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Hallan 61 cadáveres y extremidades humanas en crematorio abandonado de Guerrero

MÉXICO, D.F: El fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, informó que han sido encontrados 61 cadáveres en un crematorio abandonado.

En entrevista con Radio Fórmula, el funcionario no quiso dar detalles respecto al hallazgo. Se limitó a manifestar que las autoridades recibieron el reporte ayer por la noche.

“Estamos bajo una investigación, te pediría comprensión”, se excusó Godínez ante el periodista Óscar Mario Beteta.

Añadió que los cadáveres estaban cubiertos con cal. Adelantó que este viernes al mediodía el gobierno de Guerrero ampliará la información del caso.

Aparte, en entrevista con el periódico El Universal, Godínez declaró que el caso “a lo mejor” es “un posible fraude”.

Agregó que se trata de una violación a las leyes de sanidad en Guerrero, “porque es un crematorio abandonado”.

El dueño del establecimiento, Guillermo Estuar, no ha sido localizado por las autoridades estatales.

Versiones extraoficiales indican que la cifra de cadáveres sería mayor a cien.

El crematorio particular Pacífico, donde fueron hallados los cadáveres, está ubicado la carretera Cayacao-Puerto Marqués, en Acapulco.

El periódico local El Sur indica que vecinos del lugar reportaron a las autoridades que el crematorio despedía olores fétidos. En consecuencia, policías federales, ministeriales y marinos acudieron al lugar a las diez y media de la noche de ayer jueves.

Encontraron los cuerpos cubiertos con sábanas blancas, algunos semidescubiertos y todos con cal.

“El estado de los cadáveres variaba. Algunos parecían tener meses y se encontraban en un aparente estado de momificación ocasionado por la cal, y otros se notaban en estado de descomposición.

“Pertenecían mayoritariamente a hombres y se contaron al menos cuatro cuerpos de mujeres. Muchos de ellos estaban con ropas, hombres con pantalón de mezclilla y camisas y las mujeres con vestidos. Sin embargo la mayoría de los cadáveres estaban aparentemente desnudos envueltos en sábanas blancas.
“También había restos de extremidades humanas, brazos y piernas”, cita el diario.


Según los vecinos, el lugar llevaba meses abandonado. El diario confirmó que los teléfonos del negocio dejaron de funcionar en 2009.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Deslave en mina de oro en Michoacán deja cuatro muertos (5 FEBRERO 2015)

LÁZARO CÁRDENAS, Mich: Un número indeterminado de heridos y al menos cuatro personas muertas dejó un deslave en una mina de extracción de oro en la comunidad de El Ahijadero, tenencia de Caleta de Campos, en los límites del municipio de Arteaga, Michoacán.

El accidente se produjo alrededor de la 14:30 horas en la mina, ubicada en Chuquiapan cerca de la carretera costera Acalpican de Morelos – Colima, en la costa michoacana. La propiedad de la mina se le atribuye al exalcalde de Lázaro Cárdenas, Manuel Santamaría Contreras, según versiones policiacas.

Cuerpos de emergencia, de Cruz Roja y Protección Civil del puerto, así como elementos del Ejército Mexicano y Marina se trasladaron al lugar de los hechos para atender el siniestro y valorar las condiciones del deslave.

Lo intrincado de la sierra ha dificultado los trabajos de rescate de los cuerpos y los peritajes del accidente, y hasta ahora sólo se ha dado a conocer el nombre de una de las víctimas. Se trata de Samuel Torres Valencia, de 45 años, originario del Ahijadero.


Se informó que la mina no pertenece a ninguna empresa privada, como más de 400 existentes en la costa, que son de pequeños propietarios que no cuentan con permisos para explotación y fueron vedadas por el excomisionado federal Alfredo Castillo Cervantes, hace casi un año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EPN: caricatura del combate a la corrupción

MÉXICO, D.F: Increíble pero cierto: cuando la opinión pública pensó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) no podría estar peor causó estupor, por lo burdo, el anuncio hecho ayer por el presidente destinado supuestamente a combatir la corrupción.

El resultado salió como las películas de Juan Orol. Veamos diez razones de lo que percibo.

Primera. Hombre de trabajo, amigo leal y con una apreciable credibilidad- y quien me cae bien además-, Virgilio Andrade, cayó en la tentación de “investigar” lo que no requiere investigación porque es público y notorio: la corrupción y conflicto de interés de EPN, su esposa y del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray (LV).

Peor todavía aceptó ser titular de la Secretaría de la Función Pública; es decir, empleado del Presidente y de su protector y amigo LV a quien le debe ser consejero del extinto IFE para cuidar el proceso electoral a favor de EPN y de su más reciente encargo, titular de la Comisión de Mejora Regulatoria.

LV le vendió la idea de que Andrade sería la solución a la larga cadena de errores y conductas que incurren en actos de corrupción. EPN compró la idea y buscó infructuosamente resolver varios casos de conflictos de interés con otro conflicto de interés.

Segunda. Virgilio Andrade a quien conozco desde hace varias décadas realizó la tesis de licenciatura más impresionante, un volumen de casi 1000 cuartillas sobre derecho electoral, único en su género en aquella época. El derecho electoral fue su interés a edad temprana, pero jamás ha publicado, trabajado o tenido la menor experiencia en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

El cargo que aceptó es incompatible con su currículum profesional y se encuentra ahí por la intervención de su gran amigo y mentor LV. Otro error más porque el que pierde de inicio toda credibilidad. Bien dice Manuel Clouthier que el prestigio se paga en abonos y el desprestigio al contado.

Tercera. La designación de Virgilio Andrade como titular de la SFP echa por la borda la creación en un corto plazo, del Sistema Nacional Anticorrupción anunciado por EPN, toda vez que haber proseguido en su proceso legislativo y mejora institucional hubiera significado, por las crisis recurrentes del gobierno de EPN, en un alto costo político para hacerlo a modo.

Pensaba el gobierno federal hacer un acto de ilusión óptica, pero el escrutinio de la prensa extranjera y su impacto en los tomadores internacionales de decisiones así como de un pequeñísimo sector de la prensa nacional que moldea el círculo rojo de la opinión pública, hacen inviable esa opción.

Cuarta. La SFP destinada por ahora a investigar no la transacción de las propiedades, o no sólo, sino la asignación de contratos a los proveedores que vendieron los bienes inmuebles a EPN y compañía es una trampa jurídica y política porque los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tienen con la ley en la mano (una pésima ley por cierto) la elasticidad y discrecionalidad para hacer retratos hablados en el diseño de las licitaciones públicas, el proceso de las licitaciones, la asignación de ganadores y el seguimiento del cumplimiento del contrato.

Por esta razón no hay que ser vidente para adelantar que el resultado será favorable para EPN y su equipo en una lógica de autoengaño, alejado de toda confianza pública nacional e internacional.

Quinta. El “comité de expertos” no estará integrado por profesionales independientes, sino por desempleados, académicos en busca de saltar al servicio público o personas que tienen ya varios compromisos con el gobierno. Nadie con un prestigio que cuidar, mucho o poco, dará un salto al vacío moral de prestarse a lavarle la cara a EPN formalmente hablando porque el problema del gobierno de EPN es el propio EPN. Y aquí viene a cuento la leyenda de la Universidad de Salamanca “lo que natura non da Salamanca non presta”.

Sexta. Las demás medidas propuestas por EPN como una novedad no solamente no provienen de un ataque democrático de último minuto del Presidente, sino de generar la impresión, también fallida por lo burdo, de que habrá cambios de fondo. Como dijo Lampedusa en su obra El Gatopardo “que todo cambie para que siga igual”. Se olvida, o más, se ignora por el gobierno que México ratificó el 6 de febrero de 1997 la Convención Americana contra la Corrupción que preveía que a la brevedad se legislaría en materia de combate a la corrupción y conflicto de interés. De modo que EPN, no sorprende a nadie con su anuncio, sino debería explicar porque no lo hizo en su toma de protesta como Presidente en acato al mandato de la Convención y porque tanto él como el Congreso de la Unión han sido omisos hasta la fecha.

Séptima. Además de que la Convención Americana contra la Corrupción es un tratado internacional ratificado por el Senado y con plena vigencia, con las reformas de noviembre del 2011 al artículo 1º párrafo segundo de la Constitución, la Convención Americana es parte integrante del derecho mexicano que a partir de esa fecha ha sido internalizado en nuestro sistema jurídico.

El Presidente afirma que para garantizar independencia se hará un convenio con la OCDE. Se quiere pasar por alto que el secretario general de la OCDE es José Ángel Gurría, militante del PRI desde 1968 y secretario de Hacienda y después de Relaciones Exteriores con el expresidente Carlos Salinas, asesor de facto de Peña Nieto. Por ello, José Ángel Gurría debería excusarse precisamente por conflicto de interés para participar en este proceso fallido de ayuda a Peña Nieto, así sea él quien participe o lo sea uno de sus subordinados.

Octava. Es menester ahora proceder a una reforma a la Constitución Política para retirar la “inmunidad” que en los hechos es impunidad al Presidente de la República, quien durante su encargo sólo puede ser juzgado por traición a la patria (tipo penal muy difícil de configurar) y delitos graves del orden común que han desaparecido del Código Penal y como en materia penal no opera la analogía ni la mayoría de razón no hay manera de juzgar al Presidente.

Novena. Además de las responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir LV existe la posibilidad de iniciarle juicio político que acabaría para siempre toda aspiración política de este hombre que acumula sin disimulo actos de corrupción uno tras otro sin ninguna consecuencia negativa.


Décima. La solución de fondo, lo he dicho en otras ocasiones aquí en Proceso, pasa por una reforma sustancial en el diseño del contenido de los libros de texto para niños y adolescentes, a efecto de generar una cultura de la denuncia, de la exigencia de rendición de cuentas y de la tolerancia cero a la corrupción. Si no se cambia en este rubro todo lo demás será remedial y efímero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS).

Madero y la Mesa NL y secuestros en Santiago

Los acuerdos de la Mesa Nuevo León son tan reales y visibles que desde hoy podemos anticipar qué candidatos ganarán en las contiendas internas albiazules que inician este domingo.

La Mesa Nuevo León no es un “mito urbano” como se atrevió ayer a calificarla el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero.

El líder blanquiazul estuvo ayer en Monterrey para reunirse con los precandidatos panistas a la gubernatura, Margarita Arellanes y Felipe Cantú.

Los acuerdos de la Mesa Nuevo León son tan reales y visibles que desde hoy podemos anticipar qué candidatos ganarán en las contiendas internas albiazules que inician este domingo.

No miente el diputado y expanista Enrique Barrios cuando asegura que todo el proceso de selección de candidatos en el PAN es una simulación.

La Mesa Nuevo León –y eso bien que lo sabe Madero porque él la encabezó- fue una negociación cupular que se creó para que los grupos de poder en el PAN de Nuevo León se repartieran las candidaturas y los espacios en base a un proyecto común: el de Margarita Arellanes.

Se repartieron hasta una regiduría de un municipio rural.

En la Mesa Nuevo León se incluyeron a los actuales liderazgos panistas: Raúl Gracia, José Serrano, Zeferino Salgado, Víctor Fuentes, Víctor Pérez y Fernando Larrazabal.

Pero hubo algunas excepciones como la inclusión de Arturo Salinas.

El diputado federal no representa nada en el PAN de Nuevo León. No tiene grupo ni seguidores ni muchos menos militantes en el padrón.

Pero el legislador fue designado -por segunda ocasión consecutiva por el dedo de Madero- como candidato a diputado local por un distrito que el PAN gana hasta postulando un chango.

¿Cuál es la gracia de Salinas?

¿Será que su relación con Gustavo Madero no sólo es política sino también ya de negocios?

Ugo en el CEN

El alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, fue visto ayer en la Ciudad de México en la Cámara de diputados y en la de senadores.

El motivo oficial del viaje del presidente municipal sampetrino fue darle seguimiento a algunos proyectos municipales que necesitan para su realización recursos federales.

Pero Ruiz también aprovechó la ida para ver temas del PAN de Nuevo León con panistas del CEN albiazul.

Los temas por supuesto tienen que ver con la designación de candidaturas.

Iván Garza, el candidato ‘Chic’

El precandidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Iván Garza, debutó en sociedad esta semana en la portada de una revista de sociales.

El paquete incluirá además del reportaje publicitario la colocación de la portada con la imagen de Iván en anuncios panorámicos de la ciudad.

Mal timing el que eligió el equipo de Iván para promocionarse: justo ayer el panista habló de un gobierno austero en caso de llegar a la alcaldía regia.

En poco tiempo el panista ha podido cambiar la imagen que pesaba sobre él propiciada por su relación con el empresario de casinos Juan José Rojas Cardona.

Hoy Garza se presenta como un “hombre de valores”.

Secuestros en Santiago

Hace dos semanas publicamos en esta columna el secuestro de dos comerciantes en el municipio de Santiago.

Uno de ellos fue liberado a los dos días después de que los familiares pagaran un rescate de miles de pesos.

El fin pasado ocurrió un intento de plagio: un grupo de hombres irrumpió en un restaurante de Santiago para llevarse a un hombre que se encontraba en el lugar.

Los clientes, los meseros y los familiares intervinieron y evitaron que se consumara el plagio.


¿Qué ocurre en Santiago? ¿Otra vez los grupos criminales son los que gobiernan este municipio?

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDES MONTERREY.

¿Amiga de Abarca?

La precandidata del PRD a la gubernatura de Guerrero fue señalada por presuntos vínculos con el exalcalde de Iguala.

Alegando intentos de frenar su carrera por la postulación al gobierno estatal de Guerrero, la precandidata perredista Beatriz Mojica denunció una “guerra sucia” en su contra en la que se asegura que es “la mejor amiga” del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. 

Y es que este miércoles circularon fotografías de Mojica con el exedil de Iguala, quien actualmente se encuentra preso por su supuesto vínculo con el grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes presuntamente plagiaron y asesinaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. 

Además, se registraron en Guerrero llamadas realizadas desde un call center de la Ciudad de México donde se comunica: “Beatriz Mojica es la mejor amiga de Abarca ¿Quieres que pase en Guerrero lo que pasó en Iguala? ¡Aguas!


Mojica aclaró que no mantuvo “ninguna relación” –salvo una institucional– con  José Luis Abarca, y advirtió que presentará una denuncia ante la PGR y ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, además de una queja ante el Instituto Estatal Electoral para pedir que se haga retiro de las llamadas. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Hallan narcofosa en Sonora con restos de al menos tres cuerpos

HERMOSILLO, Son: La Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJE) localizó una narcofosa con al menos tres cuerpos en las inmediaciones del predio Las Ánimas, ubicado al sur de Navojoa, a unos 300 kilómetros de esta capital.

El hallazgo se derivó de la detención de cinco narcomenudistas que operaban en la región, así como el aseguramiento de una granada de fragmentación, dos armas de fuego calibre .40 y 9 milímetros; 72 envoltorios de la droga conocida como “crystal”; 49 porciones de mariguana y dos vehículos.

El procurador Carlos Navarro Sugich indicó que primero se detuvo en Cajeme a Carlos Adán Hermosillo, de 30 años, en posesión de los 49 envoltorios de mariguana, 15 de crystal y a bordo de una camioneta Nissan, línea Frontier, con reporte de robo del 28 de diciembre.

En su declaración ministerial, dijo, el detenido delató a Andrés Lerma, de 18 años, a quien se le aseguró una camioneta Ford, línea Ranger, y a Juan Sandoval, de 21. Ambos, informaron sobre la existencia de la narcofosa utilizada para finiquitar “asuntos de droga”.

También delataron a otros dos cómplices más: Meydi Orozco y Adán Sandoval, de 18 años. Ambos fueron capturados en la colonia navojoense de Marte R. Gómez, en posesión 62 “globitos” de crystal.


El fiscal sonorense informó que personal de servicios periciales realiza su tarea para identificar a las víctimas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Impunidad garantizada

MÉXICO, D.F: La simulación del presidente Enrique Peña Nieto respecto del conflicto de interés en que incurrieron él y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es la misma que tiene su gobierno en materia de derechos humanos.

La designación de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública cayó tan mal por el fingimiento que entraña. Peña Nieto se investigará a sí mismo y Videgaray Caso tiene en el nuevo secretario a uno de sus viejos aliados. Mera representación escenográfica.

Lo mismo ocurrió con la comparecencia de México ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, fue a decir lo obvio, que en México hay un problema de desaparición de personas, y ofreció lo esperado: una Ley General de Desaparición Forzada.

En la simulación gubernamental para resolver ese problema humanitario, que ha alcanzado a miles y miles de mexicanos, evitó reconocer la jurisdicción de esa instancia de Naciones Unidas para que cualquier persona en México que se diga víctima de una desaparición forzada pueda solicitar una investigación del Comité.

Si se reconociera esa jurisdicción, se quitaría al Ministerio Público el monopolio de la “verdad jurídica” y no la histórica, como se la adjudicó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, respecto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Lo que se busca es que se hagan investigaciones independientes del MP para garantizar que los agentes del Estado responsables de una desaparición sean realmente procesados y sancionados.

Hay desapariciones en las que los perpetradores son particulares que actúan con la aquiescencia del Estado y otras que son autoría de integrantes de la delincuencia organizada. Ambas circunstancias no dejan de ser crímenes de lesa humanidad.

No es un fenómeno nuevo en México, circunscrito a la guerra a las drogas y la disputa de los grupos de la delincuencia organizada. En la guerra sucia de los años sesenta y setenta, agentes del Estado –policías, militares y civiles– participaron en la desaparición de cientos de mexicanos, al más puro estilo de las dictaduras latinoamericanas.

Pero ninguno de esos crímenes fue sancionado. El gobierno de Vicente Fox transó con el PRI para no castigarlos. Quedaron en la impunidad y pavimentaron el camino para lo que hoy ocurre.

Gómez Robledo es ahora el encargado también de evitar que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue las responsabilidades políticas por la crisis humanitaria durante el gobierno de Felipe Calderón.

El gobierno de Peña Nieto sale en defensa del expresidente para salvarse a sí mismo, porque el desastre humanitario continúa. De aceptar una investigación por parte de la CPI, él sería el próximo en ocupar el banquillo de los acusados.


Frente a la corrupción y la crisis de derechos humanos, la única garantía que ofrece Peña Nieto es la impunidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)

No sacan boleto

Los diputados exhibidos por sus costosos viajes al extranjero a costa del erario aseguraron que la adquisición de los boletos no depende de ellos. Una de las implicadas detalló que incluso  en una ocasión ella presentó un presupuesto menor, pero no se le aceptó.

Diputados mostraron su inconformidad por la compra de boletos de avión para viajes internacionales con costos que rebasan los 100 mil pesos, porque su adquisición no depende directamente de ellos.

Incluso, una de las diputadas que viajó con el boleto más caro de todos los que se han adquirido en la Legislatura, presentó una queja ante los órganos de administración de la Cámara baja por la alta cotización del vuelo en el que viajó a Sidney, Australia, en mayo del 2013.

Lourdes Quiñones Canales, diputada del PRI por Durango, envió en octubre del 2013 una carta a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros -de la que Reporte Indigo posee copia- en la que se quejó por el alto costo del boleto cuando ella ya había conseguido una cotización menor.

“Yo solicité que mi viaje fuera vía Santiago de Chile, ruta que en tiempos significaba un ahorro en las horas de viaje, además de que económicamente resultaba por mucho más barata que viajar a Los Ángeles, teniendo ya la reservación, la agencia con la cual contrataron los vuelos la dejó perder obligándome a viajar por Los Ángeles con un costo de 193,040.00, exponiéndonos a los diputados al escrutinio de los medios por el alto costo de los viajes”, escribió la legisladora a Francisco de Jesús de Silva Ruiz, secretario de Servicios Administrativos y Financieros.

Quiñones Canales y su equipo habían conseguido una reservación en poco más de 70 mil pesos para las mismas fechas de viaje. Sin embargo, por la tardanza en la compra del vuelo y por hacerlo a través de una agencia de viajes, el costo se incrementó en más del 175 por ciento.

En respuesta, De Silva remitió la queja a Liliana Rojas Domínguez, directora general de la oficina de Servicios a Diputados, quien respondió, 11 días después, que se hizo una revisión del caso.

“Con relación al viaje hacia Sidney, Australia, le comento que se verificó la opción sugerida y no existía la disponibilidad en la clase autorizada en los Lineamientos”, expone la misiva, en poder de Reporte Indigo.

Rojas Domínguez declinó emitir comentario alguno respecto a la compra de boletos de avión para los legisladores porque “no tiene información que ofrecer”, según personal de su oficina.

Quiñones insistió en que la compra de los boletos de avión cae en el ámbito administrativo de la Cámara Baja y los legisladores no tienen injerencia alguna en las decisiones.

“Ningún diputado, en los vuelos internacionales en los que llevamos la representación del Congreso, compra los boletos. Hay un área aquí en la Cámara de Diputados que los compra, que es de Servicios a Diputados, y ellos son quienes hacen la compra y deciden por dónde nos vamos, en qué línea nos vamos, a qué agencia los compra y ellos son los responsables de que se compren esos vuelos tan caros”, expuso Quiñones en entrevista.

‘Es un costo ridículo’

Junto Lourdes Quiñones Canales, diputada del PRI por Durango, viajó la diputada panista Tania Morgan Navarrete, de Sinaloa. Ambas llevaron la representación de la Cámara de Diputados mexicana al Congreso Mundial de las Familias en Australia.

Morgan Navarrete afirmó que ella no supo sobre el costo del boleto de avión sino hasta meses después y reconoce que se trata de un precio exorbitante para la realización de un viaje.

“Es un costo ridículo, sí es una distancia muy larga pero me imagino que había vuelos más baratos y nosotros no nos enteramos de esos costos porque nosotros no compramos los boletos; pero nunca pensamos que sobrepasara esos límites, pero ahora te aseguro que más de uno ya revisa el costo de los boletos o tratamos de pedirlo”, expresó la diputada panista.

La legisladora sostuvo que ese es el único viaje que le financió la Cámara de Diputados y ha realizado otros dos viajes internacionales para asistir a diversos eventos legislativos, pero ella los ha pagado con sus propios recursos.

Visita al dentista: 60 mil pesos

La diputada Guadalupe Sánchez Centeno viajó a España para participar en la Feria Internacional de Turismo, con dinero del erario por segundo año consecutivo, y sin pertenecer a la Comisión de Turismo, reveló ayer Excélsior.


En agosto, Sánchez Centeno facturó 60 mil pesos al presupuesto del Congreso en favor de su novio un conocido dentista de la ciudad de León.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Inician huelga de hambre estudiantes de la BUAP

PUEBLA, Pue: Cuatro estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) iniciaron hoy una huelga de hambre para exigir que se les permita el uso de aulas para dar cursos propedéuticos gratuitos a aspirantes a ingresar a la casa de estudios.

Integrantes del Colectivo Universitario para la Educación Popular (CUEP) explicaron que desde 2010 iniciaron la labor de preparar a jóvenes que no pueden pagar los seminarios oficiales que ofrece la rectoría de la BUAP para presentar el examen de admisión.

La huelga de hambre fue iniciada en un campamento que instalaron en el Zócalo de esta ciudad los estudiantes Francisco Ramos, de la Facultad de Derecho; Miguel Ángel García, de Economía; Gabriela Zambrano, de Ingeniería, y Juan Carlos Serrano, de Biotecnologías.

Ramos relató que este año tienen la solicitud de mil 800 jóvenes para tomar este curso que ofrecen estudiantes de licenciatura de la misma casa de estudios sin ningún costo, pero que la BUAP no les permite usar las instalaciones universitarias para impartirlos.

“Pedimos un respeto al derecho universitario a generar proyectos académicos en pro de la sociedad, nosotros creemos que no estamos fuera de la legalidad, que estamos en un proyecto que es en beneficio de las personas que no pueden pagar el seminario que ofrece la BUAP”, reclamó.

Luego señaló que en otros años han tenido que dar la preparación para el examen de admisión en los parques del Centro Universitario, pero que desde el 2014 ya no les permitieron siquiera el ingreso, por lo que tuvieron que buscar aulas alternas de otras escuelas.

El año pasado, aseguró, de mil 600 jóvenes que tomaron este curso alternativo un total de mil 532 lograron pasar el examen de admisión de la BUAP.

“La rectoría tiene como argumento central que el seminario ya existe y no tiene por qué haber otro, pero ese curso cuesta alrededor de 500 pesos, y hay jóvenes que no pueden pagar ese dinero y pueden tener la opción de prepararse con nosotros”, explicó.

También dijo que la rectoría de la BUAP les ha ofrecido instalar una mesa de diálogo, por lo que estaban en espera de que exista una respuesta positiva a su planteamiento, que aseguran se encuentra respaldado en los estatutos como un derecho de los estudiantes de usar las instalaciones para generar proyectos académicos.

Los jóvenes además advirtieron que temen ser desalojados del zócalo luego de que funcionarios del gobierno estatal acudieron para amenazarlos.


Hasta esta noche, la BUAP no había emitido postura alguna sobre este ayuno que iniciaron los activistas del CUEP.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

El misterioso documento sellado

El abogado de Luis Armando Reynoso López asegura que la negativa de un juez para abrir una parte del expendiente del hijo del exgobernador de Aguascalientes no permite avanzar en su defensa.

Luis Armando Reynoso López lleva siete meses buscando saber de qué trata la investigación criminal que hay en su contra en Estados Unidos. 

Pero no lo ha logrado. 

El juicio por la incautación de las siete propiedades adquiridas a su nombre -o por empresas suyas- cuando su padre, Luis Armando Reynoso Femat, gobernaba Aguascalientes ha dado otro revés. 

El juez David Alan Ezra, del tribunal de Distrito Oeste de Texas con sede en San Antonio, revocó una nueva petición para ver el apéndice A del caso, una parte del expediente que no ha sido visible ni para el propio abogado del joven empresario mexicano. 

En cambio, el juez citó a una nueva reunión de las partes involucradas en el juicio para una conferencia el próximo 26 de mayo.

La razón es “asesorar a la Corte en cuanto al estado de la investigación criminal en curso”.

El hijo del exgobernador de Aguascalientes se hizo conocido ante la opinión pública gracias a su ostentosa fiesta de cumpleaños. 

El video de la fiesta al estilo de la película “proyecto X”, en el que sus amigos se referían al joven como “princeso” se hizo viral.

Su padre, Luis Armando Reynoso Femat, ya enfrentaba investigaciones federales y locales por usar dinero público para fines personales y por haber comprado terrenos baratos, que luego aumentaron su valor gracias a la obra pública realizada por su gobierno, entre otros cargos. 

Poco tiempo después, en junio de 2013, Reporte Indigo ubicó siete propiedades en San Antonio, Texas, que habían sido compradas por el joven en 2009, cuando a su padre aún le quedaban meses en el gobierno estatal.

Un año más tarde, en julio de 2014, estas siete propiedades fueron incautadas gracias a una orden judicial. 

En un inicio no se mencionó en el caso al hijo del exgobernador, pero en agosto él mismo presentó un recurso judicial para mostrarse como el dueño de los inmuebles, con derecho a litigar el caso. 

Si bien las leyes en Estados Unidos establecen que la defensa del afectado tiene 21 días después de la acusación para contestar a la fiscalía, esto no ha podido ocurrir. 

La causa, según ha dicho el abogado defensor del mexicano, Todd Alan Prins, es precisamente el apéndice A del expediente, el cual contiene datos de una segunda investigación, ésta sobre un tema penal, de la que aún no se conoce ningún detalle.

Defensa sin argumentos

El 25 de noviembre del 2014, la Corte escuchó la petición de Luis Armando Reynoso López, en lo individual, y de su compañía LRL-AC Real Estate Holdings, para conocer las demandas en su contra. 

Presentaron argumentos para acceder al anexo del expediente que ha estado sellado desde que la fiscalía texana solicitó incautar las propiedades con valor de 4.5 millones de dólares. 

Este apéndice fue sellado “para prevenir la divulgación prematura de pruebas, ya que contiene hechos y circunstancias que son los mismos hechos y circunstancias que dan lugar a una investigación criminal en curso cuya divulgación pudiera afectarla adversamente”, de acuerdo con el reporte judicial del que Reporte Indigo obtuvo una copia.

El abogado de Reynoso ofreció ver el apéndice únicamente en cámara o firmar un acuerdo de confidencialidad, con base en una ley texana que da derecho al abogado defensor a tener acceso a todo el expediente.

La segunda estrategia jurídica fue argumentar que la falta de conocimiento sobre este apéndice entorpecía el acceso de Reynoso López a un juicio bajo el debido proceso. 

En su negativa, el juez recordó al abogado del mexicano que “las normas locales tienen fuerza de ley, siempre y cuando no entren en conflicto con una regla prescrita por la Corte Suprema, Congresos o la Constitución”.

También argumentó que la garantía que tiene el abogado a un acceso total al expediente puede revocarse con una orden del tribunal, como sucedió en este caso. 

Una de las causas centrales por la que puede suceder esta orden es, precisamente, la protección a los datos contenidos en otra investigación criminal, que toque a los mismos implicados. 

La Corte se dijo impedida de obstaculizar la investigación criminal pero, al mismo tiempo, en la necesidad e importancia de da a los reclamantes “una oportunidad justa para las reclamaciones de este caso”. 

Por eso, permitirá a los demandantes presentar la respuesta a las incautaciones en un tiempo mayor al usual.

Mientras normalmente el abogado defensor tiene solo 21 días después de iniciado el juicio, en este caso ese tiempo comenzará a correr hasta después de que el apéndice A sea abierto, “para que pueda presentar una queja por el decomiso de los inmuebles”.

No habrá decomiso


Aunque las propiedades de Reynoso López se encuentran incautadas, el juez advirtió que no firmará ninguna orden de decomiso mientras el representante legal del joven empresario mexicano tenga la oportunidad de haberlo defendido.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Fallece preso político de Chalchihuapan

SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, Pue: Víctor Montes Contreras, uno de los cuatro habitantes de esta comunidad a quienes el gobierno estatal acusó del homicidio del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, perdió la vida después de presentar un cuadro de depresión y complicaciones en su estado de salud, derivados de su encarcelamiento.

De acuerdo con sus familiares, la semana pasada el hombre de 55 años de edad fue localizado muerto en terrenos del panteón municipal, donde trabajaba.

“Después de que salió de la cárcel ya no fue el mismo, estaba como ido, le subió la presión y estaba deprimido”, relató una de sus parientes.

El habitante de Chalchihuapan estaba incluido en la lista de 45 presos políticos elaborada por organizaciones políticas y sociales de Puebla, luego de que el gobierno de Rafael Moreno Valle los criminalizó por participar en protestas sociales.

Víctor Montes Contreras fue detenido junto con otros tres pobladores el 9 de julio del año pasado, cuando policías estatales desalojaron de la autopista Atlixco-Puebla a decenas de habitantes de esta comunidad.

En un principio los cuatro fueron señalados por el gobierno de Puebla como los responsables de haber lanzado cohetones que supuestamente provocaron la muerte del niño José Luis Tehuatlie, de 13 años de edad. Sin embargo, la defensa comprobó con un estudio de cronometría que fueron aprehendidos antes de que el menor resultara herido de la cabeza, y el 7 de agosto fueron liberados bajo caución.

Montes aún seguía sujeto a proceso penal porque el gobierno estatal mantuvo los cargos en su contra por supuesto ataque a las vías de comunicación.

Entrevistado días después de su liberación por el periódico Intolerancia, Víctor reveló que sufría de ataques de ansiedad como secuela de los golpes que recibió durante su encarcelamiento y por las presiones a las que fue sometido para inculparlo por la muerte del niño y para que declarara en contra de otros habitantes de Chalchihuapan.

Los familiares de Montes relataron que desde que salió de la cárcel, el hombre cayó en depresión, perdió su trabajo, sufría de crisis nerviosas y se quejaba de constantes dolores de cabeza.

Al igual que Víctor, Melitón Zaragoza Velázquez es considerado víctima mortal indirecta de las políticas de gobierno de Moreno Valle.

Zaragoza era propietario de un mototaxi y resultó golpeado cuando opuso resistencia ante policías estatales que trataron de decomisarle su unidad.

Tras ese hecho, el mototaxista tuvo problemas de salud por diabetes y perdió la vista, hasta que su estado se agravó y murió.

A finales del año pasado, un grupo de mototaxistas obtuvo un amparo federal que ordenaba al gobierno estatal a devolver las unidades de transporte decomisadas. Entre ese grupo estaba Zaragoza, pero cuando fue buscado para notificarle la resolución del amparo, los familiares informaron que había fallecido.

Además del niño Tehuatlie Tamayo, otra de las víctimas mortales que se adjudican al gobierno de Moreno Valle por el desalojo del 9 de julio es el luchador social Delfino Flores Melga, quien murió en la cárcel, pese a que a sus 90 años de edad tenía derecho a prisión domiciliaria.


Las organizaciones también enlistaron a Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), asesinado el 4 de junio de 2014.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Choles y tzeltales bloquean carreteras en rechazo a la autopista San Cristóbal-Palenque (5 FEBRERO 2015)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Indígenas choles y tzeltales de la organización Laklumal Ixim-Norte Selva (Nuestro Pueblo de Maíz) bloquearon carreteras en la zona norte de Chiapas para manifestar su rechazo a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y brindar su apoyo a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Como parte del inicio de la campaña “Por la defensa de la vida, nuestras tierras y territorios”, los inconformes se dieron cita en las cercanías del poblado Pulpitillo, en el municipio de Tila, donde manifestaron que la autopista forma parte de una estrategia que busca favorecer a los grandes empresarios, despojando de la tierra a los pueblos originarios.

El acuerdo de diversas comunidades, subrayaron, es no autorizar que esa vía pase por su territorio.

“Hemos iniciado la recolección de firmas para manifestar que no estamos de acuerdo con las reformas estructurales y anunciar que defenderemos la vida, nuestras tierras, agua, bosques y selvas, y que continuaremos luchando por una tarifa justa de energía eléctrica y nuestro rechazo al megaproyecto de despojo”.

Los indígenas choles y tzeltales también se solidarizaron con los padres de los normalistas de Ayotzinapa al cumplirse 132 días de su desaparición a manos de policías municipales de Iguala, Guerrero.


“Nos sumamos a la exigencia de justicia de los padres y normalistas ante el Comité de Desaparición Forzada de la ONU por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano”, apuntaron.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

Mafias electorales

MÉXICO, D.F: Apenas están perfilándose las precandidaturas en el arranque del año y las mafias electorales ya comienzan a manifestarse en todos los partidos políticos, buscando posicionarse otros tres años para después brincar a la elección presidencial del 2018.

A la cabeza de estas mafias están viejos conocidos entre ellos los líderes de los partidos: Los Chuchos en el PRD; los “niños verdes” en el PVEM, los maderistas y calderonistas en el PAN, los mexiquenses en el PRI, los elbistas en el PANAL, los pejistas en Morena y entre todos estos también algunos gobernadores y exgobernadores que, como virreyes, quieren ampliar sus feudos, como el veracruzano Javier Duarte, el poblano Rafael Moreno Valle, el guerrerense Ángel Aguirre y el sonorense Guillermo Padrés.

Lo importante para estas mafias políticas es mantener las franquicias partidarias las cuales explotan desde hace muchos años ofreciendo productos caducos o inservibles llamados gobernadores, diputados o senadores, delegados y presidentes municipales que atienden sus negocios particulares legales o ilegales.

Ahí están el priista Fausto Vallejo, en Michoacán, o el perredista Ángel Aguirre, acusados de recibir dinero del crimen organizado para dejarlos operar con toda impunidad.

Estos grupos habrán de sacar raja del presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) va a darles este año y cuya bolsa asciende a 5 mil 300 millones de pesos, el grueso de los cuales se irán a gastos de campaña.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguro que se haría un seguimiento estricto del uso de estos recursos pero apenas el lunes pasado decidieron cancelar el contrato que tenían con Scyt, empresa líder mundial en voto seguro por internet y tecnología de modernización electoral con sede en Barcelona, que al enterarse consideró que hay personas que no están interesadas en que el instituto se dote de un sistema transparente, independiente y seguro de fiscalización de partidos que cumpla con la ley.

Con el dinero en los bolsillos para gastarlo con débiles y opacas medidas de fiscalización, los grupos políticos tendrán un gran margen de maniobrabilidad para usar el dinero público en campañas onerosas creando un mundo de propuestas que más tarde serán echadas a la basura pues lo importante para ellos es posicionarse en los distintos puestos de elección sin tomar en cuenta a electorado.

El caso más reciente es Enrique Peña Nieto que prometió crecimiento económico, disminución de la violencia, acabar con la corrupción y combatir a fondo al crimen organizado y ninguna de estas promesas ha cumplido.

En la elección presidencial pasada el costo del voto fue de 118 pesos cada uno, en la elección del 2009 fue de 77 pesos y el del 2006 en 39 pesos. Cada elección sube el costo de cada voto y para esta del 2015 lo más probable es que tenga un mayor costo que el de los anteriores.

Frente a este despilfarro de dinero, ante la posibilidad de que intervengan los grupos del crimen organizado y sobre todo, con la desconfianza cada vez más amplia de la ciudadanía en los partidos políticos convertidos en mafias, los procesos electorales en México tiene desde antes de que arranquen un descrédito profundo que pone en tela de juicio su realización y ahonda la zanja que hay entre ciudadanía y la clase política.


Pero eso poco le importará a las mafias político electorales, a estas les importa mantener su registro que significa dinero a toda costa y para ello son capaces de hacer alianzas con sus peores adversarios como el PRD y el PANAL en la ciudad de México o lanzar candidatos de pésima reputación que les haga ganar con el apoyo de algún grupo del crimen organizado bajo la lógica más pura de las mafias: mantener el poder sobre un territorio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)

Caso Cuajimalpa: 15 personas siguen hospitalizadas; graves, cuatro bebés

MÉXICO, D.F: A una semana de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, una enfermera y un policía que resultaron heridos fueron dados de alta, con lo que el número de personas que permanecen hospitalizados se redujo a 15, aunque siete continúan graves.

Según el reporte del Gobierno del Distrito Federal, la enfermera Guadalupe García García y el policía Alderic Clímaco Arellano dejaron los hospitales donde fueron atendidos por las quemaduras y lesiones sufridas por el estallido y el colapso de las instalaciones.

De los siete que continúan graves, cuatro son recién nacidos –incluido el que está en el hospital de Galveston, Texas– y tres adultos.

Aquella mañana del jueves 29 de enero, los habitantes de la colonia El Contadero y otras aledañas de la delegación Cuajimalpa despertaron por el ulular de las patrullas y un carro de bomberos que llegaron a atender el reporte de fuga de gas en una pipa de la empresa Gas Express Nieto.

Sin embargo, a los pocos minutos el estruendo rompió las ventanas de sus casas y una onda expansiva los levantó de la mesa y la cama. Algunos pensaron que era un temblor, pero al salir de sus casas observaron la columna de humo y las llamas que salían del hospital.

Del miedo siguió el caos pues algunas pacientes que lograron desalojar las instalaciones caminaban heridas y sin soltar a sus bebés en sus brazos. Vecinos y policías comenzaron las labores de rescate.

Minutos después llegaron los paramédicos en las ambulancias, personal de protección civil de la delegación y del gobierno central, bomberos y más policías.

Hacia el medio día, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reportó la muerte de dos personas: una mujer y un bebé y al menos 60 lesionados, aunque más tarde la cifra subió a 73.

La fotografía de un policía que rescató a una recién nacida le dio la vuelta a las redes sociales, pero horas después, la menor se convirtió en la tercera víctima mortal de la tragedia. Ayer, la enfermera Mónica Orta Ramírez, quien salvó la vida de otro bebé, elevó la cifra mortal a cuatro.

Desde esa mañana, Mancera Espinosa dio por hecho que la causa del estallido fue una fuga de gas en la manguera de la pipa. Los secretarios de Salud, Armando Ahued, y de Protección Civil, Fausto Lugo, aseguraron que personal del hospital aplicó los protocolos de seguridad, lo que supuestamente evitó que hubiera más víctimas fatales.

Sin embargo, a una semana de la tragedia, las autoridades judiciales no han terminado el peritaje, aunque el procurador general de Justicia, Ricardo Ríos, adelantó que se sostiene la hipótesis del desperfecto en la pipa.

Por lo pronto, el chofer del vehículo continúa internado en el hospital de Xoco, en calidad de detenido. Las dos personas que lo acompañaban aquella mañana fueron liberados porque no se les encontró responsabilidad.

Huele a gas… ahora en guardería

Y a una semana del estallido en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, la sombra de la tragedia persigue a los capitalinos.

La mañana de este jueves se reportó una fuga de gas al interior de la guardería número 25 del ISSSTE, ubicada en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en la colonia Vallejo, delegación Gustavo A. Madero.

Al menos 250 niños y personal de la estancia infantil fueron evacuados a un jardín para evitar la inhalación del combustible. Personal de Protección Civil del IMP y bomberos acudieron al lugar y revisaron las instalaciones.

Reportes preliminares indicaron que el olor de la fuga provenía de la cocina del plantel, donde personal de la distribuidora de gas realizaba una reparación. Sin embargo, los bomberos lograron controlar la fuga.


Las actividades de la estancia fueron suspendidas y las autoridades informaron que se valoraría el regreso a clases mañana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CHIHUAHUA, EL FEUDO DE UN SOLO HOMBRE Y UN SOLO PARTIDO

Ciudad de México, 3 de febrero: Algunas columnas periodísticas reportaron que al Gobernador chihuahuense, César Duarte Jáquez, se le desencajó el rostro esa noche que se suponía habría un festejo en Palacio.

Era 16 de septiembre de 2013, el tercer año de su sexenio y el segundo que daría el Grito de Independencia desde el “megabalcón” que se había mandado construir un año antes para estrenar en su segunda noche patria como mandatario. Un millón 900 mil pesos para modificar el ventanal del histórico edificio del Siglo XIX y ampliar la barandilla que da a la Plaza del Ángel, una especie de Zócalo en la capital de Chihuahua, más otros 2.7 millones para agrandar también el contiguo Salón Balcones, donde recibe a los invitados.

Y ahí estaba Duarte, en su millonario nuevo palco frente a miles de asistentes a la ceremonia del Grito, sosteniendo la bandera, con su familia y funcionarios, cuando empezó a escucharse el abucheo.

–¡Chihuahuenses! ¡Viva la Independencia! –gritó el titular del Ejecutivo.

–Uleeero, uleeero –respondieron varias voces desde el público.

–¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! –continuó el mandatario.

–¡Buuu! ¡Buuu! –contestaron los ciudadanos.

Las expresiones de repudio quedaron registradas en videos colocados en YouTube y en diversos medios de la entidad: “Le enviaron un duro mensaje al Gobernador César Duarte, cuando en vez de corear las ‘vivas’ a la Nación, dejaron salir una ensordecedora rechifla, en la expresión libertaria absoluta, de su juicio sobre la marcha del Gobierno”, publicó Norte de Ciudad Juárez. “No sólo en la emergencia emerge, valga la redundancia, el hartazgo de la gente –publicó el sociólogo y ex Diputado Víctor Quintana en El Diario de Chihuahua–, también en las fiestas: en el abucheo y el desaire al Grito de Peña Nieto en el Zócalo, o al de César Duarte en el megabalcón del Palacio de Gobierno”.

Corría la mitad del actual sexenio en Chihuahua y, ciertamente, había disminuido la violencia que colocó a esa entidad en el primer lugar nacional de homicidios, balaceras, masacres o la exhibición de cuerpos desmembrados, “narcomensajes” y demás atrocidades de la llamada “guerra del narcotráfico”.

Entre la ciudadanía, sin embargo, y como relató el abogado Jaime García Chávez, abundaban ya las versiones, testimonios e indicios de que Duarte y su círculo cercano de funcionarios estaban abusando del poder público, que estaban endeudando monumentalmente al erario, que participaban en la creación de empresas para proveer a instituciones de Gobierno, sobre todo en el Sector Salud, que se llevaban miles de pesos en camionetas a sus ranchos, que se estaban apoderando de propiedades, que Duarte mismo era ya dueño del emblemático Hotel Soberano –evidenciado en la denuncia penal-, y que tenía a familiares en puestos clave, como a su hermano en la rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La construcción misma del “megabalcón” en el segundo piso del Palacio de Gobierno se había iniciado sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y había concluido pese a las críticas expresadas en conversaciones, columnas y demás redes sociales. Una intención posterior, ésta para trasladar el Mausoleo de Francisco Villa de un parque a la misma Plaza del Ángel, fue finalmente detenida luego de que los ciudadanos se opusieron con firmas e incluso una manifestación frente a Palacio que, en agosto de 2013, terminó con descalabrados y la intervención de la policía.


En ese ambiente llegó el abucheo en la ceremonia del Grito el 16 de Septiembre, noche que fue considerada también en diferentes columnas como un parteaguas en la relación del Gobierno y la población de un estado primero víctima de la violencia extrema y luego de la corrupción más abierta, según activistas.
“Como nunca antes en la historia reciente de Chihuahua encontramos a un Gobernador que provocara tanta animadversión (…) A donde quiera que usted vaya, si se toca el tema de César Duarte no hay quién lo defienda”, dijo Luz Estela Castro, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) que prepara la presentación del asesinato de la activista Marisela Escobedo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estamos ante un gobierno frívolo, superficial y que, aparte de la corrupción, ha dado muestra de una gran insensibilidad (ante las víctimas de la violencia)”, dice la abogada desde la ciudad de Chihuahua.

PECULADO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO



Castro y otros representantes de la sociedad civil de diferentes regiones de aquella entidad norteña fueron entrevistados por SinEmbargo para que describieran al Gobierno que, de acuerdo con la denuncia por peculado y enriquecimiento ilícito presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR), habría desviado más de 8o mil millones de pesos de recursos públicos a un fideicomiso personal creado junto con su esposa.


Y la crítica en las respuestas es unánime: el de César Duarte no es sólo uno de los Gobiernos más abiertamente corruptos en la historia del Estado de Chihuahua, sino también uno de los más autoritarios.
“Es un Gobierno absolutista, que no tiene ningún contrapeso ni en el Congreso ni en el Poder Judicial; es un retroceso a la democracia; una situación en la que, como hizo Patricio Martínez (el ex Gobernador y hoy Senador que defendió a Duarte cuando éste acudió a la Cámara Alta a hablar de seguridad pública) se desacredita y se acusa de desestabilizar a quienes cuestionan que hay muchísimos problemas sociales no atendidos, como el femenicidio, ante el cual el gobierno tiene una clara postura de no hablar del tema y no atenderlo”, dije José Luis Flores, integrante del Consejo para el Desarrollo Social de Ciudad Juárez.
“Es el peor gobierno, y mire que Chihuahua ha tenido malos Gobiernos”, agregó desde la región de Cuauhtémoc Víctor Quintana, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y también analista político.

“Lo más grave es la falta de transparencia, de rendición de cuentas, el autoritarismo, la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial; el control del Instituto Chihuahuense de Transparencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la súper corrupción, que no sólo tiene que ver con el daño patrimonial al Estado, sino también con una mala administración en términos de nulo desarrollo económico, desgarramiento del tejido social, el primer lugar nacional en embarazos, tercero en rezago educativo en preparatoria”, dijo también Quintana.

Los ejemplos de exceso en las decisiones al frente del poder público abundaron entre los entrevistados, como la reciente “jubilación” de 13 magistrados que fueron reemplazados por nuevos titulares del Poder Judicial, algunos sin experiencia y, como describió García Chávez en una de sus columnas, “producto del compadrazgo y cuotas partidistas, ubicación de personajes a modo para resolver litigios”.

Otro es el gasto de 461.1 millones de pesos en la construcción de nuevas instalaciones de las dos ferias tradicionales –Santa Rita y la Exposición Ganadera– mientras 1.2 millones de habitantes del estado –o más de tres de cada 10 personas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– viven en condiciones de pobreza.

“Esas instalaciones (las de la feria) se usan sólo una vez al año, y se hace ese gasto millonario cuando hay tantos problemas de hambruna en la sierra”, dijo Luz Estela Castro.

Pero más grave, agregó la abogada, es la desatención a cientos de casos de personas víctimas de desaparición registrados en el presente sexenio, sobre todo en la región de Cuauhtémoc, a la entrada a la zona serrana de Chihuahua, y probablemente atribuidos al crimen organizado.

“Pero en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas [el 30 de agosto], mientras las madres de las víctimas exigían una audiencia con el Gobernador, él estaba en el Teatro de los Héroes celebrando al cantante Juan Gabriel”, agregó la abogada.

“Y también es muy poco tolerante a las críticas; no en vano Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para los defensores los Derechos Humanos, como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y tiene que ver con las campañas de descalificación, como la que le hicieron a Ismael Solorio (dirigente del Barzón en el Noreste de Chihuahua, opuesto a la operación de una mina y asesinado en octubre de 2012), a Marisela Escobedo (asesinada en 2010), y conmigo (cuya oficina fue atacada luego de denunciar la impunidad en las agresiones a los otros defensores)”, señaló Castro.


José Luis Flores, por su parte, cuestionó que el populismo y el espectáculo abunden mientras ninguna oficina de Gobierno está realmente ocupada en atender las raíces de la profunda problemática social que persiste en el estado.
“Yo creo que este Gobierno ha retomado el sistema priista de populismo, espectáculo, corrupción, improvisación y feudalismo; en ningún informe se habla de los indicadores de calidad de vida, que es desde donde decimos que hay mucho dolor en la entidad y sobre todo en ciudades como la nuestra; mucho dolor encapsulado, miles de huérfanos no atendidos, la ausencia de una política social que vaya a las bases y no sólo a los efectos”, dijo Flores.
Víctor Quinta, por su parte, comparte la muy extendida percepción de que la disminución de la violencia en Chihuahua –y que es notoria sobre todo en Juárez, mas no en la zona serrana– podría obedecer más a un acuerdo entre los grupos que se disputaron el territorio que al éxito de alguna medida gubernamental contra el crimen organizado.

“Ahí están las desapariciones, como en Cuauhtémoc, y zonas completas del estado, como Madera, Bachíniva, Namiquipa, Riva Palacio, Gómez Farías, Zaragoza, donde hay un control del crimen organizado. Ellos tienen las direcciones de Seguridad Publica de estos municipios. El Alcalde puede ser electo, pero el crimen pone a los jefes de seguridad pública, a los tesoreros y a los directores de obras públicas”, expresó Quintana.


“Es una coexistencia (con la delincuencia) relativamente pacífica, con control de daños, pero es una política de ‘dejar hacer dejar pasar’, y no sólo de parte del Gobierno del estado, sino también de la Federación. El Ejército no está en esas partes, hay dos poblaciones que son ejemplares negativamente: colonia El Alamillo y Nicolás Bravo, en Madera; la primera, prácticamente ya deshabitada y, la segunda, totalmente atemorizada: los narcos se han apoderado de ranchos, maquinaria y ganado, hay gente de ahí que desde 2009 salió y no ha podido regresar”, agregó el ex Diputado.

TIERRA DE IMPUNIDAD

Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan la percepción ciudadana de que en Chihuahua ha descendido la violencia registrada sobre todo durante el sexenio federal pasado. El indicador de tres mil 900 asesinatos dolosos registrados en 2010, por ejemplo, que fue el año de la elección que ganó Duarte, se redujo a mil 443 en 2013 y a menos de mil (995) hasta noviembre de 2014.

Las cifras, sin embargo, esconden los cientos de casos de personas cuyas familias reportan como desaparecidas, como los múltiples casos de mujeres en Ciudad Juárez y los que reportan Castro y Quintana en la región oeste del estado. Ocultan también la impunidad en la que se encuentran los homicidas de más de seis mil personas y cuyos crímenes no investigan ni la Fiscalía Estatal ni la Procuraduría General de la República porque la primera, ha dicho el Fiscal General del Estado, no investiga la delincuencia organizada y la segunda no atrae los homicidios.

Entre los miles de casos que ni el Gobierno de César Duarte ni el federal tocan se encuentran varios crímenes de alto impacto, desde los homicidios de periodistas como el reportero de El Diario, Armando Rodríguez, registrado en 2008, hasta los de activistas como Marisela Escobedo, ocurrido en diciembre de 2010, pocos meses después de que asumiera el actual mandatario.


La impunidad en este caso y en Chihuahua es tal que el único detenido por este crimen, de hecho, acaba de ser a su vez asesinado en el interior del penal de San Guillermo, en la capital del estado; homicidio que se suma a la zaga del caso Escobedo que, como otros, es emblema de la profunda barbarie que deja más del 97 por ciento de los casos sin castigo ni respuestas: está muerta la hija a manos de su pareja, la madre que buscaba justicia –asesinada a la puerta de Palacio de Gobierno– el asesino confeso de la primera y un probable chivo expiatorio en el caso de la segunda.
“El de Marisela Escobedo es un caso emblemático de impunidad, pero hay otros, como las desapariciones, con la colusión del crimen organizado con las policías, o el genocidio que se está perpetrando en Guadalupe (en la frontera), donde hay más violencia que en otras partes del estado”, dijo Luz Castro.
“Y esa tóxica y exagerada situación de impunidad –cierra la abogada– tiene la aquiescencia del Estado”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-02-2015/1235098.