En medio de su plenaria, Acción Nacional libra una guerra entre calderonistas y maderistas. ¿Podrán sortear sus diferencias de cara a las elecciones?
Este año, los 38 senadores del blaquiazul celebran su reunión en Los Cabos, hospedados en el hotel Pueblo Bonito Pacífica & Spa, donde una habitación llega a costar hasta 7 mil pesos diarios.
Sin embargo, esta vez la sesión puede que sea menos divertida que la del año pasado en Puerto Vallarta, cuando los diputados panistas se la pasaron muy bien -aunque al final todo terminó en el escándalo que los marcó como los “diputables”-.
Y es que desde que Gustavo Madero anunció su regreso a la dirigencia del partido, luego de que en septiembre del año pasado pidió licencia para poder buscar una candidatura plurinominal, la situación en el seno del PAN se ha tornado amarga.
Hay calderonistas y maderistas... y todos tienen algo malo que decir de los otros.
En los días recientes, el líder nacional del partido y el senador Javier Lozano han sido las caras visibles de ese conflicto.
Madero y Lozano han dejado claro que no se quieren y que no están interesados en ocultarlo. Su guerra epistolar está registrada en Twitter.
Lozano fijó su postura temprano.
“¿En serio regresa @GustavoMadero como Presidente y @RicardoAnayaC coordinará a @diputadospan? #PobrePAN y #PobrePaís. Ah, y #NoTienenMadre”, puso en su cuenta de Twitter.
Luego, por si su tuit no hubiese sido suficientemente claro, amplió su opinión en una rueda de prensa.
“Muchos, muchísimos panistas lamentamos que se esté utilizando a nuestro partido, a los órganos de dirección de nuestro partido, como una plataforma personal en búsqueda de poder; una desmedida ambición por el poder”, dijo el senador el 21 de enero.
Llamó a Madero el Roberto Madrazo del PAN.
Pero los desencuentros entre Lozano y Madero no son nuevos.
A mediados de marzo del 2014, el senador acusó al líder nacional de su partido de estar más cerca del PRI, que del PAN. Sus declaraciones le valieron una amonestación por parte del Comité Directivo Estatal (CDE).
Eso no evitó que una semana después Lozano señalara que Madero había desviado recursos del partido por un monto de 510 millones de pesos para promocionarse con miras a su reelección como dirigente nacional panista.
Con ese antecedente, esta vez Lozano se curó en salud. Luego de arremeter contra Madero se adelantó a la reacción del CDE.
“Aquí espero @rafamicalco mi nueva sanción por ofender al Presidente de @AccionNacional. Es un asco de tipo. #PobrePAN #PobrePaís”, escribió Lozano al diputado Rafael Micalco, hombre cercano al dirigente.
Al día siguiente, la Comisión Permanente del PAN abrió un proceso de sanción contra el senador.
Calderón le entra al juego
Aún estaba caliente el tuit de Javier Lozano en contra de Gustavo Madero, cuando el expresidente Felipe Calderón le entró a la arena mediática.
En una entrevista con El Financiero Bloomberg, Calderón aseguró que contemplaba la alternativa de crear una nueva opción política ante la situación que vive el PAN.
“Yo creo que hay que reconstruir al PAN (…) y si no, buscar otras opciones políticas. Los ciudadanos las están buscando. El PAN tiene una oportunidad de oro, pero con el comportamiento que tiene está fallándonos”, añadió el exmandatario.
Calderón, quien también fue dirigente del partido, responsabilizó a Madero de haberle cerrado las puertas a los ciudadanos.
“Veo muy mal al partido”, dijo “Lo veo ciertamente muy mal y es una gran tristeza. Pero debo diferenciar entre PAN y su dirigencia. El PAN parte de la premisa que está cimentado en la defensa de valores como la libertad, de la persona humana y de la democracia. Una opción como esta es necesaria para México”, dijo.
Calderón detalló que para salvar el barco, solo veía tres opciones: “No hacer nada; tratar de reconstruirlo y la tercera, pensar seriamente en otra opción política, así sea que tome una o dos décadas para que fructifique”.
Sus declaraciones desataron los demonios.
Le falta carácter
El primero en responder a las declaraciones que el expresidente Felipe Calderón hizo en Davos fue Juan Molinar Horcasitas. El extitular del IMSS no escatimó palabras.
En un texto titulado “Las rutas políticas de Calderón y Madero”, Molinar Horcasitas convocó a Calderón a respetar la voluntad mayoritaria de los panistas, sumarse al esfuerzo de sus compañeros y dejar de dañar de manera pública la imagen del partido y sus dirigentes.
“Muchos panistas lamentamos las recientes declaraciones del expresidente Felipe Calderón, pues demuestran que él aún insiste en imponer su voluntad por encima de la de los panistas”, escribió.
Pero no se detuvo ahí, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el sexenio pasado, también detalló que Calderón mantiene un patrón de conducta para controlar las organizaciones a las que él pertenece.
“Está en su naturaleza. Usar malas formas es su costumbre. Alguien me explicaba su conducta diciendo que actúa así porque es un hombre de carácter muy fuerte. Contesté que no, que es un hombre de temperamento muy fuerte, y que le falta carácter para templar su temperamento. Por eso, a pesar de su enorme talento, sucede lo que con gran lucidez anticipó Carlos Castillo, en una conocida carta: el creciente aislamiento al que la personalidad de Calderón lo conduciría”, indicó.
Gustavo Madero fue más político.
El presidente nacional del PAN señaló que Calderón debería esperar a los resultados del 7 de junio para abandonar el partido
“Sería muy lamentable (la salida de Calderón), yo confió en que no sea así. Es importante entender el momento que vive el PAN después de la derrota del 2012, y los esfuerzos que está haciendo para ser un partido democrático, abierto y competitivo”, dijo Madero tratando de calmar las aguas.
Siempre hay el punto de vista del que cree que no está suficientemente expresado en el espectro político ideológico, dijo.
“Crear un partido, eso no se le puede negar a nadie, todo mundo tiene derecho, pero creo que el PAN va a consolidarse como el principal partido humanista, democrático, liberal y reformador de México”.
Su ejemplo no fue seguido por el secretario general del albiazul, José Isabel Trejo.
“Las puertas del PAN están abiertas para todos, pero yo diría una cosa contundente, si el expresidente Felipe Calderón quiere irse que se vaya ya, qué tiene que esperar, qué se vaya”, declaró.
Trejo agregó que Calderón nada tiene qué esperar, a menos que quiera dialogar, pero que lo único que le falta es tener voluntad de diálogo sincero.
“Y si no tiene la posibilidad de un diálogo sincero, ¿cómo habla de reconstrucción si ni siquiera quiso hablar con el presidente (Gustavo) Madero con sinceridad”, dijo.
‘Querido Juan, mientes’
Para no desentonar en la guerra epistolar, Felipe Calderón también mandó su carta. En cuatro cuartillas, el exmandatario no solo acusó a Juan Molinar Horcasitas de tergiversar algunas de sus declaraciones, sino que lo llamó amargado y resentido.
Calderón también le puso título a su texto. Lo llamó simple y llano: “Querido Juan, mientes”.
En la carta, publicada en su cuenta de Twitter, acusó a su exfuncionario de inventar historias.
“Mientes brutalmente al extremo de atribuirme expresiones que yo nunca he tenido”, dijo.
El exmandatario panista también le recuerda que no tenía amargura cuando lo propuso como consejero del IFE ni cuando lo invitaron a pertenecer al PAN ni cuando se le invitó a construir el triunfo en el 2006.
“Solo una cosa explica que hayas pasado de la honestidad intelectual a la franca invención literaria: la amargura”, expresó.
‘Cínico y desmemoriado’
Luego de que Felipe Calderón amenazó con renunciar al PAN para crear una nueva opción política, Marko Cortés, lo calificó de “cínico y desmemoriado” y le pidió no dividir a los panistas.
El coordinador de la campaña de reelección de Gustavo Madero, dijo que desde la Presidencia de la República Calderón impuso a su más cercanos en el partido.
“Con mucho respeto, pero también con mucha claridad, el expresidente Felipe Calderón es un cínico y desmemoriado, el expresidente Felipe Calderón ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, expresó Cortés.
El actual coordinador de los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados afirmó que en lugar de estar criticando a la dirigencia nacional del PAN, Calderón debe recordar cómo impuso a quien fuera su secretario particular, César Nava, como presidente del partido.
“(…) quien por cierto luego estuvo envuelto en escándalos de corrupción”, remarcó.
Para refrescarle la memoria al exmandatario, Cortés dijo que algunos de los actuales integrantes de la Comisión Permanente Nacional, que designan a candidatos, apoyaron en su momento a Ernesto Cordero, cuando trató de imponerlo como candidato del PAN a la presidencia de la República en 2012.
Mencionó también a los gobernadores Guillermo Padrés y Rafael Moreno Valle, así como a Ulises Ramírez, del Estado de México, Jorge Romero, del Distrito Federal, y Miguel Ángel Yunes en Veracruz.
“¿Es incongruente Felipe Calderón, porque cuando los tenía como aliados eran gente muy valiosa y ahora son los grupos que manipulan al PAN”, indicó.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
Los defensores de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, confían en el que fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, se desista de la acusación para que ella recupere la libertad. El diputado perredista Roberto López Suárez relata las maniobras del exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien movió incluso a la señora Isabel Miranda de Wallace y a Alejandro Martí para impedir la liberación de Nestora, y de paso exhibe las turbias andanzas del exfuncionario.
MÉXICO, D.F: Nestora Salgado García afectó el negocio del grupo criminal Los Rojos en Olinalá y detuvo la trata de personas en la región, concluye la comisión plural de diputados federales que promueve la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), quien desde el 21 de agosto de 2013 está presa en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada.
El diputado perredista Roberto López Suárez, quien encabeza los trabajos de defensa con el gobierno de Guerrero y las autoridades federales, advierte que la inminente liberación de Salgado inquieta a personajes como el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien ha “operado” para que Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se manifiesten contra la detenida.
Después de que el año pasado un juez federal ordenó la liberación inmediata de Salgado García –al no encontrar elementos para configurar los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputan–, falta que el gobierno local, encabezado por el mandatario interino Rogelio Ortega Martínez, resuelva en el mismo sentido.
El jueves 8, Ortega Martínez pidió al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, “el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado”, a quien incluso consideró presa política. Hasta el viernes 23 Godínez aún no tomaba una determinación.
El diputado federal López Suárez comenta que el domingo 11 –tres días después de la petición del gobernador al fiscal–, autoridades de Guerrero le advirtieron que Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, de México SOS, se pronunciaron contra la libertad de Nestora pues, arguyeron, “ha indignado a sus víctimas y sus familiares”.
Al conocerse la petición de Ortega Martínez, cuenta López Suárez, Martínez Chávez localizó a una de las presuntas víctimas de la comandante de la PCO para que contara a los medios las atrocidades que sufrió por parte de Nestora, quien la tuvo encarcelada para “reeducarla”. El exsubprocurador también se acercó a Miranda de Wallace y a Martí para decirles que ella es una “secuestradora peligrosa”.
Martínez Chávez, dice el legislador, fue subprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero y antes fungió como abogado de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño de los bares Cadillac y Lobohombo en la Ciudad de México.
Durante un tiempo él fue defensor de giros negros en el Distrito Federal e incluso en un principio litigó en favor de 14 personas que trabajaban en el bar Cadillac, detenidas en un operativo de julio de 2013 acusadas de presunta participación en la trata de personas.
Y ese es uno de los delitos que Nestora combatió en Olinalá cuando estuvo al frente de la PCO, por considerar que era explotación sexual y laboral que afectaba a mujeres y hombres: a ellas las prostituían, a ellos los integrantes de Los Rojos los usaban para el trasiego de drogas, como sicarios y para cometer actos de extorsión.
Ella afectó la ruta del trasiego de droga y el abigeato de ese grupo criminal, recuerda López Suárez. E insiste en que Martínez Chávez está detrás de las denuncias de Miranda de Wallace. Hay elementos que nos llevan en esa dirección; uno de ellos, dice, es que el único que sabía dónde estaban las presuntas víctimas de Nestora es precisamente Martínez Chávez.
Sin embargo ellas aparecieron en la conferencia organizada el lunes 12 por Miranda y Martí para dar a conocer fragmentos de la grabación de un encuentro del 1 de julio de 2014 en el cual participaron, entre otros, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador guerrerense Iñaki Blanco y el propio Martínez Chávez, sostiene el legislador.
Asimismo entregó a Proceso la versión íntegra de lo que se dijo en esa reunión en la cual Blanco, custodiado por Martínez Chávez, se lanzó contra Nestora y defendió a sus presuntas víctimas. Ese mismo discurso fue presentado por la señora Miranda en su conferencia de prensa.
El arresto
El 27 de octubre de 2012 Nestora Salgado fue designada comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, municipio que colinda con Puebla y donde, según las autoridades federales, está asentado el grupo criminal de Los Rojos.
Diez meses después, a mediados de agosto de 2013, un grupo de ganaderos fue emboscado. Dos de ellos murieron y uno desapareció. Los familiares acudieron con el síndico procurador del ayuntamiento, Armando Patrón Jiménez, a levantar la denuncia, pero no se les atendió.
Decidieron ir con Nestora, entonces dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), quien sí los atendió. Y cuando fue a recoger los cuerpos de los ganaderos encontró a Patrón Jiménez en la escena del crimen, “borrando evidencias”.
Nestora lo detuvo y lo trasladó a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para que fuera juzgado. Cinco días después, en un operativo conjunto, efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la estatal la arrestaron y la acusaron de secuestro y delincuencia organizada. Liberaron al síndico y a otros 40 detenidos.
En el encuentro del 1 de julio de 2014 en Casa Guerrero con Blanco y Martínez Chávez, los legisladores perredistas y dirigentes sociales solicitaron a Aguirre Rivero la liberación de la comandante.
Según el video mostrado por el diputado López Suárez, ese día el procurador, respaldado en todo momento por Martínez Chávez, expuso: “Quiero hacer un respetuoso llamado para atender a las víctimas (de Nestora). Para que esta mesa esté completa se requiere la asistencia de las mismas y de sus abogados… Hago un respetuoso llamado porque (entre ellas) hay dos menores de edad.
“Pareciera que de repente queremos borrar y desaparecer a estas personas (las detenidas en la Casa de Justicia). Lo cierto es que al estar ellas en casas de justicia estuvieron en condiciones deplorables, con toda clase de castigos y el artículo 36 de la Ley 701 que reconoce usos y costumbres, no dice qué es lo que se entiende por sistema de justicia…
“El problema es que parte de las personas fueron sujetas a sanciones y medidas de rehabilitación (pero) tenemos un severo problema en cuanto a la aplicación del derecho. Estas personas no tuvieron oportunidad de defenderse y presentar pruebas de descargo.
“Y algo muy importante: no aparecen las supuestas víctimas u ofendidas; tampoco ha aparecido un expediente debidamente integrado para sustentar una imputación y la imposición de una sanción a estas personas.
“Reitero el caso de los menores de edad, uno de 11 y otro de 13 años. Esto me parece absurdo… ellos fueron juzgados como cualquier otra persona, sin que en ningún momento se les permitieran medios de defensa (aun cuando) ningún artículo de la ley 701 refiere que se puede solicitar dinero a cambio de que alguien sujeto a una medida de reeducación (sea liberado).”
Añadió: “Ellos temen que al ser puestos en libertad atenten contra sus personas. Nosotros, en atención a las órdenes del señor gobernador, les implementamos asistencia jurídica, psicológica y social.
“Quiero recodar que una de las personas que estuvo sometido a medidas de reeducación en la Casa de Justicia fue agredido a machetazos. Él hace imputaciones contra integrantes de la CRAC-PC, particularmente contra Nestora Salgado.”
Luego de que el funcionario, respaldado por Martínez Chávez, abogó por las supuestas víctimas, incluido el síndico Armando Patrón, Aguirre Rivero se incorporó a la reunión y declaró: “Quiero dejar muy claro que la detención (de Nestora) no fue interés del gobierno.
“De mi parte –añadió– hay la voluntad política. Si hay que trasladar a la compañera Nestora a la Ciudad de México, yo no tengo ningún problema; y si tengo que hacer alguna gestión, la haré.”
Los legisladores le mencionaron, según el video, una ley de amnistía como salida, pero le pidieron a Aguirre Rivero que su gobierno se desistiera de su acusación.
El entonces mandatario respondió: “Lo que yo no quiero es que siga en la cárcel. Para decirlo en cristiano: no me interesa. Además, ustedes han hablado con Nestora de que habrá nuevas reglas…”
“Y ella está de acuerdo”, respondieron los legisladores.
En otra parte del video se escucha a los diputados cuando le aclaran a Blanco y a Martínez Chávez que ellos no estaban ahí para tomar clases de derecho, sino para encontrar una vía política y la pronta liberación de Nestora.
La andanada de Miranda
Después de que un juez federal reconoció que Nestora Salgado fue nombrada comandante por usos y costumbres, consideró que no cometió ningún secuestro, pues sólo cumplió con sus obligaciones, y la exculpó del presunto delito de delincuencia organizada, el jueves 8 el gobernador interino Rogelio Ortega pidió a la autoridad local desistirse de esos cargos.
Entonces Miranda de Wallace y Martí exigieron a Ortega Guerrero respetar la autonomía del fiscal Godínez Muñoz en el caso de Nestora y presentaron en la conferencia de prensa del lunes 12 a una de las presuntas víctimas de la comandante: Dulce Rubí Burgos Pérez, quien dijo haber sido detenida por la CRAC-PC el 8 de junio de 2013.
“El lugar donde estuvimos era horrible, fue lo peor que nos pudo haber pasado en la vida. Había ahí menores de 13 años; nos golpeaban, nos maltrataban… Por las malas condiciones en que nos tenían nos salieron piojos.
“Yo soy una víctima de secuestro de la señora Nestora Salgado. Como víctima sólo pido que se haga justicia… Y es que el tiempo que estuvimos ahí encerradas no nos daban de comer. Nos ponían a trabajar muy duro. Yo estuve enferma los tres meses y nadie me atendió”, narró Burgos.
El martes 13, Francisco Flores Jiménez, otro de los presos en la Casa de Justicia liberados en agosto de 2013 por las fuerzas especiales, organizó una conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social en la Ciudad de México, para dar su versión:
“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas (en alusión a Dulce Rubí). No es verdad, la señora Nestora siempre nos trató (bien), de una manera que valorizáramos las cosas, el trabajo y a los compañeros de la (Policía) Comunitaria; nos daba comida buena, de la que había”, expuso.
Sobre las menores detenidas dijo que sus madres, que hoy son las principales acusadoras de la comandante detenida, le pidieron que ingresaran a sus hijas en la Casa de Justicia, porque “no entendían”.
También reveló que el día que lo liberaron junto con el síndico Armando Patrón y otros presos, el funcionario “nos dijo a todos que denunciáramos a Nestora Salgado por secuestro. Yo me negué”.
Después de la conferencia, Flores Jiménez regresó a Olinalá. Pero tuvo que salir de la comunidad, pues Patrón los amenazó a él y a su familia y le advirtió que no siguiera hablando, comenta el diputado López Suárez.
El viernes 23, dice, Flores Jiménez pidió protección al gobierno estatal ante las amenazas de síndico. El secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, le propuso presentar una denuncia formal contra su acosador para poder ayudarle.
Asimismo, insiste, fue Martínez Chávez quien puso en contacto a las personas liberadas de la Casa de Justicia con Miranda de Wallace, “pues él fue abogado en el caso de su hijo desaparecido”.
Martínez Chávez defiende lo mismo a propietarios de giros negros, como Alejandro Iglesias Rebollo, que a las madres de Jerzy Ortiz Ponce y Said Sánchez, hijos de presuntos capos de la droga en Tepito, quienes desaparecieron en el bar Heaven en mayo de 2013.
Fue él quien formó el expediente contra los implicados en el Pemexgate al ser asignado al Ministerio Público de la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR.
López Suárez reitera: detrás de Miranda de Wallace y de Martí está el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, “pues sabe que si Nestora sale libre va a detallar cómo le armaron delitos y cómo convencieron a la gente para que la acusaran de secuestro”.
Alejandro Martí ha sido mal informado sobre el caso Nestora, comenta el legislador, pero Miranda sí tendría que explicar “cuál es su relación con Martínez Chávez, vinculado con tráfico de mujeres de Europa y
Centroamérica”.
Proceso buscó a Martínez Chávez en la agrupación de Miranda de Wallace para conversar con él, pero no lo encontró.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de investigar el uso de recursos federales en la construcción de Línea 12 del Metro, que opera parcialmente desde el 13 de marzo del año pasado, dio a conocer su reporte final en el que imputa responsabilidades a tres exfuncionarios públicos de la anterior administración capitalina: Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Enrique Horcasitas.
Incluso, el presidente de dicha comisión, el priista mexiquense Marco Antonio Calzada, pide a las procuradurías General de la República (PGR) y general de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) deslindar las responsabilidades correspondientes, sobre todo, en la adjudicación de los trenes y la supervisión de la obra sin acatar la normatividad correspondiente.
El primero en reaccionar fue el exjefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, quien envió una carta a Calzada Arroyo para solicitar que se le brinde la oportunidad de comparecer ante los legisladores con el fin de que no haya “impunidad” ni “uso electoral” en el tema.
Según la investigación legislativa, que duró siete meses, existen bases fundadas para recomendar y sancionar a los mandos medios y directivos que ejecutaron actos contrarios al adecuado servicio público.
A Ebrard, Delgado y Horcasitas los califica como responsables directos, pues aun y cuando eran los “mandos superiores” de la construcción, hicieron la obra y la adquisición de los trenes por separado.
Al primero lo señala también porque tenía la obligación de supervisar los trabajos de construcción. Además, agrega el documento, él dio la anuencia para convertir a la Dirección de Obras del Sistema de Trasporte Colectivo Metro (STC) en el Proyecto Metro (PMDF) como órgano desconcentrado y con la facultad de tomar la mayor cantidad de decisiones “sin pedir cuentas a nadie”.
En tanto, a Horcasitas Manjarrez y el consorcio constructor Ica-Carso-Alstom los acusa de no haber tenido coordinación con Delgado –actual senador—, antes de que éste contratara los trenes con la empresa española CAF.
A Enrique Horcasitas le adjudica un presunto conflicto de intereses en la firma de un convenio modificatorio con la empresa ICA, donde su hermano Luis ocupaba un puesto ejecutivo.
Piden intervención de PGR y PGJDF
En las conclusiones del informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, los legisladores piden a la PGR aplicar “los códigos penales sustantivos y adjetivos federales y locales” para determinar si en torno a los hechos derivados de la construcción y puesta en marcha de la Línea 12 “se actualizó algún delito”.
También le solicitan hacer un desglose para la averiguación de posibles delitos federales cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas.
Al procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, la Comisión le pide que, con base en la documentación remitida por la Contraloría General del DF, proceda al estudio de los posibles ilícitos cometidos y le envíe la información a la PGR.
Cuando ésta la reciba, recomienda a la dependencia encabezada por Jesús Murillo Karam integrar las averiguaciones previas correspondientes y que “consigne a los responsables ante los juzgados penales federales competentes a efecto de que se deslinden posibles responsabilidades”.
No es todo. El informe pide a las autoridades judiciales deslindar las responsabilidades de quienes decidieron iniciar la construcción sin contratar una empresa que supervisara los trabajos y estando aún en preparación el proyecto ejecutivo, como en su momento lo reconoció Enrique Horcasitas.
También demanda fincar responsabilidades a quienes aprobaron que el PMDF y el consorcio constructor acordaran, a través de sucesivos convenios modificatorios, incrementos en el costo de estaciones, tramos de conducción y porcentajes de los anticipos entregados a las compañías participantes.
En las conclusiones del informe los diputados acusan irregularidades en la contratación del consorcio certificador por parte del PMDF, a quien igualmente se aumentó el monto de pagos y se aplazó el compromiso de fecha de entrega de la obra. Como sugerencia, los legisladores de la Comisión Especial piden evaluar la adquisición o prestación de servicio de “otros trenes”; que se adapten correctamente a la vía y al trazo para garantizar la seguridad y continuidad del servicio. Se trata de una solicitud similar a la que dio la empresa alemana TÜV Rheinland de México a la Secretaría de Obras y Servicios local en su informe del pasado 8 de enero.
Incluso, recomienda al actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, girar instrucciones al contralor General del DF, Eduardo Rovelo Pico, para “profundizar en la determinación de las responsabilidades administrativas de los servidores a quienes es atribuible el más alto nivel de responsabilidad en la toma de decisiones, con fundadas sospechas de fraude y corrupción, las cuales redundaron en irregularidades reveladas en las auditorías e investigaciones realizadas por los órganos de control locales y federales”.
“Quiero comparecer”: Ebrard
El exjefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, solicitó a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el uso de recursos federales en la Línea 12 del Metro una oportunidad para informar sobre dicha obra y que no haya “impunidad” ni “uso electoral” en el tema.
“No debe haber impunidad y para ello es indispensable tener todos los elementos de información. Me pongo de nuevo a disposición de esa Comisión para ese propósito”, escribió el exmandatario en una carta dirigida al diputado Marco Antonio Calzada Arroyo, presidente de dicha comisión.
Y explicó: “A la fecha no estoy sujeto a ningún procedimiento de las instituciones locales ni federales… No obstante, en la medida en que el informe que usted ha expuesto y distribuido en los medios de comunicación es solo del PRI, su partido, le hago formal solicitud por este medio para ser recibido en el pleno de la Comisión que usted preside”.
Ebrard reiteró la necesidad de su comparecencia “puesto que estamos en pleno proceso electoral, debería actuarse con imparcialidad”.
Por último, asestó: “No debe haber impunidad y para ello es indispensable tener todos los elementos de información”.
Minutos más tarde, en su cuenta de Twitter reiteró su intención: “Siempre he dado la cara por mis actos, estoy solicitando a la comisión de la diputados línea 12 me cite. No impunidad, no uso electoral”.
La presentación y discusión del informe ante el pleno de la Comisión estaba planeado para mañana jueves. Sin embargo, un par de horas después de la difusión de la carta de Ebrard, el presidente de la Comisión, Marco Antonio Calzada Arroyo, informó en un comunicado que el acto se posponía para el próximo domingo, después de la instalación del último periodo ordinario de sesiones.
Mancera se rehúsa a opinar
A las 10:30 horas, el Gobierno del Distrito Federal citó a la prensa para una conferencia con el mandatario local, Miguel Ángel Mancera.
Sin embargo, éste evitó pronunciarse sobre el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados bajo el argumento de que no lo ha recibido oficialmente.
“Obviamente estaremos atentos a cuando se tenga el mismo y también observaremos en su caso los puntos que pudieran ser de análisis para el gobierno de la Ciudad de México en el momento mismo que conociéramos este dictamen… Hasta este momento no tengo conocimiento de un dictamen, de una determinación oficial por parte de la Cámara de Diputados”, aseguró.
Y sobre la solicitud de Marcelo Ebrard para comparecer ante dicha Comisión, Mancera Espinosa consideró los legisladores federales son los que le deben contestar.
En la misiva que envió el exmandatario a la Comisión recordó que el pasado 10 de septiembre –un día después de que la Contraloría del DF dio a conocer las primeras sanciones sobre el caso— él mismo invitó a Mancera a tener un “diálogo público” sobre los problemas de la línea.
Pero ni con esa mención Miguel Ángel Mancera quiso responder.
“La carta va dirigida al Poder Legislativo federal y es el Poder Legislativo federal el que debe dar respuesta a esta carta”, aseguró.
Y reafirmó su postura: “No vamos a emitir una opinión sobre algo que no tengo conocimiento oficial, no sé, este documento de manera oficial no lo tenemos ni tenemos la certidumbre jurídica de la existencia del mismo”.
El mandatario local comentó que la Contraloría General del DF tiene pendiente informar sobre los resultados de otras dos auditorías que se realizan sobre la línea. Comentó que una podría presentarse en marzo próximo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NACIONAL.
MÉXICO, D.F: La organización Amnistía Internacional (AI) recordó al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que su “verdad histórica de los hechos” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, carece de pruebas periciales y se sostiene sólo por las declaraciones autoinculpatorias de los detenidos, algunos de los cuales denunciaron haber sido víctimas de tortura.
En rueda de prensa, Murillo Karam reiteró ayer que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del cártel de los Guerreros Unidos, quienes tiraron sus cenizas en el río.
En una carta abierta dirigida a Murillo Karam, la directora del programa regional de AI para América, Erika Guevara Rosas, subrayó que, a pesar de las obligaciones internacionales de México, hasta la fecha la PGR no ha procesado a alguno de los detenidos por el cargo de desaparición forzada –concepto que implica el involucramiento de agentes del Estado en el delito–. Lo anterior, continuó Guevara, resulta de “suma gravedad”.
Amnistía Internacional, al igual que Human Rights Watch (HRW) o la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), recordó al titular de la PGR que su “única prueba” es la identificación de algunos restos óseos en el río, lo cual no demuestra la versión del gobierno.
Guevara Rosas insistió en que los peritos argentinos fueron convocados por la PGR “cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta, y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras en un área de limpieza”, por lo que el equipo argentino nunca confirmó la versión del gobierno, según la cual los estudiantes habían sido calcinados en el basurero.
Pistas negadas
Guevara también expresó su preocupación ante la negativa de la PGR en abrir nuevas líneas de investigación, a pesar de las solicitudes de las víctimas de investigar la posible participación de las fuerzas armadas en la tragedia, “ya sea por omisión o por acción”.
“Las víctimas”, recordó AI, “han solicitado desde un principio que se investiguen las denuncias sobre la colusión entre el crimen organizado y autoridades de la zona, en especial el Batallón 27 de Infantería de Iguala
La organización explicó que el rechazo de la PGR a investigar al Ejército –y así llevar a cabo una “investigación exhaustiva”– frustró a los familiares de los normalistas desaparecidos.
Ante estos hechos, lejos de apoyar las reivindicaciones de los padres, el gobierno de Peña Nieto acusó a los familiares y sus defensores de “querer generar desconocimiento” y, en contrapartida, resaltó la labor de las fuerzas armadas, denunció AI, al subrayar que en Guerrero se ha documento el involucramiento de militares en abusos a los derechos humanos de la población civil.
Acuerdos incumplidos
En sustancia, las 74 grupos civiles de 22 estados y aglutinadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) expresaron críticas similares a Murillo Karam y al gobierno federal, el cual incumple “los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación (pretenden) poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años”.
La Red TDT exigió al gobierno de Peña Nieto no cerrar el caso Ayotzinapa hasta que presente certeza científica y jurídica del paradero de los desaparecidos, razón por lo que urgió a agotar todas las líneas de investigación, entre ellas el esclarecer la participación de “la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales”.
Asimismo, las ONG reclamaron el fin del “desprestigio y de la criminalización”, así como de la “represión” contra familiares, cercanos e integrantes de la sociedad civil solidarios con los normalistas de Ayotzinapa.
Por el contrario, solicitaron “mecanismos eficaces” al gobierno de Peña Nieto “para garantizar la no repetición de esos hechos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
La impunidad es un halo protector para los asesinos en Jalisco: en cuatro de cada cinco homicidios, la Fiscalía estatal no logra capturar a los responsables. Y mientras el Gobierno Federal y otros estados avanzan en dotar de autonomía a su Ministerio Público, en la entidad ese debate no ha iniciado.
Matar en Jalisco sale barato.
Hasta hoy, la Fiscalía General del Estado –que fusionó las extintas Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública en una sola estructura–, ha sido incapaz de capturar a la mayoría de los homicidas y de disminuir de forma relevante los índices de impunidad que cubren a los asesinatos.
Las mediciones actuales de eficiencia de la Fiscalía no son muy diferentes de las que se hicieron durante la segunda parte del sexenio pasado, cuando se desató la violencia vinculada principalmente con las organizaciones criminales en su disputa por el territorio estatal.
Reporte Indigo obtuvo un indicador de la Fiscalía rara vez expuesto, otorgado por instrucción del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI).
Más allá de la consignación de averiguaciones previas por homicidio doloso, que puede darse con o sin detenido, la pregunta es: ¿en cuántos asesinatos ocurridos en Jalisco se ha atrapado, en efecto, al homicida?
En el 2007, la captura se logró en el 28 por ciento de los casos que atendió la entonces Procuraduría. De 389 asesinatos cometidos, se capturó sólo a 109 presuntos responsables.
Al año siguiente la proporción se elevó. Las autoridades detuvieron a los supuestos autores del 31 por ciento de los homicidios del 2008; para 2009, la cifra bajó al 24 por ciento.
De aquí en adelante el indicador sería peor, y mientras la eficiencia descendía, la violencia iba en aumento en Jalisco.
En 2010 se detuvo a los homicidas del 18 por ciento de los asesinatos. En 2011 al 14 por ciento, y en 2012 al 13 por ciento, éste fue el peor año en resultados; fue además el último en que la investigación de los delitos recayó en la Procuraduría, separada aún de la Secretaría de Seguridad Pública.
En 2013, tras la reforma local que dio pie a la Fiscalía –concentrando en ella a las Policías Estatal, Vial, Ministerial, al Ministerio Público (MP) y al área de Reinserción Social–, se logró capturar a los autores del 15 por ciento de los homicidios, una ligera mejora sobre 2012 y 2011, pero lejos de los mejores registros de la gestión pasada.
En 2014 volvió a aumentar levemente el indicador, se detuvo a los homicidas del 17 por ciento de los casos hasta agosto de ese año, pero aún por debajo de lo alcanzado entre 2007 y 2010, y dejando impune cuatro de cada cinco asesinatos.
Consignar, la prioridad
En los homicidios donde se ha logrado una aprehensión, el MP tiende por generalidad a consignar.
Si en el sexenio pasado se supo de 4 mil 728 homicidios, en 877 de ellos hubo detenidos (el 18.5 por ciento); en 850 hubo consignados (el 17.9 por ciento), pero sólo en 574 hubo condenados (12.1 por ciento).
En 2007, de cada cinco homicidios, uno terminaba en una sentencia condenatoria (el 20 por ciento); y en 2012, en uno de cada 10 (el ocho por ciento).
En 2013 el 5 por ciento de los homicidios terminó con una pena, en 2014 fue menos de un punto porcentual (0.9), pero habrá que considerar los tiempos procesales de la justicia.
El nuevo sistema de justicia penal que inició en octubre en Jalisco deberá disminuir esta impunidad, pues permite al MP concentrarse en delitos de mayor impacto, tras despresurizarse con los mecanismos alternativos de solución de controversias.
El crimen organizado es aún un generador importante de esta violencia.
En la gestión pasada se le atribuyó el 40 por ciento de los homicidios (mil 883 de 4 mil 718, hasta octubre de 2012); en la actual administración ha perpetrado el 34 por ciento (572 de mil 682, durante todo 2013 y hasta agosto de 2014).
Fiscal autónomo
La Procuraduría General de la República está en proceso de volverse una Fiscalía General autónoma del Poder Ejecutivo, tras la reforma constitucional del 10 de febrero del 2014, para hacerla así más eficiente e independiente de influencias políticas.
En Veracruz ya se concretó la autonomía de su MP, Oaxaca ha dicho que lo hará en 2015, y estados como Sonora, Colima y Tlaxcala tienen iniciativas para ello; en Jalisco, cuando se creó la Fiscalía, esta posibilidad ni siquiera se puso sobre la mesa y la dependencia sigue subordinada al Ejecutivo estatal.
En la iniciativa presidencial de la Ley de la Fiscalía General –aprobada ya por los diputados, no por el Senado–, dice:
“Partió de la noción consistente en que causa desconfianza en la ciudadanía el hecho de que el MP y su titular dependan orgánicamente del presidente de la República, pues se tiene la percepción de que ‘la procuración de justicia es usada para reprimir a los adversarios políticos y a los disidentes’”.
A decir de Jorge Rocha, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), es momento de que en Jalisco se analice dotar de autonomía al MP, pero no sin antes evaluar la continuidad del modelo de la Fiscalía, es decir, de la fusión de la procuración de justicia y de la seguridad pública en una sola instancia.
“Muchos especialistas lo han dicho: el MP tendría que ser una instancia autónoma del Poder Ejecutivo necesariamente, si no el riesgo de politizar la justicia es muy alto, que más bien las Policías se dediquen a perseguir a opositores políticos y no a delincuentes; es el gran riesgo de tener una Policía al servicio de un Ejecutivo”, según la óptica del académico.
Hay antecedentes en Jalisco del MP guiado por motivos políticos, y no meramente técnicos y legales. En el sexenio pasado, la Procuraduría recibió de la Contraloría 13 denuncias por actos de corrupción que detectó en dependencias estatales, como enriquecimiento ilícito, entre otras, todas fueron archivadas.
Más recientemente, el extraño caso de la Consultora López Castro, un despacho que ganó ante la justicia federal el pago de un adeudo del Poder Legislativo por 58 millones de pesos, y que repentinamente se desistió del cobro, según lo anunció el 27 de noviembre pasado el secretario de Gobierno, Roberto López.
Aunque negó haber negociado la ley, en medios locales y nacionales trascendió que el Estado habría advertido a la consultora que, de recibir el pago, se le perseguiría por fraude, ante la sospecha de que nunca prestó su servicio; tras desistirse, la investigación paró: el MP estuvo subordinado al factor político.
“Cuando la tienes autónoma, es una fiscalía que tiene más capacidad de investigar porque no tiene compromisos con nadie, se cumple el famoso precepto de que la justicia es imparcial. No trabaja en función de intereses políticos en turno, sino de lo que le toca a hacer. Eso sería el modelo ideal, por eso hay que discutirlo claramente”, dice Rocha.
Pero también, añade, “es momento de revisar el modelo como tal (…) no podemos decir que Jalisco es un estado seguro, decir esto de haber puesto al MP y a la Policía juntos, en un solo paquete, nos está funcionando o no–, para mí ése es el tema realmente importante; yo creo que no”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.
Los resultados preliminares de la Comisión Investigadora de la Línea 12 colocan en el banquillo al exjefe de Gobierno y a sus colaboradores. Además recomienda al GDF revisar los contratos que han sido otorgados para el funcionamiento del Metro.
La Comisión Investigadora de la Línea 12 del Congreso de la Unión pidió a las autoridades judiciales que se investigue a Marcelo Ebrard por los presuntos ilícitos cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas en torno a la Línea 12.
El informe preliminar al que arribó dicha comisión coloca al exjefe de Gobierno en el banquillo de los acusados. Lo pone junto con su secretario de Finanzas, el hoy senador, Mario Delgado Carrillo y Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector de Proyecto Metro.
Las recomendaciones plasmadas en el documento de 93 cuartillas “Informe de Trabajo” de la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o que se hayan destinado a la Línea 12, hacen hincapié en que se encontraron sospechas de fraude y corrupción en la obra cumbre de Ebrard, la cual serviría para catapultar sus aspiraciones presidenciales en 2018.
“Al Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, solicitamos que, recibida la documentación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, proceda a la integración de las averiguaciones previas correspondientes y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales correspondientes a efecto de que se deslinden responsabilidades”, detalla el documento del cual Reporte Indigo tiene una copia.
La segunda recomendación del informe está dirigida al actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Pide que valore la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12, ya que el valor del PPS que se le otorgó vía adjudicación directa “representa más de tres veces el costo de la adquisición de los trenes”.
Más allá de sugerir la cancelación del millonario contrato que se le entregó a la firma española CAF, la Comisión Especial recomienda evaluar “la adquisición o prestación de servicios de otros trenes que se adapten correctamente a la vía y el trazo, con el fin de garantizar la seguridad y continuidad del servicio con costos razonables”.
Del polémico contrato PPS, que Delgado autorizó en su calidad de Secretario de Finanzas, el documento puntualiza que es a todas luces contrario al interés público.
“Es urgente revisar con especial atención los acuerdos sobre el tipo de cambio pactado en la firma del contrato PPS en 2010, así como las cláusulas que favorezcan al prestador del servicio, con el fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios que aceptaron dicho acuerdo, a todas luces contrario al interés público”.
La Comisión Especial urgió a que los funcionarios involucrados respondan ante las autoridades encargadas de administración de justicia del Distrito Federal y del país, por qué el Metro optó por trenes de rodadura férrea y no neumática, cuando había opiniones adversas a esta elección, sustentadas en evidencias técnicas.
“Es necesario conocer con precisión por qué se autorizó firmar un contrato de prestación de servicios a largo plazo para la renta de los trenes, en lugar de comprarlos y explicar suficientemente por qué se eligió a la empresa CAF y no a otra.
“Hay que aclarar por qué se decidió y quién autorizó en última instancia que el contrato con CAF se estableciera el precio del dólar en 16.27 pesos la unidad, cuando el 31 de mayo de 2010, fecha en que se firmó, el precio era de 12.91, decisión que se traduce en un sobrecosto de 3 mil 197 millones de pesos”, refiere el texto.
Golpe a ICA, Carso y Alstom
Respecto a la obra civil, el informe preliminar de Comisión Investigadora de la Línea 12 del Congreso de la Unión
establece que el Consorcio Constructor -compuesto por ICA, Carso y Alston- incumplió obligaciones contractuales al no asegurarse de la compatibilidad en el trazo de la vía con curvas de radio reducido y el tren férreo contratado.
Por su parte, CAF como prestador de servicio del PPS, aún cuando manifestó conocer toda la documentación relevante relativa a la construcción de la Línea 12, no se aseguró de la compatibilidad de los trenes que diseñó y fabricó con la vía que se estaba construyendo.
“Situación que resulta doblemente cuestionable al considerar que esta empresa ha provisto el 20 por ciento del material rodante o componentes importantes de la red del Metro desde 1986”.
CAF sortea las críticas
No es la primera vez que CAF sale delante de las críticas y acusaciones que le han hecho respecto a los trenes que rentó al Gobierno del Distrito Federal.
La firma española ha sostenido que los trenes que operan en la Línea 12 se construyeron con base en las especificaciones técnicas que proporcionaron las autoridades capitalinas.
Pese a los reiterados informes que apuntan a la incompatibilidad tren-vía, la compañía ha rechazado que los trenes no embonen y se ha manifestado dispuesta a realizar las correcciones correspondientes a fin de que la Línea 12 vuelve a operar en condiciones de seguridad.
Imperioso fincar responsabilidades
El informe preliminar de la Comisión Investigadora de la Línea 12 del Congreso de la Unión también pide el esclarecimiento de la razón por la cual se cambió la opción original del diseño de la línea que era un trazo subterráneo.
Y es que la autoridad aceptó la oferta del Consorcio Constructor de una “propuesta racionalizada”, la cual omitió la elaboración de una nueva ingeniería básica para justificar los cambios al proyecto original que terminó con cuatro diferentes procedimientos de construcción.
“Es imperioso fincar responsabilidades a quienes aprobaron que Proyecto metro y el Consorcio Constructor acordaran a través de sucesivos convenios modificatorios, incrementos en el costo de estaciones, tramos de conducción y en los porcentajes de los anticipos entregados a la compañías privadas mencionadas”, detalla el documento.
Otro de los temas relevantes y de polémica desde que se comenzó a construir la Línea 12 fue el nombramiento de Enrique Horcasitas al frente de Proyecto Metro, pese al evidente conflicto de interés con la constructora ICA.
Horcasita, cabeza del Proyecto Metro es hermano de Luis Horcasitas Manjarrez, uno de los directores generales de construcción de ICA, quien fue promovido a vicepresidente ejecutivo de dicha empresa.
Al respecto, la Comisión también urgió zanjar ese tema.
Caso similar ocurrió con la contratación del Consorcio Certificador, por parte de Proyecto Metro, a quien también se le aumentó el monto de pagos y se aplazó el compromiso de fecha de entrega de la obra.
No solo eso, la Comisión concluyó que dicho Consorcio Certificador, que entregó la certificación a Marcelo Ebrard para que pusiera en marcha la línea, no cuenta con acreditación en México.
En una de las comparecencias, las empresas certificadoras reconocieron que no aprobaron directamente los trenes bajo el argumento de que no estaba dentro del alcance de su contrato.
“Al haber sido adquiridos directamente por el Sistema de Transporte Colectivo, sólo analizó la documentación presentada por CAF con relación a la seguridad de la marcha del tren, el informe de seguridad frente al descarrilamiento y los resultados de la pruebas de estabilidad dinámica”.
Ebrard revira
Apenas se supo que el informe de la Comisión del Congreso tocaba a Marcelo Ebrard, el exjefe de Gobierno capitalino desacreditó el contenido.
Dijo que solo fue elaborado a criterio del PRI y no mediante un trabajo coordinado con el resto de los diputados.
Ebrard atribuyó al PRI intenciones de acabarlo políticamente rumbo a las próximas elecciones.
“Me llama la atención que sea un documento preparado por un solo partido y que se presente como si fuese de toda la Comisión”, dijo.
El presidente de la Comisión, el priista Marco Antonio Calzada reconoció que el documento no es el informe final sino un dictamen preliminar que será expuesto al resto de los integrantes el próximo domingo al medio día.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dio a conocer hoy que México será sometido por primera vez a observación por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), instancia que se reunirá en Ginebra, Suiza, del 2 al 13 de febrero.
En un comunicado se destacó que el Comité, compuesto por 10 expertos independientes en derechos humanos, monitorea la aplicación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Incluso, se destaca en el boletín, México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención y por tanto está obligado a presentar un informe para la revisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Por ello, el CED sostendrá rondas de diálogo con una delegación del gobierno mexicano el 2 y 3 de febrero en el Palacio Wilson de Ginebra y serán transmitidas en www.treatybodywebcast.org).
Luego del encuentro, el Comité de ONU publicará sus observaciones finales sobre México y otros dos países sujetos a revisión –Serbia y Armenia– durante su sesión del mes próximo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
WASHINGTON: En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las fuerzas de seguridad, en colaboración directa con grupos criminales, han perpetrado la desaparición de personas, denuncia Human Rights Watch (HRW) en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El capítulo de México destaca como actos más grotescos de violación a los derechos humanos, los casos de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, a manos del Ejército.
“Integrantes de todas las fuerzas de seguridad han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Pena Nieto, en algunas ocasiones, en colaboración directa con grupos criminales”, refiere el informe anual de Human Rights Watch.
Concentrado en ocho páginas, el reporte reprueba al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en términos de garantizar el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.
“El gobierno ha logrado avances limitados en el juzgamiento de los asesinatos, las desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizada perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada”, dice.
Asimismo HRW agrega que las restricciones a la libertad de prensa, los abusos contra los migrantes y los límites de acceso a derechos reproductivos y a la atención médica son otros de los problemas persistentes en México, enmarcados en las garantías a los derechos humanos.
La organización internacional defensora y vigilante de la preservación y respeto a las garantías individuales en el mundo, en la descalificación que hace del gobierno de Peña Nieto en su balance anual, encomia también al gobierno de Estados Unidos a presionar a su contraparte mexicana para que haga más por la defensa de los derechos humanos y para abatir la impunidad.
Sobre el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, HRW subraya la incapacidad del gobierno de Peña Nieto, y en especial de la Procuraduría General de la Republica (PGR), para esclarecer este crimen e investigar y procesar a quienes resulten culpables de ello.
“A la fecha de la redacción de este documento, se desconocía el paradero de 42 estudiantes. La PGR señaló que, según la confesión de tres presuntos responsables, los estudiantes habrían sido entregados a miembros de una organización criminal, quienes los asesinaron, quemaron sus cuerpos y los arrojaron a un basurero municipal”, resalta el informe de HRW.
Respecto de la participación de los militares en los abusos y violaciones a los derechos humanos en México, la organización internacional acusa que en este asunto el gobierno de Peña Nieto no ha hecho nada para aplicar la justicia civil a quienes han cometido delitos, dejando siempre que sean los tribunales marciales quienes procesen los casos, con menos transparencia.
“Desde 2006, la CNDH recibió aproximadamente 9 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había cometido graves violaciones a los derechos humanos”, así se destaca en el informe el asunto de los fuerzas militares y los derechos humanos en México.
Para ampliar más este inciso, HRW resalta el caso de la masacre de los 22 civiles en Tlatlaya, ocurrida en junio de 2014, y de lo cual la Secretaria de la Defensa Nacional no ha transparentado casi nada.
“El sistema de justicia militar detuvo a 24 soldados y un teniente que presuntamente participaron en los incidentes y acuso a ocho de ellos de faltas a la disciplina militar”, dice y añade:
“Posteriormente, siete soldados y el teniente fueron consignados por la PGR por el ‘ejercicio indebido del servicio público’. Tres de los soldados también fueron consignados por ‘abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas, y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo’. El teniendo enfrenta, además, cargos por encubrimiento”.
Sobre otras violaciones a los derechos humanos y que se mantienen como la norma en el sexenio de Peña Nieto, HRW enlista a la “tortura para obtener información y confesiones”, la falta de justicia por parte de las autoridades a las víctimas de crímenes violentos, las ejecuciones extrajudiciales, el secuestros, la discriminación contra las personas discapacitadas, indígenas; y la explotación laboral y sexual de mujeres y menores de edad.
“La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país”, consigna.
Bajo un acuerdo suscrito por los grupos de autodefensas y el gobierno de Peña Nieto, en Michoacán, por ejemplo, los grupos paramilitares registraron sus armas y se comprometieron a sumarse a las fuerzas locales de seguridad.
Pero, “al momento de la redacción de este documento –dice– no se había efectuado ninguna evaluación independiente sobre la implementación del acuerdo, ni sobre si cumplía con los procedimientos de selección que prevé el derecho mexicano para las fuerzas de seguridad”, se queja el organismo internacional.
Para presionar al gobierno de Peña Nieto a que cumpla un mejor papel en el otorgamiento universal del respeto a los derechos humanos para con los mexicanos, HRW menciona que el gobierno de Estados Unidos podría ser crucial para el cumplimiento de este objetivo, pero lo acusa de cerrar los ojos ante una realidad.
HRW explica que, bajo la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado podría suspender la entrega del 15% de los fondos que destina al gobierno de México para la lucha bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero no lo hace, ya que aunque la ley estadunidense le exige al Departamento de Estado que cada ano informe al Congreso federal de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en México, las autoridades estadunidenses sostienen que el gobierno mexicano cumple con los requisitos que evitan el condicionamiento del desembolso de la ayuda.
“El Departamento de Estado de manera reiterada ha informado al Congreso estadunidense que se estarían cumpliendo los requisitos, a pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo contrario, y citan a menudo adelantos incompletos y poco precisos con respecto a tal cumplimiento, en función de lo cual el Congreso ha dispuesto la entrega de los fondos”, concluye HRW.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
MÉXICO, D.F Después del desplome del precio de la mezcla mexicana, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, adelantó que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicarán recortes en sus gastos.
Luego de presentar la Tercera Ronda de Licitaciones de Transporte e Infraestructura Eléctrica, Joaquín Coldwell reveló que “ya está trabajando la dirección general, conjuntamente con el Comité de Estrategia e Inversión de Petróleos Mexicanos, para hacer un ajuste al presupuesto de egresos de Pemex, pues es lógico que si disminuyen los ingresos de la paraestatal, pues se tenga que reducir también sus gastos”.
Por lo pronto, el precio del crudo continúa a la baja ante la sobreoferta en los mercados internacionales y la negativa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de disminuir su producción, así como al reciente aumento de los inventarios en Estados Unidos.
Hasta el viernes pasado, el precio de la mezcla mexicana del petróleo ha acumulado una pérdida de 15.13% y sigue cotizándose debajo de los 40 dólares por barril.
Ante esta situación, el titular de Sener advirtió que “las dos empresas están analizando recursos y seguramente algunos contratistas harán ajustes personales”.
Desplome “pega” a BMV
Afectada por el precio del petróleo y por la decisión de la Reserva Federal estadunidense (Fed) de mantener invariables las tasas de interés por lo menos hasta junio próximo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió hoy 1.10%, ya que el índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 42 mil 158 enteros, 469 unidades menos que la jornada anterior.
El peso también fue afectado por estas circunstancias, pues al finalizar la jornada cerró con una caída de 1.02%, para cotizarse en 14.7295 unidades por dólar en su venta interbancaria, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).
Y en ventanilla, el dólar se vende en 15.05 pesos luego de que la Fed reiteró que será paciente para el inicio del alza de las tasas de interés (ubicadas entre 0% y 0.25%), aunque subrayó que la medida depende del progreso en sus objetivos de crecimiento del empleo e inflación.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
El senador del PAN, Javier Lozano, califica como una muestra de intolerancia el proceso de expulsión que le comenzó el CEN albiazul por criticar al dirigente nacional Gustavo Madero.
Javier Lozano Alarcón, el senador del PAN a quien le fue iniciado un proceso de sanción por criticar a Gustavo Madero, afirmó que "no le dará gusto" a quienes quieren verlo fuera del PAN.
En entrevista, el legislador señaló que además de una muestra de intolerancia contra sus declaraciones, la intención de expulsarlo del PAN obedece al interés de sacarlo de la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado.
"Por supuesto que hay muchos interesados en que yo deje la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Es apetecible para muchos. No les voy a dar ese gusto.
