El campo más fértil para la corrupción son los megaproyectos, que entran dentro de la mal llamada “obra pública”. Mal llamada porque gran parte de estos megaproyectos no son de utilidad pública, son innecesarios, son suntuarios y desvían recursos que deberían estar dirigidos a resolver situaciones críticas que enfrenta la sociedad. En México hemos visto cómo constructoras de capital nacional, como Grupo Higa, crecen aceleradamente a la sombra de funcionarios públicos, a los que deberíamos llamar “servidores privados”. Al igual, empresas constructoras del extranjero han llegado a México en crisis financiera con “bonos basura” y al amparo de relaciones políticas han recibido jugosos contratos, como la española OHL. Gobiernos del PRI, del PRD y del PAN han establecido estos contratos que responden más a oscuros intereses que a análisis públicos y transparentes de qué es lo más urgente atender. El caso del proyecto del llamado tren bala México-Queretaro, pospuesto de manera indefinida como parte del ajuste presupuestal, es un buen ejemplo. No existió ningún análisis público, transparente, que identificara que era una prioridad desarrollar un proyecto para dar servicio a solamente 25 mil pasajeros diarios con una inversión de alrededor de 50 mil millones de pesos. Para el Banco Mundial este tipo de proyectos requieren una demanda de mínimamente 150 mil pasajeros diarios para ser rentable. Lo que se configuraba aquí era un fraude ya que el proyecto más que garantizar cubrir una necesidad, lo que garantizaba era un subsidio permanente del Estado a la empresa constructora y administradora del tren bala. Si uno analiza cuáles son los mayores problemas de movilidad en el país, destaca el colapso vial de las grandes ciudades. Las principales arterias se están atrofiando bajo un modelo que ha dado preferencia al automóvil particular sobre el transporte público. El cuerpo urbano, con sus principales arterias atrofiadas, entra en colapso. El caso extremo es el de la ciudad de México donde el crecimiento del parque vehicular está provocando que en las horas pico, cada vez más prolongadas, nos vamos a una velocidad menor que la de las carretas. Actualmente la velocidad promedio de los vehículos en la zona metropolitana es de 12 kilómetros por hora (km/h) una caída dramática en la velocidad si consideramos que en 1990 era de 40 km/h. La reducción de la velocidad se debe al aumento del parque vehicular, en 1990 había 2 millones de vehículos, para el 2014 llegamos a más de 5.5 millones. Actualmente, los habitantes del Distrito Federal ocupan 2 horas diarias en transportarse y los que transitan en la zona metropolitana, entre la zona conurbada y el D.F,. destinan alrededor de 5 horas diarias a trasladarse. Las proyecciones a futuro son más graves, se estima que para el 2030 el parque vehicular ascienda a 9.5 millones de vehículos. Hay que destacar que solamente el 20% de la población realiza sus viajes en automóviles y el restante 80% en transporte público. La mayor parte de la ocupación vial es responsabilidad de los automóviles. Todo mundo paga el costo en tiempo, contaminación y calidad de vida que representa el congestionamiento vial, aunque su responsabilidad sea mucho menor. ¿Qué pasaría si invirtiéramos los 50 mil millones de pesos del proyectado tren bala en un sistema de transporte público que ahorrara tiempo a los usuarios?, ¿qué si invirtiéramos en un sistema que no requiriera subsidio permanente, como lo requiere el metro, para no sacrificar los recursos públicos, y que fuera un sistema de transporte público que atrajera a usuarios de automóvil, es decir, que lograra que un porcentaje importante de usuarios de automóvil dejaran su vehículo estacionado?. El sistema de transporte público que mayor porcentaje de propietarios de automóvil desplaza, que reduce los tiempos de traslado y que no requiere subsidios, es el llamado internacionalmente Bus Rapid Transport (BRT), y que conocemos en México como Metrobus. No piense usted en la línea 1 de Metrobus del D.F. que está totalmente saturada. Su saturación tiene que ver con su éxito, en 5 años se duplicó la cantidad de pasajeros que se trasladaban por Insurgentes. La saturación es culpa de las autoridades que no han desarrollado más líneas paralelas en la dirección sur-norte-sur. Una amplia red de BRT por toda la ciudad, como la que prometió Marcelo Ebrard (200 kilómetros) y no cumplió, daría una idea de la eficiencia del sistema. Sabemos que en nuestro país es común que los buenos proyectos se queden a medias. Con la misma inversión proyectada para el tren bala y que cubriría la demanda de 25 mil pasajeros, se podrían construir 26 corredores de BRT de alta calidad distribuidos en las principales arterias de Monterrey, Guadalajara, la Zona Metropolitana del valle de México y Puebla, beneficiando a 4 millones de usuarios diariamente, reduciendo sus tiempos de traslado y las pérdidas económicas que esto genera. Y por supuesto, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos Se ha calculado que en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México el total de las pérdidas económicas por fallas en la movilidad llega a los $33 mil millones de pesos anuales, en Guadalajara asciende a los $12 mil millones, Puebla pierde $5 mil millones y Monterrey tiene una pérdida anual por de $8 mil millones de pesos. Se debe tomar en cuenta que la circulación en estas ciudades puede llegar a los 6 km/h en horas pico, lo cual pone en riesgo la competitividad y desarrollo de estas urbes. Además, resolver la movilidad en las principales vialidades de las grandes ciudades del país, como la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey, contribuye a bajar los niveles de exposición a contaminantes que generan daños en salud y altos costos, ya que el principal causante de la contaminación es el alto volumen y uso indiscriminado de automóviles particulares. Cabe destacar que cada línea BRT debe estar acompañada de proyectos de calle completa, redes de infraestructura cilcista, seguras y homogéneas, ampliación del sistema de bicicleta pública, mejoramiento de la accesibilidad universal, mayor seguridad vial, recuperación de espacio público y revitalización urbana. Cada kilómetro de BRT cuesta 5 millones de dólares, contra 20 millones de dólares de un sistema de tren ligero, 50 millones para un tren suburbano y 100 millones de dólares por kilómetro para un sistema de transporte colectivo o Metro, estas últimas modalidades demandan subsidios muy elevados a la tarifa, tal como sucedería de por vida con el tren de alta velocidad México-Querétaro.
Mientras el país se mantiene inmerso en la crisis política y social es necesario vigilar a dónde van nuestros recursos y exigir que se destinen a cubrir las necesidades de la gran mayoría a través de procesos transparentes. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ALEJANDRO CALVILLO (OPINIÓN). LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/03-02-2015/31416.
MÉXICO, D.F: La justicia federal dictó auto de formal prisión en contra de los dos detenidos hasta ahora por el millonario fraude a los ahorradores de Ficrea. El juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declaró formalmente presos al notario público 17 del Edomex, Alfredo Caso Velázquez, y al director jurídico de Ficrea, Aldo Reséndiz, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hasta ahora son los dos únicos procesados, dentro de la causa penal 100/2014, por el desfalco a los ahorradores de esa sociedad financiera popular, intervenida en noviembre del año pasado. Según la acusación, ambos participaron en el desvío de 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores. Su dueño, Rafael Antonio Olvera Amezcua, sigue prófugo a pesar de la ficha roja emitida por Interpol y de la profusa información que ha surgido sobre sus inversiones en Miami y España. Caso Velázquez y Reséndiz quedaron a disposición del juez el pasado 22 de enero, radicado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como El Altiplano, en el municipio de Almoloya, Estado de México. El delito por el que se les acusa está sancionado en el Código Penal Federal en la hipótesis de al que por sí o mediante un intermediario enajene e invierta recursos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o a quien adquiera bienes con conocimiento de que son producto de una actividad ilícita. Los dos detenidos rindieron su declaración preparatoria y solicitaron duplicidad del término constitucional. Al notario se le dictó formal prisión como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su calidad de auxiliador.
En el caso del asesor jurídico se le declaró formalmente preso por su probable responsabilidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su calidad de coautor. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, admitió que Grupo Higa, contratista del gobierno federal, le otorgó un crédito especial para pagar la casa que le vendió. Después de que en diciembre pasado el periódico The Wall Street Journal difundiera que Grupo Higa vendió a Videgaray una residencia en el fraccionamiento-club de golf en Malinalco, el funcionario dio más detalles en entrevista con Milenio: “Incluso reveló que la casa que compró a crédito a la inmobiliaria fue pactada a una tasa de interés de 5.31 por ciento; y además ofreció un dato nuevo: ‘Tengo un arrendamiento con esta empresa inmobiliaria, es algo que no se ha hecho público, el terreno de al lado es un terreno que no está ocupado, que tiene pasto y lo estoy rentando mientras esté así’”. De acuerdo con la información difundida por el WSJ, la operación de Videgaray con Bienes Raíces H&G ascendió a 532 mil dólares (unos 7 millones de pesos) y se concretó gracias a un financiamiento por 18 años. En la entrevista con Milenio, Videgaray se dedica a hablar de la importancia de combatir el conflicto de interés en la función pública:
“En México no tenemos tan desarrollado ese marco para prevenir el conflicto de interés; creo que el Congreso de la Unión tiene una magnífica oportunidad en este marco para discutir este tema. Creo que sería muy sano en este caso y otros de la misma naturaleza que ha habido en los medios de comunicación, que haya una investigación independiente, pero lo más positivo para el país es que existan estas modificaciones a la ley, que haya mucho más rubros con nuestro marco en materia de conflicto de interés”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Gobierno del Distrito Federal se reunirá este martes con alrededor de 300 trabajadores del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa para hablar sobre su situación administrativa y reubicación en otros nosocomios y centros de salud de la red de la Ciudad de México, luego de la explosión del jueves pasado que dejó inoperable la unidad. Armando Ahued, secretario de Salud del gobierno capitalino, informó que en la reunión se definirá “a qué unidades se van a ir a trabajar. Tenemos centros de salud, la jurisdiscción, otros hospitales de la red. El chiste es que estén tranquilos con el tema de su sueldo, sus incapacidades a los que resultaron heridos”. En entrevista –luego de la presentación de una campaña en contra del pie de atleta–, aseguró: “ningún trabajador será obligado a irse a donde nosotros queramos, sino (será) en un convenio y acordado con ellos”. Sobre las declaraciones de integrantes de la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadores sociales y Terapistas Rehabilitadores Físicos, en el sentido de que la explosión pudo haber dañado a más trabajadores debido a la proximidad del cambio de turno, Ahued Ortega aseguró que es “una desinformación”. Y confirmó que sólo hubo tres decesos: el de una enfermera y un bebé que murieron en el lugar y el de otro menor que falleció en el hospital. El secretario de Salud actualizó la cifra de heridos por el estallido. Dijo que este martes descendió a 20 el número de hospitalizados, pues otro lesionado ya fue dado de alta esta mañana. Ayer por la noche se reportaron 21. De ese total, 10 permanecen estables y se prevé su egreso hospitalario durante las próximas 24 a 48 horas. De los otros diez lesionados, dijo que se encuentran graves. De ellos, cuatro son niños: el que fue trasladado a Galveston, Texas, y los tres que permanecen en el Hospital ABC de Santa Fe. A propósito de los pacientes que han egresado, dijo que “prácticamente todos” se han ido con apoyo psicológico, incluso tanatológico. Además, quienes deben asistir a terapias diarias, se les apoya con el traslado en ambulancias de la Sedesa, insumos y medicamentos. Reiteró que ningún paciente pagará un peso por su hospitalización, ya que ésta la cubre el seguro del hospital mientras se resuelve la posible responsabilidad de la empresa Gas Express Nieto. Ahued Ortega adelantó que el gobierno del DF prepara una ceremonia de reconocimiento para las enfermeras, policías, bomberos y demás trabajadores del hospital que ayudaron a evacuar a los pacientes y evitaron que la tragedia fuera mayor.
“Es muy importante reconocer a enfermeras como Isabel y como Reina. Isabel se pudo haber salido, estaba en un quirófano, había tres pacientes y en ese momento decidió que había que ayudarlos y no importaba exponer si vida. Igual Reina, hay héroes, policías, bomberos, gente que hay que reconocer por su voluntad como servidores públicos que cumplieron con su responsabilidad y expusieron su propia vida. Y eso hay que premiarlo, reconocerlo, aplaudirlo”, aseguró. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SARA PANTOJA.
Es "irresponsable que se aventuren a decir que no es cierto el número de heridos y muertos", considera el secretario de Salud del DF.
La información sobre los muertos y heridos, por la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa el pasado jueves, ha sido “puntual y clara”, “no se ha ocultado nada”, aseguró el secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, en entrevista para la primera emisión de Noticias MVS. Esto, luego de que la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadoras Sociales y Terapistas Rehabilitadores Físicos (AIGETT), acusó a las autoridades del Distrito Federal de informar parcialmente, sobre el número de personas que fallecieron. Ante ello, el secretario de Salud precisó que “los muertos son los que se encontraron” entre los escombros, es decir 2 -una mujer adulta y un bebé-, además de la bebé que murió horas después. Ahued indicó que el jueves pasado “iba a entrar el nuevo turno, (pero) 121 gentes no alcanzaron a entrar, se quedaron afuera”. Además, consideró que es “irresponsable que se aventuren a decir que no es cierto el número de heridos y muertos”, porque “desinforman a la sociedad”.
Precisó que este martes se encuentran hospitalizados 20 personas, 11 adultos y 9 niños, de las cuales, 10 permanecen graves. ENTREVISTA:
Debe entregar versión pública de los expedientes de averiguación previa números PGR/FEMOSPP/011/2002 y PGR/FEMOSPP/002/2002, en donde se consignaron varias personas por el delito de genocidio, incluido el ex presidente Luis Echeverría.
El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Procuraduría General de la República que entregue una versión pública de los expedientes de dos averiguaciones previas por delitos de genocidio en 1968 y 1971 contra varias personas, incluido el expresidente Luis Echeverría. En respuesta a la solicitud de un particular, la PGR declaró inexistentes los expedientes de ambas averiguaciones, argumentando que éstas fueron consignadas a juzgados federales. El ciudadano se inconformó con esa respuesta, e interpuso UN recurso de revisión ante el IFAI, a quien el sujeto obligado reiteró su respuesta. En el análisis del recurso, el comisionado ponente Joel Salas Suárez explicó que existen recursos de revisión anteriores sobre las mismas averiguaciones previas. Recordó que previamente el Ifai instruyó a la PGR entregar versiones públicas de los expedientes. Además, se identificó que el Ministerio Público, y por tanto la PGR, está obligado a conservar copia por duplicado de las actuaciones en sus archivos. Por votación unánime de los comisionados, el pleno del Ifai revocó este martes la respuesta de la PGR y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas las unidades administrativas competentes, a efecto de entregar versión pública de los expedientes de averiguación previa números PGR/FEMOSPP/011/2002 y PGR/FEMOSPP/002/2002, en donde se consignaron varias personas por el delito de genocidio, incluido el ex presidente Luis Echeverría. Cabe recordar que en noviembre de 2001 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), misma que en 2004 solicitó órdenes de aprehensión por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez y el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, además de otras 10 órdenes (por homicidio calificado y lesiones) contra responsables de la matanza del 10 de junio de 1971. Entre ellas, se insertan las averiguaciones previas a las que se hace referencia en este caso. “Los movimientos (de 1968 y 1971) permanecen en la memoria de los mexicanos… como un recordatorio permanente para garantizar los derechos fundamentales. En temas de crímenes contra la humanidad, genocidio y violación de derechos humanos, se debe privilegiar el principio de máxima publicidad… Incumplir con lo señalado en la Ley Federal de Transparencia, declarando inexistente información fundamental, es desconocer o negar episodios constitutivos de nuestra historia… se mina la confianza ciudadana en el Estado mexicano, efecto que urge revertir ante el contexto actual”, comentó el comisionado Salas.
De acuerdo con el comisionado ponente Joel Salas Suárez, la respuesta ofrecida anteriormente por la PGR es un ejemplo más de una práctica recurrente del sujeto obligado ya que, tan solo en 2014, la PGR alegó inexistencia en el 11% de las solicitudes de información recibidas y se ubicó entre los primeros cinco sujetos obligados ante los que se interponen más recursos de revisión, con 212 recursos. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
El legislador panista defendió nuevamente su ida a EU para ver la final de la liga de futbol americano: "no afecté absolutamente nada el trabajo del país ni el trabajo legislativo".
Un día después de que el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, dijo que se investigará la asistencia del legislador Ernesto Cordero a la final del Super Bowl, en Estados Unidos; éste calificó el hecho como una “revancha política”. En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, el senador panista dijo que la investigación que planteó Madero en su contra –basada en los estatutos y documentos doctrinales de Acción Nacional– es una “venganza”. “La mentalidad del presidente del PAN, Gustavo Madero, es o estás con él o estás contra él”, agregó. “No afecté absolutamente nada el trabajo del país ni el trabajo legislativo por no haber asistido a reunión protocolaria”, dijo Cordero en entrevista radiofónica este martes 3 de febrero. Ayer 2 de febrero, Cordero tuiteó: “@gustavomadero es la corrupción, los moches y otras conductas no panistas lo que deberías estar investigando“. Madero no respondió. También en el noticiero de Gómez Leyva, este lunes, Cordero dijo que “en la sesión de 10 minutos de ayer era “claro que no se iba a discutir absolutamente nada, yo tomé esa decisión, pedí que se me descontara el día, tengo el 98.4 por ciento de asistencias al Senado y nadie me invitó, yo pagué mi boleto,compré mi boleto desde hace muchos meses, yo pagué mi hotel, yo pagué mi avión, ahora sí que nos cayó la fama inesperadamente”. El Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura inició este domingo 1 de febrero con la ausencia de 251 de los 628 legisladores, debido a que pidieron licencia, estuvieron en algún evento deportivo o solicitaron permiso.
La sesión de Congreso General comenzó luego de confirmarse la ausencia de 46 de los 128 senadores (sólo asistieron 82) y de 205 de los 500 diputados (295 sí pasaron lista). FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
La agencia Reuters reportó que el consorcio pedirá una indemnización, debido a que el gobierno mexicano canceló en dos ocasiones la licitación para construir el tren rápido.
La constructora China Railway Construction Corp (CRCC) prevé pedir al gobierno mexicano una compensación, luego de que éste anunció la suspensión de la construcción del tren México-Querétaro, cuyo presupuesto estaba estimado en unos 3 mil 750 millones de dólares, informó Reuters. De acuerdo con el reporte de la agencia internacional de noticias, la empresa china –que participó en la licitación para construir el que sería el primer tren de alta velocidad en el país– no detalló cuál sería el monto. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la principal agencia de planificación económica de China, en un comunicado aparte también instó a México a “lidiar de manera adecuada con la enorme mano de obra y dinero que las empresas chinas invirtieron en la licitación del proyecto”. China Railway participó en al menos una licitación lanzada por el gobierno mexicano. En la primera, México la canceló para evitar generar dudas. En enero de este año, lanzó nuevamente las prebases; sin embargo, días después anunció la suspensión de la construcción debido a un recorte en el presupuesto. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó este lunes 3 de febrero algunas precisiones sobre la cancelación del tren:
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza, estando en acuerdo con el C. Presidente de la República, el pasado 6 de noviembre, propuso dejar sin efecto el fallo de la licitación arriba mencionada, en ejercicio de las facultades que la ley de la materia otorga a la dependencia.
El titular del Poder Ejecutivo Federal manifestó su conformidad con la propuesta del Secretario del Ramo.
En virtud de que lo anterior se llevó a cabo en forma presencial, no existe documento en el que se haya hecho constar lo anteriormente referido.
Funcionarios cercanos al caso explicaron a Animal Político que algunos de los militares involucrados contradicen las versiones de los hechos pues declaran que al menos 50 soldados y dos generales estaban al tanto de lo ocurrido en la bodega de Tlatlaya.
Los siete militares involucrados en el caso Tlatlaya, donde presuntamente ejecutaron a supuestos integrantes del crimen organizado, declararon que al menos dos generales fueron informados de lo ocurrido ese día. Sin embargo, los soldados modificaron sus declaraciones cuando recibieron la instrucción de despedir a sus abogados y aceptar sólo la representación de los abogados de oficio, designados por la propia Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con sus primeras declaraciones, también dijeron que una vez ocurridas las ejecuciones recibieron la orden de cercar el lugar de los hechos para impedir la entrada de cualquier autoridad civil. Funcionarios cercanos al caso explicaron a Animal Político que algunos de los militares involucrados contradicen las versiones de los hechos pues declaran que al menos 50 soldados y dos generales estaban al tanto de lo ocurrido en la bodega de Tlatlaya. Otros testimonios detallan que minutos después de matar a las 22 personas que se encontraban en la bodega se dio una orden de “tender un cerco en los alrededores del municipio de Tlatlaya para evitar que cualquier civil o autoridad local llegara.” Estos cercos, de acuerdo con dos testimonios ofrecidos en el juzgado primero de distrito en materia penal del Distrito Federal, sirvieron para evitar que los Ministerios Públicos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México llegaran a tiempo a ver el lugar de los hechos. Uno de esos testimonios detalla cómo en uno de los puntos del cerco militar se pidió a las 10 de la mañana a los ministerios públicos no avanzar debido a que los enfrentamientos aún continuaban, esto pese a que desde hacía horas ya habían terminado. Parte de estos testimonios forman parte de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la reclasificación de su expediente. En los expedientes del juzgado hay dos declaraciones de militares que señalan que la orden fue colocar retenes en los alrededores para “dar tiempo a que los compañeros verificaran y dejaran lista la escena del crimen”. Uno de estos retenes colocados por los militares se ubicó en el poblado de San Pedro Limón, lugar en el que se dio la orden de presionar a las tres mujeres rescatadas para que modificaran sus versiones. Tras estas declaraciones y versiones distintas, desde hace semanas los siete militares tomaron la recomendación de solo tener abogados de oficio. Ante las distintas versiones que tiene la autoridad se sigue investigando los motivos por los cuales los agentes del ministerio público fueron avisados a las dos de la madrugada del enfrentamiento y llegaron a la bodega hasta las 12 del mediodía. En tanto, hasta el pasado fin de semana ya han sido reclamados 19 de los 22 cuerpos de las personas que murieron el 30 de junio en Tlatlaya. Los tres que no han sido reclamados continúan en instalaciones del Servicio Médico Forense del Estado de México Por otra parte, esta semana un juez federal deberá determinar si le otorga un amparo al Coronel Raúl Castro Aparicio, quién horas después de los hechos llegó a Tlatlaya y por la tarde certificó la versión de que había sido un enfrentamiento.
El coronel solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión pese a que autoridades federales y militares negaron que existiera un mandato en su contra. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE
Mirrey es el “síntoma de una forma de ser que se nos ha instalado en este país, de un régimen amoral”, sentenció el periodista Ricardo Raphael, autor del libro: “Mirreynato: La otra desigualdad”. En entrevista para Aristegui CNN, expuso que su obra no trata “sobre los mirreyes sino sobre el régimen que los auspicia. Es un tratado sobre este mirreynato, que parece nombra muy bien a esto que no fue democracia, íbamos hacia el régimen de la democracia, no fue. Y lo que tenemos es este impasse (punto muerto o situación a la que no se encuentra salida) muy raro, que denomino mirrreynato, que tiene sus propias características”. Señaló “que el régimen de los mirreyes tiene como elemento un individuo que es impune, puede actuar y cree que no va a pagar consecuencias, y normalmente tiene razón. Es un individuo que es muy ostentoso, le encanta la moda, las casas, los coches, todos los días tenemos un meme nuevo en las redes contándonos un hecho de ostentación”. “Para pagar impunidad se necesita mucho dinero, entonces la corrupción ayuda a pagar; es impune, ostentoso y corrupto, es un tipo que goza discriminando, parte de su esencia es la discriminación, es profundamente desigual, se beneficia del elevador descompuesto en México: como nació hasta arriba, no cae, y sabe que los de abajo no van a subir. Y la educación lo tiene sin cuidado, sabe que ir a la escuela es un buen lugar para obtener conocidos, no conocimiento”, expuso. La mayoría de los políticos “hoy quisieran ser mirreyes y lo más pronto posible, están dispuestos a corromperse y a ofrecer impunidad a cambio de volverse parte de la elite económica”, consideró. Se refirió al comportamiento de algunos funcionarios públicos, como el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco: “vas a tener el Güero Cachetadas , que es un típico mirrey, estrategia mediática, mucho dinero, corrupción alrededor. Vas a encontrarlos en el nivel municipal, estatal y muchos en el gobierno federal y en los partidos, sería impensable el mirreynato, sin el mirrey político”. El periodista recordó que “hay un problema serio de desigualdad ligado a la corrupción, sólo los que tienen esas conexiones se benefician de la corrupción y por lo tanto tienen dinero para mandar a sus hijos a esas escuelas donde adquieren conocidos o vivir en esas colonias donde van a ser más conocidos”.
“Desde luego, los que no tienen acceso a esos niveles de corrupción, van quedando marginados. En realidad lo que hay que ver es el sistema en su conjunto, donde impunidad, corrupción, ostentación, desigualdad, discriminación están conectados, son parte de un mismo problema, y yo diría parte de un mismo sistema, por eso el llamado sí es a derrocar ese sistema”, finalizó.
En los últimos años, "no tuvimos el crecimiento económico que se quería", indicó Samuel García. Por su parte, Jorge Chávez Presa consideró "atinado" el recorte al gasto, pero "empezaron con 2 años de atraso".
El recorte al gasto público, por 124 mil 300 millones de pesos, anunciado el pasado viernes por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue analizado esta mañana en Noticias MVS, por Samuel García, periodista y director de Arena Pública, y Jorge Chávez Presa, economista especialista en temas de hacienda pública, energía y política pública. Para Samuel García, lo que ocurre es que desde el inicio de este gobierno se vieron desequilibrios. Por un lado, se empezó a ver un endeudamiento alto, alza de impuestos y el crecimiento de deuda. Lo anterior, basado en una gran premisa: que las reformas energética, de telecomunicaciones y otras, nos darían crecimiento económico importante, las cuales se traducirían en ingresos importantes, futuros, que nunca llegaron, señaló. Sin embargo, desde el primer año de gobierno de EPN, “nunca tuvimos los ingresos que se esperaban” ni el crecimiento económico que se quería, en cambio, sí hubo un crecimiento importante de la deuda: aumentó 24 por ciento, tan sólo en en dos años. García subrayó que el gobierno decidió elevar los impuestos en 2014, “apropiándose de la riqueza de las familias y empresas, para trasladarlo a su propio gasto”. “Este anuncio del recorte es un reconocimiento a un fracaso parcial de la reforma hacendaria de 2013, que entró en vigor en 2014, porque es un reconocimiento explícito al gasto inútil y crecimiento voraz de la deuda”, sostuvo. “Me parece que hay un reconocimiento no dicho de parte del secretario de Hacienda de que las cosas no se hicieron bien”, agregó. No obstante, reconoció que es una medida de disciplina fiscal que envía un mensaje a los mercados. Sin embargo, la calificó como tibia e insuficiente. “Tenemos un grave problema de crecimiento en el país, que se traduce en ingreso personal que está cayendo, eso es insostenible, el presidente (EPN) tendría que decir algo al respecto, no sólo sobre el recorte, sino respecto al crecimiento (económico)… Era un tema que debió abordarse desde el inicio del sexenio y no ahora de forma forzada”, aseveró. Por su parte, el economista Jorge Chávez Presa puntualizó que la expansión del gasto se inicia en el sexenio del ex presidente Vicente Fox. “La nueva administración le sigue dando a la pachanga”, refirió. El sexenio de Felipe Calderón -expuso- se pudo financiar por la estabilidad macroeconómica. “Se hizo gracias al mercado petrolero… ojalá le deje el amuleto Calderón a Peña, de los altos precios del petróleo“, mencionó. Recordó que en 2008, 45 por ciento del presupuesto federal se financió con ingresos petroleros, pero después “se vino despetrolizando”. Chávez consideró que el recorte anunciado el viernes es “atinado”, pero insuficiente por el tamaño de la reducción de los ingresos. Respecto a la decisión de realizar un presupuesto con base cero, en 2016 -en el que se cuestionará la totalidad de los programas-, consideró que eso se debió hacer desde el inicio del sexenio de Peña. “Empezaron con 2 años de atraso… replantear a cada programa y proyecto… es insuficiente porque a partir del día de hoy deberían cancelar programas y proyectos que no tienen futuro, por baja rentabilidad social y porque no tenemos ingresos para ello”, explicó. Sobre la cancelación de construcciones de nuevos trenes, señaló que “iban a dejarnos deuda impresionante” y “nunca discutimos el fondo” de los proyectos, “sólo nos dejamos llevar por espejitos”.
“Hemos construido ya un estado de bienestar, que no lo podemos sostener por el lado de los ingresos (del país), no están creciendo los ingresos”, finalizó el economista. VÍDEO:
Estudiantes del Politécnico irrumpieron en la sede de la Dirección General del IPN y se apostaron justo afuera de la oficina del director para demandar un diálogo directo con Enrique Fernández Fassnacht.
México, D.F. Las oficinas del director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, están en posesión de un grupo de estudiantes, que irrumpieron en el inmueble, y no sólo esas, sino todas las de las distintas áreas que conforman la Dirección General del Politécnico. Alumnos que marcharon desde la Plaza Roja de Zacatenco hasta la zona de gobierno para recibir una respuesta a la exigencia de la Asamblea General Politécnica (AGP) de entablar una mesa de diálogo con el titular del Instituto acordaron que los funcionarios que laboran en estas oficinas salgan de ellas. Acto seguido, los trabajadores comenzaron a abandonar el edificio. Según se ha comentado, se decidió que la Dirección General será devuelta a las autoridades politécnicas cuando se cumplan las demandas de la AGP. En las puertas de cristal que limitan la antesala de la oficinas de Fernández Fassnacht, los jóvenes escribieron: "Disculpe las molestias. Estamos democratizando". Antes de entrar a la Dirección General, los jóvenes recibieron la respuesta de Fernández a su exigencia de diálogo. Ésta fue que dos funcionarios del Politécnico se reunirían con la AGP, pero no Fernández Fassnacht directamente, quien también dejó las instalaciones. Marchando, llegaron unos 500 jóvenes, pero al momento de que se informó del mensaje del director general ya se había ido la mitad de ellos. Los que quedaron decidieron entrar. Y luego de ir por los pasillos, llegaron a las oficinas de Fernández, que no estaba ahí. Dialogaron con el Secretario General del IPN, Julio Gregorio Mendoza, quien después de unos minutos informó que la respuesta de Fernández podría cambiar. Pero los jóvenes celeraron la mencionada asamblea y decidieron tomar las instalaciones. El sábado, en un encuentro que la Asamblea General Politécnica sostuvo con el secretario académico del IPN, Miguel Ángel Álvarez, fue expuesta la demanda del organismo estudiantil de reunirse directamente con Fernández Fassnacht, pues consideran que sólo él puede resolver las problemáticas que detectan en la institución. Dichas problemáticas tienen que ver con la remoción de funcionarios y la solución de pliegos petitorios. La respuesta del director general ya se hizo pública a través de la página electrónica del IPN. En ella se indica que la solicitud de la AGP se atenderá el 14 de febrero a las 12 horas con una nueva reunión con funcionarios de la institución: el secretario académico y el administrativo, pero no el propio Fernández Fassnacht. Afueras de las oficinas del director general los jóvenes exigieron la presencia del funcionario que les diera a conocer la resolución de Fernández. Una vez que se hizo de su conocimiento que el director general no asistiría a la reunión, los jóvenes gritaron: “¡Queremos a Fassnacht!” y no aceptaron el ofrecimiento.
Los alumnos exigen que la reunión sea directamente con el titular del Politécnico, que el encuentro sea transmitido por Canal Once y que se lleve a cabo en el espacio conocido como El Cuadrilátero, ubicado en el Casco de Santo Tomás y no en el auditorio de la Secretaría Académica, como proponen las autoridades politécnicas. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ.
El presidente mexicano hizo el anuncio, que es parte de una serie de acciones ejecutivas para combatir la corrupción.
A casi tres meses del primer señalamiento de conflicto de interés en su gobierno –por una propiedad que Angélica Rivera compró a la contratista gubernamental Grupo Higa–, el presidente Enrique Peña Nieto pidió este martes 3 de febrero que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue a su esposa, a él y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien también compró una casa a la misma empresa y a una tasa de interés preferencial. En un mensaje a medios, el mandatario federal nombró y tomó protesta a Virgilio Andrade como el nuevo titular de la SFP; es decir, él será la persona que estará a cargo de la investigación que solicitó para descartar el conflicto de interés. “Reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor”, dijo Peña Nieto desde la residencia oficial de Los Pinos. Asimismo, presentó acciones ejecutivas para combatir la corrupción, pese a que defendió que “en todo momento mi actuar se ha apegado al marco jurídico“: 1. A partir de mayo, cuando los servidores públicos entregan su declaración patrimonial, será obligatorio que presenten una declaración de posibles conflictos de interés. De acuerdo con Peña Nieto, esto retoma las “mejores prácticas internacionales”. 2. En la SFP se creará una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés; además será responsable de determinar cuando estos ocurran y, en esos casos, aplicar las medidas correspondientes. 3. Reglas para ampliar los códigos de ética actuales. 4. Protocolos de contacto entere particulares y los funcionarios responsables de otorgar licitaciones, contratos, etcétera. 5. Todas las dependencias y entidades de la administración pública tendrán hasta abril para identificar a funcionarios que puedan tener conflictos de interés. 6. Se acelerará la ventanilla única digital para trámites más solicitados para reducir espacios potenciales de corrupción. 7. Lista pública de proveedores sancionados será más completa. 8. Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción Este martes 3 de febrero, el diario Milenio publicó una entrevista con Luis Videgaray. En ella, el funcionario federal dijo que la casa que compró a Higa en Malinalco, Estado de México, fue adquirida a crédito con una tasa de interés del 5.31% que, según el sitio especializado en noticias económicas, CNNExpansión, es una tasa más baja que el promedio del mercado. El 11 de diciembre pasado, el diario The Wall Street Journal reveló que el secretario de Hacienda,Luis Videgaray, compró una casa en Malinalco, Estado de México, a la empresa Bienes Raíces H&G, propiedad del dueño de compañías beneficiadas con varios contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en la entidad, y la misma inmobiliaria que vendió a Angélica Rivera una casa en Lomas de Chapultepec. El mismo diario estadounidense publicó el 20 de enero pasado que Peña Nieto le compró una propiedad en Ixtapan de la Sal, también en el Edomex, a un empresario que más tarde recibió contratos por más de 100 millones de dólares en el Estado de México Pero la crisis por el tema de conflicto de interés comenzó en noviembre del año pasado, cuando el sitio Aristegui Noticias reveló una investigación periodística que dio cuenta que la familia de Peña Nieto vive en una casa propiedad de Grupo Higa. Aunque Peña Nieto lanzó hoy estas acciones, a finales de noviembre del año pasado, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, dijo que para la Presidencia el debate sobre la casa blanca es un tema cerrado. “¿Para ustedes, el tema casa blanca está cerrado? Es decir, ¿ya se aclaró lo que se tenía que aclarar?”, se le cuestionó a Nuño. “Así es, es correcto”, respondió el funcionario en entrevista con la periodista Denise Maerker, en Radio Fórmula. Asimismo, a finales de enero, el semanario británico The Economist publicó una opinión que criticó la postura de Peña Nieto sobre estas acusaciones.
“Tanto Peña como (Luis) Videgaray han insistido que no hicieron nada ilegal. Han perdido el punto. En las democracias modernas, a cuyas listas México aspira incorporarse, este tipo de arreglos de mutuo beneficio, que aparentemente han establecido con el Grupo Higa, son considerados un comportamiento inaceptable“, indicó el semanario en una columna titulada El pantano mexicano (The mexican morass). MENSAJE:
El titular de la comisión habló luego de haber presentado un informe sobre desaparición forzada ante la ONU.
Aunque el tema de desapariciones forzadas es recurrente en México, “no hay una cifra confiable (… ni) una determinación exacta de cuántas correspondan a desaparición forzada, cuántas al crimen organizado“, dijo este martes 3 de febrero el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Gonzáles Pérez habló con el periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, luego de entregar un informe sobre este tema ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas. “Parte del problema que se tiene es que no se tienen base de datos con una metodología adecuada que permita distinguir cuántos casos de desaparición forzada, por crimen organizado, cuántos a personas ausentes”, dijo el ombudsman nacional a Gomez Leyva. Asimismo, el presidente de la CNDH confió en que los resultados que se alcancen en los trabajos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU beneficie a las víctimas de ese ilícito. “Al final de cuentas, son las víctimas quienes deben ser adecuadamente atendidas cuando enfrentan situaciones tan delicadas como la desaparición de un familiar”, expuso el ombudsman mexicano. González Pérez participó en Ginebra, Suiza, en el segundo y último día de trabajos en que México expone la situación del país en cuanto a desapariciones de personas ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se refirió a avances en diversos aspectos. La CNDH presenta un plan de 14 medidas para combatir la desaparición de personas El titular de la CNDH planteó la necesidad de fortalecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para lo cual todas las instituciones de procuración de justicia deben tener criterios homologados y públicos. Esta coincidencia será sobre la forma de calificar las denuncias de desaparición, la investigación que llevan a cabo y la manera en que reportan los casos. Sugirió publicar el reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, elaborar una base de datos, así como revisar la norma, con el fin de verificar su efectividad a tres años de su expedición, y expedir una Ley General en materia de Desaparición Forzada. De acuerdo con un comunicado de la CNDH, dichos planteamientos forman parte de una serie de medidas que el ombudsman mexicano puso a consideración del Comité de las Naciones Unidas para la atención integral de la problemática en materia de desaparición de personas en México. González Pérez también consideró que el Estado mexicano debe aceptar la competencia del comité, para recibir y examinar las peticiones individuales sobre desaparición forzada, ya que es una de las recomendaciones dirigidas a México en diversos documentos de organismos internacionales.
Luego de los trabajos del comité, González Pérez tuvo una reunión bilateral con Gianni Magazzeni, jefe de la sección América, Europa y Asia Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, ha sido firme opositor de las iniciativas para despenalizar la interrupción del embarazo y legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, propuestas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Pero en la reciente época electoral, Martínez Gómez se ha unido a las filas del PRD para contender como pre candidato a diputado federal por el distrito 23 de Coyoacán; el abogado católico ha sido reconocido por descalificar a las víctimas de sacerdotes acusados de pederastia, al señalar que mienten, incluso después de que la misma iglesia ha aceptado su culpabilidad. Martínez Gómez asegura que de llegar a la Cámara de Diputados “impulsaré la rendición de cuentas y transparencia, apoyando la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN), con referencia a la Fiscalía Anticorrupción, para que no vuelva a suceder otro tema como el de Ayotzinapa”. El abogado católico ha manifestado su cercanía con la corriente perredista Vanguardia Progresista, quienes propusieron y apoyan su candidatura, dicho grupo es cercano al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, con el que dijo, “he tenido cercanía y puentes de entendimiento”, agregando estar agradecido con éste y con Héctor Serrano, secretario de Gobierno de la administración capitalina, ya que fue su gente la que lo invitó a unirse al proyecto. En 2010, en el caso del abogado Joaquín Aguilar Méndez, quien fue víctima de abuso sexual por el sacerdote Nicolás Aguilar, hoy prófugo de la justicia, Martínez Gómez, dando su apoyo al cardenal católico Norberto Rivera, a quien se acusó de encubrir al inculpado, afirmó que el joven nunca sufrió violación y por lo tanto mentía. Esto aún cuando un año antes el Vaticano revocó a Nicolás Aguilar sus facultades sacerdotales. Martínez Gómez, señaló en una conferencia de prensa, al término de la misa de mediodía en la Catedral Metropolitana, acompañado por el vocero de Norberto Rivera, Hugo Valdemar, que Aguilar Méndez había presentado seis versiones diferentes de los supuestos hechos de los que fue víctima, calificándolo así de mentiroso. Joaquín Aguilar, que también es director de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales del Clero (SNAP por sus siglas en inglés) reitera que de confirmarse la candidatura de Martínez Gómez, preparará su posición la cual hará pública. Sobre el tema Alberto Athié, ex sacerdote y promotor del Informe Alternativo de México ante la agencia internacional, indicó que el informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas, sobre El Vaticano, deja en claro que la Santa Sede intentó eludir el problema mediante la figura del desprecio hacia las víctimas a través de la descalificación y la negación de un espacio para ser escuchadas. La precandidata a diputada federal por San Luis Potosí, Guadalupe Almaguer Pardo declara “se tendría que echar por tierra la candidatura de Armando Martínez Gómez, porque contraviene los principios, la doctrina y los estatutos que se ha dado el PRD”. Asimismo afirma que “Armando Martínez ha venido actuando sistemáticamente contra los derechos de las mujeres, no sólo en el tema del aborto, sino en general, como es el caso de los recursos y las causales para demandar el divorcio”. Puntualizando “por supuesto que el personaje es rechazado por la mayoría de las militantes del PRD; vamos a oponernos a su eventual candidatura y a demandar que se le excluya. En febrero de 2014 la Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó públicamente al Vaticano de mantener un código de silencio sobre décadas de sistemático abuso sexual de decenas de miles de niños y niñas por parte de sacerdotes católicos a los que ha protegido y encubierto pese a sus crímenes. En el tema puntual de México, el sacerdote Nicolás Aguilar, además de los abusos sexuales cometidos contra más de 90 niños y niñas en este país y en los Estados Unidos, el reporte documenta las violaciones sexuales de Marcial Maciel Degollado fundador de los Legionarios de Cristo y el caso de Carlos López Valdés, quien abusó de niños en la Ciudad de México.
A Nicolás Aguilar se le documentaron e iniciaron procesos penales en su contra en Tehuacán, pese a ello no ha pisado la cárcel. El documento señala que los obispos locales, autoridades civiles y El Vaticano, tenían la información pertinente para actuar y sin embargo no lo hicieron, mantuvieron el silencio e incluso protegieron a los sacerdotes pederastas, antes de cuidar la integridad y el honor de las víctimas de abuso sexual. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0. AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.
Una serie de “ajustes” al presupuesto público fueron anunciados por el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, en aras de un presunto mejor funcionamiento de la economía, sin embargo, productores del campo indicaron que se trata de “cargar” el ajuste financiero sobre las espaldas de trabajadores y productores agropecuarios. Para el Observatorio de Precios de la organización de productores del campo, El Barzón Nacional, el ajuste de 7 mil millones de pesos a la Secretaría de Agricultura y de 6 mil millones a la Comisión del Agua, repercutirá inmediatamente en la capacidad del país de hacer frente al cambio climático, pero sobre todo, a la demanda de alimentos. Sin embargo advirtieron que no sólo se trata del campo, sino de varios rubros que presuponen el nulo avance de la economía nacional ante los ajustes anunciados por el gobierno peñanietista. La disminución de inversión a Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijeron, refleja el interés de entregar a extranjeros la renta petrolera y las concesiones de obra pública, mientras el recorte de 7 mil 800 millones en educación “refleja el desinterés por respaldar la preparación de los jóvenes”. “El ajuste de Videgaray no dice nada acerca de los 44 mil millones de dólares que se han depositado en el exterior en apenas siete trimestres del gobierno de Peña. En un país que registra un déficit en cuenta corriente, se recurre al endeudamiento y a la entrega del patrimonio, no para invertir y crecer, sino para financiar los depósitos de mexicanos en el exterior”, añadió la organización El Barzon Nacional en un primer balance hecho sobre los anuncios gubernamentales. Para los productores agrícolas, el anuncio “preventivo” pretende “tranquilizar a los 192 mil millones de dólares de capitales extranjeros –más los de sacadólares- invertidos en deuda pública en el mercado nacional. El anuncio ahora criticado por frenar distintos proyectos sociales como las pensiones a adultos mayores, fue calificado como una urgencia para la organización de carácter nacional, pues “si no logran mantener la paridad -altamente probable- y no cambian la estrategia por una que fomente la producción nacional, lo que implicaría reorientar el gasto, continuará el castigo sobre ingresos y salarios”. Por ello, hicieron un llamado a la sociedad a ser actor fundamental en el anuncio de rediseño del presupuesto para el año venidero, luego de la reducción de los 62 mil millones de pesos para Pemex, 10 millones de pesos para la CFE y 52 millones en el gasto de las secretarías de Estado y dependencias del gobierno federal. A pesar de destapar las fallas en la hacienda pública, Videgaray insistió en que los ingresos públicos “están protegidos ante una disminución del precio del petróleo por las coberturas financieras” anunciadas en el pasado 2014; sin embargo es por “contemplar” que los precios del crudo se mantendrán bajos, que buscó “desde ahora un ajuste de forma preventiva y responsable”, insistió.
“Como se había previsto: la situación del país volvió inevitable el ajuste. Más precariedad en el empleo y menos salarios y, lo más grave, es que no será suficiente”, concluyó la organización campesina. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 AUTOR: ALINA ROSAS DUARTE.
Si el gobierno de la República no reacciona ante escándalos como la casa blanca, "está perdiendo sensibilidad", considera.
El consejero de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, consideró necesario que se avance en la propuesta de que los funcionarios y legisladores no solo presenten su declaración patrimonial, sino también una declaración de interés. El politólogo fue entrevistado luego de presentar la ponencia “Buen gobierno, la construcción de un proyecto” en la Reunión Plenaria de los diputados del Partido Acción Nacional, durante la cual se analizó el tema de la corrupción y los daños que causa al país. Sobre la casa blanca, Heroles opinó: “Si el gobierno de la República no reacciona a estos escándalos que se han generado, también el tren rápido a Querétaro, pues entonces está perdiendo sensibilidad. Yo creo que hay que aprovechar esta situación para avanzar. Yo le veo el otro lado: o sea si no tuviéramos ahorita el conflicto de interés desde la casa de Malinalco y de la casa blanca, etcétera, habría más reticencia, pero tal y como está actualmente el estado de la opinión pública, tienen que reaccionar… ¿está fallando el gobierno en esa reacción?.. yo creo que sí, se les han ido las semanas, los meses y no han sabido reaccionar”.
“¿Qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo ahorita, llevarlo a la opinión pública, eso es lo que podemos hacer, que la conciencia ciudadana los obligue a reaccionar. Sería Disneylandia pensar que los gobiernos en el mundo actúan de buena fe, y motu proprio, por iniciativa propia. Reaccionan a las presiones políticas de la sociedad, esa es la verdad”, indicó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
La candidatura de Lázaro Mazón, presentado en junio 2014 como el candidato de Morena, se cayó, luego de que fuera acusado de impulsar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado como el autor intelectual del ataque y desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
Andrés Manuel López Obrador y Martí Batres Guadarrama presentaron el lunes a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros como precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, pese a que en junio pasado el propio López Obrador indicó que su candidato en ese estado sería Lázaro Mazón. El pasado 8 de junio, según la página de AMLO, “al fungir como portavoz del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador informó que llegaron a un acuerdo los dirigentes de Morena en Guerrero para postular a Lázaro Mazón como candidato a gobernador del estado”. Sin embargo, tras los hechos del 26 de septiembre en Iguala, donde fueron atacados y desaparecidos 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, por lo que fue señalado como autor intelectual el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, Mazón fue señalado por el PRD -donde militaba- como el “padrino político” del edil. Mazón rechazó la acusación, acusó a la corriente de “Los Chuchos” de impulsar a Abarca, y dijo que estaba dispuesto a que lo investigaran. Sin embargo, su candidatura se cayó. El lunes, López Obrador presentó a Sandoval Ballesteros como su candidato. Lo calificó como un “extraordinario dirigente en la entidad, quien es hijo del importante luchador social Pablo Sandoval Ramírez y es niego de Pablo Sandoval Cruz, quien fue un dirigente ejemplar, además cuenta con convicciones y principios, es honesto y podrá representar bien al pueblo de Guerrero”. Además, el dirigente llamó a los guerrerenses a no abstenerse de participar en las elecciones de junio próximo: “No pensamos que sea prudente el que haya organizaciones sociales, aunque respetamos todos los puntos de vista y otras tendencias, que estén llamando a no votar, al mismo tiempo que planteen que así van a enfrentar al régimen. Respeto ese punto de vista, pero creo que con eso se le hace el juego al régimen autoritario y corrupto. Ya nos costó bastante esa postura en el 2006”.
Por su parte, Pablo Amílcar comentó: “Tenemos el centro de la convulsión nacional en Guerrero y ¿qué es eso? Lo que pasa en Guerrero es que la sociedad está viva, está actuante, está enfrentando los problemas que el gobierno no ha podido resolver y eso es algo que le molesta mucho al poder. Vamos a tener la posibilidad de que la izquierda gobierne por primera vez en Guerrero”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Indica que se deben deslindar las responsabilidades del ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón; del ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, y del ex titular de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez.
Sin el aval del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, pero con el impulso del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza, este informe sobre la Línea 12 del Metro fue programado en el orden del día de este martes, para ser discutido en el pleno de la Cámara de Diputados. La Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro aprobó, el domingo pasado, el referido documento, el cual incluye recomendaciones de los diputados de los diversos grupos parlamentarios, evaluación de documentos, revisión física del tramo cerrado y reuniones con funcionarios y empresas involucradas. El documento destaca que “es necesario dar continuidad a las labores de esta Comisión Especial, con el fin de seguir colaborando al esclarecimiento sobre el destino de los recursos federales asignados a la Línea 12 del Metro y sus aspectos adyacentes”. El informe presenta quince recomendaciones a diversas instancias. Resalta que “es imperioso fincar responsabilidades a quienes aprobaron que Proyecto Metro y el Consorcio Constructor acordaran, a través de sucesivos convenios modificatorios, incrementos en el costo de construcción de estaciones, tramos de conducción y en los porcentajes de los anticipos entregados a las compañías privadas”. El mismo caso aplica a la contratación del Consorcio Certificador por parte del Proyecto Metro, a quien igualmente se aumentó el monto de pagos y se aplazó el compromiso de fecha de entrega de la obra. Enfatiza que en una administración pública con un esquema jerárquico de responsabilidades y normas claramente definidas, como es el gobierno del Distrito Federal, en este caso se deben deslindar las responsabilidades del ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón; del ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, y del ex titular de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez. De forma complementaria, sugiere sancionar a los mandos medios y directivos que ejecutaron actos contrarios al adecuado desempeño del servicio público, incluyendo las posibles responsabilidades administrativas, políticas y penales de quienes con su connivencia, negligencia o omisión, perpetraron el fraude a la ciudadanía y al erario público. De esta forma, solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que estudie los posibles ilícitos cometidos y realice el desglose correspondiente a la Procuraduría General de la República (PGR).
Lo anterior, para que la PGR, en el ámbito de sus atribuciones, agrega, integre las averiguaciones previas de posibles delitos federales cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales competentes a efecto de que se deslinden las posibles responsabilidades correspondientes de funcionarios públicos y empresas privadas. El informe íntegro, que ya ha sido descalificado por Ebrard: 20150203-IV.pdf by Aristegui Noticias:
.jpg)
.jpg)
