Shanghái. China dijo este lunes que lamenta la decisión de México de suspender un proyecto de un tren de alta velocidad de 3 mil 750 millones de dólares y llamó a que se tomen en cuenta los intereses de las firmas chinos que participaron en la licitación.
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la principal agencia de planificación económica de China, dijo que la decisión de cancelar la línea ferroviaria de alta velocidad México-Querétaro era lamentable e instó a México a “lidiar de manera adecuada con la enorme mano de obra y dinero que las empresas chinas invirtieron en la licitación del proyecto”.
México dijo el viernes que suspendería la licitación, por ahora, en medio de recortes en su presupuesto 2015.
El gobierno relanzó la licitación el mes pasado después de que desechó su primer contrato con el único postor –un consorcio liderado por China Railway Construction Corp– debido a preocupaciones de un conflicto de intereses sobre una de las firmas mexicanas en el consorcio.
CRCC no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.
Reunión en Ginebra entre expertos del Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, padres de los normalistas, miembros de ONG y representantes del gobierno mexicano.
Ginebra. Organizaciones de defensa de los derechos humanos entregaron este lunes en Ginebra al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU una petición para que exhorte al gobierno de México a no cerrar aún el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Con una reunión privada entre expertos del comité de Naciones Unidas y miembros de Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil dio inicio la revisión del informe de México que se extenderá hasta el día de mañana. En la reunión además de miembros de la sociedad civil estaban presentes algunos de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. El Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez AC, y Amnistía Internacional (AI), que acompañan a familiares de los estudiantes desaparecidos, afirmaron que el estado mexicano es incapaz de erradicar la desaparición forzada en el país. El caso “muestra que el Estado no es capaz de erradicar la desaparición forzada, que el país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia”, dice el documento de las ONG entregado al Comité de la ONU. El documento solicita “un fuerte pronunciamiento para condenar las desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso”. “Las investigaciones empezaron con ocho días de retraso” y “la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada sino por el delito de delincuencia organizada”, dice la petición. “Ninguna de las instancias que el informe estatal presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones” intervino en el caso, agrega. En las acusaciones solo figuran los delitos de secuestro y crimen organizado, y no el de desaparición forzada, subrayaron estos organismos. Además deploraron que la fiscalía mexicana haya cerrado el caso sin que sus conclusiones sean avaladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, de renombre internacional, y que tampoco esperara conocer los resultados de la misión del panel de cinco expertos de Chile, Colombia, Guatemala y España, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano competente de la OEA, requerido por el gobierno de México y la sociedad civil. El gobierno mexicano reconoce retos En la sesión, el gobierno de México reconoció retos que debe superar en la materia y pidió un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos. “México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”, dijo el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo. “Nuestra presencia hoy ante ustedes deriva de la obligación de rendir cuentas acerca del estado que guarda el cumplimiento de la Convención”, subrayó. Gómez Robledo observó que esta sustentación “ocurre en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et orbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia”. De las 27 personas que integran la delegación destaca la asistencia de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón. Reunido en Ginebra, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas evaluará la situación de México en esta materia siendo la primera vez que el Comité considere el caso mexicano. México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención y por tanto está obligado a presentar un informe para revisión del Comité. Compuesto por diez expertos independientes en derechos humanos de distintas nacionalidades, el Comité monitorea la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Cabe destacar que uno de los miembros del Comité es el mexicano Santiago Corcuera. Sin embargo, por cuestiones de reglamentos no podrá participar en la sesión debido a que por ser mexicano, solamente podrá intervenir como observador por ser nacional del país sometido a evaluación. FUENTE: LA JORNADA/Afp/NOTIMEX.
En esta publicación se exponen algunos vídeos o documentales sobre el municipio autónomo de Cherán y su lucha en proteger sus recursos y su territorio. Documental: Cherán Tierra para soñar. Descripción: Es conocida ya la historia de los últimos 3 años de lucha de Cherán. Esta comunidad de Michoacán, en defensa de sus bosques. encontró la autodeterminación política y la autodefensa ciudadana. Los niños, niñas y jóvenes de la comunidad a través del arte y la cultura expresan sus ideas y emociones sobre el conflicto y la actualidad de un Cherán que se refuerza reforestando y gozando de la paz en sus calles. La voz de las mujeres - pioneras en el levantamiento-, de las radios comunitarias y de miembros de las simbólicas fogatas complementan este relato que mezcla un retrato de la comunidad y su lucha con la representación que los niños hacen ella.
La Bufón SOSial es un colectivo artístico que realiza talleres y campamentos artísticos en zonas de conflicto estimulando la creación y asi, mediante la creatividad, machacar la violencia contenida en los jóvenes y sus familias.
La comuna de Chéran (Posiblemente no se escuche ya que el audio fue censurado por una queja en el vídeo por derechos de autor)
Descripción:
Así nomás llegaron los "malos", la delincuencia organizada, los sicarios, y empezaron a robar los recursos del pueblo de Cherán, Michoacán. Sembraron miedo y terror. Con angustia los pacíficos pobladores veían como los jinetes de camionetas modernas empezaron a repartirse su bosque, miles y miles de hectáreas de pinos, ailes, cedros y encinos fueron depredados durante cuatro años (desde 2008). Buscaron auxilio en las autoridades municipales, estatales, federales. Inútil, había complicidad. Porque antes llegaron a esta comunidad purépecha, los políticos, esos granujas repartidos en partidos, repartiéndose el pastel del pueblo, con banderas "justicieras" y lenguas viperinas. Un día de abril de 2011 los cheranenses dijeron ¡BASTA!, y cambiaron la historia. Este documental muestra el prodigio de un pueblo insumiso que se rebeló al sometimiento de los pícaros y los bellacos de la delincuencia y del Gobierno.
El 15 de abril de 2011, después de que los matones del crimen organizado se habían unido con la industria maderera y distintas agencias del gobierno para saquear los bosques preciosos y sagrados con la fuerza de las armas, la comunidad indígena Purépecha de Cherán, Michoacán, México, se levantó con palos, piedras y cohetones contra lo que sólo se puede describir como su narco-gobierno. Desde entonces, han tomado control de las oficinas de las autoridades, sus armas y sus camionetas para luego echar fuera a todos los partidos políticos y todos los policías locales y estatales. Han re-establecido una forma de auto-gobernación tradicional que incluye su consejo de ancianos, su "policía" comunitaria, conocida como "la ronda," y su propio equipo para la defensa de los bosques, conocido como los "Guardabosques."
CANAL: WeCopwatch. CERÁN MICHOACÁN DESCRIPCIÓN: UN EJEMPLO DE VERDADERA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. después de décadas de soportar las falsas promesas y los abusos de las autoridades establecidas, el pueblo de Cherán, Michoacán decide hacer a un lado a los partidos políticos y tomar en sus propias manos su futuro estableciendo una forma de gobierno surgida de entre ellos mismos. Este es el relato de dos de sus líderes.
(22 de enero, 2015) Carlos Fazio es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), colaborador del diario La Jornada y autor de diversos libros como Terrorismo mediático. Durante el diálogo nacional sobre “Criminalización y militarización de la protesta social en México” , el analista expresó que en México el uso de la violencia como herramienta para eliminar movimientos sociales no es nada nuevo, pero con el tiempo se ha afianzado como una práctica habitual de los que ostentan el poder. En México, después de la etapa de la guerra sucia se ha implementado “una construcción social del miedo”, la cual busca desarticular cualquier expresión de organización y movilización social, así como establecer un enemigo en común que permita concentrar sus esfuerzos represores, expresó el analista. En este sentido, explicó que ante la caída del comunismo y de organizaciones como la Liga 23 de septiembre, el gobierno se vio en la obligación de buscar nuevos personajes que representaran “una amenaza” para la sociedad. “Al ya no tener un enemigo colectivo como el comunismo y al aparecer luchas por la vía pacífica y legal, tuvieron que señalar a los nuevos luchadores sociales como amenazas. Tal es el caso de Andrés Manuel López Obrador, a quien lo retrataron como un peligro para México en las elecciones de 2006”. Del mismo modo, denunció que se ha vuelto común ver cómo se crean a nuevos enemigos y citó casos como: el de los disidentes magisteriales, que a la fuerza los desalojaron del zócalo de la Ciudad de México; el zapatismo, asechado por el paramilitarismo o los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a quienes con ayuda de los medios masivos, los posicionaron como un mal para la sociedad. Fazio explicó que el Estado mexicano ha buscado la paramilitarización de algunos grupos, con los cuales puedan tener un brazo armado que repela las nuevas organizaciones de lucha y movimiento social. “El Estado se paramilitarizó porque han surgido muchas formas de disidencia y a través de esta acción quieren desorganizar y causar miedo”, apuntó. Al respecto, recordó la agresión emprendida por parte del gobierno en contra de la población de Atenco en mayo de 2006 y aseguró que la verdadera causa por la que se realizó el ataque obedece a la formación de una estructura organizacional con similitudes a la de los zapatistas. “En Atenco se utilizó tortura física, psicológica y sexual, para detener la formación de un movimiento. Este hecho fue el laboratorio para poner en práctica lo que se usaría en administraciones como la de Calderón y la de Peña”, aseguró. La represión en contra de los maestros en Oaxaca se debió al nacimiento de un movimiento para exigir la salida del entonces gobernador Ulises Ruíz. “En el caso Oaxaqueño, se estaba gestando un movimiento de masas distinto a lo que habíamos observado, donde la sociedad civil se unió, por ello, el Estado echó mano de las fuerzas armadas para deshacer y eliminar este gran movimiento”, indicó. Paramilitarismo: estrategia de “limpieza social” Carlos Fazio también habló sobre el vínculo entre el gobierno y el crimen organizado, en donde señaló que acciones de grupos como “Los zetas”, son medidas tomadas en alianza con el Estado para infringir miedo en la sociedad, pues esta clase de organizaciones son grupos paramilitares utilizados con fines “de limpieza social”. “Esta cadena de sucesos tiene como base un Estado delincuencial y mafioso. Sin la colusión de autoridades con criminales, no se explicaría cómo el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán estuviera controlado por un grupo delictivo”, sentenció. Asimismo, señaló que la guerra emprendida por Calderón, no fue una acción que atacara a criminales sino que era una medida que buscaba como blanco a la sociedad, pues esta guerra buscó destrozar el tejido social y hacer daño al pueblo mexicano. En México y otros países de América Latina, se vive una doctrina militar impuesta por los Estados Unidos desde los años 60. Fenómenos como la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, fueron exportadas por el vecino país del norte, para ser utilizadas en episodios como la guerra sucia y eliminar los movimientos sociales que se mantenían en aquella época, agregó. “Existe una política de exterminio” El periodista y analista, manifestó que lo vivido en Tlatlaya y Ayotzinapa es una síntesis del régimen, que permite visualizar cómo la represión es un mecanismo para callar las voces que van en contra del sistema. Existe toda una “política de exterminio” emprendida por parte de policías y militares.
“Quieren mantener al terror para desorganizar al pueblo, pero no debemos desanimarnos, debemos perder el miedo…con Sicilia se rompió el miedo, con el caso Ayotzinapa se marca la pauta para decir ‘¡Ya basta!‘, que se suma a movimientos sociales de años atrás que demandan un cambio en el país”, finalizó. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 AUTOR: EDGAR ROSAS.
MÉXICO, DF: Alejandro Quintero Iñiguez, creador del Plan de Acción que llevó a Enrique Peña Nieto del gobierno del Estado de México a la Presidencia de la República, fue relevado de la poderosa vicepresidencia de Ventas y Mercadotecnia de Grupo Televisa, para convertirse en asesor de José Bastón, presidente de Televisión y Contenidos de la empresa. El relevo de Quintero, funcionario del que depende cerca de 60% de los ingresos publicitarios de Televisa (tanto por la vía comercial como de los convenios con políticos y gobiernos estatales), se da en el marco de una reestructuración en los altos mandos de Televisa, concretados esta semana. De acuerdo con el propio José Bastón, la reestructuración se debe “a la necesidad de un cambio radical producido por la llegada de la Internet a la televisión”. En lugar de Quintero quedará Ricardo Pérez Teuffer, quien fungía como vicepresidente de Eventos Especiales y Deportivos del grupo. Y en su lugar fue designado Yon de Luisa. Además, Jorge Eduardo Murguía se quedará al frente de Producciones Especiales, y Bruce Boren permanecerá en Televisa Networks, el área dedicada a los contenidos en tecnología digital y en la televisión restringida. Quintero formó parte de los pocos ejecutivos de Televisa que sobrevivieron en 1997 a la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, y la llegada de su hijo Emilio Azcárraga Jean, como responsable del famoso y ahora obsoleto Plan Francés, que eran los grandes paquetes de comercialización para las empresas anunciantes. A raíz de la alternancia presidencial en el 2000, Quintero ideó convertir a los políticos y gobernadores en “paquetes comerciales” que se podían vender en la pantalla, a través de los noticieros y programas de espectáculos. Y para darle la vuelta a la legislación electoral y a la fiscalización, el estratega utilizó como brókers o intermediarios a empresas creadas por él y vinculadas a Televisa, como TV Promo y Radar Servicios Especializados. En octubre de 2005, Proceso publicó una copia del Plan de Acción que TV Promo, de Alejandro Quintero, propuso al recién llegado Peña Nieto para su primer año de gobierno en el Estado de México. Entonces Quintero sugirió a Peña que, para enfrentar el escándalo de corrupción de su antecesor Arturo Montiel, firmara un plan por 742 millones de pesos, de los que 691 millones se destinarían a publicidad televisiva, incluyendo infomerciales, asesoría en materia política y de comunicación. El plan incluyó venta de 180 notas informativas por 305 millones 688 mil pesos; tres reportajes en la serie Los Reporteros, por 5 millones 780 mil pesos; seis entrevistas en varios noticieros por 42 millones 858 mil pesos, y tres programas en Zona Abierta, por 10 millones de pesos, entre otras propuestas. Además, el plan incluyó publicidad en los medios impresos pertenecientes a Grupo Televisa por 10 millones 781 mil pesos, entre ellos Eres, Furia Musical, Cosmopolitan, Vanidades, Muy Interesante, Teleguía y TV y Novelas. Otro plan de trabajo, pero por un monto menor, fue revelado por Proceso con el entonces gobernador de Tabasco, Manuel Andrade, que también consistió en venta de tiempo-aire y de noticias en pantalla. Televisa y los gobiernos involucrados en la firma de estos planes ideados por Alejandro Quintero siempre negaron que negociaran multimillonarias cantidades del presupuesto público para acceder a la pantalla de los canales de esa empresa, pero prácticamente todos firmaron con el monopolio de la televisión comercial. Desde entonces, proliferaron los “tele-políticos” que tenían convenios con la empresa de Azcárraga Jean. Pese a que se negó esta estrategia, en la campaña presidencial de 2012 el periódico británico The Guardian publicó una versión muy similar a la de Proceso sobre aquel primer convenio entre Televisa y Peña Nieto, al que se le incluyó la estrategia en Internet. Al interior de Televisa atribuyeron a Quintero el ser el “filtrador” de esta información. En ese momento, el estratega comercial mantuvo una fuerte tensión con Bernardo Gómez, el poderoso “número dos” de Televisa, al que se atribuye la actual decisión de revelevos.
Tan sólo para tener una idea del fuerte vínculo que Quintero creó con el presupuesto de los estados y Televisa, el gobierno del Estado de México con Peña Nieto y con Eruviel Avila proporcionó cerca de 40% de los ingresos que por vía de los mandatarios estatales llegaron a las arcas del monopolio televisivo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Con Ebrard presente y sin darle derecho de audiencia, aprueban informe de la Línea 12 donde apuntan al exjefe de Gobierno del DF como culpable de la falla.
En medio de gritos, empujones y reclamos, la Comisión Especial de la Línea 12 de la Cámara de Diputados aprobó el informe en el que se señala que Marcelo Ebrard es culpable de la falla en la Línea 12 del metro. La aprobación se dio sin haberle dado derecho de audiencia al exjefe de Gobierno del Distrito Federal en todo el proceso y tampoco este domingo, cuando se presentó de forma sorpresiva a la sesión donde la Comisión aprobaría el informe. Ebrard arribó al salón de la Cámara de Diputados a la hora en que se encontraba citada la sesión. Acompañado por Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, llegó hasta las puertas del edificio G, donde se encontraban varios guardias custodiando la entrada. El exjefe de Gobierno tomó un lugar en el salón y esperó. Ante la insistencia de reporteros por que diera una entrevista, Ebrard Casaubón lamentó que se le acuse en el informe sin haberle dado audiencia ni una sola vez, y acusó de que el informe tiene un trasfondo político para evitar que busque una diputación federal. “Esta es la Línea 13, que va de Los Pinos a Bucareli, de Bucareli se va al Ayuntamiento de la Ciudad de México y de ahí llega a San Lázaro”, expresó. Ebrard afirmó que el ataque está orquestado por el Gobierno federal porque, se afirma, fue él quien filtró la información sobre la casa de Angélica Rivera en las Lomas de Chapultepec –la llamada “casa blanca”-, hecho que él negó. No descartó que el informe que lo acusa haya sido elaborado en el PRI, con intervención de la Secretaría de Gobernación y hasta del Gobierno del Distrito Federal, donde gobierna el perredista Miguel Ángel Mancera. El político perredista comentó que al país le urge una verdadera oposición al Gobierno federal y por eso consideraría ser diputado en el Congreso de la Unión. A Ebrard se unió más tarde el senador Mario Delgado, quien también ha sido acusado de haber tenido responsabilidad en los hechos que llevaron al cierre de la Línea 12. Oposición del PRI y el PAN Conforme fueron llegando los diputados, se armaron las estrategias de cada bando. Por un lado, los diputados de izquierda cobijaron a Ebrard, mientras que los priistas discutían cómo evitar darle la palabra al exjefe de Gobierno. “Traigan rápido la Ley Orgánica y el reglamento”, pedían los asesores de los tricolores para preparar la argumentación legal contra la presencia ahí de Ebrard. La sesión de la Comisión comenzó con más de 40 minutos de retraso, una vez que Marco Antonio Calzada, su presidente, llegó al salón. De inmediato, Calzada intentó someter a votación el orden del día, en el que no se contemplaba la intervención de ninguna persona externa a la Comisión. En su cometido fue auxiliado por el panista Jorge Sotomayor, uno de los mayores críticos de Ebrard y Delgado y quien ha participado activamente en la elaboración del informe que los inculpa. Los diputados de izquierda intervinieron para pedir que se permitiera a Marcelo Ebrard exponer sus argumentos. Ante la negativa, Ebrard escribió en una hoja “Derecho de audiencia” y la mostró, de pie, a la Comisión. Sin embargo, en medio de alegatos, Calzada y Sotomayor impulsaron la votación de la orden del día, aprobada por el PRI, el PVEM y algunos diputados del PAN. “Eres un cobarde”, le reclamó Mario Delgado a Jorge Sotomayor, debido a que siempre había lanzado retos para que Delgado compareciera y ahora se negaba a darle la palabra. Comenzó entonces la descalificación del informe por parte de los diputados de izquierda, quienes acusaron a Calzada de querer manejar la sesión de la Comisión como si fuera el cabildo del municipio de Tultitlán, de donde fue alcalde. La sesión transcurrió entre dimes y diretes. Fue cuando Mejía Berdeja se encontraba en el uso de la palabra cuando anunció que le daría unos momentos de su tiempo a Ebrard para que hablara en la sesión. El personal de la Cámara de Diputados cortó el sonido al micrófono que tenía en su mano Marcelo Ebrard, por lo que nadie pudo escuchar lo que decía. Diputados del PRI, como Fernando de las Fuentes, Isidro Moreno y Leopoldo Sánchez comenzaron a gritar que se trataba de una ilegalidad y fueron a intentar arrebatarle el micrófono a Ebrard, lo que impidieron otros diputados de izquierda. De inmediato, Calzada y Sotomayor sometieron a votación el informe, aprobado por diputados del PRI, el PVEM y Sotomayor, del PAN. Alguien le hizo llegar a Ebrard un megáfono en el que empezó a hablar. Los ánimos se caldearon entre los asesores de ambos bandos e, incluso, un asesor del PRI empujó al diputado perredista Carlos Pérez Gámiz. Una vez que fue votado el informe, Calzada dio por terminada la sesión y salió del salón. Más tarde, en conferencia, afirmó que el intento de Ebrard de hablar en el salón fue “un acto porril” con tintes electorales. Jorge Sotomayor y Mario Delgado se encontraron nuevamente afuera del salón. Nuevamente, Delgado acusó de cobarde a Sotomayor por no permitirle exponer sus argumentos contra las acusaciones.
El informe aprobado por la mayoría de los diputados de la Comisión fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara baja para que sea sometido a su votación en el pleno, lo que podría ocurrir este martes, primera sesión del último periodo de esta Legislatura. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
La sesión de la Comisión Especial que investiga la construcción del metro se dio entre empujones. Ebrard acusó al PRI de no dejarlo hablar.
“Marcelo Ebrard vino a golpear diputados”, gritaba un diputado del PRI mientras el exjefe de Gobierno del Distrito Federal tomaba el micrófono en medio de empujones. Así, entre gritos y golpes, terminó la sesión de la Comisión Especial que investiga el uso y destino de los recursos federales de la Línea 12 del metro, lo que obligó a cortar la transmisión en vivo de desde el Congreso de la Unión. La trifulca ocurrió al interior del salón en el que se desarrollaba la aprobación del informe preliminar de Línea 12 que coloca a Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Enrique Horcasitas en el centro del debate. El ambiente era de mucha tensión y los ánimos se calentaron entre un grupo de presuntos asesores de diputados del PRI y del diputado Carlos Reyes Gamiz, uno de los férreos defensores del exjefe de Gobierno, quienes cruzaron palabras, empujones y manotazos. Marcelo exigía el derecho de audiencia y también el uso de la palabra –al que tiene derecho– al mismo tiempo que tuiteaba en redes el boicot del PRI. Cuando el choque ocurrió todos se levantaron de sus asientos, hubo gritos y mucha confusión, y Ebrard aprovechó para tomar los micrófonos. Ayer quien fuera titular del GDF cambió de estrategia. Ebrard dejó de culpar a Joel Ortega Cuevas como el responsable de orquestar una venganza con la Línea 12 y ahora señala a la Presidencia de la República de confabular en su contra por supuestamente haber difundido información de la residencia de Ángelica Rivera, la llamada "casa blanca". Para Marcelo Ebrard Casaubón el cúmulo de irregularidades detectadas en la Línea Dorada tienen como origen la animadversión de sus enemigos políticos. Los diputados del PRD y Movimiento Ciudadano que aún le muestran apoyo le permitieron al exjefe de Gobierno ingresar al Congreso de la Unión y sentarse a la mesa de la Comisión Especial que investiga el uso y destino de los recursos federales de la Línea 12. Ebrard no llegó sólo. El ahora senador Mario Delgado, quien recientemente abandonó las filas del PRD y se sumó a las de Morena de Andrés Manuel López Obrador, lo acompañó en un intento por tratar de explicar su verdad ante los diputados federales que integran dicha comisión. Además de su exsecretario de Finanzas, Ebrard llegó flanqueado por la diputada federal Aleida Alavez, cercana al profesor René Bejarano, líder de la corriente IDN del PRD y esposo de Dolores Padierna Luna. Ambos personajes tomaron lugar en la mesa integrada por los miembros de la Comisión Especial. El exmandatario de la ciudad tomaba nota e intercambió comentarios con Aleida mientras que Mario Delgado, sin hablar, revisaba documentos. Mientras la comisión sesionaba, Marcelo Ebrard ventilaba a través de sus cuentas en las redes sociales la estrategia del PRI para evitar que tomara la palabra a fin de explicar su versión y postura respecto a determinados temas de la Línea 12. “Estrategia del PRI: no permitir uso de la palabra para decirles la verdad, me acusan pero no me permiten hablar”, escribió en su cuenta de Twitter.
Al final de la atropellada sesión, los integrantes de la comisión votaron la aprobación del informe. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ICELA LAGUNAS.
El próximo 7 de junio Guerrero enfrentará una durísima prueba para su gobernabilidad: el proceso electoral. En un contexto de inmensa agitación social y política, con seis cárteles y cinco guerrillas disputándose el territorio, las autoridades de todos los niveles deberán lograr en un día lo que no han podido hacer en años: darle credibilidad al entramado gubernamental. El problema, asegura el senador Armando Ríos Piter, es que ni el INE ni la federación se están portando a la altura.
MÉXICO, D.F: Con elecciones en puerta, Guerrero es el estado donde hay mayor riesgo de violencia en los comicios del 7 de junio. Sobre la entidad, la más violenta del país, se cierne la posibilidad de anular los comicios para elegir gobernador, diputados locales y 81 presidentes municipales debido a la presencia de seis grupos del crimen organizado que operan en 70% de su territorio, cinco guerrillas en las regiones de la Montaña, Costa y Centro, así como organizaciones sociales que amenazan con quemar 20% de las casillas. Para todos los partidos la elección en Guerrero tiene una pinta peligrosa. No es para menos, en 2014 el estado registró más de 2 mil homicidios, lo que significó una tasa de 36 asesinatos por cada 100 mil habitantes. La media nacional es de 12. Además, la salida del gobernador Ángel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa incentivó la crisis política y de gobernabilidad. Esto tiene en jaque al PRD, que no logra zafarse de la sospecha de complicidad con las bandas del crimen organizado que pululan en 62 de sus 81 municipios. Aguirre se convirtió en un lastre que no debería participar en el proceso electoral hasta que no quede clara su responsabilidad política en el caso Ayotzinapa, sostiene el senador Armando Ríos Piter, quien rechazó negociar con el exmandatario para acceder a la candidatura gubernamental. “Algo que le critico al partido es que no puede permitirse presentar como candidatos a posibles actores con nexos criminales. Ya nos pasó en Iguala, con José Luis Abarca. La gente sabe quiénes son”, sostiene el legislador originario de Tecpan de Galeana.
Este es un adelanto del número 1996 de Proceso, ya en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (REPORTAJE ESPECIAL)
BOGOTA: La abogada, criminóloga y exfiscal colombiana Ángela María Buitrago, quien forma parte del grupo de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que verificará la investigación oficial sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es calificada en su país como “la fiscal de hierro”. Está habituada a participar en casos judiciales de fuerte impacto político. Como fiscal, en Colombia encabezó las investigaciones contra altos oficiales del Ejército que dirigieron en 1985 la operación para retomar el Palacio de Justicia tras un asalto a ese recinto por parte de la guerrilla del M-19. En esos hechos murieron 98 personas en los combates y 11 resultaron desaparecidas. Por dichas desapariciones mandó a la cárcel al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Alfonso Plazas Vega, quienes cumplen sentencias de 35 y 30 años de prisión, respectivamente. En su lista de imputados –por delitos de corrupción, homicidio y violaciones a los derechos humanos– figuran gobernadores, congresistas y miembros prominentes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien descalificó reiteradamente sus actuaciones como fiscal. En entrevista con Proceso, Buitrago dice que tiene referencias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la investigación que se sigue por lo leído en la prensa.
Este es un adelanto del número 1996 de Proceso, ya en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: RAFAEL CRODA.
MÉXICO, D.F: Es un grave error visualizar nuestra tarea actual como la de “perfeccionar” la democracia mexicana o emprender una “segunda transición” limitada a la rendición de cuentas y el estado de derecho. Cualquier esfuerzo que no enfrente directamente la cuestión del poder social estará destinado al fracaso. La razón por la cual el país se encuentra en una situación tan delicada es porque las instituciones públicas y la clase política sirven a los amos del poder y el dinero en lugar de servir a los ciudadanos más humildes y vulnerables. La conquista del poder público por los de abajo constituye un paso necesario para empezar a rectificar. Mientras el Estado se mantenga en manos de élites corruptas que desprecian profundamente al pueblo mexicano, su única función será reprimir, dividir y explotar a la sociedad. Un Estado controlado por el pueblo no podría resolver por sí solo los grandes problemas nacionales, pero por lo menos fungiría como un escudo protector de los intereses populares contra la ambición desmedida y el sadismo sangriento de los poderosos. Y si un gobierno popular lograra un fuerte respaldo social podría incluso convertirse en una palanca para una transformación económica y política de fondo. La coyuntura global es propicia para el surgimiento de un gobierno popular en México. La crisis de gobernabilidad neoliberal que se vive en el país es similar a la que experimentaron Brasil, Argentina y Venezuela en los años noventa, Bolivia y Ecuador en la primera década del presente siglo, y actualmente España y Grecia. Así como los opresivos sistemas burocráticos del bloque soviético fueron derrumbados por la acción social durante la década de los ochenta, hoy los sistemas de exclusión y corrupción institucionalizadas, de la órbita estadunidense, también se desmoronan frente a la movilización popular. Los próximos meses constituyen un momento clave en la batalla por transformar las coordenadas del poder público en México. Más allá de la posición de cada quien con respecto a la utilidad del voto, durante el periodo de las campañas electorales la situación política de la nación se coloca en el centro del debate público. Nadie podrá evitar los millones de anuncios de los candidatos ni los debates con colegas y amigos sobre la coyuntura nacional. La mayor parte de los spots serán un enorme desperdicio de tiempo y un insulto a la inteligencia, pero algunos quizás rompan con el guión establecido de cinismo y superficialidad. Véase, por ejemplo, el histórico anuncio en náhuatl recientemente difundido por el probable candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura de Guerrero, Amílcar Sandoval (vínculo aquí: http://ow.ly/HKuDl). Llama la atención cómo muchos que se quejan de la baja calidad de la propaganda partidista jamás se atreven a criticar el reprobable contenido de la propaganda privada y pública. Los millones de insultantes anuncios que las empresas monopólicas y las instituciones gubernamentales nos recetan todos los días generan mucho más daño que unos meses de partidistas. Nuestra indignación no debe dirigirse solamente en contra de la clase política corrupta, sino también en contra de los grandes intereses económicos y mediáticos que se sirven con la cuchara grande gracias al servilismo de los políticos. Pero todo el sistema actual está diseñado precisamente para evitar que se dé este importante paso en el desarrollo de la conciencia nacional. No son gratuitas, por ejemplo, ni la protección especial que ha brindado el INE a la imagen de Joaquín López Dóriga ni los “problemas técnicos” con el nuevo sistema de fiscalización electoral. Y por si hubiera alguna duda con respecto al contubernio entre las instituciones electorales y el poder oligárquico, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recientemente acudió a Kidzania en Plaza Cuicuilco para inaugurar un módulo del instituto electoral. Desde que fue construida por el Grupo Carso, de Carlos Slim, encima de las tierras ancestrales de la hermosa Pirámide de Cuicuilco, esta plaza simboliza la destrucción de nuestra historia por los intereses del gran capital. Y hoy Kidzania complementa la ocupación física de terrenos históricos con la ocupación mental de las nuevas generaciones por medio de la sobresaturación de mensajes comerciales que esta escuela de formación neoliberal inyecta a cada uno de sus pequeños visitantes. El boicot electoral está garantizado. Por desinterés y fastidio, la mayor parte de la población no acudirá a las urnas el próximo 7 de junio. Pero la celebración de elecciones fraudulentas en la mayor parte del país y la postulación de candidatos inaceptables en casi todos los cargos de elección popular también se impondrán. No tiene sentido entonces perder nuestro valioso tiempo en debates estériles entre los “anulistas” y los votantes. Lo que hagamos o dejemos de hacer durante los próximos meses será mucho más importante que lo que cada quien decida hacer después de desayunar el domingo 7 de junio. Durante las campañas de 2012, por ejemplo, fue mucho más relevante el movimiento #YoSoy132 que el fraude que llevó a Peña Nieto a Los Pinos. Hoy existen grandes oportunidades para la movilización política y social que habría que aprovechar para seguir acumulando fuerza. Si queremos que el movimiento en solidaridad con Ayotzinapa rinda aún más frutos, todos deberíamos participar tanto en las acciones sociales como en los actos políticos que más nos convenzan durante los próximos meses.
Lo que no se vale es mantenerse inmóvil quejándose cómodamente de la supuesta “apatía” o “colaboracionismo” de los demás. Es precisamente este tipo de actitudes lo que mantiene al sistema corrupto en su lugar. Un verdadero luchador social utiliza todos los medios a su alcance para transformar el poder y jamás acepta su derrota. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.
Una iniciativa contempla hasta cuatro años de cárcel a quienes realicen pintas en espacios públicos, y durante manifestaciones.
Legisladores del PAN en Puebla presentaron el miércoles 28 de enero pasado una iniciativa que propone incrementar las penas a quienes hagan grafitis durante manifestaciones o que simplemente realicen pintas en espacios públicos. La iniciativa fue presentada por el diputado panista Eukid Castañón Herrera, quien propone reformar un par de artículos del Código Penal del estado –el 186 y 413– e incrementar las penas a quienes intervengan gráficamente y sin autorización el espacio público y el privado, llevando hasta cuatro años de cárcel, y vinculándola con el pandillerismo, delito al que se le duplicó la sanción –de 3 a 6 años de cárcel– para quienes se reúnan “de manera habitual ocasional o transitoria” en grupos “de tres o más personas” y que “sin estar organizados con fines delictuosos, cometen en común algún delito”. El diputado agregó en su iniciativa un tercer párrafo al artículo 413 para sancionar con hasta 12 años de prisión “a quien o a quienes de forma ilícita y dolosa, causare o causaren alteración, daño, destrucción o deterioro al equipamiento o infraestructura urbana, a algún bien destinado o utilizado para la prestación de servicios públicos”. “Es un asunto que tiene que pasar por 14 diputados, en caso de que mis compañeros prevean que es necesario subir no solo el asunto del trabajo comunitario sino el asunto de mediación como un componente para poder aligerar el tema, estoy en la disposición”, señaló el diputado local. – ¿Pero su opinión es que vayan directo a la cárcel? – No, mi opinión es que sean castigados con contundencia y en un esquema de fortalecimiento de marco jurídico, lo cual de entrada genera un mecanismo de inhibición. – ¿Mano dura? – No, simplemente justicia.
Hasta el momento, la única diputada que se ha pronunciado al respecto, según reportó el diario La Jornada de Oriente, es la perredista Socorro Quezada, que “se pronunció a favor de mandar a la congeladora la iniciativa panista, al acusar que criminaliza una forma de expresión”. En entrevista, anunció que la bancada del PRD revisará con más detalle la propuesta, pero de entrada consideró excesivas las sanciones que se proponen”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ERNESTO AROCHE AGUILAR
Con la resolución sobre datos personales que involucra a Google México, el órgano avala que se borren contenidos en Internet sin privilegiar si son datos de interés público, como ocurriría en una denuncia de corrupción.
Si un político escribe en el buscador de Google México su nombre y como resultado encuentra algunas notas periodísticas sobre presuntos actos de corrupción que lo involucran podrá exigir que la información sea eliminada de internet tras argumentar que con éstas hay una violación a sus datos personales.
Ese es el principio que instauró este lunes el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) con la resolución contra Google México, en la que le solicita eliminar del buscador tres ligas que llevan a sitios web con información de un particular. “Con esta decisión el IFAI instaura una vía que puede ser utilizada por cualquier persona (como en este caso) para silenciar la labor periodística, sofocar el debate público y obstaculizar el flujo informativo en internet, sin que exista ningún límite o salvaguarda. Por el contrario, se deja al arbitrio de particulares y de empresas la definición de los límites a la libertad de expresión”, concluyó la Red en Defensa de los Derechos Digitales tras analizar la resolución del órgano garante del acceso a la información. En su resolución, el IFAI considera que Google México viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) porque en su buscador se hallan ligas que llevan a páginas web con datos de un particular que acusó que la información ahí publicada atenta contra “su honor y vida privada”, sus “relaciones comerciales y financieras” además de que “conlleva un grave riesgo para (su) seguridad personal e integridad física”. Uno de esos enlaces dirige a una investigación periodística sobre un presunto fraude vinculado con la fundación Vamos México de la exprimera dama, Martha Sahagún; y uno más es un foro de Yahoo! Respuestas en el que se menciona al particular como beneficiario del Fobaproa, un programa de rescate financiero creado en la década de 1990 por el gobierno mexicano. Aunque Google México se negó a remover los links tras la solicitud del particular, éste acudió al IFAI, quien desestimó el argumento de la empresa de que el servicio de búsqueda pertenece a Google Inc. en Estados Unidos y lo emplazó a cumplir con las obligaciones de la Ley federal de Protección de Datos. Por lo anterior, Google México tiene un plazo de 10 días hábiles –contados a partir del lunes 27 de enero– para borrar los links o se haría acreedor de una multa de hasta 30 millones de pesos. La postura de Google México sobre el caso es ésta: “Nos preocupa la resolución emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ya que consideramos se vulneran los derechos de acceso a la información y libertad de expresión. Google en todo momento se maneja con apego a las leyes que, en cada caso, resulten aplicables. Daremos seguimiento a este proceso a través de las instancias legales que correspondan.” Pero para el IFAI, que el Pleno haya iniciado un procedimiento para sancionar a Google México implicó “un hecho sin precedente”, pues se ordena a esta empresa a “hacer efectivos los derechos de cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales de un particular”. La Red por los Derechos Digitales considera que el IFAI no ponderó el valor de la información antes de emitir una resolución y con ello, establecer un principio sobre lo que deberán hacer, de ahora en adelante, los buscadores cuando un particular argumente que hay datos personales en los sitios web indexados. “El IFAI debería ponderar la información y no lo hace. Simplemente dice ‘es un dato personal’ sin tomar en cuenta que hay excepciones al derecho de oposición y de cancelación, al derecho a datos personales, como cuando se afecta el interés público o el derecho de terceros, que en este caso somos todos, pues se afecta nuestra posibilidad de buscar y de recibir información de interés público. El IFAI tendría que ponderar si remover estos enlaces que llevan a datos personales en un contenido afecta o no el interés público”, explicó Luis Fernando García, abogado de derechos digitales. Para fallar contra Google México, los comisionados del IFAI hacen alusión a una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al “derecho al olvido”, que se refiere al derecho de cualquiera de eliminar contenidos en internet vinculados a su persona, aunque actualmente se discute si la remoción debe ser sobre aquello que lo menciona o sólo acerca de lo que publicó por sí mismo en la web. Y además de que todavía es discutible si ese derecho existe, la Red en Defensa de los Derechos Digitales advierte que el IFAI no estableció salvaguardas para la información que es de interés público -como ocurre en Europa- y dejó abierta la posibilidad de eliminar ligas con datos sobre fraudes y presuntos actos de corrupción. “Con este precedente cualquiera puede tratar de emularlo y decir ‘oye, cuando ponen mi nombre en Google salen estas notas y yo quiero que se quiten de Google’. Cualquier político, empresario, figura pública que considere que hay algunas notas que le afectan podría exigir a Google que se remuevan. Y dado que el concepto que dio el IFAI para su resolución es tan amplio y no hace ninguna acotación, abre una puerta para que se elimine el link a una nota periodística con información de claro interés público”, dijo Luis Fernando García. Tras la resolución del IFAI, Google México tiene 10 días hábiles para borrar los links, aunque otra vía es apelar esta decisión y a través de un juicio de amparo acudir ante el Poder Judicial de la Federación, en donde se decidiría si el llamado derecho al olvido se sostiene o atenta contra otros derechos como el de libertad de expresión. La Red en Defensa de los Derechos Digitales señala otros puntos controversiales de la resolución del IFAI: -Además de que es irrazonable que un motor de búsqueda revise y elimine cualquier mención al nombre de una persona en cualquier enlace, esto genera incentivos para la censura privada. -La orden de remoción de enlaces resulta una medida de censura previa prohibida por el artículo 7 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. -La decisión del IFAI resultaría inefectiva, pues sólo aplicaría a Google México y con hacer búsquedas en Google.com se podría tener acceso a los resultados que se ordenó eliminar.
Morelia, Mich. Este mediodía fue liberado bajo fianza el presidente del consejo ciudadano de autodefensa de Antúnez, municipio de Parácuaro, Federico Lico Villegas García, quien fue acusado de conducir un vehículo con reporte robo, informaron fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En tanto, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, dijo esta mañana en entrevista en la Casa de Artes y Oficios, que el también presunto ex Templario, logró la libertad “porque si bien es cierto que portaba armas de fuego, al revisar los archivos se confirmó que estaba registrada ante la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Federico Lico Villegas García fue detenido ayer en la madrugada en la población Antúnez, y trasladado a la delegación de la Procuarduría General de la República (PGR), quien a su vez lo transfirió a la Procuraduría estatal, por tratarse de un delito del fuero común.
Asimismo, ayer en la periferia de Apatzingan, seguidores del Lico bloquearon la carretera Apatzingan-Nueva Italia, en demanda de su liberación.
A Federico Lico Villegas, junto con sus dos escoltas también arrestados ayer, eran conocidos como los “arrepentidos”, ya que después de haber pertenecido al cártel de Los caballeros templarios se integraron a los grupos de autodefensa.
Ocoyoacac, Méx. El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que considera útil y válido que el director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, declare ante esa dependencia en torno a los señalamientos que se han hecho de él, y dependería de esa declaración si la PGR lo cita formalmente a comparecer, detalló.
Murillo Karam recalcó que hasta el momento sólo se le ha invitado a que acuda a la PGR y como todo ciudadano tiene derecho a aceptar o no, ello luego de que uno de los criminales detenidos lo vinculó con la organización de Los Rojos que también opera en Guerrero.
El titular de la PGR rechazó, sin embargo, que algunos de los estudiantes estén vinculados con alguna de las organizaciones criminales guerrerenses.
“En la reconstrucción de los hechos, cuando se empieza a relatar la forma en que fueron interrogados los normalistas por sus captores, queda bien claro que en su mayoría eran de primer ingreso y no sabían a donde iban. De ninguna manera puedo decir que haya ninguna relación con nada y no tengo ningún elemento para pensar que los alumnos eran miembros de alguna organización”.
Igualmente rechazó que entre los padres de familia hay infiltrados de grupos radicales. “Yo a los padres de familia lo único que les tengo es mi solidaridad y respeto. Bastante dolor tienen como para decir cosas como esa”.
Entrevistado después de un encuentro que sostuvo con los senadores del PRI y del PVEM -que llevan a cabo su reunión plenaria- el procurador se refirió también a las críticas que han formulado Human Rights a la investigación sobre Ayotzinapa que él encabezó.
Murillo Karam comentó que el problema es que HRW sólo se basa en información de una de las partes y consideró que valdría la pena que se les notificara de lo que realmente sucede, ya que va a haber muchos cuestionamientos e impugnaciones.
Queda suspendido el proyecto de forma indefinida. Además, queda cancelado de forma definitiva del tren Transpeninsular de Quintana Roo.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció este viernes la suspensión, de manera temporal, del proyecto del tren México-Querétaro y la cancelación definitiva del Tren Transpeninsular. Esto, como parte de los ajustes al gasto público 2015, debido a la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, justificó Hacienda. El proyecto del tren estaba contemplado en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este año, así como en los de 2016 y 2017. “Se cancelan no solo por el impacto que tendrían en las finanzas públicas sino por las presiones que tendrían en los gastos públicos por venir”, indicó Videgaray. Y aclaró que “no se afecta el aeropuerto de la Ciudad de México, tampoco los presupuestos de conservación de las carreteras y caminos federales, caminos rurales y carreteras alimentadoras”. Este viernes, el secretario de Hacienda anunció un recorte al gasto público 2015, que asciende a 124 mil 300 millones de pesos. El funcionario sostuvo que el impacto del recorte al gasto será marginal en la economía.
“El impacto será marginal porque se trata fundamentalmente de una reducción al gasto corriente y porque el ajuste al gasto, como una manera preventiva, contribuirá a escenarios de bajas tasas de interés, baja inflación y propicia un escenario para el crecimiento económico”, comentó. Comunicado de la dependencia federal: comunicado_007_2015.pdf by Aristegui Noticias:
MÉXICO, D.F: Los accidentes provocados por empresas gaseras se incrementaron a partir del 2005, cuando la Secretaría de Energía suspendió el programa de prevención y verificación de gas LP, afirma José de Jesús Hernández Ramírez, jubilado de Pemex y quien tuvo a su cargo la supervisión de las más de 3 mil plantas asentadas en el país. Dicha verificación era hecha, dijo, por ingenieros de Pemex altamente capacitados. Conmocionado por la tragedia ocurrida la mañana de este jueves en el Hospital materno-Infantil de Cuajimalpa, el experto dice sin rodeos en entrevista telefónica que este tipo de accidentes “se han incrementado por falta de mantenimiento y supervisión en las gaseras”. El ingeniero químico petrolero añade: “Lo que más me pega es que los afectados sean niños. Yo sólo quiero aportar mi experiencia y conocimiento y subrayar que en Pemex es donde existían expertos para prevenir este tipo de situaciones”. Hernández Ramírez afirmó que el programa de prevención y verificación se instrumentó en 1994, a raíz de las explosiones en el sector Reforma, de Guadalajara. Lo coordinaba entonces la Secretaria de Energía, pero participaban 32 ingenieros especializados de Pemex que recorrían, junto con personal de Protección Civil, las instalaciones de las gaseras en todas las entidades y el Distrito Federal. “Se compusieron 95% de las instalaciones en todo el país”, recuerda. Y comenta que cuando Felipe Calderón llegó a la Secretaría de Energía, en el gobierno de Vicente Fox, se suspendió el acuerdo con los ingenieros de Pemex. Refiere que fueron sustituidos por verificadores sin experiencia en manejo de gas LP. A raíz de los cambios, dice, eran las empresas gaseras las que contrataban a los verificadores y ellos les pagan. “Si las gaseras pagan a los verificadores y no Pemex o la Secretaría de Energía, por supuesto que van a hacer lo que las empresas quieren”, razona el experto. –¿Se han incrementado el número de accidentes? –se le cuestiona.
–Por supuesto. Ahí está el accidente de una pipa de gas en la carretera de Pachuca y muchos otros accidentes provocados por fugas. Hay que hacer cambio en los planes de inspección y verificación. Se necesitan personas que sean expertas en gas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
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