Gana el voto duro… y las traiciones

Los candidatos impulsados por la Mesa Nuevo León se llevan las candidaturas del PAN en los principales municipios. Iván Garza irá por Monterrey y Mauricio Fernández buscará ser alcalde por tercera vez.

La Mesa Nuevo León se proclamó vencedora ayer en las elecciones internas del PAN, pero la contienda interna panista dejó entrever posibles traiciones hacia el proyecto que impulsa Margarita Arellanes.

El control del padrón albiazul y el voto duro de Acción Nacional de Nuevo León se impuso este domingo al elegir como candidatos de San Pedro y Monterrey a Mauricio Fernández Garza e Iván Garza Téllez.

Así, los grupos políticos que apoyan también a la exalcaldesa regia para la gubernatura, colocaron en el tablero electoral a dos de sus candidatos predilectos junto con Héctor Castillo, que buscará la alcaldía de Santa Catarina.

Sin embargo, la jornada electoral representó una derrota para Arellanes, precandidata del PAN a la gubernatura de Nuevo León.

Y es que dos de sus candidatas más cercanas –Irasema Arriaga y Liz Rosas– no pudieron lograr el triunfo en sus respectivos distritos.

Pese a que Iván Garza ganó la candidatura casi 3 a 1 a Adalberto Madero, las panistas afines a Arellanes perdieron sus distritos de manera apretada.

La Mesa Nuevo León es el acuerdo político que pactaron los principales líderes del PAN de Nuevo León para repartirse las candidaturas y los puestos de elección popular en esta elección.

El acuerdo albiazul, avalado por el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, impulsa como pacto común la candidatura de Margarita Arellanes al gobierno de Nuevo León.

En la elección del 7 de junio el Partido Acción Nacional jugará las dos caras de la moneda con Iván Garza Téllez y Mauricio Fernández Garza.

El primero es ahora candidato electo a la alcaldía de Monterrey y fue hasta hace poco, dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN (CDM) de esa ciudad.

Como presidente del CDM, desde principios del 2014 emprendió una serie de brigadas que llevó a las colonias, las cuales le permitieron promoverse y al mismo tiempo apoyar en la carrera a la gubernatura de Margarita Arellanes.

Es respaldado por la División del Norte, que encabeza José Serrano, el Grupo San Nicolás de Zeferino Salgado, Fernando Larrazabal y Víctor Fuentes, además del equipo del senador Raúl Gracia.

La nueva cúpula panista quiere que la silla de la presidencia municipal de Monterrey la domine uno de los suyos, afianzando así también la elección para Margarita Arellanes.

Por otro lado está el triunfo de Mauricio Fernández Garza para San Pedro.

Aunque en un principio no era apoyado por la Mesa Nuevo León, Fernández Garza recibió el empujón de la estructura de Raúl Gracia, Víctor Fuentes, además del respaldo del grupo del alcalde sampetrino, Ugo Ruiz.

El nuevo candidato blanquiazul de San Pedro llega a la elección en el ojo del huracán. 

Y es que en los últimos meses ha sido cuestionado por sus presuntos nexos y acuerdos con el crimen organizado.

Reporte Indigo reveló que un cable filtrado de Wikileaks documenta que Mauricio Fernández Garza intentó cruzar con droga a Estados Unidos.

También se han dado a conocer las intenciones de Fernández Garza de urbanizar en lo alto de la sierra sampetrina, en terrenos heredados de su familia.

La polémica personalidad de Fernández no mermó en la votación de la militancia de San Pedro y lo ha puesto de nuevo como candidato.

Los panistas se aseguraron de tener un candidato que si bien ha sido protagonista de controversias, es también una carta fuerte para asegurar la silla en la próxima elección. 

Las votaciones

En San Pedro la contienda electoral interna del PAN dio inicio con ambiente tenso por presuntos actos de “acarreo” por parte de Mauricio Fernández.

Al mismo tiempo en Monterrey, la situación parecía tranquila.

De hecho, las autoridades del PAN revelaron que se presentaron solo cuatro quejas que serán analizadas por el comité.

Poco después de las 8 de la noche Fernández Garza y Garza Téllez fueron declarados vencedores por la Comisión Organizadora Electoral del PAN.

Según Carmina Cantú Treviño, presidenta de la Comisión Organizadora Electoral del PAN, de las 10:00 a las 16:00 horas, alrededor de 16 mil militantes votaron por 11 alcaldías y 11 diputaciones locales en 19 centros de votación y 46 mesas receptoras. 

En Monterrey fueron distribuidos 7 puntos de votación, cada uno abarcando un distrito, a excepción del centro de la ciudad, en el que se unieron el distrito 5 y 6.

Además de Monterrey y San Pedro, la militancia eligió a quienes serán los candidatos a contender por los Ayuntamientos de Salinas Victoria, San Nicolás, China, Escobedo, Zuazua, Rayones, Cerralvo, Santa Catarina y Doctor Arroyo.

Iván Garza acudió a votar en la casilla localizada en la colonia San Bernabé, acompañado de su esposa y sus dos hijas.

Después de emitir su voto, Garza Téllez se dijo seguro de ganar la contienda, minimizando las declaraciones de su contrincante, Adalberto Madero, quien denunció que los seguidores de estaban acarreando votantes.

“Fíjate que lo que yo vi fue una fotografía de una nota que salió en la mañana, pero se me hace muy sospechoso no, se me hace que está usando la estrategia del Peje no, diciendo que hay un complot o algo así

Descartó que en caso de perder, se vaya a sumar al equipo de Madero “Creo que de entrada nuestros proyectos son distintos, son diferentes y vamos a ver qué es lo que está planeando no”. 

Mauricio Fernández votó por la tarde a la casilla que se colocó en San  edro, en donde se deslindó de las acusaciones de acarreo por parte de su contrincante, Álvaro Suárez. 


“Mira yo la realidad no he estado al día. Yo les reitero que en mi vida he metido una persona al padrón”, declaró Fernández.

“Entonces yo no tengo ni una persona que me deba nada, ni que yo me haya comprometido, ni mucho menos. Cosa que no podrían decir los contrarios.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.

México se contradice ante la ONU (7 FEBRERO 2015)

El gobierno del presidente Peña Nieto quedó en evidencia ante el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. En el encuentro de Ginebra para evaluar el cumplimiento de la Convención Internacional de Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo se dedicó a justificar la negativa del gobierno mexicano a reconocer la jurisdicción de esa instancia internacional para conocer de casos particulares, cuando fue uno de los Estados que más la promovió. Para algunos miembros del comité, quedó claro que el régimen priista no tiene un compromiso real con las víctimas de ese delito. 

GINEBRA: Las presiones de organismos y expertos de derechos humanos para que México reconozca la jurisdicción del Comité contra las Desapariciones Forzadas, con el fin de que pueda recibir y examinar casos de víctimas individuales, generó un revelador intercambio de posiciones entre el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, y miembros de esa instancia de la ONU.

Reconocer el ejercicio de esa competencia permitiría a quienes se consideren víctimas de una desaparición forzada acudir bajo ciertas condiciones al comité de Ginebra para solicitar la apertura de una investigación y, eventualmente, obtener una reparación incluso económica del daño, lo que en opinión de expertos es apremiante hacer en vista de la violencia que impera en el país.

El referido encuentro tuvo lugar durante la sesión del comité los pasados lunes 2 y martes 3. Ahí se evaluó en qué medida México ha cumplido la Convención Internacional de Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; instrumento ratificado por las autoridades mexicanas el 18 de marzo de 2008 pero con la excepción arriba señalada, la cual se encuentra establecida en el artículo 31.

Gómez Robledo comentó que el gobierno de Peña Nieto “seguía evaluando la posibilidad” de aceptar esa jurisdicción, aunque se requería igualmente la aprobación del Senado. Justificó la postura mexicana en la consideración de que el comité de la ONU, si bien “forma parte de la construcción del régimen internacional de derechos humanos”, es “una institución reciente” a la que se han adherido “apenas” 44 Estados.

El presidente del comité, el francés Emmanuel Decaux, respondió de manera lacónica: “Así fueran 45 ó 190 Estados miembros, eso no cambia nuestras obligaciones y tampoco las que recaen sobre México”.

Avanzó la sesión y Gómez Robledo tocó de nuevo el tema. Dirigiéndose al francés, el funcionario –que encabezó la delegación nacional de 27 personas– sostuvo que el gobierno mexicano asumía que debía cumplir los compromisos contraídos al ratificar la convención.

Enfatizó que México no desconocía el alcance de las obligaciones que aceptó, como tampoco de aquellas que derivan de facultar a la comisión para que reciba quejas de individuos y las investigue, por lo que, reiteró, el gobierno de Peña Nieto continuaría evaluando la competencia del comité.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1997, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL (REPORTAJE ESPECIAL).

Con Peña Nieto, 13 desaparecidos al día

Nunca como en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto han desaparecido más mexicanos en el país: 13 cada día. Uno cada hora con 52 minutos. Y 40% de ellos son jóvenes de entre 15 y 29 años… Dos bases de datos –una elaborada por el gobierno de Felipe Calderón, otra por el de Peña Nieto– arrojan cifras y tendencias estremecedoras sobre los desaparecidos en México. La maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Proceso presentan, con los auspicios de la Fundación Omidyar Network, esta amplia investigación sobre el tema, el cual está en el centro de la agenda nacional y expone la profunda crisis de justicia y derechos humanos que sufre el país.

MÉXICO, D.F: Durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que equivale a 40% de los 23 mil 272 casos de desaparición oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014. Es decir, cuatro de cada 10 desapariciones en los últimos siete años ocurrieron durante los dos primeros de la actual administración.

Si entre 2007 y 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, desaparecieron seis mexicanos al día; entre 2013 y 2014, en el de Peña Nieto, desaparecieron más del doble: 13 al día. Con Calderón se extraviaba o desaparecía un mexicano cada cuatro horas con cinco minutos; con Peña Nieto ello ocurre cada hora con 52 minutos.

Estas son algunas de las cifras que arroja la base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) correspondiente al periodo de enero de 2007 a octubre de 2014. Dicha base de datos fue elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) después de “depurar” una previa: la heredada del gobierno de Calderón y en la cual hay 26 mil 569 casos de personas extraviadas o desaparecidas.

Ambas bases de datos –obtenidas por José Merino, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y quien las facilitó para la elaboración de este texto– ofrecen información reveladora sobre un tema que a partir de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha colocado en el centro de la agenda nacional.

El hecho, ocurrido el pasado 26 de septiembre, sacudió a la sociedad mexicana, y entre otras consecuencias ha vuelto a dar visibilidad a la profunda crisis que el país enfrenta en materia de justicia y derechos humanos.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1997, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HOMERO CAMPA (REPORTAJE ESPECIAL)

Cliente de crematorio abandonado pregunta: ¿De quién son las cenizas que tiramos al mar?

MÉXICO, D.F: Guillermo Bello requirió los servicios del crematorio particular Pacífico, donde el viernes fueron hallados 60 cadáveres cubiertos de cal, para incinerar los restos de su padre, Guillermo Bello Bailon, fallecido el 13 de abril del año pasado de cáncer.

El deseo de Bello Bailon era ser cremado y que sus cenizas fueran depositadas en el mar, en Puerto Marqués, la playa que visitaba la familia.

“Después de todo el dolor que vivimos y que él vivió, yo como su hijo mayor opté como su despedida ir a pasar un último día en la playa con mi padre hermanos y tíos. Justo al atardecer, renté una lancha para llevar las cenizas de mi padre en medio de la bahía de Puerto Marqués.

“Como mi padre fue un restaurantero y hotelero toda su vida, con un gusto por el vino tinto como nadie, al vaciar su urna con sus cenizas, vacié también una botella de vino tinto que tanto le gusta no sin antes dar un último adiós”, narra Guillermo Bello en un testimonio enviado a Aristegui Noticias.

Según la versión de la Fiscalía de Guerrero, los cadáveres abandonados en el crematorio Pacífico, ubicado en la carretera Cayacao-Puerto Marqués, en Acapulco, estarían relacionados con un fraude a los clientes de la empresa.

Después de conocer la noticia, Guillermo Bello cuestiona:” ¿Si fueron sus cenizas las que depositamos en el mar?, ¿está el cuerpo de mi padre entre los que encontraron?”.


El fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, solicitó la intervención de la Interpol para localizar a Guillermo Estua Zardain, dueño del crematorio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REACCIÓN.

Líderes petroleros, involucrados en el robo a ductos, acusa la disidencia

Las denuncias contra Romero Deschamps viven largo sueño en la PGR, señala. Asegura que en varios estados suman cientos de trabajadores de Pemex desaparecidos.

Los caciques de las secciones 24, 15, 40 y otras más del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); el presidente del consejo general de vigilancia, Ricardo Aldana; el secretario general del gremio, Carlos Romero Deschamps, y socios y amigos del dirigente son los que controlan gasoductos y oleoductos a lo largo y ancho del país, donde se encuentran tomas clandestinas de gas, diésel, gasolina y otros derivados de petróleo.

Por ello las investigaciones del saqueo de petróleo y gasolinas de Pemex deben encaminarse al comité ejecutivo del STPRM, encabezado por Romero Deschamps, se señala en un escrito entregado en la Presidencia de la República por la Gran Alianza Petrolera y el Frente Nacional Petrolero, integrado por disidentes de dicho sindicato.

Estas organizaciones acusan en el documento que el dirigente y sus líderes seccionales del país están involucrados en este ilícito, en el robo de los combustibles.

En el documento entregado en la residencia oficial de Los Pinos, y que también está dirigido al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, añaden que la logística y operación de estos robos a Petróleos Mexicanos (Pemex) parten desde la misma dirigencia del sindicato y sus liderazgos locales.

Con estos y otros actos, ellos han denigrado a la organización, usurpando el poder ilegalmente y realizando saqueos, robo de recursos de esta empresa, de la nación y del patrimonio de los trabajadores, y han construido un emporio de intereses políticos y económicos, señalan.


En el escrito estos grupos de la disidencia hacen un llamado a investigar a fondo a los dirigentes petroleros, principalmente a Romero Deschams, así como la procedencia de sus fortunas y las operaciones que llevan a cabo y que los han hecho prósperos mercaderes de la representación sindical, y de la delincuencia organizada, infiltrada en Petróleos Mexicanos.

Cabe señalar que la Gran Alianza Petrolera, cuyo coordinador general es Jorge Fuentes García, señala que ha presentado denuncias ante la PGR contra el dirigente petrolero por diversas acusaciones, sobre todo por presuntos saqueos, robo de recursos de Pemex y del patrimonio de los trabajadores petroleros, y todas las investigaciones duermen largo sueño en esta procuraduría. No se han hecho investigaciones, no han corroborado las pruebas que se presentan, y los procesos simplemente están detenidos, indicaron.

En tanto, Romero Deschamps ha construido un emporio de intereses políticos y económicos que han rebasado las fronteras del país, señala en la carta entregada a presidencia.

Los acontecimientos actuales de los atentados en las refinerías fueron probablemente provocados para desviar la atención de los robos millonarios de combustibles, de los cuales son partícipes algunos de los dirigentes petroleros, así como del robo descarado en tomas clandestinas, ductos y gasoductos de todo el país, sobre todo en localidades como Salamanca, Celaya y Guanajuato, indican las organizaciones de disidentes en el documento. Añaden que los líderes se sienten intocables por el abuso del poder que les da el dinero.

También recordaron que ya suman cientos de trabajadores desaparecidos, de los cuales se desconoce su paradero, como los casos de la cuenca de Burgos, Nuevo León, Puebla, Hidalgo, estado de México y hasta del Distrito Federal, en los que no ha habido investigaciones eficientes y se ha enlutado a decenas de hogares de los petroleros, sin que haya una explicación certera de lo que ha pasado con sus familiares.


De ahí que si la meta de este gobierno es fortalecer Pemex, debe empezar limpiando la dirigencia, demandaron.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ RÍOS.

Vallarta en remate

Regidores de Puerto Vallarta denuncian que el alcalde Ramón Guerrero pretende pagar una supuesta deuda a empresas inmobiliarias con 18 predios propiedad del Municipio, cuyo valor comercial excede el monto de lo adeudado.

En Jalisco el alcalde de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, intenta poner en venta al municipio. 

En una sesión amañada de Cabildo logró la autorización de la mayoría calificada de regidores para otorgar en dación de pago al menos 18 predios urbanos a una empresa inmobiliaria, a la que –asegura el edil- el Ayuntamiento le debe 40 millones de pesos.

Pero el valor real de los terrenos con los que se pretende saldar la deuda municipal supera los 220 millones de pesos, según cálculos de los regidores considerando el valor de los terrenos aledaños a los predios 

La empresa inmobiliaria que el alcalde emanado de las filas del Movimiento Ciudadano pretende beneficiar con la “dación” de los terrenos municipales es la denominada Tecnología en Proyectos Inmobiliarios S. A. de C. V., cuyo representante legal es Pablo Antonio López Arias. 

El Cabildo no fue informado sobre la causa del adeudo municipal con la empresa inmobiliaria.

De acuerdo a la denuncia pública hecha por la regidora Susana Mendoza Carreño, el alcalde Guerrero ha pasado de ser el primer edil del municipio de Puerto Vallarta para convertirse en el principal agente inmobiliario de la zona, toda vez que “a varias empresas inmobiliarias les ha ofrecido predios municipales”.

La preocupación de Guerrero por saldar una deuda municipal con la citada empresa inmobiliaria resulta extraña a los ojos de algunos regidores, pues el endeudamiento oficial del Municipio de Puerto Vallarta supera los 3 mil millones de pesos.

Los regidores inconformes con la intención de vender literalmente el municipio han dejado ver una sospechosa relación entre el edil Ramón Demetrio Guerrero y el exsubsecretario de Gobierno de la Segob, Abraham González Uyeda, quien se ha manejado como asesor del alcalde que tuvo su época de militante del PAN.

De hecho, la primera reunión informal del cabildo de Puerto Vallarta, aun ante de asumir formalmente el cargo, fue con la presencia de Abraham González Uyeda, quien solicitó a través del alcalde el cambio de uso de suelo de varios predios dentro del municipio, lo cual no fue aceptado por los regidores.

Los terrenos que se pretenden desincorporar del patrimonio municipal, dice el acuerdo final de la sesión de Cabildo del 2 de febrero pasado, serían en calidad de “dación de pago”. 

O en su caso mediante la celebración de los contratos de compra venta que sean requeridos, previo concurso público.

Cabe señalar que los 18 predios que se pretenden desincorporar del patrimonio municipal de Vallarta se encuentran ubicados en las zonas que mayor plusvalía han registrado en los últimos años, donde el desarrollo urbano –mediante la construcción de viviendas de clase media a cargo de inmobiliarias particulares- ha ido a la alza.

Terrenos en oferta

Ramón Demetrio Guerrero, en su afán por desincorporar del dominio público los predios municipales, ha ordenado avalúos a modo estableciendo a los inmuebles valores de hace 20 años. 

Un ejemplo es el predio que se ubica en la calle Pelícano, en la colonia Los Sauces, de 6 mil 440 metros cuadrados, el que está valuado a precio de 1983, a un valor catastral de 12 millones 468 mil pesos.

Los predios de la colonia La Floresta, en donde se encuentra actualmente el taller municipal y el rastro municipal, se están valuando a precios de 1991, cuando fueron entregados al Municipio en calidad de donación por parte del comisariado ejidal del ejido de Coapinole, cuando tenían un valor comercial de 11 millones 327 mil pesos y 12 millones 468 mil pesos, respectivamente.

Llama la atención el predio municipal denominado Coto San Xoaquín, que se busca dar a la inmobiliaria, en donde el alcalde ha fijado el valor a razón de mil 755 pesos el metro cuadrado de terreno, cuando el precio de otros predios particulares aledaños oscila entre los 20 mil y los 35 mil pesos pesos el metro cuadrado. 

En el Coto San Xoaquín se encuentra una de las zonas más exclusivas de Vallarta.

Uno de los argumentos que presentó el edil ante el cuerpo de regidores para lograr la aprobación para su venta o su “dación” en prenda, es que la mayoría de esos predios son áreas que no le representan ninguna utilidad a la administración local, y sin embargo podrían ayudar a aligerar el costo de la deuda que preocupa al munícipe.

La regidora Susana Mendoza Carreño denunció que el alcalde, no contento con rematar los predios del Municipio, planteó la urgencia de hacer “sin demora la traslación de dominio” de esos terrenos que se entregarán a particulares. 

Para hacer más rápida la escrituración, Ramón Demetrio Guerrero optó por aplicar la figura “ad corpus”, que en la legislación de Jalisco es el cálculo del precio de una cosa sin tener que tomar referencia a otra de su misma naturaleza. 

Una herencia de corrupción

No es la primera vez que se pone sobre la mesa el acto que pretende consumar el alcalde de Puerto Vallarta. 

Ya en la administración pasada, del priista Salvador González, se había autorizado la desincorporación de cinco terrenos que se vendieron a particulares por 24 millones de pesos. 

Diversas inmobiliarias locales se beneficiaron de la necesidad económica del Ayuntamiento.

Fue en la segunda semana de septiembre del 2012 cuando el entonces alcalde Salvador Gonzalez propuso la venta de terrenos del Municipio, a fin de desahogar la necesidad económica de la Unidad Municipal Administrativa. 


La propuesta del alcalde fue avalada por el síndico Fernando Castro Rubio y los regidores Moisés Villaseñor, Fernando Flores, Carlos Efraín Yerena, Virginia Arely, Hortensia Rodríguez, Esther Blanco, Juan Pablo García, Julio Santana, Ricardo Uribe y Miguel González Guerra.

En su momento, el munícipe Salvador Gonzalez –al que los regidores de la actual administración le atribuyen el excesivo endeudamiento-, también fincó su propuesta de vender terrenos municipales, recordando la acción del alcalde Rodolfo Gonzalez Macías, quien hizo lo propio en el trienio 1992-1994.

En aquella ocasión, Rodolfo González sometió a consideración del Cabildo la venta de los terrenos municipales que comprendían las áreas verdes de la Marina, cuyos fondos estimados en 6 millones de pesos se aplicarían a la compra de maquinaria, sin que eso haya sido verificado.

El peculio municipal

La lista de predios que el alcalde Ramón Demetrio Guerrero pretende otorgar en “dación” o vender a inmobiliarias, según sea el caso, representa casi el 2 por ciento de los terrenos que actualmente se registran como propiedad común bajo el resguardo del Ayuntamiento.

La mayor parte de los predios propiedad del Municipio es producto de donaciones históricas que hicieron particulares a la administración local.

Esto como compensación por el cambio de uso de suelo otorgado, a fin de permitir la construcción de conjuntos habitacionales.

La totalidad de los terrenos autorizados -por la mayoría calificada de los regidores-, para su enajenación, pasaron a ser propiedad del Municipio de Puerto Vallarta por donaciones a las que fueron obligados pequeños desarrolladores urbanos en la zona. 

La mayor parte de esas donaciones se registraron hace menos de 30 años.

Puerto Vallarta cuenta a la fecha con la presencia de al menos 16 grandes inmobiliarias, las que en los últimos 15 años no han aportado terrenos al peculio público del Municipio, ni han hecho aportaciones al erario oficial por el cambio de uso de suelo, pero sí son esas grandes corporaciones las que están haciendo presión para que el Cabildo les entregue en “dación” a cambio de deudas económicas, los predios con mayor plusvalía.

La descarada subasta

La propuesta del presidente municipal de Puerto Vallarta es desincorporar dos predios de 140 metros cuadrados en la colonia Las Gaviotas.

Un predio de 6 mil 440 metros cuadrados en la calle Pelícano, cerca del circuito vial denominado Calle Retorno, y un predio de 2 mil 120 metros cuadrados sobre la calle Jilguero; además de un terreno de 6 mil 475.61 metros cuadrados en el fraccionamiento Conchas Chinas.

También se reclama la donación de dos predios ubicados en la colonia La Floresta, con extensiones de 8 mil 190 metros cuadrados y 6 mil 023.44 metros cuadrados; un inmueble de 2 mil 109 metros cuadrados en la colonia Lomas del Pacífico. 

Un terreno de 421.58 metros cuadrados –en donde opera la oficina del Registro Civil- ubicado en la colonia 5 de Diciembre.

También se pretende vender un terreno en la Ciudad de México, propiedad del Municipio de Vallarta, en donde estaba antes “La Casa Vallarta”, con una extensión de 151.02 metros cuadrados en la colonia Pensador Mexicano. También están en oferta dos predios de 5 mil 132 metros cuadrados y 3 mil 799.75 metros cuadrados, en la colonia Joyas del Pedregal en El Pitillal, Vallarta. 

Dentro del mismo Pitillal se encuentra otro predio a rematar, con una extensión de 4 mil 560.45 metros cuadrados.

En el Coto San Xoaquín se ofrecerá como ganga un predio de 4 mil 196.61 metros cuadrados, en tanto que en la Avenida del Parque, en la colonia Parques Universidad de Puerto Vallarta se encuentra un terreno de 24 mil 805.36 metros cuadrados. 

Además, en la delegación municipal de Las Juntas se pretende vender una propiedad de 6 mil 934.87 metros cuadrados, en tanto que en la Avenida las Flores se rematará un terreno de 3 mil 905.47 metros cuadrados.

En suma, el gobierno de Vallarta está poniendo a la oferta 81 mil 392.55 metros cuadrados, los que de tener el valor comercial de 220 millones de pesos, se podrían entregar a precio de oferta a algunas inmobiliarias, a las que la administración les adeuda la cantidad de 40 millones de pesos en un estimado cerrado.

A la propuesta del alcalde para enajenar varios de los terrenos del Municipio sólo se han opuesto los regidores Roberto Ascencio Castillo, Agustín Álvarez Valdivia y Susana Mendoza Carreño, así como el síndico Humberto Muñoz Vargas. 

Uno de los férreos opositores a la política del alcalde Ramón Demetrio Guerrero es el regidor Humberto Gómez Arévalo, actualmente desaparecido.

Sesión amañada

La sesión en donde se autorizó el desmantelamiento del patrimonio municipal de Puerto Vallarta se realizó en medio de diversas irregularidades, revela la regidora Susana Mendoza Carreño.

El regidor Agustín Álvarez Valdivia interpuso un amparo por la vía civil para reclamar la suspensión del dictamen aprobado en el Cabildo.

Valdivia se presentó ante el juzgado civil de Vallarta para reclamar la nulidad del acto -manifiesto en la aprobación de la desincorporación de predios municipales para enajenarlos a favor de particulares-, exponiendo las causas de nulidad de la sesión, las que le fueron aceptadas por la juez primero de lo civil, Yadira Leticia García Saracco.

El regidor expuso que el acto era nulo porque el alcalde hizo la propuesta de venta de predios en calidad de presidente de la comisión de hacienda, y corresponde, de acuerdo a la legislación, a la comisión de gobernación llevar ese tipo de actos al seno del Cabildo.


El alcalde también incurrió en anomalías al haber sesionado en dos días distintos el mismo evento, para la aprobación de la venta de los terrenos. Comenzó la sesión el día lunes 2 de febrero y concluyó en la madrugada del martes 3 de febrero –argumentó el regidor-, además de que eran días inhábiles para decretar acuerdos oficiales.

Al demostrar el regidor Álvarez Valdivia que el alcalde se extralimitó en sus funciones, la juez de lo primero civil le otorgó la suspensión del acto como medida cautelar, en tanto se juzga la validez o nulidad de la sesión que ha sido cuestionada por los regidores y el síndico, que se oponen a la venta del patrimonio de Puerto Vallarta.

FUENTE: REPORTE INDGIO.
AUTOR: J. JESÚS LEMS.

GDF frena manifestación de la CNTE; maestros denuncian represión

MÉXICO, D.F: Alrededor de 30 camiones tripulados por integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) avanzan sobre la calzada Ignacio Zaragoza con dirección a la Secretaría de Gobernación.

Aparte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal impidieron que decenas de autobuses arribaran al zócalo capitalino; la intención de las autoridades es replegar a los manifestantes en el Monumento a la Revolución.

El vocero de la sección 22, Mohamed Otaqui Toledo, denunció que al menos 80 autobuses están varados en la entrada al Distrito Federal.

Otaqui Toledo se quejó de que en la calzada Ignacio Zaragoza las autoridades implementaron un retén donde alrededor de mil granaderos supervisan autobuses y les impiden circular.

Considera que esta acción gubernamental es una provocación y una violación al libre tránsito y manifestación, la cual tendrá una respuesta contundente del magisterio.

Los maestros de Oaxaca iniciaron hoy un paro de 72 horas y se manifestarán en el Distrito Federal para exigir el pago de quincenas pendientes, expresar su oposición a la Reforma Educativa, demandar la liberación de presos políticos y justicia para los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En tanto, en Oaxaca 84 mil maestros iniciaron un paro de tres días que afecta a más de un millón 380 mil estudiantes al permanecer cerradas 13 mil 827 escuelas con el argumento de que el paro es culpa de las autoridades por incumplir con los acuerdos pactados en la Secretaría de Gobernación.


Con este nuevo paro de 72 horas, suman cinco días que la Sección 22 no imparte clases en el transcurso de este año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La PGR desacredita informe de peritos argentinos

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) desacreditó el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que contradice la versión oficial respecto a que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron calcinados en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.

“El Equipo Argentino de Antropología Forense en ningún momento ha actuado como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en los hechos de Iguala y Cocula, ya que desde el primer momento, se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución, a pesar de que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética”, argumenta la PGR en un comunicado emitido esta mañana.

El sábado pasado, el EAAF presentó un informe en el que concluye que, con tal de hacer cuadrar la versión oficial, la PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, además de cometer errores que arriesgaron la identificación de los restos enviados a Austria.

El EAAF denunció que la PGR omitió aclarar que al menos desde 2010 el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron calcinados los estudiantes, ha sufrido incendios recurrentes y que tenía restos de por lo menos otra persona muerta aparte de los normalistas.

En el documento, el EAAF sostiene que, contrario a la versión de la PGR, ninguno de sus integrantes presenció el momento de la recolección de la bolsa sacada del río San Juan, donde supuestamente estaba el hueso del estudiante Alexander Mora Venancio.

En respuesta, la PGR refutó: “Respecto de la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del Basurero de Cocula, el 15 de noviembre, se señala que el EAAF no fue convocado, lo cual es correcto, dado que NO se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera Antropología, Criminalística y Genética, dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes”.


Y exhorta al EAAF a que “en el ejercicio de su deber y responsabilidad adquirida dentro de la Averiguación Previa, aporten sus dictámenes dentro del expediente, que es donde se deben establecer los criterios científicos, basados en metodología rigurosa”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías comunitarios rescatan a 10 de los secuestrados por un comando en Cocula

NUEVO BALSAS, Gro: Policías comunitarios de los poblados de Nuevo Balsas, La Fundición y Real del Limón liberaron a 10 de las 18 personas secuestradas hace dos días por una gavilla al servicio del grupo delictivo La Familia.

Seis de las víctimas, entre ellas un contratista y una afanadora de la minera Media Luna, fueron abandonados en el cerro por sus captores ante el cerco de los comunitarios que actuaron en coordinación con el Ejército y la Policía Federal.

Mientras que los otros cuatro rehenes escaparon luego de que uno de ellos forcejeó con uno de los delincuentes.

La víctima, identificada como Mario Bahena Aguilar -originario de Apipilulco y trabajador de la minera- resultó herido de un disparo en la pierna y al criminal lo mataron a golpes, narraron a Proceso.com los tres hombres que escaparon.

“Mario nos salvó la vida”, expresó uno de los retenidos cuando se encontraba a salvo con un grupo de policías comunitarios, quienes subieron al cerro de La Campana para rescatar al héroe herido.

Las 10 víctimas fueron resguardadas por los comunitarios y uno de los delincuentes que intentó hacerse pasar como secuestrado, fue detenido porque los liberados lo delataron.

Enseguida, los nueve hombres y la mujer que permanecieron privados de su libertad dos días, fueron trasladados a la clínica de salud de esta comunidad donde los atendieron porque presentaban golpes y agotamiento por deshidratación.

Al lesionado se lo llevaron a un hospital de especialidades a bordo de un helicóptero del Ejército que aterrizó en la cancha del pueblo minero.

La liberación de los plagiados se registró en el punto conocido como “El 80”, en las inmediaciones del cerro de La Campana ubicado en el poblado de La Fundición, donde se encuentran las viejas vías de ferrocarril que datan de la época porfirista y que quedaron inconclusas en la ribera del río Balsas.

Acompañados de elementos del Ejército, los pobladores se desplegaron en la ribera del río y en los cerros para localizar al resto de las víctimas de las que no existe un número determinado porque fueron privados de su libertad en distintos puntos de la zona minera y separados en varios grupos, indicaron los rehenes al ser consultados por Proceso.com.

Por ello, en la zona predomina una tensa calma mientras los habitantes permanecen alertas y los comunitarios siguen desplegados en los cerros y la ribera del río donde coordinan esfuerzo con soldados y policías federales para ubicar al resto del grupo delictivo y tratar de liberar al resto de las víctimas.

De acuerdo con la versión de las víctimas, los plagiarios que portan uniformes tipo militar y son dirigidos por un delincuente identificado como Uriel Wences La Burra, siguen en el cerro y mantienen retenidas a más personas.

El secuestro masivo ocurrió la tarde del viernes pasado en esta zona minera del municipio de Cocula donde a pesar de la denuncia pública de los habitantes y los policías comunitarios, el gobierno federal y los directivos de la minera Media Luna intentaron negar y minimizar el hecho.

No obstante, las 10 personas liberadas esta tarde y su perfil, indica que las víctimas son trabajadores de la minera, pescadores ‎y miembros de la policía comunitaria.

El Ejército recopiló la lista de los nombres de las víctimas rescatadas por la policía comunitaria, y al menos cinco dijeron ser trabajadores de la minera Media Luna.

Melitón Flores Silvano, de 37 años, originario de la Fundición, municipio de Cocula y de ocupación minero.

Arlette Evelyn Inés Ríos, de 28 años, originaria del poblado Nuevo balsas y empleada del área de limpieza de la minera Media Luna.

Juan Luis Ramírez Cázares, de 35 años, originario de Los Mochis, Sinaloa de ocupación empleado de la empresa Nyrstar, contratista de la misma minera.

‎Mario Bahena Aguilar, de Apipilulco y Héctor Daniel Peña Sánchez, ambos trabajadores de la minera Media Luna.

‎Los hermanos Abisai y David Flores Cervantes, originarios de La Fundición y de ocupación pescadores.

Francisco Javier Román Bahena, de 15 y originario de Iguala, así como Manuel Cázares Ocampo, de 41, y Luis Manuel García Ocampo, de 42, este último originario del poblado de Atlixtac.

El secuestro masivo ocurrió la tarde del viernes pasado en esta zona minera del municipio de Cocula.

Policías comunitarios informaron que al menos 18 personas habrían sido privadas ilegalmente de su libertad por un comando que instaló un retén de las 17:00 a las 18:00 horas en el crucero que conduce al poblado de Olea, sobre el tramo carretero Nuevo Balsas-Cocula.

Precisaron que 12 de las víctimas son trabajadores de contratistas de la minera Media Luna; cuatro del poblado La Fundición y dos más de Nuevo Balsas.

Los pobladores responsabilizaron de esta acción criminal a Uriel Wences Delgado La Burra, un operador del grupo delictivo La Familia, que fue expulsado por la guardia comunitaria desde diciembre de 2013 cuando los habitantes de este lugar decidieron tomar las armas para enfrentar directamente la delincuencia.‎

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Gobernador de Sonora se deslinda de irregularidades en rancho familiar

HERMOSILLO, Son: El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, habló hoy sobre el emplazamiento que le hizo el pasado martes 3 el director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, para demoler en un plazo no mayor de 10 días la presa ubicada en el municipio de Arizpe y la remoción de todas las obras que están sobre el cauce federal arroyo El Manzanar, afluente del río Sonora.

Según el mandatario, el rancho Pozo Nuevo es propiedad de sus hermanos no de él.

Es más, dijo que éstos apelarán la decisión emitida por la autoridad federal y adelantó que ya construyen un nuevo “bordo”, justo en el espacio donde se ordenó se demoliera toda obra.

Padrés tardó tres días en responder a la opinión pública sobre los resolutivos de Conagua y siete desde que sus familiares fueron notificados sobre la ilegalidad en la que incurrieron al construir tres represos, con una capacidad total 1.7 millones de metros cúbicos, y la extracción ilegal de agua en dos pozos.

“Le agradezco a la Conagua la resolución porque a partir de una investigación ha quedado todo claro y este proceso seguirá en tanto mis hermanos continúan trabajando”, señaló.

Se está analizando apelar el resolutivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dijo Padrés Elías.

Hasta este viernes no se había cubierto la sanción de 3 millones 47 mil pesos impuesta por la autoridad federal.

“Hay más de 2 mil represos como estos y ojalá no les hagan lo que le están haciendo a mis hermanos porque los productores luchan mucho para salir adelante y el objetivo de un gobierno es facilitar las acciones para que sigan trabajando”, expuso el jefe del Ejecutivo estatal.

La existencia del rancho Pozo Nuevo fue revelada por un telerreportaje en el mes de septiembre, durante la emergencia originada por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, a cargo de Grupo México.

En dicha investigación se evidenció que en el rancho “Pozo Nuevo”, ubicado en Bacanuchi, municipio de Arizpe, se construyó una presa gigante, de 120 metros de largo por 80 metros de alto, con una capacidad para almacenar supuestamente 4 millones de metros cúbicos de agua, a fin de irrigar 300 hectáreas de nogal y en perjuicio de 248 habitantes.

En respuesta, el gobernador sonorense expulsó del Comité Estatal de Emergencia, reunido para atender el derrame minero del 6 de agosto, a los delegados federales de Conagua, Semarnat y Profepa, por participar en el telerreportaje.

De igual forma, urgió al presidente Peña Nieto la destitución del procurador ambiental, Guillermo Haro Bélchez, acciones que advirtieron un conflicto de interés entre su responsabilidad pública y las actividades económicas familiares.


Esta propiedad también le atrajo una denuncia penal ante la PGR por enriquecimiento inexplicable, toda vez que en 2009, en coincidencia con el inicio del sexenio padrecista, el rancho tenía un valor de 10 millones de pesos y para 2014, el precio incrementó casi un 900%, al establecerse en 89 millones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

AMLO exige al gobierno federal investigar a Calderón por caso Ficrea

MÉXICO, D.F: El presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exigió al gobierno federal investigar al expresidente Felipe Calderón por el caso Ficrea.

En su último mitin efectuado en Saltillo, Coahuila, la noche del pasado jueves, el tabasqueño aconsejó a los afectados buscar otros mecanismos más allá de la justicia mexicana, como acudir a instancias internacionales para hacerse escuchar.

“En este país no hay estado de derecho, van a perder el tiempo con el Poder Judicial y lo que sí les puedo decir es que Calderón no va a ser tocado por éste, ni por ningún otro tema.

“No va a suceder nada, porque Peña y Calderón son miembros de la misma mafia, se protegen unos con otros, hay complicidad entre ambos, se trata de capos, porque Calderón debería de estar en la cárcel como también Peña Nieto”, dijo.

López Obrador agregó que en México hay impunidad para las asociaciones delictuosas, por ello el caso Ficrea a través del cual han sido defraudados alrededor de 7 mil usuarios, es un ejemplo más de que no habrá castigo para las más altas esferas.

“Calderón ayudó a Peña en el Fraude Electoral del 2012, porque están en contubernio, duele decirlo pero lo de Ficrea va a quedar impune”.

Previamente, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal y dos veces aspirante a la Presidencia, estuvo en el municipio General Cepeda, donde ofreció una conferencia sobre la Situación Política y Económica de México y sostuvo una reunión con ejidatarios de Noria de las Sabinas de General Cepeda.

Estos últimos le pidieron su ayuda para impedir la instalación del Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales (Cimari) en sus tierras por considerar que éstas podrían ser contaminadas por los residuos peligrosos.

Eduardo Alonso Tello, miembro de la comunidad, indicó que toda la comunidad se opone a tener que vivir cerca del Cimari “Aunque el ayuntamiento todavía no da el permiso de uso de suelo, sabemos que el alcalde y los regidores están a favor del proyecto, en cambio los pobladores nos oponemos, además de que la mayoría de los ejidos está en desacuerdo”.

De vuelta en Saltillo, el dirigente nacional e Morena se trasladó a la plaza de las Ciudades Hermanas, donde reconoció que Saltillo es una plaza difícil para la izquierda.

Sin embargo, destacó “nunca antes había visto tanta gente despierta en el país, porque hay quienes piensan que no se va a lograr el cambio de manera pacífica pues la mafia del poder no lo va a permitir”.

De acuerdo con el tabasqueño, se puede impulsar una transformación.

La cuestión es, dijo, definir cómo transformar, si por la vía armada o por la vía pacífica. Morena, aclaró, escogió la segunda que está directamente relacionada con los procesos electorales. “No creo correcto que el flanco izquierdo se concrete a no participar, para dejar el camino libre a la mafia en el poder”.

Y destacó que el despertar ciudadano se ha producido por el empobrecimiento de la clase media, por lo que el cambio se logrará con la participación consciente y organizada de los ciudadanos.


López Obrador continuará su gira este viernes con eventos en Guamuchil y Culiacán, Sinaloa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ejército desaloja bloqueo carretero en Guerrero y pobladores retienen a policías federales

Militares con equipo antimotín desalojaron a golpes a un grupo de personas que mantenían bloqueada la carretera México-Acapulco, a la altura de las comunidades de Petaquillas y Mazatlán, municipio de Chilpancingo, para exigir la liberación de dos policías comunitarios detenidos previamente por el Ejército.

En respuesta, habitantes de la comunidad de El Ocotito retuvieron a más de 200 policías federales que se desplazaban en cinco autobuses sobre la misma vía.

La situación es tensa en esta franja de la región Centro, luego del operativo del Ejército y la Policía Federal (PF) para desarmar a policías comunitarios al mando del Frente Único para la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero ‎(Fusdeg), que operan en varias comunidades del municipio de Chilpancingo.

Por la mañana, soldados detuvieron a dos policías comunitarios en la comunidad de Petaquillas y se los llevaron a la sede de la delegación de la PGR, en esta capital, y los consignaron ante el MP federal ‎por el delito de portación de arma exclusiva de las fuerzas armadas.

En respuesta, habitantes de Petaquillas y Mazatlán bloquearon la carretera federal para exigir la liberación de los comunitarios.

Los inconformes también exigen el retiro de las tropas del Ejército de esta franja del municipio de Chilpancingo, donde los ciudadanos decidieron tomar las armas para confrontar a la delincuencia.

Cerca de las 13:00 horas, soldados con equipo antimotín desalojaron la vía golpeando a mujeres, niños y hombres que bloqueaban la carretera a la altura del punto conocido como La Herradura.

La acción del Ejército desató la ira de los pueblos que simpatizan con el Fusdeg y por ello realizaron bloqueos carreteros y retuvieron a federales.

En el poblado de El Ocotito dirigentes de la policía comunitaria ‎dialogaron con mandos del grupo de federales que permanecen retenidos en este lugar, donde un helicóptero de la corporación realizó sobrevuelos.

La escalada de protestas por el caso Ayotzinapa obligó al gobierno de Enrique Peña Nieto a utilizar al Ejército y PF para confrontar movilizaciones sociales.

Hace seis días integrantes de la policía comunitaria del Fusdeg asumieron el control de la seguridad en Petaquillas, comunidad ubicada a 10 minutos de Chilpancingo.

Desde esa fecha el gobierno federal movilizó a elementos del Ejército y la PF para “sitiar” Petaquillas y desarmar a los guardias comunitarios que ya habían desmantelado una célula ‎delincuencial que operaba en la zona.


Esta situación provocó varios roces entre la ciudadanía y los militares, por lo que el ambiente en Petaquillas es de tensa calma y ahora el conflicto se agudizó luego del violento desalojo llevado a cabo por los soldados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Der Spiegel: H&K de Alemania metió a México más armas de asalto G36 de las que reportó

El fabricante alemán de armas Heckler & Koch (H&K), acusado de exportar a México los fusiles que fueron empleados en la matanza de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, suministró muchos más fusiles del tipo G36 a México de los que divulgó el Gobierno en Berlín en su informe anual de exportaciones de armas, reveló el semanario alemán Der Spiegel.

Según la revista, que sale mañana a la venta, la empresa germana exportó unos 10 mil 100 fusiles de asalto a México, unos mil 500 más que los declarados.

Spiegel se basa en datos del llamado Libro de Armas de Guerra de Heckler & Koch, un documento que están obligados a rellenar por ley las empresas exportadoras de armas en Alemania sobre el destino de sus productos. La lista fue suministrada a pedido del Diputado verde Hans-Christian Ströbele.

Heckler & Koch es investigado desde hace años en Alemania por la supuesta exportación ilegal de fusiles G36 a la policía de estados mexicanos especialmente convulsos.

El Gobierno alemán dio permisos de exportación al fabricante desde 2006 con la condición de que no enviara armas a los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero.

Pero en los años siguientes aparecieron indicios de que se violó ese requisito, por lo que el grupo es investigado desde 2010 por la Fiscalía de Stuttgart.

También se investiga si los fusiles de la marca germana fueron empleados en la matanza de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

“Por fin se acabaron el juego de las escondidas y el secretismo en el ministerio y en la administración”, cita la revista al veterano Diputado verde.

El 20 de diciembre del año pasado, el partido de Los Verdes presentaron una iniciativa en el Parlamento alemán para instar al gobierno de Berlín a apoyar con medios y expertos a las organizaciones que investigan la desaparición de los 43 estudiantes.

Los diputados opositores denunciaron que “la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia” está instalada en las estructuras del Estado mexicano y reclaman una respuesta.

Por estos hechos, el 25 de diciembre, familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala, organizaciones y activistas protestaron frente a la embajada de Alemania para exigir que el país deje de vender armamento a Mexico, porque acusan, “las armas que se utilizaron para el ataque contra sus hijos son alemanas”.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, explicó que Alemania tiene prohibido vender armas a cinco estados de la República por tener conflictos político–sociales, entre ellos, Guerrero.

“Alemania viola tratados internacionales al vender armas a Mexico”, fue una de las consignas que gritaron los padres de normalistas.

LAS ARMAS

El pasado 10 de diciembre, el diario alemán Tages Zeitung TAZ reveló que al menos 36 armas decomisadas a la policía de Iguala, que presuntamente se usaron en el ataque del 26 de septiembre eran fusiles de asalto alemanes modelo G-36 producidos por la empresa Heckler & Koch.

El diario tuvo acceso al expediente del caso Iguala iniciado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Allí se especifica que había además fusiles de asalto italianos Beretta tipo SCP (sic) 70/90 y fusiles AR-15 producidos por la empresa estadounidense Colt.

Se desconoce cómo llegaron esas armas a una fuerza policial oficial, cuando su exportación está estrictamente prohibida en Alemania.

Además, estas mismas armas fueron usadas en un anterior ataque a los normalistas. Y en esa ocasión, no estaban en manos de agentes locales, sino estatales.

La guerra es un gran negocio para los exportadores de armas. Alemania legalmente le vende armas a México. Sin embargo hay una muy clara y expresa prohibición de que los rifles de asalto sean usados en Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco.


México compra a muchos países equipos bélicos a muchos países que, no solo están diseñado para uso militar sino también para emplearse en contra de los ciudadanos, como puede ser para disolver manifestaciones.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-02-2015/1242209.

Fiscalía de Guerrero gira orden de localización para dueño de crematorio donde hallaron 60 cuerpos

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que giraron una orden de localización para ubicar a Guillermo Estua Zarain, dueño de “Cremaciones del Pacífico S.A. de C.V e incluso solicitaron apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés).

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Godínez Muñoz, Fiscal general de Guerrero, dijo que los delitos que se le podrían imputar al dueño no son graves. Uno de ellos sería fraude por el manejo de los cuerpos en sun negocio.

Horas antes, la dependencia estatal confirmó el hallazgo de 60 cuerpos encontrados al interior de un crematorio abandonado denominado “Cremaciones Pacífico”, propiedad de Estua Zardain, ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, en la localidad de Llano Largo, municipio de Acapulco.

La Fiscalía informó que entre los 60 cuerpos encontrados, existen cadáveres de mujeres, hombres y niños, que “están perfectamente embalsamados, sin poder determinar su edad, los cuales están preparados para su cremación”.

Refirió que por estos hechos ya se encuentra declarando la presidenta de la Asociación de Funerarias del Estado de Guerreo, así como los responsables de las funerarias del puerto, “a efecto de que presenten los expedientes de todas las personas que enviaron al crematorio del año 2013 a la fecha”.

Precisó que además se está solicitando que se presenten los contratos celebrados entre los servicios funerarios con el crematorio, quienes manifiestan entre otras cosas, que el crematorio se encuentra cerrado desde hace un año, por quiebra o fraude hacia los deudores.

Más tarde, Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad explicó que a partir de la información con la que cuenta la Procuraduría de Guerrero, los propietarios de ese establecimiento recibían los cuerpos, pero no los incineraban y entregaban a sus familiares otro tipo de cenizas y el certificado de incineración.

Dijo que los detalles del caso del crematorio los daría a conocer la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, a la cual las autoridades federales sólo le brindan acompañamiento en la investigación.

Rubido García sostuvo que a pesar de la violencia que se vive en ese puerto guerrerense, los índices de violencia registran tendencias a la baja al igual que en otras zonas del país.

Mientras tanto, la Fiscalía dijo que la funeraria, al no haber cremado los cadáveres, incumplió con las normas sanitarias de carácter federal, estatal y municipal, “por lo que se realizará el desglose de la indagatoria para enviarse a la autoridad federal competente para que investigue los delitos de su competencia”.

“Por esta razón, la agencia del Ministerio Público de El Coloso inició la averiguación previa TAB/COL/01/0051/2015 en contra de quien resulte responsable, por la posible comisión de los delitos contra el respeto a los cadáveres o restos humanos, y contra las normas de inhumación y exhumación, y atentado contra los muertos”, explicó la dependencia en un comunicado de prensa.

La Fiscalía indicó que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense. Dijo que a los restos se les aplicarán los estudios de antropología forense, genética, criminalística de campo, fotografía forense, medicina forense y odontología forense. ”Mediante estos estudios se podrá establecer la causa legal de la muerte y así determinar mediante el cronotodiagnóstico la fecha y hora probable de su deceso”, precisó la dependencia estatal.

El hallazgo se llevó a cabo durante las primeras horas de este viernes y fue posible por una llamada de los vecinos de la colonia Navidad de Llano Largo a las autoridades. Los vecinos reportaron un olor fétido proveniente del Crematorio del Pacifico, el cual dejó de operar desde hace más de un año.

Al lugar arribaron elementos del Ejército, de la Gendarmería Nacional, así como de las policías Federal y Estatal y Ministerial, quienes forzaron la puerta para poder entrar. En la estancia y bodega localizaron los cuerpos apilados y en estado de descomposición, cubiertos con cal y sábanas blancas.


Según se dio a conocer, las autoridades del estado emitirán un comunicado oficial en las próximas horas para dar a conocer más información sobre el hallazgo. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a la prensa que entre los cuerpos se encuentra al menos un menor de edad.

De manera extraoficial se ha informado que dos personas están en calidad de presentadas ante el Ministerio Público. Las mismas versiones refieren que se trata de los dueños del predio.

El 26 de septiembre, un grupo de 43 estudiantes fueron desaparecidos por agentes de la policía de Iguala, a menos de 200 kilómetros de Acapulco.

La Procuraduría General de la República (PGR) dice que los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados y luego cremados en un basurero de Cocula. Sin embargo, los padres, activistas e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) insisten en rechazar la versión, la cual consideran poco creíble.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. (CCSPJP) informó el pasado 20 de enero que por segundo año consecutivo la ciudad de Acapulco, Guerrero, permanece como la tercera ciudad más violenta del mundo y la primera en México, con 883 homicidios por 847 mil 735 habitantes.

El puerto se ha visto sacudido por la violencia  lo largo de este año, pues más de dos decenas de personas han sido encontradas sin vida en lo que va de este año.


Apenas la semana pasada, una pareja fue ejecutada en las inmediaciones del poblado Tres Palos y el cadáver de un sujeto fue localizado al interior de un pozo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-02-2015/1241837.

Cuerpos encontrados en crematorio estaban “perfectamente” embalsamados: FGE

ACAPULCO, Gro: Un total de 60 cuerpos de hombres, mujeres y niños fueron encontrados en el crematorio abandonado en la periferia de este destino turístico.

Según el parte oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), todos los cadáveres se encontraban “perfectamente embalsamados” y preparados para ser cremados.

El hallazgo, precisó, ocurrió alrededor de las 9 de la noche de ayer, cuando efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería llegaron hasta esas instalaciones después de una llamada anónima al Centro de Control y Comando C4.

Por tales hechos, el agente del Ministerio Público inició la averiguación previa TAB/COL/01/0051/2015 contra quien resulte responsable por la posible comisión de los delitos contra el respeto a los cadáveres o restos humanos, y contra las normas de inhumación y exhumación, y atentado contra los muertos.

La FGE detalló que el crematorio “Cremaciones Pacífico SA de CV”, ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, en las inmediaciones del poblado de Llano Largo, es propiedad de Guillermo Estua Zardain.

También informó que no se pudo determinar la edad de los cadáveres hallados, a los cuales se les realizarán estudios de antropología forense, genética, criminalística de campo, fotografía forense, medicina forense y odontología forense, con el propósito de establecer la causa legal de la muerte y determinar mediante el cronotodiagnóstico la fecha y hora probable de su deceso.

La dependencia dio a conocer que se citó a declarar a la presidenta de la Asociación de Funerarias del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, para que dé datos sobre las personas que enviaron las funerarias al crematorio de 2013 a la fecha, a fin de establecer el sexo y nombre, y pueda realizarse la identificación y comparación genética.

De igual manera se solicitó la presentación de los contratos celebrados entre los servicios funerarios con el crematorio, y se concluyó que éste fue cerrado desde hace un año por quiebra o fraude hacia los deudores, según el comunicado de la FGE.

Por separado, el subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud estatal, Felipe de Jesús Kuri Sánchez, informó que las autoridades evalúan colocar un cerco sanitario en la zona, por las sustancias que pudieron haberse desprendido de los cadáveres localizados.


“Vamos a tener que hacer un barrido ahí con alguna sustancia para tratar de mitigar malos olores y verificar el estado”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Persisten enfrentamientos y narcobloqueos en Tamaulipas: Autoridades

CIUDAD VICTORIA, Tamps: El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) confirmó que este viernes continuaron los enfrentamientos y ‘narcobloqueos’ en la región de Matamoros y Valle Hermoso y que, como resultado de estos hechos, un presunto delincuente fue abatido por efectivos del Ejército.

“A las 11:30 horas se reportaron bloqueos vehiculares en tres puntos diferentes de acceso al municipio de Valle Hermoso, en los que se utilizaron vehículos particulares, camiones de pasaje urbano y hasta tracto-camiones”, señaló un comunicado del GCT.

En tanto en Matamoros personal militar que realizaba patrullajes sobre las calles Beatriz Yarrington y Pedro Hinojosa, colonia Rafael Ramírez, fue atacado a las 4:35 horas por civiles armados que se desplazaban en una camioneta pick-up Chevrolet Cheyenne, placas de Texas, agregó el texto oficial.

“Al repeler la agresión, abatieron a uno de los presuntos delincuentes, mientras que otros lograron escapar. El hoy occiso no ha sido identificado, pero tenía de 25 a 28 años de edad, portaba un arma larga y usaba chaleco antibalas. Del interior de la camioneta se aseguraron otras dos armas largas, cargadores y cartuchos útiles”.

En la última semana se han registrado hechos violentos en los municipios de Reynosa, Río Bravo, Progreso, Valle Hermoso y Matamoros. Con el presunto criminal abatido hoy, suman 15 los muertos, mientras que autoridades municipales y medios locales aseguraron que las personas fallecidas son más de 30.

Los enfrentamientos y bloqueos provocaron que autoridades de Estados Unidos emitieran una alerta a sus ciudadanos para que se abstengan de viajar a la región, pues prevén un aumento de la violencia.


No obstante, el secretario general de Gobierno, Herminio Garza Palacios, y el procurador Ismael Quintanilla minimizaron la advertencia lanzada por el Consulado estadunidense en Matamoros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.