Paloma Ruiz Rodríguez ingresó a laborar al organismo en mayo de 2013. Un año después, al hacerse un chequeo médico, le dieron la mala noticia de que tenía cáncer en tres distintos órganos, todos de alto riesgo.
En septiembre del año pasado, se vio forzada a solicitar a la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos que se le concediera una incapacidad mientras se sometía a 30 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapias para combatir sus padecimientos, las cuales se realizaban cinco días seguidos cada tres semanas.
Por si fuera poco, tuvo que someterse a cinco cirugías y sobrellevar otras complicaciones médicas, como neumonía.
Pese a contar con la incapacidad, Ruíz Rodríguez se presentó a laborar en reiteradas ocasiones con el propósito de que la CNDH le renovara su contrato laboral que tenía vigencia hasta el pasado 31 de diciembre.
Un mes antes del vencimiento, en noviembre, la investigadora acudió a la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos de la CNDH para confirmar su incapacidad, entregar informes médicos y confirmar su estatus laboral.
A partir de entonces, las cosas comenzaron a complicarse. Un personero del titular de Recursos Humanos, Alfonso Sáenz Michel, le notificó que “habría cambios” en el personal, que no se le renovaría el contrato y que, de estar inconforme, debía dirigirse a Luis Raúl González Pérez, el nuevo titular de la CNDH.
Pese a su estado de salud, Paloma acudió 20 veces a la oficina de González Pérez y envió oficios para tratar de exponerle personalmente al funcionario su situación, pero nunca obtuvo respuesta.
Debido a que la mujer debía continuar con las últimas sesiones de quimioterapias optó por ir a pagar por su cuenta a la aseguradora con la que la CNDH tiene convenio para otorgar seguro médico a su fuerza laboral.
Pero al querer hacer el pago, la aseguradora le notificó que la CNDH –sin explicación alguna– omitió su nombre de la Carta de Cobertura, documento que debe expedir cada año la Comisión para informar a la empresa de su personal en nómina, pero también de quienes ya no estarán laborando a fin de que puedan contratar sus servicios de manera independiente.
Y es que al no estar su nombre en esa carta, la aseguradora no pudo realizar el trámite de renovación de póliza y por tanto Paloma se quedó sin seguro médico desde el pasado 1 de enero.
Paloma cuestionó a Daniel Díaz Parra, director de la Administración de Riesgos y Seguros de la CNDH, por no haber puesto su nombre en el documento. El funcionario sólo respondió que la Carta de Cobertura no era indispensable para que se le brindara la atención.
La mujer insistió a la dependencia que le entregara una constancia para comprobar a la aseguradora que laboró durante 2014, la cual le dio Díaz Parra hasta el 20 de enero, luego de que Paloma amenazara con acampar afuera de la CNDH.
Por estas trabas burocráticas, Ruíz Rodríguez no ha podido retomar el tratamiento, que debió reanudarse el pasado 15 de enero; además, como la CNDH no quiso renovarle su contrato, tendrá que pagar su seguro médico a un costo cinco veces mayor.
Lo único que espera Paloma de la CNDH es que explique por qué omitió su nombre de la Carta de Cobertura –documento que emitió la dependencia a la aseguradora cuando su contrato laboral aún estaba vigente–, y que compruebe que no hubo elementos de discriminación por ser mujer o estar enferma que hayan motivado esta “omisión”.
Esta agencia buscó a los titulares de las áreas involucradas para conocer su opinión sobre el caso, pero hasta el cierre de esta edición Comunicación Social de la CNDH no respondió a la solicitud de información.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.
