CHIHUAHUA, Chih: Una representación del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) viajó hasta Ginebra, Suiza, para denunciar ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la escalada de violencia que priva en el estado de Chihuahua y que ha dejado más de mil 500 personas desaparecidas, 355 de ellas residentes del municipio de Cuauhtémoc, según cifras reconocidas por la propia Fiscalía General de esa entidad. Olaya Dozal, maestra que busca a su hija desaparecida en Cuauhtémoc, llevó el siguiente mensaje a la ONU: “Somos las mamás de Cuauhtémoc, como las mamás de todo Chihuahua y el país, que estamos sufriendo. Son cientos y miles de desaparecidos. Es por humanidad que les pedimos a quien tenga y pueda querer hacer algo, que busquen una solución, porque esto se debe de detener, porque cada día son más personas, cada día es más grande el miedo, cada día tenemos que estar más encerrados en nuestras casas, cada día es más el miedo por nuestros hijos. Estamos en manos de los delincuentes que al mismo tiempo son las autoridades”.
Las mujeres grabaron un video con sus testimonios en los que pintan el desolador panorama que enfrentan en la entidad gobernada por el priista César Duarte Jáquez.
María de Jesús Gutiérrez, quien perdió a dos hijos y un hermano, pide a la ONU su apoyo para que quiten la policía de Cuauhtémoc porque en la mayoría de los casos de desapariciones están involucrados agentes de Tránsito o de la Policía Municipal. “Yo oí que les estaban diciendo a Pedro (uno de los desaparecidos), que si no iba a trabajar lo iban a traer (…) ‘dijo que el peligro ya está’, de que se fueran a desaparecer, si no entraban a trabajar (…) Yo trabajaba en la fiscalía, ya hace quince días que dejé de trabajar ahí. Vi a uno de los que fueron a ofrecerles trabajo a la fiscalía, ya lo habían traído de ministerial a municipal. Me lo encontré y le dije que qué había pasado con mis hijos, que qué me les habían hecho y agachó la casa, nunca me dijo nada”, señala María de Jesús para evidenciar las pruebas que tienen las autoridades y no han hecho nada”, dice. María Teresa Almas cuenta que a su hijo se lo llevó un grupo de gente armada que pertenece a la fiscalía y ella misma descubrió y dio esas evidencias a las autoridades, pero no sucedió nada. “Pedí ayuda, fui a la fiscalía y con el gobernador, di santo y seña de esas personas, pero mi hijo no regresa. Lo sigo buscando”. Rubí Martínez ofrece su historia: “Mi hermana se quiso suicidar tres veces, es muy doloroso. Cuando estaba él, yo tenía mis calificaciones normales y he bajado mucho en mis calificaciones. Me hacían bullying porque se dieron cuenta que mi papá estaba desaparecido y para mí era una desesperación”. Y su mamá, Dolores Pérez, explica que las madres debieron asumir de golpe el papel de papás. “Las autoridades no saben el dolor y el trauma. Debemos trabajar doble para que nuestros hijos no dejen los estudios, para que sean alguien en la vida. Sólo pido justicia, no me importa quién se lo llevó (a su esposo), quiero que lo regresen vivo, porque vivo se lo llevaron”. Para Dámaris y su hermano de 14 años, la desaparición de la hermana mayor en Cuauhtémoc también significó un cambio radical en sus vidas, porque era quien trabajaba para apoyar a su mamá en la manutención de su hogar. Dámaris cuenta en el video que tuvieron que dejar de estudiar para ayudar a su mamá con los gastos. “Que nos ayuden a buscarla, viva o muerta, sólo queremos sabe que ahí está”. En el camino de la búsqueda de sus seres queridos, han quedado varias madres de personas desparecidas, como Martha Loya que desapareció en el 2012 por buscar y exigir justicia para su hijo; Artemisa Ibarra, Marisela Escobedo Ortiz y otra madre más del municipio de Guerrero. El video muestra a abuelas, tías, hermanas, que han quedado frente a las familias destrozadas por la violencia y sin políticas públicas eficientes a las que puedan acceder, por lo que ha mermado su salud, economía y seguridad. Martha Arana sólo pide que el mundo se entere de lo que realmente pasa en Cuauhtémoc. “Por favor, que las autoridades sean sensibles no insensibles, humanas, no inhumanas, que sean personas que sientan el dolor ajeno y que por favor hagan lo que se tenga que hacer, vayamos a donde tengamos que ir, pero que hagan algo por encontrar a las personas que estamos buscando, que en este caso es mi hijo, que estuchen el dolor de una madre que los busca incansablemente”. Consuelo Prado relata que su esposo desapareció el 1 de abril de 2011 y desde entonces han tenido dificultades económicas y emocionales para sus hijos, “estamos en proceso de aceptación de que mi esposo no está, no sabemos si está vivo o muerto, hay testigos de cuando sucedieron los hechos”. La familia Muñoz Veleta, a quien le desaparecieron a ocho integrantes en junio de 2011, indica que las autoridades sólo les dicen que iniciarán de nuevo la investigación, sin resultados. Luisa Veleta, madre de uno de ocho desaparecidos, pide que los encuentren como sea. Ya no le importa si no castigan a los culpables, porque el dolor de no saber dónde está, los está consumiendo. Al lado de su abuela, Emma Veleta, la niña Blanca Solís Muñoz explica que extraña a su papá y a sus otros siete familiares y pide que los regresen con vida. “Es muy grande el dolor que estamos viviendo. Quiero que nos los regrese como Dios lo disponga. A mis hijos que todos ellos dejaron a su familia, un hogar vacío, a igual como me han dejado a mí, a donde quiera que ellos estén, los adoro los quiero y quisiera volverlos a ver, para no quedarnos con este dolor tan grande”, dice doña Emma Veleta. Teodosia Hernández, a quien un agente de vialidad le desapareció a su hijo José Rosario, pide: “Ayúdenos hombre, no nos dejen solos, estamos sufriendo mucho. Apóyenos porque pues cómo va a ser justo”. La esposa de José Rosario, Antonia Aguilar, explica que ellos hicieron la investigación. Incluso ellos presionaron para que el caso llegara ante un juzgado pero lo dejaron en libertad y posteriormente, ordenaron la detención cuando el agente había huido. Se encuentra prófugo. El hijo de José Rosario, Alexis Hernández, pide apoyo para los hijos de personas desaparecidas, porque los hijos quieren seguir estudiando y no pueden porque las familias se quedan sin dinero. “No quiero morirme sin volverlo a ver, así enferma como estoy, pero ando luchando por él. Que Dios me permita volverlo a ver antes de morirme, porque no quiero morirme sin volverlo a ver”. Al hijo de Norma Villarreal se lo llevaron con otras seis personas de un centro de rehabilitación, también en 2011 y sólo dos familias los buscan porque hay mucho miedo para denunciar los casos. “Él tenía amenazas de un policía municipal, hasta mi casa fue. Yo presencié ese caso, hasta la casa de mi madre fue en Cuauhtémoc. Le dijo que vivo o muerto se lo iba a llevar. Yo quisiera que hicieran justicia, Cuauhtémoc es un volcán, se come a la gente y no la encontramos ni viva ni muerta. Dejó dos niños chiquitos que a veces no tienen ni para comer, una de mis hermanas está muy mal, mi madre, y así estamos todas las madres que han perdido hijos”, relata Tania Gutiérrez. María Luisa Gutiérrez informa que el 9 de febrero de 2013 desaparecieron a diez trabajadores de una mina, en el municipio de Urique en la Sierra Tarahumara y no los han localizado. Como parte de la problemática de desaparición forzada, 11 integrantes de la familia Alvarado, del municipio de Buenaventura, tuvieron que pedir asilo político en Estados Unidos, donde se encuentran en espera de la resolución. Sin políticas públicas ni voluntad Las víctimas de desaparición en la entidad se han vuelto invisibles, principalmente las mujeres, las más vulnerables. “En los pueblo somos obligadas a convivir con grupos obligados, con policías y militares, presas del terror, a caminar bajo mirada dominante de los hombres, con sus armas listas para disparar, allanar cualquier hogar para llevarse a hijos como botín de guerra”, expone el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm). En su opinión, “las autoridades no hacen cruce de la información genética con ADN que les proporcionan con cuerpos de gente no identificada del país”. Además, añade que las familias hacen investigación, que hay decenas de fosas con restos humanos sin investigar, que no hay protocolos de búsqueda, y que no hay diligencias para buscarlos vivos ni muertos.
En cuanto a los niños, Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Cedehm, advirtió que el Fondo de Atención a Víctimas de la Violencia (Fanvi), sólo contempla apoyo para algunos casos de hijos de personas asesinadas, no de desaparecidos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: La empresa Gas Express Nieto, propietaria de la pipa que causó una explosión el pasado 29 de enero en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, con saldo de tres muertos –dos bebés y una enfermera–, aseguró que la unidad siniestrada cumplía con los estándares que la normatividad en la materias establece. En un comunicado, la gasera que a nivel federal y local ha sido favorecida con 95 contratos desde 2009, indicó que desde el mismo día del accidente proporcionaron la información sobre las características de la pipa, las bitácoras de mantenimiento y todos los registros que pudieran abonar a las investigaciones sobre el caso. “Como muestran dichos documentos, el vehículo que estaba presente en el incidente fue verificado por última vez el pasado 19 de enero de 2015; adicionalmente cada una de las partes que lo integran, la bola, la manguera, las válvulas y el chasis, se encuentran dentro de lo marcado por la norma para su operación adecuada”, puntualizó. Además, reiteró que continuará cooperando con las autoridades en las investigaciones de la explosión en Cuajimalpa. Indicó que como empresa regulada está sujeta a distintas revisiones y verificaciones de diversas autoridades, entre ellas la Secretaría de Energía. Y detalló que mensualmente realiza más de 70 mil operaciones de suministro a tanques estacionarios, además de distribuir más de 350 mil cilindros en distintos puntos del país. La empresa también cuenta con 35 plantas a lo largo de la República y emplea a más de cuatro mil personas de forma directa. De acuerdo con una investigación difundida el pasado 30 de enero por MVS Noticias, de 2011 al año pasado la empresa fundada en 1939 por Raúl Nieto Boada amarró 14 contratos de manera directa con la Secretaría de Salud del gobierno del Distrito Federal por un monto de 77 millones de pesos. Con el gobierno federal consiguió 81 contratos por 68 millones de pesos de 2009 a 2014. De esos contratos, 34 fueron suscritos con instituciones hospitalarias, como el IMSS o el ISSSTE. Derivado de los contratos con el GDF, Gas Express Nieto obtuvo las siguientes ganancias anuales: 17 millones 677 mil pesos en 2011; 18 millones 852 mil pesos en 2012; 18 millones 200 mil pesos en 2013, y 22 millones 482 mil pesos en 2014. A nivel federal, Gas Express Nieto obtuvo 49 contratos a través de asignaciones directas, 27 por licitación y cinco por invitación a por lo menos tres empresas. Según la información que se desprende de las páginas del portal de transparencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene 18 contratos por 24 millones de pesos; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con 13, por 6 millones 671 mil pesos, y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) con tres, por un millón 91 mil pesos.
Otras áreas del gobierno federal que tienen contratos con Gas Express Nieto son la Presidencia de la República, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Deporte. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El capo Servando Gómez “La Tuta”, líder del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”, difundió un nuevo audio y anunció que sería su último mensaje público. “Primeramente Dios, es el último audio que saco y no vuelvo a sacar ningún audio”, se despide “La Tuta”, quien argumenta que su decisión “no es por miedo”, sino que “tengo que tomar medidas y cuidarme”. En dicho mensaje, “La Tuta” arremete contra los hermanos Sierra Santana, líderes del grupo criminal “Los Viagras”, a quienes llama “los peores delincuentes que he conocido”. Servando Gómez pide al gobierno federal detener a los hermanos, que “están ubicables, a la mano”. “La Tuta” rechaza haberle entregado un millón de dólares al Ejército para evitar su detención; de paso, también niega tener tratos con la Marina, la Gendarmería Nacional o la DEA.
El líder nacional panista Gustavo Madero Muñoz dijo que es insuficiente descontar el día de “dieta” al Senador Ernesto Cordero Arroyo como sanción por faltar a la sesión de Congreso General para asistir al Súper Bowl XLIX, por lo que adelantó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) estudiará si procede alguna sanción en contra del legislador. “Vamos a investigar qué procede, pero sin duda es más un daño a la imagen de los legisladores, del grupo parlamentario y de los senadores”, respondió Madero a pregunta expresa de SinEmbargo. El día de ayer, las cámaras de la televisora de Fox Sports captaron al Senador panista Ernesto Cordero y a Juan Ignacio Zavala hermano de la ex Primera Dama Margarita Zavala, disfrutando del partido del Super Bowl XLIX que se celebró en Phoenix, Arizona. Cordero viajó a Estados Unidos mientras que el presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, convocó desde el pasado jueves a todos los senadores a la sesión de Congreso General del domingo 1 de febrero a la 11:00 horas. El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) reprobó el desdén que el Senador Ernesto Cordero Arroyo demostró por el trabajo legislativo, al preferir viajar a Arizona, Estados Unidos, para disfrutar de un partido de futbol americano en lugar de asistir a la ceremonia de inicio del presente periodo de sesiones. Y es que no solo fue el viaje, el Senador Ernesto Cordero respondió a quiénes cuestionaron su actitud con un simple “que me descuenten el día”, declaración que Madero consideró inapropiada. “Es un tema que manda un mensaje muy inadecuado, es justo lo contrario a lo que los ciudadanos nos están pidiendo, un compromiso pleno un compromiso total con el desempeño del papel que nos han asignado en las urnas y creo que no los debemos defraudar”, afirmó el líder partidista. “Cualquier persona que no ayude a acercarnos a los ciudadanos dando estos mensajes es alguien que está haciéndonos daño como partido político y al sistema político y a la democracia”, recalcó. Por su parte, el recién nombrado secretario general del PAN, el también Diputado José Isabel Trejo Reyes, consideró que cada legislador debe asumir su responsabilidad por las decisiones que tome respecto a su trabajo legislativo. “Tenemos que todos debemos asumir nuestra responsabilidad, no regateo la crítica, estoy de acuerdo en eso”, sostuvo. Respecto al anuncio que Felipe Calderón Hinojosa hizo en su cuenta de Twitter, en donde presumió que había asistido al Súper Bowl XLIX junto con su esposa Margarita Zavala, por invitación de Indra Nooyi, CEO de Pepsico, Madero Consideró que “el [ex Presidente] ya está en una situación de plena libertad para utilizar su agenda como mejor disponga”. La mañana de este lunes, el Senador Ernesto Cordero justificó su ausencia a la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Senado para asistir al Super Bowl XLIX con el argumento de que la sesión duraría 10 minutos y no se iba a “discutir absolutamente nada”. En entrevista para Grupo Fórmula, el Senador del PAN dijo que la apertura del Congreso “es una sesión que dura 10 minutos y donde desde la orden del día es claro que no se va a discutir absolutamente nada”. Añadió que pidió que se le descontara el salario de ese día y que cuenta con el 98.4 por ciento de asistencias a la Cámara Alta. Cordero Arroyo explicó que pagó con recursos propios su viaje al Super Bowl, que se disputó entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle. “Nadie me invitó. […] yo pagué mi boleto, yo pagué mi hotel, yo pagué mi avión”, mencionó.
Asimismo señaló que viajó desde el pasado viernes a Estados Unidos, pero que el martes se presentará a la primera reunión del periodo ordinario de sesiones donde “sí se van a discutir cosas”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2015/1237507.
El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dijo esta tarde que Marcelo Ebrard Causabón, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, es víctima de un ataque orquestado por Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y Enrique Peña Nieto, Presidente de México. “Es una embestida de [Enrique] Peña Nieto y de [Miguel Ángel Osorio] Chong contra Marcelo Ebrard”, acusó. “Es la mano negra de Chong y Peña”, aseveró López Obrador. “La experiencia me dice que cuando los medios le dan mucho seguimiento a un tema es porque viene del gobierno de Peña”. El dos veces candidato presidencia acusó a la prensa de dar cobertura a la Línea 12 y no al avión presidencial o a la “casa blanca” del matrimonio presidencial.
Ebrard Causabón denunció hoy que la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados que lo condena por la Línea 12 del Metro, elaborado por el PRI y aprobado por el mismo partido, es un ataque directo de Los Pinos.
“Lo que se dice en los pasillos y en las reuniones en la Cámara [de Diputados], aunque nadie te lo quiere afirmar, es que es una instrucción superior. O sea, esto viene de Los Pinos. ¿Por qué? La única razón que se ha dado, en versiones periodísticas de diferente tipo, [es] que me vinculan con una investigación periodística respecto a la casa del Presidente. Es una falsedad total”.
En las últimas semanas, se ha hablado de la posible incorporación de Ebrard Causabón a Morena. Sin embargo, el ex Jefe capitalino no lo ha negado ni lo ha confirmado. Ha sostenido reuniones con la dirigencia del que es su partido, el PRD. Se desconoce si está en pláticas con Morena. En este contexto es que López Obrador habla hoy sobre el tema. Ayer, diputados federales del PRI, miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el caso de la Línea 12 del Metro, aprobaron entre gritos y protestas un dictamen que acusa directamente a Marcelo Ebrard. El perredista estuvo en la Cámara de Diputados, pero le negaron el derecho a hablar. Hoy, Ebrard dijo que los diputados de la comisión lo juzgaron sin respetar su derecho a la defensa y al debido proceso. “Me van a imponer una pena infamante”, dijo a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. Dijo que los legisladores lo procesaron sin darle derecho a debido proceso. “Te condenan sin siquiera ser escuchado”. En semanas pasadas, el columnista Salvador García Soto vinculó a Marcelo Ebrard con la investigación realizada por Carmen Aristegui y Aristegui Noticias sobre la “casa blanca” de Angélica Rivera. Dijo que él fue quien proporcionó datos a esa investigación. La periodista Carmen Aristegui dijo que García Soto mentía con esa versión. El escándalo de la “casa blanca” le ha dado la vuelta al mundo. Después de esa investigación, se encontró que Peña Nieto operó su campaña electoral en una mansión de Grupo Higa; luego se supo que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tenía una propiedad en Malinalco que le vendió la misma constructora y posteriormente se dio a conocer que, en Ixtapa de la Sal, Peña Nieto tiene otra casa de la familia San Román, otra empresa beneficiada por sus gobiernos. “Voy a iniciar un procedimiento en derechos humanos porque técnicamente sí es eso; porque con lo que hicieron ayer ya está tipificado. Esto es una pena infamante”, agregó. Ebrard consideró que el informe elaborado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el caso de la Línea 12 del Metro es “una imputación política” en su contra con fines propagandísticos. “No quisieron modificar la orden del día para escuchar los documentos que llevaba yo, que ponen en tela de juicio el documento que pretenden aprobar mañana”, dijo el ex Jefe de Gobierno en entrevista con Noticias MVS. Ebrard indicó que el informe votado y aprobado “ni siquiera se leyó ayer. Denunció el hecho de que se reproduzcan observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) “que ya fueron solventadas”. “Evidentemente es una sanción política, cosa inusual”, refirió Ebrard esta mañana. CANDIDATO EN GUERRERO López Obrador y Martí Batres Guadarrama, líderes de Morena, presentaron a Paulo Almicar Sandoval Ballesteros como su precandidato único a Gobernador del estado de Guerrero. En conferencia de prensa, Sandoval Ballesteros informó que hoy mismo realizó su registro ante Morena y dijo que Guerrero está pasando por una situación complicada. Sin embargo aseguró que ha recorrido toda la región y se ha dado cuenta que la gente busca un cambio. Por la mañana hizo su registro como precandidato donde afirmó que ante la perspectiva de que es el único precandidato dentro de Morena, aprovechará el periodo de precampaña para reunirse con los miembros y simpatizantes del partido. Afirmó que recorrerá el estado por segunda ocasión y pretender formar una red de cyber-voluntarios en la que se podrán participar mediante la página www.sandoval.org.mx en Internet. Agregó que la apuesta de Morena es por la vía electoral para recuperar y hacer valer la dignidad de Guerrero y sacar a los caciques de Guerrero que con violencia y corrupción le han robado la paz y la justicia a las familias guerrerenses.
Amílcar fue coordinador de la campaña presidencial de López Obrador en el 2006 en Guerrero. Antes se desempeñó como director de Control y Evaluación en el gobierno del Distrito Federal y miembro del Consejo de Asesores del tabasqueño , cuando éste se desempeñó como Jefe de Gobierno Capitalino. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SERGIO RINCÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2015/1237635.
GINEBRA: La presencia en la sala de sesiones de padres de dos de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa marcó el primer día de trabajo del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que se evaluó la situación de México en esa materia. Previamente, en una reunión a puerta cerrada entre los miembros del Comité y organizaciones no gubernamentales, Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján; e Hilda Leguideño, madre de José Antonio Tizapa, solicitaron a la ONU que presione al gobierno mexicano para que no cierre el caso y prosiga con las investigaciones sobre el paradero de sus hijos. “Les pedimos que exijan al gobierno mexicano que se hagan bien las investigaciones. La Procuraduría General de la República (PGR) dice que están muertos, pero no le creemos: una vez ya nos dijeron que nuestros hijos estaban en fosas y no era cierto. Les solicitamos que presionen al gobierno para que diga lo que realmente pasó con nuestros hijos”, comentó a Apro Hilda Leguideño. Los miembros del Comité “manifestaron (a los padres) la voluntad de que las recomendaciones, que harán al gobierno mexicano al término de la evaluación, aporten a la búsqueda de los desaparecidos”, señaló a esta agencia Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de I(dh)eas, una organización de litigio estratégico en derechos humanos. México, como otros 44 Estados, ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por lo que presentó un informe de revisión en abril pasado. En enero pasado respondió a las preguntas que formularon los miembros del comité. En las dos sesiones públicas que hoy tuvieron lugar en la sala de conferencias del Palacio Winston, los cuestionamientos de los miembros del comité al desempeño del gobierno mexicano no paraban, principalmente los que provenían de los dos relatores, Rainer Huhle y Luciano Hazan. “El eje central de esta discusión es la distancia que existe entre las palabras y los hechos”, sentenció Hazan. La carencia de cifras y metodologías precisas sobre el número de desapariciones forzadas fue uno de los temas recurrentes, así como el laberinto legal que representa la repartición de atribuciones judiciales entre la federación y los estados. La delegación del gobierno mexicano, compuesta por 27 personas, no dio respuesta precisa a esa y otras preguntas concretas que se les solicitaron con insistencia, como el número de funcionarios suspendidos por estar implicados en desapariciones o si había un plan del gobierno de Enrique Peña para regresar al Ejército a los cuarteles. Las explicaciones enredadas de los mexicanos sobre las competencias de los estados y la federación no ayudaron, pues los miembros del comité continuaban planteado las mismas preguntas. El jefe de la delegación mexicana y subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Juan Manuel Gómez Robledo, metió la polémica en la reunión. Primero señaló que el gobierno de México “sigue evaluando” si reconoce las peticiones individuales en el comité, y minimizó la importancia del mismo al declarar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la prioridad del país en materia de justicia internacional.
La evaluación continuará la mañana de este martes 3, tras lo cual los miembros del comité elaborarán un reporte con recomendaciones al gobierno mexicano. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MARCO APPEL.
MÉXICO, D.F: Escritores, intelectuales y comunicadores pidieron a los promotores del Hay Festival cancelar el encuentro literario en Veracruz, en protesta por lo que consideran responsabilidad del gobierno de Javier Duarte en los asesinatos de periodistas en la entidad. En una carta dirigida a Peter Florence, director general del Hay Festival, cerca de 300 líderes de opinión de México y el extranjero sostienen que mantener esa fiesta de las letras es, de alguna manera, apoyar a un gobernador del PRI que no respeta los derechos de los comunicadores. “Los objetivos del Hay Festival Xalapa, lamentablemente, sólo han servido a una campaña del gobierno estatal que aparenta la prevalencia de un clima de libertad intelectual y crecimiento cultural”. Sin embargo, “el gobierno de Duarte ha demostrado ser –sin exageraciones– el peor enemigo de la libertad de expresión, del derecho a la información y del pensamiento crítico en México”, se advierte en la misiva firmada además por organizaciones como Freedom House, Artículo 19, Global Journalist Security y Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Los inconformes recordaron que en la administración de Duarte de Ochoa 11 reporteros han sido asesinados y cuatro más están desaparecidos. “No estamos contra el Hay Festival, estamos contra su uso político en un estado donde el periodismo cuesta la vida. La agresión más reciente sucedió el 2 de enero, en el municipio Medellín de Bravo: el periodista Moisés Sánchez fue sacado de su casa por un grupo armado. La PGJE informó que un expolicía confesó el homicidio y responsabilizó de su muerte al alcalde Omar Cruz”. También denunciaron que Xalapa “es otro territorio peligroso para el ejercicio periodístico”, pues fue en esa capital donde el 28 de abril de 2012 asesinaron a Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, y el 14 de junio de 2012 mataron a Víctor Manuel Báez Chino, reportero y editor en Milenio. “Un dato más: Veracruz es la entidad con el mayor número de periodistas desplazados. Muchos viven con miedo. Las organizaciones defensoras de la prensa libre han realizado diversos reportes que documentan la terrible situación”, se acusa en la misiva.
Entre quienes han expresado críticas a los ataques a la prensa destacan la escritora Margo Glantz, el escritor británico Salman Rushdie y el corresponsal de guerra Jon Lee Anderson, así como los escritores Guillermo Osorno y Peter Godwin. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN..
XALAPA, Ver: La noche del pasado domingo Verónica Huerta Aburto, reportera de la agencia Avc Veracruz y de Grupo Radio Fórmula, llegó a su casa y activó la grabadora de su teléfono para escuchar los mensajes y uno de ellos casi la paraliza. Procedente de un número desconocido para ella, el mensaje decía a la letra: “Después del Moisés sigues tú perra, te estamos checando”. Inmediatamente, marcó el número que quedó registrado en su teléfono, pero nunca le respondieron. Como se trataba de la tercera amenaza, aunque esta última directa, Verónica interpuso una denuncia de hechos ante la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Atrapada por el temor, puso al tanto también a otras instancias gubernamentales, como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) que preside Jorge Morales, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En estas dos últimas dependencias le dijeron que no podían proceder hasta que se formalizara la denuncia. “No quiero alarma ni show mediático, tengo familia y está preocupada, vengo a cumplir y dar parte a las autoridades para proceder”, dijo.
Huerta pidió a los colegas que la entrevistaron que eviten utilizar fotografías en los despachos informativos que redacten porque teme por su vida y por la integridad de su familia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
En Ginebra, la ONU revisa el caso de México por las desapariciones forzadas. Sobre la situación actual, DW recogió opiniones. Entre ellas la del obispo de Saltillo, que en Bruselas ofició una misa por las víctimas.
Entre las más de 20 asociaciones pro derechos humanos que han hecho llegar preocupantes informes al Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas –que trata el caso de México esta semana- se encuentra la que preside el Monseñor Raúl Vera, obispo de Saltillo y fundador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos. “La situación de los derechos humanos en México es muy delicada”, dice a DW en Bruselas monseñor Vera. Su mirada se remonta a la matanza de Chiapas en 1997 cuando asistía al obispo Samuel Ruiz; a la comunidad de El Charco, donde en 1998 fueron asesinadas 42 personas; a miles de testigos que comparecieron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos entre enero de 2011 y diciembre de 2014. El obispo de Saltillo copresidió las audiencias. Ejemplos de descomposición “Al escuchar a las víctimas de todas partes del país detectamos que algunos de los grupos que el gobierno llama de crimen organizado –y que son responsables de masacres de jóvenes- son grupos paramilitares creados por el propio Ejército. En el narcotráfico se excusa el gobierno”, dice. El obispo de Saltillo ilustra la “descomposición” actual con el hecho de que el alcalde de Iguala, presunto autor intelectual de la desaparición y asesinato de los 43 jóvenes estudiantes, haya sido el autor material del asesinato en mayo de 2013 de líderes sindicalistas de la misma localidad. “Ahora está en prisión por eso, no por la desaparición de los estudiantes. Pero, ¿cómo puede ser posible que un asesino haya seguido gobernando tranquilamente un año y medio más?”, dice el obispo mexicano, por dos años entre los favoritos al Premio Nóbel de la Paz. Dispuestos a fortalecer el Estado de Derecho Acerca de las respuestas gubernamentales frente a los casos de desapariciones forzadas, -y con miras a la revisión a la que se somete a México en Ginebra-, Juan José Gómez Camacho, embajador de México ante la Unión Europea respondió a DW: “El Presidente Peña Nieto recientemente anunció diez medidas para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Con estas diez medidas, se deja muy claro que uno de los objetivos en materia de derechos humanos es el de fortalecer los protocolos y procedimientos en materia de desaparición forzada y se ha enviado una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada ».
“ Es más, agrega el diplomático mexicano, que hasta 2013 fue embajador permanente ante la ONU en Ginebra: “En cumplimiento de sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos y en cumplimiento con la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, las autoridades mexicanas a lo largo de las extensas y profundas investigaciones que se han realizado en torno a los lamentables hechos de Ayotzinapa han trabajado con apertura y transparencia con los familiares de las víctimas ».
Por otra parte, sigue el embajador Camacho, “es muy importante destacar que estas investigaciones están abiertas. El Procurador ha informado en distintos momentos que las investigaciones siguen su curso pues aún falta detener a personas involucradas con este crimen y también se está a la espera de los resultados finales de la Universidad de Innsbruck “. La punta del iceberg Como fuere, “Ayotzinapa sólo fue la punta del iceberg”, refuta el obispo Vera. En el mensaje que lleva el Centro Diocesano de Derechos Humanos a Ginebra se subrayan años de inoperancia y la aquiescencia del Estado con la impunidad: La mina en Coahuila donde no se rescató a 65 obreros después de una explosión; la dejadez en el caso de la huelga de tres años de los obreros de la textilera de Parras de la Fuente; la masacre de Tlataya en mayo de 2014… Son ejemplos que da el obispo Vera, que tiene a su haber una larga lista de premios por su defensa de migrantes, obreros, indígenas y presos políticos. En su opinión, tanto desde Ginebra como desde otras instancias internacionales se debe ejercer presión; la propia Iglesia católica, “que se ha tardado mucho en pronunciarse, sabe que un Estado cómplice de criminales e irresponsable en la administración de la justicia es un Estado que no está cumpliendo su deber”, dice Vera.
Ante esta situación, ¿qué cabe esperar entonces de Ginebra y el Comité contra Desapariciones Forzadas ? “La cita de esta semana es muy importante“, dice a DW Guido De Schrijver, de CIFCA (Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México), plataforma de 40 organizaciones de 10 países europeos que coopera y observa los derechos humanos en México y América Central desde hace casi dos décadas.
“Está claro que el gobierno mexicano, como otros gobiernos que pisotean los derechos humanos, va a presentar sus obras a favor de los derechos humanos… Lamentablemente, muchas veces son cantos de sirena“, concluye De Schrijver, recalcando la importancia de que la sociedad civil lleve sus informes a Ginebra. De esta cita, por lo menos así lo esperan diversas organizaciones de la sociedad civil, podría resultar un punto de inflexión. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 (OAXACA 3.0)/Deuchtsche Welle.
Pobladores de la comunidad de Petaquillas, Guerrero, bloquearon este lunes la carretera federal Chilpancingo-Acapulco para exigir la salida de elementos de Ejército que se encuentran en un punto de esta vía, presuntamente para entrar al poblado y desarmar a la Policía Comunitaria, la cual se instaló este fin de semana a petición de la población. El sábado 31 de enero, más de 600 policías comunitarios del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) ocuparon la comunidad de Petaquillas e instalaron retenes en la entrada a la capital del estado para defenderse del crimen organizado. Los ciudadanos armados llegaron a petición de los pobladores y del comisario municipal Arquímides Vargas Encarnación, quien denunció que viven en la zozobra porque el territorio en el que habitan se lo disputan dos bandas del crimen organizado “los de Chilpancingo y los de Mochitlán”, en referencia a los grupos criminales “Los Rojos” y “Los Ardillos”. Este lunes, los pobladores de Petaquillas colocaron piedras en la carretera para impedir el paso de los vehículos, varados en ambos sentidos. En un costado de la carretera se encuentran 11 patrullas del Ejército mexicano y una más de la Policía Estatal observando el bloqueo. Por su parte, Manuel Vélez Andraca, asesor del Gobernador de Guerrero, propuso una mesa de negociación “para que sepan que el gobierno del estado los apoya”. A pesar de ello no aceptaron porque “ya no confiamos en ustedes”. COMUNITARIOS DECOMISAN ARMAS Y DROGA En menos de 36 horas de la actividad del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y de la recién creada Policía Comunitaria de la comunidad de Petaquillas municipio de Chilpancingo, organización de autodefensa del pueblo arrestó a 18 personas, decomisó armas de fuego y droga y tuvo un enfrentamiento armado con un grupo de presuntos delincuentes. Aproximadamente a las 12:35 de la tarde de ayer, después de que se anunció que la reunión con el gobierno del estado se suspendió, unos 30 policías comunitarios de Petaquillas dirigidos por integrantes del FUSDEG del Valle del Ocotito detuvieron un camión del transporte público. Se trata de un camión de la ruta Chilpancingo-Colotlipa municipio de Quechultenango, del Circuito Río Azul, que fue detenido para su revisión a la llegada a Petaquillas, cuando se dirigía a la capital. Esta comunidad es la más cercana a la ciudad capital donde existe un movimiento de autodefensa del pueblo contra el crimen organizado. En el camión, los policías comunitarios encontraron tres paquetes de mariguana preparada para su traslado, completamente comprimida y sellada con cinta canela. Dos de los paquetes grandes cilíndricos pesaban cada uno 18 kilos y el pequeño pesaba 3.5 kilos, que hacían un total de 39.5. El camión de placas 35-54-FMC era manejado por Oscar Espíritu Saldaña de Mochitlán, quien también fue detenido mientras se investiga para confirmar su presunta responsabilidad en el traslado de la mariguana. En ese camión iban nueve pasajeros, y atrás una camioneta en la que supuestamente iban tres hombres más “custodiando el cargamento”, y al pedirles sus identificaciones uno de ellos portaba una credencial que lo identifica como policía estatal, informaron policías comunitarios que participaron en la detención y decomiso. Todos los pasajeros, el chofer del camión, los hombres de la camioneta entre los que iba un civil con identificación de policía estatal, hacían un total de 11 personas y fueron trasladados a la comisaría donde eran resguardados mientras se recaba información para determinar su inocencia o responsabilidad por el traslado de la droga. Una hora después, a la 1:25, el comisario junto con otros representantes de la comunidad y del FESDEG presentaron el decomiso. Y sólo media hora después llegó a la comisaría otro grupo de policías comunitarios que habían detenido a tres personas, dos jóvenes hombres y una mujer a bordo de un vehículo blanco de placas HBE-61-63, porque durante la revisión encontraron dos armas largas, una corta, cargadores, municiones, chalecos antibalas, máscaras, bolsas de mujeres y una dosis pequeña de mariguana. “Son dos, AR-15 y un cuerno de chivo, lo decomisado en armas largas”, informó el promotor del FESDEG Crescenciano Ramírez. Entre lo decomisado estaba una nota escrita a mano presuntamente de la novia de uno de los detenidos a quien se dirige como “talibán”. Ante la asamblea, el comisario Aquímides Vargas Encarnación preguntó a aproximadamente a unos 500 pobladores que estaban en ese momento, si la mariguana y armas decomisadas se deberían entregar al Ejército o destruir en la comunidad. Todos los asistentes sin excepción, gritaron que tenía que ser destruida en la población; “la policía y el Ejército son cómplices”, “se los van a regresar a los narcos”, manifestaron vecinos. A lo largo del día los pobladores iban al centro de la comunidad frente a la comisaría y regresaban a sus casas, pero volvían al pequeño Zócalo cuando había algún decomiso o detención anunciado por las campanadas de la iglesia. La recién formada Policía Comunitaria de Petaquillas se solidarizó con la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por el embate en su contra el 26 y 27 de septiembre pasado y exigieron a las autoridades federales la presentación con vida de los normalistas detenidos y desaparecidos en Iguala. Por la tarde aproximadamente a las 4:30 llegaron tres elementos de la fuerza estatal en la patrulla 274 que dejaron en la entrada a la población y entraron caminando hasta la comisaría para preguntar por su compañero detenido, porque dijeron que se habían enterado por medios electrónicos que había un policía estatal en la comisaría. Iban encabezados por el coordinador de la región Centro de la Fuerza Estatal, Antonio Rojas, que dijo que acudieron sólo porque les informaron que había uno de sus compañeros detenido, pero los policías comunitarios no los dejaron ver a los recluidos. Mientras los policías estatales preguntaban por su compañero detenido, los ciudadanos les reclamaban a gritos que nunca les dieron seguridad y reprochaban que asistieran sólo porque estaba ahí uno de sus compañeros. Los coordinadores del FUSDEG informaron a los uniformados que no tenían a ningún policía estatal y que posiblemente se había malinterpretado porque uno de sus integrantes porta vestimenta camuflageada, chaleco antibalas, casco y tiene el rostro cubierto, incluso salió para que lo vieran. Finalmente no entregaron a ninguno de los detenidos, aunque los policías que detuvieron al grupo de 11 personas en el primer hecho afirmaron que uno de ellos portaba una credencial de policía estatal. Por su parte, el Gobernador Rogelio Ortega Martínez dijo que su administración buscará reglamentar las acciones de las policías que han formado los pueblos para que puedan trabajar “en la misma sintonía” con las diferentes corporaciones de seguridad del gobierno, luego del ingreso de policías comunitarios del valle del Ocotito a la comunidad de Petaquillas, donde los vecinos formaron su propio grupo para defenderse de la delincuencia organizada. Ortega Martínez calificó a los vecinos que informaron que ayer tendrían una mesa de trabajo con autoridades del estado, como “mentirosos”, porque no tenía información de que alguno de sus funcionarios se reuniría con los pobladores, y ofreció ajustar su agenda para ir él a un encuentro con esa comunidad vecina de Chilpancingo.
Anunció que realizará esta semana un recorrido por la zona de las cañadas, en los municipios que serían afectados si hubiera un bloqueo en Petaquillas, como Mochitlán y Quechultenango. FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2015/1237658.
"No se concedió derecho de audiencia" ni fue llamado a aportar elementos, indica el ex jefe de Gobierno del DF.
Marcelo Ebrard se defiende. El domingo asistió a la Cámara de Diputados con dos documentos bajo el brazo, los cuales Aristegui Noticias expone íntegros. Ayer, el ex jefe de Gobierno del DF buscaba dar su punto de vista, ante la comisión de diputados que investiga el caso de la Línea 12 del Metro. Sin embargo, Ebrard acusó que los diputados priistas, que encabezan dicha comisión, no quieren escucharlo. Y así fue. Tanto que le apagaron el micrófono, bajo el argumento de que no estaba invitado a la reunión.
Esta mañana en entrevista para Noticias MVS primera emisión, adelantó que el martes estará nuevamente en San Lázaro, cuando el informe -que asegura en realidad es un “proyecto del PRI”-, posiblemente será discutido en el pleno de la cámara. ENTREVISTA:
"La inculparon como si ella hubiera sido un ogro, realmente ella es inocente, se siente agraviada y por eso está reclamando... si ella fuera culpable o hubiera lo más mínimo de duda, no estuviera reclamando”, comentó José Patiño.
La ciudadana francesa, Florence Cassez es víctima del sistema mexicano, pero no del sistema de justicia en general, sino que fue víctima de una serie de personas que se reunieron para crearle un problema y ese daño moral que le han causado, desde que ingresó a la penitenciaria hasta actualmente donde vive ella en Francia. “A ella le destruyeron su vida”, señaló José Patiño Hurtado, abogado de Cassez. En entrevista para Aristegui CNN, reconoció que todo el mundo duda de su defendida; “ella es una persona que siempre fue inocente, prueba de ello es que estas personas le escenificaron algo fuera de la realidad -como dice el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar -, y la inculparon como si ella hubiera sido un ogro, realmente ella es inocente, se siente agraviada y por eso está reclamando, porque si ella fuera culpable o hubiera lo más mínimo de duda, no estuviera reclamando”. A través de su abogado, Cassez interpuso una demanda en México, contra el ex presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, por daño moral. La demanda también incluye a varios de funcionarios del anterior sexenio, e incluso contra el conductor de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola, quien transmitió en 2005 el montaje que resultó la detención de la francesa. Sin embargo, un juez federal rechazó la demanda. Patiño aseveró que “Felipe Calderón envía a su secretario particular, eso lo leí en todas las notas, por eso lo tenemos documentado con todas las notas periodísticas, envía a Roberto Gil para que gestione e impida que los ministros la liberen, es una presión política, invadiendo un poder distinto al que el tenía, violando cualquier norma y teniendo un interés personal. Porque solamente una persona que tiene interés personal envía a su secretario particular a gestionar a que no le den un amparo, cuando realmente ya no es papel de él”. Lo hizo “invocando que se le iba a caer el plan, que se iba a caer el secretario de Seguridad Pública, si el secretario y todos los demás están escenificando algo, el señor tenía el deber de actuar e impedir que se llevaran más anomalías en el proceso, está incurriendo en una situación anómala y por eso es su responsabilidad”, acusó Patiño. Sobre la participación de Televisa, el abogado indicó que también tiene una responsabilidad, “porque sabían el daño que le iban a ocasionar, al haber escenificado algo fuera de la realidad, ellos conocían el daño que iban a ocasionar, no fue delito culposo, usaron toda la fuerza del Estado para hacerle creer a la población, tanto de México como del mundo, que estaban combatiendo la delincuencia. Cuando fue una escenificación de algo que no fue cierto”. Recordó que “también estamos demandando a la Procuraduría General de la República (PGR), por eso es una demanda de Estado, no es una demanda únicamente contra los particulares, aquí estamos demandando a la PGR, a quien era el titular Daniel Cabeza de Vaca, a los funcionarios Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Israel Zaragoza Rico, Facundo Rosas, a Roberto Gil Zuarth, y al propio ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, también a Carlos Loret de Mola y a un periodista que se llama Pablo Reinah”. Patiño explicó que ante la demanda, “el juzgado se declara incompetente. La denuncia la presentamos el 23 de enero, tenemos tres días para impugnarlo y lo vamos a impugnar, estamos analizando los argumentos que son muy sencillos porque tiene responsabilidad, el juez tiene la jurisdicción y la capacidad de resolver este asunto”.
Buscamos “que se le repare el daño en las peticiones que estamos solicitando, de acuerdo a las capacidades económicas de los que están involucrados en haberle hecho el daño”, enfatizó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
El informe, que analizará el pleno de la Cámara, solicita a la Procuraduría de Justicia del DF que estudie los posibles ilícitos cometidos en la construcción de la L12 del Metro, y realice el desglose a la PGR.
El ex jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, sostuvo que un grupo de diputados del PRI, intentan imponerle una “pena infamante”, por el caso de las fallas en la Línea 12 del Metro, pese a que no ha sido escuchado su punto de vista ni se han revisado las bitácoras de construcción de la obra. En entrevista para Noticias MVS primera emisión, refirió que aunque diputados priistas dijeron que no estaba invitado a la reunión de la comisión que en San Lázaro revisa el caso de la línea dorada, sí lo invitaron 4 diputados que conforman dicho grupo parlamentario. Sin embargo, no quisieron escucharlo, al grado de que le apagaron el micrófono. En la reunión, indicó el político, presentaría 9 puntos que, según él, ponen en tela de juicio el informe que pretenderán pasar el martes al pleno de la Cámara, “esa es su jugada”. Las conclusiones a las que llegó la comisión que investigó la L12, aseveró Ebrard, son imputaciones políticas, elaboradas principalmente por diputados del PRI. Los legisladores, consideró Ebrard, buscan que los titulares de los periódicos del miércoles se dirijan en su contra, como una especie de condena, o lo que él llama una “pena infamante”. Para él se trata de “una sanción política”, un intento por destruir su imagen, pese a que hay varias denuncias “pero no me imputan delito específico”, ”no hay ninguna imputación específica a mi persona”. “Voy a ser el primer caso en el que en una comisión especial, no se me permite hablar estando presente”, señaló. Además, reveló, los diputados firmaron un informe final que no conocían, pues se le hicieron adecuaciones. Y afirmó que “fácilmente se puede demostrar que no están fundamentadas” las aseveraciones que se hacen en dicho documento. “Lo que pasa es que había prisa”. Ebrard advierte: “Yo me voy a defender”. Insiste en que este es un tema de “atropello”, en busca de pasar por encima de una persona. “Yo voy a estar ahí mañana (martes) pero no me van a dejar decir nada”, comentó en MVS. “No permiten que exponga mis argumentos (pero) ahí voy a estar, claro”, añadió. El informe L12 La Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro aprobó su informe de trabajo el domingo, el cual incluye recomendaciones de los diputados de los diversos grupos parlamentarios, evaluación de documentos, revisión física del tramo cerrado y reuniones con funcionarios y empresas involucradas. El documento destaca que “es necesario dar continuidad a las labores de esta Comisión Especial, con el fin de seguir colaborando al esclarecimiento sobre el destino de los recursos federales asignados a la Línea 12 del Metro y sus aspectos adyacentes”. El informe presenta quince recomendaciones a diversas instancias. Resalta que “es imperioso fincar responsabilidades a quienes aprobaron que Proyecto Metro y el Consorcio Constructor acordaran, a través de sucesivos convenios modificatorios, incrementos en el costo de construcción de estaciones, tramos de conducción y en los porcentajes de los anticipos entregados a las compañías privadas”. El mismo caso aplica a la contratación del Consorcio Certificador por parte del Proyecto Metro, a quien igualmente se aumentó el monto de pagos y se aplazó el compromiso de fecha de entrega de la obra. Enfatiza que en una administración pública con un esquema jerárquico de responsabilidades y normas claramente definidas, como es el gobierno del Distrito Federal, en este caso se deben deslindar las responsabilidades del ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón; del ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, y del ex titular de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez. De forma complementaria, sugiere sancionar a los mandos medios y directivos que ejecutaron actos contrarios al adecuado desempeño del servicio público, incluyendo las posibles responsabilidades administrativas, políticas y penales de quienes con su connivencia, negligencia o omisión, perpetraron el fraude a la ciudadanía y al erario público. De esta forma, solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que estudie los posibles ilícitos cometidos y realice el desglose correspondiente a la Procuraduría General de la República (PGR). Lo anterior, para que la PGR, en el ámbito de sus atribuciones, agrega, integre las averiguaciones previas de posibles delitos federales cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales competentes a efecto de que se deslinden las posibles responsabilidades correspondientes de funcionarios públicos y empresas privadas. Pide formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continuar las labores de fiscalización e inicie cuanto antes, de acuerdo al artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, los procedimientos para fincar responsabilidades a los ex funcionarios y funcionarios del gobierno del Distrito Federal por el probable desvío de recursos federales para la construcción de la Línea 12 del Metro. Entre las recomendaciones al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, destacan que en coordinación con el Proyecto Metro y la Contraloría General impulse los procedimientos resarcitorios que deriven de la determinación de responsabilidades de servidores públicos o empresas privadas, y la ejecución de garantías para operar la Línea 12 a la brevedad posible. Plantea que las certificaciones en materia de seguridad consideren todos los elementos, sistemas y componentes para asegurar la integridad de los usuarios, las instalaciones y los trabajadores. Recomienda que atienda las demandas ciudadanas de los vecinos afectados en sus inmuebles o en su salud, a causa de los trabajos de construcción de dicha ruta. También que establezca una estrecha correlación para evitar problemas como el generado por la falta de coordinación y sus repercusiones materiales y económicas, cuya magnitud total aún se desconoce al día de hoy. Asimismo, “den prioridad al análisis jurídico-administrativo-económico para valorar la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12 del Metro, ya que el valor del Proyectos para prestación de servicios (PPS) representa más de tres veces el costo de la adquisición de los trenes”. En las conclusiones del informe se señala que la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino, así como el representante de la empresa Systra aportaron elementos que sustentan la afirmación de que los trabajos para realizar el diagnóstico y emprender las acciones de rehabilitación, son totalmente técnicos y de alta especialización. Subraya que el proyecto ejecutivo para la rehabilitación, del que depende la posibilidad de realizar estimaciones más precisas sobre el tiempo y el costo de dicho proceso, aún se encuentra en etapa de definición. El documento señala que Systra declaró que las fallas no se debieron a una falta de mantenimiento, sino a defectos de concepción en el proyecto y una gestión incompleta de la interfaz entre el diseño de los trenes y las vías. También se refiere que en el análisis contractual sobre los compromisos y responsabilidades de las empresas, se deduce que el Consorcio Constructor, como responsable de desarrollar el proyecto ejecutivo de detalle, en lo referente al trazo y al sistema de vía, incumplió obligaciones contractuales al no asegurarse de la compatibilidad entre el trazo de la vía con curvas de radio reducido y el tren férreo contratado. Por parte de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), como prestador de servicios del PPS, aun cuando manifestó conocer toda la documentación relevante relativa a la construcción de la Línea 12, no se aseguró la compatibilidad de los trenes que diseñó y fabricó con la vía que se estaba construyendo. Esta “situación que resulta doblemente cuestionable al considerar que esta empresa ha provisto el 20 por ciento del material rodante o componentes importantes de éstos de la Red del Metro, desde 1986, y se presume como una firma mundialmente reconocida y con amplia experiencia en México”. Respecto al Consorcio Certificador contratado por Proyecto Metro, señala que no cuenta con acreditación en México y reconoció que no certificó directamente los trenes, bajo el argumento de que no estaba dentro del alcance de su contrato, al haber sido adquiridos directamente por el Sistema de Transporte Colectivo.
“De manera global, se observa que las obligaciones tripartitas entre Proyecto Metro, el Sistema de Transporte Colectivo y el Consorcio Certificador, para atender los aspectos de supervisión y control encaminados a garantizar la seguridad de la línea, desde sus respectivos ámbitos de actuación, fueron desatendidas”, puntualiza. ENTREVISTA:
A menos de un mes del regreso a clases, estudiantes del IPN convocaron a una nueva protesta para exigir que las autoridades escolares respondan a sus exigencias.
A menos de un mes del regreso a clases y luego de la ausencia del director general del Instituto Politécnico Nacional a una asamblea el sábado pasado, estudiantes del Poli convocaron a una nueva manifestación para exigir a las autoridades una respuesta a sus demandas. En un comunicado emitido el domingo 1 de febrero, los estudiantes del IPN pidieron al director Enrique Pablo Alonso Fernández Fassnacht “‘utilizar completamente la camiseta del Poli’ y asistir a las mesas de trabajo, pues deja en duda su compromiso hacia la comunidad politécnica”.
A la sesión de trabajo del 30 de enero no asistió el director, sólo el secretario académico, Miguel Ángel Álvarez Gómez.
Los delincuentes portaban armas de alto poder, equipo especial para abrir cajas fuertes y hasta una bazuca; el dinero provenía de la recaudación del fin de semana de las áreas de Tránsito Municipal, Catastro Municipal, Planeación Urbana y las cajas de Palacio Municipal.
Tres hombres armados con sopletes y hasta una bazuca entraron al palacio municipal de Los Cabos, en Baja California Sur, para robar dos cajas fuertes, que contenían alrededor de tres millones de pesos. La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur informó que el robo se cometió con violencia y por profesionales, puesto que utilizaron armas de alto poder para someter al guardia y barras para abrir siete puertas que conducen a las cajas fuertes. Además, los asaltantes abrieron las cajas fuertes con ayuda de sopletes y esmeriles. El secretario del Ayuntamiento, Enrique Navarro, y el tesorero, Gerardo Manríquez, explicaron que alrededor de las 3:00 de la madrugada de domingo 1 de febrero pasado, tres hombres armados amagaron al policía e ingresaron a la Tesorería. “Las personas que nos asaltaron violaron dos cajas fuertes que están dentro de las áreas del municipio. Una de las cajas se encuentra en el área del general donde se lleva a cabo la recaudación y otra de las cajas fuertes se encuentra en las oficinas del coordinador de nómina. “Aproximadamente, el robo está en el orden de los 3 millones 130 mil pesos. Es el recurso en efectivo, obviamente dentro de las cajas fuertes había cheques que también se llevaron”, agregó Manríquez. El tesorero municipal señaló que los delincuentes se llevaron los recursos correspondientes a la recaudación del fin de semana de las áreas de Tránsito Municipal, Catastro Municipal, Planeación Urbana y las propias cajas de Palacio Municipal. Al realizar las primeras investigaciones, peritos de la Procuraduría de Justicia estatal se percataron que los delincuentes cubrieron las puertas y ventanas con tele negra para evitar que el resplandor de los sopletes pudiera ser visto desde el exterior de la Tesorería.
Esta no es la primera ocasión en que el Ayuntamiento de Los Cabos sufre un asalto, puesto que, en 2013, al principio del actual gobierno del alcalde Antonio Agúndez Montaño se reportó un robo de alrededor de 500 mil pesos en el que estuvieron involucrados un grupo de empleados municipales. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO AUTOR: REDACCIÓN.
