MONTERREY, N.L: Aldo Fasci Zuazua, quien se desempeñaba como dirigente del PRI en esta capital, renunció ayer al partido tras 24 años de militancia. Argumentó que su renuncia se debe a que el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz se adueñó del instituto político al imponer a los candidatos para la próxima elección. El periódico El Norte informa que Fasci envió una carta a la dirigencia estatal tricolor en la que expresa: “Me duele y mucho el trato político que se le ha dado a miles de compañeros que han trabajado por el partido, que se han roto el lomo por él y que ni siquiera son tomados en cuenta en el proyecto electoral del PRI. Duele escuchar la molestia de cuadros distinguidos, sectores y organizaciones que han sido maltratados políticamente con poses autoritarias y soberbias por parte del partido”. Para este proceso electoral, a Fasci Zuazua se le mencionaba como posible candidato a la alcaldía de Monterrey, posición que fue otorgada al exprocurador estatal Adrián de la Garza Santos, quien es uno de los hombres más cercanos a Medina. En su renuncia, Fasci expresó su inconformidad con la forma en que se le ha permitido al gobernador designar prácticamente todas las posiciones importantes del partido, pues incluso Ivonne Álvarez, la abanderada para la gubernatura, fue impulsada por él. “No estoy de acuerdo, ni lo estaré con el hecho de que una sola persona, Rodrigo Medina, esté imponiendo a todos los candidatos del partido y menos que esté jugando en ese ejercicio con la equidad de género, otorgándoles a las mujeres distritos históricamente perdidos. Rodrigo Medina será el primer priista en el Estado, pero no es el dueño del partido, ni tiene derecho a imponer su voluntad sobre los demás”, expresó. Cuestiona la manera en que Medina de la Cruz colocó en las posiciones importantes en funcionarios afines, con lo que tuvo que renovar prácticamente todo su gabinete.
“¿Con qué cara podemos criticar el chapulineo? ¿Con qué argumentos podemos exigir que no se use el aparato de gobierno en favor de los candidatos? Ni la soberbia, la opacidad, la incongruencia, como tampoco las decisiones autoritarias y cupulares ayudan al partido, ni al gobierno y mucho menos a Ivonne Álvarez”, remata. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
PETAQUILLAS, Gro: Habitantes de esta comunidad bloquearon la carretera federal México-Acapulco y retuvieron a un centenar de soldados, pertenecientes a la tercera brigada de fusileros paracaidistas, quienes pretendieron instalar un retén en este lugar donde la policía comunitaria asumió el control de la seguridad desde hace tres días. Los inconformes reprocharon la actitud de las autoridades castrenses que decidieron sitiar el poblado vecino de la capital de la entidad, en lugar de realizar un operativo en los municipios vecinos de Mochitlán y Quechultenango para desmantelar la estructura del grupo criminal de Los Ardillos, que dirige la familia del presidente del Congreso local, el diputado local perredista y candidato a legislador federal, Bernardo Ortega Jiménez. “El problema no es en el corredor Petaquillas-El Ocotito donde opera la policía comunitaria, sino en la ruta que lleva al municipio de Quechultenango, donde la delincuencia se pasea impunemente; ahí es donde se requiere la presencia militar”, expresó uno de los líderes de este movimiento social. Cerca de las 16:00 horas, los vecinos del lugar reportaron que un convoy de patrullas militares, donde se desplazaba un grupo de fuerzas especiales del Ejército, transitaba sobre el carril sur-norte de la vía federal con dirección a este poblado vecino a la capital de la entidad. Enseguida, repiquetearon las campanas de la iglesia y los pobladores respondieron al llamado bloqueando el paso a los militares, pues suponen que el despliegue castrense es para desarmar a la policía comunitaria que desde el sábado 31 de enero asumió el control de la seguridad en Petaquillas. Esta situación provocó minutos de tensión, debido a que los inconformes replegaron al grupo de élite castrense en medio de gritos e insultos en contra del Ejército.
“Así hubieran respondido cuando les llamaban para combatir a los delincuentes”, increpó un grupo de mujeres a los militares.
Los habitantes reprocharon la reacción del Ejército ante el surgimiento de la policía comunitaria en este lugar y lamentaron que las autoridades, en lugar de combatir la delincuencia, pretendan desarmar y confrontar a la población que se organiza para defender su vida, patrimonio y pueblo. Luego los dirigentes del movimiento social de Petaquillas entablaron comunicación vía telefónica con el comandante de la 35 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, y le plantearon el retiro de las tropas militares de este poblado y el cese del hostigamiento en contra de la policía comunitaria, pues ya no confían en el Ejército y las corporaciones policiacas porque fueron señalados de estar coludidos con el narco. Además, exigieron que el Ejército se enfoque en atacar la estructura de la banda de Los Ardillos, señalados como los responsables de la ola de violencia que se vive en este corredor de la región Centro, considerado como estratégico en la geografía del narco en la entidad. También dijeron a Gámez Segovia que la policía comunitaria, en menos de 36 horas, desmanteló una célula delincuencial que operaba en Petaquillas y decomisó más de 39 kilogramos de mariguana que transportaban en un autobús de transporte público procedente del poblado de Colotlipa, municipio de Quechultenango, y considerado como bastión de la banda de Los Ardillos. En respuesta, el general de división rechazó la postura de los pobladores y sostuvo que la presencia militar en la zona tiene como objetivo desplegar un operativo de seguridad y evitar la expansión de “gente armada”, en referencia a la guardia comunitaria que opera desde el valle de El Ocotito a la capital de la entidad. La actitud del jefe militar provocó la molestia de los pobladores, quienes decidieron mantener el bloqueo a la vía federal y retener al grupo de fuerzas especiales del Ejército que, desde las 16:30 horas, se mantiene a la altura del puente vehicular que cruza el río Huacapa, ubicado a 300 metros al sur de la comunidad de Petaquillas.
Los coordinadores de la policía comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg) también informaron que en apoyo a la acción de los pobladores de Petaquillas, habitantes de otras comunidades salieron a bloquear la misma vía federal a la altura los de los poblados de Mazatlán, El Ocotito y Tierra Colorada.
El bloqueo de la vía federal que conecta el centro del país con el puerto de Acapulco mantiene varados a cientos de automovilistas, mientras que otros ciudadanos han optado por caminar cargando maletas por el sinuoso camino de asfalto. Hasta las 20:00 horas, los pobladores mantenían la obstrucción de la carretera y exigían la presencia de autoridades estatales para dialogar y destrabar el conflicto que tiene su origen en la decisión de los habitantes de Petaquillas de confrontar directamente a la delincuencia ante la omisión de las autoridades. No obstante, los inconformes se mantienen flexibles y permiten el paso de personas de edad avanzada y enfermas para evitar una confrontación con los afectados por el bloqueo.
Paradójicamente, el priista Mario Moreno Arcos, señalado por sus presuntos nexos con el narco y permitir que las bandas delincuenciales operen impunemente, solicitó licencia al cargo de alcalde de Chilpancingo para buscar la candidatura de su partido al gobierno estatal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: Mientras en España se le ha desenmascarado y en Francia ha comenzado la fase de reclutamiento, a través de Bernando Vázquez Perdomo, la organización ultraderechista El Yunque aprovecha en México que Enrique Peña Nieto está “en su peor momento”, como dice Lorenzo Servitje –uno de sus empresarios modelo–, para retarlo y ver qué saca. El marco del desafío –y al mismo tiempo un giño– fue la peregrinación anual de miles de jóvenes al cerro del Cubilete, en Guanajuato, este sábado 31 de enero, al término de la cual el presidente del movimiento Testimonio y Esperanza –uno de los organismos fachada de la organización secreta–, Víctor Fernando León López, leyó una proclama con un destinatario claro: El presidente de la República. Frente al nuncio apostólico, Christophe Pierre, quien ofició una celebración eucarística; del arzobispo emérito de León, José Guadalupe Martín Rábago, y el obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz –que tanto saben de las andanzas de El Yunque–, el presidente del movimiento que fundó Marco Antonio Adame, exgbernador de Morelos y estratega de Gustavo Madero, exclamó: “Ya basta de autoridades que se autoengañan y nos quieren engañar esperando que creamos que hay paz cuando no es así; de vivir con miedo permanente en un país en el que es peligroso ser sacerdote, reportero, deportista, empresario o simple ciudadano. “Basta de políticos que, con impunidad, olvidan su obligación de servir a los ciudadanos para servirse del poder. Basta de autoridades que hablan de honestidad y viven de la corrupción; de gobernantes cuyo estilo de vida es totalmente ajeno a la población que representan.” Un pronunciamiento así es irreprochable, pero omitir la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa –jóvenes como ellos– revela la impostura de El Yunque, que mueve los hilos de Testimonio y Esperanza, a la que no pertenecen todos los miles de jóvenes que hacen la peregrinación ni pertenecen, obviamente, a la organización secreta. Justamente en el Cubilete fueron asesinados, hace 40 años, dos jóvenes de esa organización secreta y los crímenes siguen impunes, lo mismo que el de su fundador, Ramón Plata Moreno, y los del jefe en Jalisco, Jorge Kafópoulos y su hijo Cristos, de 10 años. Si El Yunque abjura de sus muertos, algo busca con su desafío a Peña, sobre todo si omite el atroz caso de los 43 jóvenes y si condena las movilizaciones que exigen justicia, en una posición expresada en todos los ámbitos de la derecha partidaria, patronal, académica y mediática. Sobre todo cuando, sin dejar de explicitar la principal demanda de la Iglesia católica –“basta de violencia contra los seres humanos más indefensos, los que están en el vientre materno”–, el portavoz de El Yunque tiende un puente a Peña: “Hacemos un voto de confianza con la firme esperanza de que las exigencias que hoy hacemos a nuestras autoridades sean atendidas”. Apenas en noviembre se produjo una reunión del mando nacional de El Yunque con sus regionales y estatales. Uno de los temas que se discutió fue la supuesta enfermedad que padece Peña, presuntamente confirmada por miembros de la organización que está en el entorno presidencial. Este desafío a Peña es, en realidad, estirar la mano. Marchar juntos. También El Yunque está en su peor momento… Apuntes
Justamente sobre la crisis de El Yunque: En España, la justicia ha desenmascarado a la organización secreta, que hasta la iglesia repudia. Y en Francia se identifica como el fundador a Bernardo de Jesús Vázquez Perdomo, hijo de Raúl Vázquez Osorio, exsecretario particular de Carlos Abascal… FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS).
Criticado, denostado, agotado y desgastado, el procurador Jesús Murillo Karam, aglutina la indignación de la opinión pública. Su informe sobre Ayotzinapa fue un auténtico fracaso y tendrá que asumir las consecuencias, si Enrique Peña Nieto, quiere salvar algo de credibilidad y dignidad en su debilitado gobierno. Con Murillo Karam hemos pasado del “ya me cansé” al “me vale madre”. Al procurador no le importan las masivas críticas que recibió por su nefasto trabajo en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tampoco el rechazo absoluto por parte de los padres de los estudiantes, ni mucho menos, el repudio de las organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos. Murillo Karam va contra viento y marea imponiendo su “verdad histórica”. Utilizando el aparato del Estado para aplicar con camisa de fuerza, la versión oficial. Obedeciendo la orden superior del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas para no manchar el buen nombre del Ejército, ni involucrar al ex gobernador Ángel Aguirre, y así evitar que el señor de los chuchos del PRD, estire la cobija y exhiba la podredumbre de la narcopolítica en Guerrero y el gobierno federal junto a sus agentes de seguridad. La torpeza de Murillo Karam es tal, que ha preferido exhibir a México ante el mundo como un país sin un verdadero Estado de derecho, un país donde reina la impunidad más atroz y cínica, capaz de carcomer los cimientos del débil edificio de nuestra democracia. Murillo Karam es en este momento el símbolo del despotismo. Su lejanía de las víctimas lo exhibe claramente en su torre de marfil. Ufano, soberbio, frío como el hielo. Esa distancia entre Estado y padres de los normalistas, es la primera evidencia del fracaso de la política peñista. Un gobierno que es incapaz de dialogar, de cumplir sus promesas, es francamente un fiasco. Un gobierno sin sensibilidad va directo al abismo. De hecho, actualmente la distancia que separa al gobierno del pueblo mexicano, es abismal. Y no es para menos, Peña Nieto tardó 35 días en reunirse con los padres de los normalistas. Intentó primeramente convertir el caso Ayotzinapa en una cuestión municipal, estatal, un tema de Guerrero y el PRD. Y en lugar de acudir a Ayotzinapa para reunirse con los familiares de los desaparecidos, espero más de un mes para recibirlos en Los Pinos. Murillo Karam hizo lo propio. Durante nueve días, después de la desaparición forzada de los normalistas, nado de muertito, prefirió fingir demencia e ignorar el asunto. Fue hasta que llegó presión social de las manifestaciones a nivel nacional e internacional, cuando no tuvieron más remedio que actuar. El desprecio de este gobierno por los familiares de las víctimas del histórico crimen de Estado de Ayotzinapa fue evidente a la hora de citar a conferencia de prensa para informar sobre el intento de carpetazo del caso, sin haber notificado primero a los padres de los normalistas. Ahora bien, en el análisis del caso presentado por Murillo Karam ante la opinión pública con lujo de detalles e incluso a través de un video musicalizado, animado y narrado al estilo Televisa, solo quedan algunas dudas, muchas sospechas y pocas certezas. Para empezar, el procurador piensa que por encima de la ciencia esta la fe. Y quiere de los mexicanos un acto de fe. Pretende que creamos en actitud metafísica que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, pero no nos ofrece suficientes pruebas periciales y eso sí, muchos dichos y diretes, de declaraciones de imputados que ya han denunciado que fueron torturados. Y efectivamente, es probable que esas declaraciones fueron extraídas de los inculpados a base de tortura, coacción y amenaza. Ese es el estilo de trabajo de la PGR, así que no es de extrañar que en este caso aparentemente armado milímetro a milímetro para proteger a agentes del Estado, no esté presente la tortura, método básico en la procuración de la justicia mexicana, según recientes informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. El procurador sostiene el caso Ayotzinapa con alfileres, a base sólo de declaraciones autoinculpatorias. ¿Y las pruebas periciales, apá? Esas se las pasa por el arco del triunfo. Apenas unas piezas óseas pertenecientes a Alejandro Mora Venancio, restos que el Equipo Argentino de Antropología Forense no pudo corroborar que fueron encontrados en un río a lado del basurero de Cocula, como lo asegura la PGR, por una simple y sencilla razón: no se lo permitieron. Los argentinos fueron convocado solamente al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra junto a otras en un área de limpieza. Lo más sorprendente de la puesta en escena de Murillo Karam para armar el caso Ayotzinapa al antojo del Estado, es que fingen desconocer el concepto de desaparición forzada o más bien, prefieren ignorarlo de manera olímpica. Por favor, qué alguien le explique al procurador lo que significa este delito imprescriptible de lesa humanidad. Tal vez, necesita unas clases de derecho internacional. Es muy sencillo: si el procurador dice que los 43 están muertos, que lo demuestre, que entregue sus restos. Y como no lo demostró ni hizo entrega de sus restos, entonces son desaparecidos. Sus crímenes se inscriben dentro de esta figura aterradora que asola América Latina desde hace décadas gracias a los gobiernos autoritarios. Peña Nieto y su incompetente equipo piensan que al eludir el crimen de desaparición forzada, salvan al Estado y reducen el caso Ayotzinapa a un crimen de la delincuencia organizada y la narcopolítica. Pues no. Sencillamente no es posible. Si existe una certeza ante la opinión pública nacional e internacional es que el crimen de Ayotzinapa es un crimen de Estado, por tanto, de nada sirve que intenten tapar el sol con un dedo. Otro de los elementos más llamativos, del expediente oficial de este caso es la negativa a abrir líneas de investigación fundamentales y demandas por los padres, como la presunta implicación del Ejército. Si hay padres de algunos normalistas cuyos GPS de sus celulares ubican a sus hijos como último lugar en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, pues la PGR tiene la obligación de indagar tal información. Y abundar en la posibilidad de que los 43 hayan sido desaparecidos por las Fuerzas Armadas. Finalmente, la negativa de la PGR de investigar al ex gobernador Ángel Aguirre se explica solo por la posible implicación en el narcoestado de Guerrero de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, lo cual, vendría a confirmar plenamente que nos encontramos ante un crimen de Estado. El PRI pretende incrementar la larga lista de crímenes de Estado impunes. El papelón que el gobierno peñista está haciendo en el extranjero es monumental. A la lista de Tlatelolco, Jueves de Corpus, Acteal, Aguas Blancas y Atenco, entre muchos otros, se une ahora Ayotzinapa. Enrique Peña Nieto ha preferido pasar a la historia como el presidente que fabricó una tapadera para ocultar el crimen de Estado de Ayotzinapa.
Peor para él. Los padres de los normalistas, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y una buena parte de la sociedad mexicana, están dispuestos a dar una larga batalla para exhibir la podredumbre oficial en este caso y la pequeña estatura moral del inquilino de los Pinos y de su cínico procurador cansado. La razón de Estado no siempre puede cerrar un caso. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/02-02-2015/31373.
México no logró hoy colmar las expectativas del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que reiteradamente le cuestionó respecto al número total de personas desaparecidas por la fuerza en el país. México compareció hoy ante el Comité que, regularmente, examina en Ginebra a los 44 Estados Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Una y otra vez los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales o oficiosos de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país. Y, de éstas, cuántas eran mexicanos, cuántas emigrantes mexicanos o centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos, y si se está creando un banco genético de esos extranjeros, cuántos niños y cuántas mujeres. Los relatores explicaron que, si no se sabe cual es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha contra esa lacra. Todas estas cuestiones quedaron en el aire, dado que la delegación se limitó a dar algunos datos aislados sobre resolución de casos o funcionarios apartados de sus funciones al estar relacionados con en este delito, pero sin establecer exactamente en qué periodo ocurrió. El único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, de acuerdo con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre. Pero no especificó de qué tipo de desapariciones se trata, desde cuándo y si se puede hablar o no de delito. Con anterioridad, además, señaló que se habían localizado 18 mil personas hasta el 31 de octubre del 2014, “el 69 por ciento”. Cuestionada la delegación para que aclarara estas cifras, la pregunta quedó de nuevo sin respuesta. Con respecto al caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala (Guerrero), los relatores no hicieron especial hincapié pues dejaron claro que, si bien éste es un caso muy emblemático, la revisión en el Comité no es el foro adecuado para tratarlo y ejemplo de un problema que, lamentablemente, es mayor. No obstante, el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron tras una orden de las autoridades de Iguala y a manos del cártel Guerreros Unidos, estuvo presente.
El primero en referirse al caso fue el propio jefe de la delegación mexicana, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Juan Manuel Gómez Robledo, quien pidió un minuto de silencio para ellos.
En la sala estaban dos padres de los 43 estudiantes, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, quienes escucharon las explicaciones dadas en distintas ocasiones por los 27 miembros de la delegación mexicana. El escepticismo de Legideño y Abraján quedó en evidencia en varias ocasiones en la que sus cabezas se movían en un gesto de negación al escuchar algunas explicaciones. En un encuentro posterior con la prensa, Legideño denunció la inacción del Gobierno mexicano y los engaños de las autoridades. “Hay inconsistencias en las investigaciones, se está tapando al Gobierno porque fueron policías los que se llevaron a nuestros hijos, ¿por qué no se les investiga?”, se preguntó. Legideño agregó que, durante las intervenciones de los representantes del Gobierno mexicano, les escuchó hablar de apoyo a los familiares de desaparecidos, pero dijo que “eso es falso”. “Hoy decidimos venir aquí para que nos apoyen a que se haga Justicia y que se acabe este tormento”, indicó, por su parte Bernabé. Huhle hizo referencia al hecho de que durante la búsqueda de los 43 estudiantes se han encontrado fosas comunes con más de 40 cuerpos, lo que le dio pie a reiterar cuestiones sobre la “guerra sucia” de los años 70 y 80. Otro de los temas más recurrentes durante las diferentes rondas de preguntas y respuestas fue el de la protección a los familiares de las personas desaparecidas o de los testigos de algunos casos, “dado que queremos evitar la revictimización”, especificó Hazan.
También estuvo entre los asuntos más reiterados la reforma constitucional que permitirá que haya una sola legislación en la Federación mexicana sobre las desapariciones forzadas, dado que, hasta la fecha, cada estado tiene su propia legislación y algunos ni tan siquiera incluyen ese delito. EFE FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2015/1237138.
CHIHUAHUA, Chih: Una representación del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) viajó hasta Ginebra, Suiza, para denunciar ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la escalada de violencia que priva en el estado de Chihuahua y que ha dejado más de mil 500 personas desaparecidas, 355 de ellas residentes del municipio de Cuauhtémoc, según cifras reconocidas por la propia Fiscalía General de esa entidad. Olaya Dozal, maestra que busca a su hija desaparecida en Cuauhtémoc, llevó el siguiente mensaje a la ONU: “Somos las mamás de Cuauhtémoc, como las mamás de todo Chihuahua y el país, que estamos sufriendo. Son cientos y miles de desaparecidos. Es por humanidad que les pedimos a quien tenga y pueda querer hacer algo, que busquen una solución, porque esto se debe de detener, porque cada día son más personas, cada día es más grande el miedo, cada día tenemos que estar más encerrados en nuestras casas, cada día es más el miedo por nuestros hijos. Estamos en manos de los delincuentes que al mismo tiempo son las autoridades”.
Las mujeres grabaron un video con sus testimonios en los que pintan el desolador panorama que enfrentan en la entidad gobernada por el priista César Duarte Jáquez.
María de Jesús Gutiérrez, quien perdió a dos hijos y un hermano, pide a la ONU su apoyo para que quiten la policía de Cuauhtémoc porque en la mayoría de los casos de desapariciones están involucrados agentes de Tránsito o de la Policía Municipal. “Yo oí que les estaban diciendo a Pedro (uno de los desaparecidos), que si no iba a trabajar lo iban a traer (…) ‘dijo que el peligro ya está’, de que se fueran a desaparecer, si no entraban a trabajar (…) Yo trabajaba en la fiscalía, ya hace quince días que dejé de trabajar ahí. Vi a uno de los que fueron a ofrecerles trabajo a la fiscalía, ya lo habían traído de ministerial a municipal. Me lo encontré y le dije que qué había pasado con mis hijos, que qué me les habían hecho y agachó la casa, nunca me dijo nada”, señala María de Jesús para evidenciar las pruebas que tienen las autoridades y no han hecho nada”, dice. María Teresa Almas cuenta que a su hijo se lo llevó un grupo de gente armada que pertenece a la fiscalía y ella misma descubrió y dio esas evidencias a las autoridades, pero no sucedió nada. “Pedí ayuda, fui a la fiscalía y con el gobernador, di santo y seña de esas personas, pero mi hijo no regresa. Lo sigo buscando”. Rubí Martínez ofrece su historia: “Mi hermana se quiso suicidar tres veces, es muy doloroso. Cuando estaba él, yo tenía mis calificaciones normales y he bajado mucho en mis calificaciones. Me hacían bullying porque se dieron cuenta que mi papá estaba desaparecido y para mí era una desesperación”. Y su mamá, Dolores Pérez, explica que las madres debieron asumir de golpe el papel de papás. “Las autoridades no saben el dolor y el trauma. Debemos trabajar doble para que nuestros hijos no dejen los estudios, para que sean alguien en la vida. Sólo pido justicia, no me importa quién se lo llevó (a su esposo), quiero que lo regresen vivo, porque vivo se lo llevaron”. Para Dámaris y su hermano de 14 años, la desaparición de la hermana mayor en Cuauhtémoc también significó un cambio radical en sus vidas, porque era quien trabajaba para apoyar a su mamá en la manutención de su hogar. Dámaris cuenta en el video que tuvieron que dejar de estudiar para ayudar a su mamá con los gastos. “Que nos ayuden a buscarla, viva o muerta, sólo queremos sabe que ahí está”. En el camino de la búsqueda de sus seres queridos, han quedado varias madres de personas desparecidas, como Martha Loya que desapareció en el 2012 por buscar y exigir justicia para su hijo; Artemisa Ibarra, Marisela Escobedo Ortiz y otra madre más del municipio de Guerrero. El video muestra a abuelas, tías, hermanas, que han quedado frente a las familias destrozadas por la violencia y sin políticas públicas eficientes a las que puedan acceder, por lo que ha mermado su salud, economía y seguridad. Martha Arana sólo pide que el mundo se entere de lo que realmente pasa en Cuauhtémoc. “Por favor, que las autoridades sean sensibles no insensibles, humanas, no inhumanas, que sean personas que sientan el dolor ajeno y que por favor hagan lo que se tenga que hacer, vayamos a donde tengamos que ir, pero que hagan algo por encontrar a las personas que estamos buscando, que en este caso es mi hijo, que estuchen el dolor de una madre que los busca incansablemente”. Consuelo Prado relata que su esposo desapareció el 1 de abril de 2011 y desde entonces han tenido dificultades económicas y emocionales para sus hijos, “estamos en proceso de aceptación de que mi esposo no está, no sabemos si está vivo o muerto, hay testigos de cuando sucedieron los hechos”. La familia Muñoz Veleta, a quien le desaparecieron a ocho integrantes en junio de 2011, indica que las autoridades sólo les dicen que iniciarán de nuevo la investigación, sin resultados. Luisa Veleta, madre de uno de ocho desaparecidos, pide que los encuentren como sea. Ya no le importa si no castigan a los culpables, porque el dolor de no saber dónde está, los está consumiendo. Al lado de su abuela, Emma Veleta, la niña Blanca Solís Muñoz explica que extraña a su papá y a sus otros siete familiares y pide que los regresen con vida. “Es muy grande el dolor que estamos viviendo. Quiero que nos los regrese como Dios lo disponga. A mis hijos que todos ellos dejaron a su familia, un hogar vacío, a igual como me han dejado a mí, a donde quiera que ellos estén, los adoro los quiero y quisiera volverlos a ver, para no quedarnos con este dolor tan grande”, dice doña Emma Veleta. Teodosia Hernández, a quien un agente de vialidad le desapareció a su hijo José Rosario, pide: “Ayúdenos hombre, no nos dejen solos, estamos sufriendo mucho. Apóyenos porque pues cómo va a ser justo”. La esposa de José Rosario, Antonia Aguilar, explica que ellos hicieron la investigación. Incluso ellos presionaron para que el caso llegara ante un juzgado pero lo dejaron en libertad y posteriormente, ordenaron la detención cuando el agente había huido. Se encuentra prófugo. El hijo de José Rosario, Alexis Hernández, pide apoyo para los hijos de personas desaparecidas, porque los hijos quieren seguir estudiando y no pueden porque las familias se quedan sin dinero. “No quiero morirme sin volverlo a ver, así enferma como estoy, pero ando luchando por él. Que Dios me permita volverlo a ver antes de morirme, porque no quiero morirme sin volverlo a ver”. Al hijo de Norma Villarreal se lo llevaron con otras seis personas de un centro de rehabilitación, también en 2011 y sólo dos familias los buscan porque hay mucho miedo para denunciar los casos. “Él tenía amenazas de un policía municipal, hasta mi casa fue. Yo presencié ese caso, hasta la casa de mi madre fue en Cuauhtémoc. Le dijo que vivo o muerto se lo iba a llevar. Yo quisiera que hicieran justicia, Cuauhtémoc es un volcán, se come a la gente y no la encontramos ni viva ni muerta. Dejó dos niños chiquitos que a veces no tienen ni para comer, una de mis hermanas está muy mal, mi madre, y así estamos todas las madres que han perdido hijos”, relata Tania Gutiérrez. María Luisa Gutiérrez informa que el 9 de febrero de 2013 desaparecieron a diez trabajadores de una mina, en el municipio de Urique en la Sierra Tarahumara y no los han localizado. Como parte de la problemática de desaparición forzada, 11 integrantes de la familia Alvarado, del municipio de Buenaventura, tuvieron que pedir asilo político en Estados Unidos, donde se encuentran en espera de la resolución. Sin políticas públicas ni voluntad Las víctimas de desaparición en la entidad se han vuelto invisibles, principalmente las mujeres, las más vulnerables. “En los pueblo somos obligadas a convivir con grupos obligados, con policías y militares, presas del terror, a caminar bajo mirada dominante de los hombres, con sus armas listas para disparar, allanar cualquier hogar para llevarse a hijos como botín de guerra”, expone el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm). En su opinión, “las autoridades no hacen cruce de la información genética con ADN que les proporcionan con cuerpos de gente no identificada del país”. Además, añade que las familias hacen investigación, que hay decenas de fosas con restos humanos sin investigar, que no hay protocolos de búsqueda, y que no hay diligencias para buscarlos vivos ni muertos.
En cuanto a los niños, Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Cedehm, advirtió que el Fondo de Atención a Víctimas de la Violencia (Fanvi), sólo contempla apoyo para algunos casos de hijos de personas asesinadas, no de desaparecidos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: La empresa Gas Express Nieto, propietaria de la pipa que causó una explosión el pasado 29 de enero en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, con saldo de tres muertos –dos bebés y una enfermera–, aseguró que la unidad siniestrada cumplía con los estándares que la normatividad en la materias establece. En un comunicado, la gasera que a nivel federal y local ha sido favorecida con 95 contratos desde 2009, indicó que desde el mismo día del accidente proporcionaron la información sobre las características de la pipa, las bitácoras de mantenimiento y todos los registros que pudieran abonar a las investigaciones sobre el caso. “Como muestran dichos documentos, el vehículo que estaba presente en el incidente fue verificado por última vez el pasado 19 de enero de 2015; adicionalmente cada una de las partes que lo integran, la bola, la manguera, las válvulas y el chasis, se encuentran dentro de lo marcado por la norma para su operación adecuada”, puntualizó. Además, reiteró que continuará cooperando con las autoridades en las investigaciones de la explosión en Cuajimalpa. Indicó que como empresa regulada está sujeta a distintas revisiones y verificaciones de diversas autoridades, entre ellas la Secretaría de Energía. Y detalló que mensualmente realiza más de 70 mil operaciones de suministro a tanques estacionarios, además de distribuir más de 350 mil cilindros en distintos puntos del país. La empresa también cuenta con 35 plantas a lo largo de la República y emplea a más de cuatro mil personas de forma directa. De acuerdo con una investigación difundida el pasado 30 de enero por MVS Noticias, de 2011 al año pasado la empresa fundada en 1939 por Raúl Nieto Boada amarró 14 contratos de manera directa con la Secretaría de Salud del gobierno del Distrito Federal por un monto de 77 millones de pesos. Con el gobierno federal consiguió 81 contratos por 68 millones de pesos de 2009 a 2014. De esos contratos, 34 fueron suscritos con instituciones hospitalarias, como el IMSS o el ISSSTE. Derivado de los contratos con el GDF, Gas Express Nieto obtuvo las siguientes ganancias anuales: 17 millones 677 mil pesos en 2011; 18 millones 852 mil pesos en 2012; 18 millones 200 mil pesos en 2013, y 22 millones 482 mil pesos en 2014. A nivel federal, Gas Express Nieto obtuvo 49 contratos a través de asignaciones directas, 27 por licitación y cinco por invitación a por lo menos tres empresas. Según la información que se desprende de las páginas del portal de transparencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene 18 contratos por 24 millones de pesos; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con 13, por 6 millones 671 mil pesos, y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) con tres, por un millón 91 mil pesos.
Otras áreas del gobierno federal que tienen contratos con Gas Express Nieto son la Presidencia de la República, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Deporte. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El capo Servando Gómez “La Tuta”, líder del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”, difundió un nuevo audio y anunció que sería su último mensaje público. “Primeramente Dios, es el último audio que saco y no vuelvo a sacar ningún audio”, se despide “La Tuta”, quien argumenta que su decisión “no es por miedo”, sino que “tengo que tomar medidas y cuidarme”. En dicho mensaje, “La Tuta” arremete contra los hermanos Sierra Santana, líderes del grupo criminal “Los Viagras”, a quienes llama “los peores delincuentes que he conocido”. Servando Gómez pide al gobierno federal detener a los hermanos, que “están ubicables, a la mano”. “La Tuta” rechaza haberle entregado un millón de dólares al Ejército para evitar su detención; de paso, también niega tener tratos con la Marina, la Gendarmería Nacional o la DEA.
El líder nacional panista Gustavo Madero Muñoz dijo que es insuficiente descontar el día de “dieta” al Senador Ernesto Cordero Arroyo como sanción por faltar a la sesión de Congreso General para asistir al Súper Bowl XLIX, por lo que adelantó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) estudiará si procede alguna sanción en contra del legislador. “Vamos a investigar qué procede, pero sin duda es más un daño a la imagen de los legisladores, del grupo parlamentario y de los senadores”, respondió Madero a pregunta expresa de SinEmbargo. El día de ayer, las cámaras de la televisora de Fox Sports captaron al Senador panista Ernesto Cordero y a Juan Ignacio Zavala hermano de la ex Primera Dama Margarita Zavala, disfrutando del partido del Super Bowl XLIX que se celebró en Phoenix, Arizona. Cordero viajó a Estados Unidos mientras que el presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, convocó desde el pasado jueves a todos los senadores a la sesión de Congreso General del domingo 1 de febrero a la 11:00 horas. El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) reprobó el desdén que el Senador Ernesto Cordero Arroyo demostró por el trabajo legislativo, al preferir viajar a Arizona, Estados Unidos, para disfrutar de un partido de futbol americano en lugar de asistir a la ceremonia de inicio del presente periodo de sesiones. Y es que no solo fue el viaje, el Senador Ernesto Cordero respondió a quiénes cuestionaron su actitud con un simple “que me descuenten el día”, declaración que Madero consideró inapropiada. “Es un tema que manda un mensaje muy inadecuado, es justo lo contrario a lo que los ciudadanos nos están pidiendo, un compromiso pleno un compromiso total con el desempeño del papel que nos han asignado en las urnas y creo que no los debemos defraudar”, afirmó el líder partidista. “Cualquier persona que no ayude a acercarnos a los ciudadanos dando estos mensajes es alguien que está haciéndonos daño como partido político y al sistema político y a la democracia”, recalcó. Por su parte, el recién nombrado secretario general del PAN, el también Diputado José Isabel Trejo Reyes, consideró que cada legislador debe asumir su responsabilidad por las decisiones que tome respecto a su trabajo legislativo. “Tenemos que todos debemos asumir nuestra responsabilidad, no regateo la crítica, estoy de acuerdo en eso”, sostuvo. Respecto al anuncio que Felipe Calderón Hinojosa hizo en su cuenta de Twitter, en donde presumió que había asistido al Súper Bowl XLIX junto con su esposa Margarita Zavala, por invitación de Indra Nooyi, CEO de Pepsico, Madero Consideró que “el [ex Presidente] ya está en una situación de plena libertad para utilizar su agenda como mejor disponga”. La mañana de este lunes, el Senador Ernesto Cordero justificó su ausencia a la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Senado para asistir al Super Bowl XLIX con el argumento de que la sesión duraría 10 minutos y no se iba a “discutir absolutamente nada”. En entrevista para Grupo Fórmula, el Senador del PAN dijo que la apertura del Congreso “es una sesión que dura 10 minutos y donde desde la orden del día es claro que no se va a discutir absolutamente nada”. Añadió que pidió que se le descontara el salario de ese día y que cuenta con el 98.4 por ciento de asistencias a la Cámara Alta. Cordero Arroyo explicó que pagó con recursos propios su viaje al Super Bowl, que se disputó entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle. “Nadie me invitó. […] yo pagué mi boleto, yo pagué mi hotel, yo pagué mi avión”, mencionó.
Asimismo señaló que viajó desde el pasado viernes a Estados Unidos, pero que el martes se presentará a la primera reunión del periodo ordinario de sesiones donde “sí se van a discutir cosas”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2015/1237507.
El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dijo esta tarde que Marcelo Ebrard Causabón, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, es víctima de un ataque orquestado por Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y Enrique Peña Nieto, Presidente de México. “Es una embestida de [Enrique] Peña Nieto y de [Miguel Ángel Osorio] Chong contra Marcelo Ebrard”, acusó. “Es la mano negra de Chong y Peña”, aseveró López Obrador. “La experiencia me dice que cuando los medios le dan mucho seguimiento a un tema es porque viene del gobierno de Peña”. El dos veces candidato presidencia acusó a la prensa de dar cobertura a la Línea 12 y no al avión presidencial o a la “casa blanca” del matrimonio presidencial.
Ebrard Causabón denunció hoy que la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados que lo condena por la Línea 12 del Metro, elaborado por el PRI y aprobado por el mismo partido, es un ataque directo de Los Pinos.
“Lo que se dice en los pasillos y en las reuniones en la Cámara [de Diputados], aunque nadie te lo quiere afirmar, es que es una instrucción superior. O sea, esto viene de Los Pinos. ¿Por qué? La única razón que se ha dado, en versiones periodísticas de diferente tipo, [es] que me vinculan con una investigación periodística respecto a la casa del Presidente. Es una falsedad total”.
En las últimas semanas, se ha hablado de la posible incorporación de Ebrard Causabón a Morena. Sin embargo, el ex Jefe capitalino no lo ha negado ni lo ha confirmado. Ha sostenido reuniones con la dirigencia del que es su partido, el PRD. Se desconoce si está en pláticas con Morena. En este contexto es que López Obrador habla hoy sobre el tema. Ayer, diputados federales del PRI, miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el caso de la Línea 12 del Metro, aprobaron entre gritos y protestas un dictamen que acusa directamente a Marcelo Ebrard. El perredista estuvo en la Cámara de Diputados, pero le negaron el derecho a hablar. Hoy, Ebrard dijo que los diputados de la comisión lo juzgaron sin respetar su derecho a la defensa y al debido proceso. “Me van a imponer una pena infamante”, dijo a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. Dijo que los legisladores lo procesaron sin darle derecho a debido proceso. “Te condenan sin siquiera ser escuchado”. En semanas pasadas, el columnista Salvador García Soto vinculó a Marcelo Ebrard con la investigación realizada por Carmen Aristegui y Aristegui Noticias sobre la “casa blanca” de Angélica Rivera. Dijo que él fue quien proporcionó datos a esa investigación. La periodista Carmen Aristegui dijo que García Soto mentía con esa versión. El escándalo de la “casa blanca” le ha dado la vuelta al mundo. Después de esa investigación, se encontró que Peña Nieto operó su campaña electoral en una mansión de Grupo Higa; luego se supo que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tenía una propiedad en Malinalco que le vendió la misma constructora y posteriormente se dio a conocer que, en Ixtapa de la Sal, Peña Nieto tiene otra casa de la familia San Román, otra empresa beneficiada por sus gobiernos. “Voy a iniciar un procedimiento en derechos humanos porque técnicamente sí es eso; porque con lo que hicieron ayer ya está tipificado. Esto es una pena infamante”, agregó. Ebrard consideró que el informe elaborado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el caso de la Línea 12 del Metro es “una imputación política” en su contra con fines propagandísticos. “No quisieron modificar la orden del día para escuchar los documentos que llevaba yo, que ponen en tela de juicio el documento que pretenden aprobar mañana”, dijo el ex Jefe de Gobierno en entrevista con Noticias MVS. Ebrard indicó que el informe votado y aprobado “ni siquiera se leyó ayer. Denunció el hecho de que se reproduzcan observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) “que ya fueron solventadas”. “Evidentemente es una sanción política, cosa inusual”, refirió Ebrard esta mañana. CANDIDATO EN GUERRERO López Obrador y Martí Batres Guadarrama, líderes de Morena, presentaron a Paulo Almicar Sandoval Ballesteros como su precandidato único a Gobernador del estado de Guerrero. En conferencia de prensa, Sandoval Ballesteros informó que hoy mismo realizó su registro ante Morena y dijo que Guerrero está pasando por una situación complicada. Sin embargo aseguró que ha recorrido toda la región y se ha dado cuenta que la gente busca un cambio. Por la mañana hizo su registro como precandidato donde afirmó que ante la perspectiva de que es el único precandidato dentro de Morena, aprovechará el periodo de precampaña para reunirse con los miembros y simpatizantes del partido. Afirmó que recorrerá el estado por segunda ocasión y pretender formar una red de cyber-voluntarios en la que se podrán participar mediante la página www.sandoval.org.mx en Internet. Agregó que la apuesta de Morena es por la vía electoral para recuperar y hacer valer la dignidad de Guerrero y sacar a los caciques de Guerrero que con violencia y corrupción le han robado la paz y la justicia a las familias guerrerenses.
Amílcar fue coordinador de la campaña presidencial de López Obrador en el 2006 en Guerrero. Antes se desempeñó como director de Control y Evaluación en el gobierno del Distrito Federal y miembro del Consejo de Asesores del tabasqueño , cuando éste se desempeñó como Jefe de Gobierno Capitalino. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SERGIO RINCÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2015/1237635.
GINEBRA: La presencia en la sala de sesiones de padres de dos de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa marcó el primer día de trabajo del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que se evaluó la situación de México en esa materia. Previamente, en una reunión a puerta cerrada entre los miembros del Comité y organizaciones no gubernamentales, Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján; e Hilda Leguideño, madre de José Antonio Tizapa, solicitaron a la ONU que presione al gobierno mexicano para que no cierre el caso y prosiga con las investigaciones sobre el paradero de sus hijos. “Les pedimos que exijan al gobierno mexicano que se hagan bien las investigaciones. La Procuraduría General de la República (PGR) dice que están muertos, pero no le creemos: una vez ya nos dijeron que nuestros hijos estaban en fosas y no era cierto. Les solicitamos que presionen al gobierno para que diga lo que realmente pasó con nuestros hijos”, comentó a Apro Hilda Leguideño. Los miembros del Comité “manifestaron (a los padres) la voluntad de que las recomendaciones, que harán al gobierno mexicano al término de la evaluación, aporten a la búsqueda de los desaparecidos”, señaló a esta agencia Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de I(dh)eas, una organización de litigio estratégico en derechos humanos. México, como otros 44 Estados, ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por lo que presentó un informe de revisión en abril pasado. En enero pasado respondió a las preguntas que formularon los miembros del comité. En las dos sesiones públicas que hoy tuvieron lugar en la sala de conferencias del Palacio Winston, los cuestionamientos de los miembros del comité al desempeño del gobierno mexicano no paraban, principalmente los que provenían de los dos relatores, Rainer Huhle y Luciano Hazan. “El eje central de esta discusión es la distancia que existe entre las palabras y los hechos”, sentenció Hazan. La carencia de cifras y metodologías precisas sobre el número de desapariciones forzadas fue uno de los temas recurrentes, así como el laberinto legal que representa la repartición de atribuciones judiciales entre la federación y los estados. La delegación del gobierno mexicano, compuesta por 27 personas, no dio respuesta precisa a esa y otras preguntas concretas que se les solicitaron con insistencia, como el número de funcionarios suspendidos por estar implicados en desapariciones o si había un plan del gobierno de Enrique Peña para regresar al Ejército a los cuarteles. Las explicaciones enredadas de los mexicanos sobre las competencias de los estados y la federación no ayudaron, pues los miembros del comité continuaban planteado las mismas preguntas. El jefe de la delegación mexicana y subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Juan Manuel Gómez Robledo, metió la polémica en la reunión. Primero señaló que el gobierno de México “sigue evaluando” si reconoce las peticiones individuales en el comité, y minimizó la importancia del mismo al declarar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la prioridad del país en materia de justicia internacional.
La evaluación continuará la mañana de este martes 3, tras lo cual los miembros del comité elaborarán un reporte con recomendaciones al gobierno mexicano. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MARCO APPEL.
MÉXICO, D.F: Escritores, intelectuales y comunicadores pidieron a los promotores del Hay Festival cancelar el encuentro literario en Veracruz, en protesta por lo que consideran responsabilidad del gobierno de Javier Duarte en los asesinatos de periodistas en la entidad. En una carta dirigida a Peter Florence, director general del Hay Festival, cerca de 300 líderes de opinión de México y el extranjero sostienen que mantener esa fiesta de las letras es, de alguna manera, apoyar a un gobernador del PRI que no respeta los derechos de los comunicadores. “Los objetivos del Hay Festival Xalapa, lamentablemente, sólo han servido a una campaña del gobierno estatal que aparenta la prevalencia de un clima de libertad intelectual y crecimiento cultural”. Sin embargo, “el gobierno de Duarte ha demostrado ser –sin exageraciones– el peor enemigo de la libertad de expresión, del derecho a la información y del pensamiento crítico en México”, se advierte en la misiva firmada además por organizaciones como Freedom House, Artículo 19, Global Journalist Security y Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Los inconformes recordaron que en la administración de Duarte de Ochoa 11 reporteros han sido asesinados y cuatro más están desaparecidos. “No estamos contra el Hay Festival, estamos contra su uso político en un estado donde el periodismo cuesta la vida. La agresión más reciente sucedió el 2 de enero, en el municipio Medellín de Bravo: el periodista Moisés Sánchez fue sacado de su casa por un grupo armado. La PGJE informó que un expolicía confesó el homicidio y responsabilizó de su muerte al alcalde Omar Cruz”. También denunciaron que Xalapa “es otro territorio peligroso para el ejercicio periodístico”, pues fue en esa capital donde el 28 de abril de 2012 asesinaron a Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, y el 14 de junio de 2012 mataron a Víctor Manuel Báez Chino, reportero y editor en Milenio. “Un dato más: Veracruz es la entidad con el mayor número de periodistas desplazados. Muchos viven con miedo. Las organizaciones defensoras de la prensa libre han realizado diversos reportes que documentan la terrible situación”, se acusa en la misiva.
Entre quienes han expresado críticas a los ataques a la prensa destacan la escritora Margo Glantz, el escritor británico Salman Rushdie y el corresponsal de guerra Jon Lee Anderson, así como los escritores Guillermo Osorno y Peter Godwin. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN..
XALAPA, Ver: La noche del pasado domingo Verónica Huerta Aburto, reportera de la agencia Avc Veracruz y de Grupo Radio Fórmula, llegó a su casa y activó la grabadora de su teléfono para escuchar los mensajes y uno de ellos casi la paraliza. Procedente de un número desconocido para ella, el mensaje decía a la letra: “Después del Moisés sigues tú perra, te estamos checando”. Inmediatamente, marcó el número que quedó registrado en su teléfono, pero nunca le respondieron. Como se trataba de la tercera amenaza, aunque esta última directa, Verónica interpuso una denuncia de hechos ante la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Atrapada por el temor, puso al tanto también a otras instancias gubernamentales, como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) que preside Jorge Morales, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En estas dos últimas dependencias le dijeron que no podían proceder hasta que se formalizara la denuncia. “No quiero alarma ni show mediático, tengo familia y está preocupada, vengo a cumplir y dar parte a las autoridades para proceder”, dijo.
Huerta pidió a los colegas que la entrevistaron que eviten utilizar fotografías en los despachos informativos que redacten porque teme por su vida y por la integridad de su familia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
En Ginebra, la ONU revisa el caso de México por las desapariciones forzadas. Sobre la situación actual, DW recogió opiniones. Entre ellas la del obispo de Saltillo, que en Bruselas ofició una misa por las víctimas.
Entre las más de 20 asociaciones pro derechos humanos que han hecho llegar preocupantes informes al Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas –que trata el caso de México esta semana- se encuentra la que preside el Monseñor Raúl Vera, obispo de Saltillo y fundador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos. “La situación de los derechos humanos en México es muy delicada”, dice a DW en Bruselas monseñor Vera. Su mirada se remonta a la matanza de Chiapas en 1997 cuando asistía al obispo Samuel Ruiz; a la comunidad de El Charco, donde en 1998 fueron asesinadas 42 personas; a miles de testigos que comparecieron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos entre enero de 2011 y diciembre de 2014. El obispo de Saltillo copresidió las audiencias. Ejemplos de descomposición “Al escuchar a las víctimas de todas partes del país detectamos que algunos de los grupos que el gobierno llama de crimen organizado –y que son responsables de masacres de jóvenes- son grupos paramilitares creados por el propio Ejército. En el narcotráfico se excusa el gobierno”, dice. El obispo de Saltillo ilustra la “descomposición” actual con el hecho de que el alcalde de Iguala, presunto autor intelectual de la desaparición y asesinato de los 43 jóvenes estudiantes, haya sido el autor material del asesinato en mayo de 2013 de líderes sindicalistas de la misma localidad. “Ahora está en prisión por eso, no por la desaparición de los estudiantes. Pero, ¿cómo puede ser posible que un asesino haya seguido gobernando tranquilamente un año y medio más?”, dice el obispo mexicano, por dos años entre los favoritos al Premio Nóbel de la Paz. Dispuestos a fortalecer el Estado de Derecho Acerca de las respuestas gubernamentales frente a los casos de desapariciones forzadas, -y con miras a la revisión a la que se somete a México en Ginebra-, Juan José Gómez Camacho, embajador de México ante la Unión Europea respondió a DW: “El Presidente Peña Nieto recientemente anunció diez medidas para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Con estas diez medidas, se deja muy claro que uno de los objetivos en materia de derechos humanos es el de fortalecer los protocolos y procedimientos en materia de desaparición forzada y se ha enviado una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada ».
“ Es más, agrega el diplomático mexicano, que hasta 2013 fue embajador permanente ante la ONU en Ginebra: “En cumplimiento de sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos y en cumplimiento con la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, las autoridades mexicanas a lo largo de las extensas y profundas investigaciones que se han realizado en torno a los lamentables hechos de Ayotzinapa han trabajado con apertura y transparencia con los familiares de las víctimas ».
Por otra parte, sigue el embajador Camacho, “es muy importante destacar que estas investigaciones están abiertas. El Procurador ha informado en distintos momentos que las investigaciones siguen su curso pues aún falta detener a personas involucradas con este crimen y también se está a la espera de los resultados finales de la Universidad de Innsbruck “. La punta del iceberg Como fuere, “Ayotzinapa sólo fue la punta del iceberg”, refuta el obispo Vera. En el mensaje que lleva el Centro Diocesano de Derechos Humanos a Ginebra se subrayan años de inoperancia y la aquiescencia del Estado con la impunidad: La mina en Coahuila donde no se rescató a 65 obreros después de una explosión; la dejadez en el caso de la huelga de tres años de los obreros de la textilera de Parras de la Fuente; la masacre de Tlataya en mayo de 2014… Son ejemplos que da el obispo Vera, que tiene a su haber una larga lista de premios por su defensa de migrantes, obreros, indígenas y presos políticos. En su opinión, tanto desde Ginebra como desde otras instancias internacionales se debe ejercer presión; la propia Iglesia católica, “que se ha tardado mucho en pronunciarse, sabe que un Estado cómplice de criminales e irresponsable en la administración de la justicia es un Estado que no está cumpliendo su deber”, dice Vera.
Ante esta situación, ¿qué cabe esperar entonces de Ginebra y el Comité contra Desapariciones Forzadas ? “La cita de esta semana es muy importante“, dice a DW Guido De Schrijver, de CIFCA (Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México), plataforma de 40 organizaciones de 10 países europeos que coopera y observa los derechos humanos en México y América Central desde hace casi dos décadas.
“Está claro que el gobierno mexicano, como otros gobiernos que pisotean los derechos humanos, va a presentar sus obras a favor de los derechos humanos… Lamentablemente, muchas veces son cantos de sirena“, concluye De Schrijver, recalcando la importancia de que la sociedad civil lleve sus informes a Ginebra. De esta cita, por lo menos así lo esperan diversas organizaciones de la sociedad civil, podría resultar un punto de inflexión. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 (OAXACA 3.0)/Deuchtsche Welle.
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