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Vallarta en remate

Regidores de Puerto Vallarta denuncian que el alcalde Ramón Guerrero pretende pagar una supuesta deuda a empresas inmobiliarias con 18 predios propiedad del Municipio, cuyo valor comercial excede el monto de lo adeudado.

En Jalisco el alcalde de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, intenta poner en venta al municipio. 

En una sesión amañada de Cabildo logró la autorización de la mayoría calificada de regidores para otorgar en dación de pago al menos 18 predios urbanos a una empresa inmobiliaria, a la que –asegura el edil- el Ayuntamiento le debe 40 millones de pesos.

Pero el valor real de los terrenos con los que se pretende saldar la deuda municipal supera los 220 millones de pesos, según cálculos de los regidores considerando el valor de los terrenos aledaños a los predios 

La empresa inmobiliaria que el alcalde emanado de las filas del Movimiento Ciudadano pretende beneficiar con la “dación” de los terrenos municipales es la denominada Tecnología en Proyectos Inmobiliarios S. A. de C. V., cuyo representante legal es Pablo Antonio López Arias. 

El Cabildo no fue informado sobre la causa del adeudo municipal con la empresa inmobiliaria.

De acuerdo a la denuncia pública hecha por la regidora Susana Mendoza Carreño, el alcalde Guerrero ha pasado de ser el primer edil del municipio de Puerto Vallarta para convertirse en el principal agente inmobiliario de la zona, toda vez que “a varias empresas inmobiliarias les ha ofrecido predios municipales”.

La preocupación de Guerrero por saldar una deuda municipal con la citada empresa inmobiliaria resulta extraña a los ojos de algunos regidores, pues el endeudamiento oficial del Municipio de Puerto Vallarta supera los 3 mil millones de pesos.

Los regidores inconformes con la intención de vender literalmente el municipio han dejado ver una sospechosa relación entre el edil Ramón Demetrio Guerrero y el exsubsecretario de Gobierno de la Segob, Abraham González Uyeda, quien se ha manejado como asesor del alcalde que tuvo su época de militante del PAN.

De hecho, la primera reunión informal del cabildo de Puerto Vallarta, aun ante de asumir formalmente el cargo, fue con la presencia de Abraham González Uyeda, quien solicitó a través del alcalde el cambio de uso de suelo de varios predios dentro del municipio, lo cual no fue aceptado por los regidores.

Los terrenos que se pretenden desincorporar del patrimonio municipal, dice el acuerdo final de la sesión de Cabildo del 2 de febrero pasado, serían en calidad de “dación de pago”. 

O en su caso mediante la celebración de los contratos de compra venta que sean requeridos, previo concurso público.

Cabe señalar que los 18 predios que se pretenden desincorporar del patrimonio municipal de Vallarta se encuentran ubicados en las zonas que mayor plusvalía han registrado en los últimos años, donde el desarrollo urbano –mediante la construcción de viviendas de clase media a cargo de inmobiliarias particulares- ha ido a la alza.

Terrenos en oferta

Ramón Demetrio Guerrero, en su afán por desincorporar del dominio público los predios municipales, ha ordenado avalúos a modo estableciendo a los inmuebles valores de hace 20 años. 

Un ejemplo es el predio que se ubica en la calle Pelícano, en la colonia Los Sauces, de 6 mil 440 metros cuadrados, el que está valuado a precio de 1983, a un valor catastral de 12 millones 468 mil pesos.

Los predios de la colonia La Floresta, en donde se encuentra actualmente el taller municipal y el rastro municipal, se están valuando a precios de 1991, cuando fueron entregados al Municipio en calidad de donación por parte del comisariado ejidal del ejido de Coapinole, cuando tenían un valor comercial de 11 millones 327 mil pesos y 12 millones 468 mil pesos, respectivamente.

Llama la atención el predio municipal denominado Coto San Xoaquín, que se busca dar a la inmobiliaria, en donde el alcalde ha fijado el valor a razón de mil 755 pesos el metro cuadrado de terreno, cuando el precio de otros predios particulares aledaños oscila entre los 20 mil y los 35 mil pesos pesos el metro cuadrado. 

En el Coto San Xoaquín se encuentra una de las zonas más exclusivas de Vallarta.

Uno de los argumentos que presentó el edil ante el cuerpo de regidores para lograr la aprobación para su venta o su “dación” en prenda, es que la mayoría de esos predios son áreas que no le representan ninguna utilidad a la administración local, y sin embargo podrían ayudar a aligerar el costo de la deuda que preocupa al munícipe.

La regidora Susana Mendoza Carreño denunció que el alcalde, no contento con rematar los predios del Municipio, planteó la urgencia de hacer “sin demora la traslación de dominio” de esos terrenos que se entregarán a particulares. 

Para hacer más rápida la escrituración, Ramón Demetrio Guerrero optó por aplicar la figura “ad corpus”, que en la legislación de Jalisco es el cálculo del precio de una cosa sin tener que tomar referencia a otra de su misma naturaleza. 

Una herencia de corrupción

No es la primera vez que se pone sobre la mesa el acto que pretende consumar el alcalde de Puerto Vallarta. 

Ya en la administración pasada, del priista Salvador González, se había autorizado la desincorporación de cinco terrenos que se vendieron a particulares por 24 millones de pesos. 

Diversas inmobiliarias locales se beneficiaron de la necesidad económica del Ayuntamiento.

Fue en la segunda semana de septiembre del 2012 cuando el entonces alcalde Salvador Gonzalez propuso la venta de terrenos del Municipio, a fin de desahogar la necesidad económica de la Unidad Municipal Administrativa. 


La propuesta del alcalde fue avalada por el síndico Fernando Castro Rubio y los regidores Moisés Villaseñor, Fernando Flores, Carlos Efraín Yerena, Virginia Arely, Hortensia Rodríguez, Esther Blanco, Juan Pablo García, Julio Santana, Ricardo Uribe y Miguel González Guerra.

En su momento, el munícipe Salvador Gonzalez –al que los regidores de la actual administración le atribuyen el excesivo endeudamiento-, también fincó su propuesta de vender terrenos municipales, recordando la acción del alcalde Rodolfo Gonzalez Macías, quien hizo lo propio en el trienio 1992-1994.

En aquella ocasión, Rodolfo González sometió a consideración del Cabildo la venta de los terrenos municipales que comprendían las áreas verdes de la Marina, cuyos fondos estimados en 6 millones de pesos se aplicarían a la compra de maquinaria, sin que eso haya sido verificado.

El peculio municipal

La lista de predios que el alcalde Ramón Demetrio Guerrero pretende otorgar en “dación” o vender a inmobiliarias, según sea el caso, representa casi el 2 por ciento de los terrenos que actualmente se registran como propiedad común bajo el resguardo del Ayuntamiento.

La mayor parte de los predios propiedad del Municipio es producto de donaciones históricas que hicieron particulares a la administración local.

Esto como compensación por el cambio de uso de suelo otorgado, a fin de permitir la construcción de conjuntos habitacionales.

La totalidad de los terrenos autorizados -por la mayoría calificada de los regidores-, para su enajenación, pasaron a ser propiedad del Municipio de Puerto Vallarta por donaciones a las que fueron obligados pequeños desarrolladores urbanos en la zona. 

La mayor parte de esas donaciones se registraron hace menos de 30 años.

Puerto Vallarta cuenta a la fecha con la presencia de al menos 16 grandes inmobiliarias, las que en los últimos 15 años no han aportado terrenos al peculio público del Municipio, ni han hecho aportaciones al erario oficial por el cambio de uso de suelo, pero sí son esas grandes corporaciones las que están haciendo presión para que el Cabildo les entregue en “dación” a cambio de deudas económicas, los predios con mayor plusvalía.

La descarada subasta

La propuesta del presidente municipal de Puerto Vallarta es desincorporar dos predios de 140 metros cuadrados en la colonia Las Gaviotas.

Un predio de 6 mil 440 metros cuadrados en la calle Pelícano, cerca del circuito vial denominado Calle Retorno, y un predio de 2 mil 120 metros cuadrados sobre la calle Jilguero; además de un terreno de 6 mil 475.61 metros cuadrados en el fraccionamiento Conchas Chinas.

También se reclama la donación de dos predios ubicados en la colonia La Floresta, con extensiones de 8 mil 190 metros cuadrados y 6 mil 023.44 metros cuadrados; un inmueble de 2 mil 109 metros cuadrados en la colonia Lomas del Pacífico. 

Un terreno de 421.58 metros cuadrados –en donde opera la oficina del Registro Civil- ubicado en la colonia 5 de Diciembre.

También se pretende vender un terreno en la Ciudad de México, propiedad del Municipio de Vallarta, en donde estaba antes “La Casa Vallarta”, con una extensión de 151.02 metros cuadrados en la colonia Pensador Mexicano. También están en oferta dos predios de 5 mil 132 metros cuadrados y 3 mil 799.75 metros cuadrados, en la colonia Joyas del Pedregal en El Pitillal, Vallarta. 

Dentro del mismo Pitillal se encuentra otro predio a rematar, con una extensión de 4 mil 560.45 metros cuadrados.

En el Coto San Xoaquín se ofrecerá como ganga un predio de 4 mil 196.61 metros cuadrados, en tanto que en la Avenida del Parque, en la colonia Parques Universidad de Puerto Vallarta se encuentra un terreno de 24 mil 805.36 metros cuadrados. 

Además, en la delegación municipal de Las Juntas se pretende vender una propiedad de 6 mil 934.87 metros cuadrados, en tanto que en la Avenida las Flores se rematará un terreno de 3 mil 905.47 metros cuadrados.

En suma, el gobierno de Vallarta está poniendo a la oferta 81 mil 392.55 metros cuadrados, los que de tener el valor comercial de 220 millones de pesos, se podrían entregar a precio de oferta a algunas inmobiliarias, a las que la administración les adeuda la cantidad de 40 millones de pesos en un estimado cerrado.

A la propuesta del alcalde para enajenar varios de los terrenos del Municipio sólo se han opuesto los regidores Roberto Ascencio Castillo, Agustín Álvarez Valdivia y Susana Mendoza Carreño, así como el síndico Humberto Muñoz Vargas. 

Uno de los férreos opositores a la política del alcalde Ramón Demetrio Guerrero es el regidor Humberto Gómez Arévalo, actualmente desaparecido.

Sesión amañada

La sesión en donde se autorizó el desmantelamiento del patrimonio municipal de Puerto Vallarta se realizó en medio de diversas irregularidades, revela la regidora Susana Mendoza Carreño.

El regidor Agustín Álvarez Valdivia interpuso un amparo por la vía civil para reclamar la suspensión del dictamen aprobado en el Cabildo.

Valdivia se presentó ante el juzgado civil de Vallarta para reclamar la nulidad del acto -manifiesto en la aprobación de la desincorporación de predios municipales para enajenarlos a favor de particulares-, exponiendo las causas de nulidad de la sesión, las que le fueron aceptadas por la juez primero de lo civil, Yadira Leticia García Saracco.

El regidor expuso que el acto era nulo porque el alcalde hizo la propuesta de venta de predios en calidad de presidente de la comisión de hacienda, y corresponde, de acuerdo a la legislación, a la comisión de gobernación llevar ese tipo de actos al seno del Cabildo.


El alcalde también incurrió en anomalías al haber sesionado en dos días distintos el mismo evento, para la aprobación de la venta de los terrenos. Comenzó la sesión el día lunes 2 de febrero y concluyó en la madrugada del martes 3 de febrero –argumentó el regidor-, además de que eran días inhábiles para decretar acuerdos oficiales.

Al demostrar el regidor Álvarez Valdivia que el alcalde se extralimitó en sus funciones, la juez de lo primero civil le otorgó la suspensión del acto como medida cautelar, en tanto se juzga la validez o nulidad de la sesión que ha sido cuestionada por los regidores y el síndico, que se oponen a la venta del patrimonio de Puerto Vallarta.

FUENTE: REPORTE INDGIO.
AUTOR: J. JESÚS LEMS.

GDF frena manifestación de la CNTE; maestros denuncian represión

MÉXICO, D.F: Alrededor de 30 camiones tripulados por integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) avanzan sobre la calzada Ignacio Zaragoza con dirección a la Secretaría de Gobernación.

Aparte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal impidieron que decenas de autobuses arribaran al zócalo capitalino; la intención de las autoridades es replegar a los manifestantes en el Monumento a la Revolución.

El vocero de la sección 22, Mohamed Otaqui Toledo, denunció que al menos 80 autobuses están varados en la entrada al Distrito Federal.

Otaqui Toledo se quejó de que en la calzada Ignacio Zaragoza las autoridades implementaron un retén donde alrededor de mil granaderos supervisan autobuses y les impiden circular.

Considera que esta acción gubernamental es una provocación y una violación al libre tránsito y manifestación, la cual tendrá una respuesta contundente del magisterio.

Los maestros de Oaxaca iniciaron hoy un paro de 72 horas y se manifestarán en el Distrito Federal para exigir el pago de quincenas pendientes, expresar su oposición a la Reforma Educativa, demandar la liberación de presos políticos y justicia para los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En tanto, en Oaxaca 84 mil maestros iniciaron un paro de tres días que afecta a más de un millón 380 mil estudiantes al permanecer cerradas 13 mil 827 escuelas con el argumento de que el paro es culpa de las autoridades por incumplir con los acuerdos pactados en la Secretaría de Gobernación.


Con este nuevo paro de 72 horas, suman cinco días que la Sección 22 no imparte clases en el transcurso de este año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La PGR desacredita informe de peritos argentinos

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) desacreditó el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que contradice la versión oficial respecto a que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron calcinados en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.

“El Equipo Argentino de Antropología Forense en ningún momento ha actuado como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en los hechos de Iguala y Cocula, ya que desde el primer momento, se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución, a pesar de que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética”, argumenta la PGR en un comunicado emitido esta mañana.

El sábado pasado, el EAAF presentó un informe en el que concluye que, con tal de hacer cuadrar la versión oficial, la PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, además de cometer errores que arriesgaron la identificación de los restos enviados a Austria.

El EAAF denunció que la PGR omitió aclarar que al menos desde 2010 el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron calcinados los estudiantes, ha sufrido incendios recurrentes y que tenía restos de por lo menos otra persona muerta aparte de los normalistas.

En el documento, el EAAF sostiene que, contrario a la versión de la PGR, ninguno de sus integrantes presenció el momento de la recolección de la bolsa sacada del río San Juan, donde supuestamente estaba el hueso del estudiante Alexander Mora Venancio.

En respuesta, la PGR refutó: “Respecto de la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del Basurero de Cocula, el 15 de noviembre, se señala que el EAAF no fue convocado, lo cual es correcto, dado que NO se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera Antropología, Criminalística y Genética, dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes”.


Y exhorta al EAAF a que “en el ejercicio de su deber y responsabilidad adquirida dentro de la Averiguación Previa, aporten sus dictámenes dentro del expediente, que es donde se deben establecer los criterios científicos, basados en metodología rigurosa”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías comunitarios rescatan a 10 de los secuestrados por un comando en Cocula

NUEVO BALSAS, Gro: Policías comunitarios de los poblados de Nuevo Balsas, La Fundición y Real del Limón liberaron a 10 de las 18 personas secuestradas hace dos días por una gavilla al servicio del grupo delictivo La Familia.

Seis de las víctimas, entre ellas un contratista y una afanadora de la minera Media Luna, fueron abandonados en el cerro por sus captores ante el cerco de los comunitarios que actuaron en coordinación con el Ejército y la Policía Federal.

Mientras que los otros cuatro rehenes escaparon luego de que uno de ellos forcejeó con uno de los delincuentes.

La víctima, identificada como Mario Bahena Aguilar -originario de Apipilulco y trabajador de la minera- resultó herido de un disparo en la pierna y al criminal lo mataron a golpes, narraron a Proceso.com los tres hombres que escaparon.

“Mario nos salvó la vida”, expresó uno de los retenidos cuando se encontraba a salvo con un grupo de policías comunitarios, quienes subieron al cerro de La Campana para rescatar al héroe herido.

Las 10 víctimas fueron resguardadas por los comunitarios y uno de los delincuentes que intentó hacerse pasar como secuestrado, fue detenido porque los liberados lo delataron.

Enseguida, los nueve hombres y la mujer que permanecieron privados de su libertad dos días, fueron trasladados a la clínica de salud de esta comunidad donde los atendieron porque presentaban golpes y agotamiento por deshidratación.

Al lesionado se lo llevaron a un hospital de especialidades a bordo de un helicóptero del Ejército que aterrizó en la cancha del pueblo minero.

La liberación de los plagiados se registró en el punto conocido como “El 80”, en las inmediaciones del cerro de La Campana ubicado en el poblado de La Fundición, donde se encuentran las viejas vías de ferrocarril que datan de la época porfirista y que quedaron inconclusas en la ribera del río Balsas.

Acompañados de elementos del Ejército, los pobladores se desplegaron en la ribera del río y en los cerros para localizar al resto de las víctimas de las que no existe un número determinado porque fueron privados de su libertad en distintos puntos de la zona minera y separados en varios grupos, indicaron los rehenes al ser consultados por Proceso.com.

Por ello, en la zona predomina una tensa calma mientras los habitantes permanecen alertas y los comunitarios siguen desplegados en los cerros y la ribera del río donde coordinan esfuerzo con soldados y policías federales para ubicar al resto del grupo delictivo y tratar de liberar al resto de las víctimas.

De acuerdo con la versión de las víctimas, los plagiarios que portan uniformes tipo militar y son dirigidos por un delincuente identificado como Uriel Wences La Burra, siguen en el cerro y mantienen retenidas a más personas.

El secuestro masivo ocurrió la tarde del viernes pasado en esta zona minera del municipio de Cocula donde a pesar de la denuncia pública de los habitantes y los policías comunitarios, el gobierno federal y los directivos de la minera Media Luna intentaron negar y minimizar el hecho.

No obstante, las 10 personas liberadas esta tarde y su perfil, indica que las víctimas son trabajadores de la minera, pescadores ‎y miembros de la policía comunitaria.

El Ejército recopiló la lista de los nombres de las víctimas rescatadas por la policía comunitaria, y al menos cinco dijeron ser trabajadores de la minera Media Luna.

Melitón Flores Silvano, de 37 años, originario de la Fundición, municipio de Cocula y de ocupación minero.

Arlette Evelyn Inés Ríos, de 28 años, originaria del poblado Nuevo balsas y empleada del área de limpieza de la minera Media Luna.

Juan Luis Ramírez Cázares, de 35 años, originario de Los Mochis, Sinaloa de ocupación empleado de la empresa Nyrstar, contratista de la misma minera.

‎Mario Bahena Aguilar, de Apipilulco y Héctor Daniel Peña Sánchez, ambos trabajadores de la minera Media Luna.

‎Los hermanos Abisai y David Flores Cervantes, originarios de La Fundición y de ocupación pescadores.

Francisco Javier Román Bahena, de 15 y originario de Iguala, así como Manuel Cázares Ocampo, de 41, y Luis Manuel García Ocampo, de 42, este último originario del poblado de Atlixtac.

El secuestro masivo ocurrió la tarde del viernes pasado en esta zona minera del municipio de Cocula.

Policías comunitarios informaron que al menos 18 personas habrían sido privadas ilegalmente de su libertad por un comando que instaló un retén de las 17:00 a las 18:00 horas en el crucero que conduce al poblado de Olea, sobre el tramo carretero Nuevo Balsas-Cocula.

Precisaron que 12 de las víctimas son trabajadores de contratistas de la minera Media Luna; cuatro del poblado La Fundición y dos más de Nuevo Balsas.

Los pobladores responsabilizaron de esta acción criminal a Uriel Wences Delgado La Burra, un operador del grupo delictivo La Familia, que fue expulsado por la guardia comunitaria desde diciembre de 2013 cuando los habitantes de este lugar decidieron tomar las armas para enfrentar directamente la delincuencia.‎

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Gobernador de Sonora se deslinda de irregularidades en rancho familiar

HERMOSILLO, Son: El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, habló hoy sobre el emplazamiento que le hizo el pasado martes 3 el director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, para demoler en un plazo no mayor de 10 días la presa ubicada en el municipio de Arizpe y la remoción de todas las obras que están sobre el cauce federal arroyo El Manzanar, afluente del río Sonora.

Según el mandatario, el rancho Pozo Nuevo es propiedad de sus hermanos no de él.

Es más, dijo que éstos apelarán la decisión emitida por la autoridad federal y adelantó que ya construyen un nuevo “bordo”, justo en el espacio donde se ordenó se demoliera toda obra.

Padrés tardó tres días en responder a la opinión pública sobre los resolutivos de Conagua y siete desde que sus familiares fueron notificados sobre la ilegalidad en la que incurrieron al construir tres represos, con una capacidad total 1.7 millones de metros cúbicos, y la extracción ilegal de agua en dos pozos.

“Le agradezco a la Conagua la resolución porque a partir de una investigación ha quedado todo claro y este proceso seguirá en tanto mis hermanos continúan trabajando”, señaló.

Se está analizando apelar el resolutivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dijo Padrés Elías.

Hasta este viernes no se había cubierto la sanción de 3 millones 47 mil pesos impuesta por la autoridad federal.

“Hay más de 2 mil represos como estos y ojalá no les hagan lo que le están haciendo a mis hermanos porque los productores luchan mucho para salir adelante y el objetivo de un gobierno es facilitar las acciones para que sigan trabajando”, expuso el jefe del Ejecutivo estatal.

La existencia del rancho Pozo Nuevo fue revelada por un telerreportaje en el mes de septiembre, durante la emergencia originada por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, a cargo de Grupo México.

En dicha investigación se evidenció que en el rancho “Pozo Nuevo”, ubicado en Bacanuchi, municipio de Arizpe, se construyó una presa gigante, de 120 metros de largo por 80 metros de alto, con una capacidad para almacenar supuestamente 4 millones de metros cúbicos de agua, a fin de irrigar 300 hectáreas de nogal y en perjuicio de 248 habitantes.

En respuesta, el gobernador sonorense expulsó del Comité Estatal de Emergencia, reunido para atender el derrame minero del 6 de agosto, a los delegados federales de Conagua, Semarnat y Profepa, por participar en el telerreportaje.

De igual forma, urgió al presidente Peña Nieto la destitución del procurador ambiental, Guillermo Haro Bélchez, acciones que advirtieron un conflicto de interés entre su responsabilidad pública y las actividades económicas familiares.


Esta propiedad también le atrajo una denuncia penal ante la PGR por enriquecimiento inexplicable, toda vez que en 2009, en coincidencia con el inicio del sexenio padrecista, el rancho tenía un valor de 10 millones de pesos y para 2014, el precio incrementó casi un 900%, al establecerse en 89 millones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

AMLO exige al gobierno federal investigar a Calderón por caso Ficrea

MÉXICO, D.F: El presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exigió al gobierno federal investigar al expresidente Felipe Calderón por el caso Ficrea.

En su último mitin efectuado en Saltillo, Coahuila, la noche del pasado jueves, el tabasqueño aconsejó a los afectados buscar otros mecanismos más allá de la justicia mexicana, como acudir a instancias internacionales para hacerse escuchar.

“En este país no hay estado de derecho, van a perder el tiempo con el Poder Judicial y lo que sí les puedo decir es que Calderón no va a ser tocado por éste, ni por ningún otro tema.

“No va a suceder nada, porque Peña y Calderón son miembros de la misma mafia, se protegen unos con otros, hay complicidad entre ambos, se trata de capos, porque Calderón debería de estar en la cárcel como también Peña Nieto”, dijo.

López Obrador agregó que en México hay impunidad para las asociaciones delictuosas, por ello el caso Ficrea a través del cual han sido defraudados alrededor de 7 mil usuarios, es un ejemplo más de que no habrá castigo para las más altas esferas.

“Calderón ayudó a Peña en el Fraude Electoral del 2012, porque están en contubernio, duele decirlo pero lo de Ficrea va a quedar impune”.

Previamente, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal y dos veces aspirante a la Presidencia, estuvo en el municipio General Cepeda, donde ofreció una conferencia sobre la Situación Política y Económica de México y sostuvo una reunión con ejidatarios de Noria de las Sabinas de General Cepeda.

Estos últimos le pidieron su ayuda para impedir la instalación del Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales (Cimari) en sus tierras por considerar que éstas podrían ser contaminadas por los residuos peligrosos.

Eduardo Alonso Tello, miembro de la comunidad, indicó que toda la comunidad se opone a tener que vivir cerca del Cimari “Aunque el ayuntamiento todavía no da el permiso de uso de suelo, sabemos que el alcalde y los regidores están a favor del proyecto, en cambio los pobladores nos oponemos, además de que la mayoría de los ejidos está en desacuerdo”.

De vuelta en Saltillo, el dirigente nacional e Morena se trasladó a la plaza de las Ciudades Hermanas, donde reconoció que Saltillo es una plaza difícil para la izquierda.

Sin embargo, destacó “nunca antes había visto tanta gente despierta en el país, porque hay quienes piensan que no se va a lograr el cambio de manera pacífica pues la mafia del poder no lo va a permitir”.

De acuerdo con el tabasqueño, se puede impulsar una transformación.

La cuestión es, dijo, definir cómo transformar, si por la vía armada o por la vía pacífica. Morena, aclaró, escogió la segunda que está directamente relacionada con los procesos electorales. “No creo correcto que el flanco izquierdo se concrete a no participar, para dejar el camino libre a la mafia en el poder”.

Y destacó que el despertar ciudadano se ha producido por el empobrecimiento de la clase media, por lo que el cambio se logrará con la participación consciente y organizada de los ciudadanos.


López Obrador continuará su gira este viernes con eventos en Guamuchil y Culiacán, Sinaloa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ejército desaloja bloqueo carretero en Guerrero y pobladores retienen a policías federales

Militares con equipo antimotín desalojaron a golpes a un grupo de personas que mantenían bloqueada la carretera México-Acapulco, a la altura de las comunidades de Petaquillas y Mazatlán, municipio de Chilpancingo, para exigir la liberación de dos policías comunitarios detenidos previamente por el Ejército.

En respuesta, habitantes de la comunidad de El Ocotito retuvieron a más de 200 policías federales que se desplazaban en cinco autobuses sobre la misma vía.

La situación es tensa en esta franja de la región Centro, luego del operativo del Ejército y la Policía Federal (PF) para desarmar a policías comunitarios al mando del Frente Único para la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero ‎(Fusdeg), que operan en varias comunidades del municipio de Chilpancingo.

Por la mañana, soldados detuvieron a dos policías comunitarios en la comunidad de Petaquillas y se los llevaron a la sede de la delegación de la PGR, en esta capital, y los consignaron ante el MP federal ‎por el delito de portación de arma exclusiva de las fuerzas armadas.

En respuesta, habitantes de Petaquillas y Mazatlán bloquearon la carretera federal para exigir la liberación de los comunitarios.

Los inconformes también exigen el retiro de las tropas del Ejército de esta franja del municipio de Chilpancingo, donde los ciudadanos decidieron tomar las armas para confrontar a la delincuencia.

Cerca de las 13:00 horas, soldados con equipo antimotín desalojaron la vía golpeando a mujeres, niños y hombres que bloqueaban la carretera a la altura del punto conocido como La Herradura.

La acción del Ejército desató la ira de los pueblos que simpatizan con el Fusdeg y por ello realizaron bloqueos carreteros y retuvieron a federales.

En el poblado de El Ocotito dirigentes de la policía comunitaria ‎dialogaron con mandos del grupo de federales que permanecen retenidos en este lugar, donde un helicóptero de la corporación realizó sobrevuelos.

La escalada de protestas por el caso Ayotzinapa obligó al gobierno de Enrique Peña Nieto a utilizar al Ejército y PF para confrontar movilizaciones sociales.

Hace seis días integrantes de la policía comunitaria del Fusdeg asumieron el control de la seguridad en Petaquillas, comunidad ubicada a 10 minutos de Chilpancingo.

Desde esa fecha el gobierno federal movilizó a elementos del Ejército y la PF para “sitiar” Petaquillas y desarmar a los guardias comunitarios que ya habían desmantelado una célula ‎delincuencial que operaba en la zona.


Esta situación provocó varios roces entre la ciudadanía y los militares, por lo que el ambiente en Petaquillas es de tensa calma y ahora el conflicto se agudizó luego del violento desalojo llevado a cabo por los soldados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Der Spiegel: H&K de Alemania metió a México más armas de asalto G36 de las que reportó

El fabricante alemán de armas Heckler & Koch (H&K), acusado de exportar a México los fusiles que fueron empleados en la matanza de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, suministró muchos más fusiles del tipo G36 a México de los que divulgó el Gobierno en Berlín en su informe anual de exportaciones de armas, reveló el semanario alemán Der Spiegel.

Según la revista, que sale mañana a la venta, la empresa germana exportó unos 10 mil 100 fusiles de asalto a México, unos mil 500 más que los declarados.

Spiegel se basa en datos del llamado Libro de Armas de Guerra de Heckler & Koch, un documento que están obligados a rellenar por ley las empresas exportadoras de armas en Alemania sobre el destino de sus productos. La lista fue suministrada a pedido del Diputado verde Hans-Christian Ströbele.

Heckler & Koch es investigado desde hace años en Alemania por la supuesta exportación ilegal de fusiles G36 a la policía de estados mexicanos especialmente convulsos.

El Gobierno alemán dio permisos de exportación al fabricante desde 2006 con la condición de que no enviara armas a los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero.

Pero en los años siguientes aparecieron indicios de que se violó ese requisito, por lo que el grupo es investigado desde 2010 por la Fiscalía de Stuttgart.

También se investiga si los fusiles de la marca germana fueron empleados en la matanza de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

“Por fin se acabaron el juego de las escondidas y el secretismo en el ministerio y en la administración”, cita la revista al veterano Diputado verde.

El 20 de diciembre del año pasado, el partido de Los Verdes presentaron una iniciativa en el Parlamento alemán para instar al gobierno de Berlín a apoyar con medios y expertos a las organizaciones que investigan la desaparición de los 43 estudiantes.

Los diputados opositores denunciaron que “la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia” está instalada en las estructuras del Estado mexicano y reclaman una respuesta.

Por estos hechos, el 25 de diciembre, familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala, organizaciones y activistas protestaron frente a la embajada de Alemania para exigir que el país deje de vender armamento a Mexico, porque acusan, “las armas que se utilizaron para el ataque contra sus hijos son alemanas”.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, explicó que Alemania tiene prohibido vender armas a cinco estados de la República por tener conflictos político–sociales, entre ellos, Guerrero.

“Alemania viola tratados internacionales al vender armas a Mexico”, fue una de las consignas que gritaron los padres de normalistas.

LAS ARMAS

El pasado 10 de diciembre, el diario alemán Tages Zeitung TAZ reveló que al menos 36 armas decomisadas a la policía de Iguala, que presuntamente se usaron en el ataque del 26 de septiembre eran fusiles de asalto alemanes modelo G-36 producidos por la empresa Heckler & Koch.

El diario tuvo acceso al expediente del caso Iguala iniciado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Allí se especifica que había además fusiles de asalto italianos Beretta tipo SCP (sic) 70/90 y fusiles AR-15 producidos por la empresa estadounidense Colt.

Se desconoce cómo llegaron esas armas a una fuerza policial oficial, cuando su exportación está estrictamente prohibida en Alemania.

Además, estas mismas armas fueron usadas en un anterior ataque a los normalistas. Y en esa ocasión, no estaban en manos de agentes locales, sino estatales.

La guerra es un gran negocio para los exportadores de armas. Alemania legalmente le vende armas a México. Sin embargo hay una muy clara y expresa prohibición de que los rifles de asalto sean usados en Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco.


México compra a muchos países equipos bélicos a muchos países que, no solo están diseñado para uso militar sino también para emplearse en contra de los ciudadanos, como puede ser para disolver manifestaciones.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-02-2015/1242209.

Fiscalía de Guerrero gira orden de localización para dueño de crematorio donde hallaron 60 cuerpos

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que giraron una orden de localización para ubicar a Guillermo Estua Zarain, dueño de “Cremaciones del Pacífico S.A. de C.V e incluso solicitaron apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés).

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Godínez Muñoz, Fiscal general de Guerrero, dijo que los delitos que se le podrían imputar al dueño no son graves. Uno de ellos sería fraude por el manejo de los cuerpos en sun negocio.

Horas antes, la dependencia estatal confirmó el hallazgo de 60 cuerpos encontrados al interior de un crematorio abandonado denominado “Cremaciones Pacífico”, propiedad de Estua Zardain, ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, en la localidad de Llano Largo, municipio de Acapulco.

La Fiscalía informó que entre los 60 cuerpos encontrados, existen cadáveres de mujeres, hombres y niños, que “están perfectamente embalsamados, sin poder determinar su edad, los cuales están preparados para su cremación”.

Refirió que por estos hechos ya se encuentra declarando la presidenta de la Asociación de Funerarias del Estado de Guerreo, así como los responsables de las funerarias del puerto, “a efecto de que presenten los expedientes de todas las personas que enviaron al crematorio del año 2013 a la fecha”.

Precisó que además se está solicitando que se presenten los contratos celebrados entre los servicios funerarios con el crematorio, quienes manifiestan entre otras cosas, que el crematorio se encuentra cerrado desde hace un año, por quiebra o fraude hacia los deudores.

Más tarde, Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad explicó que a partir de la información con la que cuenta la Procuraduría de Guerrero, los propietarios de ese establecimiento recibían los cuerpos, pero no los incineraban y entregaban a sus familiares otro tipo de cenizas y el certificado de incineración.

Dijo que los detalles del caso del crematorio los daría a conocer la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, a la cual las autoridades federales sólo le brindan acompañamiento en la investigación.

Rubido García sostuvo que a pesar de la violencia que se vive en ese puerto guerrerense, los índices de violencia registran tendencias a la baja al igual que en otras zonas del país.

Mientras tanto, la Fiscalía dijo que la funeraria, al no haber cremado los cadáveres, incumplió con las normas sanitarias de carácter federal, estatal y municipal, “por lo que se realizará el desglose de la indagatoria para enviarse a la autoridad federal competente para que investigue los delitos de su competencia”.

“Por esta razón, la agencia del Ministerio Público de El Coloso inició la averiguación previa TAB/COL/01/0051/2015 en contra de quien resulte responsable, por la posible comisión de los delitos contra el respeto a los cadáveres o restos humanos, y contra las normas de inhumación y exhumación, y atentado contra los muertos”, explicó la dependencia en un comunicado de prensa.

La Fiscalía indicó que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense. Dijo que a los restos se les aplicarán los estudios de antropología forense, genética, criminalística de campo, fotografía forense, medicina forense y odontología forense. ”Mediante estos estudios se podrá establecer la causa legal de la muerte y así determinar mediante el cronotodiagnóstico la fecha y hora probable de su deceso”, precisó la dependencia estatal.

El hallazgo se llevó a cabo durante las primeras horas de este viernes y fue posible por una llamada de los vecinos de la colonia Navidad de Llano Largo a las autoridades. Los vecinos reportaron un olor fétido proveniente del Crematorio del Pacifico, el cual dejó de operar desde hace más de un año.

Al lugar arribaron elementos del Ejército, de la Gendarmería Nacional, así como de las policías Federal y Estatal y Ministerial, quienes forzaron la puerta para poder entrar. En la estancia y bodega localizaron los cuerpos apilados y en estado de descomposición, cubiertos con cal y sábanas blancas.


Según se dio a conocer, las autoridades del estado emitirán un comunicado oficial en las próximas horas para dar a conocer más información sobre el hallazgo. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a la prensa que entre los cuerpos se encuentra al menos un menor de edad.

De manera extraoficial se ha informado que dos personas están en calidad de presentadas ante el Ministerio Público. Las mismas versiones refieren que se trata de los dueños del predio.

El 26 de septiembre, un grupo de 43 estudiantes fueron desaparecidos por agentes de la policía de Iguala, a menos de 200 kilómetros de Acapulco.

La Procuraduría General de la República (PGR) dice que los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados y luego cremados en un basurero de Cocula. Sin embargo, los padres, activistas e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) insisten en rechazar la versión, la cual consideran poco creíble.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. (CCSPJP) informó el pasado 20 de enero que por segundo año consecutivo la ciudad de Acapulco, Guerrero, permanece como la tercera ciudad más violenta del mundo y la primera en México, con 883 homicidios por 847 mil 735 habitantes.

El puerto se ha visto sacudido por la violencia  lo largo de este año, pues más de dos decenas de personas han sido encontradas sin vida en lo que va de este año.


Apenas la semana pasada, una pareja fue ejecutada en las inmediaciones del poblado Tres Palos y el cadáver de un sujeto fue localizado al interior de un pozo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-02-2015/1241837.

Cuerpos encontrados en crematorio estaban “perfectamente” embalsamados: FGE

ACAPULCO, Gro: Un total de 60 cuerpos de hombres, mujeres y niños fueron encontrados en el crematorio abandonado en la periferia de este destino turístico.

Según el parte oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), todos los cadáveres se encontraban “perfectamente embalsamados” y preparados para ser cremados.

El hallazgo, precisó, ocurrió alrededor de las 9 de la noche de ayer, cuando efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería llegaron hasta esas instalaciones después de una llamada anónima al Centro de Control y Comando C4.

Por tales hechos, el agente del Ministerio Público inició la averiguación previa TAB/COL/01/0051/2015 contra quien resulte responsable por la posible comisión de los delitos contra el respeto a los cadáveres o restos humanos, y contra las normas de inhumación y exhumación, y atentado contra los muertos.

La FGE detalló que el crematorio “Cremaciones Pacífico SA de CV”, ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, en las inmediaciones del poblado de Llano Largo, es propiedad de Guillermo Estua Zardain.

También informó que no se pudo determinar la edad de los cadáveres hallados, a los cuales se les realizarán estudios de antropología forense, genética, criminalística de campo, fotografía forense, medicina forense y odontología forense, con el propósito de establecer la causa legal de la muerte y determinar mediante el cronotodiagnóstico la fecha y hora probable de su deceso.

La dependencia dio a conocer que se citó a declarar a la presidenta de la Asociación de Funerarias del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, para que dé datos sobre las personas que enviaron las funerarias al crematorio de 2013 a la fecha, a fin de establecer el sexo y nombre, y pueda realizarse la identificación y comparación genética.

De igual manera se solicitó la presentación de los contratos celebrados entre los servicios funerarios con el crematorio, y se concluyó que éste fue cerrado desde hace un año por quiebra o fraude hacia los deudores, según el comunicado de la FGE.

Por separado, el subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud estatal, Felipe de Jesús Kuri Sánchez, informó que las autoridades evalúan colocar un cerco sanitario en la zona, por las sustancias que pudieron haberse desprendido de los cadáveres localizados.


“Vamos a tener que hacer un barrido ahí con alguna sustancia para tratar de mitigar malos olores y verificar el estado”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Persisten enfrentamientos y narcobloqueos en Tamaulipas: Autoridades

CIUDAD VICTORIA, Tamps: El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) confirmó que este viernes continuaron los enfrentamientos y ‘narcobloqueos’ en la región de Matamoros y Valle Hermoso y que, como resultado de estos hechos, un presunto delincuente fue abatido por efectivos del Ejército.

“A las 11:30 horas se reportaron bloqueos vehiculares en tres puntos diferentes de acceso al municipio de Valle Hermoso, en los que se utilizaron vehículos particulares, camiones de pasaje urbano y hasta tracto-camiones”, señaló un comunicado del GCT.

En tanto en Matamoros personal militar que realizaba patrullajes sobre las calles Beatriz Yarrington y Pedro Hinojosa, colonia Rafael Ramírez, fue atacado a las 4:35 horas por civiles armados que se desplazaban en una camioneta pick-up Chevrolet Cheyenne, placas de Texas, agregó el texto oficial.

“Al repeler la agresión, abatieron a uno de los presuntos delincuentes, mientras que otros lograron escapar. El hoy occiso no ha sido identificado, pero tenía de 25 a 28 años de edad, portaba un arma larga y usaba chaleco antibalas. Del interior de la camioneta se aseguraron otras dos armas largas, cargadores y cartuchos útiles”.

En la última semana se han registrado hechos violentos en los municipios de Reynosa, Río Bravo, Progreso, Valle Hermoso y Matamoros. Con el presunto criminal abatido hoy, suman 15 los muertos, mientras que autoridades municipales y medios locales aseguraron que las personas fallecidas son más de 30.

Los enfrentamientos y bloqueos provocaron que autoridades de Estados Unidos emitieran una alerta a sus ciudadanos para que se abstengan de viajar a la región, pues prevén un aumento de la violencia.


No obstante, el secretario general de Gobierno, Herminio Garza Palacios, y el procurador Ismael Quintanilla minimizaron la advertencia lanzada por el Consulado estadunidense en Matamoros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Padrés sí le hizo una presa a su rancho, y la dinamitó cuando se supo; lo multan con 1.5 mdp

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una multa de 1 millón 500 mil 140 pesos a los propietarios del rancho “El pozo nuevo de Padrés SP de RL de CV”, por construir una “presa hidráulica” sin contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La presa y el rancho pertenecen al Gobernador de Sonora por el Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Padrés Elías, quien afirmó varias veces que se trataba de un “represo”. Pero las autoridades determinaron que no, que se hizo una presa privada sin autorización.

Inspectores de la Procuraduría realizaron una revisión el 11 de septiembre del año pasado en el predio. Constataron la existencia de una presa hidráulica, un tanque de regulación (pila) y muros de contención habilitados como miradores.

Esta multa se impone a días de que el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, informó que el Gobernador tenía 10 días para destruir en su totalidad la presa.

En medio de la crisis de agua que vive la entidad, cuando se dio a conocer el derrame de la mina de Cananea (perteneciente a Grupo México) y justo cuando se descubrió su existencia, la presa fue dinamitada.

La inspección de la Profepa solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un informe sobre si las obras halladas eran una presa o represo y si requería autorización oficial para su operación.

La Conagua, a través de la Dirección General del Organismo de Cuenca Noroeste, reportó el 27 de octubre que la obra está considerada como una presa de conformidad a lo establecido en la Comisión Internacional de Grandes Presas.

El estudio señala que cualquier persona que lleve a cabo una obra en un cauce federal, requiere de permiso de construcción por parte de la Conagua, así como los requerimientos para su operación.

Luego de ello, la Profepa hizo tres visitas más de inspección.

Una de ellas fue por la Construcción y Operación de una Presa, donde se constató la existencia de una “presa hidráulica”; otra para observar si hubo o no Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales; y una más, en materia forestal.

Sin especificar el nombre del dueño, aunque se sabe que es el Gobernador de Sinaloa, la profesa especifica que el propietario construyó la presa hidráulica “sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente,  para la construcción y operación de la misma”.

Derivado de lo anterior, se inició el procedimiento administrativo el 02 de diciembre de 2014, en contra de la persona moral denominada “El Pozo Nuevo de Padrés S.P. DE R.L. de C.V.”

El pasado 3 de febrero, David Korenfeld, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dijo que Guillermo Padrés Elías tenía sólo10 días para demoler por completo su presa. También pidió la remoción de todas las obras que están sobre el cauce federal del arroyo El Manzanar, afluente del Río Sonora.

En entrevista radiofónica, Korenfled dijo que tras las inspecciones del Organismo de Cuenca Noroeste se determinó demoler la presa y dos represos más porque no cuentan con permiso. De no cumplir conesta orden será la misma Conagua quien destruirá lo que queda de la presa.

El rancho “Pozo Nuevo”, donde Padrés tiene sus construcciones se localiza a cinco kilómetros del pueblo de Bacanuchi y se trata de un terreno de tres mil 670 hectáreas, que incluye la presa conocida como “El Titanic”, la cual se construyó a finales de 2011 y principios de 2012.

Antes de la investigación de la Conagua, el Gobernador de Sonora negó insistentemente dicha presa, sin embargo, días después de comprobarse su existencia, ésta fue dinamitada.

La noche del 20 de septiembre varias fuentes confirmaron que la presa privada del Gobernador de Sonora ya no existía.


Algunas versiones dijeron que el Gobernador habría ordenado dinamitarla, otras indicaron que se reventó.

Óscar Castro Valdez, director de la publicación Dossier Político en Sonora, dijo a SinEmbargo que habló con el Secretario de Comunicación Social de la entidad, Jorge Morales Borbón, quien le confirmó que la presa de Padrés “se partió en dos”.

“Lo que él me dijo fue que el represo sobre el arroyo El Manzanar se partió en dos porque no era presa, era un bordo de tierra con poco cemento, y al crecer al arroyo El Manzanar se partió por la mitad y se tiró el agua”, indicó Castro Valdez.

El ranchero Óscar Flores, quien vive en un rancho ubicado a siete kilómetros de Bacanuchi, dijo también a SinEmbargo que debido al mal tiempo el camino para llegar a Bacanuchi está cerrado, pues se cayó un bordo y que poco se sabe sobre lo que está sucediendo en el poblado.

Agricultores y pobladores denunciaron a principios de septiembre que el mandatario panista tenía acceso a una presa de 4 millones de metros cúbicos de agua limpia y pozos por casi 3 millones de metros cúbicos al año que abastecían a su rancho “Pozo Nuevo”.

Los habitantes de Bacanuchi lo pusieron en evidencia después de la crisis de agua generada por el derrame de la mina de Grupo México –propiedad de Germán Larrea– en Cananea. El pueblo Yaqui afirmaba que Padrés Elías alimenta con agua privilegiada a políticos y amigos.

De acuerdo con varios periodistas locales, pobladores de Bacanuchi dijeron que escucharon una detonación. Afirmaron que fue en la presa del Gobernador.


Varios medios y periodistas locales demandaron que las autoridades federales confirmaran la noticia.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-02-2015/1242375.

Infieren fallas con reportes de prensa, y la Auditoría no las halló: Ebrard a Diputados

Marcelo Ebrard Casaubón, ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, dijo hoy que las mismas razones que lo llevaron a él a recibir la Línea 12 del Metro como terminada, son las mismas que tuvo el actual gobierno para recibir la obra sin cuestionarla apenas unos meses después.
“Menos política y más responsabilidad respecto a esto”, dijo.
Ebrard respondió esta tarde a las acusaciones de la Comisión Especial para el Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o se Haya Destinado a la Línea 12, compuesta en su mayoría por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La Comisión emitió un informe, elaborado por priistas con información del gobierno de Miguel Ángel Mancera, en el que inculpa al ex funcionario. A Ebrard no se le concedió derecho de audiencia en dos ocasiones, por lo que pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) medidas cautelares contra lo que él llama un “linchamiento político del PRI ordenado por Los Pinos”, es decir, por el Presidente Enrique Peña Nieto.

En su primera comparecencia en la Cámara de Diputados, Ebrard dijo que los legisladores del PRI fueron parciales y utilizaron sólo cierta información.
“Se atribuyen los problemas a la corrupción e irregularidades. Ahí sí, la verdad, la intencionalidad no podía ser más clara: es política”, dijo. “No se relacionan las supuestas irregularidades con las fallas; se infieren, se dice que hay versiones periodísticas. Pero no sabía que este informe que señala a su presunto servidor como presunto responsable no tomó en cuenta a la Auditoría Superior de la Federación ASF), que realizó auditorías como a ninguna otra obra pública con inversión federal”.
“Están todos los oficios de la Auditoría, todos, salvo dos que están en trámite y no se mencionan en su informe. Todas las [supuestas inconsistencias]  están resueltas. No hay motivo y no me parece justo que señalen la corrupción cuando la ASF dice lo contrario”, señaló.

“La construcción de la obra tuvo la certificación de un consorcio y tuvo una certificación para poder operar que no se ha cuestionado en el GDF y ni por ninguna otra instancia.  Si la obra está mal hecha, ¿por qué no se ha hecho ningún procesos contra la certificación? Los de la certificación, hoy, están trabajando en el Gobierno del Distrito Federal”, agregó.

En su intervención, el Senador Mario Delgado defendió que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, dependencia a su cargo durante la gestión de Ebrard Causabón, sólo se encargó de definir la viabilidad financiera y presupuestal del proyecto, más no de establecer el método de financiamiento. Eso, dijo, se definió a partir de una petición del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Subrayó que tanto el método de financiamiento, a través de un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) a largo plazo, como la previsión presupuestal del proyecto fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Asimismo enfatizó que las decisiones técnicas del proyecto no eran su competencia, por lo que rechazó que en el informe se le pretenda atribuir responsabilidad por ello.

Sobre el contrato con CAF, del que se ha señalado que estableció un pago a un tipo de cambio de más de 16 dólares, lo que habría generado un sobrecosto en el costo de la renta de los trenes, Delgado aseguró que el contrato se estableció en dólares, por lo que no se definió ningún tipo de cambio de referencia.

El ex funcionario terminó su intervención ante la comisión diciendo que “la Línea 12 no esta cerrada por una cuestión presupuestal ni financiera”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAYELA SÁNCHEZ.

Senador del PRI propone reforma para evitar que se criminalice a migrantes

El senador Teófilo Torres Corzo, del PRI, presentó una iniciativa de reforma al Artículo 93 de la Ley de Migración, a fin de evitar posibles errores de interpretación que criminalizan la figura del migrante.

Advirtió que dicho Artículo faculta al Instituto Nacional de Migración (INM) para recibir y atender denuncias formuladas contra extranjeros por la presunta comisión de delitos, lo que se presta a una interpretación errónea de ese dispositivo legal.

Ello, explicó, daría pauta a una función parapolicíaca y ministerial que podría invadir la facultad exclusiva del Ministerio Público para recibir e investigar las denuncias.

También recordó que de acuerdo al numeral 80 de dicha ley, al ejercer sus facultades de control, verificación y revisión migratoria, el INM debe informar a la autoridad responsable de la seguridad nacional sobre la presentación o identificación de sujetos vinculados con el terrorismo, delincuencia organizada o cualquier actividad que la ponga en riesgo.

Además, debe coadyuvar en las investigaciones que la autoridad correspondiente le requiera, agregó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de San Luis Potosí.

Con base en esas facultades, continuó Torres Corzo, se podrá poner al sujeto a disposición del instituto, que acordará una orden de presentación para alojarlos en las estaciones migratorias para determinar o acreditar su situación migratoria.

En consecuencia, emitirá una orden de presentación cuando se actualice algún supuesto del Artículo 144 de la Ley, entre ellos estar sujeto a proceso penal, haber sido condenado por delito grave o se encuentre con antecedentes que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional o pública, destacó.

Por ello, el Artículo 93 resulta confuso e incluso contradictorio con las disposiciones descritas, en las cuales no se otorga al instituto la facultad de investigación de los delitos, sino simplemente coadyuva en la investigación y prevención de éstos.

Dijo que para evitar posibles errores de interpretación que deriven en conflictos por invasión de competencias, se propone reformar dicho artículo y precisar que la recepción y atención de denuncias por el INM tenga como finalidad única ejercer sus facultades de control, verificación y revisión migratoria.


En caso necesario, argumentó Torres Corzo, las denuncias se turnarán de forma inmediata al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-02-2015/1242526.

Fausto Vallejo dice de su hijo: no es delincuente… sólo un hijo desobediente

MÉXICO, D.F: Ocho meses después de renunciar al cargo y en medio de acusaciones de que llegó al poder con el apoyo del crimen organizado, el exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo rompió el silencio para defender a su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, El Gerber, preso desde junio pasado por presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios.

“Quiero puntualizar que (Rodrigo) no es delincuente, es víctima de la delincuencia”, aseguró en declaraciones al canal michoacano CB Televisión.

De acuerdo con el exmandatario, quien fue sustituido en el cargo por el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, El Gerber sólo es “un hijo desobediente que no entendía a su padre de que no debía ir a esas zonas (en la región de Tierra Caliente y la Costa), siendo el hijo de un gobernador y en una situación tan delicada”.

Sobre el video donde Rodrigo Vallejo Mora aparece tomando una cerveza junto a Servando Gómez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, el exgobernador explicó que su hijo fue interceptado y retenido en un viaje a las playas de Ixtapa, al que le había ordenado no ir.

“Ahí lo atrapan en el camino. Lo entretienen todo el día, en un solazo, y lo único que le ofrecen es cerveza. Están tomándose una cerveza”.

Añadió: “¿Bueno, qué querían?, como los demás (personajes) que ven en los videos (de este tipo), ¿que estuviera llorando?, ¿que estuviera asustado?”.
Hoy, subrayó, Rodrigo está pagando su desobediencia y enfrentando el proceso penal con responsabilidad y sin recurrir a ningún tipo de influencias.

“No estamos charoleando. Yo como exgobernador no me he acercado al presidente de la República o a las autoridades para (decirles): ‘a ver, por favor'”, dijo.

Vallejo comentó que el delito de encubrimiento que le imputan a su hijo le hace confiar en que pronto estará libre.

Sobre él, aseguró que dejó la gubernatura por motivos médicos, y destacó que estudios clínicos detectaron un problema en el hígado que se agravó con cirrosis, ocasionada por la ingesta de medicamentos que terminaron bloqueando las arterias que comunican a ese órgano.

“Yo no salgo manchado con las manos de sangre ni salgo manchado con dinero”, expresó.

Lo mismo señaló el 19 de julio de 2014 al oficializar su renuncia. Argumentó motivos de salud y dijo que se iba “con la frente en alto” para que llegara alguien capaz de continuar su gobierno hasta el año siguiente.

Y, en efecto, Vallejo nunca pudo dar continuidad a su administración.

Arrastrando una deuda estatal de 12 mil millones de pesos, en dos años pidió licencia tres veces por su precaria salud.

De acuerdo con una nota publicada por la revista Proceso en su edición 1964 del 22 de junio del año pasado, un documento de inteligencia militar asegura que Rodrigo Vallejo Mora, El Gerber, pertenecía a la estructura tanto de La Familia Michoacana como de Los Caballeros Templarios, y entre sus funciones estaba la de cobrar derecho de piso, establecer contactos con políticos y empresarios y facilitar operaciones de lavado de dinero.

Con el título “La verdadera historia de los Vallejo”, el reportaje firmado por el periodista José Gil señala que Vallejo Mora comenzó a trabajar para distintos grupos criminales de Michoacán desde joven, pero cobró más importancia cuando su padre ganó la gubernatura en 2011.

Según documentación confidencial de seguridad pública e inteligencia militar, a la que tuvo acceso el semanario, el hijo del exgobernador “es y fue utilizado por sus vínculos políticos para lograr los objetivos del grupo criminal tanto en (el) tráfico de influencias como en (los) acercamientos con la clase política que arribaría al gobierno michoacano encabezado por Fausto Vallejo Figueroa”.

El Gerber aparece en la estructura de organizaciones criminales oriundas de la entidad, como La Empresa, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, en las que cumplía un papel importante para el lavado de dinero y como intermediario con empresarios, comerciantes y políticos.

A últimas fechas el hijo del gobernador tenía tres responsabilidades con Los Caballeros Templarios: una, el “cobro de piso y protección de bares y discotecas de Morelia; conjuntaba a propietarios para otorgarles el servicio de manera obligada”.

La segunda era traficar con influencias a fin de facilitar “los trámites correspondientes para pagos”, así como “otorgar nuevos permisos y modificar adeudos al municipio”. Y la tercera, realizar la “verificación y control de bares y restaurantes para el lavado de dinero”.

Los reportes mencionan que el hijo de Fausto Vallejo fue contactado desde joven por Héctor Gerardo Guzmán Múzquiz, a quien señalan como “operador” de cobros de piso y extorsiones en Morelia, igual que para el lavado de dinero.

El informe indica que Guzmán Múzquiz estuvo involucrado, en enero de 2008, cuando miembros de La Familia Michoacana secuestraron durante unas horas a Alfonso Reyes Hinojosa, primo del entonces presidente Felipe Calderón, por negarse a pagar 30 millones de pesos a empresas de la entidad, amparándose en su parentesco.

Los documentos recogen también información de 2009, cuando Fausto Vallejo era alcalde de Morelia. En junio de ese año la Policía Federal detuvo a Arnoldo Rueda Medina, La Minsa o El Fresa, quien en ese momento estaba acompañado de Rodrigo Vallejo. Desde el gobierno de Felipe Calderón llegó la orden de ponerlo en libertad, en tanto que el otro delincuente permaneció detenido.

Entrevistado al respecto, José Manuel Mireles, exfundador de las autodefensas en Tepalcatepec, actualmente preso, señaló que los excesos de Rodrigo Vallejo y sus vínculos estrechos con Los Caballeros Templarios eran bien conocidos en el estado, pues se había convertido en jefe de plaza de la capital michoacana:
“Hacía bailes en la casa de gobierno con puro criminal para demostrar que tenía poder para hacer las cosas. Eran bailes fastuosos a los que iban puros criminales: jefes de plaza, encargados de zona y muchos otros ‘invitados especiales’.”

Precisó: “A Rodrigo le gustaba mucho andar con los hijos de los narcos, en sus pachangas y francachelas. También le gustaba mostrar que tenía cierto control sobre los federales, porque cuando detenían a alguno de sus amigos hablaba con los federales para liberarlo. Además, como hijo del gobernador también tenía el control de algunas mafias en los transportes, y con los comerciantes era el encargado de cobrarles las cuotas”.

Sobre la foto donde Vallejo Mora aparece con La Tuta, que comenzó a circular el 13 de junio en las redes sociales, Mireles sostuvo que es auténtica y muestra que Rodrigo no estaba ahí contra su voluntad, como quiso desvirtuar los hechos el exgobernador al declarar, en una entrevista con la red estadunidense CBS, que uno de sus hijos fue secuestrado el año pasado:

“Está en blanco y negro la foto que he visto por aquí. Están en una reunión. No se ve que esté obligado, como decía Fausto Vallejo, porque lo habían levantado: están en una reunión de convivencia con La Tuta y otras personas. Ahí está la foto y, como son cosas que ya sabíamos, no tenemos duda de que son ciertas”, apuntó Mireles en aquella ocasión.

Cuando aún se aferraba a la gubernatura, Vallejo Figueroa intentó defender a su hijo de las imputaciones: “En mi familia no hay delincuentes”. Sin embargo, anunció su renuncia el miércoles 18 y al día siguiente El Gerber ya no estaba en Michoacán, pues, de acuerdo con versiones de funcionarios estatales, su detención era inminente: además de la fotografía con La Tuta las autoridades obtuvieron cinco videograbaciones en las que está con miembros de la misma organización delictiva, incluido Enrique Kike Plancarte.


En esas grabaciones se puede ver al hijo del entonces gobernador en estado de ebriedad, en fiestas y reuniones a las que asistieron también otros funcionarios michoacanos. “Ya todos sabían quién era el hijo de Fausto Vallejo. En unos videos está en un rancho con varias personas, como funcionarios, alcaldes y Kike Plancarte; en otros videos están sus encuentros con La Tuta”, dijo un testigo calificado que optó por el anonimato.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.