Ante la ONU, en Ginebra, la CNDH reconoció que las autoridades no saben cuántos desaparecidos existen ni quiénes los privaron de su libertad. Además señaló que las instituciones encargadas de velar por las víctimas carecen de mecanismos para buscarlas.
México llevó ayer hasta Ginebra a la ONU su dolorosa “verdad histórica”: no sabe con certeza cuántos desaparecidos hay. Pero el gobierno mexicano no solo desconoce la cantidad de personas desaparecidas que hay en el país, tampoco sabe quién es el responsable de las desapariciones. ¿Son los cárteles de la droga o los agentes del Estado? ¿O los dos coludidos como pasó con la tragedia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Por primera vez, el Gobierno Federal compareció ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), un mecanismo creado por las Naciones Unidas para la protección contra este delito en el mundo. Fue el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien en su intervención ante los integrantes del CED reconoció el caos institucional que existe en las bases de datos y cifras de personas desaparecidas en México. En el informe de 35 páginas que entregó al Comité, el ombudsman reconoce que el Estado mexicano no sabe el número de desaparecidos que existen en el país. “No existe certeza al momento de intentar proporcionar cifras claras y una estadística confiable”, admitió el presidente de la CNDH. Muchas bases de datos ninguna certeza Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló en su informe en Ginebra que se tienen dos bases de datos sobre personas desaparecidas en México. La primera, con 4 mil 038 casos reportados hasta diciembre de 2014. Y otra con fecha de hasta diciembre de 2012 –mes que terminó el sexenio del expresidente Felipe Calderón- que cifra en 24 mil 809 las personas desaparecidas. En ninguna de las bases de datos se establece la causa de la desaparición. “Por la insuficiencia de la información no es posible especificar en cuántos de estos casos existen indicios de desaparición forzada con la participación o aquiescencia de servidores públicos, cuáles son atribuibles a la delincuencia organizada y cuáles corresponden a personas no localizadas”, concluye el informe de la CNDH. Esta inconsistencia entre el número de personas desaparecidas o no localizadas en el país, además de los casos de desaparición forzada, pone en evidencia al Gobierno frente al principal reclamo social que existe en el país. Cada quien su información En México, cada una de las dependencias federales tiene su propia base de datos: la CNDH, la PGR, la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En consecuencia existe una danza de “cifras oficiales” sobre este fenómeno calificado ayer por la CNDH como un “problema serio de seguridad”. Cuando comenzó el sexenio, la actual administración federal de Enrique Peña Nieto dio a conocer que el número de personas desaparecidas era de 26 mil 121. Meses después el mismo Gobierno Federal aclaró que, después de una actualización, se contabilizaban 18 mil 955 desaparecidos. El año pasado la cifra se redujo a 8 mil casos, pero luego en el mes de octubre se manejó otra vez la de los 23 mil 271 personas desaparecidas. “No existe hasta el momento un análisis claro sobre la realidad de este fenómeno, razón por la cual se debe proceder a la verificación de los datos señalados con una metodología apropiada y una adecuada articulación entre las instancias de Gobierno Federal, estatal y municipal y la propia CNDH”, se lee en el documento. En su informe presentado ante el CED, la CNDH recordó el compromiso incumplido con el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidades, órgano con quien se comprometió en el 2009 a entregar una base de datos de las personas desaparecidos. Pero en la información que se pudo documentar no se logró acreditar la responsabilidad directa o indirecta de servidores públicos. Instituciones sin fuerza La debilidad institucional que enfrenta el gobierno mexicano se confirma con la promulgación en el 2012 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, legislación que hasta la fecha carece de un reglamento para que este mecanismo funcione plenamente. Es el mismo caso del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que para la CNDH funciona sin criterios claros para alimentar este fuente de información. En su comparecencia ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), el presidente de la CNDH habló de la necesidad de promulgar una Ley General sobre Desapariciones Forzadas, que regule todo lo relacionado con este delito en el país. En México el delito de de-saparición forzada está contemplado a nivel Federal y en algunos estados, pero no se ajusta a los estándares internacionales en esa materia. La promulgación de esta ley es un viejo compromiso -incumplido hasta la fecha- que adquirió el Gobierno Federal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la sentencia del Caso Radilla Pacheco contra México en el 2008. La lista de incumplimientos de México en el tema de desapariciones forzadas incluye también la falta de reconocimiento por parte del Estado mexicano para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas reciba y conozca denuncias individuales de mexicanos que hayan sido víctimas de este delito de acuerdo a la Convención Internacional. México no ha reconocido la competencia del Comité de la ONU para recibir y analizar este tipo de casos individuales de víctimas del delito de de-saparición forzada.
El día de ayer Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, adelantó que México está analizando reconocer la competencia del CED que está pendiente desde el año 2010. Gómez Robledo encabezó la delegación mexicana que participó en la primera de dos audiencias con el Comité para revisar el caso mexicano en el tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Por su parte, la CNDH exhortó una vez más al Ejecutivo Federal para que acepte a la brevedad la competencia de este órgano de Naciones Unidas. Esa petición forma parte de las 14 medidas que propuso para atender el tema de la desaparición forzada en México. Las recomendaciones La CNDH informó en la reunión que ha emitido 13 recomendaciones por desaparición forzada que involucran a 37 víctimas. Las recomendaciones han sido contra la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la PGR. Además de los estados de Colima, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas, así como los municipios de Oaxaca de Juárez, San Pedro Garza García, Ayutla y Santa Catarina. Van en busca de justicia En el primer día de audiencia ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas estuvieron presentes algunos de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del año pasado en el municipio de Iguala, Guerrero. “Hemos decidido venir aquí a este Comité, para conseguir algo de apoyo y obtener realmente justicia, ya que nuestro gobierno es incapaz”, comentó Bernabé Abraján, padre de Adán, uno de los normalistas desaparecidos, a los periodistas reunidos en la audiencia. La reunión en Ginebra del Comité contra las Desapariciones Forzadas inició con un minuto de silencio en memoria de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. También participaron representantes de organizaciones de derechos humanos en México –el Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan y el de Miguel Agustín Pro Juárez -que solicitaron al CED que exhorte al gobierno mexicano a no cerrar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Días antes de viajar a Ginebra, Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos, había mencionado su intención de que el Comité intervenga para que se investigue a los elementos del Ejército del 27 batallón de Infantería en Iguala. Ortega detalló que los militares estuvieron involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. “Es necesario que nos apoye el Comité para que se abra una línea de investigación contra el Ejército y también contra el exgobernador (Ángel) Aguirre”, expresó.
También aseguró que buscarían que no se criminalice a los normalistas y que no se les vincule con el grupo criminal conocido como Los Rojos, así como que el caso se tipifique como desaparición forzada. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
El creciente consumo de heroína en Estados Unidos ha aumentado el cultivo de opio en México.
En la Sierra Madre mexicana plantar mariguana ya no es tan redituable como antes. Ahora, el opio –del cual proviene la heroína– ha tomado su lugar. El tráfico de heroína es un negocio con perspectivas inciertas para todos menos para los cárteles mexicanos, que han encontrado en él una nueva manera de hacer dinero frente a la caída del consumo de la cocaína y la legalización de la mariguana en Estados Unidos. Antes eran productores de alquitrán negro de baja graduación y traficantes a menor escala, pero ahora los narcotraficantes mexicanos están refinando pasta de opio para convertirla en heroína blanca de alto grado para inundar el mayor mercado de drogas ilegales del mundo, echando mano de las mismas rutas de distribución que utilizaron para la mariguana y la cocaína. Es lo único redituable Es un negocio que a los agricultores no les gusta. En una poco usual entrevista con periodistas, varios campesinos dijeron a The Associated Press que es muy difícil sacar sus productos de esta región montañosa, pero aseguran que los pequeños ladrillos de goma de pasta de opio son lo único que les genera utilidades.
“Casi todos piensan que en la sierra hay pura gente mala y no es cierto, son nada más comentarios de gente que no conoce”, dijo Humberto Nava Reyna, líder del Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor, un grupo que promueve proyectos de desarrollo en las montañas. “No pueden dejar el cultivo de la amapola, mientras haya demanda y el gobierno no ponga atención”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
"Voy a ser casi condenado, en términos políticos, sin haber sido escuchado", advierte el ex jefe de Gobierno, sobre el informe preparado por diputados del PRI sobre la Línea 12 del Metro. A través de la PGR, pueden tratar "de proceder... en contra mía, eso es lo peor que puede pasar".
El informe que analizará este martes la Cámara de Diputados, sobre la construcción de la Línea 12 del Metro, “es una decisión que viene desde Los Pinos y Gobernación”, tras lo cual habrá una “ofensiva mediática” en mi contra, acusó el ex jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. En entrevista para Noticias MVS primera emisión, señaló que el informe presenta “insuficiencias”, y no se le dio derecho a audiencia, pese a que lo presentan como responsable. El domingo, Ebrard irrumpió en la comisión que investiga el caso, en busca de dar su punto de vista sobre los hechos; sin embargo, se le cerró el micrófono. Por ello, el político considera que le buscan enviar un mensaje: “Quien se meta con el presidente, o cuestione al presidente, o sea opositor, va a correr con esta suerte, es como una especie de sanción”. Lo anterior, luego de que algunos columnistas y priistas difundieran una versión falsa sobre que Ebrard “filtró” información de la llamada “casa blanca” de Lomas de Chapultepec. “Voy a ser casi condenado, en términos políticos, sin haber sido escuchado o se hayan valorado los argumentos que tenga yo que dar”, expuso Ebrard. Incluso, preguntó: ¿Por qué no se da un juicio político? “Yo desde al día siguiente que se cerró la línea dije aquí estoy, no me ha llamado ninguna autoridad, tampoco estoy sujeto a ningún procedimiento”. El ex mandatario capitalino sostuvo que “evidentemente tiene un gran contenido político” el informe, a unas semanas de definición de diputaciones federal. “Lo peor que puede pasar es que lo pasen (el informe) y luego aceleren con la Procuraduría General de la República -no olvidemos, finalmente es una dependencia del Ejecutivo federal-, que aceleren y me manden llamar a declarar, cosa que yo haría con todo gusto, y traten de proceder alguna fórmula vía administrativa o vía penal en contra mía, eso es lo peor que puede pasar“, consideró.
“Ellos pueden pretender iniciar un procedimiento, lo tienen que pensar muy bien porque como no tienen elementos, y te lo digo con toda certidumbre, para poder sustentar un procedimiento penal en mi contra, pues tienen también que evaluarlo, porque no es precisamente un gobierno que esté caracterizado con la transparencia y el ejercicio exacto de la ley, entonces pues se les puede revertir”, agregó, en entrevista con Carmen Aristegui. ENTREVISTA:
Contradicciones en la SCT sobre quién propuso revocar la licitación del tren. Primero había dicho que fue el propio Peña Nieto. Ahora dice que se trató de una propuesta del propio Ruiz Esparza, quien horas antes defendió públicamente el proyecto.
Luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de datos (Ifai) ordenara revelar el documento en el que el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Comunicaciones revocar la licitación del tren México-Querétaro, esta dependencia reveló que la instrucción fue verbal y, por ello, no existe documento. En un comunicado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo 3 “precisiones”. 1. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza, estando en acuerdo con el C. Presidente de la República, el pasado 6 de noviembre, propuso dejar sin efecto el fallo de la licitación… en ejercicio de las facultades que la ley de la materia otorga a la dependencia. 2. El titular del Poder Ejecutivo Federal manifestó su conformidad con la propuesta del Secretario del Ramo. 3. En virtud de que lo anterior se llevó a cabo en forma presencial, no existe documento en el que se haya hecho constar lo anteriormente referido. Sin embargo, en noviembre pasado, Ruiz Esparza dijo que fue Peña Nieto quien decidió revocar la licitación. Nunca mencionó que se tratara de una propuesta que él le hizo al Presidente. De hecho, horas antes de la revocación, Ruiz Esparza defendía en el Senado este proyecto y dijo que sería “ilegal” reponer el proceso, pese a las dudas que despertaba, porque sólo participó un consorcio de empresas chinas y mexicanas, entre ellas constructora Teya, del Grupo Higa, quien construyó y es propietaria de la llamada “casa blanca”. En un comunicado emitido el 6 de noviembre, la SCT indicó que “El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decidió dejar sin efecto el fallo de la licitación para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro”, contrario a lo que manifiesta hoy, sobre que fue Ruiz Esparza quien propuso eso.
Finalmente, el proyecto se descarriló con el reciente recorte al gasto público: el viernes pasado, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, indicó que el tren de alta velocidad quedaba suspendido indefinidamente. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Tres empresas, beneficiarias de un Fobaproa, dice frente.
La política nacional de vivienda que anunció en enero pasado el presidente Enrique Peña Nieto tiene como objetivo principal rescatar de la quiebra a las principales empresas constructoras del país, entre ellas Grupo Homex, Geo y Urbi, cuyos dueños han apoyado las campañas electorales del político mexiquense, sostuvo Humbertus Pérez Espinoza, vocero y presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD). En conferencia de prensa, Pérez Espinoza dijo que el proyecto de vivienda peñista busca continuar otorgando créditos de casas sobrevaluadas, con miras a que parte de las ganancias terminen financiando a los candidatos del PRI que pretenden ocupar una curul en la Cámara de Diputados. Recordó que el pasado 21 de enero, Peña dio a conocer que se construirán cerca de 500 mil viviendas, mediante la ejecución de un millón de acciones en favor de seis millones de habitantes, lo que representará una inversión de 370 mil millones de pesos.
Esa cifra por sí sola suena a algo maravilloso, pero lo que Peña no dijo, lo que esconde, es que las desarrolladoras Geo, Homex y Urbi, las tres sujetas a concurso mercantil, serán las principales beneficiadas con esta política de vivienda, que no es otra cosa que un rescate tipo Fobaproa, destacó el vocero. Precisó que tan sólo Homex tiene deudas por 192 mil millones de pesos, Corporación Geo por 60 mil millones y Urbi Desarrollos Urbanos tiene pasivos por 41 mil millones. Es decir, el monto total de deudas de estas tres desarrolladoras asciende aproximadamente a 293 mil millones de pesos, casi 80 por ciento de los recursos que el gobierno federal invertirá por 370 mil millones para su supuesta política nacional de vivienda 2015. Ustedes dirán si es o no un rescate oculto, cuestionó Pérez Espinoza. Citó que el Corporativo Geo, que dejó inconcluso los conjuntos urbanos Hacienda del Bosque, en sus tres etapas, con 6 mil 859 viviendas, así como el conjunto Provenzal del Bosque, que incluye 2 mil 900 viviendas que carecen de infraestructura urbana, las cuales están ubicadas en el municipio de Tecámac.
Tenemos pruebas de que en la construcción del conjunto urbano Provenzal del Bosque, el Corporativo Geo construyó el desarrollo habitacional sobre un cementerio de restos óseos de decenas de mamuts y nunca informó sobre el hallazgo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, añadió. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
El gobierno cubrirá los gastos de los heridos de Cuajimalpa, pero poco se ha dicho sobre cómo evitarán este tipo de tragedias.
Los afectados por la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa han recibido apoyo tanto público como privado desde el momento del trágico incidente que dejó tres personas muertas y 72 lesionados. Ayuda humanitaria, atención médica, apoyos económicos, materiales de construcción, entre otros, han sido proporcionados desde el pasado jueves. El Gobierno del Distrito Federal detalló ayer que personal del DIF ha entregado 8 mil 500 raciones de alimentos. También el lunes, servidores Públicos de la delegación Cuajimalpa entregaron un apoyo económico de 110 mil 400 pesos para las víctimas y familiares. El propio jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, dijo que con la averiguación abierta se busca alcanzar acuerdos prontos para la reparación del daño a las víctimas y materiales. Aunque Mancera se pronunció también por hacer más estricta la regulación de la operación de pipas, el tema no se ha discutido a profundidad.
El asambleísta Orlando Anaya dijo el domingo que es urgente desarrollar planes para prevenir accidentes con pipas; sin embargo, hasta la fecha predomina la información sobre la reparación de daños y sobre los responsables de pagar las indemnizaciones. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
Tras la salida del comisionado Federal en Michoacán, Alfredo Castillo, el gobernador sustituto en el estado propone retomar alianzas con los civiles que se levantaron en armas hace casi dos años. Asegura que esta es una ruta para la paz.
A menos de 10 días de la salida de Michoacán del comisionado Alfredo Castillo, el gobernador Salvador Jara ya echó abajo el único logro que presumía: el desarme de los grupos de autodefensas. El mandatario estatal habló de la necesidad de un pacto con los grupos de civiles que siguen armados en su lucha contra Los Templarios. Jara consideró que retomaría las alianzas con aquellos ciudadanos y fundadores de las extintas autodefensas y ahora elementos de la Fuerza Rural con el interés de mantener y recuperar el control total de la seguridad, la paz y el desarrollo de las comunidades de varias regiones de esta entidad federativa. La Federación, a través de Castillo, había insistido en señalar que los grupos de autodefensas en Michoacán se habían disuelto con la entrada en operaciones de la Fuerza Rural Estatal, la policía acreditable de Michoacán formada a propuesta del Gobierno Federal. El encarcelamiento del fundador José Manuel Mireles se dio bajo el argumento de la inexistencia de autodefensas. Los civiles que portaban armas eran delincuentes, expuso en su momento el secretario de Gobernación. Sin embargo, se calcula que a la fecha hay más de 10 mil autodefensas en todos los municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa, Sierra Nahua, Poniente, Ciénaga y Meseta Purépecha, que comprende casi el 70 por ciento del territorio estatal. La mayoría de esos grupos, que optaron por no incorporarse a la Policía Estatal, son leales al doctor Mireles, quien continúa preso en una cárcel federal en Sonora, en medio de un proceso empantanado. Recuperar las alianzas con los ciudadanos que se levantaron en armas el pasado 24 de febrero del 2013 porque el crimen organizado se empezó a meter con las mujeres e hijas, y por los delitos cometidos, que son producto de inseguridad, es uno de los objetivos del actual mandatario estatal. “En estos grupos hay mucha gente de bien que tuvo que armarse para defenderse a ellos y a sus familias y sus propiedades”, dijo el exrector. Tras la intención del gobernador para buscar el pacto con los grupos de autodefensa leales a Mireles, el general Felipe Gurrola Ramírez, no ha manifestado ninguna postura. Solo se ha observado que las Fuerzas Federales - que la semana pasada comenzaron a ir sobre los grupos de autodefensa- han retornado a sus bases de operación. No se han registrado nuevas detenciones, aun cuando los civiles armados alzados contra el narco siguen manteniendo en su control barricadas y puestos de paso en diversos caminos y carreteras del sur del estado. Detención y liberación de un líder El pasado fin de semana en Parácuaro, la población salió a las calles para reprochar la detención del jefe del movimiento civil armado en la zona, Federico Villegas García, quien fue apresado por Fuerzas Federales. Las manifestaciones de inconformidad por la detención de Federico Villegas, mejor conocido como “El Comandante Lico”, terminó por hacer recular a la Federación, que finalmente decidió no seguir el proceso penal Federal por delitos graves, como portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército. A Villegas García se le acusó por el delito de posesión de objetos robados, ya que la camioneta que utilizaba como patrulla, tenía reporte. Fue dejado en libertad. El gobernador Jara explicó que la liberación del exlíder de autodefensas en la tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, fue porque el delito no es considerado grave, por lo que tuvo derecho a pagar fianza y salir en libertad. Negó que se haya pactado su liberación a cambio de que se levantara el bloqueo de las carreteras de Tierra Caliente durante el pasado jueves. Acto de buena fe Tras la liberación del comandante de los grupos de autodefensa de Antúnez, el Gobierno Federal suspendió la operación que había iniciado dos días antes para lograr la captura de todos los civiles armados. Esa decisión apunta a ser un golpe de timón propiciado por el gobierno estatal, desde donde esta semana se podría anunciar una mesa de diálogo con los autodefensas que siguen en guerra contra el crimen organizado. Los grupos de autodefensa que se mantienen leales al doctor Mireles se encuentran en condiciones de dialogar con la Federación y el mando estatal. La intención es llegar a un acuerdo que permita la movilización de todos los civiles armados que sean reconocidos por el Consejo General. Esta sería la primera ocasión en que los grupos de autodefensa se dicen dispuestos a la negociación con el gobierno estatal y federal, tras la salida del comisionado Alfredo Castillo, con quien se suspendieron los diálogos tras la declaración oficial que daba por desintegrado el movimiento de las policías comunitarias. Sin condiciones para el desarme De acuerdo a la versión de Salvador Jara, quien habló el pasado fin de semana para la cadena CNN, en Michoacán no existen las condiciones necesarias para que los que integran las autodefensas depongan las armas. El estado de violencia generalizado en el sur de la entidad pondría en riesgo a los civiles que se alzaron contra el crimen organizado. El gobernador se refirió a la “tensa calma” como principal factor para que las autodefensas no dejen las armas. Además, abonó, la gente en la zona de Apatzingán ha estado siempre armada. Durante la entrevista Jara trató de defender el trabajo del que fuera el comisionado del Gobierno Federal para la paz y desarrollo de Michoacán, al exponer que en los últimos meses los delitos de alto impacto como secuestro, homicidio y extorsión habían disminuido en forma considerable.
Pero en lo medular desacreditó la labor de la federación durante un año y seis días de intervención directa. La última de ‘La Tuta’ Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, apareció de nueva cuenta en un audio que fue subido el pasado fin de semana desde una cuenta de Facebook. En ese material, que dura 6 minutos con 43 segundos, “La Tuta” asegura que esa será su última declaración pública. El jefe de Los Caballeros Templarios rompió el silencio para decir que el grupo G250, el que integró en su momento el comisionado Alfredo Castillo con elementos de elite, es un grupo formado “por delincuentes peores que yo”. Gómez Martínez lamenta los conflictos que se han generado entre los grupos de autodefensas de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, “El Americano”, los dos presos en una cárcel de Morelia acusados de ser responsables de las 11 muertes resultantes de un enfrentamiento entre ellos a finales del año pasado. Allí mismo, desmiente la versión de que tiene con un pacto de inmunidad con la Federación, a cambio de una cifra indeterminada de dinero. “La Tuta” asegura que no tiene acercamiento con ninguna autoridad Federal y que el único interés que el Ejército pudiera tener sobre su persona, sería su detención. El líder de Los Caballeros Templarios habla de algunos conflictos personales que mantiene con integrantes de la Policía Fuerza Rural, los que asegura que pertenecen a grupos delincuenciales. También se dice arrepentido de haber encabezado al cártel y haber estado a las órdenes de Nazario Moreno Gonzalez, “El Chayo”.
“No tengo nada más que decirles, primeramente Dios es el último audio que saco, y no vuelvo a sacar ningún audio, y no por miedo ni porque me vayan agarrar o me vayan matar, porque yo tengo que tomar mis medidas, yo tengo que hacerme a un ladito y cuidarme. Dios los bendiga a todos”, concluye. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS
MÉXICO, D.F: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano garantizar la atención médica necesaria a la activista Nestora Salgado, excoordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien se encuentra recluida en el penal federal de Tepic, Nayarit. La organización internacional, con sede en Washington, escribió en una decisión del 28 de enero pasado que ha encontrado “razones adecuadas” para preocuparse por la salud de Nestora Salgado, de 41 años, arrestada en agosto de 2013 luego de que personas detenidas por la Policía Comunitaria que ella lideraba alegaron que habían sido secuestradas. Un juez federal mexicano desestimó los cargos contra Salgado el año pasado, pero varios cargos estatales por el mismo asunto la han mantenido tras las rejas. Salgado tiene la doble ciudadanía de México y Estados Unidos. En aquel país vivía en Renton, un suburbio de Seattle, Washington. El gobierno mexicano ha dicho a la CIDH que Salgado recibe atención médica “adecuada”, pero sus familiares afirman que sufre de dolor crónico. El pasado 12 de enero se informó que la activista y excoordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, podría quedar en libertad en cualquier momento luego de que unos días antes el gobernador Rogelio Ortega Martínez solicitó al fiscal general de la entidad, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal por los presuntos delitos de secuestro y secuestro agravado que se le imputan.
Sin embargo, la petición fue desechada por el fiscal luego de la presión ejercida por los activistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó que la investigación por la explosión en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa podría no derivar necesariamente en acción penal contra los operadores de la empresa Gas Express Nieto. Según su explicación, con el nuevo sistema penal acusatorio, las autoridades capitalinas privilegiarán la reparación del daño ocasionado por la gasera al hospital y a las víctimas. “En el nuevo sistema acusatorio, las consecuencias jurídicas son mucho más claras y encaminadas a que no haya ni prisión preventiva, ni consecuencias únicamente que tengan que ver con la privación de la libertad, sino que van mucho más encaminadas a que haya acuerdos reparatorios con las víctimas”, detalló en conferencia. Mancera comentó que este sistema “obligará” a la Procuraduría General del Justicia del DF “a que llame a todos los que resultaron afectados y que puedan tener una reparación efectiva de su daño en breve plazo”. Esta misma semana, adelantó, se tendrán listos los dictámenes periciales de seguridad industrial, arquitectura e incendios sobre lo ocurrido el pasado 29 de enero en el hospital de Cuajimalpa. Por último, dijo que instruyó a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Protección Civil para coadyuvar con la Secretaría de Energía, encargada de regular el servicio de las pipas de gas, en favor de la seguridad de los capitalinos. Continúan 21 hospitalizados El secretario de Salud, Armando Ahued, informó que cuatro de las 26 personas que permanecían hospitalizadas tras la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, el pasado 29 de enero, fueron dadas de alta este lunes. Restan, dijo, 21 pacientes –10 hombres y 11 mujeres– de los cuales 10 se reportan graves, cuatro de ellos recién nacidos, incluido el que fue trasladado a Galveston, Texas. “Bajamos ya a 21 pacientes de los 72 originales”, dijo en entrevista con Radio Fórmula, aunque reconoció que los 10 que se reportan graves están en peligro de muerte porque presentan quemaduras en más de 60% de la superficie corporal. “La piel nos ayuda a mantener el equilibrio hidroelectrolítico y por supuesto mantener aislada la posibilidad de infecciones, entonces de las complicaciones más severas es un problema de deshidratación de los pacientes. “Aparte la posibilidad de infecciones y obviamente una septicemia o una infección generalizada y por supuesto las temperaturas. La piel también ayuda a regular y a mantener una temperatura adecuada, entonces requiere un manejo muy especializado”, explicó. Ahued Ortega recalcó que se da seguimiento puntual a todos los heridos, víctimas y familiares afectados por la explosión a través de apoyo de psicólogos, rehabilitación y terapias necesarias para su recuperación. Además, comentó que actualmente concentran los esfuerzos en una estrategia integral de atención en salud para la delegación Cuajimalpa, ante la gran cantidad de habitantes en esta región que carece de seguridad social. Dicha estrategia considera la construcción de un hospital general en el predio que ocupaba el hospital Materno Infantil que se derrumbó a consecuencia de la explosión. Según el jefe de Gobierno, la inversión para las nuevas instalaciones podría ser de 500 millones de pesos.
El secretario aclaró que los heridos internados en hospitales privados tras la explosión no pagarán nada por su atención, ya que el seguro del Materno Infantil –contratado con Banorte– cubrirá los gastos en una primera instancia, hasta que se determine si la gasera fue la responsable del incidente. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
BERLIN: Acompañado por miembros de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el obispo Raúl Vera entregó al gobierno alemán ocho mil firmas- con nombre y dirección- de ciudadanos mexicanos y alemanes que se oponen a la firma del Acuerdo de Colaboración policiaca que pretenden firmar los gobiernos de México y Alemania. “Hago entrega de esta firmas que expresan de parte de la comunidad alemana y mexicana el deseo de que este Acuerdo no se lleve a cabo. En este momento el gobierno mexicano padece una alta penetración de corrupción de parte del crimen organizado y sería un peligro para nosotros los mexicanos que la policía tuviese mayores instrumentos y recursos para sus tácticas y sus operaciones”, alertó el obispo de Saltillo a los representantes del Ministerio del Interior alemán. Vera López pidió al gobierno encabezado por la canciller Angela Merkel, el que desde el 2010 negocia un acuerdo de colaboración policiaca entre los dos países, que antes de aceptar firmar convenios de cualquier tipo corrobore cómo la corrupción e impunidad se encuentra en los tres niveles de gobierno mexicanos y no sólo en el municipal y estatal como lo asegura el discurso oficial del presidente Peña Nieto. “En este momento, como se demostró en Ayotzinapa, la policía, el Ejército y el crimen organizado actúan conjuntamente en contra de los habitantes del país. Y el gobierno federal sabe que de parte de la sociedad civil no hay una conformidad con lo que están haciendo y se sienten inseguros. Y esa fuerza que le den ustedes a la policía no va a ir contra el crimen organizado sino contra nosotros”, aseguró el obispo de Saltillo. Las ocho mil firmas son el resultado de la campaña impulsada por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México que reiteradamente se ha pronunciado en contra de dicho acuerdo toda vez que, argumenta, en México no existen condiciones para una colaboración de ese tipo.
La visita en Berlín del obispo Raúl Vera forma parte de una gira de trabajo que comenzó el pasado viernes 30 de enero en Bruselas y concluirá mañana martes 4 de febrero en Berlín y que tiene por objetivo denunciar -ante miembros del parlamento europeo y alemán así como representantes de los gobiernos federales- la situación de los derechos humanos en el estado de Guerrero y, específicamente, el caso de Arturo Hernández Cardona, activista y campesino guerrerense desaparecido y asesinado el pasado 30 de mayo de 2013 presuntamente por órdenes del exalcalde de Iguala José Luis Abarca. FUENTE: PROCESO. AUTOR: YETLANECI ALCARAZ.
Ernesto Cordero cambia sesión en el Senado por el Super Bowl. Aunque dice que pidió permiso, el PAN analiza una sanción.
El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, anticipó ayer una posible sanción al senador Ernesto Cordero por “dañar la imagen del partido”. Cordero viajó este domingo a Phoenix para presenciar el Super Bowl, a pesar de que ese se realizaría la instalación del periodo ordinario de sesiones en el Senado. El senador fue captado por la televisión durante la realización del evento deportivo. Madero señaló que el PAN revisará si, con su actitud, el legislador federal es merecedor de una sanción disciplinaria. “Yo creo que es un tema que manda un mensaje muy inadecuado, es justo lo contrario a lo que los ciudadanos nos están pidiendo (…) Cualquier persona que no ayude a acercarnos a los ciudadanos dando estos mensajes es alguien que está haciéndonos un daño como partido político y al sistema político y a la democracia. “Vamos a investigar qué procede, pero sin duda es un daño a la imagen de los legisladores, del grupo parlamentario y de los senadores”, sentenció Madero. De comenzar un proceso sancionatorio contra Cordero, se sumaría al que se inició al interior del PAN contra el también senador Javier Lozano por sus declaraciones contra Madero. Ambos senadores pertenecen al grupo cercano al expresidente Felipe Calderón, antagónico a Gustavo Madero. 'Como cualquier mexicano’ Luego de que fue captado como espectador en el Super Bowl, sin acudir a la sesión de apertura de los trabajos del Congreso de la Unión, el senador Ernesto Cordero se defendió argumentando que acudió al espectáculo “como cualquier mexicano”. En entrevista radiofónica, el senador del PAN sostuvo que no asistió a la apertura del periodo ordinario de sesiones porque ahí no se discute nada. “Tú vas al Super Bowl, te pagas tu boleto como muchos mexicanos que estuvimos ayer en el estadio, y ya parece que tienes una casa escondida, que tienes conflicto de interés y te tratan como si fueras de lo peor, qué cosa. “La sesión de apertura del Congreso, a la cual claramente no asistí, a la cual pedí claramente que se me descontara el día, es una sesión que dura 10 minutos y donde, desde el orden del día, es claro que no se va a discutir absolutamente nada”, expresó. Cordero fue captado por las cámaras del canal Fox Sports en una toma dirigida hacia el público. Se encontraba acompañado de Juan Ignacio Zavala, el cuñado del expresidente Felipe Calderón. “El tema de que los servidores públicos no podamos tener una vida como la hacen todos los mexicanos, también me parece ya un exceso. “Como muchos mexicanos, nos gusta este jueguito, lo disfrutamos desde hace muchos años, lo practiqué de niño, me gusta mucho, y no, no tiene nada de malo”, dijo. Cordero explicó que viajó a Arizona el viernes pasado, cuando se realizaban todavía los trabajos de la plenaria de senadores del PAN, en Los Cabos, en cuyos trabajos no participó, pues ni siquiera acudió a la reunión inaugural en la que participaron Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, y los gobernadores de ese partido. Las polémicas de Cordero 1. Su declaración sobre la suficiencia de un salario de 6 mil pesos mensuales para cubrir las necesidades de las familias, lo dijo cuando fue secretario de Hacienda, en el sexenio de Felipe Calderón.
2. Fue seriamente cuestionado por los gastos realizados mientras fue coordinador de la bancada albiazul en el Senado. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Antes del episodio de Marcelo Ebrard reclamando derecho de réplica en el Congreso por el caso de la Línea 12, un grupo de perredistas acudió al líder parlamentario del PRI en busca de ayuda, pero terminaron por sentirse desairados.
Cuando la aprobación del informe de la Línea 12 fue inminente en el Congreso de la Unión, un grupo de diputados del PRD le envió al líder de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones, un documento en el que proponía suprimir los nombres de Marcelo Ebrard Casaubón y Mario Delgado Carrillo de la lista de recomendaciones. La idea de los perredistas, explica uno de los actores de dicha estrategia, era evitar que el nombre del ex jefe de Gobierno quedara inmortalizado en la lista de recomendaciones que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados hizo respecto al caso de la Línea 12 y las irregularidades detectadas durante su construcción. Les parecía agresivo el párrafo en el que aparecía el nombre de Ebrard asociado a la exigencia de que fuera investigado, junto con su exsecretario de Finanzas, Mario Delgado, y el director de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez. De ahí que la propuesta es que, si bien se mantuviera la solicitud de que fuera investigado, no se plasmara su nombre. Además de esa petición, los perredistas solicitaron al líder de los diputados priistas de San Lázaro posponer la tan anunciada sesión del domingo 1 de febrero, y así ganar tiempo para planear una estrategia que ayudara a sortear la situación al exmandatario capitalino. “Él (Manlio Fabio) dijo que lo estudiaría y pidió una hora aproximadamente para dar una respuesta. No habían pasado ni veinte minutos de la hora que había pedido Manlio cuando la sesión estaba en marcha”, detalló uno de los perredistas que participó en esa petición. Lo demás ya es historia. Ebrard protagonizó un escándalo al interior del Congreso. A gritos y fuera de sí, exigía su derecho de réplica, peleaba por hacer uso de los micrófonos y gritaba a los priistas el miedo que tenían por que él dijera su verdad. El brazo ejecutor En este episodio de la investigación en torno a la Línea 12, Ebrard y Manlio Fabio Beltrones comparten un personaje clave en su vida política: Óscar Arguelles, quien fuera director de Comunicación Social en el sexenio del perredista en el Gobierno del DF (GDF), hoy es el responsable de esa misma área en el Congreso de la Unión. A Arguelles se le ubica no sólo como uno de los servidores públicos del círculo más cercano del ex jefe de Gobierno, que una vez que terminó el mandato de Marcelo pasó a dirigir las estrategias de Comunicación Social de la Cámara de Diputados gracias al apoyo y aval que tuvo de Beltrones. Hoy desempeña un papel incómodo, pues su antiguo jefe acusa a Los Pinos y al PRI de orquestar una campaña en su contra con el tema de la Línea 12 para evitar que llegue a una diputación federal. En esa teoría del complot que refiere Ebrard, el sonorense sería el brazo ejecutor de aquella estrategia emanada desde presidencia. De acuerdo con lo programado, hoy se sube para votación ante el pleno de la Cámara de Diputados el informe que atribuye a Ebrard, Delgado y Horcasitas, la responsabilidad de lo que ocurre con la Línea Dorada. “No es material de aprobación. Sólo se debe presentar, se da por conocido y punto”, refiere uno de quienes se oponen a que Ebrard sea exhibido de esa manera. Camino al Congreso El pasado domingo que Marcelo llegó a la Cámara de Diputados, apoyado por los perredistas, en un intento por tomar los micrófonos y dar su versión de los hechos en torno a la Línea 12, se le vio con su exsecretario de Finanzas, Mario Delgado. Al ver a Ebrard y Delgado juntos en los pasillos, el diputado panista Jorge Sotomayor les cuestionó: “Órale, Marcelo y Mario juntos, por qué no trajeron a Horcasitas”, les soltó en referencia al exdirector de Proyecto Metro, a quien también se pidió que fuera investigado. La frase burlona del panista despertó el enojo del senador, quien de inmediato habría contestado: “y tú por qué no te trajiste a tu jefe, Joel Ortega Cuevas”. Los ánimos se caldearon desde ahí, relató el panista, a Ebrard y Delgado se le sumó el diputado local Adrián Michel, oficial mayor de Marcelo en el GDF. El personal de seguridad del Congreso intervino para evitar que se liaran a golpes y llevaron bajo resguardo al panista hasta su oficina. Cambiarán los trenes A un año de que el Consejo de Administración del Sistema de Transporte Colectivo Metro advirtiera el alto riesgo de que ocurriera un descarrilamiento en la Línea 12, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, declaró ayer que los trenes que se rentan a la empresa española CAF tendrán que cambiarse. Desde ese primer informe de febrero de 2014 donde el Metro declaraba que no podía garantizar la seguridad de los pasajeros, el tema de la problemática de la Línea 12 marcó para siempre a Ebrard y a Mancera, quien suspendió parcialmente el servicio de la obra. A un año, Mancera declaró por fin lo que era inevitable: sustituir el lote de trenes que hace pedazos las vías debido a la incompatibilidad. A ocho años de que Francisco Bojórquez, entonces director del Metro, le advirtió a Ebrard optar por trenes neumáticos, las consecuencias de no aceptar la recomendación ha costado millones de dólares al Gobierno del DF. Divide hasta al PAN Por Imelda García El debate sobre el informe en el que se culpa al ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de las fallas en la Línea 12 del Metro, dividió a los legisladores del PAN. Aunque la mayoría de ellos han permanecido ajenos al tema, al interior del PAN se mezclan dos posturas contrarias sobre el asunto.
Por un lado, una parte de ellos considera que el PRI está haciendo un uso político de la justicia al intentar fincar responsabilidades penales a Ebrard y frenar así su camino hacia una diputación federal. Un grupo de legisladores federales del PAN, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha expresado la necesidad de que Ebrard comparezca ante quienes lo acusan, pues tiene derecho a defenderse. Uno de ellos es Fernando Rodríguez Doval, quien forma parte de la Comisión Especial y uno de los pocos que no levantó la mano en la votación del informe presentado por los priistas. “Acción Nacional ha insistido desde que se dieron a conocer las fallas en la Línea Dorada en que el ex jefe de Gobierno debe acudir ante los legisladores para dar su versión de los hechos. “En este informe preliminar, del que se conoció su existencia primero por los medios de comunicación, responsabiliza a Marcelo Ebrard, pese a que nunca se conoció su versión de los hechos de forma oficial y formal”, afirmó Rodríguez Doval. Por otro lado, hay quienes consideran que Ebrard es quien tiene que pagar por los errores o las omisiones que llevaron a la falla y al cierre de buena parte de la Línea Dorada. “Y lo que yo les preguntó: Mario Delgado y Ebrard, ¿qué problema tienen en que se les investigue? Si no tienen culpabilidad, si no tienen responsabilidad, que se les investigue”, expresó el diputado Jorge Sotomayor. Anunció, incluso, que de aprobarse el informe contra Ebrard comenzará el proceso de desafuero contra Delgado, para que se le pueda iniciar el proceso judicial.
El PAN, sin embargo, no ha emitido un posicionamiento oficial sobre cuál será la postura que tomarán sus legisladores respecto a este tema. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ICELA LAGUNAS.
MONTERREY, N.L: Aldo Fasci Zuazua, quien se desempeñaba como dirigente del PRI en esta capital, renunció ayer al partido tras 24 años de militancia. Argumentó que su renuncia se debe a que el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz se adueñó del instituto político al imponer a los candidatos para la próxima elección. El periódico El Norte informa que Fasci envió una carta a la dirigencia estatal tricolor en la que expresa: “Me duele y mucho el trato político que se le ha dado a miles de compañeros que han trabajado por el partido, que se han roto el lomo por él y que ni siquiera son tomados en cuenta en el proyecto electoral del PRI. Duele escuchar la molestia de cuadros distinguidos, sectores y organizaciones que han sido maltratados políticamente con poses autoritarias y soberbias por parte del partido”. Para este proceso electoral, a Fasci Zuazua se le mencionaba como posible candidato a la alcaldía de Monterrey, posición que fue otorgada al exprocurador estatal Adrián de la Garza Santos, quien es uno de los hombres más cercanos a Medina. En su renuncia, Fasci expresó su inconformidad con la forma en que se le ha permitido al gobernador designar prácticamente todas las posiciones importantes del partido, pues incluso Ivonne Álvarez, la abanderada para la gubernatura, fue impulsada por él. “No estoy de acuerdo, ni lo estaré con el hecho de que una sola persona, Rodrigo Medina, esté imponiendo a todos los candidatos del partido y menos que esté jugando en ese ejercicio con la equidad de género, otorgándoles a las mujeres distritos históricamente perdidos. Rodrigo Medina será el primer priista en el Estado, pero no es el dueño del partido, ni tiene derecho a imponer su voluntad sobre los demás”, expresó. Cuestiona la manera en que Medina de la Cruz colocó en las posiciones importantes en funcionarios afines, con lo que tuvo que renovar prácticamente todo su gabinete.
“¿Con qué cara podemos criticar el chapulineo? ¿Con qué argumentos podemos exigir que no se use el aparato de gobierno en favor de los candidatos? Ni la soberbia, la opacidad, la incongruencia, como tampoco las decisiones autoritarias y cupulares ayudan al partido, ni al gobierno y mucho menos a Ivonne Álvarez”, remata. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
PETAQUILLAS, Gro: Habitantes de esta comunidad bloquearon la carretera federal México-Acapulco y retuvieron a un centenar de soldados, pertenecientes a la tercera brigada de fusileros paracaidistas, quienes pretendieron instalar un retén en este lugar donde la policía comunitaria asumió el control de la seguridad desde hace tres días. Los inconformes reprocharon la actitud de las autoridades castrenses que decidieron sitiar el poblado vecino de la capital de la entidad, en lugar de realizar un operativo en los municipios vecinos de Mochitlán y Quechultenango para desmantelar la estructura del grupo criminal de Los Ardillos, que dirige la familia del presidente del Congreso local, el diputado local perredista y candidato a legislador federal, Bernardo Ortega Jiménez. “El problema no es en el corredor Petaquillas-El Ocotito donde opera la policía comunitaria, sino en la ruta que lleva al municipio de Quechultenango, donde la delincuencia se pasea impunemente; ahí es donde se requiere la presencia militar”, expresó uno de los líderes de este movimiento social. Cerca de las 16:00 horas, los vecinos del lugar reportaron que un convoy de patrullas militares, donde se desplazaba un grupo de fuerzas especiales del Ejército, transitaba sobre el carril sur-norte de la vía federal con dirección a este poblado vecino a la capital de la entidad. Enseguida, repiquetearon las campanas de la iglesia y los pobladores respondieron al llamado bloqueando el paso a los militares, pues suponen que el despliegue castrense es para desarmar a la policía comunitaria que desde el sábado 31 de enero asumió el control de la seguridad en Petaquillas. Esta situación provocó minutos de tensión, debido a que los inconformes replegaron al grupo de élite castrense en medio de gritos e insultos en contra del Ejército.
“Así hubieran respondido cuando les llamaban para combatir a los delincuentes”, increpó un grupo de mujeres a los militares.
Los habitantes reprocharon la reacción del Ejército ante el surgimiento de la policía comunitaria en este lugar y lamentaron que las autoridades, en lugar de combatir la delincuencia, pretendan desarmar y confrontar a la población que se organiza para defender su vida, patrimonio y pueblo. Luego los dirigentes del movimiento social de Petaquillas entablaron comunicación vía telefónica con el comandante de la 35 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, y le plantearon el retiro de las tropas militares de este poblado y el cese del hostigamiento en contra de la policía comunitaria, pues ya no confían en el Ejército y las corporaciones policiacas porque fueron señalados de estar coludidos con el narco. Además, exigieron que el Ejército se enfoque en atacar la estructura de la banda de Los Ardillos, señalados como los responsables de la ola de violencia que se vive en este corredor de la región Centro, considerado como estratégico en la geografía del narco en la entidad. También dijeron a Gámez Segovia que la policía comunitaria, en menos de 36 horas, desmanteló una célula delincuencial que operaba en Petaquillas y decomisó más de 39 kilogramos de mariguana que transportaban en un autobús de transporte público procedente del poblado de Colotlipa, municipio de Quechultenango, y considerado como bastión de la banda de Los Ardillos. En respuesta, el general de división rechazó la postura de los pobladores y sostuvo que la presencia militar en la zona tiene como objetivo desplegar un operativo de seguridad y evitar la expansión de “gente armada”, en referencia a la guardia comunitaria que opera desde el valle de El Ocotito a la capital de la entidad. La actitud del jefe militar provocó la molestia de los pobladores, quienes decidieron mantener el bloqueo a la vía federal y retener al grupo de fuerzas especiales del Ejército que, desde las 16:30 horas, se mantiene a la altura del puente vehicular que cruza el río Huacapa, ubicado a 300 metros al sur de la comunidad de Petaquillas.
Los coordinadores de la policía comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg) también informaron que en apoyo a la acción de los pobladores de Petaquillas, habitantes de otras comunidades salieron a bloquear la misma vía federal a la altura los de los poblados de Mazatlán, El Ocotito y Tierra Colorada.
El bloqueo de la vía federal que conecta el centro del país con el puerto de Acapulco mantiene varados a cientos de automovilistas, mientras que otros ciudadanos han optado por caminar cargando maletas por el sinuoso camino de asfalto. Hasta las 20:00 horas, los pobladores mantenían la obstrucción de la carretera y exigían la presencia de autoridades estatales para dialogar y destrabar el conflicto que tiene su origen en la decisión de los habitantes de Petaquillas de confrontar directamente a la delincuencia ante la omisión de las autoridades. No obstante, los inconformes se mantienen flexibles y permiten el paso de personas de edad avanzada y enfermas para evitar una confrontación con los afectados por el bloqueo.
Paradójicamente, el priista Mario Moreno Arcos, señalado por sus presuntos nexos con el narco y permitir que las bandas delincuenciales operen impunemente, solicitó licencia al cargo de alcalde de Chilpancingo para buscar la candidatura de su partido al gobierno estatal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: Mientras en España se le ha desenmascarado y en Francia ha comenzado la fase de reclutamiento, a través de Bernando Vázquez Perdomo, la organización ultraderechista El Yunque aprovecha en México que Enrique Peña Nieto está “en su peor momento”, como dice Lorenzo Servitje –uno de sus empresarios modelo–, para retarlo y ver qué saca. El marco del desafío –y al mismo tiempo un giño– fue la peregrinación anual de miles de jóvenes al cerro del Cubilete, en Guanajuato, este sábado 31 de enero, al término de la cual el presidente del movimiento Testimonio y Esperanza –uno de los organismos fachada de la organización secreta–, Víctor Fernando León López, leyó una proclama con un destinatario claro: El presidente de la República. Frente al nuncio apostólico, Christophe Pierre, quien ofició una celebración eucarística; del arzobispo emérito de León, José Guadalupe Martín Rábago, y el obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz –que tanto saben de las andanzas de El Yunque–, el presidente del movimiento que fundó Marco Antonio Adame, exgbernador de Morelos y estratega de Gustavo Madero, exclamó: “Ya basta de autoridades que se autoengañan y nos quieren engañar esperando que creamos que hay paz cuando no es así; de vivir con miedo permanente en un país en el que es peligroso ser sacerdote, reportero, deportista, empresario o simple ciudadano. “Basta de políticos que, con impunidad, olvidan su obligación de servir a los ciudadanos para servirse del poder. Basta de autoridades que hablan de honestidad y viven de la corrupción; de gobernantes cuyo estilo de vida es totalmente ajeno a la población que representan.” Un pronunciamiento así es irreprochable, pero omitir la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa –jóvenes como ellos– revela la impostura de El Yunque, que mueve los hilos de Testimonio y Esperanza, a la que no pertenecen todos los miles de jóvenes que hacen la peregrinación ni pertenecen, obviamente, a la organización secreta. Justamente en el Cubilete fueron asesinados, hace 40 años, dos jóvenes de esa organización secreta y los crímenes siguen impunes, lo mismo que el de su fundador, Ramón Plata Moreno, y los del jefe en Jalisco, Jorge Kafópoulos y su hijo Cristos, de 10 años. Si El Yunque abjura de sus muertos, algo busca con su desafío a Peña, sobre todo si omite el atroz caso de los 43 jóvenes y si condena las movilizaciones que exigen justicia, en una posición expresada en todos los ámbitos de la derecha partidaria, patronal, académica y mediática. Sobre todo cuando, sin dejar de explicitar la principal demanda de la Iglesia católica –“basta de violencia contra los seres humanos más indefensos, los que están en el vientre materno”–, el portavoz de El Yunque tiende un puente a Peña: “Hacemos un voto de confianza con la firme esperanza de que las exigencias que hoy hacemos a nuestras autoridades sean atendidas”. Apenas en noviembre se produjo una reunión del mando nacional de El Yunque con sus regionales y estatales. Uno de los temas que se discutió fue la supuesta enfermedad que padece Peña, presuntamente confirmada por miembros de la organización que está en el entorno presidencial. Este desafío a Peña es, en realidad, estirar la mano. Marchar juntos. También El Yunque está en su peor momento… Apuntes
Justamente sobre la crisis de El Yunque: En España, la justicia ha desenmascarado a la organización secreta, que hasta la iglesia repudia. Y en Francia se identifica como el fundador a Bernardo de Jesús Vázquez Perdomo, hijo de Raúl Vázquez Osorio, exsecretario particular de Carlos Abascal… FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS).
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