Paloma Ruiz Rodríguez ingresó a laborar al organismo en mayo de 2013. Un año después, al hacerse un chequeo médico, le dieron la mala noticia de que tenía cáncer en tres distintos órganos, todos de alto riesgo.

En septiembre del año pasado, se vio forzada a solicitar a la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos que se le concediera una incapacidad mientras se sometía a 30 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapias para combatir sus padecimientos, las cuales se realizaban cinco días seguidos cada tres semanas.

Por si fuera poco, tuvo que someterse a cinco cirugías y sobrellevar otras complicaciones médicas, como neumonía.

Pese a contar con la incapacidad, Ruíz Rodríguez se presentó a laborar en reiteradas ocasiones con el propósito de que la CNDH le renovara su contrato laboral que tenía vigencia hasta el pasado 31 de diciembre.

Un mes antes del vencimiento, en noviembre, la investigadora acudió a la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos de la CNDH para confirmar su incapacidad, entregar informes médicos y confirmar su estatus laboral.

A partir de entonces, las cosas comenzaron a complicarse. Un personero del titular de Recursos Humanos, Alfonso Sáenz Michel, le notificó que “habría cambios” en el personal, que no se le renovaría el contrato y que, de estar inconforme, debía dirigirse a Luis Raúl González Pérez, el nuevo titular de la CNDH.

Pese a su estado de salud, Paloma acudió 20 veces a la oficina de González Pérez y envió oficios para tratar de exponerle personalmente al funcionario su situación, pero nunca obtuvo respuesta.

Debido a que la mujer debía continuar con las últimas sesiones de quimioterapias optó por ir a pagar por su cuenta a la aseguradora con la que la CNDH tiene convenio para otorgar seguro médico a su fuerza laboral.

Pero al querer hacer el pago, la aseguradora le notificó que la CNDH –sin explicación alguna– omitió su nombre de la Carta de Cobertura, documento que debe expedir cada año la Comisión para informar a la empresa de su personal en nómina, pero también de quienes ya no estarán laborando a fin de que puedan contratar sus servicios de manera independiente.

Y es que al no estar su nombre en esa carta, la aseguradora no pudo realizar el trámite de renovación de póliza y por tanto Paloma se quedó sin seguro médico desde el pasado 1 de enero.

Paloma cuestionó a Daniel Díaz Parra, director de la Administración de Riesgos y Seguros de la CNDH, por no haber puesto su nombre en el documento. El funcionario sólo respondió que la Carta de Cobertura no era indispensable para que se le brindara la atención.

La mujer insistió a la dependencia que le entregara una constancia para comprobar a la aseguradora que laboró durante 2014, la cual le dio Díaz Parra hasta el 20 de enero, luego de que Paloma amenazara con acampar afuera de la CNDH.

Por estas trabas burocráticas, Ruíz Rodríguez no ha podido retomar el tratamiento, que debió reanudarse el pasado 15 de enero; además, como la CNDH no quiso renovarle su contrato, tendrá que pagar su seguro médico a un costo cinco veces mayor.

Lo único que espera Paloma de la CNDH es que explique por qué omitió su nombre de la Carta de Cobertura –documento que emitió la dependencia a la aseguradora cuando su contrato laboral aún estaba vigente–, y que compruebe que no hubo elementos de discriminación por ser mujer o estar enferma que hayan motivado esta “omisión”.

Esta agencia buscó a los titulares de las áreas involucradas para conocer su opinión sobre el caso, pero hasta el cierre de esta edición Comunicación Social de la CNDH no respondió a la solicitud de información.

Querétaro, Qro. En el 98 Aniversario de la Promulgación de la Constitución del país, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la Carta Magna que se ha renovado a partir de las recientes reformas “da certeza y rumbo al país. Quien desee asomarse al México de las próximas décadas sólo tiene que voltear a ver el texto constitucional”, indicó.

Frente a voces que aquí mismo se pronunciaron por revisar si conviene o no elaborar un nuevo texto constitucional, como la del presidente de los diputados Silvano Aureoles, el mandatario insistió que en la actual Constitución se encuentra “nuestra ruta y nuestra meta”.

Reunidos en el Teatro de la República, gobernadores del país, legisladores y miembros del gabinete federal escucharon también al presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa, señalar que desgraciadamente muchas aspiraciones y preceptos fundacionales de la constitución están pendientes, sobre todo las relacionadas con la igualdad y la justicia.

México, DF. Contingentes encabezados por los padres de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marchan por un carril de la Autopista del Sol México-Acapulco, en el marco de la protesta convocada por la Asamblea Nacional Popular para pedir la presentación con vida de los jóvenes. En tanto, en varias ciudades guerrerenses, de Chiapas y Michoacán se unieron a la demanda.

En el trayecto de la manifestación, que lleva más de dos horas sobre la autopista, se llevaron a cabo dos mitines. El primero frente a las instalaciones de la 35 Zona Militar en donde se acusó al Ejército Mexicano de apoyar la desaparición de los 43 normalistas.

El segundo ocurrió afuera de las instalaciones del Congreso del estado, lugar que está resguardado desde la mañana de este jueves por unos 300 policías federales antimotines, en donde se advirtió que no habrá elecciones el próximo 7 de junio sino aparecen con vida los estudiantes.

En Acapulco, Iguala y Chilpancingo miles de trabajadores y maestros del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) marcharon también en demanda de que se les paguen los salarios retenidos correspondientes al mes de enero y la segunda parte del aguinaldo.

Los maestros del SNTE bloquearon de manera intermitente la costera Miguel Alemán, en el puerto guerrerense, a la altura del palacio federal, en donde se ubican todas las delegaciones del gobierno federal (a unos metros del centro de la ciudad), mientras que los trabajadores del Suspeg marcharon de la Glorieta de la Diana rumbo a las oficinas de la Secretaria de Finanzas del estado.

Los dirigentes, tanto de la sección 14 del SNTE como del Suspeg, advirtieron que si mañana viernes los gobiernos federal, que encabeza Enrique Peña Nieto, y el estatal de Rogelio Ortega no les pagan van convocar a todos los trabajadores de la educación a un paro indefinido de labores.

En Chiapas, maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron el Congreso del estado para exigir también la aparición con vida de los normalistas.

El secretario de Trabajo y Conflictos del nivel primarias de la sección 7, Pedro Gómez Bahamaca, informó que bloquearon los accesos de las calles de los alrededores para demandar castigo a los responsables del asesinato de seis personas –entre ellos tres normalistas– ocurrido la noche del 26 de septiembre pasado.

“Estamos protestando pacíficamente para exigir una respuesta distinta a la que hasta hoy ha dado el gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa y para darle todo el respaldo a los padres de familia que andan tocando puertas a nivel internacional”, agregó en entrevista.

Dijo que de acuerdo con lo programado, la toma de la legislatura local, con sede en Tuxtla Gutiérrez, debe de realizarse de las 9:00 a las 15:00 horas de hoy, con la presencia de varios miles de maestros.

Gómez Bahamaca señaló que otro de los motivos de la protesta es exigir la abrogación del Artículo Tercero Constitucional porque su aplicación está afectando a los profesores.

Explicó que 5 mil integrantes de la sección 7 resultaron perjudicados porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió cheques que “no aparecieron o están invertidos. Creó un desorden al pagar la segunda parte del aguinaldo y las dos quincenas de enero”.

Aseguró que hasta hoy todavía existen 2 mil casos de estos sin resolver, por lo que como parte de la protesta frente al Congreso del estado se instaló una mesa de atención para los afectados, aparte de que existe el compromiso de autoridades educativas para que se regularice la situación en la primera quincena de febrero.

En Morelia, Michoacán, más de 2 mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon del monumento al general Lázaro Cárdenas al Centro Histórico donde realizaron un plantón frente al Congreso del estado para exigir la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa y en demanda de mejores condiciones labores y el rechazo a las reformas estructurales.

En la calle de Allende los maestros de la CNTE aprovecharon el paso por la presidencia municipal de Morelia para gritar consignas en contra del ayuntamiento priísta.

Salvador Almazán, secretario de la región magisterial de Morelia, dijo que evadieron la avenida Madero para evitar cualquier confrontación con los antorchistas, quienes están frente al palacio de gobierno. “No seremos causa de provocación ni de enfrentamiento”.

México, DF. El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hacer una “búsqueda exhaustiva” de las fotografías que tomaron elementos del Ejército Mexicano a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, así como todos los informes de los hechos sobre su desaparición.

En respuesta a una solicitud de un particular, la Secretaría de la Defensa Nacional declaró su “incompetencia” para conocer la información. Inconforme con esta respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión.

Esta mañana, el pleno del Ifai aprobó por unanimidad, a propuesta del comisionado ponente Joel Salas Suárez, “revocar” la respuesta de la institución castrense y hacer una búsqueda de la información y entregar al particular, en su caso, una versión pública en la que solamente clasifique aquellos datos personales.

En su ponencia, el comisionado Salas recordó que el particular solicitó copia simple de las fotografías y registros que los elementos del Ejército Mexicano tomaron el 26 de septiembre a los normalistas de Ayoitzinapa, en Iguala, petición basada en el testimonio de uno de los sobrevivientes, Omar García, en el sentido de que militares ingresaron al hospital “Cristina” y les tomaron fotos y datos de los estudiantes que llegaron a dicho nosocomio.

El comisionado Salas precisó que por su respuesta, la Sedena podría estar en dos escenarios: “uno, no documentó debidamente las acciones que llevó a cabo como parte de su intervención en el Hospital Cristina, y en las investigaciones subsecuentes; o dos, incumple con su responsabilidad de rendir cuentas y aumenta la desconfianza en las instituciones públicas”.

Incluso, se preguntó: ¿No se tomaron las fotografías, no cuentan con un solo informe documentado de los hechos? ¿La Sedena mantendrá la misma respuesta a este recurso de revisión?”.