Hartas situaciones y acciones en el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto parecen ser el simulacro de lo que debería suceder para que México y los mexicanos salgan adelante en santa paz, con un desarrollo social y económico que se refleje en hechos. A cambio lo que tenemos son muchas simulaciones que definen la política peñista. Una, de verdad-verdad, o sea un simulacro que se lleva a cabo para dar a entender lo que ocurre actualmente en Baja California Sur; de esas situaciones increíbles que solo en el México “moderno” se pueden ver y enquistar. Quizá no lo saben –dada la lejanía de la península sudcaliforniana con el centro del país o porque en México hay más ojos puestos en la capital- pero en Baja California Sur la situación del crimen organizado y el narcotráfico es de alerta. Ante la complacencia de gobiernos estatales y municipales lo mismo del PRD, del PRI que del PAN, narcotraficantes de los cárteles de Sinaloa y Arellano Félix principalmente, hicieron de Baja California Sur primero su balneario, luego su refugio y después su zona de guerra. De hecho eso del “efecto cucaracha” que tanto les gusta hablar a Gobernadores y Procuradores de Justicia para explicar la movilidad del narcotráfico de zonas o plazas calientes a otras más cómodas, accesibles y de mayor impunidad, es una realidad en la península sudcaliforniana. Cuando se acorraló a las huestes de los hermanos Arellano en Baja California, Jalisco y Sinaloa, se fueron a refugiar al extremo sur de la península; a la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, muchos de sus lugartenientes huyeron hacia allá en busca de una guarida y de nuevos territorios. Baja California Sur es una zona de guerra del narcotráfico y el crimen organizado. En un estado donde hace diez años las ejecuciones anuales eran cero, hoy día las muertes violentas producto del crimen organizado y el narcotráfico superan las 155. Las balaceras son cuestión de todos los días, a cualquier hora y en cualquier lugar. El horror y la saña han convertido a los niños en descubridores de cuerpos cercenados mientras va rumbo a la escuela. En este contexto, para preparar a la población y –evidentemente- a falta de Estado de Derecho, la delegación de la Secretaría de Educación Pública en La Paz, ha organizado simulacros de balaceras para ahora sí educar a los niños sobre cómo resguardarse cuando su vida esté en peligro en el momento justo de un enfrentamiento armado entre los grupos criminales. Así, para el simulacro de balacera, los sabios funcionarios llegan a los salones y con bocina a su máxima potencia, reproducen sonidos de disparos de distintos calibres y velocidades, sirenas de ambulancias y caos; cuando ello sucede les explican a los niños cómo deben echarse al piso, guardar la calma, resguardarse tras la pared y obedecer a su maestra. También solicitan la ayuda de padres de familia para que se eduquen y ante la adversidad y la impunidad, mínimo protejan su vida. En el ámbito político también hay simulacros. Todavía se recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto prometió una Secretaría Anticorrupción que ocuparía el lugar y ejercería más facultades que la Secretaria de la Función Pública para perseguir a los funcionarios corruptos, abusivos de su cargo, transas, que traficaran influencias o maltrataran al mexicano que acude de buena fe a cumplir con cualquier trámite. Pero nada; cuando urgía una Secretaría Anticorrupción o una Fiscalía contra la Corrupción, o una Comisión Legislativa Anticorrupción, a partir del 9 de noviembre de 2014, cuando en un reportaje de Aristegui Noticias se reveló que la primera dama Angélica Rivera de Peña había adquirido una millonaria mansión aun a nombre de una filial de Grupo Higa, principal constructor en el Estado de México cuando Enrique Peña era el Gobernador, y ganador –días antes le retirarían de palabra el compromiso- de la licitación para la construcción del tren México-Querétaro, el presidente no dijo ni pio. Después se sabría por otros reportajes, que también él había adquirido su casa en condición similar; además que su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray también tenía su millonaria casita en campo de golf de Grupo Higa, y que para ser precisos, la mansión que Peña utilizó como oficinas de transición previo a la toma de posesión, también tenía origen en Grupo Higa. A las peticiones de una Comisión especial legislativa que estudiase estos casos, siempre hubo una negativa por parte de los priístas en las Cámaras Alta y Baja, mientras el presidente decía que su esposa aclararía la situación y su secretario de Hacienda decía auténticas sandeces para justificar lo injustificable. Y después de 26 meses de tomar posesión, y de cuatro meses de acumular las sospechas, las denuncias públicas y perder el respeto de sus gobernados ante la ausencia de una investigación sobre él, su esposa y su secretario de Hacienda entre otros, el presidente tuvo la idea de revivir aquello que quería acabar y de no instaurar aquello que prometió. Así sin más, reactivó las funciones anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, donde nombró a Virgilio Andrade, un abogado camaleónico en términos políticos y de poder para que lo investigue a él y a los suyos. Es decir Peña puso al Juez que le juzgará a él a su esposa y a su amigo secretario de Hacienda… si esto no es un simulacro de transparencia y política anticorrupción, cómo se le parece. Orondo el Presidente declaró en vivo y a todo color: “He solicitado a la Secretaría de la Función Pública que Investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras o contratos otorgado por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de hacienda y con un servidor”. Olvidó el presidente mencionar los contratos que dichas empresas recibieron cuando él era Gobernador del Estado de México, su esposa era la novia oficial y el secretario de Hacienda era el de Finanzas de aquella entidad. Pero además, no era necesario un simulacro federal, realmente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, faculta a doce entidades –entre ellas a la Secretaría de la Función Pública- para que investigue, perciba y aperciba a los funcionarios de los cuáles se presuma la comisión de un delito, acto de corrupción, abuso de poder, ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Así pues no era necesario el espectáculo mediático en vivo para que se instruyera a la Secretaría de la Función Pública a investigar lo que por Ley debe hacer. De igual manera están facultados para investigar y sancionar a los funcionarios que actúen en conductas ilícitas: “I.- Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión; “II.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal; “III.- La Secretaría de la Función Pública; Fracción reformada DOF 26-12-2005 “IV.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; “V.- Los tribunales de trabajo y agrarios; “VI.- El Instituto Federal Electoral; “VII.- La Auditoría Superior de la Federación; “VIII.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos; “IX.- El Banco de México; “X.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones. “XI.- La Comisión Federal de Competencia Económica, y “Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes”. Entre muchos asuntos, omisiones, excesos, abusos, ejercicio indebido y demás que se detallan puntualmente en la Ley, destaca el Artículo 8 que refiere las obligaciones de los servidores públicos. Particularmente el inciso XI: “Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte…”. Y el inciso XII del mismo artículo: “Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión”. Así de fácil, ¿no? Y así, nada más con dejar que la Ley se cumpla –lo cual significa que existe un Estado de derecho también- es suficiente; el presidente Peña no tenía que hacer todo el simulacro de la transparencia y la lucha a la corrupción por parte de su gobierno, si desde el mismo 9 de noviembre de 2014, a la primera nota documentada, alguna de las instancias –incluida la Secretaría de la Función Pública- hubiesen cumplido con la Ley y abierto una investigación. Nada más para que vea que Ley sí hay, voluntad presidencial no. Y para que no quede ningún cabo suelto aquí le van otros tres incisos del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos: “XIV.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI; “XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley; “XVI.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos…”.
CHIHUAHUA, Chih: El periodista Moisés Villeda Rodríguez solicitó asilo político en Estados Unidos, por lo que permanece en el centro de atención a migrantes en El Paso, Texas desde el 4 de enero pasado. Entrevistado por El Diario de El Paso, Villeda dio a conocer que recibió amenazas de muerte que provenían del gobierno estatal. El periodista indicó a dicho medio que pasa este tiempo con incertidumbre porque donde se encuentra es una prisión y no un centro de atención a migrantes, además de no tener contacto con nadie. Villeda explicó al reportero Jaime Torres Valadez que las amenazas comenzaron luego de que ganó el premio estatal “José Vasconcelos” el pasado 12 de octubre, que otorga la asociación Foro de Periodistas de Chihuahua y que apoya el mismo gobierno, que obtuvo con el trabajo Infame pobreza contra ofensiva opulencia. Argumentó que publicó una serie de trabajos en los que denunció la presunta historia de corrupción que hay detrás del banco Progreso y la conexión de éste con el empresario Jaime Galván Guerrero, quien estuvo detenido en Estados Unidos por fraude a una institución bancaria. Señaló en su trabajo que el empresario es proveedor de la administración estatal y del Grupo Balleza. “No tengo mica de cruce local, por lo que me presenté (ante un oficial) y solicité el beneficio. Ahí me tomaron mi declaración y permanecí 18 horas hasta que me pasaron a este centro en el cual ya llevo un mes cumplido”, comentó a El Diario de El Paso el periodista originario de Celaya, Guanajuato y radicado en Ciudad Juárez, donde publicaba para el periódico El Mexicano, de la cadena Organización Editorial Mexicana (OEM). El periodista explicó que decidió cruzar la frontera para refugiarse porque recibió una serie de amenazas vía telefónica y en su “muro de Internet”, pero además le dejaron un gato descuartizado con una cartulina que decía “¡Bájale!”. El animal lo dejaron afuera de la estación de radio donde tenía un espacio de opinión política en Activa 1420, que pertenece al Grupo MegaRadio. Por teléfono y por Internet, le dijeron “que le bajara, que sabían dónde vivía e iban a rafaguear mi casa y matar a mi familia (…) He recibido muchas amenazas, e incluso un secuestro, pero esta agresión sí que me asustó. Por esa razón, saliendo de mi programa crucé la línea fronteriza y me refugié en este país”, detalló Villeda al entrevistador.
Moisés trabajaba para el periódico El Mexicano y tenía un espacio de opinión en la radio que él llamaba “A fondo con Proceso”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
MÉXICO, D.F: Tras la salida de Mario Vázquez Raña del Centro Información Nacional de Estudios Tepeyac, la licitación de las dos cadenas de televisión abierta en tecnología digital prácticamente ya quedó resuelta entre los dos postores finalistas: Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Imagen y Cadena Tres, y el empresario radiodifusor Francisco Aguirre, de Grupo Radio Centro, afirmaron especialistas en el sector. El martes 3 de febrero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones notificó que Mario Vázquez Raña, presidente de la Organización Editorial Mexicana, editora de la cadena de periódicos El Sol de México y concesionario de las estaciones de radio ABC, se retiró del proceso de licitación “por así convenir a sus intereses” desde el 30 de enero pasado. El proceso de licitación continuará de acuerdo con el calendario propuesto por el organismo regulador: entre el 5 y 9 de marzo continuará el proceso de “dictaminación y constancias de participación”; posteriormente, el 11 de marzo se realizará la apertura de los sobres con las ofertas de cobertura económica y el 19 de marzo se debe conocer el fallo final. Para el especialista Ramiro Tovar, profesor del ITAM, con el retiro de Vázquez Raña “ya se definió la licitación de las dos cadenas cualquiera que sea la oferta de los dos para cada cadena, será bienvenida”. Por su parte, el especialista Gabriel Sosa Plata, afirmó que “el hecho de que lleguen dos resta la posibilidad de que tengamos una competencia más nutrida y en consecuencia propuestas más diversas”. Irene Levy, de Observatel, calificó como “proceso pobre” la licitación de las dos cadenas de televisión. “Queda cada vez más claro que no hubo interés”, afirmó. La licitación de las dos cadenas fue de más a menos. De los 10 grupos originales que mostraron interés por las dos cadenas de televisión, sólo se inscribieron 3 y ahora quedan 2 para las frecuencias que, en 5 años, podrían alcanzar apenas el 15 por ciento de un mercado de televisión abierta ampliamente dominado por Grupo Televisa (68 por ciento) y por TV Azteca (28 por ciento). En el proceso se retiraron Grupo Mac Multimedia, de los hermanos Maccise, que ya habían adquirido al periódico Reporte Indigo y EfectoTV, con miras a articular un grupo multimedia; Grupo Lauman, del actual dueño de El Financiero, Manuel Arroyo, quien firmó una sociedad con la agencia Bloomberg para generar contenidos; Grupo México, del empresario minero Germán Larrea, quien se retiró tras una disputa abierta con el gobierno federal y su salida del Consejo de Administración de Televisa; y algunos grupos regionales que mostraron interés en integrarse a los consorcios postores. Ni Grupo MVS, de Joaquín Vargas, ni América Móvil, de Carlos Slim, mostraron interés por participar en esta licitación, a pesar de que han sido señalados como los adversarios principales del dupolio televisivo formado por Televisa y TV Azteca.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión puso un límite de hasta 49 por ciento de inversión extranjera en televisión abierta y radio, a diferencia del 100 por ciento permitido en telecomunicaciones. Esto desmotivó a varias cadenas extranjeras, en especial norteamericanas, interesadas en el mercado de la televisión mexicana, en contraste con lo sucedido con AT&T, que en menos de cuatro meses anunció la compra del 100 por ciento de dos empresas de telefonía móvil: Grupo Iusacell y Nextel. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: El exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la emisión de medidas precautorias a su favor por la investigación realizada por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre la Línea 12 del Metro. Además, solicitó que esa comisión garantice sus derechos de defensa adecuada, de audiencia, al debido proceso legal, a la presunción de inocencia y que no se le haga “un juicio político como lo están realizando”. Incluso, adelantó que pedirá la reparación del daño a su persona en instancias internacionales de derechos humanos, ante la presentación ayer del informe al que calificó como “falaz y sin sustento probatorio” de la Comisión Especial investigadora del uso de recursos federales en la llamada Línea Dorada, presidida por el priista Marco Antonio Calzada. A las 11 de la mañana y acompañado por los diputados federal Agustín Guerrero y local Adrián Michel, el exmandatario bajó de su camioneta –detenida en los carriles centrales del Periférico– para llegar a la puerta de la CNDH, donde ya lo esperaba personal de la Dirección General de Quejas del organismo autónomo. En entrevista, aclaró que la solicitud a la CNDH es para evitar “que se utilice información de manera parcial para afectar mi derecho a la dignidad y a la honra, la presunción de inocencia y la defensa adecuada”. Se refirió al informe que ayer presentó la Comisión Especial de seguimiento al uso de recursos federales en la Línea 12 ante el pleno de la Cámara de Diputados, en el que se responsabiliza a él, al exsecretario de Finanzas, Mario Delgado, y al exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, por fraude y corrupción durante el proceso de construcción de la obra. Ebrard Casaubón aclaró que con la solicitud de intervención de la CNDH “no estoy pidiendo impunidad porque no sería potestad de la Comisión. Lo que se está pidiendo es que se pare la intencionalidad política en contra de mi persona. Se está actuando atropellando los propios procedimientos de la Cámara de Diputados”. Acusó: “La Línea (12 del Metro) no les interesa, lo que les interesa es su servidor, es un juicio político. Si no, me hubieran escuchado”. Luego, reiteró que el origen de esa intención política es de muy alto nivel: “Yo identifico origen en Los Pinos y en la Secretaría de Gobernación, por más que ayer el diputado Manlio Fabio Beltrones dijo que de ninguna manera había nada y que nadie más que los diputados del PRI habían hecho este documento”. Además de la solicitud de medidas precautorias, Ebrard Casaubón dijo que ayer mismo pidió a la Cámara de Diputados una copia certificada de la sesión en la tribuna para iniciar un procedimiento de reparación del daño. Será, dijo, “en función de las evidentes falsedades que se han sostenido por el PRI y sus diputados. Porque ellos tienen fuero para dar sus opiniones, pero no puedes calumniar a una persona impunemente, eso ya no se puede está en el sistema jurídico. La reparación de daños la voy a escalar ante otras autoridades de nivel internacional de derechos humanos”. La solicitud La petición de medidas precautorias que presentó esta mañana Ebrard Casaubón ante la CNDH se sumó a la queja que el 14 de agosto de 2014 llevó al mismo organismo por las “preocupaciones en el irregular actuar” de dicha Comisión aprobada 28 de abril del año pasado. En el documento de hoy, el exmandatario considera que la Comisión Especial se erigió como investigadora “suplantando funciones que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación”, aparte de que ésta realizó auditorías a la Línea “y no encontró ninguna responsabilidad para el suscrito”. Dicho informe, agrega, se difundió “con total desaseo” a algunos medios de comunicación sin pedirle información a él, acción con la que se erigió “en un tribunal especial, al investigar, juzgar y condenarme sin habérseme escuchado y permitido aportar pruebas”. Por ello, solicita al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, pedir a la presidencia de la Comisión Especial que evite que la información recabada por ésta y que pudiera afectar su “dignidad y honra, presunción de inocencia y defensa adecuada, sea difundida por cualquier medio, hasta en tanto no se haya garantizado mi derecho de audiencia y a aportar pruebas, y que las mismas sean valoradas y desahogadas”. También demanda dictar medidas para que dicha Comisión “se atenga a su naturaleza jurídica y alcances que la Cámara de Diputados le otorgó cuando fue creada, alcances que no incluyen la potestad de determinar responsabilidades a una persona o grupo de personas sustituyendo de esta forma el debido proceso por un juicio o valoración política”. Y como quinto punto, pide a la CNDH dictar medidas para que la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República “actúen con pleno respeto” en cualquier procedimiento hacia él, “porque se observa una clara intencionalidad política en mi contra por el gruido parlamentario del PRI, partido en el poder”. “Mancera no está en esto” Luego de entregar su petición a la CNDH, Marcelo Ebrard confirmó que el próximo viernes comparecerá ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para explicar su participación en la construcción de la Línea 12. Sin embargo, anticipó: “Voy a ir, pero me queda claro que lo primero que querían era destruir mi nombre y que no les interés propiamente la verdad, sino no habrían hecho todo como lo hicieron… Les voy a demostrar en el procedimiento que quieran, que soy inocente y que lo que estoy diciendo es la verdad”. De acuerdo con su análisis, la intención de hacerle ese “juicio político” tuvo tres objetivos: “Meter el tema a la agenda que no estaba, como una distracción, acabar en la medida de lo posible con mi prestigio y, tercero, el meterse en un tema que a lo mejor en la ciudad les pueda dar un rédito electoral porque estamos a mes y medio de que inicien las campañas”. –¿Piensa solicitar algún amparo? –No porque no estoy acusado al día de hoy. Habrá que ver si la PGR inicia por mandato del grupo parlamentario del PRI o de su jefe el presidente de la República, algún procedimiento. Ebrard Casaubón fue cuestionado si observa alguna intención del jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, en las acusaciones en su contra. “No, no creo que él pueda manejar la Cámara de Diputados. A la Asamblea sería el caso”, dijo. Pide comisión autónoma por asunto “Casa Blanca” Sobre la orden del presidente Enrique Peña Nieto al nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, de investigar si hubo conflicto de interés en la compra de su casa en Ixtapa, la de su esposa en Las Lomas, y la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, Ebrard Casaubón sugirió que ésta la haga una comisión autónoma. “En la Cámara de Diputados hay una solicitud que firmaron 200 diputados federales. Mi recomendación para el presidente es que se forme la comisión de investigación autónoma que propone el Congreso y que sea esa comisión la que investigue y la que en su caso recomiende o llegue a conclusiones”, aseguró.
De otro modo, dijo, “no va a ser creíble porque es una dependencia del propio ejecutivo federal”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SARA PANTOJA.
El candidato virtual del PRI ha sido diputado local, senador y alcalde de Chilpancingo; compitió por la gubernatura de Guerrero en 2005 pero perdió con el perredista Zeferino Torreblanca.
Héctor Astudillo Flores se convirtió este miércoles 4 de febrero en el candidato virtual del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Guerrero. El anuncio lo hizo el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, luego de un encuentro con todos los aspirantes, de acuerdo con un comunicado emitido esta tarde. Astudillo ha sido diputado local, senador y alcalde de la capital Chilpancingo; además, buscó la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2005, pero fue derrotado por Zeferino Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Este hecho ocurre un día después de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló medidas y acciones extraordinarias para la integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral en los distritos del estado de Guerrero, donde circunstancias fortuitas y de fuerza mayor impidan implementar estas tareas. En entrevista al término de la sesión extraordinaria, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello informó que hasta este martes 3 de febrero, seis de las 10 sedes distritales con que cuenta el Instituto en la entidad, se encuentran actualmente tomadas por grupos ajenos al proceso electoral. “Sí, efectivamente hasta ahora seis de las 10 sedes tomadas, cinco distritales más la sede del Consejo Local; hace unos 10 días aproximadamente se cerró también la sede del distrito con cabecera en Zihuatanejo”, mencionó. El consejero presidente explicó que conforme a las 14 acciones y medidas aprobadas, en la etapa de capacitación a funcionarios de casilla, se podrá aprobar la realización de los simulacros en los domicilios de los funcionarios designados, y por ningún motivo podrán llevarse a cabo en espacios abiertos. Reconoció que la serie de medidas y acciones son un “blindaje” legal y normativo que permitirá a la estructura del Instituto en aquella entidad adoptar las decisiones más convenientes, según las circunstancias del caso. El tema de la inseguridad “no es un tema nuevo y esta institución le ha rendido buenas cuentas a la sociedad mexicana a pesar de haber operado en los últimos procesos electorales federales en condiciones sumamente adversas en términos de inseguridad”.
Por ello, consideró que “lo que tenemos que hacer es blindarlos (a los funcionarios del INE), porque eso es algo que ellos mismos han pedido”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Una encuesta del Banco de México indica que 26% de los expertos considera que la inseguridad afecta el desarrollo económico del país y ese dato coloca al indicador de estado d derecho del #SemáforoEconómico en rojo.
El indicador de estado de derecho del #SemáforoEconómico del Observatorio económico México ¿Cómo Vamos? se encuentra en rojo debido a que se reportó el segundo peor dato en la historia de la medición, desde 2011, ya que 26% de los expertos en economía entrevistados por el Banco de México (Banxico) considera que la inseguridad es uno de los principales problemas que afectan el desarrollo económico del país. Las pobres percepciones sobre la existencia de estado de derecho en México cobran aún más relevancia cuando se observa que, hace poco más de un año, en octubre de 2013, sólo 6% de los expertos encuestados consideraba a la inseguridad como uno de los problemas que afectaba el crecimiento económico del país. En ese mes, el problema más citado era la debilidad del mercado externo y el entorno global, puesto que 22% de los encuestados respondieron en ese sentido. Este es el tercer mes, de los últimos cuatro, en que el estado de derecho del #SemáforoEconómico bate su récord de precariedad. En octubre y noviembre del año pasado, el dato fue de 26%, mientras que en diciembre bajó a 23%. Si se compara el dato de enero de 2015 con el del mismo des del año pasado, se puede observar que el dato era seis puntos porcentuales menor al actual 26%. Los expertos de México ¿Cómo Vamos? consideran que no será posible generar la confianza y credibilidad necesarias para alcanzar el nivel, pero sobre todo, la calidad de inversión que México necesita (alrededor del 25% del PIB según cálculos del grupo de expertos) si no se reduce la impunidad, inseguridad y corrupción en los tres niveles de gobierno. Lo cierto es que, aún sin estado de derecho, la inversión pudiera ser alta, ya que como ha notado el director general Adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y experto de México ¿Cómo Vamos?, Manuel Molano, “ha habido inversión muy alta en épocas muy corruptas de la República. El problema no es el monto de la inversión; es la calidad, rentabilidad e impacto de la misma”. “La inversión podrá atraerse”, consideró Viridiana Ríos, directora general de México ¿Cómo Vamos?, haciendo referencia a los estudios de desarrollo económico realizados por Robinson y Acemoglu, investigadores de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), pero ésta será “inversión extractiva que no contribuya con el desarrollo local, sino que sólo extraiga recursos para llevarlos fuera, a lugares donde sí existe un estado de derecho”. Recalcó que reducir la impunidad es una condición necesaria para atraer inversión de calidad que beneficie realmente a los mexicanos, por lo que “no hay mejor política de desarrollo que una lucha frontal contra la corrupción, la impunidad y la inseguridad”. Académicos y expertos de México ¿Cómo Vamos? estiman que a menos de que se implemente un verdadero estado de derecho, en el que la ley aplique a todos por igual, continuaremos viendo el #SemáforoEconómico en rojo todo este año y recibieremos inversión de poca calidad. El observatorio económico México ¿cómo vamos? es una iniciativa de un grupo plural de expertos en economía y política pública comprometidos con impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Desde nuestras instituciones, entre las que destacan universidades como Anáhuac, CIDE, COLMEX, ITAM, ITESM y UNAM y centros de investigación como IMCO, México Evalúa, CIDAC Y CEESP diseñamos una herramienta para identificar cómo va avanzando nuestra economía llamada #SemáforoEconómico.
El #SemáforoEconómico le da seguimiento al cumplimiento de metas puntuales en bienestar, productividad, inversión y competencia que deben lograrse para que México crezca. El #SemáforoEconómico está disponible en versión nacional y para cada entidad federativa en www.mexicocomovamos.mx y en el twitter @mexicocomovamos.
XALAPA, Ver: Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) encontró en la parte trasera de la colonia Veracruz, en una zona de predios conocida como Barrillas, los restos de tres personas decapitadas. El hallazgo ocurrió después de que policías rescataron a dos obreros que serían obligados a cavar su propia tumba. Los obreros de Coatzacoalcos riñeron con integrantes de un grupo delincuencial en un bar; en consecuencia, el comando los sacó por la fuerza y los llevó al predio baldío de Barrillas, donde fueron obligados a “cavar su propia tumba”. La célula delincuencial les explicó que les “harían compañía a otros” parroquianos que ahí mismo se encontraban enterrados. El comando logró escapar y los dos obreros, golpeados y “tableados”, pudieron permanecer con vida. Elementos de la FGE y de la SSP han cavado en la arena en el sitio donde serían enterrados los obreros y hasta este mediodía han encontrado a tres personas decapitadas. Los peritos de la fiscalía admiten que podría haber más cuerpos.
Hasta el momento, la recién creada Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido comunicado o postura al respecto. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
BRUSELAS: A pesar del “horrible caso” que representa la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, además de los “grandes desafíos” que encara el gobierno del presidente Enrique Peña para combatir la impunidad y el narcotráfico, la oficina de la Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad, Federica Mogherini, declaró que proseguirá el proceso de modernización del Acuerdo Global con México. Así lo hizo saber Mogherini a través del director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Roland Schaefer, a un grupo de mexicanos radicados en Bruselas, quienes el 3 de noviembre pasado le enviaron una carta donde solicitaron que la modernización del acuerdo bilateral, cuya fase formal podría iniciar en los próximos meses, sea replanteada por la UE “hasta que la confianza del pueblo de México hacia sus autoridades sea restablecida”. En su carta, los ciudadanos mexicanos pidieron a Mogherini que condenara los hechos de Iguala y que exigiera al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la intensificación de la búsqueda de los culpables materiales e intelectuales, además de que exhortaron a la UE “a actuar como un verdadero socio estratégico con el pueblo de México, salvaguardando la paz y el respeto a los derechos humanos” en el país. Schaefer responde en una misiva membretada –en poder de Apro– que “comparte la preocupación sobre el horrible caso de los estudiantes desaparecidos de México, el cual impactó a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional”. Este caso, agrega, “es un testimonio de los grandes desafíos que el gobierno federal mexicano está enfrentando en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad”. Prosigue: “Dada la gravedad de las circunstancias, les aseguro que la UE está siguiendo el asunto de manera muy estrecha, haciendo uso de todos los instrumentos que dispone”. Y subraya que la comunidad europea recibe con agrado “los esfuerzos del gobierno mexicano para clarificar este horrible incidente, y que tiene pensado mantener su asistencia con México en áreas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos”. En sentido opuesto a los reclamos de los peticionarios mexicanos, eurodiputados y organismos defensores de los derechos humanos de México y Europa, Schaefer confirma que ambas partes continúan “explorando opciones para una posible modernización” del acuerdo, la cual, precisa, “podría” contener disposiciones para una “consulta y cooperación más cercana” en el campo de los derechos humanos. El propósito sería, en caso de concretarse tales disposiciones, “ayudar a México a reforzar, en todos los niveles de gobierno, el respeto de sus obligaciones internacionales” en la materia. El 19 de diciembre último, el eurodiputado verde Josep-María Terricabras también envió una pregunta escrita a Mogherini sobre el caso Ayotzinapa. Después de mencionar que en México “traficantes de drogas, organizaciones del crimen organizado y funcionarios públicos, desde alcaldes hasta policías, actúan normalmente con total impunidad”, el eurodiputado preguntó a la Alta Representante de la UE sobre “las medidas que piensa tomar para obligar al gobierno mexicano a cumplir el derecho internacional con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos en México”. También preguntó si tiene o no “la intención de cooperar con la Organización de las Naciones Unidas en la creación de una comisión de investigación independiente que arroje luz sobre esta preocupante situación”. Hasta hoy, en el registro de documentación del Parlamento Europeo no aparece todavía ninguna respuesta de la oficina de Mogherini, quien tampoco se ha manifestado pública y directamente sobre el caso, pese a que así se lo ha solicitado igualmente el grupo de los verdes desde octubre. Bernabé Abraján e Hilda Legideño, padres de dos normalistas desaparecidos, llegarán hoy a Bruselas provenientes de Ginebra, Suiza, donde asistieron al examen de evaluación de México ante el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas, y a reuniones con miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, así como con los relatores especiales de la ONU contra la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales.
En la capital belga se entrevistarán con diputados del Parlamento Europeo, funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior y con ONG, con lo que darán por concluido su viaje a Europa. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MARCO APPEL.
El gobierno de Rubén Moreira admite la existencia de grupos policiacos en Coahuila, como GATE, GATEM, GROM y el Grupo Elite, pero ni él ni sus colaboradores hablan de sus excesos o bien escamotean la información cuando los integrantes de esas corporaciones se ven implicados en secuestros y desapariciones, como la de Víctor Manuel Guajardo Rivas, sacado de su casa el 10 de julio de 2013 por un presunto comando de gates.
MÉXICO, D.F: La madrugada del 10 de julio de 2013 Víctor Manuel Guajardo Rivas y su mujer, Midiam Iriceda Valdez Cantú, escucharon ladrar con insistencia a sus perros. Se levantaron para ver qué pasaba. Sus niños, de cuatro años, también se despertaron. Afuera de la casa, en la colonia Los Montes de Piedras Negras, Coahuila, se empezaron a escuchar gritos: “¡Abran!, ¡abran la puerta o disparamos!” Ella abrió y de inmediato entraron unos 10 hombres, uniformados con pantalón y camisa negros. Todos con armas largas y chalecos antibalas que decían en letras mayúsculas GATE, siglas del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, cuerpo policial del gobierno de Coahuila. En el comando había dos hombres vestidos de civil, con pantalón de mezclilla y playera, pero con el mismo chaleco del GATE. Antes de entrar a la casa volaron el candado del barandal y rompieron el mosquitero de la puerta principal. Eso provocó los ladridos de los perros. Apenas irrumpieron en el inmueble fueron directamente hacia donde estaba Víctor Manuel, quien junto con su cónyuge se dedica al comercio informal. Lo llevaron al patio trasero y empezaron a golpearlo, ordenándole que les dijera dónde estaban la droga y el dinero…
Fragmento del reportaje que se publicó en la edición 1996 de la revista Proceso actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (REPORTAJE ESPECIAL)
300 efectivos de la Gendarmería Nacional ya se encuentran en la entidad para ayudar a restablecer el orden.
Un atentado con granada se registró este miércoles 4 de febrero en contra de la alcaldía de Matamoros, en Tamaulipas, donde en los últimos días han ocurrido enfrentamientos y bloqueos carreteros que ya suman 14 muertos. De acuerdo con un reporte del diario Milenio, que cita a personal de Protección Civil estatal, el ataque se registró a las 7:40 de la mañana, cuando 27 trabajadores que estaban en el edificio fueron desalojados, mientras que efectivos del Ejército y bomberos mantuvieron cercada la periferia del inmueble hasta las 9 horas. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas. A las 6:00 horas de este miércoles, usuarios de redes sociales reportaron bloqueos en tramos de la carretera al Sendero Nacional, a la altura de los ejidos Revolución, Santa Adelaida y la entrada a Sandoval, así como algunos tramos de la vía a Reynosa, cerca de la frontera con Estados Unidos, en donde el martes pasado se registraron enfrentamientos a tiros. El martes 3 de febrero, 9 personas murieron en enfrentamientos y bloqueos ocurridos en la carretera que une a los municipios de Reynosa y Matamoros, y en Valle Hermoso, informó el miércoles 4 de febrero el Grupo de Coordinación Tamaulipas en un comunicado. La dependencia confirmó que alrededor de las 14:15 horas del martes fueron reportados bloqueos en el municipio de Valle Hermoso por sujetos armados que utilizaron vehículos particulares y camiones del transporte urbano, por lo que se activaron operativos para restablecer el orden. Mientras, en los poblados de Control y Estación Ramírez, en Matamoros, fue reportado el desplazamiento de vehículos con personas sospechosas a bordo. El Grupo de Coordinación precisó que entre las 15 y 16 horas, federales que transitaban por el kilómetro 36 de la carretera Reynosa-Matamoros fueron atacados a disparos por civiles que viajaban en una camioneta. Al repeler el ataque, cuatro de los agresores murieron. También en el kilómetro 61 de esa carretera los efectivos federales fueron atacados por civiles armados que se desplazaban en un automóvil Ford Crown Victoria, lo que derivó en una balacera en la cual fueron abatidos otros cuatro presuntos atacantes. En la carretera libre que enlaza a Nuevo Progreso con Río Bravo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron el cuerpo sin vida de un civil armado, quien presuntamente fue asesinado por integrantes de un grupo delincuencial contrario. Los enfrentamientos del martes 3 de febrero se suman a los que ocurrieron entre domingo y lunes, en los cuales murieron cinco civiles, según el reporte del Grupo de Coordinación Tamaulipas. Fuerzas federales atendieron a la alarma de un cajero automático, ubicado en la esquina de bulevar Las Fuentes y la calle Río San Juan, de la colonia Las Fuentes, en Reynosa. Frente al lugar había varios sujetos, quienes dispararon contra los marinos y policías, lo que inició el enfrentamiento en el que murieron dos civiles, según el Grupo de Coordinación. El domingo 1 de febrero hubo otro enfrentamiento, cuando marinos realizaban un patrullaje en el kilómetro 92 de la carretera Matamoros-Valle Hermoso, a la altura de la Aduana Vieja, en el que murieron tres civiles. 300 elementos de la Gendarmería Nacional llegaron la madrugada del 3 de febrero a la zona sur de Tamaulipas, según un reporte de Telediario. El grupo ayudará con la vigilancia de la zona. Un 70 por ciento de ausentismo en las escuelas, producto de la histeria colectiva de la gente. Universidades como el Tecnológico de Monterrey, en Reynosa, la Universidad del Valle de México y la Tecnológica de Matamoros suspendieron sus clases. En una historia previa, el campus de la Universidad del Valle de México (UVM) localizado en Nuevo Laredo, cerró sus puertas por amenazas del crimen organizado desde el 15 de enero.
Marco Edgar Vargas, director del Tecnológico de Monterrey campus Tampico, confirmó el cierre de sus instalaciones en Matamoros, Tampico debido a la violencia en la zona. El directivo dijo a Denise Maerker, de Grupo Radio Fórmula, que no se reabrirán las escuelas hasta que se garantice que hay las condiciones de seguridad para alumnos, maestros y administrativos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
La organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, informó que en menos de una semana hay al menos tres casos de amenazas contra periodistas en México.
Tres periodistas mexicanos fueron amenazados en los estados de Veracruz, Oaxaca y en el Distrito Federal tan sólo en cuatro días, del 30 de enero al 2 de febrero pasado, denunció este miércoles 4 de febrero la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19. El viernes de la semana pasada, el periodista Bartolo Estrada Campechano, director del programa Punto y Coma, denunció que un funcionario municipal de Tuxtepec, Oaxaca, lo amenazó mientras reportaba un accidente automovilístico que protagonizó, de acuerdo con un comunicado de la organización. “Este funcionario (Jorge Carreño Castillo, director de Proyectos Agropecuarios) y otra persona que lo acompañaba amenazaron con romperme la madre si publicaba las fotografías del choque”, dijo a Artículo 19 Estrada Campechano. Por ese hecho, Bartolo Estrada denunció ante la Sindicatura Municipal, donde se negaron a recibirlo, por lo que contactó por teléfono a un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR. Animal Político buscó confirmar la denuncia ante la FEADLE, si recibir una respuesta hasta el momento. Artículo 19 también recupera el caso de la periodista Yohali Resendiz, de Grupo Imagen en el Distrito Federal, quien recibió nuevamente amenazas a través de posts publicados en la red social Twitter. La primera vez que le enviaron mensajes con amenazas de muerte fue el 14 de enero pasado. La cobertura de Reséndiz está enfocada a temas de violencia contra mujeres y maltrato infantil, detalló la organización, que también agrega que la reportera denunció ante la FEADLE, pero hasta el momento “no hay avances en las indagatorias”, según dijo. Artículo 19 documentó el caso de una periodista veracruzana que también recibió vía mensaje de texto; sin embargo, por temor a represalias evitó revelar su identidad. Tan sólo en enero, las autoridades de Veracruz confirmaron que el periodista Moisés Sánchez fue asesinado, y las instalaciones del Heraldo de Córdoba fueron atacadascon bombas molotov. Ahora, la reportera Verónica Huerta denunció que recibió amenazas. La periodista y colaboradora de la agencia AVC Noticias presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención de Denuncias contra periodistas y Comunicadores, tras recibir mensajes con el siguiente texto:“Después de Moisés sigues tú, te estamos checando”.
De 2007 a 2014, Artículo 19 ha documentado un total de 289 amenazas a periodistas y medios de comunicación, que la convierten en el segundo ataque más común contra la libertad de expresión. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Las autoridades analizarán las bitácoras de mantenimiento que proporcionó la empresa.
Un desperfecto en la pipa generó la fuga de gas LP que causó la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, de acuerdo con el reporte pericial preliminar de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). El titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, informó que hasta el martes 3 se tiene acreditado que la única responsabilidad recae en el chofer, Carlos Chávez, ya que era el encargado de realizar las maniobras de abastecimiento. “Ya se realizaron diversos dictámenes que constan en la carpeta de investigación, los que preliminarmente señalan que la fuga se da en el sistema de trasiego de la propia pipa, en la válvula de purga que está pegada al recipiente”, En entrevista, señaló que las bitácoras de mantenimiento de la pipa presentadas por la empresa también serán analizadas por los peritos para confirmar si la unidad se encontraba en óptimas condiciones para brindar servicio. El funcionario dijo que el punto de ignición se suscitó en el interior del Hospital Materno Infantil, debido a que el gas viajó por la parte inferior del mismo por su propio peso, que es dos veces mayor al del aire. Detalló que hasta el momento se continúa drenando gas de la pipa y hasta que esta operación termine los peritos podrán emitir un dictamen preciso, incluso la empresa podrá realizar su propia evaluación sobre las causas de la explosión. Indicó que Carlos Chávez, el conductor del camión abastecedor, sigue hospitalizado, pues tiene quemaduras en diferentes partes del cuerpo, y hasta que los médicos lo determinen podrá presentarse ante la juez de control para la audiencia de imputación.
Ríos Garza afirmó que la dependencia a su cargo realizó ocho pruebas de ADN a los recién nacidos y a sus padres para conocer su identidad, lo que permitió que el pasado fin de semana el Instituto de Ciencias Forenses entregara dos de ellos a sus familiares. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Ubicada en el Club de Golf de Malinalco, fue adquirida en octubre de 2012, por el hoy secretario de Hacienda, un par de meses antes de que EPN asumiera la Presidencia. Tiene un jardín de mil 194 metros cuadrados, el cual renta el funcionario.
El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reveló -en entrevista para Milenio Televisión-, que en la compra de su casa en Malinalco, Estado de México, en 2012, obtuvo una tasa de interés de 5.31 por ciento anual, por parte de una filial de Grupo Higa. En contraste, la banca mexicana ofrecía en ese entonces una tasa, en promedio, de 12.17 por ciento. Videgaray admitió que Grupo Higa -que había sido contratista del gobierno de Peña en el Estado de México y ahora es contratista del gobierno federal- le otorgó un crédito especial para pagar la casa que le vendió. En diciembre pasado, el periódico The Wall Street Journal difundió que Grupo Higa vendió a Videgaray una residencia en el fraccionamiento-club de golf en Malinalco. El viernes pasado, el reportero de Bloomberg, Brendan Case, le preguntó aLuis Videgaray, cuál fue la tasa de interés a la que financió su casa en Malinalco, lo que el secretario decidió no responder, con el argumento de que esa conferencia de prensa era para hablar del recorte al gasto público. En Milenio TV, el funcionario aportó un nuevo dato sobre su casa: “Tengo un arrendamiento con esta empresa inmobiliaria, es algo que no se ha hecho público, el terreno de al lado es un terreno que no está ocupado, que tiene pasto y lo estoy rentando mientras esté así”.
Al respecto, el martes en Noticias MVS primera emisión, el equipo de investigaciones especiales detalló que se trata de un jardín de mil 194 metros cuadrados, cuyo precio estimado en el mercado es de 3 millones de pesos. VÍDEO:
“Hay que activar un sistema de otra naturaleza que abarque la lucha contra la corrupción de manera integral, en donde participen no los subordinados del Ejecutivo, sino otros poderes”, propuso el presidente del PRD.
La instrucción presidencial a Virgilio Andrade -nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública- de que investigue a las empresas, contratistas del gobierno, que vendieron casas a funcionarios del mismo gobierno -al propio presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera, y a Luis Videgaray-, “no es la mejor forma, no es contundente, es la vieja fórmula de que el poder vigila al poder”, consideró el presidente del PRD, Carlos Navarrete. En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, dijo que “suena a una decisión poco convincente, en donde se nombra a alguien para que investigue a quien lo nombró”. Se trata de un “tema endémico en México, el tema de la corrupción del sistema político mexicano”. Recordó que presidentes mexicanos han estado “siempre bajo el cuestionamiento de la opinión pública, es conocido, es tradicional, que se señalara que los presidentes, cada uno que llegaba al poder, salía enriquecido y hubo varios ejemplos para confirmar esta versión”. Apuntó como ejemplos a “la familia Salinas y Carlos Salinas del 88 al 94. También los señalamientos sobre los negocios de Vicente Fox y sus maniobras para incrementar sus propiedades”. Sin embargo, señaló Navarrete, “nunca había habido elemento tan contundente como en el sexenio actual”, en referencia a las casas ligadas a contratistas, reveladas por investigaciones periodísticas en los últimos meses. El dirigente del PRD sostuvo que nadie va a entender, ni va a creer, ni va a tener credibilidad cuando Andrade diga: “fíjese que lo que me encargo mi jefe, ya está resuelto y mi jefe no tiene ninguna responsabilidad”. Ante ello, propuso “activar un sistema de otra naturaleza que abarque la lucha contra la corrupción de manera integral, en donde participen no los subordinados del Ejecutivo, sino otros poderes”. “El poder legislativo tiene mucho que decir al respecto, en la aprobación de sistemas anticorrupción”, mencionó.
Por último, puntualizó que el “Congreso tiene facultad de investigar si hay conflicto de interés o no”. ENTREVISTA:
En el mismo sentido, el PRD emitió el martes este comunicado: POSTURA ANTE ANUNCIO DE EPN EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN El PRD mantiene su compromiso de contribuir a alcanzar una mayor transparencia y rendición de cuentas en todas las esferas de la administración pública y en cualquier entidad de interés público como lo son los partidos políticos. Por ello ha impulsado en las cámaras del Congreso de la Unión la conformación de un sistema nacional anticorrupción eficaz para inhibir actos indebidos y sancionar enérgicamente a quien pudiera cometerlos. Para que realmente haya certeza sobre los resultados de las averiguaciones sobre el posible conflicto de interés en el que pudieron haber incurrido el Presidente de la República y miembros de su círculo cercano con Grupo Higa, debe hacerse una investigación exhaustiva e independiente, no como la que propone Peña Nieto, encabezada por un subalterno como lo es el Secretario de la Función Pública –al que, por cierto, tardóaños en designar. Si el presidente en verdad desea contribuir a esclarecer el caso debe aceptar que el Congreso de la Unión participe en la investigación.
En este sentido, hacemos un exhorto a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que contribuya en la creación de una comisión investigadora de los contratos de dependencia, organismos gubernamentales y empresas de participación mayoritaria del Estado, con el Grupo Higa, máxime cuando su creación ha sido justificada y se han cumplido los requerimientos para tal fin. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
El exsecretario de Finanzas en la administración de Marcelo Ebrard, y ahora senador, asegura que no se escudará en su fuero en caso de ser requerido por su participación en la Línea 12.
El senador Mario Delgado es contundente: no se escudará en su fuero constitucional para enfrentar una posible investigación por las irregularidades en la Línea 12 que pudiera iniciar la Procuraduría General de la República (PGR). En entrevista, Delgado revela que envió una carta a Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, para expresarle su voluntad de colaborar con la investigación sobre la llamada Línea Dorada. “Nosotros estamos listos para todo. Sabemos que es una embestida política por parte del PRI y del Ejecutivo Federal (…) Estoy enviando una misiva al procurador general de la República, poniéndome a sus órdenes para ayudar y contribuir en el caso de que haya una averiguación en mi contra. “Porque yo no me voy a escudar en mi fuero constitucional para no dar la cara en lo que a mí me toca. Y lo que a mí me tocó en la Línea 12 fue lo más difícil: conseguir el financiamiento para que esta obra fuera posible”, afirmó. La afirmación la hace mientras sigue por televisión el debate del informe de la Comisión Especial de la Línea 12, de la Cámara de Diputados, en el que se establece como responsables de las fallas en esa Línea del Metro a Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal; a Mario Delgado, exsecretario de Finanzas del DF; y a Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro. ‘Se han dicho muchas mentiras’ De un talante serio, tenso, Mario Delgado habla rodeado de las fotos de su familia. En su oficina, una serie de retratos de él con su esposa, Sofía López, así como de sus hijos, Mario y Victoria, observan cada uno de los movimientos que el legislador hace en su escritorio, donde se encuentran notas y documentos relacionados con el tema que ha absorbido su atención en los últimos días: la Línea 12. “En mi casa se preocupan, pero yo les digo que así es esto, vamos a salir adelante”, dice. Detrás de ellos, la imagen de su padre, Felipe de Jesús, fallecido hace cuatro años. Al fondo, en la sala donde recibe a sus invitados, sobresale una imagen de él con Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Cuauhtémoc Cárdenas. Hay otra donde abraza a Andrés Manuel López Obrador en un mitin en Ecatepec, donde Delgado coordinó la campaña presidencial del tabasqueño. Mario Delgado habla sobre la necesidad de que tanto él como Marcelo Ebrard fueran escuchados antes de que se aprobara el informe donde se les señala como responsables de las fallas de la Línea 12. El legislador federal sostuvo que “se han dicho muchas mentiras” sobre los hechos de que se le acusa, porque ni siquiera caían en el ámbito de su responsabilidad. “Quieren que yo como exsecretario de Finanzas responda el por qué los trenes son de rodadura férrea y no de rodadura neumática. Evidentemente esa es una decisión de una altísima especialización técnica que lo puede hacer la gente del metro, es un tema ajeno al de las finanzas. “Lo digo una y otra vez: la Secretaría de Finanzas no se encarga de tapar baches, ni de comprar vacunas, ni de construir puentes, ni de rentar trenes. La Secretaría de Finanzas tiene la responsabilidad de administrar el presupuesto, distribuirlo a las entidades, a las secretarías correspondientes, y ellas tienen el total dominio de esos recursos y son responsables de su ejercicio”, se justifica. El cuestionamiento Mario Delgado ha sido acusado de firmar un contrato con la empresa española CAF para la renta de los trenes de la Línea 12 a un tipo de cambio peso-dólar de 16.27 pesos por unidad, cuando en la fecha que se firmó el contrato, en el 2010, el precio era de 12.91 pesos. De acuerdo con el informe aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, esto se traduciría en un sobrecosto de 3 mil 197 millones de pesos en las obras. El hoy legislador señala que el contrato está firmado por mil 588 millones de dólares y en ninguna parte del contrato se especifica el tipo de cambio, por lo que el arrendador siempre recibirá su dinero en dólares, sin importar el precio del tipo de cambio. Delgado insiste que la investigación en su contra tiene un tinte meramente político con el ánimo no solo de afectar a Ebrard y los otros señalados, sino de enviar un mensaje a los opositores del Gobierno federal. “Sobre todo es un mensaje, decir ‘a quienes no estén de acuerdo con el gobierno, vamos a usar todo el autoritarismo para sancionarlo’; es atemorizar a la oposición para decir que van a usar incluso la Cámara de Diputados, que es la Cámara de los representantes del pueblo, para sancionar a nuestros adversarios. “Es la utilización por parte del presidente de sus diputados para señalar políticamente, para juzgar como si estuviéramos en la Edad Media, como si fuera un tribunal de la Inquisición donde simplemente se juzga por sus pistolas y se acabó”, acusa. El senador califica como “sospechoso” que, justo al comenzar el periodo electoral rumbo al 2015, se haya dado celeridad al tema y afirma que la Comisión creada en la Cámara de Diputados se ha extralimitado, pues no sólo se encuentra analizando recursos de origen federal, sino otros del ámbito local que no le corresponde. “Prácticamente es el arranque de la guerra sucia que vamos a ver desarrollar por parte del Gobierno y su partido en el proceso electoral del 2015. “Esta crisis en la que están de gobernabilidad los va a hacer utilizar todos los recursos necesarios, sean legales o ilegales, bien intencionados o mal intencionados, para tratar de mantener su mayoría en el Congreso”, sentencia. Sin embargo, Delgado se muestra abierto a que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.
“No estamos en contra de la rendición de cuentas. Yo, por mi parte, no tengo nada que esconder, no tengo nada de qué avergonzarme”, expone Delgado. Afirmó que esperará a ver los pasos que tomará la PGR para decidir si solicita o no licencia a su cargo como senador, para que le sea retirado el fuero constitucional y pueda enfrentar las pesquisas que se realicen a nivel federal. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
