El extraño abogado del cardenal Rivera

La precandidatura de Armando Martínez Gómez a una diputación por el PRD ha causado muchas sorpresas y extrañezas.

Primero porque es el abogado de cabecera y hombre de todas las confianzas del cardenal Norberto Rivera: lo ha defendido de las acusaciones que se le han imputado de proteger a sacerdotes pederastas y de haber enfrentado con fiereza las iniciativas presentadas por el mismo PRD en el DF, como la interrupción del embarazo, sociedades de convivencia, adopción de menores de parejas homosexuales, etcétera.

¿Cómo explicar que un personaje tan antagónico haya sido invitado por una de las corrientes del PRD, Vanguardia Progresista, para aspirar a un cargo de responsabilidad pública? ¿Cómo entender que un actor que ha transitado en posiciones ideológicas incompatibles, ahora, acepte la oferta? A todas luces resulta desconcertante el caso de Armando Martínez.

Lo conozco mediante los micrófonos radiofónicos de Radio Red, buen polemista, razonable manejo de la materia legal y un católico en materia moral conservador más cercano a posturas yunquistas; sin embargo, abierto al diálogo. En mayo del año pasado, en Facebook y Twitter, la periodista Sanjuana Martínez dio el siguiente perfil: “¿Conoces al abogado católico Armando Martínez Gómez? Es defensor de sacerdotes pederastas. Este abogado es el apoderado legal de la arquidiócesis de San Luis Potosí y va allí donde hay denuncias de abusos sexuales del clero para defenderlos. Defendió al cura pederasta Nicolás Aguilar, acusado de violar a más de 100 niños entre México y Estados Unidos (EU); defendió al cardenal Norberto Rivera acusado por ‘conspiración para la pederastia’ en EU; defendió en San Luis Potosí al sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, acusado de violar y asesinar a una estudiante del Colegio Carlos Gómez, quien fue condenado a 33 años de prisión, pero este abogado llevó su caso ante la SCJN para que lo exculparan y lo liberaron… Su historial es largo. No te dejes engañar”.

En entrevistas recientes Armando Martínez, el abogado de Rivera, sostiene que los radicales del PRD ya se fueron y ahora es posible un diálogo plural. Enfundado en corbata amarilla, comme il faut, señala el presidente del Colegio de Abogados Católicos: “Se me describe y etiqueta como un talibán del conservadurismo; en contraste, tengo un doctorado en políticas del desarrollo y una maestría en acción política y participación ciudadana… Mi precandidatura responde a un único interés: el ciudadano”.


Militantes del propio partido han reaccionado acusando de incurrir en incongruencias. Sin embargo, la cuestión de fondo no es que pase de las filas de la derecha católica a un partido de izquierda, sino cómo pasa. El cómo transita es el nudo del caso. Históricamente el evento no es insólito ni mucho menos inédito. El emblemático obispo rojo, Dom Helder Cámara (1909-1999), en los años cuarenta formó parte de la ultraderecha católica Ação Integralista Brasileira, que proponía el rescate de los valores de Deus, Pátria e Família, para ser calificado en los años setenta de traidor filocomunista por la dictadura militar brasileña. Hay muchos otros casos comparables entre destacados actores religiosos, como Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz, en México, Camilo Torres, en Colombia, Óscar Arnulfo Romero, en El Salvador. A nivel de laicos están los jóvenes católicos provenientes de familias conservadoras que militaron en la acción católica universitaria del MEP, y posteriormente fueron los principales activistas que nutrieron el grupo guerrillero de la Liga 23 de Septiembre en los años 70. En sentido contrario también hay conversiones de católicos progresistas que terminan abrazando causas de partidos conservadores. Muchos ex jesuitas encabezan la lista. Otro ejemplo notable, René Capistrán Garza (1989-1974), destacado líder de la ACJM en los años 20, integrante radical de la Liga de la Defensa por la Libertad Religiosa, quien cruzó el país hacia el norte en busca de armas y recursos para apoyar las guerrillas cristeras que resistieran los embates del supremo gobierno callista. Terminó años después apuntalando y respaldando las acciones autoritarias del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz contra la masacre de estudiantes en 1968.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BERNARDO BARRANCO.

Policías de Mancera: torturas y violaciones sexuales; la muerte de los DDHH. y la democracia

Vándalos, delincuentes, líderes de anarquistas, cerdos, revoltosos, son sólo algunos de los insultos, menos fuertes, que casi siempre van acompañados de agresiones físicas, utilizados por la policía preventiva del Distrito Federal, en contra de aquellos manifestantes (incluso niños y mujeres embarazadas) que alzan la voz en las calles para hacer evidente las problemáticas que imperan en el país.


Según un informe de Amnistía Internacional, publicado en abril de 2014, la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, desempeñan un papel central en las actuaciones y las operaciones policiales de Distrito Federal.

“En las calles escuchas a un país hablar, ahí es donde conoces su historia”, comenta Roberto, docente de nivel básico, mientras se limpia las lágrimas rápida y disimuladamente, aunque no puede esconder cómo se le quiebra la voz.  El 13 de septiembre de 2013 fue golpeado y ultrajado física y verbalmente, por la policía del Distrito Federal, mientras se manifestaba en contra de la llamada Reforma Educativa. Llegó de la sierra del estado de Oaxaca, nunca había viajado a la capital del país, dice que “cuesta mucho dinero, pero lo hice porque llegó la noticia de que el presidente iba a reformar el artículo tercero sobre educación laica y gratuita y que se nos venía encima la reforma educativa, ésta que no propone mejoras en la educación como lo prometió en campaña, pero sí condiciona nuestro trabajo, no logramos mucho o nada y yo me quedé con cicatrices físicas y emocionales”. 


Lo anterior se contrapone al artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, sobre principios de Actuación de los cuerpos de Seguridad Pública, donde se expone que, “los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, deberán servir con fidelidad y honor a la sociedad; respetar y proteger los Derechos Humanos; usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de su deber; recurrir a medios no violentos antes de emplear la fuerza y las armas; no infligir ni tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su custodia, aun cuando se trate de cumplir con la orden de un superior o se argumenten circunstancias especiales como amenaza a la seguridad Pública”.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal (CNDHDF), en su recomendación 14/2014 emitida en diciembre pasado, documentó 47 casos de tortura cometidos a 97 personas, por parte de servidores públicos del DF. La Ombudsman, Perla Gómez Gallardo, determinó que la constante fueron los tratos crueles e inhumanos.


Puntualizando que después de las detenciones arbitrarias, llegaron los golpes en las piernas, amenazas, toques eléctricos, bolsas de plástico colocadas en la cabeza, o agua en el rostro para provocar asfixia, dichas formas de tortura fueron aplicadas por los agentes de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) y la SSP en varios casos de manifestantes, pretendiendo con ello que los detenidos proporcionaran algún tipo de información o se confesaran culpables de algún delito.

Amnistía Internacional, agrega que las palizas duras y reiteradas, golpes simultáneos en ambas manos, en el estomago, patadas en la espalda, en los oídos y nariz inmersión de agua carbonatada, además de abusos sexuales, también forman parte de los métodos de tortura de la policía del DF, al momento de las detenciones arbitrarias.

Esto aun cuando, según el apartado de Derechos Humanos de la página web de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), suscribe que “desarrollan la cultura en torno al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos mediante la transformación de actitudes y el incremento de aptitudes del personal operativo (y/o administrativo) de la SSP del Distrito Federal, para una mejor relación con la ciudadanía y entre sí, tendente a revalorar y dignificar el trabajo de los agentes policiales y demás servidores públicos de la dependencia”.

Esto aun cuando, según el apartado de Derechos Humanos de la página web de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), suscribe que “desarrollan la cultura en torno al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos mediante la transformación de actitudes y el incremento de aptitudes del personal operativo (y/o administrativo) de la SSP del Distrito Federal, para una mejor relación con la ciudadanía y entre sí, tendente a revalorar y dignificar el trabajo de los agentes policiales y demás servidores públicos de la dependencia”.

“Después de las elecciones presidenciales de 2012, decidí participar en una manifestación, porque no era posible que se impusiera un presidente que no se eligió y llegó al poder por medio de la compra del voto”, narra Gabriela Hernández. El 10 de julio de 2013 asistió a una marcha, en la que se conmemoró un aniversario más del Jueves de Corpus o también conocido como halconazo. “Fui detenida, por órdenes del jefe Apolo, al menos así se lo dijeron los policías. Esa tarde me arrestan con el pretexto de que yo insulté a una policía y que le aventé botellas, aun cuando hay videos donde se demuestra que caminé pacíficamente durante el recorrido”, describe Hernández.


Ese día un policía granadero le quitó la blusa y se subió encima de ella, para dar inicio a los golpes, que cesaron después de un rato, sólo para tomarle de un pie y arrastrarla por el pavimento, aproximadamente 5 metros, con la patrulla en movimiento. Dos días más tarde fue puesta en libertad a reservas de ley, porque se le acusó de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y destrucción del zócalo. Después de eso, vio con frecuencia patrullas frente a su casa haciendo rondas, haciéndola sentir hostigada.

El 29 de octubre nuevamente fue detenida, con la violencia física y verbal de las ocasiones anteriores, al salir de la audiencia de su amigo Jampsa, joven detenido por haber escalado la estela de luz, para colocar una manta en protesta de Televisa y que hoy se encuentra preso en el reclusorio sur, con una sentencia de siete años, siete meses.


El motivo de la detención, el cual conoció hasta un día después, era que el 2 de octubre de 2013 se dirigió a la PGJDF, después de documentar las agresiones y detenciones arbitrarias, en busca de información sobre los detenidos, y al llegar insultó por aproximadamente 45 minutos a dos policías, asimismo éstos aseguraron que, durante ese mismo tiempo les arrojó piedras, palos y botellas. Hernández afirma que “aunque ambos policías mintieron y cayeron en contradicciones, siendo ellos los que me ultrajaron aquella noche, la juez el día 30 de octubre me negó la libertad bajo fianza, y claramente me dijo: ‘eres de alta peligrosidad social, porque asistes a muchas marchas. Ya te pasaste de marchas y debes estar presa’, fue así como pasé 6 meses en el reclusorio de Santa Martha, aún sigo mi proceso y mantengo un amparo para demostrar mi inocencia”.

En esa línea, Gómez Gallardo afirmó que “las acciones por parte de las autoridades no han sido suficientes para poner freno a la práctica de la violencia, sin contar que la impunidad y su correlativa falta de sanción fungen como factor que perpetúa e incentiva la práctica de la tortura y los malos tratos incluso por los jueces”. Violando así los derechos humanos en materia del derecho a la libertad personal, al debido proceso y al acceso a la justicia.

“Los pasos son sencillos, cuando te dan la orden te desquitas, por todas las pinches horas parado aguantando toda clase de insultos, frío o calor y dolor de cuerpo, vas golpeas, ellos tienen la culpa, eso de pacifico no tiene nada que ver, ya con el hecho de estar ahí bloqueando calles, fastidiándome las horas de descanso, es meterse con los demás que sí trabajamos y desquitamos el sueldo”, comenta Isaac, quien lleva diez años en la policía, y es integrante del cuerpo de granaderos.

En su discurso del día del policía, en diciembre pasado, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, afirmó “queremos una policía cercana, la confianza no se gana con las armas, no se gana con la fuerza, se gana con la cercanía, con ese contacto que tienen ustedes día a día. Vamos a ganar esa confianza de la ciudadanía y vamos a seguir demostrando que esta corporación, que esta policía de la Ciudad de México, es una de las policías más grandes y más importantes, mejor preparadas”.

A contraposición, Isaac agrega que, “hacen pláticas sobre derechos humanos, pero como estamos tan hartos de lo mismo y tan cansados, quien va repite como disco lo mismo, y a todos nos da igual, porque a la hora de ir a una manifestación la consigna es ‘golpea, insulta, chinga, pero que no te vean’, ellos mismos se contradicen, quien lleva celular o cámara es el enemigo directo, eso es de ley”.

La doctrina del Shock y la contrainsurgencia planificada

Gerardo Espino Balderas, activista y defensor de Derechos Humanos, quien también ha padecido el acoso por parte de policías del DF en su domicilio, levantones y amenazas, por el simple hecho de tomar fotografías y video en manifestaciones, opina que “el condicionamiento de los elementos policiacos algunas veces parece hasta maquiavélico. A muchos de los granaderos o personal de la policía auxiliar y que harán las funciones de resguardo de marchas, los hacen doblar turnos”.


Además de ello los citan desde las 5 de la mañana, aunque la manifestación sea por la tarde y durante ese tiempo provocan su enojo, incluso existen riñas entre los mismos elementos debido al nivel de estrés al que son sometidos, con el fin principal de generar el hartazgo y la violencia en ellos, para así justificar una represión. Espino Balderas asegura que “sí existe una dinámica para crear la violencia de parte del Gobierno del DF, e incluso algunos elementos se quejan de que este tipo de estrategias son usados precisamente para las manifestaciones”.

En ese sentido, los elementos que estén a cargo de vigilar las manifestaciones, siempre será personal cansado y por lo tanto irritable que buscará desfogarse si se lo permiten u ordenan. Calificando a esto como “una doctrina del Shock”, según Espino Balderas.


Sobre el concepto, el periodista Carlos Fazio, explica que dicha doctrina “fue creada por el monetarista Milton Friedman, padre de los Chicago Boys, que introdujo a sangre y fuego el neoliberalismo en América del Sur y se basa en la aplicación de eventos violentos o traumáticos para infundir miedo, temor y pánico a los individuos, con el fin de debilitarlos y doblegarlos”.

En palabras de Isaac, “el sueldo es miserable, el trato de la chingada y los horarios de tortura. Eso sí sabemos mucho, conocemos a algunos de los que se dicen activistas, si la policía hablará la sociedad pensaría otra cosa de algunos que juegan para ambos bandos, nosotros no resguardamos manifestaciones, vamos a castigar revoltosos”.

El 14 de enero de este año, quedó publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los nuevos protocolos ante el Sistema Penal Acusatorio, en donde se puntualiza que los policías capitalinos, deberán usar candados de mano, abstenerse de cometer actos de tortura o intimidación, apegándose así a los derechos humanos, teniendo como única misión preservar el lugar de hechos delictuosos.


Fundamentando que las detenciones sólo se llevaran a cabo sólo si, existe mandato ministerial, jurisdiccional y cuando exista flagrancia; todo bajo la premisa de respetar los derechos humanos.

Haciendo énfasis en el respeto, poniendo inmediatamente a disposición de la autoridad competente al probable responsable, hacerle saber sus derechos a la persona detenida, y abstenerse de cometer actos de intimidación, discriminación, tortura y cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante.


Sin dejar de mencionar que si llegado el caso existe la necesidad de usar la fuerza, los policías deberán hacer prevalecer los principios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y no autoincriminación.

Esto se da, semanas después de que granaderos de la policía capitalina irrumpiera en el campamento ubicado frente a la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de un operativo que provocó el levantón de dos jóvenes activistas que protestaban por la liberación de sus compañeros, detenidos por la Policía Federal, a esto se sumó el ataque violento hacia el director general de este medio, César Hernández Paredes y Gustavo Aguado, director de Revolución 3.0 Michoacán, por haber grabado los hechos.

Para la abogada Sofía de Robina, miembro del Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios (CAUSA), los ataques de la policía hacia los manifestantes ya son comunes en cada movimiento, aun cuando es pacífico, porque “si llevas un teléfono o una cámara eres de alta peligrosidad para ellos. Agrega “me tocó vivir de cerca la experiencia de una violación a derechos humanos; el 8 de noviembre en el contexto de Ayotzinapa, cuando sucede lo del desmán a la puerta de palacio, la policía no hizo nada de inmediato, sino que fue hasta después que comenzaron a arrestar a quien cualquiera”.

Ya que según explica “pareciera que deben de mantener un saldo de personas detenidas para exhibir que sí hicieron su trabajo, que sí hubieron revoltosos, en ese sentido, un amigo con el que fui a la marcha, antes de retirarnos vio como detenían a un chico de forma violenta, como es normal tomó el celular y comenzó a grabar el hecho, de pronto un civil lo señaló, fue así como la policía fue tras él, lo detuvieron, le golpearon la cabeza hasta sangrar y le quitaron el teléfono, porque para ellos parecen sentir la amenaza latente de que se evidenciará su actuar ilegal”.


De Robina coincide en que las malas condiciones de trabajo, doblar jornadas y estar durante varias horas en una posición, son algunos de los elementos para la rabia que surge en los elementos policiales, quienes al recibir la orden de proceder, lo hacen para atacar, “y lo preocupante es que pocas veces hay investigaciones hacia los policías que actúan de forma ilegal, mucho menos para quienes dan las ordenes, no se sabe ni quiénes son”, agrega.

Pareciera que el gobierno en turno decide hasta qué punto se puede mantener la indignación y cuando ordenar que ya fue suficiente y los manifestantes deben detenerse, cuando ya no le parece, cuando ya afecta su gobernabilidad, entonces en ese momento el mensaje es “hasta aquí llegaron y ya no podrá seguir manifestándose de esta manera”, comenta De Robina.


Asimismo enfatiza que la policía incumple todas las normas y protocolos de Derechos Humanos en pocos minutos dentro de una manifestación, fue así como perdió la confianza y legitimidad como organismo en pro de una sociedad. Y cita el ejemplo de las manifestaciones del octubre y diciembre pasados, quienes afirmaban que les resultaba preocupante ser detenido o siquiera estar cerca de la policía, ya que creían, incluso que podrían ser capaces de desaparecerlos. “Me parece increíble que las personas que se supone están a cargo de nuestra seguridad, sea a quien más miedo y pavor les tenemos, la SSP esté totalmente deslegitimada”, comenta.

Espino Balderas complementa lo anterior, afirmando que cuando un estado está en vías de descomposición y elevados los índices de corrupción, violencia y narcotráfico, surgen grupos que exigen restablecimiento de la paz y seguridad pública, así se incrementan los comunicados de guerrillas o supuestas guerrillas, las acciones paramilitares y la explosión de las autodefensas, además de manifestaciones constantes, es ahí cuando el gobierno necesita estabilizar y quienes demuestran estar en contra de éste, por medio de movimientos sociales, se da la tendencia de desactivar bases, generalmente por ataques y golpeteo a grupos estudiantiles, provocando ciertas situaciones de crisis o esquizofrenia en activistas, citando como ejemplo los balazos que se dieron en la Universidad Autónoma de México (UNAM), por parte de la policía, a lo que se le puede calificar como una acción de contrainsurgencia bien ensayada, con la asesoría de grupos extranjeros.

A la par de esto, en la policía del DF existe la tendencia de repetir el patrón de detenciones y desactivaciones de movimientos, perpetrado por el Gobierno Federal y eso incluye la persuasión o presión de jueces, convirtiéndose así en una regencia y no en una jefatura de gobierno.


Espino Balderas concluye que ataques como el llevado a cabo en la UNAM, es un síntoma de la enfermedad del sistema. Y explica que “cuando un policía del DF reacciona sacando el arma y disparando en un espacio como Ciudad Universitaria (CU), estamos hablando de que existe una conciencia de impunidad, derivado de una política de gobierno que le permite a él estar confiado al hacerlo”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.

Una “burla total”, postulación de Pavlovich por el PRI en Sonora: Padres del ABC

HERMOSILLO, Son: La elección de Claudia Pavlovich Arellano como abanderada del PRI a la gubernatura de la entidad es “una burla total” y “lastima” la memoria de los 49 niños que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

Así lo aseguraron los padres de los infantes al recordar que en ese tiempo, en su calidad de diputada local por el Distrito 14 (Hermosillo Noreste), Pavlovich redactó una serie de cartas dirigidas al Juzgado Primero de Distrito, en las que manifestó la “alta solvencia moral e intachable honorabilidad” de los propietarios de la guardería ABC.

Entre ellos destacan: Marcia Matilde Alta Gracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón; Gildardo Francisco Urquídez Serrano, exsecretario de Finanzas de Eduardo Bours; Sandra Lucía Téllez, concuña de Urquídez Serrano; Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, compadre de Bours, y José Matiella Urquídez, apoderado legal de la nave industrial donde se encontraba la estancia infantil.

Julio César Márquez, padre de “Yeyé”, uno de los niños que perdió la vida en el incendio, calificó de “terrible” la postulación de Claudia Pavlovich, y aseguró que “dolió tanto como aquel 5 de junio”.

Añadió: “Son casi seis años de impunidad y de darse cuenta que para las instituciones y los institutos políticos como el PRI no significamos nada. La muerte de nuestros hijos no importó y a nadie ha recordado en esta elección que Pavlovich Arellano se coludió con los socios de la guardería”.

La decisión priista, subrayó, “lastima” la memoria de los 49 niños fallecidos y evidencia la “falta de moral” de los militantes tricolores.

Para Celia Lara, madre de Juanito, la sucesión del poder en México “es una maldita cadena de ambición, corrupción y maldad política”.

El que hayan elegido a Claudia Pavlovich, apuntó, “es una burla total porque fue escogida para representar el cargo más importante en el estado y ya demostró que no tiene sentimiento ante un dolor tan grande como es perder a un hijo.
“Esta persona no puede ser candidata, pues en su momento prefirió defender a los dueños de la guardería que a 49 niños indefensos y más de 70 lesionados”, enfatizó.

Roberto Zavala, padre del pequeño Santiago de Jesús, aseguró que la recién electa precandidata priista fue “premiada por sus malas acciones”.

“Los políticos nos envían un claro mensaje a todos los mexicanos: No nos interesan ustedes, ni los niños, sólo el beneficio nuestro. Esta es la manera en la que piensan, ajenos a la realidad”, externó.

Y todavía peor, añadió, para la precandidatura priista contendieron con mayor ímpetu los senadores Claudia Pavlovich y Ernesto Gándara, alcalde de esta ciudad en 2009, ambos “autoimplicados” en el incendio de la guardería.

“La primera por defender a los propietarios de la instancia infantil, y el segundo por actuar de manera omisa como presidente municipal”, concluyó.

Juicio ciudadano

El 5 de marzo de 2010 se organizó en la plaza Emiliana de Zubeldía, ubicada a un costado de la Universidad de Sonora, un juicio ciudadano contra los socios de la guardería.

En aquella ocasión el “jurado ciudadano” declaró culpables a los inversionistas de la guardería ABC por no respetar las normas del Instituto Mexicano del Seguro Social y por no contratar personal capacitado.

También por evadir la responsabilidad de atender a las víctimas, permitir la instalación de la guardería en una bodega junto a una gasolinera y no atender los dictámenes después de las inspecciones que se realizaron al inmueble.

Los presuntos responsables de la muerte de 25 niñas y 24 niños, y de las lesiones ocasionadas a más de 70 menores, nunca fueron encarcelados. A la mayoría simplemente se les separó del cargo.


La más reciente noticia emitida por la Procuraduría General de la República en relación con la tragedia de la guardería ABC fue la del 2 de septiembre pasado, cuando dijo que los testimonios recabados por los padres de las víctimas eran insuficientes para fincar responsabilidades a los socios de la estancia infantil.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

“Gobierno de Peña, en su peor momento”, alerta Servitje

MÉXICO, D.F: Ante los hechos recientes de violencia y el pobre crecimiento económico del país, el fundador del Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje, aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto está “en su peor momento”.

Al ser testigo de honor en el lanzamiento de un Código de Integridad Ética Empresarial –firmado por al menos 30 organismos privados y promovido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)– el empresario de 96 años de edad soltó:

“Nuestro presidente está en su peor momento. Leía yo en la revista The Economist, que en estos últimos años en América Latina no hay nadie que haya tenido tan bajo reconocimiento social”.

De acuerdo con el texto de la publicación británica, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desencadenó la crisis de credibilidad en el gobierno federal, aunada a los conflictos de interés persistentes.

Eso, dijo Servitje, “es muy peligroso, no podemos aceptar eso”.

Pese al respaldo empresarial a Peña Nieto, el fundador de la panificadora más grande del país lanzó que “la realidad actual de México está triste en crecimiento económico y valoración del desempeño de la figura presidencial”.

De hecho, alertó que la economía mexicana debería estar creciendo a tasas superiores de 6%, cuando actualmente está más cercana a 2%.

Pero eso no fue todo. El empresario advirtió que si no se garantizan las condiciones de seguridad, no habrá inversiones y, por lo tanto, se detendrá el crecimiento económico.

CCE presenta código anticorrupción

El Consejo Coordinador Empresarial lanzó este martes el “Código de Integridad y Ética Empresarial”, ante la crisis de seguridad y la elevada corrupción que se vive en el país.

El propósito, según el organismo, es “demostrar un compromiso de intolerancia hacia actos de soborno, cohecho y de corrupción y, de manera positiva, contribuir a mejorar los estándares de veracidad, integridad, ética y honestidad en toda relación de negocios y en su desarrollo empresarial”.

El Código está basado en 12 principios que buscarán cumplir las empresas integrantes del CCE relacionados con la eliminación de la corrupción, la transparencia, la integridad en las inversiones y en las relaciones de negocios, transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos, libertad en la participación política de los colaboradores y existencia de controles de verificación.

Además, señalan la responsabilidad en la política para evitar la corrupción, compromiso con la cultura de la integridad y honestidad en los negocios, desarrollo de programas de cumplimiento, comunicaciones internas y confiabilidad, fomento a la cultura de la integridad y transparencia en los negocios.

El CCE señaló que en la medida en que las empresas adopten principios que conlleven a una estrategia coherente de integridad y ética y se permeé un compromiso social de combate a la corrupción, se restaurará la confianza de la ciudadanía en las instituciones, llevando a un crecimiento económico más robusto, transparente y equitativo.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Ebrard pide comparecer por fallas en la línea 12 del Metro

MÉXICO, D.F: El exjefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard pidió comparecer ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga las irregularidades en la construcción de la línea 12 del Metro.

En una carta dirigida al diputado Marco Antonio Calzada Arroyo, presidente de dicha comisión, Ebrard expresó su disposición a comparecer por las fallas en dicha línea del Metro.

“No debe haber impunidad y para ello es indispensable tener todos los elementos de información. Me pongo de nuevo a disposición de esa Comisión para ese propósito”, escribió Ebrard.

Aparte, en su cuenta de la red Twitter, Ebrard publicó esta mañana: “Siempre he dado la cara por mis actos, estoy solicitando a la comisión de la diputados línea 12 me cite . No impunidad, no uso electoral”.

En septiembre pasado, la empresa francesa Systra presentó un informe técnico en el que concluye que tanto la administración de Ebrard como la de su sucesor, Miguel Ángel Mancera, son responsables de las fallas en la mencionada línea.


Entre los defectos que presenta el proyecto se encuentran la incompatibilidad del tren con la vía, insuficiencias en la calidad de los materiales y errores en el mantenimiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El país se encuentra inmerso en una narco-crisis; PRD apuesta al olvido de Ayotzinapa”: Encinas

Alejandro Encinas, senador de la república y ex jefe de gobierno capitalino, aseguró que el PRD -partido del cual es fundador- vive una de las peores crisis políticas de su historia, derivada, no de las diferencias en cuanto a la conducción del instituto sino por la eminente penetración de la delincuencia organizada en sus filas.

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, el militante de izquierda, afirmó que ante los hechos de Ayotzinapa, el PRD no ha tenido una respuesta clara que ayude a esclarecer el caso y por el contrario, en lugar de abonar voluntades para resolver el tema, la dirigencia apuesta por el desgaste y olvido del caso.

Al respecto, señaló que la crisis no es un asunto exclusivo del PRD, pues subrayó, alcanza al Estado mexicano, a sus instituciones, a los órganos de representación popular y al resto de los partidos políticos.

En tal sentido, manifestó que el país se encuentra inmerso en una “narco-crisis”, pues explicó, los poderes de la unión, los distintos órdenes de gobierno, las instituciones policiacas y las propias fuerzas armadas, han sido penetradas por miembros del narcotráfico y la delincuencia organizada.

“Lamentablemente, el PRD aparece hoy ante los hechos de Iguala, como un partido que forma parte de la descomposición de las instituciones y de ser un partido que enfrentó graves violaciones a los derechos humanos, como en la guerra sucia, hoy se presenta como parte del problema; pasó de ser víctima a victimario”, comentó.

Por otro lado, aseguró que la dirigencia del PRD es parte del problema que ha llevado al partido a la crisis, pues argumentó, las viejas corrientes de opinión se transformaron en grupos de interés.  Asimismo, demandó que parte de la militancia del PRD ha entrado en un estilo de autoconsumo, en donde se “ven sólo el ombligo”.

El ex candidato a la gubernatura del Estado de México,  expresó que existe un divorcio entre la dirigencia del PRD y la base partidaria, ya que, explicó, la condición para desarrollarse dentro del partido se centra en la obligación de pertenecer a una corriente o estar en un grado de subordinación considerable e incondicional con la dirigencia.

Asimismo, dijo que con el caso de Iguala y Abarca, quedaron en evidencia prácticas como la venta de candidaturas y la postulación de delincuentes. En este sentido, dijo que la mentalidad de ganar a como dé lugar y acumular dinero para las campañas no importando su procedencia, han llevado a caer en esta actitud.

En lo referente a su renuncia del PRD, añadió que se vio impulsada por la actitud tomada por la dirección general en torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas. De igual manera, argumentó que no podía ser cómplice de la dirigencia, ya que cuando no hay voluntad de cambio, no basta con denunciar las omisiones y es necesario emprender otros caminos. “Actitudes como: sus dudas para asumir que había responsabilidad del gobierno estatal y municipal en el caso; también el hecho de mantener en el cargo a Ángel Aguirre a pesar de la evidente omisión del mandatario estatal; así como no deslindar responsabilidades de los señalamientos hechos por la PGR”, sentenció.

“La descomposición del PRD fue paulatina”

En palabras de Encinas, la descomposición del PRD se puede vislumbrar en una serie de sucesos vividos al interior del partido.

Como uno de los puntos, destaca lo ocurrido durante el proceso de elección de la dirigencia nacional en 2008, en donde el Estado, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial,  participó en la resolución final y otorgó la victoria a Jesús Ortega, perteneciente a la corriente “Nueva izquierda”.  “Esta decisión, no fue tomada por los militantes, fue una resolución de un órgano federal”, manifestó.

De igual forma, ubicó a las alianzas realizadas por el PRD con partidos opositores, como el PAN y la firma del Pacto por México, como una de las causas que llevarán al PRD a una crisis.

“En 2011, durante la campaña a gobernador se presentó la idea de ir en alianza con el PAN , misma a la que me opuse, pues de haberse realizado, hubiera representado una fractura para las izquierdas, lo cual repercutiría en busca de ir en conjunto PRD, PT y Movimiento Ciudadano por la presidencia en 2012; en lo que respecta al Pacto por México, el tiempo ha dado la razón que fue un error firmarlo, pues lo único que se consiguió fue legitimar un proyecto de nación que no refleja las aspiraciones de la izquierda”, señaló.

Añadió, que la dirigencia encabezada por miembros de la corriente “Nueva Izquierda”, apuesta por tener el control pleno del partido, sin disidencias. Además, comentó que la visión del proyecto de los dirigentes va en contra de lo que debería representar la izquierda. “Su visión se mueve en la idea de una izquierda colaboradora con el poder, la cual está desdibujando el perfil del partido, al grado de no saber a qué sector pretende representar”,  explicó.

Refundar las izquierdas

El legislador, manifestó que ante su salida del PRD, tomará una posición en aras de contribuir a concientizar a la sociedad y la clase política de la crisis que atraviesa México. Asimismo, emprenderá esfuerzos para reagrupar a la izquierda y fortalecer su papel de cara a los comicios de 2018.

Dijo que en las elecciones de junio próximo, la izquierda tendrá una misión importante, pues se enfrentará a un escenario en donde 4 partidos se disputarán el mismo sector del electorado. Comentó que debido al nivel de descontento generalizado de la población, se presentarán cifras altas de abstencionismo.

En cuanto a la participación de Morena, aseguró que este partido liderado por Andrés Manuel López Obrador, tendrá buena respuesta en los comicios a celebrarse en unos meses y confió que el registro de este partido sirva como punto para congregar a las izquierdas.  Añadió, que regiones como el centro y el sur, con tradición de izquierda será en donde el apoyo a esta nueva organización se reflejará en mayor medida.  “Morena se convertirá en un referente político, va creciendo, y la respuesta del electorado será de apoyo. Sin embargo no basta y si queremos como izquierda disputar el 2018, debemos someternos a una reflexión profunda y empezar un proceso de unificación”, dijo.

Agregó, que está consciente de la poca disponibilidad de entablar una alianza con el núcleo que lidera al PRD, no obstante, confió en contar con vastos sectores, cuadros  medios, algunos dirigentes nacionales y la base perredista en aras de una rearticulación de las izquierdas y las fuerzas progresistas “para avanzar en el proceso de unificación y construir una alternativa viable que tenga credibilidad, porque hoy nadie cree en estos políticos”.


Al cuestionársele de su futura militancia en Morena, dijo que es la institución con la cual tiene mayor identidad política, por lo cual no descarta la posibilidad de unirse en un futuro. “Decidí no ir a Morena para no interferir en su proceso actual, apenas se están acomodando; además que no quería que se mal interpretara mi adición (… ) Seguiremos en la política. Debemos hacer la reflexión sobre la necesidad de cambiar, debemos recuperar el sentido común, el vínculo con las causas sociales”, apuntó.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EDGAR ROSAS.

“El destino de México es mucho más importante que Peña Nieto”: Jorge Ramos

Las cosas no pintan bien para Enrique Peña Nieto. Después de desenmascarar que el pasado año su esposa, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adquirieron casas por parte del Grupo Higa, contratista del gobierno, hoy también se sabe, gracias a un reporte del Wall Street Journal, que el mismísimo Peña Nieto adquirió, en 2005, una casa con otra compañía que había hecho negocios con el gobierno.

No se está hablando de teorías de conspiración o escándalos sin bases, esto es un conflicto de intereses. Es la corrupción que está en los niveles más altos del gobierno. Los hechos son los siguientes: Peña, Rivera y Videgaray pagaron, o están pagando, casas que fueron financiadas por compañías que recibieron millones en dinero público.

Se entiende que en estos momentos muchos mexicanos se estén preguntando; ¿algunos contratos de gobierno eran adjudicados como intercambio por estas casas?, ¿se las vendieron con descuentos?, ¿los tratos preferenciales eran intercambiados por favores?, ¿la venta de estas casas realmente estaba financiada en las tasas de mercado?

De acuerdo a los datos del Wall Street Journal el mexiquense compró una casa de descanso, en un exclusivo club de golf, en Ixtapan de la Sal por la cantidad de 372,000 dólares, esto fue semanas antes de convertirse en gobernador del Estado de México. Tras eso de 2005 a 2011 la compañía que le vendió la casa, liderada por Roberto San Román Widerkehr, ha ganado más de 100 millones de dólares en contratos con el gobierno de México. Además desde que Peña se hizo con el cargo federal San Román ha ganado 11 contratos federales, algunos con valor de 40 millones de dólares.


Eso no es todo. El hijo de San Román, Roberto San Román Dunne, aparentemente se encargó  de ser el padrino de primera comunión de la hija de Peña, Paulina Peña. De esta manera uno de los beneficiarios de los contratos multimillonarios del gobierno es compadre de Peña Nieto. Esto sería otro acto de cinismo y corrupción; no se puede tener contratos directos con personas que sean cercanas a familiares (compadres o allegados).

A su vez ambas partes han negado que haya favores o beneficios especiales producto de su relación.

De cualquier manera ese no es el único problema; el dinero con el que se pagó, la millonaria propiedad, ¿de dónde salió? Si Peña Nieto ha dicho con anterioridad que no es millonario, entonces ¿cómo hizo un servidor público para permitirse semejante gasto?

Tres casas, tres conflictos de intereses. No es una coincidencia, es el reflejo de un patrón de acciones que ocurren en los círculos más privados de poder de Peña. De cualquier manera la administración no parece interesarse en investigarse a sí misma y el Congreso también se nota desinteresado en hacer alguna investigación al respecto. Y cómo ser de otra manera si se trata de la persona que tiene el poder suficiente para solapar cualquier acto ilícito, sería difícil que se moridera la mano que da de comer.

Pero ¿qué pasaría si un investigador independiente se encargara de desenmascarar la corrupción de Peña Nieto? No le quedaría de otra al mexiquense más que resignarse y aceptar el delito. Esto podría explicar la presión que está ejerciendo el gobierno a la prensa para detener cualquier indicio de investigación dentro de este rubro.

Momentos como estos nos hacen recordar al espíritu indomable del periodista Julio Scherer, recientemente acaecido, que alguna vez escribió: “Nuestra tarea no es complacer al presidente o servir al gobierno”. Además de recomendar a los periodistas no identificar al presidente como la patria. De hecho el destino de México es mucho más importante que el presidente.

Mientras tanto Peña Nieto prefiere ocultar su cabeza, cual avestruz, en el suelo. No da entrevistas acerca de estos problemas y conflictos de interés, además de parecer que sólo puede hablar con un teleprompter y no improvisar ya que todo eso haría las cosas peor.

Desafortunadamente Enrique Peña Nieto no tiene idea ni dimensiona los daños que está haciendo, a su país, su gobierno y su reputación.

Este escándalo ha terminado por hacer que pierda la poca credibilidad que le quedaba, además de quedarse sin autoridad moral. ¿Cómo se tienen los escrúpulos de exigir a los mexicanos que luchen contra la corrupción cuando él ni siquiera lo puede hacer con su propio hogar?


Posiblemente México carezca de una cabeza capaz de guiar a todo el organismo, pero, en ocasiones, con muerte cerebral el cerebro sigue latiendo y el corazón mexicano ha despertado con cada ciudadano que no está dispuesto a tolerar el cinismo, abuso y corrupción de aquellos que juraron utopías con tal de ganar un voto, México no tolera más y la ebullición está muy cercana.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reitera Murillo: El Ejército no intervino en caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: EL titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, insistió en que el Ejército mexicano no participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Murillo Karam argumentó así por qué la dependencia no citó a miembros del Ejército durante la investigación del caso: “No hay razón, no hay nadie quien haya intervenido en nada en absoluto. No hay un sólo elemento del Ejército que haya intervenido, excepto la ida a la clínica, en donde las declaraciones dicen fueron, revisaron y se fueron”.

Insistió que en la investigación de la PGR “no hay nadie que los acuse de nada, absolutamente nada” a los miembros del Ejército.

En entrevista con Grupo Fórmula, Murillo Karam aclaró que la investigación del caso no ha sido concluida: “Dije que no había terminado la averiguación, que estaba abierta”.

Ayer, el funcionario ofreció una rueda de prensa en la que aseveró que los 43 normalistas fueron calcinados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

“Esa es la verdad histórica de los hechos”, sentenció.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La libran en la Línea 12

Aunque la Contraloría General del DF encontró que varios de ellos sí cometieron irregularidades en el proceso de construcción de la Línea 12, exservidores públicos no pueden ser sancionados porque ya pasaron más de tres años de estos hechos.

A siete años de que el consorcio ICA-ALSTOM y CARSO ganó la licitación para construir la Línea 12 del Metro, un grupo de exservidores públicos del sexenio de Marcelo Ebrard, acusados de cometer irregularidades en la asignación del millonario contrato, argumentaron ante la Contraloría General que prescribió la facultad para que la autoridad los sancione.

En dicho proceso, ventilado en el expediente CG DGAJR DRS 00243/2011, el entonces contador mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), solicitó se iniciara procedimiento administrativo en contra de un grupo de funcionarios de la Secretaría de Obras, a los que se les acusó de diversas irregularidades que presuntamente fueron cometidas desde el 2008, fecha en que se entregó el millonario contrato para la construcción de Línea 12.

En la lista de los exservidores públicos cuestionados aparecen: Pedro Servando Delgado Gamboa, Sotero Díaz Silva, José Pascual Pérez Santoyo, Fermín Salazar Hernández, Fernando Arturo Taboada, Gustavo Cruz Villa Franco, Héctor David Martínez, Enrique Baker Díaz, Carlos Raúl Cruz Neri y Carlos García Rayón, todos adscritos a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (Sobse).

Todos fueron llamados a rendir cuentas por hechos del 2008 posiblemente constitutivos de delito, que se desprendieron de la auditoría a la obra pública AOPE/104/08, practicada a la Sobse en tiempos de Marcelo Ebrard al frente del Gobierno del DF.

Aunque a cada uno de estos exservidores públicos se les atribuyeron conductas anómalas especificas, el tema que se ventiló en general fue que durante la licitación pública internacional para adjudicar el Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado, y que se entregó a ICA-Carso y Alstom por un monto de 19 millones 538 mil 500 pesos, no garantizaron a la administración pública del DF que fuera el que ofreciera las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias.

Según la acusación, se “debió contar con un presupuesto de referencia de la obra pública por contratar”, “omitiendo presentar la documentación suficiente y fehaciente que acredite que dicho importe es el costo real correspondiente a los trabajos comprendidos para el Proyecto Integral de construcción de la Línea 12”.

Irregularidad probada… y no hay sanción

Una vez que la dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General inició el procedimiento administrativo, y este grupo de empleados del DF fueron llamados a cuentas, todos recurrieron a la estrategia jurídica de argumentar la prescripción.

Pedro Servando Delgado Gamboa, uno de los personajes clave de la construcción de la Línea 12, alegó lo siguiente:

“Como se puede alegar el último evento ocurrió el 17 de junio de 2008, por lo que han transcurrido 3 años y 261 días a la fecha de la notificación, es decir MÁS DE TRES AÑOS y por lo tanto han prescrito las facultades sancionadoras de la autoridad en el presente procedimiento administrativo”.

La Contraloría lo reconoció, y aunque se acreditó que Pedro Servando Delgado Gamboa incurrió en dos de las irregularidades que se le imputan, prescribieron las facultades de la Dirección de Responsabilidades para sancionar al ciudadano.

Al respeto, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (a la que se acogió este grupo de funcionarios), en su artículo 78 estipula que las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el DF.

En caso de que exceda el plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado.

Otro de los casos es el de José Pascual Pérez Santoyo. Al desempeñarse como subdirector de Concursos y Contratos de la Dirección General de Obras para el Transporte omitió revisar la documentación soporte, y pese a ello los aprobó y autorizó aún cuando no se especificaba quién los había elaborado.

“Tampoco presentó documentación soporte que justifique por qué en dicha actualización del presupuesto de referencia se aplicaron diferentes criterios para la actualización de los costos tanto para la obra civil, relacionada con la construcción del cajón en los intertramos y las estaciones, como para las instalaciones, equipos y sistemas; ni presentaron documentación soporte que justifique la aplicación de dos tipos de paridades peso-dólar americano (8.00 y 11.00) utilizadas para la actualización de costos”.

Igual que su compañero Delgado, este exservidor se cobijó con el recurso de prescripción. 

Así ocurrió con el resto, la Contraloría General admitió que por estos hechos relacionados con el millonario contrato de construcción, no podía fincar responsabilidad por haber transcurrido mucho tiempo.

Con el tiempo a favor

La resolución de este caso, emitida el pasado septiembre del 2014, es ejemplo de que más allá de las estridentes multas y de las inhabilitaciones anunciadas por el excontralor Hiram Almeida, hoy secretario de Seguridad Pública del DF, la última palabra no se ha dicho.

El tiempo, juega a favor de muchos de los colaboradores del ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, quienes al paso de los años ven diluida la posibilidad de enfrentar cargos serios por las irregularidades cometidas durante su participación en la Línea Dorada. La obra que, más allá de los escándalos, sigue parcialmente inhabilitada.

Cuestionados y perdonados


Personal de la Secretaría de Obras y Servicios del DF señalados de irregularidades en el proceso de Línea 12:

> Pedro Servando Delgado Gamboa
> Sotero Díaz Silva
> José Pascual Pérez Santoyo
> Fermín Salazar Hernández
> Fernando Arturo Taboada
> Gustavo Cruz Villa Franco
> Héctor David Martínez
> Enrique Baker Díaz
> Carlos Raúl Cruz Neri
> Carlos García Rayón

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Seguridad: la clave 2015

La percepción ciudadana de inseguridad, el reacomodo de células del crimen organizado y el reclutamiento de menores en los cárteles, serán temas obligados para los candidatos a la gubernatura de Nuevo León.

El discurso de mejorar la seguridad será clave en el escenario electoral de los precandidatos.

Y es que este tema ya se asoma vagamente en el mensaje entre los precandidatos rumbo a las elecciones del 7 de junio.

Si bien la administración de Rodrigo Medina contuvo parcialmente la ola de delitos relacionados con el crimen organizado, la presencia de estos grupos podría resurgir con el cambio de mandatario.

Motivo por el cual se convertirá en un reto para el sucesor de Medina.

Un desafío que enfrentará el próximo mandatario estatal será consolidar a Fuerza Civil, corporación policial que en poco tiempo ha generado confianza entre la ciudadanía nuevoleonesa.

Además, continuar con la coordinación de Fuerza Civil con todas las policías municipales, que ha resultado un punto destacable en materia de seguridad y alcanzó a contener, en gran medida, los embates del crimen organizado.

Sobre todo en robo de autos, plagios y ejecuciones, que de acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría de Justicia estatal han disminuido de manera importante en la entidad.

Este buen desempeño  de las policías municipales y Fuerza Civil ocasionó que los patrullajes del Ejército Mexicano, Marina y Policía Federal en el área metropolitana disminuyeran considerablemente. La participación de las fuerzas armadas ha venido a la baja, en las calles y avenidas principales. Su presencia ha sido mínima.

Analizar los controles de confianza

Evaluar la eficiencia de los exámenes de Control y Confianza será un tema importante.

El escándalo del exescolta de la alcaldesa con licencia, Margarita Arellanes, ligado al crimen organizado, abrió el debate sobre la credibilidad de estas pruebas.

Organismos civiles expresaron la necesidad de revisar los exámenes que aplica el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (Cisec).

Mencionaron que, si bien las pruebas han resultado efectivas, aplicar cambios para mejorar siempre serán bienvenidos.

El exdirector del Instituto Estatal de Seguridad,  Martín Treviño Sosa, sugirió que es necesario que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública revise el proceso con el que el exescolta aprobó las pruebas de confianza.

Siguen ejecuciones

Las ejecuciones se continúan perpetrando, aunque en menor impacto.

Y es que la lucha por los puntos de venta de droga en bares  mantuvo en alerta a las autoridades policiacas en todo el 2014.

Incluso, el pasado 22 de diciembre del 2014, tres empleados del Bar RE fueron ejecutados por miembros del grupo de Los Zetas, por supuestamente brindar protección a integrantes del Cártel del Golfo en la venta de droga.

La Procuraduría de Justicia de Nuevo León difundió fotografías de los agresores del antro, que en su mayoría eran jóvenes con armas largas. Recientemente se atraparon a 22 miembros de Los Zetas, siete de ellos ligados con este crimen.

“Lo que ellos sospechaban, Los Zetas son los perpetradores de este hecho, y lo que sospechaban es que el grupo contrario estaba tratando de vender droga en este bar y no se les había permitido. Los Zetas tenían la sospecha de que había otro grupo adentro trabajando vendiendo droga”, señaló Adrián de la Garza, en ese momento procurador del estado y hoy precandidato a la alcaldía de Monterrey.

En los primeros días del año, un hombre que salía del Bar El Internacional fue ejecutado. Este antro ha sido el escenario de constantes ataques y centro de venta de droga.

El crimen se reorganiza

Reporte Indigo documentó una reorganización de cárteles de la droga, que se gesta de manera cautelosa en colonias de alta incidencia delictiva y de adicciones en el área metropolitana.

Estas organizaciones delictivas establecieron un plan de reclutar jóvenes para crear nuevos métodos en la distribución de droga, operación y vigilancia.

Habitantes de estos sectores vulnerables aseguran que es imposible que  las autoridades estatales ignoren la situación, por las nuevas pintas distribuidas en varias zonas en el sur, norponiente y centro de Monterrey.

“‘Territorio Cártel del Golfo NL’, ‘Puro Sinaloa’ y ‘CDG NL’”, son las pintas que surgieron de manera repentina,  aseguran vecinos entrevistados por Reporte Indigo.

Explican que hay acercamiento de integrantes de estas células delincuenciales con los jóvenes, para reclutarlos con un salario de entre 7 a 10 mil pesos.Incluso están instalando casas de seguridad en los sectores, revelan habitantes de las colonias.

La reorganización en Nuevo León es de manera discreta, pues, dicen los residentes, los cárteles no quieren llamar la atención de las autoridades estatales.

Esto tiene en la zozobra a decenas de jóvenes, por el miedo al reclutamiento obligado.

Y es que estos menores han vivido en carne propia la traición que conlleva entrar a una organización criminal: sus familiares nunca volvieron y otros fueron asesinados.

Reporte Indigo tomó testimonio a varios jóvenes en colonias con carencia de vigilancia y con entorno de drogadicción.

Revelaron cómo la reorganización de estos grupos está brotando poco a poco. 

“Con los Zetas estaba bien gacho… porque te reclutaban y a veces te mataban para no pagarte o no te pagaban,  y te hacen trabajar a la fuerza”, explicó Orlando, un joven de una colonia visitada por Reporte Indigo.

Por revisar

> Pruebas de control y confianza

Con la detención del escolta de la alcaldesa Margarita Arellanes, organizaciones civiles sugieren analizar las pruebas de control y confianza que aplica el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (Cisec).


> Evitar ejecuciones

Reforzar los patrullajes en colonias de alto riesgo delincuencial en el área metropolitana, para evitar balaceras por ejecuciones, ya que aún continúa perpetrándose este delito.

> Zona rural

Municipios como Anáhuac y Pesquería no cuentan con patrullas y elementos de la Policía. Aunque el Estado señala que está Fuerza Civil, en un recorrido de Reporte Indigo no se encontró presencia de uniformados de esta corporación.

> Cárteles de la droga

Contener la operación de estos grupos será fundamental para el próximo gobernador, pues existe presencia de estas organizaciones que intentan volver a operar en la entidad.

> Reclutamiento de jóvenes

Activar programas de desarrollo social en sectores vulnerables, para evitar que los menores regios se involucren con el crimen organizado. Especialistas señalan que este es antídoto para rescatar a los jóvenes de actividades delictivas.

> Coordinación policial


La coordinación de la policía municipal con la estatal ha arrojado bueno dividendos en el combate a la inseguridad en el área metropolitana, esto ha ocasionado que el Ejército Mexicano, la Policía Federal y Marina se vayan retirando de las calles.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.

“Los normalistas están muertos; fueron calcinados“: Murillo Karam

MEXICO, D.F: El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reiteró su versión inicial acerca de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del cártel de los Guerreros Unidos. “Esa es la verdad histórica de los hechos”, sentenció.

En rueda de prensa Murillo Karam, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dijo que la versión inicial se reforzó tras la detención el jueves 15 de Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco” o “El Cepillo”, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, quien participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes.

Rodríguez Salgado, en coordinación con el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y su grupo de policías, estaba a cargo de la protección del municipio guerrerense para el trasiego de droga y evitar que grupos antagónicos tuvieran presencia en él.

La célula estaba conformada por una docena de “halcones” o informantes y sicarios, quienes realizaban vigilancia, secuestros, homicidios y venta de drogas en la zona.

Después de los hechos en Iguala, “El Terco” cruzó a Estados Unidos de manera ilegal, pero fue detectado por Migración y devuelto al estado de Morelos, en donde fue detenido.

Calificada por Zerón de Lucio como una detención “clave” dentro de la investigación, porque según testimonios de los detenidos “El Cepillo” fue quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas y porque él mismo corroboró los hechos narrados previamente por sus cómplices.

Antes, Murillo Karam destacó que a la fecha hay 99 personas detenidas, 385 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos; además, se realizaron 16 cateos encontrando diversos indicios, como una bodega con 54 mil cartuchos.

También aclaró que la investigación del caso Ayotzinapa continuará hasta detener a todos los implicados y aplicarles las penas más altas, tanto a los autores intelectuales como materiales.

El titular de la PGR subrayó que las indagatorias se han realizado con apego a derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos para castigar de manera ejemplar a los responsables, ya que por ningún motivo estos hechos pueden volver a repetirse.

Incluso, refrendó que no existe evidencia alguna de la participación de elementos del Ejército en los hechos de Ayotzinapa, ocurridos el 26 de septiembre pasado.

No obstante, Murillo Karam aclaró que hasta el momento la PGR no cuenta con alguna evidencia que relacione a los normalistas de Ayotzinapa con algún grupo delictivo.

En su turno, Tomás Zerón de Lucio destacó que hasta el momento se han realizado 487 dictámenes periciales, que incluyen pruebas químicas, biológicas, balísticas, fotográficas, de antropología y retratos hablados, que dan cuenta de la manera en que ocurrieron los hechos en que perdieron la vida los estudiantes.

Asimismo, precisó que existen evidencias de que la incineración se realizó en un área que comprende 140 metros cuadrados y el fuego alcanzó temperaturas de hasta mil 600 grados centígrados, por lo que los restos quedaron totalmente carbonizados.

Luego dijo que hasta el momento suman 99 las personas detenidas por el caso Ayotzinapa, en cuya incineración de los jóvenes se utilizaron llantas, gasolina y diesel, entre otros objetos.

Hasta el momento, abundó, están seis órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y sostuvo que pedirán las penas más altas contra los responsables, las cuales pueden alcanzar hasta 140 años de prisión.

En la rueda de prensa se exhibió un video que da cuenta de las declaraciones de algunas de las personas detenidas, quienes han aportado datos que serán fundamentales para capturar a quienes aún se encuentran prófugos, dijo.

Los funcionarios recordaron que Rodríguez Salgado, sicario de la organización criminal Guerreros Unidos, fue consignado en días pasados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.


Por último, Murillo Karam señaló que “muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y tirados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.