El abogado de la exlideresa del SNTE dijo que los argumentos de la solicitud son: la edad (70 años) y su delicado estado de salud.
El abogado de Elba Esther Gordillo, Marco Antonio del Toro, solicitó continuar su proceso legal desde casa, debido a su mal estado de salud y que hoy cumple 70 años.
El abogado del Toro dijo esta mañana al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, que no hay “motivo lógico” para que la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) siga en prisión, ya que “la maestra tiene que tomar alrededor de 30 medicinas diarias; tiene divertículos en el colon, en los tobillos un esguince; tiene glaucoma, cambios estructurales por encogimiento; además de hipertensión arterial”.
“La maestra lleva 706 días en un cuarto de hospital, sin ventilación, sin luz solar, sin movilidad, en un área, que como en todo nosocomio, pululan las infecciones; ella ya ha contraído tres”, explicó el abogado.
Este hecho ocurre luego de que, el 13 de enero, un juez federal emitió un acuerdo por el que Elba Esther Gordillo podrá seguir las audiencias de su juicio a través de videoconferencias.
Esto, debido a su condición de adulto mayor y a su delicado estado de salud. Gordillo, acusada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, nació el 6 de febrero de 1945 y tiene 69 años.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Las dos migrantes fueron asesinadas un día después de denunciar extorsión por parte de una banda criminal.
Luego de una investigación de un año y ocho meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el gobierno de Chiapas “ocasionó” la muerte de Iris Zuleida Raudales Flores y Cynthia Carolina Cruz Bonilla, migrantes hondureñas de 24 y 18 años respectivamente, quienes el 30 de mayo de 2013 fueron asesinadas por un grupo criminal al que, un día antes, habían denunciado como responsable de extorsiones a migrantes que intentaban subir al tren conocido como La Bestia.
Tal como consta en la Recomendación 2/2015 –emitida por la CNDH el pasado 30 de enero–, ambas jóvenes hondureñas se presentaron el 29 de mayo de 2013 ante la agencia del Ministerio Público de Palenque, para testificar en contra de un grupo de pandilleros centroamericanos que, aseguraron las afectadas, exigían el pago de 100 dólares a cada migrante que intentara subir al tren de carga, con la intención de avanzar en su camino hacia Estados Unidos.
Esta denuncia, subrayó la CNDH, no derivó en ninguna acción de resguardo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas encaminada a garantizar la seguridad de ambas mujeres, a las que se reconoció la calidad de testigos, por lo cual, al día siguiente de rendir su testimonio ministerial, las dos hondureñas fueron asesinadas por otros integrantes de la misma banda a la que habían denunciado.
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “la actitud omisiva del Ministerio Público acrecentó el riesgo en que ya se encontraban las víctimas, dado que no pudieron beneficiarse de alguna medida de protección que las resguardara, a lo que estaba obligado el Ministerio Público, privándoseles, en consecuencia, del derecho a la integridad y a la vida”.
Un día antes de su asesinato, cabe destacar, las dos mujeres hondureñas no sólo habían denunciado a la banda de centroamericanos extorsionadores, sino también que uno de los pandilleros las había amenazado de muerte, pese a lo cual, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas “omitió resolver específicamente respecto de la implementación de alguna medida de protección o seguridad, a fin de salvaguardar la vida e integridad de ambas mujeres migrantes, en su calidad de víctimas y testigos del delito”, por lo cual, al día siguiente de formular su denuncia, ambas jóvenes fueron asesinadas junto a la vía del tren, atacadas con armas blancas y armas de fuego.
Para la CNDH, la actitud omisa de las autoridades chiapanecas generaron “las condiciones idóneas para que, al día siguiente de haber rendido declaración”, ocho hondureños integrantes de la pandilla de extorsionadores “dieran cumplimiento a las amenazas de muerte”.
Por estas omisiones, que derivaron en el asesinato de ambas víctimas, el agente del Ministerio Público responsable sólo fue inhabilitado un año para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público, sanción con la cual la CNDH mostró su conformidad, por lo cual, el ombudsman nacional sólo demandó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, emitir una disculpa pública por estos hechos dirigida a los familiares de Iris Zuleida Raudales Flores y Cynthia Carolina Cruz Bonilla, en la cual se reconozca la responsabilidad de su administración en la violación a los derechos humanos que sufrieron ambas jóvenes.
Además, la CNDH exigió al gobierno chiapaneco brindar asistencia médica, psicológica, social y material a los familiares de ambas jóvenes, así como capacitar al personal de la Procuraduría de Justicia estatal en “atención a víctimas y fortalecimiento de valores éticos y morales”.
Cabe destacar que los ocho hondureños a los que se imputa el asesinato de Iris Zuleida y Cinthia Carolina fueron detenidos en los días siguientes al crimen, y actualmente enfrentan proceso penal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MATÍNEZ.
La reforma avalada por los diputados impone candados a la contratación de deuda; en caso de que el Senado también la apruebe, la reforma se enviará a los congresos estatales.
Con 350 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de reforma constitucional en materia de disciplina financiera para regular la deuda pública de estados y municipios.
Con la aplicación de esa propuesta se pretende fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos federales y locales.
El documento se remitió al Senado de la República para su ratificación y, de ser aprobado, se enviará a los congresos estatales con el fin de que sea avalado por el constituyente permanente, por lo que tendrá que lograr la aprobación de la mitad más uno de esos congresos, por tratarse de una reforma constitucional.
La propuesta avalada por los diputados determina que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
También faculta al Congreso de la Unión en materia de deuda pública para celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos.
Estipula que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a su refinanciamiento o reestructura, que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado.
Las legislaturas locales deberán autorizar, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos máximos para contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.
La reforma constitucional establece que estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y las condiciones que prevea la ley general que expida el Congreso de la Unión.
En un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a estados y municipios, que deberá expedirse según la fracción XXIX-V del 73 de la Constitución y las legislaturas de las entidades, se realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con ese decreto y la ley citada.
También las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor de ese decreto en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquel emita.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.
“En Petróleos Mexicanos (Pemex) hay conflicto de intereses, Lozoya Austin, director general de Pemex y a Mario Alberto Beauregard, director corporativo de finanzas, trabajaron para OHL México”, afirmó el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
En junio de 2013, se filtró una llamada telefónica de la diputada Purificación Carpinteyro y José Gutiérrez Becerril, ex director de Pymes de Telefónica México. Se escuchó el cierre de un pacto, que incluía una serie de negocios en el ramo de telecomunicaciones en los que se aliarían con Telmex para competir con Televisa. La legisladora propuso aprovechar la reforma constitucional y las leyes secundarias en telecomunicaciones, para iniciar un negocio de reventa de servicios de telefonía móvil, televisión de paga e internet.
“Ejemplos como los anteriores se consideran conflictos de intereses, porque se define como situaciones en la que el funcionario público tiene suficiente interés personal o privado tal que, en base al mismo, el ejercicio de sus funciones se vea influenciado por aquel”, subraya el abogado Jorge Pereira, especialista en derecho público.
El senador Zoé Robledo afirma, “hoy los votos ya no son suficientes para legitimarnos, hoy los votos nos llevan a un cargo, pero es la transparencia como un hecho cotidiano y una conducta habitual, la que nos va permitir recuperar la confianza de los ciudadanos”. Bajo esa premisa, aunado a que “en las calles de México, la frase constante, ‘sin los políticos, todos los problemas del país se solucionarían’, fue lo que impulsó el proyecto que daría paso a la creación de una iniciativa de ley sobre el conflicto de intereses”, comenta Robledo.
Dicha iniciativa consiste en 3 factores; el formato, donde se establecerá qué información y qué campos debe incluirse al hablar de conflicto de intereses; determinar la presencia de comités externos especializados, que sean quienes prevengan un conflicto de intereses o en otro panorama, investiguen las declaraciones y el escenario de una problemática, para así determinar si hubieron acciones que favorecieron o perjudicaron a un sector de la economía, al mismo tiempo también podría ser el funcionario quien acuda a estas comisiones para consultar si consideran la existencia o no del conflicto de intereses y finalmente promover que la presentación de las declaraciones de intereses sea una obligación de los legisladores.
Aunque la mención de la iniciativa coincide con los recientes escándalos que se han suscitado en torno a las propiedades de Enrique Peña Nieto, Zoé Robledo dio a conocer el primer planteamiento sobre ésta el 15 de diciembre del año pasado. Y su presentación oficial en el pleno será la próxima semana, ocupando el primer lugar de la orden del día. Sin embargo, a partir de esta semana, dio inicio un ejercicio de transparencia nombrado “3 de 3”, también conocido como “legislador transparente”, y “aunque son sólo 4 los legisladores quienes han registrado sus declaraciones, se debe considerar que es el día 1 de la apertura, así que se deben de sacar juicios hasta finalizada la acción”, comenta Zoé Robledo.
legisladortransparente.mx es una plataforma cuyo objetivo es evitar conflictos de intereses; “Dada la creciente necesidad en nuestro país de generar confianza en la ciudadanía, hacia sus representantes, un grupo de legisladores de distintos partidos políticos, en alianza con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, promueven que todo representante popular y servidor público se comprometa a transparentar 3 documentos: declaración patrimonial, declaración de intereses y comprobante fiscal”, comenta Alexandra Zapata, coordinadora del proyecto y miembro de IMCO.
“Al subir sus documentos cada legislador se compromete a impulsar una nueva clase política, en donde no se haga política con dinero ni dinero de la política; gracias a esta plataforma el ciudadano podrá acceder a las declaraciones hechas públicas por los legisladores”, agrega el senador Zoé Robledo.
Puntualizando que “se necesita una autocrítica rigurosa, que exista un acercamiento con la sociedad. Porque la crisis de credibilidad que hoy tenemos no es exclusiva de un solo poder, es
por ello que todos debemos impulsar acciones que nos conviertan en un ente sensible a las peticiones de la ciudadanía, y a partir de ahí conducir hacía una dirección distinta la situación del país, que hoy lo mantiene sumergido en una complicada crisis”.
Sobre el tema, Pereira propone que dentro de cualquier ley que se ocupe de los conflictos de intereses, se debe destacar las siguientes expresiones: a) priorizar y satisfacer regularmente las necesidades colectivas; b) evitar los tratamientos preferenciales y la discriminación; c) bregar por el trato igualitario e imparcial en el manejo de los temas públicos; d) administrar correctamente los fondos estatales y, fundamentalmente, e) evitar toda ocasión propicia que pueda significar un abuso, exceso o desviación de poder.
Además de esto sentencia “se debería incluir la eliminación del fuero. Los funcionarios públicos son justamente los que no deberían tener un fuero, porque detentan poder, son quienes moldean la situación del país, deberían actuar con coherencia hacia el bien público, al no ser una figura legal flexible se corre el riesgo que se haga totalmente responsable de un ilícito que ha cometido, o en su caso que quiera engañar al pueblo haciéndole creer que será investigado, como es el caso de Peña Nieto, que en realidad no es un conflicto de intereses, es un insulto al país, ante la terrible situación de hambre y pobreza extrema que se afronta”.
Pereira agrega “el país debe hacer la figura del funcionario público flexible, desapareciendo el fuero, porque si partimos de la frase ‘el que nada debe, nada teme’, entonces por qué quieres una protección, por qué quieres tener ese fuero, si no vas a hacer nada incorrecto, si más bien dices no hacerlo. Conflictos como los del Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por las propiedades compradas a firmas que obtuvieron contratos con administraciones priistas, se podrán evitar con una propuesta de ley de conflicto de intereses”.
Hoy en México la legislación sobre conflicto de interés en México es prácticamente inexistente y en los casos en los que hay mención explícita al tema, sus mecanismos no son accionables, esto según informes de organizaciones internacionales como Human Rights Wacht (HRW) y Amnistía Interncional. Además de esto, modelos gubernamentales internacionales demuestran que si los funcionarios públicos dan a conocer este tipo de documentación puede servir como una herramienta poderosa contra la corrupción. A la par de incrementar la transparencia y confianza ciudadana, y al mismo tiempo brindar protección a funcionarios de acusaciones falsas.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.
Ricardo Monreal, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), indicó que las desaseadas investigaciones sobre las fallas de la Línea 12 del Metro, quedarán sólo en un “linchamiento político” contra algunos de los presuntos responsables.
Esto, porque legalmente no se podrá procesar ni “desaforar” al ex jede de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Cassaubón. Monreal también expresó que a pesar del informe que presentó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, no será posible inhabilitar políticamente a una persona porque para ello se requiere una sentencia sólida de un juez.
Por esta razón, indicó que juzgar a Ebrard no es más que un “error de cálculo”, en el cual el Congreso de la Unión participa para continuar con el juego político, encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En conjunto, manifestó que lo único que lanza a la vista esta situación es la “ignorancia jurídica” de los priistas, al tratar de “luchar contra fantasmas” cuando insisten en responsabilizar a Ebrard por anomalías de la Línea dorada en vísperas del proceso electoral.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, informó que han sido encontrados 61 cadáveres en un crematorio abandonado.
En entrevista con Radio Fórmula, el funcionario no quiso dar detalles respecto al hallazgo. Se limitó a manifestar que las autoridades recibieron el reporte ayer por la noche.
“Estamos bajo una investigación, te pediría comprensión”, se excusó Godínez ante el periodista Óscar Mario Beteta.
Añadió que los cadáveres estaban cubiertos con cal. Adelantó que este viernes al mediodía el gobierno de Guerrero ampliará la información del caso.
Aparte, en entrevista con el periódico El Universal, Godínez declaró que el caso “a lo mejor” es “un posible fraude”.
Agregó que se trata de una violación a las leyes de sanidad en Guerrero, “porque es un crematorio abandonado”.
El dueño del establecimiento, Guillermo Estuar, no ha sido localizado por las autoridades estatales.
Versiones extraoficiales indican que la cifra de cadáveres sería mayor a cien.
El crematorio particular Pacífico, donde fueron hallados los cadáveres, está ubicado la carretera Cayacao-Puerto Marqués, en Acapulco.
El periódico local El Sur indica que vecinos del lugar reportaron a las autoridades que el crematorio despedía olores fétidos. En consecuencia, policías federales, ministeriales y marinos acudieron al lugar a las diez y media de la noche de ayer jueves.
Encontraron los cuerpos cubiertos con sábanas blancas, algunos semidescubiertos y todos con cal.
“El estado de los cadáveres variaba. Algunos parecían tener meses y se encontraban en un aparente estado de momificación ocasionado por la cal, y otros se notaban en estado de descomposición.
“Pertenecían mayoritariamente a hombres y se contaron al menos cuatro cuerpos de mujeres. Muchos de ellos estaban con ropas, hombres con pantalón de mezclilla y camisas y las mujeres con vestidos. Sin embargo la mayoría de los cadáveres estaban aparentemente desnudos envueltos en sábanas blancas.
“También había restos de extremidades humanas, brazos y piernas”, cita el diario.
Según los vecinos, el lugar llevaba meses abandonado. El diario confirmó que los teléfonos del negocio dejaron de funcionar en 2009.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LÁZARO CÁRDENAS, Mich: Un número indeterminado de heridos y al menos cuatro personas muertas dejó un deslave en una mina de extracción de oro en la comunidad de El Ahijadero, tenencia de Caleta de Campos, en los límites del municipio de Arteaga, Michoacán.
El accidente se produjo alrededor de la 14:30 horas en la mina, ubicada en Chuquiapan cerca de la carretera costera Acalpican de Morelos – Colima, en la costa michoacana. La propiedad de la mina se le atribuye al exalcalde de Lázaro Cárdenas, Manuel Santamaría Contreras, según versiones policiacas.
Cuerpos de emergencia, de Cruz Roja y Protección Civil del puerto, así como elementos del Ejército Mexicano y Marina se trasladaron al lugar de los hechos para atender el siniestro y valorar las condiciones del deslave.
Lo intrincado de la sierra ha dificultado los trabajos de rescate de los cuerpos y los peritajes del accidente, y hasta ahora sólo se ha dado a conocer el nombre de una de las víctimas. Se trata de Samuel Torres Valencia, de 45 años, originario del Ahijadero.
Se informó que la mina no pertenece a ninguna empresa privada, como más de 400 existentes en la costa, que son de pequeños propietarios que no cuentan con permisos para explotación y fueron vedadas por el excomisionado federal Alfredo Castillo Cervantes, hace casi un año.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Increíble pero cierto: cuando la opinión pública pensó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) no podría estar peor causó estupor, por lo burdo, el anuncio hecho ayer por el presidente destinado supuestamente a combatir la corrupción.
El resultado salió como las películas de Juan Orol. Veamos diez razones de lo que percibo.
Primera. Hombre de trabajo, amigo leal y con una apreciable credibilidad- y quien me cae bien además-, Virgilio Andrade, cayó en la tentación de “investigar” lo que no requiere investigación porque es público y notorio: la corrupción y conflicto de interés de EPN, su esposa y del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray (LV).
Peor todavía aceptó ser titular de la Secretaría de la Función Pública; es decir, empleado del Presidente y de su protector y amigo LV a quien le debe ser consejero del extinto IFE para cuidar el proceso electoral a favor de EPN y de su más reciente encargo, titular de la Comisión de Mejora Regulatoria.
LV le vendió la idea de que Andrade sería la solución a la larga cadena de errores y conductas que incurren en actos de corrupción. EPN compró la idea y buscó infructuosamente resolver varios casos de conflictos de interés con otro conflicto de interés.
Segunda. Virgilio Andrade a quien conozco desde hace varias décadas realizó la tesis de licenciatura más impresionante, un volumen de casi 1000 cuartillas sobre derecho electoral, único en su género en aquella época. El derecho electoral fue su interés a edad temprana, pero jamás ha publicado, trabajado o tenido la menor experiencia en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
El cargo que aceptó es incompatible con su currículum profesional y se encuentra ahí por la intervención de su gran amigo y mentor LV. Otro error más porque el que pierde de inicio toda credibilidad. Bien dice Manuel Clouthier que el prestigio se paga en abonos y el desprestigio al contado.
Tercera. La designación de Virgilio Andrade como titular de la SFP echa por la borda la creación en un corto plazo, del Sistema Nacional Anticorrupción anunciado por EPN, toda vez que haber proseguido en su proceso legislativo y mejora institucional hubiera significado, por las crisis recurrentes del gobierno de EPN, en un alto costo político para hacerlo a modo.
Pensaba el gobierno federal hacer un acto de ilusión óptica, pero el escrutinio de la prensa extranjera y su impacto en los tomadores internacionales de decisiones así como de un pequeñísimo sector de la prensa nacional que moldea el círculo rojo de la opinión pública, hacen inviable esa opción.
Cuarta. La SFP destinada por ahora a investigar no la transacción de las propiedades, o no sólo, sino la asignación de contratos a los proveedores que vendieron los bienes inmuebles a EPN y compañía es una trampa jurídica y política porque los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tienen con la ley en la mano (una pésima ley por cierto) la elasticidad y discrecionalidad para hacer retratos hablados en el diseño de las licitaciones públicas, el proceso de las licitaciones, la asignación de ganadores y el seguimiento del cumplimiento del contrato.
Por esta razón no hay que ser vidente para adelantar que el resultado será favorable para EPN y su equipo en una lógica de autoengaño, alejado de toda confianza pública nacional e internacional.
Quinta. El “comité de expertos” no estará integrado por profesionales independientes, sino por desempleados, académicos en busca de saltar al servicio público o personas que tienen ya varios compromisos con el gobierno. Nadie con un prestigio que cuidar, mucho o poco, dará un salto al vacío moral de prestarse a lavarle la cara a EPN formalmente hablando porque el problema del gobierno de EPN es el propio EPN. Y aquí viene a cuento la leyenda de la Universidad de Salamanca “lo que natura non da Salamanca non presta”.
Sexta. Las demás medidas propuestas por EPN como una novedad no solamente no provienen de un ataque democrático de último minuto del Presidente, sino de generar la impresión, también fallida por lo burdo, de que habrá cambios de fondo. Como dijo Lampedusa en su obra El Gatopardo “que todo cambie para que siga igual”. Se olvida, o más, se ignora por el gobierno que México ratificó el 6 de febrero de 1997 la Convención Americana contra la Corrupción que preveía que a la brevedad se legislaría en materia de combate a la corrupción y conflicto de interés. De modo que EPN, no sorprende a nadie con su anuncio, sino debería explicar porque no lo hizo en su toma de protesta como Presidente en acato al mandato de la Convención y porque tanto él como el Congreso de la Unión han sido omisos hasta la fecha.
Séptima. Además de que la Convención Americana contra la Corrupción es un tratado internacional ratificado por el Senado y con plena vigencia, con las reformas de noviembre del 2011 al artículo 1º párrafo segundo de la Constitución, la Convención Americana es parte integrante del derecho mexicano que a partir de esa fecha ha sido internalizado en nuestro sistema jurídico.
El Presidente afirma que para garantizar independencia se hará un convenio con la OCDE. Se quiere pasar por alto que el secretario general de la OCDE es José Ángel Gurría, militante del PRI desde 1968 y secretario de Hacienda y después de Relaciones Exteriores con el expresidente Carlos Salinas, asesor de facto de Peña Nieto. Por ello, José Ángel Gurría debería excusarse precisamente por conflicto de interés para participar en este proceso fallido de ayuda a Peña Nieto, así sea él quien participe o lo sea uno de sus subordinados.
Octava. Es menester ahora proceder a una reforma a la Constitución Política para retirar la “inmunidad” que en los hechos es impunidad al Presidente de la República, quien durante su encargo sólo puede ser juzgado por traición a la patria (tipo penal muy difícil de configurar) y delitos graves del orden común que han desaparecido del Código Penal y como en materia penal no opera la analogía ni la mayoría de razón no hay manera de juzgar al Presidente.
Novena. Además de las responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir LV existe la posibilidad de iniciarle juicio político que acabaría para siempre toda aspiración política de este hombre que acumula sin disimulo actos de corrupción uno tras otro sin ninguna consecuencia negativa.
Décima. La solución de fondo, lo he dicho en otras ocasiones aquí en Proceso, pasa por una reforma sustancial en el diseño del contenido de los libros de texto para niños y adolescentes, a efecto de generar una cultura de la denuncia, de la exigencia de rendición de cuentas y de la tolerancia cero a la corrupción. Si no se cambia en este rubro todo lo demás será remedial y efímero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS).
Los acuerdos de la Mesa Nuevo León son tan reales y visibles que desde hoy podemos anticipar qué candidatos ganarán en las contiendas internas albiazules que inician este domingo.
La Mesa Nuevo León no es un “mito urbano” como se atrevió ayer a calificarla el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero.
El líder blanquiazul estuvo ayer en Monterrey para reunirse con los precandidatos panistas a la gubernatura, Margarita Arellanes y Felipe Cantú.
Los acuerdos de la Mesa Nuevo León son tan reales y visibles que desde hoy podemos anticipar qué candidatos ganarán en las contiendas internas albiazules que inician este domingo.
No miente el diputado y expanista Enrique Barrios cuando asegura que todo el proceso de selección de candidatos en el PAN es una simulación.
La Mesa Nuevo León –y eso bien que lo sabe Madero porque él la encabezó- fue una negociación cupular que se creó para que los grupos de poder en el PAN de Nuevo León se repartieran las candidaturas y los espacios en base a un proyecto común: el de Margarita Arellanes.
Se repartieron hasta una regiduría de un municipio rural.
En la Mesa Nuevo León se incluyeron a los actuales liderazgos panistas: Raúl Gracia, José Serrano, Zeferino Salgado, Víctor Fuentes, Víctor Pérez y Fernando Larrazabal.
Pero hubo algunas excepciones como la inclusión de Arturo Salinas.
El diputado federal no representa nada en el PAN de Nuevo León. No tiene grupo ni seguidores ni muchos menos militantes en el padrón.
Pero el legislador fue designado -por segunda ocasión consecutiva por el dedo de Madero- como candidato a diputado local por un distrito que el PAN gana hasta postulando un chango.
¿Cuál es la gracia de Salinas?
¿Será que su relación con Gustavo Madero no sólo es política sino también ya de negocios?
Ugo en el CEN
El alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, fue visto ayer en la Ciudad de México en la Cámara de diputados y en la de senadores.
El motivo oficial del viaje del presidente municipal sampetrino fue darle seguimiento a algunos proyectos municipales que necesitan para su realización recursos federales.
Pero Ruiz también aprovechó la ida para ver temas del PAN de Nuevo León con panistas del CEN albiazul.
Los temas por supuesto tienen que ver con la designación de candidaturas.
Iván Garza, el candidato ‘Chic’
El precandidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Iván Garza, debutó en sociedad esta semana en la portada de una revista de sociales.
El paquete incluirá además del reportaje publicitario la colocación de la portada con la imagen de Iván en anuncios panorámicos de la ciudad.
Mal timing el que eligió el equipo de Iván para promocionarse: justo ayer el panista habló de un gobierno austero en caso de llegar a la alcaldía regia.
En poco tiempo el panista ha podido cambiar la imagen que pesaba sobre él propiciada por su relación con el empresario de casinos Juan José Rojas Cardona.
Hoy Garza se presenta como un “hombre de valores”.
Secuestros en Santiago
Hace dos semanas publicamos en esta columna el secuestro de dos comerciantes en el municipio de Santiago.
Uno de ellos fue liberado a los dos días después de que los familiares pagaran un rescate de miles de pesos.
El fin pasado ocurrió un intento de plagio: un grupo de hombres irrumpió en un restaurante de Santiago para llevarse a un hombre que se encontraba en el lugar.
Los clientes, los meseros y los familiares intervinieron y evitaron que se consumara el plagio.
¿Qué ocurre en Santiago? ¿Otra vez los grupos criminales son los que gobiernan este municipio?
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDES MONTERREY.
La precandidata del PRD a la gubernatura de Guerrero fue señalada por presuntos vínculos con el exalcalde de Iguala.
Alegando intentos de frenar su carrera por la postulación al gobierno estatal de Guerrero, la precandidata perredista Beatriz Mojica denunció una “guerra sucia” en su contra en la que se asegura que es “la mejor amiga” del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Y es que este miércoles circularon fotografías de Mojica con el exedil de Iguala, quien actualmente se encuentra preso por su supuesto vínculo con el grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes presuntamente plagiaron y asesinaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.
Además, se registraron en Guerrero llamadas realizadas desde un call center de la Ciudad de México donde se comunica: “Beatriz Mojica es la mejor amiga de Abarca ¿Quieres que pase en Guerrero lo que pasó en Iguala? ¡Aguas!
Mojica aclaró que no mantuvo “ninguna relación” –salvo una institucional– con José Luis Abarca, y advirtió que presentará una denuncia ante la PGR y ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, además de una queja ante el Instituto Estatal Electoral para pedir que se haga retiro de las llamadas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
HERMOSILLO, Son: La Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJE) localizó una narcofosa con al menos tres cuerpos en las inmediaciones del predio Las Ánimas, ubicado al sur de Navojoa, a unos 300 kilómetros de esta capital.
El hallazgo se derivó de la detención de cinco narcomenudistas que operaban en la región, así como el aseguramiento de una granada de fragmentación, dos armas de fuego calibre .40 y 9 milímetros; 72 envoltorios de la droga conocida como “crystal”; 49 porciones de mariguana y dos vehículos.
El procurador Carlos Navarro Sugich indicó que primero se detuvo en Cajeme a Carlos Adán Hermosillo, de 30 años, en posesión de los 49 envoltorios de mariguana, 15 de crystal y a bordo de una camioneta Nissan, línea Frontier, con reporte de robo del 28 de diciembre.
En su declaración ministerial, dijo, el detenido delató a Andrés Lerma, de 18 años, a quien se le aseguró una camioneta Ford, línea Ranger, y a Juan Sandoval, de 21. Ambos, informaron sobre la existencia de la narcofosa utilizada para finiquitar “asuntos de droga”.
También delataron a otros dos cómplices más: Meydi Orozco y Adán Sandoval, de 18 años. Ambos fueron capturados en la colonia navojoense de Marte R. Gómez, en posesión 62 “globitos” de crystal.
El fiscal sonorense informó que personal de servicios periciales realiza su tarea para identificar a las víctimas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
MÉXICO, D.F: La simulación del presidente Enrique Peña Nieto respecto del conflicto de interés en que incurrieron él y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es la misma que tiene su gobierno en materia de derechos humanos.
La designación de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública cayó tan mal por el fingimiento que entraña. Peña Nieto se investigará a sí mismo y Videgaray Caso tiene en el nuevo secretario a uno de sus viejos aliados. Mera representación escenográfica.
Lo mismo ocurrió con la comparecencia de México ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, fue a decir lo obvio, que en México hay un problema de desaparición de personas, y ofreció lo esperado: una Ley General de Desaparición Forzada.
En la simulación gubernamental para resolver ese problema humanitario, que ha alcanzado a miles y miles de mexicanos, evitó reconocer la jurisdicción de esa instancia de Naciones Unidas para que cualquier persona en México que se diga víctima de una desaparición forzada pueda solicitar una investigación del Comité.
Si se reconociera esa jurisdicción, se quitaría al Ministerio Público el monopolio de la “verdad jurídica” y no la histórica, como se la adjudicó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, respecto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Lo que se busca es que se hagan investigaciones independientes del MP para garantizar que los agentes del Estado responsables de una desaparición sean realmente procesados y sancionados.
Hay desapariciones en las que los perpetradores son particulares que actúan con la aquiescencia del Estado y otras que son autoría de integrantes de la delincuencia organizada. Ambas circunstancias no dejan de ser crímenes de lesa humanidad.
No es un fenómeno nuevo en México, circunscrito a la guerra a las drogas y la disputa de los grupos de la delincuencia organizada. En la guerra sucia de los años sesenta y setenta, agentes del Estado –policías, militares y civiles– participaron en la desaparición de cientos de mexicanos, al más puro estilo de las dictaduras latinoamericanas.
Pero ninguno de esos crímenes fue sancionado. El gobierno de Vicente Fox transó con el PRI para no castigarlos. Quedaron en la impunidad y pavimentaron el camino para lo que hoy ocurre.
Gómez Robledo es ahora el encargado también de evitar que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue las responsabilidades políticas por la crisis humanitaria durante el gobierno de Felipe Calderón.
El gobierno de Peña Nieto sale en defensa del expresidente para salvarse a sí mismo, porque el desastre humanitario continúa. De aceptar una investigación por parte de la CPI, él sería el próximo en ocupar el banquillo de los acusados.
Frente a la corrupción y la crisis de derechos humanos, la única garantía que ofrece Peña Nieto es la impunidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)
Los diputados exhibidos por sus costosos viajes al extranjero a costa del erario aseguraron que la adquisición de los boletos no depende de ellos. Una de las implicadas detalló que incluso en una ocasión ella presentó un presupuesto menor, pero no se le aceptó.
Diputados mostraron su inconformidad por la compra de boletos de avión para viajes internacionales con costos que rebasan los 100 mil pesos, porque su adquisición no depende directamente de ellos.
Incluso, una de las diputadas que viajó con el boleto más caro de todos los que se han adquirido en la Legislatura, presentó una queja ante los órganos de administración de la Cámara baja por la alta cotización del vuelo en el que viajó a Sidney, Australia, en mayo del 2013.
Lourdes Quiñones Canales, diputada del PRI por Durango, envió en octubre del 2013 una carta a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros -de la que Reporte Indigo posee copia- en la que se quejó por el alto costo del boleto cuando ella ya había conseguido una cotización menor.
“Yo solicité que mi viaje fuera vía Santiago de Chile, ruta que en tiempos significaba un ahorro en las horas de viaje, además de que económicamente resultaba por mucho más barata que viajar a Los Ángeles, teniendo ya la reservación, la agencia con la cual contrataron los vuelos la dejó perder obligándome a viajar por Los Ángeles con un costo de 193,040.00, exponiéndonos a los diputados al escrutinio de los medios por el alto costo de los viajes”, escribió la legisladora a Francisco de Jesús de Silva Ruiz, secretario de Servicios Administrativos y Financieros.
Quiñones Canales y su equipo habían conseguido una reservación en poco más de 70 mil pesos para las mismas fechas de viaje. Sin embargo, por la tardanza en la compra del vuelo y por hacerlo a través de una agencia de viajes, el costo se incrementó en más del 175 por ciento.
En respuesta, De Silva remitió la queja a Liliana Rojas Domínguez, directora general de la oficina de Servicios a Diputados, quien respondió, 11 días después, que se hizo una revisión del caso.
“Con relación al viaje hacia Sidney, Australia, le comento que se verificó la opción sugerida y no existía la disponibilidad en la clase autorizada en los Lineamientos”, expone la misiva, en poder de Reporte Indigo.
Rojas Domínguez declinó emitir comentario alguno respecto a la compra de boletos de avión para los legisladores porque “no tiene información que ofrecer”, según personal de su oficina.
Quiñones insistió en que la compra de los boletos de avión cae en el ámbito administrativo de la Cámara Baja y los legisladores no tienen injerencia alguna en las decisiones.
“Ningún diputado, en los vuelos internacionales en los que llevamos la representación del Congreso, compra los boletos. Hay un área aquí en la Cámara de Diputados que los compra, que es de Servicios a Diputados, y ellos son quienes hacen la compra y deciden por dónde nos vamos, en qué línea nos vamos, a qué agencia los compra y ellos son los responsables de que se compren esos vuelos tan caros”, expuso Quiñones en entrevista.
‘Es un costo ridículo’
Junto Lourdes Quiñones Canales, diputada del PRI por Durango, viajó la diputada panista Tania Morgan Navarrete, de Sinaloa. Ambas llevaron la representación de la Cámara de Diputados mexicana al Congreso Mundial de las Familias en Australia.
Morgan Navarrete afirmó que ella no supo sobre el costo del boleto de avión sino hasta meses después y reconoce que se trata de un precio exorbitante para la realización de un viaje.
“Es un costo ridículo, sí es una distancia muy larga pero me imagino que había vuelos más baratos y nosotros no nos enteramos de esos costos porque nosotros no compramos los boletos; pero nunca pensamos que sobrepasara esos límites, pero ahora te aseguro que más de uno ya revisa el costo de los boletos o tratamos de pedirlo”, expresó la diputada panista.
La legisladora sostuvo que ese es el único viaje que le financió la Cámara de Diputados y ha realizado otros dos viajes internacionales para asistir a diversos eventos legislativos, pero ella los ha pagado con sus propios recursos.
Visita al dentista: 60 mil pesos
La diputada Guadalupe Sánchez Centeno viajó a España para participar en la Feria Internacional de Turismo, con dinero del erario por segundo año consecutivo, y sin pertenecer a la Comisión de Turismo, reveló ayer Excélsior.
En agosto, Sánchez Centeno facturó 60 mil pesos al presupuesto del Congreso en favor de su novio un conocido dentista de la ciudad de León.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
PUEBLA, Pue: Cuatro estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) iniciaron hoy una huelga de hambre para exigir que se les permita el uso de aulas para dar cursos propedéuticos gratuitos a aspirantes a ingresar a la casa de estudios.
Integrantes del Colectivo Universitario para la Educación Popular (CUEP) explicaron que desde 2010 iniciaron la labor de preparar a jóvenes que no pueden pagar los seminarios oficiales que ofrece la rectoría de la BUAP para presentar el examen de admisión.
La huelga de hambre fue iniciada en un campamento que instalaron en el Zócalo de esta ciudad los estudiantes Francisco Ramos, de la Facultad de Derecho; Miguel Ángel García, de Economía; Gabriela Zambrano, de Ingeniería, y Juan Carlos Serrano, de Biotecnologías.
Ramos relató que este año tienen la solicitud de mil 800 jóvenes para tomar este curso que ofrecen estudiantes de licenciatura de la misma casa de estudios sin ningún costo, pero que la BUAP no les permite usar las instalaciones universitarias para impartirlos.
“Pedimos un respeto al derecho universitario a generar proyectos académicos en pro de la sociedad, nosotros creemos que no estamos fuera de la legalidad, que estamos en un proyecto que es en beneficio de las personas que no pueden pagar el seminario que ofrece la BUAP”, reclamó.
Luego señaló que en otros años han tenido que dar la preparación para el examen de admisión en los parques del Centro Universitario, pero que desde el 2014 ya no les permitieron siquiera el ingreso, por lo que tuvieron que buscar aulas alternas de otras escuelas.
El año pasado, aseguró, de mil 600 jóvenes que tomaron este curso alternativo un total de mil 532 lograron pasar el examen de admisión de la BUAP.
“La rectoría tiene como argumento central que el seminario ya existe y no tiene por qué haber otro, pero ese curso cuesta alrededor de 500 pesos, y hay jóvenes que no pueden pagar ese dinero y pueden tener la opción de prepararse con nosotros”, explicó.
También dijo que la rectoría de la BUAP les ha ofrecido instalar una mesa de diálogo, por lo que estaban en espera de que exista una respuesta positiva a su planteamiento, que aseguran se encuentra respaldado en los estatutos como un derecho de los estudiantes de usar las instalaciones para generar proyectos académicos.
Los jóvenes además advirtieron que temen ser desalojados del zócalo luego de que funcionarios del gobierno estatal acudieron para amenazarlos.
Hasta esta noche, la BUAP no había emitido postura alguna sobre este ayuno que iniciaron los activistas del CUEP.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
El abogado de Luis Armando Reynoso López asegura que la negativa de un juez para abrir una parte del expendiente del hijo del exgobernador de Aguascalientes no permite avanzar en su defensa.
Luis Armando Reynoso López lleva siete meses buscando saber de qué trata la investigación criminal que hay en su contra en Estados Unidos.
Pero no lo ha logrado.
El juicio por la incautación de las siete propiedades adquiridas a su nombre -o por empresas suyas- cuando su padre, Luis Armando Reynoso Femat, gobernaba Aguascalientes ha dado otro revés.
El juez David Alan Ezra, del tribunal de Distrito Oeste de Texas con sede en San Antonio, revocó una nueva petición para ver el apéndice A del caso, una parte del expediente que no ha sido visible ni para el propio abogado del joven empresario mexicano.
En cambio, el juez citó a una nueva reunión de las partes involucradas en el juicio para una conferencia el próximo 26 de mayo.
La razón es “asesorar a la Corte en cuanto al estado de la investigación criminal en curso”.
El hijo del exgobernador de Aguascalientes se hizo conocido ante la opinión pública gracias a su ostentosa fiesta de cumpleaños.
El video de la fiesta al estilo de la película “proyecto X”, en el que sus amigos se referían al joven como “princeso” se hizo viral.
Su padre, Luis Armando Reynoso Femat, ya enfrentaba investigaciones federales y locales por usar dinero público para fines personales y por haber comprado terrenos baratos, que luego aumentaron su valor gracias a la obra pública realizada por su gobierno, entre otros cargos.
Poco tiempo después, en junio de 2013, Reporte Indigo ubicó siete propiedades en San Antonio, Texas, que habían sido compradas por el joven en 2009, cuando a su padre aún le quedaban meses en el gobierno estatal.
Un año más tarde, en julio de 2014, estas siete propiedades fueron incautadas gracias a una orden judicial.
En un inicio no se mencionó en el caso al hijo del exgobernador, pero en agosto él mismo presentó un recurso judicial para mostrarse como el dueño de los inmuebles, con derecho a litigar el caso.
Si bien las leyes en Estados Unidos establecen que la defensa del afectado tiene 21 días después de la acusación para contestar a la fiscalía, esto no ha podido ocurrir.
La causa, según ha dicho el abogado defensor del mexicano, Todd Alan Prins, es precisamente el apéndice A del expediente, el cual contiene datos de una segunda investigación, ésta sobre un tema penal, de la que aún no se conoce ningún detalle.
Defensa sin argumentos
El 25 de noviembre del 2014, la Corte escuchó la petición de Luis Armando Reynoso López, en lo individual, y de su compañía LRL-AC Real Estate Holdings, para conocer las demandas en su contra.
Presentaron argumentos para acceder al anexo del expediente que ha estado sellado desde que la fiscalía texana solicitó incautar las propiedades con valor de 4.5 millones de dólares.
Este apéndice fue sellado “para prevenir la divulgación prematura de pruebas, ya que contiene hechos y circunstancias que son los mismos hechos y circunstancias que dan lugar a una investigación criminal en curso cuya divulgación pudiera afectarla adversamente”, de acuerdo con el reporte judicial del que Reporte Indigo obtuvo una copia.
El abogado de Reynoso ofreció ver el apéndice únicamente en cámara o firmar un acuerdo de confidencialidad, con base en una ley texana que da derecho al abogado defensor a tener acceso a todo el expediente.
La segunda estrategia jurídica fue argumentar que la falta de conocimiento sobre este apéndice entorpecía el acceso de Reynoso López a un juicio bajo el debido proceso.
En su negativa, el juez recordó al abogado del mexicano que “las normas locales tienen fuerza de ley, siempre y cuando no entren en conflicto con una regla prescrita por la Corte Suprema, Congresos o la Constitución”.
También argumentó que la garantía que tiene el abogado a un acceso total al expediente puede revocarse con una orden del tribunal, como sucedió en este caso.
Una de las causas centrales por la que puede suceder esta orden es, precisamente, la protección a los datos contenidos en otra investigación criminal, que toque a los mismos implicados.
La Corte se dijo impedida de obstaculizar la investigación criminal pero, al mismo tiempo, en la necesidad e importancia de da a los reclamantes “una oportunidad justa para las reclamaciones de este caso”.
Por eso, permitirá a los demandantes presentar la respuesta a las incautaciones en un tiempo mayor al usual.
Mientras normalmente el abogado defensor tiene solo 21 días después de iniciado el juicio, en este caso ese tiempo comenzará a correr hasta después de que el apéndice A sea abierto, “para que pueda presentar una queja por el decomiso de los inmuebles”.
No habrá decomiso
Aunque las propiedades de Reynoso López se encuentran incautadas, el juez advirtió que no firmará ninguna orden de decomiso mientras el representante legal del joven empresario mexicano tenga la oportunidad de haberlo defendido.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, Pue: Víctor Montes Contreras, uno de los cuatro habitantes de esta comunidad a quienes el gobierno estatal acusó del homicidio del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, perdió la vida después de presentar un cuadro de depresión y complicaciones en su estado de salud, derivados de su encarcelamiento.
De acuerdo con sus familiares, la semana pasada el hombre de 55 años de edad fue localizado muerto en terrenos del panteón municipal, donde trabajaba.
“Después de que salió de la cárcel ya no fue el mismo, estaba como ido, le subió la presión y estaba deprimido”, relató una de sus parientes.
El habitante de Chalchihuapan estaba incluido en la lista de 45 presos políticos elaborada por organizaciones políticas y sociales de Puebla, luego de que el gobierno de Rafael Moreno Valle los criminalizó por participar en protestas sociales.
Víctor Montes Contreras fue detenido junto con otros tres pobladores el 9 de julio del año pasado, cuando policías estatales desalojaron de la autopista Atlixco-Puebla a decenas de habitantes de esta comunidad.
En un principio los cuatro fueron señalados por el gobierno de Puebla como los responsables de haber lanzado cohetones que supuestamente provocaron la muerte del niño José Luis Tehuatlie, de 13 años de edad. Sin embargo, la defensa comprobó con un estudio de cronometría que fueron aprehendidos antes de que el menor resultara herido de la cabeza, y el 7 de agosto fueron liberados bajo caución.
Montes aún seguía sujeto a proceso penal porque el gobierno estatal mantuvo los cargos en su contra por supuesto ataque a las vías de comunicación.
Entrevistado días después de su liberación por el periódico Intolerancia, Víctor reveló que sufría de ataques de ansiedad como secuela de los golpes que recibió durante su encarcelamiento y por las presiones a las que fue sometido para inculparlo por la muerte del niño y para que declarara en contra de otros habitantes de Chalchihuapan.
Los familiares de Montes relataron que desde que salió de la cárcel, el hombre cayó en depresión, perdió su trabajo, sufría de crisis nerviosas y se quejaba de constantes dolores de cabeza.
Al igual que Víctor, Melitón Zaragoza Velázquez es considerado víctima mortal indirecta de las políticas de gobierno de Moreno Valle.
Zaragoza era propietario de un mototaxi y resultó golpeado cuando opuso resistencia ante policías estatales que trataron de decomisarle su unidad.
Tras ese hecho, el mototaxista tuvo problemas de salud por diabetes y perdió la vista, hasta que su estado se agravó y murió.
A finales del año pasado, un grupo de mototaxistas obtuvo un amparo federal que ordenaba al gobierno estatal a devolver las unidades de transporte decomisadas. Entre ese grupo estaba Zaragoza, pero cuando fue buscado para notificarle la resolución del amparo, los familiares informaron que había fallecido.
Además del niño Tehuatlie Tamayo, otra de las víctimas mortales que se adjudican al gobierno de Moreno Valle por el desalojo del 9 de julio es el luchador social Delfino Flores Melga, quien murió en la cárcel, pese a que a sus 90 años de edad tenía derecho a prisión domiciliaria.
Las organizaciones también enlistaron a Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), asesinado el 4 de junio de 2014.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Indígenas choles y tzeltales de la organización Laklumal Ixim-Norte Selva (Nuestro Pueblo de Maíz) bloquearon carreteras en la zona norte de Chiapas para manifestar su rechazo a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y brindar su apoyo a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Como parte del inicio de la campaña “Por la defensa de la vida, nuestras tierras y territorios”, los inconformes se dieron cita en las cercanías del poblado Pulpitillo, en el municipio de Tila, donde manifestaron que la autopista forma parte de una estrategia que busca favorecer a los grandes empresarios, despojando de la tierra a los pueblos originarios.
El acuerdo de diversas comunidades, subrayaron, es no autorizar que esa vía pase por su territorio.
“Hemos iniciado la recolección de firmas para manifestar que no estamos de acuerdo con las reformas estructurales y anunciar que defenderemos la vida, nuestras tierras, agua, bosques y selvas, y que continuaremos luchando por una tarifa justa de energía eléctrica y nuestro rechazo al megaproyecto de despojo”.
Los indígenas choles y tzeltales también se solidarizaron con los padres de los normalistas de Ayotzinapa al cumplirse 132 días de su desaparición a manos de policías municipales de Iguala, Guerrero.
“Nos sumamos a la exigencia de justicia de los padres y normalistas ante el Comité de Desaparición Forzada de la ONU por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano”, apuntaron.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
MÉXICO, D.F: Apenas están perfilándose las precandidaturas en el arranque del año y las mafias electorales ya comienzan a manifestarse en todos los partidos políticos, buscando posicionarse otros tres años para después brincar a la elección presidencial del 2018.
A la cabeza de estas mafias están viejos conocidos entre ellos los líderes de los partidos: Los Chuchos en el PRD; los “niños verdes” en el PVEM, los maderistas y calderonistas en el PAN, los mexiquenses en el PRI, los elbistas en el PANAL, los pejistas en Morena y entre todos estos también algunos gobernadores y exgobernadores que, como virreyes, quieren ampliar sus feudos, como el veracruzano Javier Duarte, el poblano Rafael Moreno Valle, el guerrerense Ángel Aguirre y el sonorense Guillermo Padrés.
Lo importante para estas mafias políticas es mantener las franquicias partidarias las cuales explotan desde hace muchos años ofreciendo productos caducos o inservibles llamados gobernadores, diputados o senadores, delegados y presidentes municipales que atienden sus negocios particulares legales o ilegales.
Ahí están el priista Fausto Vallejo, en Michoacán, o el perredista Ángel Aguirre, acusados de recibir dinero del crimen organizado para dejarlos operar con toda impunidad.
Estos grupos habrán de sacar raja del presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) va a darles este año y cuya bolsa asciende a 5 mil 300 millones de pesos, el grueso de los cuales se irán a gastos de campaña.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguro que se haría un seguimiento estricto del uso de estos recursos pero apenas el lunes pasado decidieron cancelar el contrato que tenían con Scyt, empresa líder mundial en voto seguro por internet y tecnología de modernización electoral con sede en Barcelona, que al enterarse consideró que hay personas que no están interesadas en que el instituto se dote de un sistema transparente, independiente y seguro de fiscalización de partidos que cumpla con la ley.
Con el dinero en los bolsillos para gastarlo con débiles y opacas medidas de fiscalización, los grupos políticos tendrán un gran margen de maniobrabilidad para usar el dinero público en campañas onerosas creando un mundo de propuestas que más tarde serán echadas a la basura pues lo importante para ellos es posicionarse en los distintos puestos de elección sin tomar en cuenta a electorado.
El caso más reciente es Enrique Peña Nieto que prometió crecimiento económico, disminución de la violencia, acabar con la corrupción y combatir a fondo al crimen organizado y ninguna de estas promesas ha cumplido.
En la elección presidencial pasada el costo del voto fue de 118 pesos cada uno, en la elección del 2009 fue de 77 pesos y el del 2006 en 39 pesos. Cada elección sube el costo de cada voto y para esta del 2015 lo más probable es que tenga un mayor costo que el de los anteriores.
Frente a este despilfarro de dinero, ante la posibilidad de que intervengan los grupos del crimen organizado y sobre todo, con la desconfianza cada vez más amplia de la ciudadanía en los partidos políticos convertidos en mafias, los procesos electorales en México tiene desde antes de que arranquen un descrédito profundo que pone en tela de juicio su realización y ahonda la zanja que hay entre ciudadanía y la clase política.
Pero eso poco le importará a las mafias político electorales, a estas les importa mantener su registro que significa dinero a toda costa y para ello son capaces de hacer alianzas con sus peores adversarios como el PRD y el PANAL en la ciudad de México o lanzar candidatos de pésima reputación que les haga ganar con el apoyo de algún grupo del crimen organizado bajo la lógica más pura de las mafias: mantener el poder sobre un territorio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)
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