Impacto de 'petroprecios', más allá de 2016: Carstens

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, ofreció una conferencia de prensa al término de su participación en la plenaria de los diputados federales del PAN.

México, DF. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, pidió “ver hacia adelante” porque los efectos en el gasto público por la caída de los precios del petróleo no serán exclusivos de 2015 ni de 2016.

“Sobre el ajuste fiscal, la realidad es que México estaba acostumbrado a gastar con ingresos provenientes del petróleo de entre 80 y 100 dólares por barril. Ya no los tenemos y parece que esa caída será durable. Será cuestión de años regresar a los ingresos anteriores”, dijo.

En conferencia de prensa posterior a una reunión privada con diputados federales del PAN, Carstens consideró “razonable” el ajuste anunciado la semana pasada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al gasto público porque, sostuvo, la otra alternativa sería contratar mayor deuda, dado que el gobierno federal ha comprometido que no habrá nuevos impuestos ni aumentará las tasas de los vigentes. “Mayor deuda es más impuestos en el futuro. La deuda no es una salida”, resaltó.

El titular de Banxico consideró que el impacto del recorte presupuestal en la perspectiva de crecimiento del PIB “no será tan importante, en la medida que se enfoque en reducir el gasto corriente”. Rechazó anticipar el impacto que tendrá en el crecimiento para 2015, porque dijo que el informe trimestral será presentado en dos o tres semanas.

El gobernador del banco central afirmó que el ajuste fiscal anunciado por Videgaray constituye “un buen propósito”, sobre todo por la oferta de que se evitará al máximo reducir el presupuesto para los programas sociales y en ese caso el impacto a las familias de menores ingresos “será limitado”.


También sostuvo que uno de los grandes objetivos del recorte “es suavizar el impacto para 2016, dado que es posible que, por un tiempo más o menos prolongado, se tendrán precios del petróleo débiles”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.

Ante la ONU, gobierno mexicano acepta “desaparición forzada” en caso Ayotzinapa

La delegación mexicana guarda un minuto de silencio por los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre, en Iguala y Cocula.

El gobierno de México reconoció -al abrir la sesión ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas-, retos que debe superar en la materia, guardó un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y reconoció que los jóvenes vivieron una desaparición forzada.

“México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”, dijo al abrir la sesión el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.

“Nuestra presencia hoy ante ustedes deriva de la obligación de rendir cuentas acerca del estado que guarda el cumplimiento de la Convención”, subrayó.

Gómez Robledo indicó que su comparecencia “ocurre en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et orbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia”.

“En ese cometido están comprometidos gobierno y sociedad”, sostuvo.

“La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia”, dijo.

“Cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad pasar del dolor a la recomposición del tejido social”, argumentó.

“Y consolidar el México en paz, el México incluyente que haga realidad el estado de derecho que todos anhelamos”, agregó.

“Con profundo respeto a los familiares de algunos de los estudiantes desaparecidos aquí presentes y a las organizaciones que los representan, expresamos nuestra solidaridad para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y todas las víctimas del delito en México”, indicó.

Gómez Robledo señaló que las acciones emprendidas por el gobierno federal, las brigadas de búsqueda de los normalistas desaparecidos que han realizado instituciones de seguridad pública en compañía de los familiares, así como el trabajo científico que se ha compartido con los peritos independientes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), han permitido que la Procuraduría General de la República construya una investigación criminal sin precedentes en la historia reciente de México.

De igual forma el subsecretario enumeró las acciones que ha llevado el gobierno con respecto a la investigación sobre el destino de los 43 estudiantes como la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, anunció que “México se mantiene abierto a recibir cooperación de otras instituciones internacionales y de los gobiernos de los países que nos lo han ofrecido, entre los que se encuentran, a manera de ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia”.

Así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Unión Europea.


Gómez Robledo llamó a observar un minuto de silencio por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde los eventos trágicos del 26 y 27 de septiembre del año pasado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

No existe la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa: Meyer

La explicación del procurador Murillo Karam es un "intento casi desesperado de cerrar un capítulo", asegura Lorenzo Meyer.

La “verdad histórica” -como la PGR le llamó a sus conclusiones sobre la desaparición de 43 estudiantes-, no existe en el caso Ayotzinapa, aseveró Lorenzo Meyer.

En la Mesa Política de MVS, el historiador precisó que ese calificativo se usa para explicar qué ocurrió en el pasado.

Sin embargo, “nadie podrá saber nunca cómo ocurrieron las cosas“.  Apuntó ejemplos como la Guerra de Independencia, la Guerra Cristera, la Primera Guerra Mundial, eventos en los que las interpretaciones han cambiado con el paso del tiempo, “depende de los intereses”.

Los “historiadores saben que una explicación dada puede volverse a poner sobre la mesa“, refirió.

“Yo no pienso que haya habido nunca una verdad histórica, lo que hay es un consenso”, subrayó.

Explicó que una comunidad establece: esto fue lo que pasó. Pero en otro momento se abrirá de nuevo el tema y se dirá: no fue eso, fue otra cosa. 

Sobre lo que presentó la PGR en una conferencia ofrecida por el procurador Jesús Murillo Karam el martes pasado, Meyer lo consideró un “intento casi desesperado de cerrar un capítulo”. 

El doctor apuntó que la Procuraduría usa el concepto para cerrar una de las crisis que tiene abierta el gobierno de la República.

En la administración federal, señaló, existe la necesidad imperiosa de cerrar el caso Ayotzinapa, “porque la energía política del gobierno no alcanza a hacerle frente a diferentes crisis”.

“Este (el caso Ayotzinapa) pudiera ser el más conocido e impactante a nivel mundial”, indicó.

“La verdad histórica, insisto, es un consenso, no es realmente que haya pasado así”, añadió.

Empero, para Meyer, “nunca se sabrá cómo pasó algo importante”.


La verdad histórica se da por buena cuando “hay credibilidad y consenso”, estableció. Sobre el caso Ayotzinapa no hay consenso respecto a qué fue lo que ocurrió y los responsables de ello.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sólo 2% de las investigaciones por desaparición forzada en México llega a sentencia

Entre 2006 y 2013 la PGR y las procuradurías de los estados iniciaron 291 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada; de ellas, solo seis concluyeron en sentencia condenatoria.

Entre 2006 y 2013 la Procuraduría General de la República y las procuradurías de los estados iniciaron 291 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada; de ellas, sólo seis concluyeron en sentencia condenatoria (2%), de las que cuatro fueron responsables elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida por Genaro García Luna.

Así lo reporta el Estado Mexicano en su informe como parte de la revisión que hará el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU este 2 y 3 de febrero.

Uno de los casos corresponde a la investigación realizada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), única sentencia que consiguió durante los cinco años de operación (2002 a 2007), según responde la PGR a una solicitud de información a través del IFAI.


Informe México Desapariciones:

  Informe México Desapariciones

En México, la desaparición forzada está tipificada en el Código Penal Federal como el delito cometido por “un servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención” y cuyas penas van de los 5 a 40 años de prisión.

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, el estado parte debe procurar legislaciones con estándares internacionales capaces de combatir el delito, pero en México no ha avanzado en ese rubro.

En 2012, la entonces senadora Rosario Ibarra de Piedra presentó una iniciativa para elevar las penas de 40 a 60 años y que el delito no fuese susceptible de perdón, indulto, amnistía o figuras análogas, pero los senadores la congelaron. En octubre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto envió un paquete de cinco iniciativas en materia de derechos humanos, una de ellas propone una Reforma al Código Penal Federal para endurecer las penas de 20 hasta 50 años de prisión, pero no se ha discutido.

Además, con los instrumentos legales disponibles la justicia tampoco es pronta ni expedita. Del periodo conocido como guerra sucia, en el que entre la década de 1970 y 1980 hubo una persecución contra activistas y opositores al régimen, solo un caso consiguió sancionar al responsable, aunque después de 32 años de perpetrado el delito. Esta es la historia.

La historia de un desaparecido

Miguel Ángel Hernández Valerio tenía 19 años cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Era el más pequeño de entre los cuatro hermanos de una familia originaria de Veracruz. Para pagar sus estudios vendía figuras de barro y porcelana, pero a los 18 años migró a Mazatlán para continuar su educación.

Vivía en una casa para estudiantes con otros tres jóvenes y trabajaba en una librería, propiedad de un profesor que se dedicaba a “hacer círculos de estudios para dar clases de Marxismo Leninismo”, según consta en el expediente de la investigación iniciada en 2005.

Entre las declaraciones se encuentra la de un joven que fue apresando junto a Miguel Ángel y tres más, la noche del 12 de septiembre de 1977. Relata que a punto de llegar a su casa, él y otro amigo fueron detenidos por policías municipales para hacerles “una revisión de rutina, porque parecían sospechosos”; los subieron a una patrulla para que indicaran la casa donde vivían y al llegar, entraron con ellos a sus cuartos. Encontraron varios ejemplares de la revista “Madera”, considerada subversiva. “No sé cómo llegaron aquí, no son nuestras”, decía uno, pero los policías, incrédulos, solicitaron refuerzos.

Llegaron varias patrullas, pero también un vehículo sin rótulos, que “al parecer”, era de los elementos de la Federal de Seguridad. En ese momento llegó “Miguel Ángel”. Enseguida los esposaron e iniciaron un interrogatorio sobre la  “propaganda subversiva”.

Los policías los amenazaba de muerte y los acusaban de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre. “Decían que nos iban a dar en la madre por rojillos y comunistas”, relata el sobreviviente.

Nadie pudo impedir que se los llevaran, ni la hija de la dueña de la casa de estudiantes quien le preguntó a un agente el motivo de la detención. “Yo soy quien hace las preguntas. No te metas, se trataba de gente muy peligrosa”, le respondió. En la declaración de esta mujer, hecha en 2005, advierte: “eso era una absoluta mentira ya que siempre fueron muchachos muy tranquilos”.

Minutos después, los cuatro fueron trasladados a unas oficinas ubicadas en la Avenida Zavala cerca del Seguro Social viejo, en Mazatlán, Sinaloa, que, por los logotipos en su interior, parecían de una corporación policíaca. En ese lugar, los policías municipales los entregaron a Esteban Guzmán Salgado, entonces jefe de Servicios Federales de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Se trataba de un joven policía que había ingresado al Batallón motorizado (patrullas) en 1957 y cuya carrera avanzó hasta el Servicio Secreto y Servicios Especiales de la Presidencia y al iniciar el periodo de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ingresó a la (DFS), donde siempre rindió cuentas a Fernando Gutiérrez Barrios.

–       ¿Son los rojillos? Preguntó Guzmán Salgado.

–       Sí, respondieron los policías.

Enseguida dio la orden para que los subieran al auto sin rótulos, esposados y con los ojos vendados. Avanzaron rumbo al faro por el puerto. Llegaron a un lugar que tenía un calabozo. Ahí, uno de los jóvenes le preguntó a Miguel Ángel sobre la propaganda. “Me la dio alguien, pero ya la iba a regresar”, respondió.

Permanecieron ahí durante cuatro días en medio de interrogados y torturas. “Nos golpeaban en todo el cuerpo, también nos acostaban boca arriba y se dejaban caer sobre nosotros, nos pateaban y con pinzas nos presionaban los dedos. Nos decían que matar”. En los días de mayor presión psicológica, les colocaban una pistola en la boca y los obligaban a jalar el gatillo. Descubrían que no tenía balas segundos después, dice en la declaración el sobreviviente.

Quien daba las órdenes era el Guzmán, quien en algunas ocasiones también se encargaba de la tortura y los interrogatorios. Luego los sacaron del calabozo y los subieron a una camioneta. En el camino, uno de ellos le reclamaba a Miguel Ángel, “¿por qué nos metiste en este problema?”. Esa fue la última vez que lo vieron.

Solo tres de los cuatro llegaron a lo que al parecer era la novena zona militar de Culiacán, Sinaloa. “No lo recuerdo bien porque tenía los ojos vendados, pero cuando se me caía la venda me daba cuenta de la presencia de elementos militares y personas vestidas de civil”, se lee en la declaración.

Ahí estuvieron aproximadamente un mes o mes y medio hasta que, ocurrió otro traslado, esta vez en un vehículo militar tipo Pick-up. Después de unos minutos de recorrido, Los bajaron en la carretera de Culiacán a Mazatlán, en el crucero de Cruz de Elota, Sinaloa, desnudos y llenos de moretones por los golpes. Solo uno tenía las manos desatadas y pudo quitar los amarres de sus dos compañeros.

La búsqueda

En la sentencia de 218 páginas, se explica que entre las evidencias de que el ex jefe de la policía retuvo al joven, están los reportes que envió a Rodríguez Barrios y que fueron consultados en el Archivo General de la Nación para integrar la investigación.

En el reporte, el entonces el ejecutor de la detención, escribió que “a estos individuos se les recogió propaganda subversiva, folletos de la Revista Madera y pegas con el siguiente texto: “ANTE LAS MASACRES DE LA BURGUESÍA, NI UN PASO ATRÁS, GLORIA ETERNA A LOS CAÍDOS EL 10 DE JUNIO, POR LA REOLUVION (sic) PROLETARIA, VENCEREMOS”.

Guzmán ejecutó la detención con base a un archivo que le entregó Fernando Gutiérrez Barrios. Se trataba de un álbum de fotografías de miembros de grupos subversivos de miembros de la Liga comunista 23 de septiembre, y de otros grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionaria del Pueblo y el Frente Unido Zapatista, entre otros.

Los familiares de Miguel Ángel se enteraron de la detención a través de una nota periodística. Fueron a Culiacán a buscarlo en las oficinas de los Servicios Especiales. “Me dijeron que mi hermano llegaría a la casa y si no llegaba mejor ni lo buscara, si no quería ser el próximo detenido ya que tenían toda la información relacionada con su familia”, relata el hermano, quien al regresar a Veracruz, les pidió a sus padres y a sus hermanos que “olvidaran el asunto”, ante el temor de que algo les pudiera pasar.

Así ocurrió hasta que 10 años después la Comisión de Derechos Humanos inició una investigación y visitaron a la familia en la comunidad de Ixhuatlán, Veracruz, aunque fue hasta 2005  cuando le volvieron a dar noticia de Miguel Ángel.

La Comisión había encontrado un reporte de la DFS, firmado Esteban Guzmán Salgado el 23 de agosto de 1984, en el explicaba la información obtenida en el interrogatorio de Miguel Ángel Hernández Valerio: “Manifestó que nunca perteneció a la Lig. C. 23 de Sept. pero que sin embargo a efectuado en distintos lugares y ocasiones repartízas y pegas de panfletos de las citada organización. Así mismo dijo que esta propaganda se le había dado con el fin de que fuera repartida en un mitin del cual ignora la fecha en que se efectuó y que además como era bastante la cantidad de folletos los anduvo repartiendo en distintas colonias” (sic).

Con toda la evidencia, la familia decidió interponer una denuncia el 1 de abril de 2005 por desaparición forzada en agravio del joven que entonces tenía 19 años. Así inició el proceso que duró cuatro años y que llevó a cabo la Femospp.

Para demostrar la ausencia u ocultamiento  del (desaparecido), se agotó la búsqueda en los expedientes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social en Sinaloa. En ninguna había registro de antecedentes penales de Miguel Ángel.

Tampoco se encontró algún acta de defunción en el Registro Civil en Sinaloa, ni registro como derechohabiente del IMSS ni en ninguna otra institución. Miguel Ángel estaba desaparecido desde hacía 23 años.

Esteban Guzmán Salgado fue aprehendido en marzo de 2007 e inició el juicio. En una audiencia pública realizada el 19 de noviembre de 2008, pidió que se “compadecieran” de él porque estaba solo y el resto de su familia (tres o cuatro personas) estaban en México. Frente al juez trató de convencerlo de su inocencia y de enfrentar un proceso injusto al no localizar a los supuestos testigos que lo acusaban, por lo que pidió una revisión de las pruebas de descargo.

El juicio siguió y en 30 de septiembre, el juez dictó sentencia contra Guzmán Salgado por su culpabilidad en la desaparición forzada de Miguel Ángel, condenándolo a cinco años de prisión, pero acreditar un “estado avanzado senil” por sus 74 años, le fue permitido purgar la pena en su casa de Naucalpan, Estado de México, descontándole  los 923 días que había estado detenido.


El resto de las sentencias condenatorias:

• El 30 de junio de 2010, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó sentencia definitiva en el proceso penal 20/2005-I, que se instruyó contra Roberto Galarza Hernández, entonces elemento de la Agencia Federal de Investigación por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera en marzo de 2002.
• El 10 de mayo de 2006, el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco dictó sentencia condenatoria en la causa penal 27/2005 instruida contra Gustavo Montiel Rizo, elemento de la Agencia Federal de Investigación por la comisión del delito de desaparición de personas, contra José Luis Ruiz Castellanos y Manuel Gómez Mendoza, en enero de 2005.
• El 11 de mayo de 2005, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato dictó sentencia condenatoria en la causa penal 142/2003, que se instruyó contra José Antonio Guerrero Domínguez, elemento de la Procuraduría General de la República, por la comisión de desaparición forzada en agravio de José Rocha Guzmán, en hechos ocurridos en julio de 2003.
• El 14 de diciembre de 2005, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán dictó sentencia condenatoria en la causa penal 72/2005 contra un ex integrante de la Agencia Federal de Investigación, por la comisión del delito referido en hechos ocurridos en julio de 2005. (La sentencia fue enviada en versión pública, por lo que los datos al ser confidenciales y reservados, no se encuentran visibles).
• El 14 de noviembre de 2006, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua dictó sentencia condenatoria en la causa penal 159/2005, que se instruyó contra Víctor Alberto Guerrero, elemento de la Agencia Federal de Investigación, por la comisión del delito de desaparición de personas en agravio de Salvador Lira Ayala, por hechos ocurridos en septiembre de 2005.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

La CNDH presenta un plan de 14 medidas para combatir la desaparición de personas en México

La comisión informó acerca de los retos que hay en México para combatir la desaparición forzada.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó un plan de 14 medidas para atender de manera integral la desaparición de personas en México durante su participación ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

Entre las medidas propuestas por el ombudsman nacional durante el encuentro realizado este lunes 2 de febrero en Ginebra, Suiza, destacan el reconocimiento de la competencia de dicho Comité para recibir peticiones individuales, aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada y expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Sostuvo que es necesario continuar con la búsqueda y registro de fosas clandestinas, así como con la identificación de personas, además de crear un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas y la construcción de una base de datos.

También planteó que la obligación de investigar no sólo debe limitarse a encontrar y sancionar a los responsables, sino a dar con el paradero de los desaparecidos; establecer protocolos de búsqueda de desaparecidos y crear un Sistema Nacional de Información Genética.

Además, poner especial atención en la desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

En el plan, el titular de la CNDH agrega que se debe tipificar el delito de desaparición por particulares y la declaración de ausencia por desaparición, así como la capacitación y profesionalización de cuerpos policiales.

Sobre el caso Iguala, dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleva a cabo una investigación, para lo cual creó una Oficina Especial para atender el caso y ha tenido reuniones con familiares de los estudiantes, que aceptaron el acompañamiento del organismo.

En su informe, el ombudsman nacional enfatizó la urgencia de que en México se realice una labor de sistematización, compulsa y depuración de las bases de datos con las que se cuenta.

Ello mediante una adecuada metodología y criterios claros que permitan establecer en qué casos existen señalamientos de desaparición forzada, imputada a agentes del Estado o a particulares que actúan con el apoyo o tolerancia de agentes del Estado.

El presidente de la CNDH también planteó definir en cuáles casos la responsabilidad se imputa a la delincuencia organizada y aquéllos que correspondan a personas reportadas como no localizadas, sin que en alguno de esos casos se puedan descartar los supuestos señalados.


De acuerdo con González Pérez, en México los derechos humanos enfrentan una etapa crítica y desafiante, pues pese su reconocimiento con la reforma constitucional de 2011, “los hechos evidencian la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas y la realidad”.

El informe íntegro que presentó el titular de la CNDH.

  Informe Cndh Ginebra - Resumen Ejecutivo

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.

Crece $2 mil millones diarios la deuda pública con Peña Nieto

Al cierre del año pasado se situó en 6 billones 948 mil 276.7 millones de pesos. El saldo no incluye el costo del rescate de bancos y carreteras acordado en el sexenio de Zedillo.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto llevó el saldo de la deuda del sector público federal a un nuevo máximo histórico. Desde el inicio de la actual administración, el endeudamiento contratado con acreedores internos y externos ha crecido en 2 mil millones de pesos diarios. Medida como proporción del tamaño de la economía, la deuda alcanzó el nivel más elevado en 24 años, mostraron datos oficiales.

Al cierre de 2014, el saldo de la deuda del sector público federal se situó en 6 billones 948 mil 276.7 millones de pesos. La cantidad es mayor en 16.9 por ciento a la de finales de 2013. Comparada con la registrada en diciembre de 2012, cuando inició el gobierno, acumuló en los dos años un crecimiento de 29.8 por ciento, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La deuda del sector público incluye los pasivos contratados en el mercado interno mediante la emisión de bonos y con acreedores en el exterior. Sin embargo, no incluye el costo del rescate de bancos y carreteras, realizados con cargo al erario en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo.

El endeudamiento del sector público creció en un billón 595 mil 482 millones de pesos desde el inicio del actual gobierno. Ello equivale a un aumento de 2 mil 99.3 millones de pesos diarios, en promedio, de acuerdo con los datos de la dependencia.

En términos comparativos, la deuda del sector público se incrementó en los dos primeros años del gobierno en una cantidad que equivale a cinco veces el presupuesto anual de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la dependencia que más recursos recibe de todas las secretarías de Estado.

Crecimiento por habitante

El presupuesto de la SEP para este año es de 305 mil 57.1 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación. En 2015, el gasto gubernamental en desarrollo económico —donde se incluye el destinado a transporte, comunicaciones, turismo, ciencia, tecnología e innovación; minería, agricultura, silvicultura y pesca, entre otros rubros– será de un billón 181 mil 67 millones de pesos, monto que representa tres cuartas partes del incremento de la deuda del sector público desde el inicio de la administración, de acuerdo con la misma fuente.

En diciembre de 2012 el país tenía 117 millones 53 mil 750 habitantes, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población. Al finalizar 2014, según las proyecciones de ese organismo, el número de mexicanos se había elevado a 119 millones 713 mil 203 personas.

Al inicio del actual gobierno, la deuda interna y externa del sector público sumó 5 billones 352 mil 794.7 millones de pesos. Dos años después, se incrementó a 6 billones 948 mil 276.7 millones.

Con ambas variables, la deuda por habitante –sin importar edad– aumentó de 45 mil 729 pesos al inicio del actual gobierno a 58 mil 41 pesos al cierre del año pasado. El incremento fue de 26 por ciento.

Mayor peso respecto del tamaño de la economía

El nivel a que ha llegado la deuda del sector público federal, medido como proporción de la economía, es el más alto en prácticamente cinco lustros, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda.

Al cierre de 2014, los 6 billones 948 mil 276.7 millones de pesos de la deuda del sector público equivalen a 38.3 por ciento del producto interno bruto (PIB). Cuando inició el gobierno, la deuda del sector público equivalía a 33 por ciento del PIB. En sólo dos años, el actual gobierno elevó en 5.3 puntos del PIB el endeudamiento del sector público.

El tamaño de la deuda como proporción del producto interno bruto es el más elevado desde diciembre de 1990, cuando el endeudamiento del sector público era equivalente a 43 por ciento del PIB, de acuerdo con los datos de Hacienda.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR.

La CIDH ordenó que se proteja a Nestora Salgado

La representante de la comandante, ante la CIDH, asegura que en México "hay un uso abusivo del derecho penal" y Nestora es un claro ejemplo de criminalización.

La  Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para Nestora Salgado; ha ordenado que se le “proteja de manera inmediata”, explicó, Alejandra Gonza, representante de Salgado ante la CIDH.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, expuso que a la comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, actualmente presa en un penal federal en Nayarit, se le acusa del delito de secuestro y se le ha calificado como “presa de alta peligrosidad”.

Refirió que “las violaciones a sus derechos humanos han tenido impacto a su salud”, por lo que las medidas dictadas por la CIDH son en función de “proteger su salud y vida que se da en el marco de este hostigamiento“.

Sostuvo que el caso de Nestora es un claro patrón de criminalización, pues “hay un uso abusivo del derecho penal, de una manera que no puedan defenderse. De forma tal que se están creando verdades históricas a través de la versión oficial que puede dar un Procurador o un sistema penal”, señaló Gonza.


Documento de la CIDH:

MC455-13-ES:

  MC455-13-ES

VÍDEO ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alerta HIJOS: se gesta “fuerte represión contra el movimiento social” en Guerrero

Al repudiar la versión oficial de la PGR sobre Ayotzinapa, la red internacional señala: "Hacen como que hacen, investigan como que investigan para finalmente seguir con la injusticia y el crimen como norma".

La red internacional H.I.J.O.S. alertó sobre “una fuerte represión contra el movimiento social” en Guerrero y rechazó “totalmente” la versión de la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa.

En un manifiesto dirigido “a los pueblos del mundo”, H.I.J.O.S. se une al rechazo de los padres y estudiantes normalistas a esa versión y señala:

“Las conclusiones a priori del Estado mexicano nos recuerda una vez más, lo realizado por los más funestos genocidas de Latinoamérica, nos muestra la intencionalidad política por perpetuar la impunidad y la simulación, hacen como que hacen, investigan como que investigan para finalmente seguir con la injusticia y el crimen como norma”.

El siguiente es el texto del manifiesto:

A los pueblos del mundo:

Ante las últimas declaraciones del Procurador General de la República Jesús Murillo Karam y del Jefe de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, en las que presentan su versión oficial sobre el caso Ayotzinapa que calificaron como “la verdad histórica de los hechos” la Red Internacional de H.I.J.O.S. señalamos lo siguiente:

Lo dicho por representantes de un Estado terrorista como el mexicano no puede ser tomado en cuenta para el esclarecimiento de los hechos como verdad absoluta cuando desde un principio han intentado por todos los medios hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que los estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos y asesinados por una disputa entre bandas del narcotráfico en el Estado de Guerrero, restando toda responsabilidad a las fuerzas de seguridad estatal, federal y militar en estos hechos. Habría que recordar que la misma PGR del señor Murillo Karam, tardó 10 días para atraer la “investigación” y que reiteradamente ha intentado reducir el hecho a un asunto local (“Iguala no es el Estado” se le oyó decir a este funcionario del Estado mexicano).

Llama la atención la inconsistencia del informe de la PGR, que pese a haber realizado una investigación tan “minuciosa” en la reconstrucción de lo ocurrido presentada por el procurador, no se mencionen siquiera hechos tan relevantes como que la noche del 26 de septiembre llovía, el terrible desollamiento del estudiante Julio César Mondragón Fontes y quiénes son los responsables, los acontecimientos ocurridos en una clínica privada en la que los estudiantes llegaron a pedir auxilio y de la cual fueron corridos o el que existen testimonios de presencia de militares en la zona durante los secuestros y asesinatos.

Señalamos que la reticencia explícita a culpar al ex presidente municipal de Iguala por desaparición forzada, es un hecho más para encarrilar a la impunidad este crimen; esto mismo está pasando con las decenas de detenidos a quienes se les está acusando de secuestro. El Estado mexicano ha firmado y ratificado innumerables tratados internacionales en pro de los Derechos Humanos por lo que la investigación sobre el caso Ayotzinapa debería de ser ejemplar, sin embargo existen evidencias de la implicación en la desaparición de los estudiantes de autoridades de todos los niveles (municipal, estatal, federal) y esto lo convierte en un Crimen de Estado, no es del fuero común, no es de particulares, no fue un secuestro, fue desaparición forzada y como tal debe investigarse y no lo están haciendo.

Con las declaraciones del señor Murillo Karam, se ahonda la desconfianza, al pretender hacer un cierre de las investigaciones basándose en las declaraciones de los detenidos cuando es posible un proceso de coacción de por medio y detenciones de implicados pendientes. De igual manera, en cuanto a las pruebas obtenidas del ADN de uno de los estudiantes no puede ser certera del destino de los demás, ni siquiera de él mismo; más aún cuando se ha insistido en el apoyo de peritajes externos a los de la PGR, como el Equipo Argentino de  Antropología Forense y el equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado mexicano reiteradamente ha violentado a los familiares de los estudiantes desaparecidos, haciendo promesas que no cumple y presentando hipótesis de lo ocurrido como verdades certeras, rompiendo cualquier dialogo e interlocución posibles.

Las conclusiones a priori del Estado mexicano nos recuerda una vez más, lo realizado por los más funestos genocidas de Latinoamérica, nos muestra la intencionalidad política por perpetuar la impunidad y la simulación, hacen como que hacen, investigan como que investigan para finalmente seguir con la injusticia y el crimen como norma.

Están perfilando este caso para ser uno más de impunidad y no lo vamos a permitir.

La Red Internacional de H.I.J.O.S. nos unimos al rechazo de los familiares y estudiantes normalistas a las formas del Sr. Murillo Karam para cerrar el caso y  repudiamos totalmente la versión de la PGR. Sabemos que este no es un caso aislado, atípico mexicano, como intentan hacer creer, por lo que nos unimos a la exigencia de una investigación profunda de los hechos, no sólo a nivel nacional, sino internacional.

Finalmente señalamos nuestra preocupación por la seguridad de los familiares y compañeros de los normalistas ante las recientes declaraciones del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en que revela que una vez que la PGR dio a conocer los resultados de la investigación, el gobierno federal envió a Guerrero al Ejército, la Marina y la Policía Federal, para evitar más hechos violentos de ‘‘grupos radicales’’. Tememos que como es costumbre desde hace décadas, estas declaraciones adviertan una fuerte represión contra el movimiento social que se gesta en dicho estado, por ello hacemos responsable al gobierno mexicano de cualquier cosa que pudiera ocurrirles.

Seguimos y seguiremos al lado de los familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos, sabemos que el camino puede ser largo, esa es la apuesta del Estado, pero no nos cansaremos, no dejaremos de exigir el justo reclamo de verdad y justicia. Seguiremos desde nuestros países lo que acontece en México, seremos esa mirada fija en el gobierno mexicano, como los “hijos de la misma historia” seguimos y seguiremos exigiendo:

VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS

JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES Y SUS CÓMPLICES

NO OLVIDAMOS

NO PERDONAMOS

NO NOS RECONCILIAMOS

RED INTERNACIONAL DE H.I.J.O.S.

H.I.J.O.S. México

H.I.J.O.S. Red Nacional, Argentina

H.I.JO.S. Barcelona

H.I.JO.S. Bogotá

Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad Colombia

H.I.JO.S. Chile

H.I.JO.S. Guatemala

H.I.JO.S. Madrid


H.I.JO.S. Uruguay

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Formal prisión a directivos de Liverpool que ocultaron homicidio de una empleada

MÉXICO, D.F: El juzgado 19º Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, dictó auto de formal prisión contra tres de los directivos de Liverpool Plaza Perisur, que ocultaron evidencias y pretendieron disfrazar como suicidio el crimen de Angélica Trinidad Romero Severiano, una trabajadora de limpieza, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en los baños de la tienda departamental el 16 de noviembre del año pasado.

Los tres directivos acusados del delito de encubrimiento por favorecimiento que enfrentarán el proceso en libertad son: Jorge Álvarez Montaño, apoderado legal de Liverpool, Gustavo Humberto Godínez Cardoso, director y Alejandra Olga Reyes Santos gerente de la tienda.

La Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que dictó auto de plazo constitucional, bajo la causa penal 413/2014, recordó en un comunicado que los sujetos procesados, si bien no participaron en el feminicidio de Romero Severiano, ocultaron indicios y su cadáver en un cuarto donde se guardan artículos de limpieza sin hacerlo del conocimiento del Ministerio Público.

Cuando se realizó la inspección ministerial en el lugar de los hechos, todo estaba limpio y no se halló indicio alguno relacionado con el feminicidio, además de que el cadáver de la empleada, ya había sido bañado, maquillado y embalsamado por personal de la funeraria pagada por la tienda departamental.

El juez consideró que los indiciados actuaron dolosamente para ocultar el asesinato; además, informaron a la familia que había muerto por infarto al miocardio y no por asfixia ocasionada por estrangulamiento, como se confirmó una vez hecha la necropsia de ley.

Además de los tres directivos, Mariano Espinosa Morales, el médico que falseó el certificado recibió el auto de formal prisión el pasado 25 de enero, también por el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Sin embargo, como en el caso de los directivos de la tienda, los cargos de los que se le acusa no son graves, por lo que puede llevar su proceso penal en libertad.

El autor material del feminicidio, Marco Antonio Ochoa Almazán, quien fuera pareja sentimental de Angélica Trinidad, está sujeto a proceso penal por su presunta responsabilidad en el asesinato de Angélica y podría enfrentar una condena de 60 años de prisión, pena que se tipificaría como feminicidio, si se confirma la relación sentimental con la víctima.

La noche del pasado 15 de noviembre, Angélica Trinidad Romero Severiano discutió con Marco Antonio Ochoa Almazán, su pareja sentimental. Los reportes policiacos indicaron que, bajo los efectos del alcohol, el hombre la golpeó y la estranguló hasta quitarle la vida.

El cadáver de la mujer de 24 años y madre de una niña de dos años fue encontrado la madrugada del 16 de noviembre en el cuarto de limpieza de la tienda.

Sin embargo, en vez de llamar al Ministerio Público para reportar el hallazgo, la gerente y el abogado llamaron al médico Espinosa Morales, quien expidió el certificado de defunción y escribió que esta fue a causa de un infarto al miocardio.

Aquella acción facilitó que empleados de la funeraria Grisi llegaran al lugar para inhumar el cadáver. Las autoridades de la tienda dieron la orden de que el cuerpo fuera incinerado.

Pero, ante la premura de los hechos, los familiares de la mujer exigieron ver el cadáver y se dieron cuenta que tenía golpes en la cara y el cuello; entonces pidieron la intervención de la policía.


Un mes después, la Procuraduría General de Justicia del DF ordenó la ampliación de la necropsia, misma que reveló la verdadera causa de la muerte de Angélica Trinidad: Asfixia por estrangulamiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El IFAI ordena a presidencia hacer público oficio de cancelación del tren México-Querétaro

MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la presidencia de la República hacer público el oficio de cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro.

La presidencia está obligada a hacer público dicho documento y el fundamento legal de la cancelación de la mencionada licitación.

La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos expuso en su ponencia que la Oficina de la Presidencia de la República, a través de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia y la Secretaría Particular del Presidente, son las instancias responsables de dar a conocer las órdenes y acuerdos del titular del Poder Ejecutivo.

Precisó: “El asunto es de gran interés, tanto por los recursos que implica el desarrollo de este proyecto, como por el impacto que generará en materia de infraestructura y comunicaciones para nuestro país. Por lo tanto, es importante que este proceso se conduzca de manera transparente”.


El pasado 30 de enero, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, anunció un recorte del gasto público por 124 mil 300 millones de pesos, es decir, 0.7% del Producto Interno Bruto; determinó suspender de manera indefinida el proyecto del Tren México-Querétaro y cancelar el Tren Transpeninsular en Yucatán.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La “verdad histórica” se cae a golpes

Lo que la PGR no pudo demostrar con pruebas periciales y científicas lo armó con testimonios de policías de Iguala y Cocula y del presunto radiocomunicador igualteco David Hernández Cruz que “confesaron” mediante tortura física y psicológica su presunta participación en el arresto de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que posteriormente entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los desaparecieron. La “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam no se sostiene, según se desprende de los documentos consultados por Proceso.

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido sistemáticamente a golpes y tortura para incriminar a los presuntos responsables del ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y sustentar la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Uno de ellos es David Hernández Cruz, un empleado de 20 años a quien el procurador Jesús Murillo Karam identificó como radio-operador de Iguala. Él fue el testigo estrella para involucrar al exalcalde José Luis Abarca Velázquez en la agresión a los normalistas.

Durante los interrogatorios a los que lo sometieron efectivos de la Policía Federal (PF), Hernández Cruz “confesó” que con la clave A5 Abarca ordenó por radio el ataque. Y aunque el declarante admitió ser miembro de Guerreros Unidos, la PGR ordenó su liberación el 14 de octubre pasado, según los documentos consultados por Proceso.

Las averiguaciones previas abiertas por la dependencia sobre el caso Ayotzinapa revelan la sistemática violación a derechos humanos cometidos por uniformados de la PF y elementos de la Marina con la complicidad de la agente del Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide, responsable principal de la investigación.

Los reporteros consultaron los dictámenes médicos de 10 policías municipales de Iguala detenidos el 14 de octubre en el Centro de Adiestramiento Regional de la Sexta Región Militar, en Tlaxcala, y otros tantos de Cocula.

En sus declaraciones ministeriales hay una constante: prácticamente todos sufrieron golpizas; algunos incluso se desmayaron por los toques eléctricos. También fueron torturados psicológicamente para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros. Al final, todos fueron liberados.


Este es un adelanto del número 1996 de Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER.

Ebrard recurrirá a la CNDH por imputaciones sobre irregularidades en línea 12

MÉXICO, D.F: El exjefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard anunció que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las acusaciones de la Comisión Especial para la Línea 12 del Metro en la Cámara de Diputados que lo señalan como responsable de las inconsistencias en dicho proyecto.

Ebrad consideró que dicha comisión le pretende imponer “una pena infamante” para imputarlo por las irregularidades en la línea 12 sin que se le permita defenderse ni declarar al respecto.

En distintas entrevistas radiofónicas concedidas esta mañana, Ebrard insistió en que la orden de perseguirlo viene “de Los Pinos”. Argumentó que se le acusa de haber filtrado documentos respecto a la “Casa Blanca”, la mansión habitada por Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera propiedad de un contratista del gobierno federal.

Consideró su caso como una especie de “juicio político” e insistió: “Evidentemente es una sanción política, cosa inusual”.

Ayer, legisladores del PRI y PAN que integran la Comisión Especial para la Línea 12 del Metro en la Cámara de Diputados, se unieron para aprobar su informe semestral en el que se responsabiliza a Ebrard de las irregularidades detectadas en dicho proyecto.

En el documento se pide a la Procuraduría General de la República atraer las investigaciones sobre el caso.


En respuesta, Ebrard criticó que dicha comisión no lo escuchó y sólo votó y aprobó un informe que ni siquiera fue leído ni analizado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La líder de Guerreros Unidos era María de los Ángeles Pineda, dice Murillo Karam a senadores

Ciudad de México, 31 de enero: Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), reveló que María de los Ángeles Pineda, esposa del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es la líder del grupo criminal Guerreros Unidos, cártel acusado de la desaparición de 43 normalistas.

El Procurador informó que debido a que estaba protegida como la cabeza de la célula criminal fue más complicado procesarla por delincuencia organizada.

“Sin embargo, hicimos una investigación que llegó hasta penales de Estados Unidos, donde logramos obtener testimonios que la ligan directa y claramente con el manejo de la banda de Guerrero Unidos, que vinculaban al padre, la madre y los dos hermanos”, declaró el Procurador, según difunden hoy diversos medios nacionales.

Por lo cual el funcionario federal concluyó que el ex Edil era el segundo a cargo.

Tras reunirse con senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde (PVEM), Murillo reconoció que la estrategia de comunicación en este caso no ha sido buena.


Ayer el funcionario federal asistió a la Reunión Plenaria de Senadores del PRI donde analizaron la agenda legislativa y que se llevó a cabo en el municipio de Ocoyoacac en el Estado de México.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-01-2015/1235780.

Eliminará PAN a militantes “fantasmas” que intervengan en candidaturas

(01 de febrero, 2015).- Ante el escenario de elección de candidatos para disputar los próximos comicios de junio, el Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México, informó que dará pasó a un proceso para sacar de las filas del partido a un total de 6 mil 600 militantes ficticios, mismos que se han integrado al partido de manera “sorpresiva” en busca de tener injerencia en la elección de candidatos por el instituto.

Mauricio Tabe, presidente del PAN en la Ciudad de México, comentó que en noviembre la dirigencia notó en la lista de militantes a 8 mil 200 nuevos miembros los cuales nunca tuvieron registró en las oficinas. Agregó que la presencia de estos infiltrados se explica en la intención de influir en el proceso interno.

El dirigente local explicó que, a los más de 8 mil nuevos militantes registrados, se les exhortó a remitir una carta a la dirigencia con el objetivo de expresar las justificaciones por las cuales desean seguir en las filas del blanquiazul. A pesar de ello la convocatoria fue reducida y sólo mil 600 realizó el llamado.

Al respecto, expuso que el PAN inició una campaña para visitar a cada uno de los supuestos militantes, con el fin de conocer más de su ideología y definir su permanencia. No obstante, dijo que los resultado de la campaña arrojaron que gran cantidad de los entrevistados, no se perfilan con la corriente que defiende el PAN y por el contrario tienen afinidad política a otro partido, entre ellos y en mayor presencia, el PRD.

Ante esto el dirigente enfatizó que la afiliación de estos supuestos militantes se presenta en un marco irregular por lo cual se ha iniciado el debido proceso para expulsarlos del partido. Además dijo que se han presentado las quejas correspondientes ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF).

De igual forma, Mauricio Tabe, solicitó a la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, intervenir en el asunto y expulsar de la lista de militantes y del padrón de votantes a estos militantes ficticios.

El presidente panista local, subrayó que la decisión de expulsar a estos militantes fue tomada a raíz de considerar esta situación como una clara amenaza de infiltración de otras fuerzas políticas para la toma de decisión de candidaturas. Añadió que esta clase de hechos representan una llamada de atención para el partido.


Mauricio Tabe afirmó que si bien es posible considerar esta supuesta infiltración como un foco rojo, no afectará ni significará una amenaza para el PAN en el DF y su participación en los comicios de junio.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

“Autoridades omitieron advertencias, la explosión en Cuajimalpa fue por negligencia”: Especialista

(1 de febrero, 2015).- Róyal Sandoval Alpízar, director general de NexDoval, señaló que hay varias irregularidades en torno a la explosión de la pipa en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

Mencionó que hubo negligencia desde el abastecimiento de gas al nosocomio, además de incapacidad de los operadores para realizar el protocolo de seguridad.

Aseveró que cada instancia debe asumir su responsabilidad, ya que las autoridades omitieron advertencias, que recibieron por escrito, que prevenían este tipo de situaciones.

Indicó que los empresarios, que se dedican a ese ramo, tienen la posibilidad de instalar tecnología de primer nivel, sin embargo las autoridades, ya sea por incapacidad, omisión o contubernio, señaló, no han autorizado eso.

Además aseguró que en la actualidad no se respetan las normas para estos fines y puso el ejemplo de la Central de Abastos donde, desde su fundación, hay tanques de gas a pesar de haber 300 cocinas en ese sitio. Y expresó que la norma indica que los tanques de gas no deben de tener más de 10 años y lo que se hace es reenvalvularlos, pintarlos y de nuevo los ponen en servicio.

Compartió que se ha indicado tanto al jefe de gobierno como a los delegados correspondientes de la bomba de tiempo que significan los mercados de La Merced, Mercado de Jamaica y la Central de Abastos, sin obtener algún tipo de respuesta o acción para prevenir.

Lamentó que no haya la capacitación requerida para los trabajadores ya que, con 20 años de experiencia, los encargados de la pipa que suministraba gas al Hospital de Cuajimalpa ”no hayan tenido siquiera el menor intento de cerrar una llave a la toma de fuerza y con eso se hubiera mitigado un 90 por ciento del siniestro”.


Y concluyó: “Es mentira eso que olía a gas, no es cierto los propios bomberos no supieron que hacer. Ante una fuga lo primero que hay que hacer es la toma de fuerza y en ese momento se acaba el riesgo”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno mexicano, incapaz de erradicar desapariciones forzadas: ONGs

MÉXICO, D.F: El gobierno mexicano “no es capaz de erradicar la desaparición forzada” advierten organizaciones de derechos humanos al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“El país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia”, apuntan el Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez AC, y Amnistía Internacional.

En el documento llevado ante el comité de la ONU se denuncia que el gobierno federal comenzó a investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocho días después de que se reportó el caso; además, señalan que la indagatoria se trató el caso como delincuencia organizada y no como desaparición forzada.

“Ninguna de las instancias que el informe estatal presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones”, señala el documento.

Las organizaciones reprueban que el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, haya concluido que los 43 estudiantes fueron asesinados sin reportes académicos ni periciales que avalen su versión.

Por lo anterior, las organizaciones solicitaron que la ONU exhorte al gobierno mexicano a reabrir el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

Esta mañana se celebra una reunión privada entre expertos del citado comité, miembros de organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil que analizarán el caso de los normalistas de Ayotzinapa. En la cita también están presentes los padres de los normalistas.

Al inicio de la sesión, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del gobierno mexicano, Juan Manuel Gómez, reconoció que el país enfrenta “retos que debemos superar” en materia de respeto a las garantías individuales.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Cordero defiende su asistencia al Super Bowl y arremete: “Me tratan como si fuera de lo peor”

MÉXICO, D.F: El senador panista Ernesto Cordero consideró “¡una barbaridad!” las críticas por su asistencia a la edición 49 del Super Bowl.

“Tú vas al Super Bowl, te pagas tu boleto, pues como muchos mexicanos que estuvimos ayer en el estadio ¿no?, ya parece que tienes una casa escondida, ¿no?, que tienes conflicto de interés, te tratan como si fueras de lo peor mano, ¡qué cosa!” (sic) se intentó defender.

En entrevista con Grupo Fórmula, Cordero justificó su inasistencia al inicio del segundo periodo ordinario y último del tercer año de la 62 legislatura del Congreso General: “Mira, la sesión de apertura del Congreso, a la cual claramente no asistí, a la cual pedí que se me descontara el día, es una sesión que dura diez minutos y donde desde el orden del día es claro que no se va a discutir nada”.

El senador rechazó dar detalles del costo de su viaje. Cuando el periodista Ciro Gómez Leyva le preguntó a cuánto había ascendido el precio de su hotel, boleto de viaje y la entrada al estadio, respondió que dar esa información le resulta “un poco excesivo”.


Cordero, quien cuando fungió como secretario de Hacienda aseveró que una familia mexicana puede pagar sus cuentas con 6 mil pesos al mes, criticó que a la clase política no se le permita tener una vida como cualquier mexicano.

ANTECEDENTES:

El senador Cordero desdeña al Congreso y se va al Super Bowl

MÉXICO, D.F: El senador panista Ernesto Cordero consideró más importante asistir hoy a la edición 49 del Super Bowl que hacer acto de presencia en el arranque del segundo periodo ordinario y último del tercer año de la 62 legislatura del Congreso General.

El exlíder de la bancada panista y exsecretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón fue captado por las cámaras de la televisora estadunidense Fox Sports en un momento de la final del futbol americano que se efectuó en Phoenix, Arizona entre Halcones Marinos y Patriotas.

Cordero, quien como funcionario calderonista dijo que con 6 mil pesos una familia podía resolver sus necesidades económicas, apareció acompañado por Juan Ignacio Zavala, “asesor” del legislador con salario de 76 mil pesos mensuales y a quien en el 2013 la bancada panista le trianguló un préstamo por 300 mil pesos.

El polémico senador panista fue uno de los faltistas en la sesión de apertura, en la que sólo estuvieron presentes 295 diputados de 500 y 82 senadores de 128.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Ayotzinapa: Los detenidos “se lastimaban solos”, dicen marinos (31 Enero 2015)

La verdad oficial sobre Ayotzinapa se basa en declaraciones autoinculpatorias. Al menos una decena de detenidos mostraron huellas de tortura, de acuerdo con los propios expedientes. De hecho, marinos y policías han tardado hasta 11 horas en poner a disposición del Ministerio Público a algunos capturados. Según testimonios de los marinos, los capturados se golpearon solos. Amnistía Internacional lo tiene claro: Los abusos “pueden derivar en que el caso se caiga. Si se llegan a demostrar violaciones al debido proceso, la PGR estaría resolviendo un caso icónico de violaciones a derechos humanos con más violaciones a derechos humanos.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Detrás del rechazo a la versión oficial sobre el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa está la presunción de que la tortura fue uno de los métodos utilizados para “esclarecer” el caso que ha marcado al gobierno de Enrique Peña Nieto.

La sospecha no se basa sólo en los hematomas y ojos hinchados que muestran los acusados en videos y fotografías presentados por la Procuraduría General de la República (PGR), sino en evidencias asentadas en el expediente de la dependencia.

La noche del 27 de enero, horas después de que el procurador Jesús Murillo Karam encabezara una conferencia de prensa, padres de familia de los desaparecidos y sus abogados cuestionaron que la “verdad histórica” se soporte en declaraciones de delincuentes.

En un documento titulado Diez razones para no cerrar Ayotzinapa, los padres y abogados advierten que “la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público que fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente”.

El 28 de enero Amnistía Internacional (AI) dio a conocer una carta firmada por su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, dirigida a Murillo Karam, en la cual alertaba: la versión oficial de que en el basurero de Cocula se produjo un incendio que destruyó los restos de los 43 jóvenes “se sostiene sólo por declaraciones autoinculpatorias y con un mínimo de pruebas periciales”.

Este es un adelanto del número 1996 de Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ (REPORTAJE ESPECIAL)