miércoles, 28 de enero de 2015

El Ejército estuvo en la escena del crimen: Vidulfo

"No estamos diciendo que ellos estuvieron secuestrando ni matando a los estudiantes, lo que estamos diciendo es que estuvo en la escena del crimen durante mucho tiempo... brindando una especie de protección a los grupos delincuenciales", indicó Vidulfo Rosales, defensor de los padres de Ayotzinapa.

Contrario a lo que estableció el procurador Jesús Murillo Karam, quien dijo que “no hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola… ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar”, el abogado de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, reveló que existen al menos 10 declaraciones testimoniales  -rendidas ante el Ministerio Público-, así como el testimonio de un policía, que señalan que los soldados sí actuaron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, en Iguala.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, indicó que algunos sobrevivientes de Ayotzinapa afirman que vieron patrullando al Ejército Mexicano, mientras otros aseguraron que fueron interceptados por militares.

“Por supuesto que sí hay evidencias: al menos 10 declaraciones testimoniales de los compañeros que de diferentes formas unos afirman que vieron al Ejército Mexicano patrullando a las orillas de Iguala, el día de los hechos, los otros afirman que fueron interceptados por ellos en una clínica”, expuso.

“Lo más contundente es que un policía de nombre Salvador Bravo Bárcenas hace una declaración muy reveladora: dice que el Ejército Mexicano, el 27 batallón de Infantería tenía pleno conocimiento desde el 2013 que Guerreros Unidos protegía a la Policía de Cocula y de Iguala y que eso se lo dieron a conocer al Ejército Mexicano y que no actúa, sino al contrario estuvo protegiendo a este grupo criminal y a la policía”, sostuvo el abogado.

“Esos dos elementos claros de parte de testimonios de sobrevivientes y el señalamiento que hace el policía son elementos suficientes para que se pueda indagar, llamar a cuentas dentro de la investigación al Ejército”, indicó.

“sostener que no tiene nada que ver es posición política de autoridades federales de mantenerlo al margen, de no inmiscuirlo, esta es una institución inmaculada y no tenemos que involucrarla en esto”, agregó.

Sobre el policía precisó: “Es uno de los policías detenidos que hoy está enfrentando proceso… hay este elemento probatorio anterior a los hechos, señalamiento directo de que la institución armada protegía al cártel Guerreros Unidos. Testimonios dicen que ahí estuvo, el día de los hechos en la escena del crimen durante mucho tiempo, entonces hay que investigarlo. ¿Por qué no tomó medidas preventivas? Hay una serie de interrogantes que tendría que responder.

“No estamos diciendo que ellos estuvieron secuestrando ni matando a los estudiantes, lo que estamos diciendo es que estuvo en la escena del crimen durante mucho tiempo”, subrayó.

Respecto a las declaraciones de los estudiantes sobrevivientes, Vidulfo expuso: “Después de la segunda agresión, llevaron a Édgar a un lugar donde puedan ingresar para preservar la vida, encuentran un hospital particular, rompen la puerta y abren la puerta y están adentro del hospital, 20 minutos o 15″.

“Llegaron los militares ahí. Les apuntan con las armas, les interrogan quiénes son, qué andan haciendo ahí, ellos se identifican, somos estudiantes de la Normal, incluso ahí hay amenazas con ellos, si tanto se sienten muy hombrecitos, ¿por qué ahora tienen miedo?, incluso les quitan identificaciones y los sacan de ahí, de la clínica los corren y los echan a la calle, empiezan a correr por todos lados, intentando salvaguardar la vida de Édgar y de ellos mismos, más tarde llegó patrulla de la Policía Preventiva y llevó a Édgar al hospital”, puntualizó.

“Ellos (los militares) sabían que eran estudiantes, incluso les quitaron sus identificaciones, nunca se las devolvieron, tendría que tener esas identificaciones en el poder”, reveló el abogado.

“Habían pasado 5 horas de agresiones y balaceras en Iguala, el Ejército sabía ya cuál era la situación en Iguala, a los estudiantes no les brindaron protección, los aventaron a la calle para que siguieran siendo perseguidos, eso ameritaría una investigación. Hay elementos periféricos a esta investigación que hicieron, que propiciaron que los hechos de Iguala se dieran así de manera tan deleznable como ocurrieron, y eso tiene que ver con el Ejército mexicano, que plenamente sabía, conocía, que el día de los hechos omitió, no actuó, al contrario, estuvo en la escena del crimen, brindando una especie de protección a los grupos delincuenciales”, senteció.

Además, urgió investigar desde al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, así como a políticos de la zona norte del estado; ese “entorno de la red política-delincuencial, tiene que investigarse también, no se puede dejar de lado, forma parte de esta investigación y es una de las razones por las que no podemos cerrar el caso”.

ENTREVISTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Ayotzinapa no se puede dar por concluido: CNDH

"Las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos", dijo el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

El expediente del caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, no se puede dar por concluido hasta que los responsables sean puestos ante la justicia y reciban una sanción, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

No se cerrará ningún expediente en la materia “mientras no se agoten todas las aristas que tienen que ver con los derechos fundamentales y luego de ello haremos el pronunciamiento que corresponda”, señaló al rendir su informe de actividades 2014 ante la Comisión Permanente y en posteriores declaraciones a la prensa.

Explicó que lo sucedido en Iguala ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo, por tratarse de un hecho que indigna y agravia a todos los mexicanos, y obliga a buscar la verdad, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho.

Los hechos de Iguala, indicó, son ejemplo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de displicencia y omisiones, por lo que hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones, cuyo trasfondo no es otro que la corrupción, comentó el funcionario.

“Las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas que se han presentado, las cuales han sido acompañadas por esta Comisión Nacional, son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes”, dijo González Pérez,

Además, se muestra la inconformidad de los ciudadanos ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país justo e incluyente, mencionó ante los diputados.

Indicó que la CNDH defiende la libertad de expresión y, con ella, el derecho a la protesta social, siempre y cuando se realicen dentro de los límites de la legalidad.

“Es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente. También lo es la oportuna y debida aplicación de la ley, la cual lleva implícito el respeto a los derechos humanos”, señaló.

Precisó que en el caso Iguala solicitaron medidas cautelares y se da un seguimiento a la implementación de aquellas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de octubre del año pasado.

De igual manera, indicó, para la atención y acompañamiento a las víctimas se creó una Oficina Especial en diciembre pasado.

“El caso es grave por su propia naturaleza, así como por su relevancia y proyección, pues hasta que no se acredite lo contrario, estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos”, sostuvo.

González Pérez también aseguró que hechos como Tlatlaya, en el Estado de México, e Iguala, Guerrero, han provocado en la sociedad y las instituciones un nuevo paradigma de actuación.

En rueda de prensa, subrayó la necesidad de unificar en el país los tipos penales, pues, por ejemplo, no todos los estados tienen tipificado el delito de desaparición forzada, por lo que se deben llevar a cabo las adecuaciones jurídicas necesarias.

Sobre ese tema, el ombudsman nacional informó que los próximos 1 y 2 de febrero asistirá ante el Comité de Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, donde dará un reporte que como institución nacional ha elaborado sobre ese tema.

Y comentó que a poco más de 70 días de que asumió la presidencia de la CNDH, trabaja bajo las circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos de Iguala y Tlatlaya, así como por los reclamos sociales en favor de acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana.


El ombudsman agregó que los derechos humanos deben colocarse en el centro de todas las políticas públicas y de la actuación gubernamental. Sostuvo que no es admisible una actitud acomodaticia en esta materia tan sensible, ni en el ámbito nacional ni en el internacional.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se esfuma la esperanza

Al día siguiente de que miles salieran a las calles para exigir la presentación con vida de los normalistas, el Gobierno asegura que ya comprobó a plenitud que fueron confundidos por delincuentes e incinerados.

Aunque existen numerosos testimonios contradictorios, el Gobierno afirma tener certeza sobre lo sucedido la madrugada del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. 

En conferencia de prensa, el Procurador General Jesús Murillo Karam informó ayer que tras decenas de confesiones y cientos de pruebas forenses, los 43 estudiantes desaparecidos fueron confundidos por miembros de un cártel con miembros de una organización rival antes de ser asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. 

En una larga exposición de los detalles de la investigación, Murillo dijo que las muestras tomadas en el lugar, la temperatura que alcanzó el combustible y el fuego de la hoguera formada por los sicarios demuestran “de manera contundente” que los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa fueron incinerados sin que queden restos que permitan su identificación.

Exponen declaraciones

El director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, expuso las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado,  alias “El Cepillo”, detenido el pasado 15 de enero.

Zerón detalló que la detención de “El Cepillo” fue clave y que gracias a sus declaraciones, que coinciden con las del resto de los cómplices detenidos, se concluyó que el grupo Guerreros Unidos detuvo a los estudiantes, los llevó al basurero de Cocula y los ejecutó e incineró, puesto que pensaron que pertenecían al grupo antagónico de Los Rojos.

Posteriormente, de acuerdo con 39 las confesiones de los detenidos, los restos humanos fueron triturados.

Murillo Karam detalló que la PGR realizó 487 dictámenes periciales que avalan los testimonios de los acusados en el caso.Además, según Zerón, estudios independientes en distintas materias confirman que los cadáveres de los normalistas fueron incinerados en el basurero.

A esta conclusión se llegó tras haber incorporado a la investigación 386 declaraciones, 16 allanamientos y dos reconstrucciones de los hechos que han permitido 99 detenciones entre las que se incluyen practicamente la totalidad de los policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula, donde fueron quemados, de acuerdo a The Associated Press.

Tomás Zerón afirmó que el grupo criminal Guerreros Unidos tenía una cadena de mando establecida que garantizaba la anonimidad de los líderes. 

“En la rama delictiva participaban delincuentes y servidores públicos, especialmente policías encabezados por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda”, indicó.  

Mantendrán diálogo

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, descartó que la confirmación de la muerte de los 43 normalistas pueda convertirse en un factor para el escalamiento de la violencia en Guerrero. 


En entrevista, Chong señaló que el Gobierno federal seguirá manteniendo la postura de diálogo para solucionar las demandas de las víctimas y sus familiares.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Gabinete disfuncional

Del 15 de febrero del 2012 a la fecha en Michoacán se han registrado en total mil 347 cambios de funcionarios estatales.

En menos de tres años, Michoacán ha registrado 42 movimientos de funcionarios públicos de primer nivel.

Debido a la remoción continua del gabinete gubernamental, la Federación ha tenido que ‘entrar al quite’ para no declarar la desaparición de poderes en el estado.

Los cambios apuntan en todas direcciones de la estructura burocrática. Las remociones van desde el gobernador pasando por subsecretarios, directores y jefes de departamentos.

Del 15 de febrero del 2012 a la fecha se han registrado en total mil 347 cambios de funcionarios estatales.

A la administración estatal fallida -que se mantiene en pie por el apoyo logístico, político y económico de la Federación- le restan aún ocho meses de gestión, lo que puede representar más cambios en el aparato de gobierno.

Además, no se puede descartar que la misma Federación decrete la desaparición de poderes ante la ausencia de mando del gobernador Salvador Jara, quien teóricamente debe estar en funciones los meses restantes que le quedan a su periodo.

Cambios obligados

Del total de cambios que se han registrado en los mandos del gobierno michoacano, son pocos los generados a partir de iniciativas personales de los propios funcionarios locales.

La mayor parte de los movimientos han sido designados desde la Secretaría de Gobernación, a través de quien hasta el pasado 22 de enero fue el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo.

El mismo Castillo se convirtió también en parte de las estadísticas de la inestabilidad en Michoacán.

Al ahora excomisionado lo suplió el General Felipe Gurrola Ramírez, quien es ahora el encargado de encarar los problemas de violencia y narcotráfico que siguen vigentes en la entidad.

Castillo –anunció el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong- también fue remplazado en su función de coordinador de las dependencias federales en Michoacán.

Aun no se conoce el nombre de quien sea el enviado presidencial para esa función.

Relevos efímeros

Las sustituciones que resaltan en la administración estatal de Michoacán, significativas por la envergadura del puesto, son los de gobernador, secretario de gobierno, secretario de finanzas, procurador de justicia y secretario de seguridad pública. Los puestos claves para la administración  eficiente del estado.

El factor común de esos cambios es que todos fueron ordenados desde la Secretaría de Gobernación.

La rotación administrativa

Por el despacho del gobernador, a la fecha, han pasado cuatro personas.

Michoacán ya rompió récord para el número de mandatarios que han ejercido en un mismo periodo.

Fausto Vallejo fue quien asumió el puesto tras ganar las cuestionadas elecciones –por los señalamientos de intervención del crimen organizado a su favor- en noviembre del 2011.

El 7 de marzo del 2013, Vallejo se ausentó del cargo y fue suplido provisionalmente por su secretario de gobierno, Jesús Reyna García.

El 9 de abril del 2013 presentó formalmente una licencia por motivos de salud hasta por 90 días y el Congreso local designó oficialmente a Jesús Reyna García, como gobernador interino.

Reyna García fue gobernador hasta el 23 de octubre del 2013, fecha en la que retornó Vallejo tras presentar mejoría en su salud.

Vallejo finalmente renunció al cargo de gobernador el 18 de junio del 2014, aludiendo problemas de salud.

Para entonces Reyna García ya había sido detenido por la PGR bajo la sospecha de ser parte de Los Caballeros Templarios.

Como encargado del despacho fue gobernador, por espacio de 72 horas, Marco Vinicio Aguilera Garibay.

Este hizo entrega del cargo al catedrático Salvador Jara, que fue nombrado gobernador sustituto por el congreso local, atendiendo la orden de la Secretaría de Gobernación.

Secretaría, con dos puertas

En la segunda cartera de importancia dentro del mando estatal tampoco ha habido continuidad. Por allí han pasado seis funcionarios públicos.

El más reciente cambio se registró el fin de semana pasado, cuando Jaime Darío Oseguera Méndez renunció para buscar la candidatura del PRI a la alcaldía de Morelia. 

El que más tiempo estuvo en ese cargo fue el priista Jesús Reyna, quien ha sido el único en salir por las dos puertas de esa dependencia.

Salió por la puerta principal de la secretaría de gobierno para hacerse cargo del despacho de gobernador.

A los meses tuvo que salir por la puerta trasera para ser recluido en la cárcel federal de Almoloya. La PGR lo vincula con una red del crimen organizado.

A Reyna lo suplió inicialmente el Teniente de Corbeta, Fernando Cano Ochoa, quien cedió su posición al piedadense Jaime Mares Camarena, el que a su vez dejó el cargo a Marco Vinicio Aguilera Garibay.

El gobernador Salvador Jara fue el que designó a Jaime Darío Oseguera, quien tras su renuncia dejó el cargo que ya ocupa Jaime Esparza Cortina.

Hasta antes de Darío Oseguera, todos los secretarios de gobierno de Michoacán fueron investigados por la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, por señalamientos de colusión con el crimen organizado.

La Hacienda para los amigos

La Secretaría de Finanzas es otra de las dependencia que mayor número de movimientos ha registrado en lo que va de este periodo corto de gobierno.

Por esa dependencia han pasado ya cinco funcionarios, cuya remoción ha sido definida en última instancia por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


Luis Miranda Contreras, llegó a la posición de tesorero por un error del gobernador Fausto Vallejo.

El gobernador pretendía incorporar a la administración a Luis Miranda Nava, pero confundió el nombre y llamó a colaborar a un oscuro personaje administrativo del estado de México que poco sabía de finanzas.

Por orgullo, Vallejo mantuvo en la posición a su tesorero, quien fue sustituido por  Marcela Figueroa Aguilar, quien fue retirada del cargo tras no consolidar el programa de austeridad de gastos. Le siguieron Carlos Rio Valencia, José Carlos Rodríguez Pueblita y Miguel López Miranda.

Mucho ruido...

En la Secretaría de Desarrollo Económico se han registrado cuatro movimientos sin que solidifique una sola de las acciones para el desarrollo económico de la entidad.

El 70 por ciento del presupuesto asignado a la dependencia se ha aplicado en gasto corriente -gastos personales de los funcionarios y manejo administrativo de la dependencia-. 

Los programas de inversión siguen sin despegar.

Los cambios

Secretaría de Desarrollo Económico

> Ricardo Martínez Suárez
> Juan Pablo Arriaga Díez
> Manuel Antúnez Álvarez
> Carlos Huerta Cañedo

Secretaría de Seguridad Publica

> Javier Ocampo García
> Elías Álvarez Hernández
> Alberto Reyes Vaca
> Leopoldo Hernández Bedolla
> Carlos Hugo Castellanos Becerra

Procuraduría de Justicia del Estado

> Plácido Torres Pineda
> Marco Vinicio Aguilera Garibay
> José Martín Godoy Castro

Contraloría del Estado

> Carlos Ochoa León
> Roberto Coria Villafuerte
> Gabriel Montiel Aguilar
> Carlos González Velázquez

Coordinación de Comunicación Social

> Julio Hernández Granados
> Guadalupe Santacruz E.
> Georgina Morales G

Comisión Coordinadora del Transporte

> Ignacio Colina Quiroz
> Javier Ocampo García> Crispín Gamboa Ramírez

Secretaría de Educación

>  Armando Sepúlveda López
>  María Teresa Herrera Guido
>  Jesús Sierra Arias

Dirección de la oficina estatal del DIF

> Nelly Sastré Gasca
> Ana Compean Reyes E
> Mariana Sosa Olmeda

Secretaría de Salud

>  Rafael Díaz Rodríguez
>  Carlos Aranza Donis

Secretaría de Desarrollo Rural

> Ramón Cano Vega
> Jaime Rodríguez López

Secretaría de la Mujer

> Consuelo Muro Urista

> Samanta Flores Adame

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Grupo México pone 2 mil mdp para “remediar” el suelo afectado por el derrame en el río Sonora

El vocero de la Presidencia anunció el inicio de la segunda etapa de recuperación del río, a cinco meses del derrame que afectó a al menos 25 mil personas.

El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, informó este miércoles 28 de enero que el tras el derrame de cobre de la minera Grupo México en el Río Sonora el abasto de agua para la población ya fue restablecido sin ningún problema.
El vocero federal aseguró que se ha cumplido con la responsabilidad de contener los daños ambientales, cinco meses después,  y se ha obligado a la empresa que repare los daños que causó a miles de familias sonorenses.

“La primera etapa de este trabajo concluyó porque se indemnizó a las personas, empresas y campesinos afectados. El agua de ríos y arroyos es apta para el consumo”, indicó Sánchez.

El funcionario federal anunció la segunda fase de recuperación a cargo del Fideicomiso Sonora con un presupuesto de 2 mil millones de pesos aportados por Grupo México, responsable del derrame del químico, por orden de la autoridad ambiental.

El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra, dijo que están en la segunda etapa del Río Sonora para el apoyo y mejora de la zona. El funcionario dijo que fueron entregados 27 mil 522 apoyos para un total de 22 mil 878 personas.

El funcionario federal detalló que por las características del río, se dividió en cinco zonas.

“La zona uno es de 30 kilómetros, que es de donde se originó el derrame, la segunda zona del kilómetro 31 al 140, la tercera del 140 al 180 hasta el kilómetro, la cuarta del 180 a 224 y por último del kilómetro 224 al 276”.

En esta segunda etapa se comenzará por la zona uno para “remediar” 28 mil 133 metros cuadrados, casi tres hectáreas, lo que significa remover 2 mil 800 metros cúbicos de suelo.

“Los residuos será llevados a las instalaciones de Grupo México, supervisados por la Semarnat, los cuales se llevarán a cabo en ocho semanas”. En las próximas semanas cuando Grupo México dé a conocer el plan que seguirá para las cuatro zonas restantes.

El secretario del Medio Ambiente informó que se crearon nuevos pozos debido a que seis fueron desechados debido a que se encontró un alto número de metales.

“Adicionalmente se van a construir 37 plantas potabilizadoras. Se construirán tres represos y la Conagua va a estar monitoreando durante cinco años las aguas superficiales y las de los pozos. Si se diera el caso de que alguno de los pozos que se contamine, serán clausurados”.


El 6 de agosto de 2014 una falla en un represo utilizado en la operación de la mina Buenavista del Cobre generó “el mayor desastre ecológico en la historia nacional”, de acuerdo con un informe de la Semarnat; cerca de 25 mil habitantes de siete municipios resultaron afectados con el suministro de agua y con el sustento de la economía familiar debido a que su actividad económica es la agricultura.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Calderón “por la ruta del aislamiento y el rencor”: Molinar Horcasitas

MÉXICO, D.F: Luego de revelar que Felipe Calderón amenazó con renunciar al Partido Acción Nacional (PAN) desde 2010, Juan Molinar Horcasitas, exdirector del IMSS, aseguró que también quiso “derrocar” a Gustavo Madero y sólo acumuló derrotas porque escogió “la ruta del aislamiento y el rencor”.

Tras la amenaza de Calderón de renunciar al PAN para formar una nueva “opción política”, como lo declaró el miércoles de la semana pasada, al diario El Financiero, Molinar emitió hoy una carta para recordar que ya había amenazado con esa decisión desde que, en 2010, no pudo imponer a Roberto Gil Zuarth como presidente de ese partido.

Esta carta de Molinar coincide con lo que publicó el semanario Proceso esta semana, en la que el exdirector del IMSS asegura el acoso de Calderón desde la Presidencia: “No ha habido presidente del PAN más acosado desde la Presidencia de la República que Madero”.

Molinar recuerda, en su carta de hoy, que Calderón “impulsó desde Los Pinos a dos presidentes nacionales consecutivos cercanos a él” en el PAN, Germán Martínez y César Nava, y que “en esa etapa de intensa cercanía presidente-partido él participaba directamente en los procesos de designación de candidatos y en otras decisiones importantes del partido”.

Pero Molinar afirma que “cuando no pudo imponer un tercer presidente incondicional, Calderón dividió al partido y amenazó con irse del PAN” ante la victoria de Madero.

“Esta fue la primera de una serie de reveses de Calderón en los procesos políticos panistas. Él se empeñó en imponerse y el panismo se empeñó en ejercer su autonomía”, subraya Molinar.

Y recuerda: “Desde ese momento, como presidente y como expresidente de la República, Calderón se empecinó en combatir a la dirigencia formal y legítima del PAN. En algún momento de esa etapa alguien recordó una expresión atribuida a Felipe Calderón que describe su actitud: ‘El PAN es mi casa y en mi casa mando yo’.”

Y añade: “El calderonismo no pudo derrocar a Madero, pero sí fue un factor de división que le restó gobernabilidad al PAN durante el año y medio que precedió a las elecciones de 2012”.

Luego de la derrota en las elecciones de 2012 y luego de que no pudo imponer a “su delfín” Ernesto Cordero como candidato presidencial, Calderón insistió en renunciar al partido que presidió.

“Mucha gente en el PAN se enteró de este mensaje, porque en varias ocasiones respondió con exabruptos ante intervenciones de consejeros que no compartían esa idea”, subraya Molinar.

Asesor de Madero, Molinar anticipa que las más recientes declaraciones de Calderón no serán las últimas, porque sigue su patrón de conducta: controlar las organizaciones a las que él pertenece ‘está en su naturaleza’ y usar malas formas es su costumbre.

Cuenta: “Alguien me explicaba su conducta diciendo que actúa así porque es un hombre de carácter muy fuerte.

Contesté que no, que es un hombre de temperamento muy fuerte, y que le falta carácter para templar su temperamento”.

Y añade: “Por eso, a pesar de su enorme talento, sucede lo que con gran lucidez anticipó Carlos Castillo, en una conocida carta: el creciente aislamiento al que la personalidad de Calderón lo conduciría”.

Y eso ha ocurrido: “Es cosa de ver cuántos de quienes lo llevaron a la Presidencia de la República ya no están con él. Y que no se diga que todos se alejaron porque perdieron el interés cuando dejó de ser presidente”.

Añade: “Hay que recordar que entre los separados hay personas que en su momento tomamos grandes riesgos políticos para hacerlo presidente cuando él no tenía puesto público, ni empleo, ni dinero y se encontraba en el sótano de todas las encuestas. Muchas de esas personas no están ya con él porque Felipe las lastimó y las alejó”.

Por ejemplo, maltrató a muchos panistas: “Fueron muchos los episodios en los que Felipe Calderón trató de manera irrespetuosa o incluso abusiva a los líderes partidarios que se reunían con él. Estas constantes fricciones no se hicieron públicas por prudencia política y, paradójicamente, por respeto a la investidura presidencial”.

Expone: “Desde la perspectiva de Calderón, el partido le pertenecía al presidente. Eso no está en la cultura del PAN. Los panistas pensamos que el presidente pertenece al partido”.

Otra derrota de Calderón, cuenta Molinar, fue la victoria de Madero ante Cordero: “Si la razón y no sus humores hubiesen guiado las decisiones de Calderón, él hubiera entendido que su deber moral era aceptar que no todas las decisiones del partido debían amoldarse a su voluntad”.

Pero tomó la ruta opuesta: “La animosidad de Calderón en contra de Gustavo Madero escaló hasta niveles de encono cuando la planilla del actual dirigente panista derrotó a la del candidato que le opuso, Ernesto Cordero, quien ya había sido rechazado por la mayoría panista en su anterior intento de ascender al liderazgo panista como candidato presidencial”.

Agrega: “Tres reveses consecutivos debieron ser suficientes para que Calderón entendiera que, efectivamente, el PAN es su casa, pero que también es la casa de los demás panistas y que en ella manda la mayoría, como en cualquier democracia. No fue así: mientras más perdía, más se enconaba”.

Recuerda que Madero cedió a Cordero la coordinación parlamentaria en el Senado y luego apoyó a Luisa María Calderón como candidata a gobernadora de Michoacán.

Sobre Margarita Zavala, dice Molinar, compitió por la diputación contra Cecilia Romero, expresidenta del partido.

“El resultado fue una cuarta derrota importante. Nuevamente, la derrota de Calderón fue producto de una decisión democrática, asumida mediante el voto libre y secreto de los integrantes de la Comisión Permanente, tal como disponen las normas partidarias. La mayoría de ese órgano se inclinó por Cecilia Romero y una minoría votó por Margarita Zavala (sólo 12 votos de 58 posibles).”

Finalmente, Molinar dice que el “poder de Madero”, que rechazan los calderonistas, es producto de la agregación y la incorporación de líderes panistas en todos los estados y en todos los niveles, del pluralismo y la inclusión.


“Esto no lo concibe el modo de actuar político de Felipe Calderón que se ha reducido y enconado hilando derrota tras derrota. Felipe Calderón ha perdido una tras otra porque ha hecho lo contrario: dividir, discriminar entre los panistas ‘auténticos’, los que siempre acatan sus decisiones, y los “impuros”, los que no siempre coinciden con él. Esa es la ruta del aislamiento y el rencor”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Arremete AMLO contra Peña por Ayotzinapa: “que deje de simular”, le exige

MÉXICO, D.F. (apro).- El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, criticó las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, quien pidió a los mexicanos no quedarse atrapados en el caso de los 43 normalistas desparecidos hace cuatro meses en Iguala, Guerrero.

“Cómo se atreve Peña Nieto a decir que México no puede quedarse atrapado en la tragedia de Ayotzinapa, si el gobierno que detenta no es capaz de esclarecer los hechos y castigar a los verdaderos responsables. Es necesario que deje de simular, que diga la verdad y aplique la ley sin impunidad”, escribió el tabasqueño en su cuenta de Facebook.

Este martes Peña Nieto encabezó el Diálogo Sobre Educación Superior en México, en la residencia oficial de Los Pinos. Ahí habló del caso Ayotzinapa y soltó: “Reconocemos lo mucho que nos falta por hacer, pero lo importante no es quedarnos parados, paralizados o estancados, sino siempre dispuestos a ir avanzando y caminando en pos de eso que tanto deseamos para bien de la presente sociedad y de las futuras generaciones”.

Las críticas de López Obrador se dan un día después de que los padres de los estudiantes realizaron su Octava Jornada Nacional de Lucha por los jóvenes desaparecidos, en la que participaron miles de personas que se congregaron en el Zócalo capitalino.

Ahí, el vocero de los padres de los normalistas, Felipe de la Cruz, lanzó: “Hoy queremos decir que para el pueblo, Peña Nieto ha dejado de ser el presidente por inservible, corrupto y asesino de estudiantes. Vamos a encontrar a los 43 estudiantes donde quiera que los tengan”.


Añadió: “Ellos creían que los crímenes que cometieron iban a pasar desapercibidos. A cuatro meses estamos más fuertes que nunca. Cada segundo de dolor y sufrimiento lo van a pagar muy caro. El pueblo de México se los va a cobrar día a día. Fueron los militares y ahora lo podemos decir con seguridad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

El extraño abogado del cardenal Rivera

La precandidatura de Armando Martínez Gómez a una diputación por el PRD ha causado muchas sorpresas y extrañezas.

Primero porque es el abogado de cabecera y hombre de todas las confianzas del cardenal Norberto Rivera: lo ha defendido de las acusaciones que se le han imputado de proteger a sacerdotes pederastas y de haber enfrentado con fiereza las iniciativas presentadas por el mismo PRD en el DF, como la interrupción del embarazo, sociedades de convivencia, adopción de menores de parejas homosexuales, etcétera.

¿Cómo explicar que un personaje tan antagónico haya sido invitado por una de las corrientes del PRD, Vanguardia Progresista, para aspirar a un cargo de responsabilidad pública? ¿Cómo entender que un actor que ha transitado en posiciones ideológicas incompatibles, ahora, acepte la oferta? A todas luces resulta desconcertante el caso de Armando Martínez.

Lo conozco mediante los micrófonos radiofónicos de Radio Red, buen polemista, razonable manejo de la materia legal y un católico en materia moral conservador más cercano a posturas yunquistas; sin embargo, abierto al diálogo. En mayo del año pasado, en Facebook y Twitter, la periodista Sanjuana Martínez dio el siguiente perfil: “¿Conoces al abogado católico Armando Martínez Gómez? Es defensor de sacerdotes pederastas. Este abogado es el apoderado legal de la arquidiócesis de San Luis Potosí y va allí donde hay denuncias de abusos sexuales del clero para defenderlos. Defendió al cura pederasta Nicolás Aguilar, acusado de violar a más de 100 niños entre México y Estados Unidos (EU); defendió al cardenal Norberto Rivera acusado por ‘conspiración para la pederastia’ en EU; defendió en San Luis Potosí al sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, acusado de violar y asesinar a una estudiante del Colegio Carlos Gómez, quien fue condenado a 33 años de prisión, pero este abogado llevó su caso ante la SCJN para que lo exculparan y lo liberaron… Su historial es largo. No te dejes engañar”.

En entrevistas recientes Armando Martínez, el abogado de Rivera, sostiene que los radicales del PRD ya se fueron y ahora es posible un diálogo plural. Enfundado en corbata amarilla, comme il faut, señala el presidente del Colegio de Abogados Católicos: “Se me describe y etiqueta como un talibán del conservadurismo; en contraste, tengo un doctorado en políticas del desarrollo y una maestría en acción política y participación ciudadana… Mi precandidatura responde a un único interés: el ciudadano”.


Militantes del propio partido han reaccionado acusando de incurrir en incongruencias. Sin embargo, la cuestión de fondo no es que pase de las filas de la derecha católica a un partido de izquierda, sino cómo pasa. El cómo transita es el nudo del caso. Históricamente el evento no es insólito ni mucho menos inédito. El emblemático obispo rojo, Dom Helder Cámara (1909-1999), en los años cuarenta formó parte de la ultraderecha católica Ação Integralista Brasileira, que proponía el rescate de los valores de Deus, Pátria e Família, para ser calificado en los años setenta de traidor filocomunista por la dictadura militar brasileña. Hay muchos otros casos comparables entre destacados actores religiosos, como Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz, en México, Camilo Torres, en Colombia, Óscar Arnulfo Romero, en El Salvador. A nivel de laicos están los jóvenes católicos provenientes de familias conservadoras que militaron en la acción católica universitaria del MEP, y posteriormente fueron los principales activistas que nutrieron el grupo guerrillero de la Liga 23 de Septiembre en los años 70. En sentido contrario también hay conversiones de católicos progresistas que terminan abrazando causas de partidos conservadores. Muchos ex jesuitas encabezan la lista. Otro ejemplo notable, René Capistrán Garza (1989-1974), destacado líder de la ACJM en los años 20, integrante radical de la Liga de la Defensa por la Libertad Religiosa, quien cruzó el país hacia el norte en busca de armas y recursos para apoyar las guerrillas cristeras que resistieran los embates del supremo gobierno callista. Terminó años después apuntalando y respaldando las acciones autoritarias del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz contra la masacre de estudiantes en 1968.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BERNARDO BARRANCO.

Policías de Mancera: torturas y violaciones sexuales; la muerte de los DDHH. y la democracia

Vándalos, delincuentes, líderes de anarquistas, cerdos, revoltosos, son sólo algunos de los insultos, menos fuertes, que casi siempre van acompañados de agresiones físicas, utilizados por la policía preventiva del Distrito Federal, en contra de aquellos manifestantes (incluso niños y mujeres embarazadas) que alzan la voz en las calles para hacer evidente las problemáticas que imperan en el país.


Según un informe de Amnistía Internacional, publicado en abril de 2014, la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, desempeñan un papel central en las actuaciones y las operaciones policiales de Distrito Federal.

“En las calles escuchas a un país hablar, ahí es donde conoces su historia”, comenta Roberto, docente de nivel básico, mientras se limpia las lágrimas rápida y disimuladamente, aunque no puede esconder cómo se le quiebra la voz.  El 13 de septiembre de 2013 fue golpeado y ultrajado física y verbalmente, por la policía del Distrito Federal, mientras se manifestaba en contra de la llamada Reforma Educativa. Llegó de la sierra del estado de Oaxaca, nunca había viajado a la capital del país, dice que “cuesta mucho dinero, pero lo hice porque llegó la noticia de que el presidente iba a reformar el artículo tercero sobre educación laica y gratuita y que se nos venía encima la reforma educativa, ésta que no propone mejoras en la educación como lo prometió en campaña, pero sí condiciona nuestro trabajo, no logramos mucho o nada y yo me quedé con cicatrices físicas y emocionales”. 


Lo anterior se contrapone al artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, sobre principios de Actuación de los cuerpos de Seguridad Pública, donde se expone que, “los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, deberán servir con fidelidad y honor a la sociedad; respetar y proteger los Derechos Humanos; usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de su deber; recurrir a medios no violentos antes de emplear la fuerza y las armas; no infligir ni tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su custodia, aun cuando se trate de cumplir con la orden de un superior o se argumenten circunstancias especiales como amenaza a la seguridad Pública”.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal (CNDHDF), en su recomendación 14/2014 emitida en diciembre pasado, documentó 47 casos de tortura cometidos a 97 personas, por parte de servidores públicos del DF. La Ombudsman, Perla Gómez Gallardo, determinó que la constante fueron los tratos crueles e inhumanos.


Puntualizando que después de las detenciones arbitrarias, llegaron los golpes en las piernas, amenazas, toques eléctricos, bolsas de plástico colocadas en la cabeza, o agua en el rostro para provocar asfixia, dichas formas de tortura fueron aplicadas por los agentes de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) y la SSP en varios casos de manifestantes, pretendiendo con ello que los detenidos proporcionaran algún tipo de información o se confesaran culpables de algún delito.

Amnistía Internacional, agrega que las palizas duras y reiteradas, golpes simultáneos en ambas manos, en el estomago, patadas en la espalda, en los oídos y nariz inmersión de agua carbonatada, además de abusos sexuales, también forman parte de los métodos de tortura de la policía del DF, al momento de las detenciones arbitrarias.

Esto aun cuando, según el apartado de Derechos Humanos de la página web de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), suscribe que “desarrollan la cultura en torno al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos mediante la transformación de actitudes y el incremento de aptitudes del personal operativo (y/o administrativo) de la SSP del Distrito Federal, para una mejor relación con la ciudadanía y entre sí, tendente a revalorar y dignificar el trabajo de los agentes policiales y demás servidores públicos de la dependencia”.

Esto aun cuando, según el apartado de Derechos Humanos de la página web de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), suscribe que “desarrollan la cultura en torno al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos mediante la transformación de actitudes y el incremento de aptitudes del personal operativo (y/o administrativo) de la SSP del Distrito Federal, para una mejor relación con la ciudadanía y entre sí, tendente a revalorar y dignificar el trabajo de los agentes policiales y demás servidores públicos de la dependencia”.

“Después de las elecciones presidenciales de 2012, decidí participar en una manifestación, porque no era posible que se impusiera un presidente que no se eligió y llegó al poder por medio de la compra del voto”, narra Gabriela Hernández. El 10 de julio de 2013 asistió a una marcha, en la que se conmemoró un aniversario más del Jueves de Corpus o también conocido como halconazo. “Fui detenida, por órdenes del jefe Apolo, al menos así se lo dijeron los policías. Esa tarde me arrestan con el pretexto de que yo insulté a una policía y que le aventé botellas, aun cuando hay videos donde se demuestra que caminé pacíficamente durante el recorrido”, describe Hernández.


Ese día un policía granadero le quitó la blusa y se subió encima de ella, para dar inicio a los golpes, que cesaron después de un rato, sólo para tomarle de un pie y arrastrarla por el pavimento, aproximadamente 5 metros, con la patrulla en movimiento. Dos días más tarde fue puesta en libertad a reservas de ley, porque se le acusó de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y destrucción del zócalo. Después de eso, vio con frecuencia patrullas frente a su casa haciendo rondas, haciéndola sentir hostigada.

El 29 de octubre nuevamente fue detenida, con la violencia física y verbal de las ocasiones anteriores, al salir de la audiencia de su amigo Jampsa, joven detenido por haber escalado la estela de luz, para colocar una manta en protesta de Televisa y que hoy se encuentra preso en el reclusorio sur, con una sentencia de siete años, siete meses.


El motivo de la detención, el cual conoció hasta un día después, era que el 2 de octubre de 2013 se dirigió a la PGJDF, después de documentar las agresiones y detenciones arbitrarias, en busca de información sobre los detenidos, y al llegar insultó por aproximadamente 45 minutos a dos policías, asimismo éstos aseguraron que, durante ese mismo tiempo les arrojó piedras, palos y botellas. Hernández afirma que “aunque ambos policías mintieron y cayeron en contradicciones, siendo ellos los que me ultrajaron aquella noche, la juez el día 30 de octubre me negó la libertad bajo fianza, y claramente me dijo: ‘eres de alta peligrosidad social, porque asistes a muchas marchas. Ya te pasaste de marchas y debes estar presa’, fue así como pasé 6 meses en el reclusorio de Santa Martha, aún sigo mi proceso y mantengo un amparo para demostrar mi inocencia”.

En esa línea, Gómez Gallardo afirmó que “las acciones por parte de las autoridades no han sido suficientes para poner freno a la práctica de la violencia, sin contar que la impunidad y su correlativa falta de sanción fungen como factor que perpetúa e incentiva la práctica de la tortura y los malos tratos incluso por los jueces”. Violando así los derechos humanos en materia del derecho a la libertad personal, al debido proceso y al acceso a la justicia.

“Los pasos son sencillos, cuando te dan la orden te desquitas, por todas las pinches horas parado aguantando toda clase de insultos, frío o calor y dolor de cuerpo, vas golpeas, ellos tienen la culpa, eso de pacifico no tiene nada que ver, ya con el hecho de estar ahí bloqueando calles, fastidiándome las horas de descanso, es meterse con los demás que sí trabajamos y desquitamos el sueldo”, comenta Isaac, quien lleva diez años en la policía, y es integrante del cuerpo de granaderos.

En su discurso del día del policía, en diciembre pasado, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, afirmó “queremos una policía cercana, la confianza no se gana con las armas, no se gana con la fuerza, se gana con la cercanía, con ese contacto que tienen ustedes día a día. Vamos a ganar esa confianza de la ciudadanía y vamos a seguir demostrando que esta corporación, que esta policía de la Ciudad de México, es una de las policías más grandes y más importantes, mejor preparadas”.

A contraposición, Isaac agrega que, “hacen pláticas sobre derechos humanos, pero como estamos tan hartos de lo mismo y tan cansados, quien va repite como disco lo mismo, y a todos nos da igual, porque a la hora de ir a una manifestación la consigna es ‘golpea, insulta, chinga, pero que no te vean’, ellos mismos se contradicen, quien lleva celular o cámara es el enemigo directo, eso es de ley”.

La doctrina del Shock y la contrainsurgencia planificada

Gerardo Espino Balderas, activista y defensor de Derechos Humanos, quien también ha padecido el acoso por parte de policías del DF en su domicilio, levantones y amenazas, por el simple hecho de tomar fotografías y video en manifestaciones, opina que “el condicionamiento de los elementos policiacos algunas veces parece hasta maquiavélico. A muchos de los granaderos o personal de la policía auxiliar y que harán las funciones de resguardo de marchas, los hacen doblar turnos”.


Además de ello los citan desde las 5 de la mañana, aunque la manifestación sea por la tarde y durante ese tiempo provocan su enojo, incluso existen riñas entre los mismos elementos debido al nivel de estrés al que son sometidos, con el fin principal de generar el hartazgo y la violencia en ellos, para así justificar una represión. Espino Balderas asegura que “sí existe una dinámica para crear la violencia de parte del Gobierno del DF, e incluso algunos elementos se quejan de que este tipo de estrategias son usados precisamente para las manifestaciones”.

En ese sentido, los elementos que estén a cargo de vigilar las manifestaciones, siempre será personal cansado y por lo tanto irritable que buscará desfogarse si se lo permiten u ordenan. Calificando a esto como “una doctrina del Shock”, según Espino Balderas.


Sobre el concepto, el periodista Carlos Fazio, explica que dicha doctrina “fue creada por el monetarista Milton Friedman, padre de los Chicago Boys, que introdujo a sangre y fuego el neoliberalismo en América del Sur y se basa en la aplicación de eventos violentos o traumáticos para infundir miedo, temor y pánico a los individuos, con el fin de debilitarlos y doblegarlos”.

En palabras de Isaac, “el sueldo es miserable, el trato de la chingada y los horarios de tortura. Eso sí sabemos mucho, conocemos a algunos de los que se dicen activistas, si la policía hablará la sociedad pensaría otra cosa de algunos que juegan para ambos bandos, nosotros no resguardamos manifestaciones, vamos a castigar revoltosos”.

El 14 de enero de este año, quedó publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los nuevos protocolos ante el Sistema Penal Acusatorio, en donde se puntualiza que los policías capitalinos, deberán usar candados de mano, abstenerse de cometer actos de tortura o intimidación, apegándose así a los derechos humanos, teniendo como única misión preservar el lugar de hechos delictuosos.


Fundamentando que las detenciones sólo se llevaran a cabo sólo si, existe mandato ministerial, jurisdiccional y cuando exista flagrancia; todo bajo la premisa de respetar los derechos humanos.

Haciendo énfasis en el respeto, poniendo inmediatamente a disposición de la autoridad competente al probable responsable, hacerle saber sus derechos a la persona detenida, y abstenerse de cometer actos de intimidación, discriminación, tortura y cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante.


Sin dejar de mencionar que si llegado el caso existe la necesidad de usar la fuerza, los policías deberán hacer prevalecer los principios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y no autoincriminación.

Esto se da, semanas después de que granaderos de la policía capitalina irrumpiera en el campamento ubicado frente a la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de un operativo que provocó el levantón de dos jóvenes activistas que protestaban por la liberación de sus compañeros, detenidos por la Policía Federal, a esto se sumó el ataque violento hacia el director general de este medio, César Hernández Paredes y Gustavo Aguado, director de Revolución 3.0 Michoacán, por haber grabado los hechos.

Para la abogada Sofía de Robina, miembro del Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios (CAUSA), los ataques de la policía hacia los manifestantes ya son comunes en cada movimiento, aun cuando es pacífico, porque “si llevas un teléfono o una cámara eres de alta peligrosidad para ellos. Agrega “me tocó vivir de cerca la experiencia de una violación a derechos humanos; el 8 de noviembre en el contexto de Ayotzinapa, cuando sucede lo del desmán a la puerta de palacio, la policía no hizo nada de inmediato, sino que fue hasta después que comenzaron a arrestar a quien cualquiera”.

Ya que según explica “pareciera que deben de mantener un saldo de personas detenidas para exhibir que sí hicieron su trabajo, que sí hubieron revoltosos, en ese sentido, un amigo con el que fui a la marcha, antes de retirarnos vio como detenían a un chico de forma violenta, como es normal tomó el celular y comenzó a grabar el hecho, de pronto un civil lo señaló, fue así como la policía fue tras él, lo detuvieron, le golpearon la cabeza hasta sangrar y le quitaron el teléfono, porque para ellos parecen sentir la amenaza latente de que se evidenciará su actuar ilegal”.


De Robina coincide en que las malas condiciones de trabajo, doblar jornadas y estar durante varias horas en una posición, son algunos de los elementos para la rabia que surge en los elementos policiales, quienes al recibir la orden de proceder, lo hacen para atacar, “y lo preocupante es que pocas veces hay investigaciones hacia los policías que actúan de forma ilegal, mucho menos para quienes dan las ordenes, no se sabe ni quiénes son”, agrega.

Pareciera que el gobierno en turno decide hasta qué punto se puede mantener la indignación y cuando ordenar que ya fue suficiente y los manifestantes deben detenerse, cuando ya no le parece, cuando ya afecta su gobernabilidad, entonces en ese momento el mensaje es “hasta aquí llegaron y ya no podrá seguir manifestándose de esta manera”, comenta De Robina.


Asimismo enfatiza que la policía incumple todas las normas y protocolos de Derechos Humanos en pocos minutos dentro de una manifestación, fue así como perdió la confianza y legitimidad como organismo en pro de una sociedad. Y cita el ejemplo de las manifestaciones del octubre y diciembre pasados, quienes afirmaban que les resultaba preocupante ser detenido o siquiera estar cerca de la policía, ya que creían, incluso que podrían ser capaces de desaparecerlos. “Me parece increíble que las personas que se supone están a cargo de nuestra seguridad, sea a quien más miedo y pavor les tenemos, la SSP esté totalmente deslegitimada”, comenta.

Espino Balderas complementa lo anterior, afirmando que cuando un estado está en vías de descomposición y elevados los índices de corrupción, violencia y narcotráfico, surgen grupos que exigen restablecimiento de la paz y seguridad pública, así se incrementan los comunicados de guerrillas o supuestas guerrillas, las acciones paramilitares y la explosión de las autodefensas, además de manifestaciones constantes, es ahí cuando el gobierno necesita estabilizar y quienes demuestran estar en contra de éste, por medio de movimientos sociales, se da la tendencia de desactivar bases, generalmente por ataques y golpeteo a grupos estudiantiles, provocando ciertas situaciones de crisis o esquizofrenia en activistas, citando como ejemplo los balazos que se dieron en la Universidad Autónoma de México (UNAM), por parte de la policía, a lo que se le puede calificar como una acción de contrainsurgencia bien ensayada, con la asesoría de grupos extranjeros.

A la par de esto, en la policía del DF existe la tendencia de repetir el patrón de detenciones y desactivaciones de movimientos, perpetrado por el Gobierno Federal y eso incluye la persuasión o presión de jueces, convirtiéndose así en una regencia y no en una jefatura de gobierno.


Espino Balderas concluye que ataques como el llevado a cabo en la UNAM, es un síntoma de la enfermedad del sistema. Y explica que “cuando un policía del DF reacciona sacando el arma y disparando en un espacio como Ciudad Universitaria (CU), estamos hablando de que existe una conciencia de impunidad, derivado de una política de gobierno que le permite a él estar confiado al hacerlo”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.

Una “burla total”, postulación de Pavlovich por el PRI en Sonora: Padres del ABC

HERMOSILLO, Son: La elección de Claudia Pavlovich Arellano como abanderada del PRI a la gubernatura de la entidad es “una burla total” y “lastima” la memoria de los 49 niños que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

Así lo aseguraron los padres de los infantes al recordar que en ese tiempo, en su calidad de diputada local por el Distrito 14 (Hermosillo Noreste), Pavlovich redactó una serie de cartas dirigidas al Juzgado Primero de Distrito, en las que manifestó la “alta solvencia moral e intachable honorabilidad” de los propietarios de la guardería ABC.

Entre ellos destacan: Marcia Matilde Alta Gracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón; Gildardo Francisco Urquídez Serrano, exsecretario de Finanzas de Eduardo Bours; Sandra Lucía Téllez, concuña de Urquídez Serrano; Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, compadre de Bours, y José Matiella Urquídez, apoderado legal de la nave industrial donde se encontraba la estancia infantil.

Julio César Márquez, padre de “Yeyé”, uno de los niños que perdió la vida en el incendio, calificó de “terrible” la postulación de Claudia Pavlovich, y aseguró que “dolió tanto como aquel 5 de junio”.

Añadió: “Son casi seis años de impunidad y de darse cuenta que para las instituciones y los institutos políticos como el PRI no significamos nada. La muerte de nuestros hijos no importó y a nadie ha recordado en esta elección que Pavlovich Arellano se coludió con los socios de la guardería”.

La decisión priista, subrayó, “lastima” la memoria de los 49 niños fallecidos y evidencia la “falta de moral” de los militantes tricolores.

Para Celia Lara, madre de Juanito, la sucesión del poder en México “es una maldita cadena de ambición, corrupción y maldad política”.

El que hayan elegido a Claudia Pavlovich, apuntó, “es una burla total porque fue escogida para representar el cargo más importante en el estado y ya demostró que no tiene sentimiento ante un dolor tan grande como es perder a un hijo.
“Esta persona no puede ser candidata, pues en su momento prefirió defender a los dueños de la guardería que a 49 niños indefensos y más de 70 lesionados”, enfatizó.

Roberto Zavala, padre del pequeño Santiago de Jesús, aseguró que la recién electa precandidata priista fue “premiada por sus malas acciones”.

“Los políticos nos envían un claro mensaje a todos los mexicanos: No nos interesan ustedes, ni los niños, sólo el beneficio nuestro. Esta es la manera en la que piensan, ajenos a la realidad”, externó.

Y todavía peor, añadió, para la precandidatura priista contendieron con mayor ímpetu los senadores Claudia Pavlovich y Ernesto Gándara, alcalde de esta ciudad en 2009, ambos “autoimplicados” en el incendio de la guardería.

“La primera por defender a los propietarios de la instancia infantil, y el segundo por actuar de manera omisa como presidente municipal”, concluyó.

Juicio ciudadano

El 5 de marzo de 2010 se organizó en la plaza Emiliana de Zubeldía, ubicada a un costado de la Universidad de Sonora, un juicio ciudadano contra los socios de la guardería.

En aquella ocasión el “jurado ciudadano” declaró culpables a los inversionistas de la guardería ABC por no respetar las normas del Instituto Mexicano del Seguro Social y por no contratar personal capacitado.

También por evadir la responsabilidad de atender a las víctimas, permitir la instalación de la guardería en una bodega junto a una gasolinera y no atender los dictámenes después de las inspecciones que se realizaron al inmueble.

Los presuntos responsables de la muerte de 25 niñas y 24 niños, y de las lesiones ocasionadas a más de 70 menores, nunca fueron encarcelados. A la mayoría simplemente se les separó del cargo.


La más reciente noticia emitida por la Procuraduría General de la República en relación con la tragedia de la guardería ABC fue la del 2 de septiembre pasado, cuando dijo que los testimonios recabados por los padres de las víctimas eran insuficientes para fincar responsabilidades a los socios de la estancia infantil.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

“Gobierno de Peña, en su peor momento”, alerta Servitje

MÉXICO, D.F: Ante los hechos recientes de violencia y el pobre crecimiento económico del país, el fundador del Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje, aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto está “en su peor momento”.

Al ser testigo de honor en el lanzamiento de un Código de Integridad Ética Empresarial –firmado por al menos 30 organismos privados y promovido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)– el empresario de 96 años de edad soltó:

“Nuestro presidente está en su peor momento. Leía yo en la revista The Economist, que en estos últimos años en América Latina no hay nadie que haya tenido tan bajo reconocimiento social”.

De acuerdo con el texto de la publicación británica, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desencadenó la crisis de credibilidad en el gobierno federal, aunada a los conflictos de interés persistentes.

Eso, dijo Servitje, “es muy peligroso, no podemos aceptar eso”.

Pese al respaldo empresarial a Peña Nieto, el fundador de la panificadora más grande del país lanzó que “la realidad actual de México está triste en crecimiento económico y valoración del desempeño de la figura presidencial”.

De hecho, alertó que la economía mexicana debería estar creciendo a tasas superiores de 6%, cuando actualmente está más cercana a 2%.

Pero eso no fue todo. El empresario advirtió que si no se garantizan las condiciones de seguridad, no habrá inversiones y, por lo tanto, se detendrá el crecimiento económico.

CCE presenta código anticorrupción

El Consejo Coordinador Empresarial lanzó este martes el “Código de Integridad y Ética Empresarial”, ante la crisis de seguridad y la elevada corrupción que se vive en el país.

El propósito, según el organismo, es “demostrar un compromiso de intolerancia hacia actos de soborno, cohecho y de corrupción y, de manera positiva, contribuir a mejorar los estándares de veracidad, integridad, ética y honestidad en toda relación de negocios y en su desarrollo empresarial”.

El Código está basado en 12 principios que buscarán cumplir las empresas integrantes del CCE relacionados con la eliminación de la corrupción, la transparencia, la integridad en las inversiones y en las relaciones de negocios, transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos, libertad en la participación política de los colaboradores y existencia de controles de verificación.

Además, señalan la responsabilidad en la política para evitar la corrupción, compromiso con la cultura de la integridad y honestidad en los negocios, desarrollo de programas de cumplimiento, comunicaciones internas y confiabilidad, fomento a la cultura de la integridad y transparencia en los negocios.

El CCE señaló que en la medida en que las empresas adopten principios que conlleven a una estrategia coherente de integridad y ética y se permeé un compromiso social de combate a la corrupción, se restaurará la confianza de la ciudadanía en las instituciones, llevando a un crecimiento económico más robusto, transparente y equitativo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.