema es que los beneficiaros no necesitan comprobar gastos ni si tienen descendientes.
Es por eso que regidores como Luis Luna, que no tiene hijos, y Ana María Camacho, quien tiene hijos mayores de 30 años de edad, también reciben la bonificación, destacó el diario.
El Gobierno del Estado de México tendrá qué responder por qué se aprobó la conformación del fideicomiso en 2013.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Demanda Florance Cassez a Felipe Calderón y Genaro García Luna por daños morales. La querella, por 36 millones de dólares, incluye a Televisa.
La mañana del 9 de diciembre del 2005, Televisa transmitió en vivo una recreación del operativo en el que Florance Cassez fue detenida acusada de secuestro.
Han pasado casi 10 años, pero la ciudadana francesa no olvida.
El viernes pasado, Cassez inició una querella por daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, el exprocurador general Daniel Cabeza de Vaca, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, así como de la televisora, en especial del conductor Carlos Loret de Mola y el exreportero Pablo Reinah.
La defensa pide 36 millones de dólares para reparar la afectación que la francesa sufrió “en su persona, sus sentidos, sus sentimientos, sus afectos, su creencias, su decoro, su honor y en su vida privada”.
Cassez refirió que con el montaje televisivo se le puso en evidencia y se le juzgó y señaló como una delincuente mucho antes de seguírsele un procedimiento, sin que se reunieran las reglas del mismo.
“Y, si bien es cierto, en la sentencia de la SCJN en que se me concedió el amparo no se hizo pronunciamiento alguno sobre la culpabilidad o inocencia de la suscrita, los agentes de la policía, así como el titular de la misma AFI, fueron quienes desde un principio viciaron la misma y realizaron hechos totalmente ajenos a la legalidad”, detalló.
La mujer, quien estuvo presa en México durante siete años acusada del delito de secuestro, señaló que con estas acciones se le causó un daño moral irreparable.
Cassez sostenía una relación sentimental con Israel Vallarta Cisneros, señalado por las autoridades como líder de la banda Los Zodiaco, quien aún está preso.
“No solo por los siete años y un mes aproximadamente que estuve recluida en un centro penitenciario, pues luego de que recobré mi libertad, aun en mi país las personas me siguen censurando convirtiéndose mi existencia en un verdadero infierno, semejándose ello a una muerte en vida”, alegó.
El expresidente Felipe Calderón calificó como absurda la demanda que Florance Cassez interpuso en su contra por daño moral.
Los errores de la fiscalía
1. En la transmisión televisiva, los testigos hablaron sobre su secuestro. Algunos de ellos, en un primer momento, no reconocieron a Florance Cassez como parte de los secuestradores.
2. Además del montaje, a Florence Cassez no se le leyeron sus derechos y no se le permitió comunicarse con ningún funcionario de la embajada de Francia en México.
3. Fue hasta 32 horas después que las autoridades mexicanas se comunicaron a la embajada de Francia en México para notificar la detención de Cassez. Y, 35 horas después de la detención, el cónsul general de Francia en México pudo entrevistarse con la detenida.
Justicia a la francesa
> 9 de diciembre del 2005
Florence Cassez e Israel Vallarta fueron detenidos por cuatro elementos de la Policía Federal en la carretera federal libre México-Cuernavaca, en el kilómetro 28, a las 04:00 de la mañana.
> 10 de febrero de 2006
El entonces director de la AFI, Genaro García Luna, reconoce en el programa Punto de Partida que la detención de los presuntos plagiarios fue una recreación y que Cassez y Vallarta habían sido detenidos desde un día antes del montaje televisivo.
> 25 de abril de 2008
Florance Cassez es sentenciada a 96 años de prisión por el secuestro de cuatro personas, asociación delictuosa y posesión de arma de fuego. Tras una apelación, la sentencia se fija en 60 años.
> 22 de junio de 2009
Felipe Calderón anuncia su oposición a permitir la extradición de Florance Cassez a Francia como lo ha solicitado Nicolás Sarkozy.
> 30 de agosto de 2010
La defensa de Cassez interpone un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
> 10 de febrero de 2011
La SCJN rechaza el amparo y ratifica la sentencia de Cassez a 60 años de prisión. La decisión origina diferencias diplomáticas entre México y Francia, lo que provoca la cancelación de las actividades del “Año de México en Francia”.
> 12 marzo del 2012
La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió por primera vez el caso y fue rechazado un amparo que podía darle libertad a Florance Cassez.
> 23 de enero de 2013
Con tres votos a favor y dos en contra, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron la libertad inmediata de Cassez por no haberse seguido el debido proceso.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
Los trabajos se realizarán las 24 horas, para reabrirla en noviembre: titular de Obras. Será reparado el desgaste ondulatorio que presentan las vías en 22 curvas del tramo elevado, dice Alfredo Hernández. La línea fue construida e inaugurada en la gestión de Marcelo Ebrard.
Una tercera parte de la línea 12 del Metro –la cual fue edificada e inaugurada en el gobierno de Marcelo Ebrard– será reconstruida. Los trabajos se realizarán las 24 horas del día e incluye reparar el desgaste ondulatorio que presentan las vías en 22 curvas del viaducto elevado, a fin de reabrirlo en noviembre próximo, con un costo para el erario de 943 millones de pesos, entre obras y estudios, informó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Alfredo Hernández.
De acuerdo con las recomendaciones de la empresa Systra, contratada para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación, con la sustitución de rieles, aparatos de cambio de vía y de cruzamiento, fijaciones, balasto, durmientes, juntas aislantes y aparatos de dilatación, que vendrán del exterior, se podrá detener el desgaste acelerado de las vías, que llevó al cierre de 11 estaciones en marzo pasado.
Hasta el momento no hemos dicho que los trenes presentan incompatibilidad entre lo contratado y lo recibido, por lo que es mejor no adelantarse a hablar de un cambio total; esperaremos las propuestas técnicas que presente Construcciones y Auxiliares de Ferrocarril, y el tercer informe que lleva a cabo la empresa suiza SGS, señaló.
El funcionario explicó en entrevista que los trabajos se realizarán en dos fases y son muy complejos, pues implicará dejar una vía de paso para el traslado de trenes a los talleres de Tláhuac y del material requerido para las correcciones geométricas y sustituciones de soldaduras de riel, así como el retiro y reinstalación de equipos de señalización y pilotaje automático.
Asimismo, la nivelación y alineación de vía conforme al proyecto ejecutivo, liberación de esfuerzos y medidas geométricas, ajuste de catenaria y retiro de riel, durmientes y balasto, que se llevará a cabo en el primer trimestre del año, pues con la llegada de las piezas solicitadas a Francia, España e Inglaterra se entrará en una segunda etapa.
Dichos trabajos de rehabilitación implicarán que a la entrada y salida de cada curva se instale un tramo de transición de 30 metros con riel y durmientes nuevos y posteriormente una parte mixta de 18 metros, en el que la mitad serán con riel y durmientes actuales y otro con materiales nuevos, con lo cual se reconstruirán ocho de los 25 kilómetros que tiene la línea, de Tláhuac a Mixcoac.
En marzo pasado, recordó, se instaló una mesa de trabajo en la que participa la Contraloría General, el Sistema de Transporte Colectivo y las empresas CAF, Systra y TÜV Reinhland, donde se han dado a conocer las recomendaciones a seguir para lograr una mejor compatibilidad riel-vía y disminuir el desgaste que presenta, el cual es normal en todos los metros, pero aquí fue acelerado.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA GÓMEZ FLORES.
MÉXICO, D.F. (apro).- La jornada por Ayotzinapa llegaba a su término después de un mitin en el Zócalo capitalino, cerca de las ocho de la noche, cuando uno de los oradores volvió a tomar el micrófono.
“Sólo les quiero decir que los narcotraficantes descuartizan o queman a los cuerpos, los vimos en las fosas cerca de Iguala, no hacen polvo de la gente. El gobierno es el único que hace polvo de la gente”, aseveró.
A cuatro meses de la desaparición de los estudiantes, padres y normalistas de Ayotzinapa se sucedieron en el templete durante más de una hora para emitir el mismo mensaje: los militares tuvieron un papel activo en la desaparición forzada de sus hijos y compañeros, no creerán en la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) y tampoco dejarán de buscar, con vida, a los 43 desaparecidos.
Detrás de ellos se extendía una manta roja con los rostros en blanco y negro de los normalistas. Enfrente estaban de pie los miles de asistentes de las cinco marchas que salieron de distintos lugares de la Ciudad de México durante el día y convergieron hacia la Plaza de la Constitución.
“Pensaron que después de las vacaciones México olvidaría a sus desaparecidos”, recordó uno de ellos.
“Desde el pasado 26 de septiembre hemos sido la piedra en el zapato del gobierno”, agregó.
Enseguida advirtió que el gobierno “va a pagar muy caro cada lágrima de dolor”.
Bajo su sombrero de paja, Epifanio Álvarez, padre del normalista Jorge, lamentó que la PGR “dañó” a los familiares con “tantas mentiras”.
“Primero nos dijeron que estaban en la fosa, luego en el basurero de Cocula, no les creemos”, insistió.
Según otro padre, la PGR “anda haciendo teatro en los cerros y en las carreteras” en vez de buscar realmente a los normalistas, mientras que las autoridades siguen negando la desaparición forzada y tratan de desacreditar al grupo de padres al aseverar que actúan bajo las órdenes de guerrilleros.
Llamado al boicot
Uno de los padres leyó un comunicado en el que, además de exigir “pruebas científicas irrefutables” en la investigación de la PGR, reclamó que ésta abra pistas sobre el papel del Batallón 27 y del exgobernador guerrerense Ángel Aguirre.
“Estos crímenes de lesa humanidad no son aislados, son las puntas del iceberg”, dijo al acusar al gobierno priísta como “experto en represión”, tras el encarcelamiento de varios líderes sociales, “mientras que criminales ocupan asientos en las instituciones”.
Asimismo, criticó de manera vehemente tanto las reformas estructurales que llevó a cabo el gobierno de Peña Nieto en sus primeros dos años de mandato, como la política “asistencialista” que alimenta la corrupción, pasando por el fracaso de la política en materia de seguridad, ya que “territorios completos se encuentran a merced de criminales, y los encargados de brindar seguridad son los que extorsionan, matan y desaparecen”.
En Guerrero, alertó, la consigna es: “¡No a las elecciones! Votar, es votar por el crimen organizado, y no habrá elecciones aunque el gobernadorcillo y el secretario de Gobernación lo aseguren”, advirtió otro padre de familia al llamar a los habitantes de los demás estados a sumarse al “boicot electoral”.
El apoyo de sindicalistas
Fueron cinco marchas en total, aunque en esta ocasión a la protesta se sumó la tradicional marcha anual del Frente Amplio Social y Unitario (FASU), formado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y otros sindicatos.
En esta jornada, los padres propusieron dos encuentros para transformar la lucha social que mantienen desde el 26 de septiembre pasado en demandas que logren la transformación del país.
El ofrecimiento hecho por Melitón Ortega, realizado en el templete instalado en el Hemiciclo a Juárez por los sindicatos del FASU, fue que el 31 de enero se reúna la Asamblea Nacional Popular de Ayotzinapa con las organizaciones sociales, a quienes invitó a “hacer un lado las diferencias” sobre la lucha y en la que denunció la intromisión de partidos políticos.
También solicitó que el 5 y 6 de febrero se lleve a cabo un encuentro con organizaciones sociales en el Congreso de Guerrero para discutir sobre la desaparición forzada en México “y poder estructurar este movimiento, porque ya basta de que esta clase política esté diciendo y haciendo lo que se le antoje”.
Los padres de los normalistas de Ayotzinapa, junto con sus simpatizantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), comenzaron a marchar desde las once de la mañana del Auditorio Nacional. Llegaron al Ángel de la Independencia, donde esperaron que dieran las cuatro de la tarde para iniciar otra movilización. En el Zócalo capitalino se juntarían con quienes partieron desde Taxqueña y con los que avanzaron desde la calzada Ignacio Zaragoza y los que salieron de Indios Verdes.
El contingente se detuvo sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Senado, donde varios oradores realizaron un mitin. Informaron que la marcha de Zaragoza había hecho una escala en la Cámara de Diputados, tomaron la avenida Eduardo Molina e hicieron diversos pronunciamientos.
Luego, en el Hemiciclo a Juárez, hubo más discursos de los padres. Los sindicalistas ni hicieron el intento de hablar. Incluso, los secretarios generales del STUNAM, Agustín Rodríguez, y de los Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, permanecieron debajo del templete.
“En esta Octava Jornada Nacional por Ayotzinapa es momento de participar y estar aquí. Iniciamos a las diez de la mañana desde cuatro puntos. El objetivo es venir a denunciar los engaños que el gobierno ha dicho, de que los estudiantes están muertos y que los padres ya no deben buscar a sus hijos. Eso hemos venido a denunciar. Ha dicho que un grupo criminal los tiene. Denunció el hallazgo de fosas clandestinas y que no son los estudiantes. ¿Quiénes son? También son seres humanos”, comentó Melitón.
Luego resaltó que en la búsqueda de sus hijos por Guerrero y otras entidades se les han acercado mujeres y hombres que tienen a un familiar desaparecido, y que sufren tan sólo de pensar qué le estarán haciendo a sus parientes. “Es doloroso tener un hijo desaparecido”, sentenció y resaltó la importancia del apoyo internacional a su lucha.
“Por eso estamos aquí, para que nunca más sucedan estos hechos. Los estudiantes eran inocentes, pobres, indígenas. Ser estudiante en este país es un delito. Se pretende sembrar el terror en la mente de la sociedad. ¿En qué país estamos?, donde el gobierno no dice nada ante la desaparición de personas, pero sí cuándo nos movilizamos”, acusó.
Después siguieron su camino rumbo al Zócalo capitalino, donde se juntaron los demás contingentes, del Frente Popular Francisco Villa (FPFV) o del Congreso Popular. Mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, quienes juntos corearon: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” o exigían la renuncia de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.
Otro padre de familia reclamó que no aceptaría la muerte de los muchachos. Criticó al gobierno federal por propalar su olvido después de las vacaciones de fin de año. “Este movimiento es pacífico y va a llegar a las últimas consecuencias”, indicó y agregó que su lucha buscará la transformación profunda del país.
“Los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de familia caminaremos con el pueblo hasta lograr la transformación de México y lucharemos hasta la presentación con vida de nuestros compañeros”, sentenció.
Por la noche, el GDF destacó que unas 15 mil personas participaron de forma pacífica en las diferentes movilizaciones llevadas a cabo este lunes a partir las diez de la mañana.
Durante las marchas que partieron de las estaciones del metro Indios Verdes, Taxqueña, Zaragoza y Auditorio, acotó en un boletín, “sólo algunas pintas fueron realizadas por los manifestantes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE Y ROSALÍA VERGARA.
The Economist creyó que el presidente Peña había abierto la puerta hacia el camino de un prolongado periodo de desarrollo con las reformas estructurales: vio the Mexican moment.
No se percató de que, en efecto, se trataría de un momento en su sentido literal. Las aparentemente eufóricas élites extranjeras y mexicanas se desinflaron al ver que el moment duró un suspiro.
La misma publicación dio rápidamente un giro y lanzó una áspera y enérgica puntilla al futuro del régimen del presidente Peña diciendo que EPN no entiende que no entiende. La ruda expresión significa que todo terminó para el burel. Según The Economist, el proyecto ha fenecido. Si no sabe que no entiende el problema que tiene enfrente, no hay nada qué hacer (desde Los Pinos).
El Presidente y una parte acaso aún significativa de las élites políticas creen que sus objetivos todavía pueden alcanzarse. Parece que una parte que se reduce rápidamente de las élites económicas ya no están seguras. La revista de negocios del fuerte Grupo Expansión ha escrito una serie de artículos críticos demandando un Estado de derecho.
Hay que leerlos para enterarnos de que los negocios requieren paz social. Uno de sus artículos se titula Hacer negocios entre robos, secuestros y extorsión; otro: Guerrero y siete estados más donde las empresas se desmoronan. En su artículo “2014: ¿el año en que terminó el Mexican moment?” se dice: “2014 se inició fuerte por las expectativas de las reformas estructurales.
El contexto prometía un futuro positivo, bautizado como Mexican moment. A final de año todo cambió y los expertos señalaron que esa euforia sólo constituyó una propaganda que ya quedó diluida por los problemas estructurales que México no ha conseguido resolver”.
Probablemente las élites económicas beneficiarias del proyecto del Presidente habrían estado en posición de alargar su paciencia. Pero he aquí que Ayotzinapa trepó al escenario.
La revista Punto de Vista de San Luis Potosí salió a preguntar: “Con un pulido trabajo de promoción, el presidente Enrique Peña Nieto construyó durante sus primeros años en Los Pinos el ‘momento mexicano’ y se ganó elogios en Estados Unidos. Las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, y la crisis de seguridad que desató la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han golpeado la credibilidad y la fortaleza de su gobierno y sacudido la confianza de los inversores... El gobierno ha quedado mal parado y no ha encontrado una manera efectiva, proactiva, para responder, dijo Shannon O’Neil, investigadora para América Latina del Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores)”, organización estadunidense no partidista, dedicada a la política exterior, fundada en 1921.
El manejo “en Iguala ha sido desastroso. Pero el escándalo por el posible tráfico de influencias del Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, que financió la compra de casas del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y de la primera dama, Angélica Rivera, es distinto porque el gobierno es responsable directo. Es la primera vez que a un Presidente en ejercicio se le cuestiona por posible tráfico de influencias y corrupción. Eso es bueno, porque estamos ante un nuevo México, pero no sabemos qué pasa en un país cuando a un Presidente se le cuestiona de esa manera…; Duncan Wood, director del Instituto de México en el Centro Wilson, de Washington, observó que los inversores extranjeros sabían ya de los problemas con la seguridad de los ciudadanos en México. Ahora, dijo, se muestran preocupados por cuestiones como la transparencia de los contratos, el respeto a la ley y la corrupción. Esto se está convirtiendo en una luz roja para muchas empresas”, opinó.
He ahí un botón de muestra de las élites económicas. Pero la cólera y las tensiones sociales de grandes masas de cientos de miles de menesterosos se combina no sólo con las exigencias de horrores, como Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya, sino que eso mismo tuvo la virtud de quitar de encima de miles y miles de pobres (acaso millones), la losa del miedo a las fuerzas represivas. El México de los menesterosos callados no existe más. Al comenzar a alzar la voz quedó desvelado que las instituciones parecen de gelatina. Unas cuantas medidas a nivel municipal y una comisión nacional anticorrupción que navega en el flogisto y no más.
El México de la exclusión sin fin y creciente, no va más. Parece claro que las élites políticas no saben qué hacer con un México vuelto indignación en ebullición creciente. Un nuevo pacto social, una redistribución social del poder; un abatimiento drástico, profundo, de la desigualdad; un punto final a la vida extremadamente inicua en que las élites dominantes han mantenido a las grandes mayorías de los mexicanos, sin lo cual no habrá futuro para México, es ineludible. Tiempo ha llegado en que si no es la sensibilidad, que sea la conveniencia por lo que las élites se pongan a pensar (¿piensan?) y se sienten a la mesa con todas las representaciones del pueblo. ¿No entienden que es preciso entender que unos pocos millonarios y millones de parias juntos no hacen una nación?
Una república socialdemócrata en serio cabe en la globalización; que no nos digan que no se puede; ¡claro que se puede!, a poco no…; hablo de la construcción de un proceso social que se encamine en esa dirección; ahí pueden surgir los Pablos Iglesias o los Alexis Tsipras.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ BLANCO.
La Profepa clausuró el proyecto comercial Dragon Mart. Las multas por el daño ambiental causado ascienden a 22 millones de pesos.
Tal como en los cuentos de hadas, el dragón que llega y destroza todo a su paso, al final tiene que ser aniquilado.
Ayer, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue la encargada de enterrar la espada al proyecto Dragon Mart, el cual pretendía ser el más grande distribuidor de mercancías chinas en Latinoamérica.
La dependencia Federal determinó que el predio “El Tucán”, en Quintana Roo -sobre el que se asienta el proyecto- se encuentra en un ecosistema costero, por lo que requiere de autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal y estudios de impacto ambiental.
En conferencia de prensa, el procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, detalló que el proyecto turístico ha devastado 149 hectáreas en Cancún.
Además, no se presentaron los estudios técnicos justificativos para llevar a cabo los trabajos de cambio de uso de suelo, y se afectó vegetación hidrófila de tule, de tasiste, de especies manglares y a especies animales.
Haro Bélchez dijo que a la empresa desarrolladora se la han aplicado multas por 21 millones de pesos por las afectaciones y que se ha presentado denuncia penal ante la PGR por delitos ambientales y violación de uso de suelo.
El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, señaló que dicha medida se tomó tras una larga disputa entre organizaciones ambientalistas, legisladores y autoridades federales, quienes expresaron su preocupación sobre el impacto ambiental negativo de este proyecto.
“El gobierno de la República promueve la inversión sustentable. La que genera desarrollo económico, empleos bien pagados, bienestar a nuestras comunidades y respeto al medio ambiente”, dijo Sánchez.
Sin embargo, pocas horas después del anuncio del Gobierno Federal, el dragón aún parecía vivo.
Juan Carlos López Rodríguez, director y socio comercial de Dragon Mart, dijo que la clausura no significaba la cancelación definitiva del proyecto, pues los procedimientos iniciados por Profepa aún se encuentran pendientes de resolución judicial definitiva.
“Teníamos una suspensión definitiva, pero Profepa argumentó en el juicio que inspeccionaron nuevamente el predio porque se lo ordenó un juez, entonces se sobresee el amparo, entonces la clausura es simplemente una consecuencia de forma, el fondo del asunto sigue en litigio y se llevará por lo menos unos 10 meses más”, indicó López Rodríguez para El Economista.
En respuesta, Haro Bélchez precisó en una entrevista radiofónica que todas las decisiones y actos de la autoridad son impugnables, pero existen las pruebas suficientes para que ningún juez pudiera revocar esta decisión.
Un proyecto que no termina
Anunciado con bombo y platillo desde marzo de 2011, el ambicioso plan para construir el centro de exposiciones estuvo acorralado desde el principio.
El proyecto prometió desarrollar 192 hectáreas. Invertir más de 200 millones de dólares en un conjunto comercial de estilo oriental con pabellones mercantiles sobre una extensión de 120 mil metros cuadrados.
Tendría naves industriales, 3 mil locales y bodegas, además de una zona inmobiliaria de 60 hectáreas con mil 250 casas y conjuntos habitacionales, que darían cobijo a cerca de 3 mil familias que vendrían de China a trabajar en el lugar.
Desde su presentación, organizaciones ecologistas señalaron que el lugar era completamente incompatible con este tipo de mega-proyectos, dado que en los alrededores existen grandes extensiones de arrecife y manglar de gran fragilidad ecológica.
“Consideramos que un proyecto de tal magnitud, que tendrá severas implicaciones sociales, económicas, culturales y ambientales, debe ser evaluado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Federación y también por la Secretaría de Gobernación, pues explícitamente conlleva una inmigración masiva de ciudadanos chinos a territorio nacional”, sentenció la organización ambientalista Voces Unidas de Puerto Morelos.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) también alzó la voz.
“La economía de los casi 5 mil habitantes del poblado de Puerto Morelos y su área de influencia, depende de la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, ya que un alto porcentaje de la población se dedica a la pesca, al turismo y a la investigación sobre el ambiente marino, las cuales están estrechamente influenciadas por la salud del ecosistema”, detalló en un comunicado dado a conocer en diciembre del 2012.
Agregó que aunado a los impactos ecológicos, permitir la construcción del Dragón Mart en Quintana Roo traería consecuencias económicas desastrosas para la industria nacional.
“Sería como ‘darle el tiro de gracia’ a las ya de por sí afectadas industrias mexicanas por la invasión de productos chinos a nuestros mercados”.
Días después, la misma organización denunció haber sido intimidados por la empresa que promueve el proyecto comercial Dragon Mart Cancún para que rectificaran sus declaraciones.
“Dragon Mart busca equivocadamente intimidar a nuestra organización la cual no busca más que la defensa legal de los recursos naturales de México, el respeto al marco jurídico ambiental, la legalidad y el estado de derecho en materia ambiental, así como la protección de los derechos humanos y ambientales consagrados constitucionalmente”, declaró Gustavo Alanís Ortega, director general del Cemda.
El dragón desleal
Pero el Dragon Mart no solo incomodó a los ambientalista, los empresarios también se sumaron a la oleada de
En abril del 2014, la revista Forbes publicó un comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en el que se advertía que el megaproyecto representaba una amenaza para el empleo en México.
“La mayoría de productos que llegan de China están subsidiados, contienen una baja calidad y un alto grado de margen de dumping que les permite reexportarlas, lo que se traduciría en una triangulación arancelaria”, detalló la Canacintra.
Destacó que era preocupante que un proyecto de este tipo se instalara en el país más aún cuando la balanza comercial está inclinada hacia ellos.
Además, solicitó a la Secretaría de Economía una revisión sobre los efectos económicos que el proyecto Dragon Mart traería consigo al comercio mexicano.
El monstruo chino
>> 2007
El exgobernador Félix González Canto expropia los terrenos -propiedad del gobierno de Quintana Roo- y los vende al proyecto.
>> 22 de marzo de 2011
Félix González Canto y el presidente de Chinamex y Dragon Mart Cancún, Hao Feng firman el acuerdo legal para la instalación del proyecto.
>> 18 de diciembre de 2012
Empresarios piden la revisión exhaustiva de los permisos para la instalación del complejo comercial Dragon Mart en Cancún. En un comunicado se oponen firmemente a las prácticas desleales de comercio.
>> 23 de abril 2013
Julián Ricalde Magaña, presidente municipal de Cancún, anuncia que le fue negada la licencia de construcción al proyecto Dragon Mart Cancún.
>> 28 de agosto de 2013
El megaproyecto de inversión chino-mexicano Dragon Mart Cancún recibe la autorización definitiva para iniciar su construcción.
>> 23 de enero 2014
Inicia la construcción del complejo y la venta de locales pese a no tener los permisos federales.
>> 21 de abril 2014
El Senado de la República solicitó a la Semarnat determinar el procedimiento para evaluar el impacto ambiental que tendría en Cancún el proyecto.
>> 14 de mayo de 2014
La Profepa determina que el centro comercial Dragon Mart debe cumplir con la normatividad federal vigente, debido a que el terreno donde se construye pertenece a su jurisdicción.
>> 15 de agosto de 2014
La Profepa multa al proyecto Dragon Mart con 7 millones 233 mil pesos por carecer de autorización de impacto ambiental y dañar ecosistemas costeros.
>> 12 de septiembre de 2014
La Profepa impune una nueva multa en materia forestal por 2 millones 758 mil 890 pesos, y la aplicación de medidas de remediación y restauración por 11 millones 888 mil 951 pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
El Gobierno ahora podrá revisar las llamadas, mensajes de texto y de WhatsApp, así como las búsquedas en Internet de los mexicanos.
Tal pareciera que el Gobierno federal quiere emular lo realizado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, cuyos programas de espionaje fueron revelados en 2013 por su excontratista Edward Snowden.
Y es que durante los próximos días, el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) fijará las reglas que deberán seguir los operadores del sector a fin de cumplir con las solicitudes de intervenciones que hagan ciertas dependencias de seguridad, informó Reforma ayer.
Los comisionados del IFT votarán la Propuesta de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, de la cual el diario afirma tener una copia.
En dicho documento se indica que, entre los datos de sus clientes que las empresas de telecomunicaciones deberán conservar, están las direcciones IP de sus usuarios, que permiten identificar la actividad en Internet de estos.
Estos lineamientos, señala Reforma, son para poner en práctica los artículos 189 y 190 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los cuales se establece que las compañías del sector atenderán las solicitudes de información que realicen las “autoridades competentes”.
Sin embargo, no se especifica qué autoridades podrían solicitar el espionaje.
Viola derechos
En 2014, cuando se discutía la reforma de telecomunicaciones, expertos advirtieron que la censura, invasiones a la privacidad y medidas de colaboración con la justicia que establece la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por el Ejecutivo, viola los derechos humanos y pone a México al nivel de países como Venezuela, Turquía o Ucrania.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: BERNHARD BUNTRU.
