La impunidad es un halo protector para los asesinos en Jalisco: en cuatro de cada cinco homicidios, la Fiscalía estatal no logra capturar a los responsables. Y mientras el Gobierno Federal y otros estados avanzan en dotar de autonomía a su Ministerio Público, en la entidad ese debate no ha iniciado.
Matar en Jalisco sale barato.
Hasta hoy, la Fiscalía General del Estado –que fusionó las extintas Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública en una sola estructura–, ha sido incapaz de capturar a la mayoría de los homicidas y de disminuir de forma relevante los índices de impunidad que cubren a los asesinatos.
Las mediciones actuales de eficiencia de la Fiscalía no son muy diferentes de las que se hicieron durante la segunda parte del sexenio pasado, cuando se desató la violencia vinculada principalmente con las organizaciones criminales en su disputa por el territorio estatal.
Reporte Indigo obtuvo un indicador de la Fiscalía rara vez expuesto, otorgado por instrucción del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI).
Más allá de la consignación de averiguaciones previas por homicidio doloso, que puede darse con o sin detenido, la pregunta es: ¿en cuántos asesinatos ocurridos en Jalisco se ha atrapado, en efecto, al homicida?
En el 2007, la captura se logró en el 28 por ciento de los casos que atendió la entonces Procuraduría. De 389 asesinatos cometidos, se capturó sólo a 109 presuntos responsables.
Al año siguiente la proporción se elevó. Las autoridades detuvieron a los supuestos autores del 31 por ciento de los homicidios del 2008; para 2009, la cifra bajó al 24 por ciento.
De aquí en adelante el indicador sería peor, y mientras la eficiencia descendía, la violencia iba en aumento en Jalisco.
En 2010 se detuvo a los homicidas del 18 por ciento de los asesinatos. En 2011 al 14 por ciento, y en 2012 al 13 por ciento, éste fue el peor año en resultados; fue además el último en que la investigación de los delitos recayó en la Procuraduría, separada aún de la Secretaría de Seguridad Pública.
En 2013, tras la reforma local que dio pie a la Fiscalía –concentrando en ella a las Policías Estatal, Vial, Ministerial, al Ministerio Público (MP) y al área de Reinserción Social–, se logró capturar a los autores del 15 por ciento de los homicidios, una ligera mejora sobre 2012 y 2011, pero lejos de los mejores registros de la gestión pasada.
En 2014 volvió a aumentar levemente el indicador, se detuvo a los homicidas del 17 por ciento de los casos hasta agosto de ese año, pero aún por debajo de lo alcanzado entre 2007 y 2010, y dejando impune cuatro de cada cinco asesinatos.
Consignar, la prioridad
En los homicidios donde se ha logrado una aprehensión, el MP tiende por generalidad a consignar.
Si en el sexenio pasado se supo de 4 mil 728 homicidios, en 877 de ellos hubo detenidos (el 18.5 por ciento); en 850 hubo consignados (el 17.9 por ciento), pero sólo en 574 hubo condenados (12.1 por ciento).
En 2007, de cada cinco homicidios, uno terminaba en una sentencia condenatoria (el 20 por ciento); y en 2012, en uno de cada 10 (el ocho por ciento).
En 2013 el 5 por ciento de los homicidios terminó con una pena, en 2014 fue menos de un punto porcentual (0.9), pero habrá que considerar los tiempos procesales de la justicia.
El nuevo sistema de justicia penal que inició en octubre en Jalisco deberá disminuir esta impunidad, pues permite al MP concentrarse en delitos de mayor impacto, tras despresurizarse con los mecanismos alternativos de solución de controversias.
El crimen organizado es aún un generador importante de esta violencia.
En la gestión pasada se le atribuyó el 40 por ciento de los homicidios (mil 883 de 4 mil 718, hasta octubre de 2012); en la actual administración ha perpetrado el 34 por ciento (572 de mil 682, durante todo 2013 y hasta agosto de 2014).
Fiscal autónomo
La Procuraduría General de la República está en proceso de volverse una Fiscalía General autónoma del Poder Ejecutivo, tras la reforma constitucional del 10 de febrero del 2014, para hacerla así más eficiente e independiente de influencias políticas.
En Veracruz ya se concretó la autonomía de su MP, Oaxaca ha dicho que lo hará en 2015, y estados como Sonora, Colima y Tlaxcala tienen iniciativas para ello; en Jalisco, cuando se creó la Fiscalía, esta posibilidad ni siquiera se puso sobre la mesa y la dependencia sigue subordinada al Ejecutivo estatal.
En la iniciativa presidencial de la Ley de la Fiscalía General –aprobada ya por los diputados, no por el Senado–, dice:
“Partió de la noción consistente en que causa desconfianza en la ciudadanía el hecho de que el MP y su titular dependan orgánicamente del presidente de la República, pues se tiene la percepción de que ‘la procuración de justicia es usada para reprimir a los adversarios políticos y a los disidentes’”.
A decir de Jorge Rocha, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), es momento de que en Jalisco se analice dotar de autonomía al MP, pero no sin antes evaluar la continuidad del modelo de la Fiscalía, es decir, de la fusión de la procuración de justicia y de la seguridad pública en una sola instancia.
“Muchos especialistas lo han dicho: el MP tendría que ser una instancia autónoma del Poder Ejecutivo necesariamente, si no el riesgo de politizar la justicia es muy alto, que más bien las Policías se dediquen a perseguir a opositores políticos y no a delincuentes; es el gran riesgo de tener una Policía al servicio de un Ejecutivo”, según la óptica del académico.
Hay antecedentes en Jalisco del MP guiado por motivos políticos, y no meramente técnicos y legales. En el sexenio pasado, la Procuraduría recibió de la Contraloría 13 denuncias por actos de corrupción que detectó en dependencias estatales, como enriquecimiento ilícito, entre otras, todas fueron archivadas.
Más recientemente, el extraño caso de la Consultora López Castro, un despacho que ganó ante la justicia federal el pago de un adeudo del Poder Legislativo por 58 millones de pesos, y que repentinamente se desistió del cobro, según lo anunció el 27 de noviembre pasado el secretario de Gobierno, Roberto López.
Aunque negó haber negociado la ley, en medios locales y nacionales trascendió que el Estado habría advertido a la consultora que, de recibir el pago, se le perseguiría por fraude, ante la sospecha de que nunca prestó su servicio; tras desistirse, la investigación paró: el MP estuvo subordinado al factor político.
“Cuando la tienes autónoma, es una fiscalía que tiene más capacidad de investigar porque no tiene compromisos con nadie, se cumple el famoso precepto de que la justicia es imparcial. No trabaja en función de intereses políticos en turno, sino de lo que le toca a hacer. Eso sería el modelo ideal, por eso hay que discutirlo claramente”, dice Rocha.
Pero también, añade, “es momento de revisar el modelo como tal (…) no podemos decir que Jalisco es un estado seguro, decir esto de haber puesto al MP y a la Policía juntos, en un solo paquete, nos está funcionando o no–, para mí ése es el tema realmente importante; yo creo que no”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.
Los resultados preliminares de la Comisión Investigadora de la Línea 12 colocan en el banquillo al exjefe de Gobierno y a sus colaboradores. Además recomienda al GDF revisar los contratos que han sido otorgados para el funcionamiento del Metro.
La Comisión Investigadora de la Línea 12 del Congreso de la Unión pidió a las autoridades judiciales que se investigue a Marcelo Ebrard por los presuntos ilícitos cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas en torno a la Línea 12.
El informe preliminar al que arribó dicha comisión coloca al exjefe de Gobierno en el banquillo de los acusados. Lo pone junto con su secretario de Finanzas, el hoy senador, Mario Delgado Carrillo y Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector de Proyecto Metro.
Las recomendaciones plasmadas en el documento de 93 cuartillas “Informe de Trabajo” de la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o que se hayan destinado a la Línea 12, hacen hincapié en que se encontraron sospechas de fraude y corrupción en la obra cumbre de Ebrard, la cual serviría para catapultar sus aspiraciones presidenciales en 2018.
“Al Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, solicitamos que, recibida la documentación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, proceda a la integración de las averiguaciones previas correspondientes y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales correspondientes a efecto de que se deslinden responsabilidades”, detalla el documento del cual Reporte Indigo tiene una copia.
La segunda recomendación del informe está dirigida al actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Pide que valore la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12, ya que el valor del PPS que se le otorgó vía adjudicación directa “representa más de tres veces el costo de la adquisición de los trenes”.
Más allá de sugerir la cancelación del millonario contrato que se le entregó a la firma española CAF, la Comisión Especial recomienda evaluar “la adquisición o prestación de servicios de otros trenes que se adapten correctamente a la vía y el trazo, con el fin de garantizar la seguridad y continuidad del servicio con costos razonables”.
Del polémico contrato PPS, que Delgado autorizó en su calidad de Secretario de Finanzas, el documento puntualiza que es a todas luces contrario al interés público.
“Es urgente revisar con especial atención los acuerdos sobre el tipo de cambio pactado en la firma del contrato PPS en 2010, así como las cláusulas que favorezcan al prestador del servicio, con el fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios que aceptaron dicho acuerdo, a todas luces contrario al interés público”.
La Comisión Especial urgió a que los funcionarios involucrados respondan ante las autoridades encargadas de administración de justicia del Distrito Federal y del país, por qué el Metro optó por trenes de rodadura férrea y no neumática, cuando había opiniones adversas a esta elección, sustentadas en evidencias técnicas.
“Es necesario conocer con precisión por qué se autorizó firmar un contrato de prestación de servicios a largo plazo para la renta de los trenes, en lugar de comprarlos y explicar suficientemente por qué se eligió a la empresa CAF y no a otra.
“Hay que aclarar por qué se decidió y quién autorizó en última instancia que el contrato con CAF se estableciera el precio del dólar en 16.27 pesos la unidad, cuando el 31 de mayo de 2010, fecha en que se firmó, el precio era de 12.91, decisión que se traduce en un sobrecosto de 3 mil 197 millones de pesos”, refiere el texto.
Golpe a ICA, Carso y Alstom
Respecto a la obra civil, el informe preliminar de Comisión Investigadora de la Línea 12 del Congreso de la Unión
establece que el Consorcio Constructor -compuesto por ICA, Carso y Alston- incumplió obligaciones contractuales al no asegurarse de la compatibilidad en el trazo de la vía con curvas de radio reducido y el tren férreo contratado.
Por su parte, CAF como prestador de servicio del PPS, aún cuando manifestó conocer toda la documentación relevante relativa a la construcción de la Línea 12, no se aseguró de la compatibilidad de los trenes que diseñó y fabricó con la vía que se estaba construyendo.
“Situación que resulta doblemente cuestionable al considerar que esta empresa ha provisto el 20 por ciento del material rodante o componentes importantes de la red del Metro desde 1986”.
CAF sortea las críticas
No es la primera vez que CAF sale delante de las críticas y acusaciones que le han hecho respecto a los trenes que rentó al Gobierno del Distrito Federal.
La firma española ha sostenido que los trenes que operan en la Línea 12 se construyeron con base en las especificaciones técnicas que proporcionaron las autoridades capitalinas.
Pese a los reiterados informes que apuntan a la incompatibilidad tren-vía, la compañía ha rechazado que los trenes no embonen y se ha manifestado dispuesta a realizar las correcciones correspondientes a fin de que la Línea 12 vuelve a operar en condiciones de seguridad.
Imperioso fincar responsabilidades
El informe preliminar de la Comisión Investigadora de la Línea 12 del Congreso de la Unión también pide el esclarecimiento de la razón por la cual se cambió la opción original del diseño de la línea que era un trazo subterráneo.
Y es que la autoridad aceptó la oferta del Consorcio Constructor de una “propuesta racionalizada”, la cual omitió la elaboración de una nueva ingeniería básica para justificar los cambios al proyecto original que terminó con cuatro diferentes procedimientos de construcción.
“Es imperioso fincar responsabilidades a quienes aprobaron que Proyecto metro y el Consorcio Constructor acordaran a través de sucesivos convenios modificatorios, incrementos en el costo de estaciones, tramos de conducción y en los porcentajes de los anticipos entregados a la compañías privadas mencionadas”, detalla el documento.
Otro de los temas relevantes y de polémica desde que se comenzó a construir la Línea 12 fue el nombramiento de Enrique Horcasitas al frente de Proyecto Metro, pese al evidente conflicto de interés con la constructora ICA.
Horcasita, cabeza del Proyecto Metro es hermano de Luis Horcasitas Manjarrez, uno de los directores generales de construcción de ICA, quien fue promovido a vicepresidente ejecutivo de dicha empresa.
Al respecto, la Comisión también urgió zanjar ese tema.
Caso similar ocurrió con la contratación del Consorcio Certificador, por parte de Proyecto Metro, a quien también se le aumentó el monto de pagos y se aplazó el compromiso de fecha de entrega de la obra.
No solo eso, la Comisión concluyó que dicho Consorcio Certificador, que entregó la certificación a Marcelo Ebrard para que pusiera en marcha la línea, no cuenta con acreditación en México.
En una de las comparecencias, las empresas certificadoras reconocieron que no aprobaron directamente los trenes bajo el argumento de que no estaba dentro del alcance de su contrato.
“Al haber sido adquiridos directamente por el Sistema de Transporte Colectivo, sólo analizó la documentación presentada por CAF con relación a la seguridad de la marcha del tren, el informe de seguridad frente al descarrilamiento y los resultados de la pruebas de estabilidad dinámica”.
Ebrard revira
Apenas se supo que el informe de la Comisión del Congreso tocaba a Marcelo Ebrard, el exjefe de Gobierno capitalino desacreditó el contenido.
Dijo que solo fue elaborado a criterio del PRI y no mediante un trabajo coordinado con el resto de los diputados.
Ebrard atribuyó al PRI intenciones de acabarlo políticamente rumbo a las próximas elecciones.
“Me llama la atención que sea un documento preparado por un solo partido y que se presente como si fuese de toda la Comisión”, dijo.
El presidente de la Comisión, el priista Marco Antonio Calzada reconoció que el documento no es el informe final sino un dictamen preliminar que será expuesto al resto de los integrantes el próximo domingo al medio día.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dio a conocer hoy que México será sometido por primera vez a observación por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), instancia que se reunirá en Ginebra, Suiza, del 2 al 13 de febrero.
En un comunicado se destacó que el Comité, compuesto por 10 expertos independientes en derechos humanos, monitorea la aplicación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Incluso, se destaca en el boletín, México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención y por tanto está obligado a presentar un informe para la revisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Por ello, el CED sostendrá rondas de diálogo con una delegación del gobierno mexicano el 2 y 3 de febrero en el Palacio Wilson de Ginebra y serán transmitidas en www.treatybodywebcast.org).
Luego del encuentro, el Comité de ONU publicará sus observaciones finales sobre México y otros dos países sujetos a revisión –Serbia y Armenia– durante su sesión del mes próximo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
WASHINGTON: En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las fuerzas de seguridad, en colaboración directa con grupos criminales, han perpetrado la desaparición de personas, denuncia Human Rights Watch (HRW) en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El capítulo de México destaca como actos más grotescos de violación a los derechos humanos, los casos de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, a manos del Ejército.
“Integrantes de todas las fuerzas de seguridad han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Pena Nieto, en algunas ocasiones, en colaboración directa con grupos criminales”, refiere el informe anual de Human Rights Watch.
Concentrado en ocho páginas, el reporte reprueba al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en términos de garantizar el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.
“El gobierno ha logrado avances limitados en el juzgamiento de los asesinatos, las desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizada perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada”, dice.
Asimismo HRW agrega que las restricciones a la libertad de prensa, los abusos contra los migrantes y los límites de acceso a derechos reproductivos y a la atención médica son otros de los problemas persistentes en México, enmarcados en las garantías a los derechos humanos.
La organización internacional defensora y vigilante de la preservación y respeto a las garantías individuales en el mundo, en la descalificación que hace del gobierno de Peña Nieto en su balance anual, encomia también al gobierno de Estados Unidos a presionar a su contraparte mexicana para que haga más por la defensa de los derechos humanos y para abatir la impunidad.
Sobre el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, HRW subraya la incapacidad del gobierno de Peña Nieto, y en especial de la Procuraduría General de la Republica (PGR), para esclarecer este crimen e investigar y procesar a quienes resulten culpables de ello.
“A la fecha de la redacción de este documento, se desconocía el paradero de 42 estudiantes. La PGR señaló que, según la confesión de tres presuntos responsables, los estudiantes habrían sido entregados a miembros de una organización criminal, quienes los asesinaron, quemaron sus cuerpos y los arrojaron a un basurero municipal”, resalta el informe de HRW.
Respecto de la participación de los militares en los abusos y violaciones a los derechos humanos en México, la organización internacional acusa que en este asunto el gobierno de Peña Nieto no ha hecho nada para aplicar la justicia civil a quienes han cometido delitos, dejando siempre que sean los tribunales marciales quienes procesen los casos, con menos transparencia.
“Desde 2006, la CNDH recibió aproximadamente 9 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había cometido graves violaciones a los derechos humanos”, así se destaca en el informe el asunto de los fuerzas militares y los derechos humanos en México.
Para ampliar más este inciso, HRW resalta el caso de la masacre de los 22 civiles en Tlatlaya, ocurrida en junio de 2014, y de lo cual la Secretaria de la Defensa Nacional no ha transparentado casi nada.
“El sistema de justicia militar detuvo a 24 soldados y un teniente que presuntamente participaron en los incidentes y acuso a ocho de ellos de faltas a la disciplina militar”, dice y añade:
“Posteriormente, siete soldados y el teniente fueron consignados por la PGR por el ‘ejercicio indebido del servicio público’. Tres de los soldados también fueron consignados por ‘abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas, y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo’. El teniendo enfrenta, además, cargos por encubrimiento”.
Sobre otras violaciones a los derechos humanos y que se mantienen como la norma en el sexenio de Peña Nieto, HRW enlista a la “tortura para obtener información y confesiones”, la falta de justicia por parte de las autoridades a las víctimas de crímenes violentos, las ejecuciones extrajudiciales, el secuestros, la discriminación contra las personas discapacitadas, indígenas; y la explotación laboral y sexual de mujeres y menores de edad.
“La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país”, consigna.
Bajo un acuerdo suscrito por los grupos de autodefensas y el gobierno de Peña Nieto, en Michoacán, por ejemplo, los grupos paramilitares registraron sus armas y se comprometieron a sumarse a las fuerzas locales de seguridad.
Pero, “al momento de la redacción de este documento –dice– no se había efectuado ninguna evaluación independiente sobre la implementación del acuerdo, ni sobre si cumplía con los procedimientos de selección que prevé el derecho mexicano para las fuerzas de seguridad”, se queja el organismo internacional.
Para presionar al gobierno de Peña Nieto a que cumpla un mejor papel en el otorgamiento universal del respeto a los derechos humanos para con los mexicanos, HRW menciona que el gobierno de Estados Unidos podría ser crucial para el cumplimiento de este objetivo, pero lo acusa de cerrar los ojos ante una realidad.
HRW explica que, bajo la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado podría suspender la entrega del 15% de los fondos que destina al gobierno de México para la lucha bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero no lo hace, ya que aunque la ley estadunidense le exige al Departamento de Estado que cada ano informe al Congreso federal de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en México, las autoridades estadunidenses sostienen que el gobierno mexicano cumple con los requisitos que evitan el condicionamiento del desembolso de la ayuda.
“El Departamento de Estado de manera reiterada ha informado al Congreso estadunidense que se estarían cumpliendo los requisitos, a pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo contrario, y citan a menudo adelantos incompletos y poco precisos con respecto a tal cumplimiento, en función de lo cual el Congreso ha dispuesto la entrega de los fondos”, concluye HRW.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
MÉXICO, D.F Después del desplome del precio de la mezcla mexicana, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, adelantó que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicarán recortes en sus gastos.
Luego de presentar la Tercera Ronda de Licitaciones de Transporte e Infraestructura Eléctrica, Joaquín Coldwell reveló que “ya está trabajando la dirección general, conjuntamente con el Comité de Estrategia e Inversión de Petróleos Mexicanos, para hacer un ajuste al presupuesto de egresos de Pemex, pues es lógico que si disminuyen los ingresos de la paraestatal, pues se tenga que reducir también sus gastos”.
Por lo pronto, el precio del crudo continúa a la baja ante la sobreoferta en los mercados internacionales y la negativa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de disminuir su producción, así como al reciente aumento de los inventarios en Estados Unidos.
Hasta el viernes pasado, el precio de la mezcla mexicana del petróleo ha acumulado una pérdida de 15.13% y sigue cotizándose debajo de los 40 dólares por barril.
Ante esta situación, el titular de Sener advirtió que “las dos empresas están analizando recursos y seguramente algunos contratistas harán ajustes personales”.
Desplome “pega” a BMV
Afectada por el precio del petróleo y por la decisión de la Reserva Federal estadunidense (Fed) de mantener invariables las tasas de interés por lo menos hasta junio próximo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió hoy 1.10%, ya que el índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 42 mil 158 enteros, 469 unidades menos que la jornada anterior.
El peso también fue afectado por estas circunstancias, pues al finalizar la jornada cerró con una caída de 1.02%, para cotizarse en 14.7295 unidades por dólar en su venta interbancaria, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).
Y en ventanilla, el dólar se vende en 15.05 pesos luego de que la Fed reiteró que será paciente para el inicio del alza de las tasas de interés (ubicadas entre 0% y 0.25%), aunque subrayó que la medida depende del progreso en sus objetivos de crecimiento del empleo e inflación.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
El senador del PAN, Javier Lozano, califica como una muestra de intolerancia el proceso de expulsión que le comenzó el CEN albiazul por criticar al dirigente nacional Gustavo Madero.
Javier Lozano Alarcón, el senador del PAN a quien le fue iniciado un proceso de sanción por criticar a Gustavo Madero, afirmó que "no le dará gusto" a quienes quieren verlo fuera del PAN.
En entrevista, el legislador señaló que además de una muestra de intolerancia contra sus declaraciones, la intención de expulsarlo del PAN obedece al interés de sacarlo de la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado.
"Por supuesto que hay muchos interesados en que yo deje la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Es apetecible para muchos. No les voy a dar ese gusto.
Bajo las órdenes del General Felipe Gurrola Ramírez, el Gobierno Federal anuncia el envío de 3 mil militares más a Michoacán. El objetivo sigue siendo Servando Gómez ‘La Tuta’.
Tras el anuncio del gobernado sustituto Salvador Jara de que será el gobierno estatal el que de nueva cuenta retome el control de las acciones de seguridad, el Gobierno Federal volvió a la añeja fórmula de militarizar la entidad en aras de lograr la pacificación de Michoacán.
El nuevo proceso de militarización -tras la designación del general Felipe Gurrola Ramírez como mando especial en materia de seguridad para el estado- no dista de las acciones que en su momento aplicó el presidente de la República, Felipe Calderón, en diciembre del 2006.
A la lucha contra el crimen organizado que se ha declarado actuante en algunos reductos de la zona sur de Michoacán, se han designado al menos otros 3 mil soldados, con lo que la cifra de elementos del gobierno en acciones de combate al narcotráfico estaría llegando a más de 12 mil, entre Policías Federales, gendarmería nacional, elementos de la Marina Armada y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El General Gurrola Ramírez explicó que la intención de ese despliegue es retornar al estado de derecho que le fue arrebatado a la sociedad por las células criminales.
La acción militar tiene como principal objetivo el desmantelamiento del cártel de Los Caballeros Templarios, del que se ha reconocido oficialmente que continúa con acciones violentas.
No estaban muertos
Apenas en noviembre pasado, el enviado presidencial para la pacificación y desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, anunció que el cártel de Los Caballeros Templarios ya estaba desmantelado como resultado de la anulación de su capacidad financiera y la eliminación de algunos de sus principales líderes.
Ahora el mando militar le corrige la plana al excomisionado.
El objetivo, (otra vez) ‘La Tuta’
El despliegue militar en Michoacán tiene como finalidad la detención de Servando Gómez Martínez, el jefe principal del cártel de Los Caballeros Templarios.
El líder visible del principal cártel de las drogas en Michoacán, es de todos los narcotraficantes el que más elementos federales ha movilizado tras de sí.
Ni Joaquín “El Chapo” Guzmán -considerado el capo de las drogas de mayor notoriedad en los últimos 15 años- había concentrado tal Fuerza Federal con el objetivo de su captura. Para la detención de “El Chapo”, la Federación envió cerca de 6 mil solados a Sinaloa.
Para la detención de “La Tuta” ya suman 12 elementos los que han sido movilizados.
La misma estrategia ¿nuevo resultado?
El 6 de diciembre del 2006, el entonces presidente Felipe Calderón anunció la Operación Conjunta Michoacán, para encarar al crimen organizado.
En ese momento ingresaron a la entidad 6 mil 714 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Policía Federal y de la PGR.
A partir de ese momento, el estado de Michoacán pagó la incursión militar con más de mil muertos por año y cerca de 2 mil desaparecidos durante el sexenio.
Ahora, la llegada de más tropas militares al estado fue aplaudida por el gobernador Salvador Jara, quien insistió en señalar que la estrategia de seguridad estará bajo la instrucción del gobierno estatal.
Resaltó la colaboración con el mando especial designado por el Gobierno Federal hace apenas unos días.
Las acciones de la Federación en la primera incursión formal contra el crimen en este sexenio han dejado la incautación de vehículos, armas, caballos e inmuebles a presuntos miembros del crimen organizado.
Hasta el momento, se sostiene la versión de que tras el ingreso de Fuerzas Federales a la zona de Apatzingán, se han registrado al menos cuatro enfrentamientos de escasa duración, en donde no se ha oficializado ningún deceso ni heridos.
La violencia en la zona en el sur de Michoacán se comenzó a generalizar desde la semana pasada, apenas se anunció la salida del comisionado Alfredo Castillo.
En otras partes de la entidad, según reportes de la Procuraduría de Justicia de la entidad, desde la semana pasada se comenzó a disparar la delincuencia común.
Se ha registrado incremento en robos a casa habitación, homicidios y asaltos a comercios.
La versión oficial de la jornada de violencia que se vive en la Tierra Caliente apunta a una reacción de algunos grupos de civiles que se niegan a la presencia de las Fuerzas Federales en la zona.
No operan otros cárteles
De acuerdo a la visión del general Felipe Gurrola Ramírez, en el estado de Michoacán el único cártel que se mantiene operando es el de Los Caballeros Templarios.
El mando militar descartó que el territorio esté siendo objeto de disputa entre otros grupos criminales con el cartel local.
Para evitar que ingresen a la entidad otros cárteles, una vez que se desarticule el de Los Caballeros Templarios, Gurrola Ramírez estima un programa de blindaje al estado.
Fortalecerá la presencia militar en las zonas limítrofes de Michoacán con Jalisco, Guerrero y Guanajuato.
Ese sería el mecanismo para cerrar el paso al ingreso de los cárteles de Los Zetas, que podrían llegar por el estado de Guanajuato, al cártel Jalisco Nueva Generación, que podría ingresar desde Jalisco y al cártel de los Guerreros Unidos, que entraría virtualmente desde el estado de Guerrero.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, la verdad sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa está en un basurero y en declaraciones tomadas como testimonios de delincuentes que, con base en torturas, pudieran haber dicho lo que la PGR quisiera. En el basurero de Cocula está la “verdad histórica” oficial en la que faltan personajes importantes como el Ejército y el exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
En casi todos los casos difíciles las autoridades basan sus juicios en la verdad jurídica y, con base en la comprobación de declaraciones y pruebas científicas, se emiten las sentencias. Para el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el procurador Jesús Murillo Karam actuó al revés por conveniencia.
Sin pruebas contundentes y sólo basadas en dichos conformó la “verdad histórica” sin poder corroborar la historia de la supuesta incineración de los estudiantes confundidos con rivales por el grupo criminal de los Guerreros Unidos.
La investigación de Murillo Karam bien podría irse a la basura si no ofrece la certeza que la sociedad busca en la desaparición de los estudiantes rurales en la que estuvieron involucrados el Ejército, la Policía Federal, el exedil de Iguala y Ángel Aguirre.
No son suficientes 39 confesiones si éstas no son comprobadas, tampoco la detención de 99 personas –policías municipales y sicarios— si no están quienes son autoridades y no actuaron. No hay ninguna verdad si lo único que se quiere es construir a modo una versión y cerrar el caso para que los responsables, entre ellos personajes con intereses políticos dentro del propio gobierno federal, no sean tocados.
Enredado en su propia maraña, Murillo Karam presentó la versión oficial sin tener prueba alguna que corrobore las confesiones de los criminales y policías. Su historia de que se usaron llantas, plástico, gasolina y desperdicios del basurero de Cocula para incinerar 43 cuerpos, sin que nadie se hubiera dado cuenta, carece de sustento pericial y ningún especialista independiente la acepta como cierta.
La participación directa o indirecta del Ejército y la PF la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, es una línea de investigación que ni siquiera se tocó en el informe de Murillo, quien a pregunta expresa de los reporteros dijo que no se tenía prueba alguna de dicha participación en la desaparición de los estudiantes normalistas.
“No hay razón, no hay nadie quien haya intervenido en nada en absoluto. No hay un solo elemento del Ejército que haya intervenido, excepto la ida a la clínica, en donde las declaraciones dicen que fueron, revisaron y se fueron”, aseguró el procurador cuando en la conferencia de prensa se le inquirió si había llamado a declarar a algún miembro del Ejército.
Ahogado en su peor crisis, al gobierno de Peña Nieto le urge dejar atrás el caso de Ayotzinapa. “No podemos quedarnos atrapados en Ayotzinapa”, pidió Peña en un acto previo a la conferencia de Murillo Karam, en la cual éste quiso dar como cerrado el caso de los estudiantes desaparecidos.
Peña y su gobierno le apuestan al desgaste y al cansancio de una buena parte de la sociedad agobiada por la crisis, la violencia y el crimen organizado; pese a ello, esa ciudadanía se ha manifestado en las calles desde el año pasado, sobre todo exigiendo justicia para Ayotzinapa. Tal vez vayan menguando las protestas por este caso, pero seguramente habrá nuevas manifestaciones sociales de repudio al gobierno que cada vez muestra más su ineficacia, inoperancia e incapacidad, un gobierno digno de ser echado al basurero de Cocula.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: El director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, rechazó estar vinculado a la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero.
Hernández Rivera desestimó la declaración de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, quien lo señaló como el responsable de enviar a los estudiantes a “realizar desmadres” la noche del pasado 26 de septiembre.
“No es posible que se exprese sin ninguna evidencia”, reprobó el director de la Normal Rural en entrevista radiofónica con Grupo Imagen.
El directivo informó que hasta el momento no ha sido citado a declarar por la Procuraduría General de la República por el caso Ayotzinapa.
Los últimos días la prensa ha filtrado varias declaraciones de “El Cepillo”, quien se asume con el autor material de la muerte de los estudiantes.
El sicario del grupo delictivo Guerreros Unidos identificó al exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y al subdirector de policía del ayuntamiento de Cocula, César Nava González, como los hombres que le entregaron a los estudiantes la noche del pasado 26 de septiembre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El cinismo se ha vuelto el sello de la casa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En un documento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes titulado “Transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto” la @SCT_mx muestra una estrategia para lograr esos propósitos en virtud de que casi todos los problemas de corrupción de @EPN han sido por cuenta y cargo de la @SCT_mx. En realidad se trata de un texto “apantallapendejos” (@JoseCarreno Dixit). Existen, por supuesto, elementos que permiten sustentar mis dichos. Veamos.
La @SCT_mx sostiene que para garantizar que sus acciones de “transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto” llevará a cabo las siguientes acciones:
(1) Reducirá “más de 2 mil 600 a 17 los expedientes clasificados como reservados”. Esto no es ninguna garantía de transparencia por la sencilla razón de que lo que seguramente harán será concentrar en esos 17 documentos el contenido que no se quiera abrir de los 2 mil 600 documentos.
(2) Se “difundirán los elementos de las licitaciones en la página de internet de la Secretaría, la publicación de testimonios electrónicos de los procedimientos, desde su inicio y hasta la firma del contrato”. Lo que promete es cumplir con la ley que es su obligación por lo que es ofensivo a la inteligencia de los mexicanos ofrecer lo que la norma les obliga. En efecto, la Ley Federal de Transparencia dispone en su artículo 7 que son obligaciones de transparencia sin que medie solicitud: “XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato: a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico; b) El monto; c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y d) Los plazos de cumplimiento de los contratos”.
(3) El “uso de auditores externos de prestigio internacional para vigilar el ejercicio de los recursos”. Si se da por bueno que a los auditores se les solicita la verificación total, que no son a modo, no aparece que esos resultados estarán a disposición del público para ser evaluados.
(4) La @SCT_mx “firmó un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (@OECD) a fin de fomentar la integridad, la transparencia y las buenas prácticas de contratación pública en el desarrollo y construcción de uno de los proyectos más trascendentales de la actual administración: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante ese acto, solicitamos al doctor José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, hacer extensivo este acuerdo al Tren de Alta Velocidad México Querétaro.” Aquí existe un conflicto de interés habida cuenta que José Ángel Gurría es miembro del PRI desde 1968, según su currículum oficial y ex empleado del ex presidente Carlos Salinas que “asesora” al gobierno de @EPN. Por ello está impedido de poder hacer un análisis independiente. Es más debería excusarse de participar él y todo sus subordinados en este plan legitimidador de @EPN.
(5) “Para el diseño, implementación y seguimiento de la estrategia que resulte de este análisis, contaremos con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública”. Esto es una afrenta a los mexicanos que saben que el titular de la @SFP_mx ahora encargado Julián Alfonso Olivas es nombrado y removido por el presidente @EPN por lo que jamás hará algo que atente contra sus jefes. ¿Alguien en su sano juicio podría creer que Olivas va a escupir al cielo?
(6) “Se contara con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”. Aquí hay dos problemas. Por un lado, la normatividad que regula a este Instituto acota su participación y, por otro, de los siete comisionados sólo una minoría de tres tienen independencia real: @oscarguerraford , Areli Cano y @joelsas.
(7) “se contará con la Comisión Federal de Competencia Económica”. En este caso las atribuciones legales de esta Comisión le impiden hacer un análisis exhaustivo por ser un órgano regulador y no un empleado de la @SCT_mx.
(8) “Se contará con la asociación civil Transparencia Mexicana”. Este negocio del empresario Federico Reyes Heroles se ha convertido en el “testigo social” oficial que avala todo o casi todo por un “donativo” que supera los 600 mil pesos por firma, razón por la cual su parcialidad es pública y notoria.
(9) “Se contará con la Academia de Ingeniería de la UNAM.” Si bien es verdad que se trata de una asociación respetable, también lo es que no se sabe cuál será el alcance de su participación ni se garantiza que sea pública.
En suma, no hay nada nuevo y la aparente transparencia es una simulación pura y dura para engañar a la sociedad. No sólo no habrá un cambio favorable sino, como se ha visto, las cosas no seguirán igual, sino peor.
Posdata. En Guerrero las cosas van mal y de malas. Me escribió @marysoco08 quien ella y muchos más no han recibido el Apoyo al Programa Nuevo Guerrero que firmaron desde el 12 de diciembre del año pasado en Acapulco. A sus reclamaciones han tenido la lacónica respuesta: “tenga paciencia”. Ojalá esa “paciencia” la tuvieran los gobernantes al usufructuar el dinero del pueblo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS).
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal tiene nuevo socio electoral. Es Nueva Alianza. Le cederá candidaturas conjuntas para ir, en el proceso electoral intermedio de este verano, de la mano.
El PRD fue un crítico permanente de Elba Esther Gordillo Morales, fundadora de ese partido. Fue también enemigo de Nueva Alianza, con el que fue sólo en algunas elecciones estatales donde el Sol Azteca no tiene presencia alguna.
Pero ahora le compartirá la joya de la corona: el Distrito Federal.
La capital del país ha sido gobernada por el PRD desde 1997, cuando la Regencia se convirtió en Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, su coto histórico está en riesgo por la presencia de un nuevo partido de izquierda que piensa capitalizar el descrédito que el PRD ha sufrido por tres razones, de acuerdo con los analistas: el gobierno mediocre con Miguel Ángel Mancera en la capital; la alianza de la cúpula perredista con el PRI y el Gobierno federal, y las acusaciones de corrupción y el descrédito que pesan sobre los principales dirigentes.
Nueva Alianza (Panal) fue fundado por Gordillo Morales, ex dirigente magisterial conocida como “La Maestra”, metida a prisión después de años de acusaciones de corrupción. El Panal quedó registrado en 2005, año en el que era Presidente Vicente Fox, amigo de Gordillo. En 2006, Panal entró por primera vez a la competencia electoral de la mano del Partido Acción Nacional (PAN). Después, para el proceso de 2012, “La Maestra” intentó una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero no la logró. El Panal se fue solo, sin Enrique Peña Nieto.
Elba Esther Gordillo fue detenida poco después de que el PRI asumiera el control de Los Pinos. Está en el Reclusorio Femenil de Tepepan, acusada de por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Ahora, el PRD, en su peor momento histórico, se ha aliado a su partido para competir en la Ciudad de México, en donde enfrentará al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que dirige Andrés Manuel López Obrador.
Pocas veces en su breve historia, Nueva Alianza había lanzado candidatos en fórmula con el PRD que, en teoría, fue un crítico de Elba Esther Gordillo. El Panal compitió en 2006 con el PAN por Guanajuato. En 2007, en Baja California ha ido varias veces con el PAN, con dos partidos locales y con el PRD, en 2013.
En Puebla ayudó al triunfo de Rafael Moreno Valle en alianza con PAN, PRD y Convergencia.
Pero su historia ha sido siempre con el PRI. En Campeche, desde 2009; en Colima, desde 2009; en Querétaro, desde 2009, en Aguascalientes, desde 2010; en Chihuahua, desde 2010. en Zacatecas, desde 2010; en Hidalgo, desde 2011; en Tamaulipas, desde 2011; en Quintana Roo, desde 2011; en el Estado de México, desde 2011; en Coahuila, desde 2011, y en Chiapas desde 2012.
La mayoría de las veces, PRI y Nueva Alianza han estado acompañados por otro partido de los llamados “satélite”: el Verde.
LA ALIANZA
Los líderes capitalinos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Nueva Alianza acordaron hoy promover juntos a los candidatos para las jefaturas delegacionales en Iztapala y Cuauthémoc, así como en 20 distritos locales. A través de una carta, Raúl Flores García (PRD) y Jorge Gabiño Ambriz (PANAL) indicaron que “es de interés de ambos Institutos Políticos promover la Candidatura Común de los o las candidatos o candidatas para Jefes o Jefas Delegaciones en las Demarcaciones Territorales de Iztapalapa y Cuauhtémoc”.
Ambos partidos tienen como fin “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”.
Por su parte, será hasta el próximo 21 de febrero que el PRD elija a sus candidatos para las ambas demarcaciones así como de 18 distritos, mientras que Nueva Alianza propondrá a los candidatos para los distritos XXII de Iztapala y XXXIX de Xochimilco.
IZTAPALAPA
Iztapalapa es la delegación más densamente poblada y, por lo tanto, con la mayor cantidad de electores en la capital del país, con más de dos millones de habitantes. Estuvo mucho tiempo controlada por los hermanos René Arce Círigo y Víctor Hugo Círigo, quienes fueron delegados cuando aún militaban en el PRD.
Ahora, los hermanos trabajan para el Partido Nueva Alianza (Panal), ligado a la ex líder magisterial. En cuanto al PRD hay cuatro precandidatos registrados, el nombre que más suena como quien podría ganar la candidatura es la Diputada local Dione Anguiano Flores, cercana al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y al Secretario de Gobierno Héctor Serrano, considerado su operador político.
Anguiano es esposa de Alfredo Hernández Raigosa, titular de la Procuraduría Social del Distrito Federal, cargo que ella también ocupó. Además figuran la Diputada federal Aleida Alavez Ruiz, quien pertenece al grupo Izquierda Democrática Nacional (IDN), liderado por René Bejarano Martínez, y Carlos Augusto Morales, también cercano al Secretario Héctor Serrano.
En 2009, el grupo de López Obrador logró sacar a los hermanos de Iztapalapa mediante una maniobra que consistió en imponer al candidato Rafael Acosta Ángeles, conocido como “Juanito”, para que, una vez ganada la elección, éste cediera su lugar a Clara Brugada Molina, cercana a Lopez Obrador.
Ahora, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lanzó a Burgada como su candidata.
CUAUHTÉMOC
Por parte del PRD se registraron cinco precandidatos, entre ellos el Diputado federal José Luis Muñoz Soria y el Diputado local Agustín Torres Pérez, ambos ex jefes delegacionales de esa demarcación y ambos de la corriente IDN. El Delegado con licencia de Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez, también pertenece al grupo bejaranista.
Por esa delegación también pelean Diana Sánchez Barrios, hija de la líder de comerciantes Alejandra Barrios, la actriz María Rojo y la Diputada local Lucila Estela Hernández.
Por su parte, Morena ha dispuesto como su candidato a Ricardo Monreal Ávila, ex Gobernador de Zacatecas, actual Diputado federal. Morena ha dispuesto como su candidato a Ricardo Monreal Ávila, ex Gobernador de Zacatecas, actual Diputado federal y coordinador de la bancada morenista en la Cámara baja (integrada por 15 legisladores del PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano).
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-01-2015/1232639.
Docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de México (UAM), Xochimilco encabezados por los padres y familiares de los 43 alumnos desaparecidos, marcharon sobre Calzada de Hueso para exigir justicia en el caso Ayotzinapa.
Los alumnos salieron del plantel Xochimilco con rumbo a la Alameda Sur, en Canal de Miramontes y Calzada de Las Bombas.
“Fue el Estado, fue el Estado”"Fue el Estado, fue el Estado” gritaban los jóvenes durante la manifestación.
Mientras tanto en el plantel UAM inauguraron un jardín dedicado a los normalistas de Ayotzinapa, con motivo de la visita de los familiares al plantel. Junto a la biblioteca de la Unidad formaron un 43 con plantas.
Los familiares recalcaron que no creen en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), que ayer informó que los normalistas fueron calcinados y están muertos.
“Son mentiras. Nosotros sabemos que nuestros hijos están vivos, tenemos esa esperanza. El gobierno nos ha dicho muchas mentiras, pero no nos va a convencer”, expresaron familiares ante estudiantes de la UAM.
A CUATRO MESES, SIGUEN MANIFESTACIONES
El pasado lunes 26 de enero, cuatro marchas simultáneas colmaron la capital del país para respaldar esa demanda, como parte de la octava Acción Global por Ayotzinapa. Decenas de miles de personas acompañaron a los padres de los normalistas desaparecidos en sendas movilizaciones en el norte, sur, oriente y poniente de la ciudad, que confluyeron hacia la tarde en el Zócalo capitalino.
El vocero de los familiares de los normalistas, Felipe de la Cruz, explicaría más tarde que las cuatro rutas recorrieron, en total, la simbólica distancia de 43 kilómetros.
En Guadalajara, Mérida, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Saltillo, Cuernavaca, entre otras ciudades del país, también hubo movilizaciones o actos de apoyo.
La solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos encontró eco, una vez más, en ciudades de Estados Unidos, España, Reino Unido, Bélgica e Italia, como ha ocurrido anteriormente desde que la noticia de los 43 estudiantes desaparecidos por agentes del Estado cimbró a nivel internacional.
Acompañados por organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Unión Nacional de Trabajadores y estudiantes y trabajadores de la UNAM, los familiares de los normalistas caminaron desde la mañana, a paso lento, desde las estaciones del Metro Indios Verdes, Taxqueña, Zaragoza y Auditorio, hacia el Zócalo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-01-2015/1232967.
Esperamos una respuesta contundente por parte del Congreso para que transite una ley anticorrupción, dice a MVS Gutiérrez Candiani.
Después de reconocer que de una parte de la corrupción los empresarios “tenemos una culpa”, el Consejo Coordinador Empresarial decidió emitir un código de ética, explicó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, Gutiérrez Candiani recordó que desde hace dos años tenían temas importantes en la agenda por México, con pilares importantes, entre ellos el de la modernización económica y los temas sociales.
Enfatizó que se han propuesto participar en el combate a la corrupción e impunidad, ya que “es un tema que preocupa por los efectos, que le hacen mucho daño a la sociedad, a la inversión y al empleo”.
El martes 27, el CCE dio a conocer su código para combatir la corrupción en el país y “tenemos esperanza de que las empresas se autorregulen”.
Además comentó que en la presentación de su código, estuvieron presentes más de 30 organizaciones del país, de las cuales espera que “lo suban y lo puedan transmitir en todos los niveles”.
La idea es que las empresas puedan implementar el código de ética y “luego bajen a las empresas afiliadas que son ciento de miles”.
También aseveró que “lo más importante es que a partir del 1 d febrero, tengamos una respuesta contundente por parte del Congreso y transite una ley anticorrupción, con autonomía suficiente”.
“La gran parte (del combate a la corrupción) es lo que vaya a hacer la clase política mexicana”, agregó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Comisión de Quejas del instituto determinó únicamente el retiro cautelar del logotipo y la frase “Mover a México”.
Por considerar que podría constituir propaganda política, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro cautelar del logotipo y la frase “Mover a México” incluida en las cajas que contienen los televisores que se entrega a la población como parte de la transición a la televisión digital terrestre.
Los integrantes de la Comisión del Instituto Nacional Electoral (INE), determinaron que el retiro cautelar incluye los promocionales y la papelería relacionada con el referido programa, dado que podría generar inequidad en el marco del proceso electoral federal en curso.
La medida cautelar aprobada por unanimidad se acordó en tanto se resuelve de fondo la queja que presentó el viernes 23 de enero, el representante del partido Morena ante el INE, Horacio Duarte y en la que argumentó que la entrega de aparatos viola los artículos 41 y 134 de la Constitución.
Sin embargo, la Comisión determinó únicamente el retiro cautelar del logotipo y la frase “Mover a México”, no así la suspensión de la entrega de televisores.
Integran la Comisión los consejeros electorales Beatriz Eugenia Centeno Galindo, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, aunque durante la discusión y posterior determinación de la queja estuvieron presentes otros consejeros entre ellos Arturo Sánchez y Pamela San Martín.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Le siguen el sistema de cárceles federales (Segob), la Sedena, la Policía Federal y el ISSSTE, en los primeros cinco lugares por número de quejas.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que la autoridad señalada como responsable de más violaciones a derechos humanos en 2014 fue el IMSS, con mil 542 casos de quejas ante este organismo.
Al rendir su informe en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también señaló como autoridades con más casos al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), con mil 177 quejas.
Siguen la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 642; Policía Federal, 580; ISSSTE, 538; Secretaría de Educación Pública (SEP), con 530; Procuraduría General de la República (PGR), con 487; Instituto Nacional de Migración (INM), con 450; a la Secretaría de Marina Armada de México, con 374, y el INFONAVIT, con 326 quejas.
Indicó a los senadores y diputados que con relación a las autoridades que no aceptaron las recomendaciones de la CNDH, todas ellas del ámbito municipal, el organismo nacional ejercerá plenamente sus facultades.
“Es de subrayarse que cinco autoridades no aceptaron las recomendaciones del Ombudsman nacional. Me refiero a los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz; Ahuacotzingo, Guerrero; Florencio Villarreal, Guerrero, y Guachinango, Jalisco. La CNDH ejercerá plenamente las facultades con que cuenta ante el rechazo o incumplimiento de sus recomendaciones”, subrayó.
En cuanto a la información cuantitativa de las acciones desarrolladas, González Pérez explicó que se revisará el diseño y esquemas operativos para que los programas de atención se enfoquen a las víctimas y a los temas prioritarios de cada área, a fin de que se refleje la incidencia real de las acciones en la materia a la que sean dirigidas.
Precisó que en adelante, la CNDH será acuciosa en la evaluación, seguimiento y ponderación de la eficacia de estas acciones, para garantizar su contribución a la convivencia democrática, cuyo centro sea el respeto a los derechos humanos.
Agregó que en lo sucesivo, el informe del Ombudsman ante los Poderes de la Unión presentará un reporte de la situación de los derechos humanos en México, los obstáculos que enfrenta su gestión, las autoridades renuentes a colaborar o a cumplir recomendaciones y, por supuesto, las reformas necesarias que abonen a mejorar el respeto y defensa de los derechos humanos
González Pérez también informó que se establecerán criterios objetivos para la calificación de las violaciones graves a derechos humanos, con parámetros sustentados en prácticas internacionales en favor de la protección a las víctimas.
En cuanto a las violaciones graves a derechos humanos, durante el periodo que se reporta (enero-diciembre 2014) este organismo nacional formuló una sola recomendación, la cual fue dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla.
Dicha recomendación fue con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, y refirió que ante la complejidad de las violaciones denunciadas, se da seguimiento puntual a su cumplimiento.
Indicó que se emitió una Recomendación General sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos.
“Es pertinente señalar que en este tipo de recomendaciones sería deseable que las mismas requirieran la aceptación por parte de las autoridades a las que van dirigidas, razón por la cual, se tendrían que promover las reformas legales conducentes para que tuvieran mayor fuerza y su contenido sirviera para formular políticas públicas”, apuntó.
Al concluir su informe, planteó a los legisladores que la lucha en contra de la impunidad y en favor de la vigencia del Estado democrático y social de derecho es hoy un clamor nacional, pero la condición para avanzar decididamente en esta área es el combate frontal contra la corrupción.
“Requiere la aplicación de controles más estrictos para propiciar una cultura de actuación institucional sustentada en el respeto a la ley, la austeridad y la integridad de los servidores públicos”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUIN NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Freedom House desmejoró la calificación de México debido a la desaparición forzada de 43 estudiantes, a la que calificó como una "atrocidad que demostró el alcance de la corrupción entre las autoridades locales y el ambiente de impunidad".
Nuevas restricciones a la libertad de expresión en Ecuador, impunidad en México por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la represión a las protestas callejeras en Venezuela fueron las principales tendencias en materia de libertades en el hemisferio durante 2014, de acuerdo con un informe difundido este miércoles 28 de enero por la organización no gubernamental Freedom House.
Al presentar su reporte anual sobre las libertades en el planeta, Freedom House desmejoró la calificación de México debido a la desaparición forzada de 43 estudiantes en septiembre, a la que calificó como una “atrocidad que demostró el alcance de la corrupción entre las autoridades locales y el ambiente de impunidad”.
Así, la organización clasifica a México como una nación parcialmente libre al igual que Honduras, Belice, Guatemala , Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay, mientras que Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay fueron calificadas como naciones libres en el continente americano.
El reporte presentado mantiene a Cuba como el único país del continente cuyos habitantes no son libres, pero dio cuenta de una leve mejoría debido a la aparición del medio digital independiente 14 y medio.
La organización estadounidense señaló que si bien continúa siendo ilegal imprimir y distribuir publicaciones independientes en la isla caribeña, periodistas independientes han hallado maneras de compartir sus textos en el ciberespacio.
El informe también destaca que La Habana liberó a decenas de prisioneros políticos como parte de las conversaciones adelantadas con Washington por la normalización de relaciones diplomáticas.
El documento señala a las autoridades ecuatorianas de contratar el año pasado firmas para remover de sitios web como YouTube contenidos considerados desfavorables al gobierno, y de invocar una ley de comunicaciones sancionada en 2013 para enjuiciar a internautas críticos al presidente Rafael Correa.
La organización acusa a Venezuela de aumentar de manera sustancial la cantidad de prisioneros políticos en 2014, mientras sus dirigentes denunciaban conspiraciones foráneas para fortalecer su coalición política.
“Considerado alguna vez como el modelo posible para gobiernos izquierdistas-populistas en América Latina, el sistema instaurado por el difunto Hugo Chávez ahora es un caso para estudiar disfunción económica y política”, dijo el informe.
La organización denunció también que la libertad de desplazamiento se vio afectada debido al incremento de violencia criminal en El Salvador y Honduras.
Freedom House, que desde los años 40 publica un informe anual sobre la democracia y las libertades en el mundo, dijo que las libertades sufrieron el año pasado el mayor debilitamiento de los últimos 25 años, debido a una explosión de violencia terrorista y al uso de tácticas brutales por parte de gobiernos autócratas.
De los 195 países evaluados con una puntuación del 1 al 7, 61 experimentaron retrocesos y apenas 33 vieron mejorías, señaló Freedom House.
Reporte íntegro publicado por Freedom House.
Freedom House 2015:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ AP
