WOLA expresó, en un amplio comunicado, que México vive una crisis de derechos humanos y el Presidente Enrique Peña Nieto parece no entenderlo. El viernes, The Economist dijo algo similar, pero con la corrupción: “simplemente no lo entiende”, expresó la prestigiada revista inglesa, de los medios más influyentes en la comunidad de negocios y economía del mundo. Algo similar expresó hoy la Oficina de Washington para Latinoamérica en referencia al caso Iguala. “México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender Peña Nieto”.
También esta tarde, más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, así como defensores de derechos humanos, reprobaron la teoría de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre que los estudiantes de Aytozinapa fueron secuestrados, quemados y arrojados a basurero de Cocula. No compraron la versión oficial porque, dijeron, no se cuenta con pruebas científicas suficientes para decir que así sucedió.
Ayer, el Procurador Jesús Murillo Karam pareció desechar cualquiera otra versión o línea de investigación. Llamó a la suya “verdad histórica” y la plasmó en un video con música que también fue criticado por WOLA.
Las organizaciones civiles en México dijeron que hay elementos suficientes para mantener la línea de investigación abierta y la búsqueda con vida de los estudiantes, a fin de llegar a la verdad de los hechos y el castigo a todos los responsables. A 120 días de los hechos, reprobaron que el Gobierno federal no cumpla con los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación “pretenda poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años”.
Los grupos civiles firmantes critican, como Amnistía Internacional y como Human Right Watch antes, que la tesis de Murillo Karam deja de lado a las fuerzas armadas. “La participación del Ejército no ha sido investigada a cabalidad [...]. Contrario a ello, los estudiantes normalistas, madres y padres de familia, así como defensoras y defensores de derechos humanos que acompañan el caso, han sido objeto de campañas de difamación y desprestigio, agresiones físicas e intimidación, y su palabra y valoración no ha sido tomada en cuenta en las recientes acciones del Gobierno Federal”.
“Ejemplo una de las agresiones es la acción ocurrida el pasado 12 de enero de 2015, en el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, ubicado en Iguala, Guerrero, en donde militares agredieron a familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos, quienes desde un inicio han exigido la apertura de los cuarteles militares para cerciorarse si sus hijos se encuentran o no dentro de los cuarteles. Una vez más, el Ejército ponderó el uso de la fuerza en lugar de crear las condiciones necesarias para el diálogo con familiares y normalistas, quienes exigen a las autoridades federales el esclarecimiento del papel del Ejército en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014″, dijeron las organizaciones en el comunicado.
Exponen varios puntos al gobierno de México para garantizar la aplicación de la justicia.
- No cerrar el caso Ayotzinapa hasta que las familias tengan certeza científica y jurídica del paradero de sus hijos y hasta que todas/os los autores materiales e intelectuales sean sancionados.
- Se creen mecanismos eficaces para garantizar la no repetición de los hechos.
- Se agoten todas las líneas de investigación y se esclarezca la participación de la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales.
- Se creen mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos y sus represenantes, a fin de garantizar el ejercicio de su derecho a la verdad y se cercioren si sus hijos se encuentran o no en dicho lugar.
- Se respeten las valoraciones y los resultados de las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se garanticen las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica que ha sido asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos; así como para contribuir en las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a los responsables, y la asistencia a los familiares, pueda realizar sus actividades a cabalidad, como se estableció y oficializó el pasado 29 de octubre y 18 de noviembre de 2014, respectivamente en el acuerdo firmado entre la CIDH, el Estado Mexicano y los representantes de las víctimas.
- Que el Gobierno Federal actué de manera contundente para desmantelar a los grupos delincuenciales que atentan contra la estabilidad y seguridad de nuestro país y que hoy en día han hecho de México un territorio de miles de personas desaparecidas.
- Cese de la represión y criminalización, contra miembros de la sociedad civil, que en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, han sido detenidos arbitrariamente en el marco de las acciones en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa.
- Cese del desprestigio y criminalización de los estudiantes normalistas, padres y madres de familia, así como de las y los defensores de derechos humanos que acompañan el caso. Así como garantías de su seguridad.
- Se establezcan mecanismos eficaces de comunicación en los que se priorice la interlocución y necesidades específicas de las familias, estudiantes y organizaciones acompañantes.
EPN QUIERE CERRAR EL CASO YA
La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) afirmó que el Presidente Enrique Peña Nieto “claramente quiere superar este caso”, pues este caso “ha herido gravemente tanto su popularidad interna como su credibilidad internacional, sin embargo, todavía hay muchas preguntas sin respuesta”.
Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, dijo que era preocupante el peso que el gobierno le da a las confesiones de los supuestos autores materiales, “sobre todo cuando hay acusaciones de que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”. Mismo punto que señaló este día Amnistía Internacional.
“México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender el Presidente Peña Nieto”.Otro aspecto que considera preocupante WOLA es que no se haya dado tiempo para que el grupo de expertos externos de asistencia técnica, cuyo apoyo fue acordado entre el Estado mexicano, la y representantes de las familias en noviembre, lleve a cabo su labor.
Reiteraron que el caso de los estudiantes no es aislado ya que el Estado mexicano no ha podido dar respuestas contundentes a los miles de familias de víctimas de desapariciones forzadas y otras víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país y tampoco ha investigado y sancionado a los agentes responsables, a cualquier nivel.
WOLA también resaltó el video que presentó ayer Murillo Karam, la Oficina de Washingtón asegura que es “tipo ‘documental’, producido por el mismo gobierno, con una narración sombría y recreaciones animadas de los violentos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-01-2015/1232948.
