Bajo las órdenes del General Felipe Gurrola Ramírez, el Gobierno Federal anuncia el envío de 3 mil militares más a Michoacán. El objetivo sigue siendo Servando Gómez ‘La Tuta’.
Tras el anuncio del gobernado sustituto Salvador Jara de que será el gobierno estatal el que de nueva cuenta retome el control de las acciones de seguridad, el Gobierno Federal volvió a la añeja fórmula de militarizar la entidad en aras de lograr la pacificación de Michoacán. El nuevo proceso de militarización -tras la designación del general Felipe Gurrola Ramírez como mando especial en materia de seguridad para el estado- no dista de las acciones que en su momento aplicó el presidente de la República, Felipe Calderón, en diciembre del 2006. A la lucha contra el crimen organizado que se ha declarado actuante en algunos reductos de la zona sur de Michoacán, se han designado al menos otros 3 mil soldados, con lo que la cifra de elementos del gobierno en acciones de combate al narcotráfico estaría llegando a más de 12 mil, entre Policías Federales, gendarmería nacional, elementos de la Marina Armada y de la Secretaría de la Defensa Nacional. El General Gurrola Ramírez explicó que la intención de ese despliegue es retornar al estado de derecho que le fue arrebatado a la sociedad por las células criminales. La acción militar tiene como principal objetivo el desmantelamiento del cártel de Los Caballeros Templarios, del que se ha reconocido oficialmente que continúa con acciones violentas. No estaban muertos Apenas en noviembre pasado, el enviado presidencial para la pacificación y desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, anunció que el cártel de Los Caballeros Templarios ya estaba desmantelado como resultado de la anulación de su capacidad financiera y la eliminación de algunos de sus principales líderes. Ahora el mando militar le corrige la plana al excomisionado. El objetivo, (otra vez) ‘La Tuta’ El despliegue militar en Michoacán tiene como finalidad la detención de Servando Gómez Martínez, el jefe principal del cártel de Los Caballeros Templarios. El líder visible del principal cártel de las drogas en Michoacán, es de todos los narcotraficantes el que más elementos federales ha movilizado tras de sí. Ni Joaquín “El Chapo” Guzmán -considerado el capo de las drogas de mayor notoriedad en los últimos 15 años- había concentrado tal Fuerza Federal con el objetivo de su captura. Para la detención de “El Chapo”, la Federación envió cerca de 6 mil solados a Sinaloa. Para la detención de “La Tuta” ya suman 12 elementos los que han sido movilizados. La misma estrategia ¿nuevo resultado? El 6 de diciembre del 2006, el entonces presidente Felipe Calderón anunció la Operación Conjunta Michoacán, para encarar al crimen organizado. En ese momento ingresaron a la entidad 6 mil 714 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Policía Federal y de la PGR. A partir de ese momento, el estado de Michoacán pagó la incursión militar con más de mil muertos por año y cerca de 2 mil desaparecidos durante el sexenio. Ahora, la llegada de más tropas militares al estado fue aplaudida por el gobernador Salvador Jara, quien insistió en señalar que la estrategia de seguridad estará bajo la instrucción del gobierno estatal. Resaltó la colaboración con el mando especial designado por el Gobierno Federal hace apenas unos días. Las acciones de la Federación en la primera incursión formal contra el crimen en este sexenio han dejado la incautación de vehículos, armas, caballos e inmuebles a presuntos miembros del crimen organizado. Hasta el momento, se sostiene la versión de que tras el ingreso de Fuerzas Federales a la zona de Apatzingán, se han registrado al menos cuatro enfrentamientos de escasa duración, en donde no se ha oficializado ningún deceso ni heridos. La violencia en la zona en el sur de Michoacán se comenzó a generalizar desde la semana pasada, apenas se anunció la salida del comisionado Alfredo Castillo. En otras partes de la entidad, según reportes de la Procuraduría de Justicia de la entidad, desde la semana pasada se comenzó a disparar la delincuencia común. Se ha registrado incremento en robos a casa habitación, homicidios y asaltos a comercios. La versión oficial de la jornada de violencia que se vive en la Tierra Caliente apunta a una reacción de algunos grupos de civiles que se niegan a la presencia de las Fuerzas Federales en la zona. No operan otros cárteles De acuerdo a la visión del general Felipe Gurrola Ramírez, en el estado de Michoacán el único cártel que se mantiene operando es el de Los Caballeros Templarios. El mando militar descartó que el territorio esté siendo objeto de disputa entre otros grupos criminales con el cartel local. Para evitar que ingresen a la entidad otros cárteles, una vez que se desarticule el de Los Caballeros Templarios, Gurrola Ramírez estima un programa de blindaje al estado. Fortalecerá la presencia militar en las zonas limítrofes de Michoacán con Jalisco, Guerrero y Guanajuato.
Ese sería el mecanismo para cerrar el paso al ingreso de los cárteles de Los Zetas, que podrían llegar por el estado de Guanajuato, al cártel Jalisco Nueva Generación, que podría ingresar desde Jalisco y al cártel de los Guerreros Unidos, que entraría virtualmente desde el estado de Guerrero. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, la verdad sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa está en un basurero y en declaraciones tomadas como testimonios de delincuentes que, con base en torturas, pudieran haber dicho lo que la PGR quisiera. En el basurero de Cocula está la “verdad histórica” oficial en la que faltan personajes importantes como el Ejército y el exgobernador Ángel Aguirre Rivero. En casi todos los casos difíciles las autoridades basan sus juicios en la verdad jurídica y, con base en la comprobación de declaraciones y pruebas científicas, se emiten las sentencias. Para el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el procurador Jesús Murillo Karam actuó al revés por conveniencia. Sin pruebas contundentes y sólo basadas en dichos conformó la “verdad histórica” sin poder corroborar la historia de la supuesta incineración de los estudiantes confundidos con rivales por el grupo criminal de los Guerreros Unidos. La investigación de Murillo Karam bien podría irse a la basura si no ofrece la certeza que la sociedad busca en la desaparición de los estudiantes rurales en la que estuvieron involucrados el Ejército, la Policía Federal, el exedil de Iguala y Ángel Aguirre. No son suficientes 39 confesiones si éstas no son comprobadas, tampoco la detención de 99 personas –policías municipales y sicarios— si no están quienes son autoridades y no actuaron. No hay ninguna verdad si lo único que se quiere es construir a modo una versión y cerrar el caso para que los responsables, entre ellos personajes con intereses políticos dentro del propio gobierno federal, no sean tocados. Enredado en su propia maraña, Murillo Karam presentó la versión oficial sin tener prueba alguna que corrobore las confesiones de los criminales y policías. Su historia de que se usaron llantas, plástico, gasolina y desperdicios del basurero de Cocula para incinerar 43 cuerpos, sin que nadie se hubiera dado cuenta, carece de sustento pericial y ningún especialista independiente la acepta como cierta. La participación directa o indirecta del Ejército y la PF la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, es una línea de investigación que ni siquiera se tocó en el informe de Murillo, quien a pregunta expresa de los reporteros dijo que no se tenía prueba alguna de dicha participación en la desaparición de los estudiantes normalistas. “No hay razón, no hay nadie quien haya intervenido en nada en absoluto. No hay un solo elemento del Ejército que haya intervenido, excepto la ida a la clínica, en donde las declaraciones dicen que fueron, revisaron y se fueron”, aseguró el procurador cuando en la conferencia de prensa se le inquirió si había llamado a declarar a algún miembro del Ejército. Ahogado en su peor crisis, al gobierno de Peña Nieto le urge dejar atrás el caso de Ayotzinapa. “No podemos quedarnos atrapados en Ayotzinapa”, pidió Peña en un acto previo a la conferencia de Murillo Karam, en la cual éste quiso dar como cerrado el caso de los estudiantes desaparecidos.
Peña y su gobierno le apuestan al desgaste y al cansancio de una buena parte de la sociedad agobiada por la crisis, la violencia y el crimen organizado; pese a ello, esa ciudadanía se ha manifestado en las calles desde el año pasado, sobre todo exigiendo justicia para Ayotzinapa. Tal vez vayan menguando las protestas por este caso, pero seguramente habrá nuevas manifestaciones sociales de repudio al gobierno que cada vez muestra más su ineficacia, inoperancia e incapacidad, un gobierno digno de ser echado al basurero de Cocula. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: El director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, rechazó estar vinculado a la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero. Hernández Rivera desestimó la declaración de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, quien lo señaló como el responsable de enviar a los estudiantes a “realizar desmadres” la noche del pasado 26 de septiembre. “No es posible que se exprese sin ninguna evidencia”, reprobó el director de la Normal Rural en entrevista radiofónica con Grupo Imagen. El directivo informó que hasta el momento no ha sido citado a declarar por la Procuraduría General de la República por el caso Ayotzinapa. Los últimos días la prensa ha filtrado varias declaraciones de “El Cepillo”, quien se asume con el autor material de la muerte de los estudiantes.
El sicario del grupo delictivo Guerreros Unidos identificó al exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y al subdirector de policía del ayuntamiento de Cocula, César Nava González, como los hombres que le entregaron a los estudiantes la noche del pasado 26 de septiembre. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El cinismo se ha vuelto el sello de la casa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En un documento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes titulado “Transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto” la @SCT_mx muestra una estrategia para lograr esos propósitos en virtud de que casi todos los problemas de corrupción de @EPN han sido por cuenta y cargo de la @SCT_mx. En realidad se trata de un texto “apantallapendejos” (@JoseCarreno Dixit). Existen, por supuesto, elementos que permiten sustentar mis dichos. Veamos. La @SCT_mx sostiene que para garantizar que sus acciones de “transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto” llevará a cabo las siguientes acciones: (1) Reducirá “más de 2 mil 600 a 17 los expedientes clasificados como reservados”. Esto no es ninguna garantía de transparencia por la sencilla razón de que lo que seguramente harán será concentrar en esos 17 documentos el contenido que no se quiera abrir de los 2 mil 600 documentos. (2) Se “difundirán los elementos de las licitaciones en la página de internet de la Secretaría, la publicación de testimonios electrónicos de los procedimientos, desde su inicio y hasta la firma del contrato”. Lo que promete es cumplir con la ley que es su obligación por lo que es ofensivo a la inteligencia de los mexicanos ofrecer lo que la norma les obliga. En efecto, la Ley Federal de Transparencia dispone en su artículo 7 que son obligaciones de transparencia sin que medie solicitud: “XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato: a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico; b) El monto; c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y d) Los plazos de cumplimiento de los contratos”. (3) El “uso de auditores externos de prestigio internacional para vigilar el ejercicio de los recursos”. Si se da por bueno que a los auditores se les solicita la verificación total, que no son a modo, no aparece que esos resultados estarán a disposición del público para ser evaluados. (4) La @SCT_mx “firmó un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (@OECD) a fin de fomentar la integridad, la transparencia y las buenas prácticas de contratación pública en el desarrollo y construcción de uno de los proyectos más trascendentales de la actual administración: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante ese acto, solicitamos al doctor José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, hacer extensivo este acuerdo al Tren de Alta Velocidad México Querétaro.” Aquí existe un conflicto de interés habida cuenta que José Ángel Gurría es miembro del PRI desde 1968, según su currículum oficial y ex empleado del ex presidente Carlos Salinas que “asesora” al gobierno de @EPN. Por ello está impedido de poder hacer un análisis independiente. Es más debería excusarse de participar él y todo sus subordinados en este plan legitimidador de @EPN. (5) “Para el diseño, implementación y seguimiento de la estrategia que resulte de este análisis, contaremos con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública”. Esto es una afrenta a los mexicanos que saben que el titular de la @SFP_mx ahora encargado Julián Alfonso Olivas es nombrado y removido por el presidente @EPN por lo que jamás hará algo que atente contra sus jefes. ¿Alguien en su sano juicio podría creer que Olivas va a escupir al cielo? (6) “Se contara con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”. Aquí hay dos problemas. Por un lado, la normatividad que regula a este Instituto acota su participación y, por otro, de los siete comisionados sólo una minoría de tres tienen independencia real: @oscarguerraford , Areli Cano y @joelsas. (7) “se contará con la Comisión Federal de Competencia Económica”. En este caso las atribuciones legales de esta Comisión le impiden hacer un análisis exhaustivo por ser un órgano regulador y no un empleado de la @SCT_mx. (8) “Se contará con la asociación civil Transparencia Mexicana”. Este negocio del empresario Federico Reyes Heroles se ha convertido en el “testigo social” oficial que avala todo o casi todo por un “donativo” que supera los 600 mil pesos por firma, razón por la cual su parcialidad es pública y notoria. (9) “Se contará con la Academia de Ingeniería de la UNAM.” Si bien es verdad que se trata de una asociación respetable, también lo es que no se sabe cuál será el alcance de su participación ni se garantiza que sea pública. En suma, no hay nada nuevo y la aparente transparencia es una simulación pura y dura para engañar a la sociedad. No sólo no habrá un cambio favorable sino, como se ha visto, las cosas no seguirán igual, sino peor.
Posdata. En Guerrero las cosas van mal y de malas. Me escribió @marysoco08 quien ella y muchos más no han recibido el Apoyo al Programa Nuevo Guerrero que firmaron desde el 12 de diciembre del año pasado en Acapulco. A sus reclamaciones han tenido la lacónica respuesta: “tenga paciencia”. Ojalá esa “paciencia” la tuvieran los gobernantes al usufructuar el dinero del pueblo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS).
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal tiene nuevo socio electoral. Es Nueva Alianza. Le cederá candidaturas conjuntas para ir, en el proceso electoral intermedio de este verano, de la mano. El PRD fue un crítico permanente de Elba Esther Gordillo Morales, fundadora de ese partido. Fue también enemigo de Nueva Alianza, con el que fue sólo en algunas elecciones estatales donde el Sol Azteca no tiene presencia alguna. Pero ahora le compartirá la joya de la corona: el Distrito Federal. La capital del país ha sido gobernada por el PRD desde 1997, cuando la Regencia se convirtió en Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, su coto histórico está en riesgo por la presencia de un nuevo partido de izquierda que piensa capitalizar el descrédito que el PRD ha sufrido por tres razones, de acuerdo con los analistas: el gobierno mediocre con Miguel Ángel Mancera en la capital; la alianza de la cúpula perredista con el PRI y el Gobierno federal, y las acusaciones de corrupción y el descrédito que pesan sobre los principales dirigentes. Nueva Alianza (Panal) fue fundado por Gordillo Morales, ex dirigente magisterial conocida como “La Maestra”, metida a prisión después de años de acusaciones de corrupción. El Panal quedó registrado en 2005, año en el que era Presidente Vicente Fox, amigo de Gordillo. En 2006, Panal entró por primera vez a la competencia electoral de la mano del Partido Acción Nacional (PAN). Después, para el proceso de 2012, “La Maestra” intentó una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero no la logró. El Panal se fue solo, sin Enrique Peña Nieto.
Elba Esther Gordillo fue detenida poco después de que el PRI asumiera el control de Los Pinos. Está en el Reclusorio Femenil de Tepepan, acusada de por lavado de dinero y delincuencia organizada. Ahora, el PRD, en su peor momento histórico, se ha aliado a su partido para competir en la Ciudad de México, en donde enfrentará al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que dirige Andrés Manuel López Obrador. Pocas veces en su breve historia, Nueva Alianza había lanzado candidatos en fórmula con el PRD que, en teoría, fue un crítico de Elba Esther Gordillo. El Panal compitió en 2006 con el PAN por Guanajuato. En 2007, en Baja California ha ido varias veces con el PAN, con dos partidos locales y con el PRD, en 2013. En Puebla ayudó al triunfo de Rafael Moreno Valle en alianza con PAN, PRD y Convergencia. Pero su historia ha sido siempre con el PRI. En Campeche, desde 2009; en Colima, desde 2009; en Querétaro, desde 2009, en Aguascalientes, desde 2010; en Chihuahua, desde 2010. en Zacatecas, desde 2010; en Hidalgo, desde 2011; en Tamaulipas, desde 2011; en Quintana Roo, desde 2011; en el Estado de México, desde 2011; en Coahuila, desde 2011, y en Chiapas desde 2012.
La mayoría de las veces, PRI y Nueva Alianza han estado acompañados por otro partido de los llamados “satélite”: el Verde.
LA ALIANZA Los líderes capitalinos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Nueva Alianza acordaron hoy promover juntos a los candidatos para las jefaturas delegacionales en Iztapala y Cuauthémoc, así como en 20 distritos locales. A través de una carta, Raúl Flores García (PRD) y Jorge Gabiño Ambriz (PANAL) indicaron que “es de interés de ambos Institutos Políticos promover la Candidatura Común de los o las candidatos o candidatas para Jefes o Jefas Delegaciones en las Demarcaciones Territorales de Iztapalapa y Cuauhtémoc”. Ambos partidos tienen como fin “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”. Por su parte, será hasta el próximo 21 de febrero que el PRD elija a sus candidatos para las ambas demarcaciones así como de 18 distritos, mientras que Nueva Alianza propondrá a los candidatos para los distritos XXII de Iztapala y XXXIX de Xochimilco. IZTAPALAPA Iztapalapa es la delegación más densamente poblada y, por lo tanto, con la mayor cantidad de electores en la capital del país, con más de dos millones de habitantes. Estuvo mucho tiempo controlada por los hermanos René Arce Círigo y Víctor Hugo Círigo, quienes fueron delegados cuando aún militaban en el PRD. Ahora, los hermanos trabajan para el Partido Nueva Alianza (Panal), ligado a la ex líder magisterial. En cuanto al PRD hay cuatro precandidatos registrados, el nombre que más suena como quien podría ganar la candidatura es la Diputada local Dione Anguiano Flores, cercana al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y al Secretario de Gobierno Héctor Serrano, considerado su operador político. Anguiano es esposa de Alfredo Hernández Raigosa, titular de la Procuraduría Social del Distrito Federal, cargo que ella también ocupó. Además figuran la Diputada federal Aleida Alavez Ruiz, quien pertenece al grupo Izquierda Democrática Nacional (IDN), liderado por René Bejarano Martínez, y Carlos Augusto Morales, también cercano al Secretario Héctor Serrano. En 2009, el grupo de López Obrador logró sacar a los hermanos de Iztapalapa mediante una maniobra que consistió en imponer al candidato Rafael Acosta Ángeles, conocido como “Juanito”, para que, una vez ganada la elección, éste cediera su lugar a Clara Brugada Molina, cercana a Lopez Obrador. Ahora, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lanzó a Burgada como su candidata. CUAUHTÉMOC Por parte del PRD se registraron cinco precandidatos, entre ellos el Diputado federal José Luis Muñoz Soria y el Diputado local Agustín Torres Pérez, ambos ex jefes delegacionales de esa demarcación y ambos de la corriente IDN. El Delegado con licencia de Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez, también pertenece al grupo bejaranista. Por esa delegación también pelean Diana Sánchez Barrios, hija de la líder de comerciantes Alejandra Barrios, la actriz María Rojo y la Diputada local Lucila Estela Hernández.
Por su parte, Morena ha dispuesto como su candidato a Ricardo Monreal Ávila, ex Gobernador de Zacatecas, actual Diputado federal. Morena ha dispuesto como su candidato a Ricardo Monreal Ávila, ex Gobernador de Zacatecas, actual Diputado federal y coordinador de la bancada morenista en la Cámara baja (integrada por 15 legisladores del PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano). FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/28-01-2015/1232639.
Docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de México (UAM), Xochimilco encabezados por los padres y familiares de los 43 alumnos desaparecidos, marcharon sobre Calzada de Hueso para exigir justicia en el caso Ayotzinapa. Los alumnos salieron del plantel Xochimilco con rumbo a la Alameda Sur, en Canal de Miramontes y Calzada de Las Bombas. “Fue el Estado, fue el Estado”"Fue el Estado, fue el Estado” gritaban los jóvenes durante la manifestación. Mientras tanto en el plantel UAM inauguraron un jardín dedicado a los normalistas de Ayotzinapa, con motivo de la visita de los familiares al plantel. Junto a la biblioteca de la Unidad formaron un 43 con plantas. Los familiares recalcaron que no creen en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), que ayer informó que los normalistas fueron calcinados y están muertos. “Son mentiras. Nosotros sabemos que nuestros hijos están vivos, tenemos esa esperanza. El gobierno nos ha dicho muchas mentiras, pero no nos va a convencer”, expresaron familiares ante estudiantes de la UAM. A CUATRO MESES, SIGUEN MANIFESTACIONES El pasado lunes 26 de enero, cuatro marchas simultáneas colmaron la capital del país para respaldar esa demanda, como parte de la octava Acción Global por Ayotzinapa. Decenas de miles de personas acompañaron a los padres de los normalistas desaparecidos en sendas movilizaciones en el norte, sur, oriente y poniente de la ciudad, que confluyeron hacia la tarde en el Zócalo capitalino. El vocero de los familiares de los normalistas, Felipe de la Cruz, explicaría más tarde que las cuatro rutas recorrieron, en total, la simbólica distancia de 43 kilómetros. En Guadalajara, Mérida, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Saltillo, Cuernavaca, entre otras ciudades del país, también hubo movilizaciones o actos de apoyo. La solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos encontró eco, una vez más, en ciudades de Estados Unidos, España, Reino Unido, Bélgica e Italia, como ha ocurrido anteriormente desde que la noticia de los 43 estudiantes desaparecidos por agentes del Estado cimbró a nivel internacional.
Acompañados por organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Unión Nacional de Trabajadores y estudiantes y trabajadores de la UNAM, los familiares de los normalistas caminaron desde la mañana, a paso lento, desde las estaciones del Metro Indios Verdes, Taxqueña, Zaragoza y Auditorio, hacia el Zócalo. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/28-01-2015/1232967.
Esperamos una respuesta contundente por parte del Congreso para que transite una ley anticorrupción, dice a MVS Gutiérrez Candiani.
Después de reconocer que de una parte de la corrupción los empresarios “tenemos una culpa”, el Consejo Coordinador Empresarial decidió emitir un código de ética, explicó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, Gutiérrez Candiani recordó que desde hace dos años tenían temas importantes en la agenda por México, con pilares importantes, entre ellos el de la modernización económica y los temas sociales. Enfatizó que se han propuesto participar en el combate a la corrupción e impunidad, ya que “es un tema que preocupa por los efectos, que le hacen mucho daño a la sociedad, a la inversión y al empleo”. El martes 27, el CCE dio a conocer su código para combatir la corrupción en el país y “tenemos esperanza de que las empresas se autorregulen”. Además comentó que en la presentación de su código, estuvieron presentes más de 30 organizaciones del país, de las cuales espera que “lo suban y lo puedan transmitir en todos los niveles”. La idea es que las empresas puedan implementar el código de ética y “luego bajen a las empresas afiliadas que son ciento de miles”. También aseveró que “lo más importante es que a partir del 1 d febrero, tengamos una respuesta contundente por parte del Congreso y transite una ley anticorrupción, con autonomía suficiente”.
“La gran parte (del combate a la corrupción) es lo que vaya a hacer la clase política mexicana”, agregó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
La Comisión de Quejas del instituto determinó únicamente el retiro cautelar del logotipo y la frase “Mover a México”.
Por considerar que podría constituir propaganda política, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro cautelar del logotipo y la frase “Mover a México” incluida en las cajas que contienen los televisores que se entrega a la población como parte de la transición a la televisión digital terrestre. Los integrantes de la Comisión del Instituto Nacional Electoral (INE), determinaron que el retiro cautelar incluye los promocionales y la papelería relacionada con el referido programa, dado que podría generar inequidad en el marco del proceso electoral federal en curso. La medida cautelar aprobada por unanimidad se acordó en tanto se resuelve de fondo la queja que presentó el viernes 23 de enero, el representante del partido Morena ante el INE, Horacio Duarte y en la que argumentó que la entrega de aparatos viola los artículos 41 y 134 de la Constitución. Sin embargo, la Comisión determinó únicamente el retiro cautelar del logotipo y la frase “Mover a México”, no así la suspensión de la entrega de televisores.
Integran la Comisión los consejeros electorales Beatriz Eugenia Centeno Galindo, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, aunque durante la discusión y posterior determinación de la queja estuvieron presentes otros consejeros entre ellos Arturo Sánchez y Pamela San Martín. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Le siguen el sistema de cárceles federales (Segob), la Sedena, la Policía Federal y el ISSSTE, en los primeros cinco lugares por número de quejas.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que la autoridad señalada como responsable de más violaciones a derechos humanos en 2014 fue el IMSS, con mil 542 casos de quejas ante este organismo. Al rendir su informe en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también señaló como autoridades con más casos al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), con mil 177 quejas. Siguen la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 642; Policía Federal, 580; ISSSTE, 538; Secretaría de Educación Pública (SEP), con 530; Procuraduría General de la República (PGR), con 487; Instituto Nacional de Migración (INM), con 450; a la Secretaría de Marina Armada de México, con 374, y el INFONAVIT, con 326 quejas. Indicó a los senadores y diputados que con relación a las autoridades que no aceptaron las recomendaciones de la CNDH, todas ellas del ámbito municipal, el organismo nacional ejercerá plenamente sus facultades. “Es de subrayarse que cinco autoridades no aceptaron las recomendaciones del Ombudsman nacional. Me refiero a los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz; Ahuacotzingo, Guerrero; Florencio Villarreal, Guerrero, y Guachinango, Jalisco. La CNDH ejercerá plenamente las facultades con que cuenta ante el rechazo o incumplimiento de sus recomendaciones”, subrayó. En cuanto a la información cuantitativa de las acciones desarrolladas, González Pérez explicó que se revisará el diseño y esquemas operativos para que los programas de atención se enfoquen a las víctimas y a los temas prioritarios de cada área, a fin de que se refleje la incidencia real de las acciones en la materia a la que sean dirigidas. Precisó que en adelante, la CNDH será acuciosa en la evaluación, seguimiento y ponderación de la eficacia de estas acciones, para garantizar su contribución a la convivencia democrática, cuyo centro sea el respeto a los derechos humanos. Agregó que en lo sucesivo, el informe del Ombudsman ante los Poderes de la Unión presentará un reporte de la situación de los derechos humanos en México, los obstáculos que enfrenta su gestión, las autoridades renuentes a colaborar o a cumplir recomendaciones y, por supuesto, las reformas necesarias que abonen a mejorar el respeto y defensa de los derechos humanos González Pérez también informó que se establecerán criterios objetivos para la calificación de las violaciones graves a derechos humanos, con parámetros sustentados en prácticas internacionales en favor de la protección a las víctimas. En cuanto a las violaciones graves a derechos humanos, durante el periodo que se reporta (enero-diciembre 2014) este organismo nacional formuló una sola recomendación, la cual fue dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla. Dicha recomendación fue con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, y refirió que ante la complejidad de las violaciones denunciadas, se da seguimiento puntual a su cumplimiento. Indicó que se emitió una Recomendación General sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos. “Es pertinente señalar que en este tipo de recomendaciones sería deseable que las mismas requirieran la aceptación por parte de las autoridades a las que van dirigidas, razón por la cual, se tendrían que promover las reformas legales conducentes para que tuvieran mayor fuerza y su contenido sirviera para formular políticas públicas”, apuntó. Al concluir su informe, planteó a los legisladores que la lucha en contra de la impunidad y en favor de la vigencia del Estado democrático y social de derecho es hoy un clamor nacional, pero la condición para avanzar decididamente en esta área es el combate frontal contra la corrupción.
“Requiere la aplicación de controles más estrictos para propiciar una cultura de actuación institucional sustentada en el respeto a la ley, la austeridad y la integridad de los servidores públicos”, concluyó. FUENTE: ARISTEGUIN NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Freedom House desmejoró la calificación de México debido a la desaparición forzada de 43 estudiantes, a la que calificó como una "atrocidad que demostró el alcance de la corrupción entre las autoridades locales y el ambiente de impunidad".
Nuevas restricciones a la libertad de expresión en Ecuador, impunidad en México por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la represión a las protestas callejeras en Venezuela fueron las principales tendencias en materia de libertades en el hemisferio durante 2014, de acuerdo con un informe difundido este miércoles 28 de enero por la organización no gubernamental Freedom House. Al presentar su reporte anual sobre las libertades en el planeta, Freedom House desmejoró la calificación de México debido a la desaparición forzada de 43 estudiantes en septiembre, a la que calificó como una “atrocidad que demostró el alcance de la corrupción entre las autoridades locales y el ambiente de impunidad”. Así, la organización clasifica a México como una nación parcialmente libre al igual que Honduras, Belice, Guatemala , Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay, mientras que Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay fueron calificadas como naciones libres en el continente americano. El reporte presentado mantiene a Cuba como el único país del continente cuyos habitantes no son libres, pero dio cuenta de una leve mejoría debido a la aparición del medio digital independiente 14 y medio. La organización estadounidense señaló que si bien continúa siendo ilegal imprimir y distribuir publicaciones independientes en la isla caribeña, periodistas independientes han hallado maneras de compartir sus textos en el ciberespacio. El informe también destaca que La Habana liberó a decenas de prisioneros políticos como parte de las conversaciones adelantadas con Washington por la normalización de relaciones diplomáticas. El documento señala a las autoridades ecuatorianas de contratar el año pasado firmas para remover de sitios web como YouTube contenidos considerados desfavorables al gobierno, y de invocar una ley de comunicaciones sancionada en 2013 para enjuiciar a internautas críticos al presidente Rafael Correa. La organización acusa a Venezuela de aumentar de manera sustancial la cantidad de prisioneros políticos en 2014, mientras sus dirigentes denunciaban conspiraciones foráneas para fortalecer su coalición política. “Considerado alguna vez como el modelo posible para gobiernos izquierdistas-populistas en América Latina, el sistema instaurado por el difunto Hugo Chávez ahora es un caso para estudiar disfunción económica y política”, dijo el informe. La organización denunció también que la libertad de desplazamiento se vio afectada debido al incremento de violencia criminal en El Salvador y Honduras. Freedom House, que desde los años 40 publica un informe anual sobre la democracia y las libertades en el mundo, dijo que las libertades sufrieron el año pasado el mayor debilitamiento de los últimos 25 años, debido a una explosión de violencia terrorista y al uso de tácticas brutales por parte de gobiernos autócratas.
De los 195 países evaluados con una puntuación del 1 al 7, 61 experimentaron retrocesos y apenas 33 vieron mejorías, señaló Freedom House. Reporte íntegro publicado por Freedom House. Freedom House 2015:
La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, en sus siglas en inglés) criticó al gobierno mexicano por querer cerrar apresuradamente la investigación sobre Ayotzinapa. Dijo que es prematuro y alarmante porque “aún quedan varios pendientes a resolver. Sólo reforzará la percepción de que el gobierno no está comprometido con el Estado de Derecho”. WOLA expresó, en un amplio comunicado, que México vive una crisis de derechos humanos y el Presidente Enrique Peña Nieto parece no entenderlo. El viernes, The Economist dijo algo similar, pero con la corrupción: “simplemente no lo entiende”, expresó la prestigiada revista inglesa, de los medios más influyentes en la comunidad de negocios y economía del mundo. Algo similar expresó hoy la Oficina de Washington para Latinoamérica en referencia al caso Iguala. “México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender Peña Nieto”. También esta tarde, más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, así como defensores de derechos humanos, reprobaron la teoría de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre que los estudiantes de Aytozinapa fueron secuestrados, quemados y arrojados a basurero de Cocula. No compraron la versión oficial porque, dijeron, no se cuenta con pruebas científicas suficientes para decir que así sucedió. Ayer, el Procurador Jesús Murillo Karam pareció desechar cualquiera otra versión o línea de investigación. Llamó a la suya “verdad histórica” y la plasmó en un video con música que también fue criticado por WOLA. Las organizaciones civiles en México dijeron que hay elementos suficientes para mantener la línea de investigación abierta y la búsqueda con vida de los estudiantes, a fin de llegar a la verdad de los hechos y el castigo a todos los responsables. A 120 días de los hechos, reprobaron que el Gobierno federal no cumpla con los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación “pretenda poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años”. Los grupos civiles firmantes critican, como Amnistía Internacional y como Human Right Watch antes, que la tesis de Murillo Karam deja de lado a las fuerzas armadas. “La participación del Ejército no ha sido investigada a cabalidad [...]. Contrario a ello, los estudiantes normalistas, madres y padres de familia, así como defensoras y defensores de derechos humanos que acompañan el caso, han sido objeto de campañas de difamación y desprestigio, agresiones físicas e intimidación, y su palabra y valoración no ha sido tomada en cuenta en las recientes acciones del Gobierno Federal”.
“Ejemplo una de las agresiones es la acción ocurrida el pasado 12 de enero de 2015, en el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, ubicado en Iguala, Guerrero, en donde militares agredieron a familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos, quienes desde un inicio han exigido la apertura de los cuarteles militares para cerciorarse si sus hijos se encuentran o no dentro de los cuarteles. Una vez más, el Ejército ponderó el uso de la fuerza en lugar de crear las condiciones necesarias para el diálogo con familiares y normalistas, quienes exigen a las autoridades federales el esclarecimiento del papel del Ejército en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014″, dijeron las organizaciones en el comunicado. Exponen varios puntos al gobierno de México para garantizar la aplicación de la justicia.
No cerrar el caso Ayotzinapa hasta que las familias tengan certeza científica y jurídica del paradero de sus hijos y hasta que todas/os los autores materiales e intelectuales sean sancionados.
Se creen mecanismos eficaces para garantizar la no repetición de los hechos.
Se agoten todas las líneas de investigación y se esclarezca la participación de la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales.
Se creen mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos y sus represenantes, a fin de garantizar el ejercicio de su derecho a la verdad y se cercioren si sus hijos se encuentran o no en dicho lugar.
Se respeten las valoraciones y los resultados de las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se garanticen las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica que ha sido asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos; así como para contribuir en las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a los responsables, y la asistencia a los familiares, pueda realizar sus actividades a cabalidad, como se estableció y oficializó el pasado 29 de octubre y 18 de noviembre de 2014, respectivamente en el acuerdo firmado entre la CIDH, el Estado Mexicano y los representantes de las víctimas.
Que el Gobierno Federal actué de manera contundente para desmantelar a los grupos delincuenciales que atentan contra la estabilidad y seguridad de nuestro país y que hoy en día han hecho de México un territorio de miles de personas desaparecidas.
Cese de la represión y criminalización, contra miembros de la sociedad civil, que en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, han sido detenidos arbitrariamente en el marco de las acciones en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa.
Cese del desprestigio y criminalización de los estudiantes normalistas, padres y madres de familia, así como de las y los defensores de derechos humanos que acompañan el caso. Así como garantías de su seguridad.
Se establezcan mecanismos eficaces de comunicación en los que se priorice la interlocución y necesidades específicas de las familias, estudiantes y organizaciones acompañantes.
EPN QUIERE CERRAR EL CASO YA La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) afirmó que el Presidente Enrique Peña Nieto “claramente quiere superar este caso”, pues este caso “ha herido gravemente tanto su popularidad interna como su credibilidad internacional, sin embargo, todavía hay muchas preguntas sin respuesta”.
Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, dijo que era preocupante el peso que el gobierno le da a las confesiones de los supuestos autores materiales, “sobre todo cuando hay acusaciones de que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”. Mismo punto que señaló este día Amnistía Internacional.
“México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender el Presidente Peña Nieto”.
Otro aspecto que considera preocupante WOLA es que no se haya dado tiempo para que el grupo de expertos externos de asistencia técnica, cuyo apoyo fue acordado entre el Estado mexicano, la y representantes de las familias en noviembre, lleve a cabo su labor. Reiteraron que el caso de los estudiantes no es aislado ya que el Estado mexicano no ha podido dar respuestas contundentes a los miles de familias de víctimas de desapariciones forzadas y otras víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país y tampoco ha investigado y sancionado a los agentes responsables, a cualquier nivel.
WOLA también resaltó el video que presentó ayer Murillo Karam, la Oficina de Washingtón asegura que es “tipo ‘documental’, producido por el mismo gobierno, con una narración sombría y recreaciones animadas de los violentos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre.
La periodista recibió un diagnóstico médico de amenaza de aborto, pero su jefe la presionó para seguir cubriendo eventos.
La revista Líder, de Puebla, despidió a su reportera Arlette de la Torre Togán, debido a las complicaciones de su embarazo de alto riesgo, por lo que la periodista presentó una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Puebla el pasado 7 de enero, según reportó la agencia de noticias con perspectiva de género Cimacnoticias. El testimonio de la reportera indica que el 20 de octubre de 2014 su jefe, Martín Gutiérrez Salvatori, le notificó por un mensaje de texto que estaba despedida, días después de haberle dicho en una reunión que él “necesitaba una persona completa e íntegra, sin que pusiera excusas personales”. La periodista comunicó el 8 de octubre a su jefe el diagnóstico médico de amenaza de aborto, pero este último continuó asignándole coberturas. Tras el despido, Arlette de la Torre fue advertida por su jefe de la buena relación entre el director de la revista y el alcalde de la ciudad de Puebla, José Antonio Gali Fayad, lo que haría inútil cualquier demanda. “De aquí a que te pelen ya hasta nació tu bebé” fueron las palabras que recibió la reportera de su jefe, según la información de Cimac. El jefe inmediato de la periodista le ofreció continuar como freelance hasta diciembre con un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales, el pago de su aguinaldo y un puesto como vendedora de publicidad, pero la reportera se negó.
Según el estudio Impunidad. Violencia contra mujeres periodistas, análisis legal realizado por Cimac, Puebla ocupó el tercer lugar en la lista de entidades federativas con mayor número de actos violentos contra mujeres periodistas en 2013,concentrando el 6% de los casos junto con Nayarit y Oaxaca. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Para llevar a cabo la operación, se va a requerir de la coordinación con la operación a cargo del Sistema de Transporte Colectivo para trabajar en una vía, mientras la otra funciona.
Ocho de los 25 kilómetros de vía de la Línea 12 del Metro, serán reinstalados, por lo que rieles y durmientes, serán levantados para retirarlos, explicó Alfredo Hernández, secretario de Obras del Gobierno del Distrito Federal. Y aque estén armadas las nuevas vías para los ocho kilómetros correspondientes, y que sean adecuadas para los trenes FE10, serán instaladas de manera precisa. El funcionario señaló que “es una logística impresionante, con equipos de llamar la atención. Vamos a cortar tramos de 110 a 120 metros de longitud; se cortan y se levantan con unos pórticos formados por gatos hidráulicos”. Una vez levantada la vía, se retirará el balasto o piedra base que cumple con la función de distribuir el peso del tren, para remplazar la que está por ahora, por una de material calizo. “No sólo es llegar, quitar la grava y volver a ponerla. Hay que quitar la vía“, explicó Hernández. Para llevar a cabo la operación, se va a requerir de la coordinación con la operación a cargo del Sistema de Transporte Colectivo para trabajar en una vía, mientras la funciona. También se requerirá que se retiren los señalamientos y el sistema de pilotaje automático, que después deben ser colocados nuevamente. Además en los talleres, serán ensambladas las nuevas vías, cuando comiencen a llegar las piezas importadas en abril.
Ya que estén construidas serán integradas en su lugar correspondiente, indicó el funcionario. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Y los expertos de la CIDH, ¿a que van a venir, a respaldar hechos consumados?, pregunta el director de Human Rights Watch para las Américas.
Dado los índices de violencia y corrupción, no es inverosímil el relato que hace el procurador Jesús Murillo Karam, pero es difícil confiar por muchas razones, comentó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas . Una de las razones es que, como todo mundo está enterado, los estudios en Austria no se hicieron en todos los restos, sólo se identificó a uno. Entrevistado por Carmen Aristegui en la primera emisión de Noticias MVS, Vivanco comentó que es “de la mayor gravedad” que el procurador haya decidido hablar con los medios, antes que con los familiares. Hubo prisa por concluir la investigación y extrapolar los informes de la universidad austriaca. Y los expertos de la CIDH, ¿a que van a venir, a respaldar hechos consumados?, preguntó Vivanco y comentó que las conclusiones de la PGR colocan en entredicho la seriedad con la que se están realizando los trabajos de los expertos internacionales. Anunciaron un gasto muy fuerte para los investigadores y especialistas internacionales y ni siquiera han visitado el país. Si yo fuera familiar, mi mayor esperanza estaría en los expertos, pero ¿qué van a hacer los expertos, si ya la Procuraduría se adelanta y presenta una conclusión? Me parece poco serio
Las autoridades -señaló Vivanco- no estuvieron a la altura de las circunstancias, nos ofrecen un relato que produce escepticismo y dudas fundadas. ENTREVISTA:
Los normalistas realizaban labores de boteo antes de ser detenidos en la caseta de Palo Blanco; mil 500 policías federales vigilan las plazas de cobro de la Autopista del Sol en Guerrero.
Elementos de la Policía Federal detuvieron a cinco normalistas que realizaban labores de boteo en la caseta Palo Blanco de la Autopista del Sol, que comunica al Distrito Federal con el puerto de Acapulco, y los trasladaron a la comisaría regional de la corporación, localizada al sur de Chilpancingo, Guerrero. La detención de los normalistas ocurrió alrededor de las 2 de la tarde de este 28 de enero, cuando los jóvenes querían tomar la plaza de cobró sin hacer caso de las advertencias de los policías federales. Tras la detención de los jóvenes, un grupo de alrededor de 50 estudiantes llegó a la sede de la Policía Federal en Chilpancingo para exigir la liberación de sus compañeros, hecho que se logró después de un par de horas y bajo la advertencia de que no se permitirá la toma de casetas. La detención de los normalistas ocurre un día después de que la Policía Federal inició un operativo permanente en las plazas de cobro de la Autopista del Sol. El operativo puesto en marcha incluye la participación de mil 500 policías antimotines, con lo que se garantiza el libre tránsito el respeto a la ley y los derechos humanos, indicó el comisionado de la corporación, Enrique Galindo Ceballos.
“Policías federales permanecen en casetas como primera instancia de diálogo. Se desplegaron 1,500 policías federales antimotín en caso de que se requiera apoyo alguno”, destacó Galindo Ceballos en su perfil de Twitter, donde agregó que personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y un notario público certificaron que los policías no portan armas de fuego. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
De acuerdo con una investigación, los productores San Miguel de Allende negaron vender sumas excesivas a la empresa.
Una investigación periodística presentada el jueves 22 de enero en el programa Punto de Partida, de Denise Maerker, reveló que Liconsa ha comprado en Guanajuato al menos 2 millones 500 mil litros “ficticios” de leche; es decir, ha facturado a nombre de productores que niegan haberle vendido y en otros casos ha “inflado” la cantidad del lácteo comprado.
Uno de estos productores es David Gómez Danillo, presidente de la Asociación Ganadera de San Miguel Allende, en Guanajuato. Él negó haber sido proveedor de la empresa pública, a pesar de que en los registros contables de Liconsa consta que, en 2013, Danillo entregó 6 mil pesos de leche semanalmente, unos 288 mil pesos todo el año; mientras que en enero, febrero y marzo de 2014 supuestamente facturó 4 millones 500 mil pesos. La respuesta de Liconsa Benjamín Rojas Bolaños, exgerente de Liconsa en Guanajuato, dice que cuando descubrió la facturación de esa leche inexistente, solicitó a Héctor Pablo Ramírez Puga, director de Liconsa, que el jurídico presentara una denuncia. En respuesta, el funcionario fue cesado de su cargo por “pérdida de confianza y falta de probidad”. Pero Ramírez Puga negó que exista en archivos de la paraestatal el documento del cese. La inexistencia de los 2.5 millones de litros bien podrían ser mermas, de acuerdo con el director de Liconsa. Tras la denuncia presentada en Punto de Partida, Liconsa se negó a aceptar el abastecimiento de leche a productores de la Asociación Ganadera de San Miguel Allende, además de recortar el 70% de la ración habitual, debido a que “tenían un sobrepedido a otros productores de otros estados”. Mira aquí la segunda parte del reportaje. En protesta, Juan Manuel Martínez, uno de los productores de San Miguel de Allende, y sus nueve hermanos tiraron cerca de 18 mil litros en un centro de recepción de Liconsa, ya que después de denunciar el falseo de datos e información, la empresa del gobierno se negó a recibirles el producto.
El equipo de Punto de Partida intentó comunicarse con funcionarios de Sedesol o Liconsa, pero no han recibido respuesta. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
“Está tratándose de proyectar una cosa que no es cierta, no hay elementos suficientes para concluir que el móvil fue ese, y que los compañeros pertenecían a ‘Los rojos’”, señaló el abogado de los padres.
La “verdad histórica” de los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, presentada el martes en la PGR, develó el presunto móvil de los hechos, por lo que integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, presuntamente asesinaron y desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Tixtla: creían que eran parte de una banda rival, del crimen organizado en el estado. “(Los integrantes de Guerreros Unidos) Utilizan el argumento de que vienen infiltrados, así usan la palabra muchísimo, infiltrados, los estudiantes con Los Rojos, nosotros no hemos encontrado ningún rojo, a menos que alguno de los estudiantes haya estado ligado a esto, pero eso es lo que ellos pensaban, y ellos pensaban que había una infiltración, una asociación de unos con otros, en el relato dicen los contras, en algún momento lo vimos en este video, dicen los estudiantes, (dicen) ¿qué estudiantes?, eran los Rojos”, comentó el martes el procurador Jesús Murillo Karam. Los Rojos y Guerreros Unidos se disputan desde hace al menos 4 años el territorio guerrerense, donde también opera una pequeña célula de La Familia Michoacana. La entidad está prácticamente repartida entre los 3 grupos, que no permiten que otro cártel pise lo que -consideran- es suyo, para traficar droga o extenderse a otro de los negocios del crimen: las extorsiones. La PGR señala directamente al estudiante de Ayotzinapa, Bernardo Flores Alcaraz, alias “El cochiloco”, como quien ordena a los normalistas llegar a Iguala; además de que lo señalan como uno de los que enfrentó, primero verbalmente y después con piedras, a la policía de Iguala. “Con estas narraciones (de los integrantes de Guerreros Unidos), asentadas en las declaraciones ministeriales que fueron asistidas por sus defensores, se consolida el móvil, consistente en que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región; esa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida. Versión que se transmitió de un nivel a otro del grupo delictivo y que surgió de los líderes de la organización, entre los que se encuentran José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado”, indicó el director de la agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón. En el video presentado ayer por la PGR se expone: “A las 19 horas (del 26 de septiembre) los estudiantes terminan sus actividades de boteo y abordan de nuevo los 2 autobuses con dirección a Tixtla. En este trayecto, son detectados por un halcón miembro del grupo Guerreros Unidos, el cual da aviso al líder de esta banda delictiva. En ese trayecto, el estudiante conocido como El Cochiloco, recibe una llamada telefónica de los estudiantes que se encontraban en la terminal de Iguala, pidiéndole apoyo porque tenían problema para apoderarse de más autobuses. El Cochiloco da la orden de regresar a Iguala, dirigiéndose a la terminal de autobuses de la empresa Costa Line, para apoyar a sus compañeros. A las 20 horas, los estudiantes llegan a la terminal de camiones Costa Line, perteneciente a la empresa Estrella Roja del Sur, ubicada en la ciudad de Iguala”. “Los estudiantes descienden de los autobuses y algunos de ellos, acompañados de El Cochiloco y el Fresco tienen un diálogo con los policías pero no llegan a ningún acuerdo. Y la situación se torna rijosa”, señala en el video de la dependencia federal. Además, se asegura: “Los normalistas inician la agresión, lanzando piedras a los policías y, a su vez, los policías responden disparando sus armas contra los estudiantes, dando como resultado, 2 estudiantes muertos y uno gravemente lesionado. Durante la balacera, algunos normalistas se dispersaron, logrando esconderse en la zona, y otros lograron huir”. La versión de Ayotzinapa Sin embargo, para el abogado de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, la versión de la PGR tiene inconsistencias. “Hay mucho por investigar, no se puede dar por cerrado, no hay una prueba contundente”, dijo esta mañana en Noticias MVS. Efectivamente, el 26 de septiembre los estudiantes recababan fondos y buscaban autobuses, reconoció. Pero “el chofer los encierra dentro del autobús, eso amerita un pedido de auxilio de los compañeros y acuden el resto de los autobuses a la terminal (de Iguala). De ahí viene toda la historia de la agresión”. En Iguala, hubo “una confrontación dentro de la terminal, policías intentaron detenerlos”, detalló. “Se fueron dando los hechos en cadena, situaciones que no estaban planeadas”, aseveró, en contraste con la versión de la PGR que desliza una especie de plan de los normalistas. También refutó que los estudiantes tuvieran planeado boicotear el informe de la esposa del alcalde de Iguala. Respecto a los señalamientos de la Procuraduría General de la República, sobre que Bernardo Flores Alcaraz el “Cochiloco” y Miguel Ángel Hernández “El Patilludo” estarían relacionados con el grupo criminal “Los Rojos”,el abogado rechazó las “aseveraciones totalmente fuera de lugar”. Dijo que ambos los tienen totalmente identificados, formaban parte de la matrícula de la escuela, y eran del Comité de la Normal Rural, para lo que “tienen que ser nombrados en una asamblea, tienen que ser los mejores estudiantes… no llega al comité cualquier persona”. “No dudamos, en lo más mínimo, de los compañeros“, mencionó. Explicó que en la escuela Normal, es tradición poner apodos; se los ponen en la semana de prueba, pero no por eso son delincuentes. Incluso, reveló, hasta Lucio Cabañas tuvo el suyo: “El Chivo”. Además aclaró que también son rapados los alumnos de primer ingreso, pues una de las costumbres en la escuela. Precisó que “Cochiloco”, de tercer año y “El Patilludo” del segundo año, tuvieron una reunión previa con el resto de los estudiantes, para llevar a cabo su movilización. Recalcó que “negamos categóricamente que estén relacionados con ‘Los Rojos’”. Por lo que adelantó que “vamos acreditarlo de manera contundente, para que conste que son alumnos de la Normal”. Por último, Rosales señaló que el director de la Normal Rural de Ayotzinapa , “nada tiene que ver con la delincuencia organizada; es de la corriente política del ahora gobernador, Rogelio Ortega, tuvieron pasado de lucha en los años 60 y 70”. “Está fuera de lugar que digan que está involucrado con el crimen organizado y que él organiza las movilizaciones”, precisó. Agregó que “está tratándose de proyectar una cosa que no es cierta, no hay elementos suficientes para concluir que el móvil fue ese, y que los compañeros pertenecían a ‘Los rojos’”.
Hay “inconsistencias, en las propias declaraciones, que obligan a la PGR a seguir con la indagatoria, a continuar”. ENTREVISTA:
