En conferencia de prensa, los padres de los 43 normalistas desaparecidos dieron su respaldo al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que el sábado pasado emitió el informe sobre los restos hallados en el basurero de Cocula. Esta mañana la Procuraduría General de le República (PGR) intentó desacreditar la labor de los peritos y calificó su investigación como “alejada de la realidad”. En respuesta al comunicado oficial, los padres de normalistas citaron a los medios de comunicación para hoy a las 12:30 en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. En cada una de las intervenciones se reafirmó la confianza en las conclusiones de los peritos argentinos y se insistió en la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa. “Hoy más que nunca estamos con la certeza de que nuestros compañeros siguen vivos. Nuestra demanda de justicia y verdad sigue vigente, por lo que exigimos a la PGR que publique todos los expedientes del caso”, dijo Omar García en representación de los normalistas. Sobre su confianza en el EAAF, Omar García recordó: los peritos argentinos nunca han sembrado evidencias, la Procuraduría sí. En ese mismo sentido, Melitón Ortega señaló que trabajo del EEAF fue científico, mientras la investigación de la PGR representó una labor política. Debido a que las conclusiones de los peritos argentinos contradicen la versión oficial de la muerte de los estudiantes, los padres de familias y sus representantes legales manifestaron su preocupación por la integridad del EAAF. Por ello, se dio respaldo total a los peritos y se responsabilizó al gobierno federal de cualquier daño que pudieran sufrir los especialistas.
Al respecto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, señaló que el informe del EEAF confirma que la “verdad jurídica” de Jesús Murillo Karam se cae a pedazos. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 AUTOR: REDACCIÓN.
La dependencia federal acusa al equipo argentino de emitir un "criterio aislado", luego de que cuestionara la investigación oficial.
La PGR respondió al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), luego de que el sábado cuestionó la investigación oficial sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa. “No es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar (basurero de Cocula) fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría”, sostiene la dependencia en un amplio comunicado difundido esta mañana. La PGR sostiene: “De manera científica, ha quedado plenamente comprobado que los sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del Río San Juan, corresponden químicamente a los encontrados en el Basurero de Cocula, por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad”. Sobre los restos que -según los peritos argentinos- no pertenecen a los normalistas, la PGR indicó que “las prótesis dentales halladas en el Basurero de Cocula son parte de las evidencias aún en estudio. Según el EAAF dichas prótesis no corresponden a ningún estudiante, sin embargo, la Procuraduría General de la República es puntual en manifestar que no cuenta aún con historial físico, médico o dental de los estudiantes, porque ni los familiares ni el EAAF las han querido aportar a la investigación, razón por la cual no se puede confirmar o desestimar que dichos restos dentales pertenezcan o no a alguno de ellos”.
Los expertos aseguran que la investigación del caso Ayotzinapa no puede darse por concluida y cuestionaron lo presentado como "verdad histórica" por parte de la Procuraduría.
“Forzar la evidencia para que encaje con el testimonio, eso no es ciencia”, comentó a Aristegui Noticias uno de los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, a raíz del comunicado divulgado este fin de semana. El “documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan” del caso Ayotzinapa, pone en duda los resultados concluyentes -presentados por la PGR hace algunos días-, a los que el procurador Murillo Karam se refirió como “verdad histórica.” El contenido del documento fue expuesto el sábado por la mañana a los familiares de los jóvenes en un encuentro de aproximadamente seis horas. Posteriormente fue difundido a la opinión pública a través de un comunicado de prensa (al final de esta nota). El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF ) coordina el trabajo de 30 científicos de México, Argentina, Uruguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Francia y España. Los expertos internacionales dejaron en claro que la investigación del caso Ayotzinapa no puede darse por concluida y cuestionaron, seriamente, el uso sesgado de las evidencias científicas para hacerlas coincidir con los testimonios obtenidos. Insistieron, también, en que no estuvieron presentes al momento de la obtención de las evidencias en el río San Juan y que no han podido tener acceso a la cadena de custodia completa de los restos encontrados en el río, encontrados según informó la Procuraduría, por buzos de la Marina. La cadena de custodia de los restos que, según la versión de la Procuraduría, fueron encontrados por la Marina no la tiene el equipo argentino y, por lo tanto, sus integrantes no pudieron haberla firmado como se sugirió en la conferencia de prensa de Murillo Karam. A pesar de que han solicitado que dicha cadena de custodia les sea entregada en su totalidad, eso no ha ocurrido hasta el momento. Los expertos cuestionan, también, que la zona de evidencia del basurero de Cocula se haya dejado abierta y sin custodia, a raíz del anuncio del hallazgo de restos. Gente, en general, y medios de comunicación pudieron deambular, libremente, por una zona que debería haber sido reguardada. Durante una reunión sostenida el 27 de noviembre, con miembros de la Procuraduría pero, sin la presencia del procurador, los expertos extranjeros cuestionaron la falta de custodia en la zona y las diligencias realizadas el 15 de noviembre por parte de la Procuraduría, a las que no fueron convocados y en las cuales fueron encontradas evidencia importantes que forman parte de la averiguación previa. En esas diligencia se habrían obtenido elementos fundamentales que reforzaron la versión de la Procuraduría. Ante la crítica de los expertos, la PGR contestó que la zona, en realidad, si estaba bajo resguardo pero, que era un resguardo “intermitente.” Sorprendidos por la respuesta, los expertos extranjeros , señalaron que la custodia para una zona bajo investigación de ese tipo, debe darse las 24 horas al día y que –tal cómo lo habían acordado- los peritos internacionales debieron haber sido convocados. Respecto a las diligencias que, en esa fecha, realizó la PGR sin la presencia de ningún miembro de EAAF , no hubo respuesta satisfactoria. Los científicos extranjeros han visto obstaculizado su trabajo al serles requerida firma y autorización, prácticamente, para cada movimiento que realizan, aun los que se desarrollan en zona de laboratorio. Tocar o mover una vasija, por ejemplo, ha requerido contar con permisos por escrito. Respecto a las muestras genéticas tomadas a integrantes de 42 familias de los jóvenes de Ayotzinapa (fueron 42, porque dentro del grupo se encuentran dos hermanos) se presentaron errores por parte de la Procuraduría que pusieron en riesgo la posibilidad de identificar las identidades de los jóvenes, a través de los perfiles genéticos, en caso de que las muestras enviadas a la Universidad de Innsbruk hubieran logrado identificar material nuclear de ADN. Las muestras de material genético de los familiares de los estudiantes, fueron tomadas, por separado, por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (sangre y saliva) y por el grupo de EAAF (sangre.) El estudio para determinar los perfiles genéticos que realizó la PGR, se hicieron con base en las muestras obtenidas por la Procuraduría de Guerrero. La PGR no pudo tomar muestras propias, una vez que los familiares se negaron a que se les tomará más material genético. La PGJG tomó, en un primer momento, sólo muestras de saliva, pero al ver que el EAAF tomaba muestras de sangre, decidieron pedirle a los familiares otras muestras también de sangre. Cuando la PGR pretendió obtener sus propias muestras de los familiares, éstos se negaron a que les fueran tomadas por una cuarta vez. Los perfiles genéticos obtenidos por el EAAF se hicieron con las muestras tomadas, de forma independiente, por el propio EAAF. Existían, pues, dos paquetes con perfiles genéticos. Entre uno y otro, se registraban 20 diferencias (“errores nuestros”, habría reconocido, en junta de trabajo, un integrante de servicios periciales de la PGR). Algo atípico, según la experiencia de los expertos internacionales. Sobre todo si se considera que las diferencia o errores que quedaron en el reporte enviado a Innsbruk, con los perfiles genéticos, no aparecen igual en la averiguación previa, en dónde sí se encuentran coincidentes 11 de los perfiles obtenidos por la Procuraduría y los expertos argentinos La Universidad de Austria solicitó que fuera enviado un solo paquete con los perfiles. El enviado fue el obtenido por la PGR, a pesar de las diferencias. Esos errores, hubieran afectado a 16 de las 42 familias, si de los restos calcinados, enviados a Austria se hubiera rescatado ADN nuclear. Sólo se pudo obtener del resto óseo de Alexander Mora, pero no de las demás muestras enviadas. En caso de que se hubiera preservado ADN nuclear en otros restos, existía el peligro de que no se pudieran identificar las identidades de todos por los errores de la procuraduría. Al discutir intensamente, con la PGR, las discrepancias en los resultados de los perfiles genéticos enviados a Innsbruck, los expertos del EAAF lograron que el procurador Murillo Karam –presente en la discusión- ordenara que se le pidiera a Innsbruck tomar en cuenta sólo los resultados de los especialistas extranjeros. Transcurrió un mes para que esa notificación fuera enviada a la Universidad de Innsbruck, a través de un correo electrónico, en un mensaje que no reflejaba, del todo, la instrucción del procurador Murillo Karam. Dado que no se excluye la posibilidad de enviar otros restos encontrados, el peligro de lograr una cabal identificación persiste, habida cuenta de que no queda claro si la Universidad de Innsbruk tomará los perfiles genéticos que le envió la Procuraduría con los errores, o los perfiles enviados después por los expertos argentinos. Los cuestionamientos hechos por el equipo de expertos con los que rechazan las conclusiones anticipadas de la PGR, incluyen información y fotografías aéreas sobre otros incendios ocurridos en el basurero por lo menos desde 2010. Los expertos mostraron fotografías satelitales de la zona del basurero, con evidencia de fuego y humo en diferentes fechas: 12 de octubre de 2010 y 28 de octubre de 2013. Evidencias obtenidas de aluminio fundido o restos de ladrillo calcinado, pudieron ser producto de incendios ocurridos en el lugar en fechas distintas a la señalada e incluso tomados de zonas aledañas. No hay, pues, evidencia categórica e inequívoca , como se ha hecho creer , de que en ese basurero ocurriera entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado un incendio en el que habrían quedado calcinados los cuerpos de los estudiantes. Los expertos cuestionan que la Procuraduría haya omitido información sobre otros incendios en el mismo lugar en fechas distintas y haya mostrado como evidencias concluyentes muestras calcinadas de las que no se puede saber, a ciencia cierta, de qué evento procedieron . En la conferencia de enero 2015, del procurador Murillo Karam, no se explicó con claridad que el basurero de Cocula tiene fuego, desde hace años. Los especialistas encontraron en la zona identificada como el lugar en donde habrían sido calcinados los jóvenes, una prótesis parcial superior de una dentadura y una prótesis inferior que embonan entre sí engarzadas con un diente. Ninguno de los jóvenes desaparecidos contaba con ese tipo de prótesis, según consultas con los familiares. El hallazgo encontrado en ese lugar corresponde a los restos de una persona distinta a los 43 muchachos desaparecidos. Evidencia y restos presentados como parte de una investigación concluyente, podrían corresponder a otros eventos y personas. “La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”, señala el comunicado. A los familiares de los estudiantes se les dijo, este sábado, que si bien es cierto no hay evidencia contundente de que el asesinato y calcinamiento de los jóvenes hubieran ocurrido en el basurero de Cocula la madrugada del 27 de septiembre, tampoco se puede negar que alguno, algunos o todos los estudiantes hayan estado en ese lugar en esa fecha. En pocas palabras, no es posible afirmar, en estos momentos, una cosa ni la otra. Al darse a conocer las consideraciones científicas de los expertos independientes, se pone en duda lo que ha sido presentada como versión única y prácticamente definitiva de la PGR, obtenida, fundamentalmente, de los testimonios de presuntos sicarios de la organización “Guerreros Unidos,” que señalaron que asesinaron a los muchachos en el basurero, calcinaron y fragmentaron sus restos para depositarlos en bolsas para basura negras, que habrían sido arrojados al río San Juan, algunos contenidos todavía dentro de la propia bolsa. Los especialistas del equipo internacional decidieron salir al paso de las declaraciones de la Procuraduría en la conferencia de prensa del 25 de enero, en la cual se afirmó que los forenses argentinos si bien no estaban al momento de la obtención de las evidencias del río, se encontraban por ahí cerca y que el hallazgo se hizo ante la presencia de decenas de peritos mexicanos. Es verdad que los argentinos eligieron las muestras de restos de la lona en la que se encontraban tendidos a la vera del río San Juan, pero, no vieron la forma en que fueron obtenidos. Se les dijo que procedían de una bolsa negra que habría sido rescatada del río por buzos de la Marina, pero no podrían autentificar la veracidad de lo dicho, al no haber estado presentes. Uno de los restos que ahí se encontraban, resultó positivo de la identidad de Alexander Mora Venancio después de los análisis de la Universidad en Austria. Ese fragmento, señala uno de los expertos, se distinguía del resto por su grado de conservación. Era el más grande y saltaba a la vista. La muestra de Alexander no estaba calcinada. Era una muestra muy distinta a las demás. “Es como si en una mesa – explicó un experto a Aristegui Noticias- se encontraran bananas… la muestra de Alexander sería como si fuera una manzana.” No se pudo determinar el porqué esa muestra era tan distinta a las demás. “Pudo ser que haya quedado protegida del fuego esa parte del cuerpo, por alguna razón no determinada, pero pudo ser también otra cosa”, afirmó uno de los expertos. Los especialistas, si bien no dudan que ese resto óseo pertenece a uno de los estudiantes, insisten en que ellos no fueron partícipes de la recolección del hueso. Subrayan también que no se les ha entregado, a pesar de haberlo solicitado, el documento en el que se explique cómo fue obtenida la bolsa al interior del rio, con las cenizas, de entre las cuales se encontró el fragmento en buen estado de Mora Venancio. El primer tramo de esa cadena de custodia que deberían haber firmado los buzos de la Marina, no ha sido proporcionado, a la fecha, a los peritos internacionales. Sobre el “efecto horno” que se habría producido según la versión de la Procuraduría, gracias a la profundidad de la hondonada y que habría permitido que los cuerpos fueran consumidos por el fuego en horas, a pesar de estar al aire libre, es algo sobre lo que no se pronunció el equipo forense. En tareas conjuntas, peritos de la PGR y del EAAF permanecieron del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2014 tanto en la Parota como en Cocula. Supieron, después, que la PGR acudió a la zona a “recabar evidencias,” sin haber sido avisados. Especialmente, se inconforman de no haber sido invitados el 15 de noviembre de 2014, como peritos independientes. En esa fecha, los ministerios públicos y peritos de la PGR llegaron a recabar evidencias balísticas y de tierra –fundamentales para la averiguación- a la zona dónde habría ocurrido el crimen, sin la presencia de ningún de los peritos internacionales. La zona, en ese momento, no se encontraba bajo resguardo ni acordonamiento. El informe de la propia PGR confirma que “el lugar en sus generalidades se observa que no se encuentra preservado, ya que en el momento de la presente intervención no hay elementos de seguridad resguardando el lugar, o algún tipo de acordonamiento”. Con esta “intervención” de la PGR, lograron obtener 43 evidencias balísticas. 42 de un mismo calibre y una de otro, según reportaron en su informe. Los expertos internacionales sólo se enteraron de ello al leer ese documento. Pidieron, incluso, que esas pruebas fueran desestimadas, aunque no fueron escuchados. La PGR mantuvo como parte de la averiguación las pruebas balísticas obtenidas de esa manera el 15 de noviembre de 2014.
En México, hay "constantes ausencias (más de 23 desaparecidos), ahora recordadas por Ayotzinapa, un caso singular, pero a la vez similar a tantos que se viven en México, que la PGR nunca ha logrado resolver", subraya la politóloga.
El fin de semana los peritos argentinos pusieron en duda la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República, sobre el caso Ayotzinapa, a lo que la PGR respondió este lunes, asegurando que “no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda…“. Al respecto, en la mesa política de este lunes en MVS, Denise Dresser comentó: “Aquí hay un tema de credibilidad, sería muy interesante… una encuesta a los mexicanos preguntándoles: ¿a quién le creen más, a la PGR o al Equipo Argentino de Antropología Forense?”. Recordó que “somos un país de fosas, un país de calcinados, un país de fragmentos de hueso, un país de 23 mil 270 desaparecidos, años de cuerpos sin nombre, semanas de cuerpos sin nombre, días de cuerpos sin nombre. Nuestras constantes ausencias, ahora recordadas por Ayotzinapa, que es un caso singular, pero a la vez similar a tantos que se viven en México, que la PGR nunca ha logrado resolver”. Sobre el caso de los normalistas desaparecidos, consideró que el gobierno se ve obligado a responder, por la presión nacional e internacional. “¿Cómo no tener dudas de la PGR, ante las preguntas sin respuesta?”, preguntó. Subrayó que en la investigación de la PGR, como lo hacen notar los peritos argentinos, “falta de certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula”. Además, hay declaraciones inconsistentes de los involucrados en los hechos, quienes, según revelaciones periodísticas, posiblemente han sido torturados. Apuntó también que la procuraduría aún no captura a todos los presuntos responsables de los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre. Dresser dijo que no cree en la PGR “porque el gobierno se rehusaba, hasta hace poco, a reconocer que estos casos fueran de desapariciones forzadas. Porque no se ha indagado claramente la actuación del Ejército, esa noche fatal. Porque no ha empezado la atribución de responsabilidades, por el contexto de corrupción política en Guerrero, que hizo posible que todo esto ocurriera. Y porque el equipo argentino se deslinda de los resultados presentados… y evidencia falla tras fallas“. Para la politóloga, Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo para los familiares de más de 23 mil desaparecidos: falta de mecanismos, protocolos y recursos; las autoridades no proveen justicia ni reparan el daño a los familias.
La doctora indicó que los peritos argentinos señalaron “todo lo que se hizo mal” en la investigación oficial, por no seguir protocolos básicos. “Y la PGR responde con un comunicado muy agresivo, diciendo ellos no saben de estos temas“, agregó. VÍDEO:
Los padres de José Antonio Robledo Fernández denunciaron que las autoridades han ignorado que un funcionario, junto con un presunto integrante de los zetas, les exigió no seguir investigando sobre el paradero de su hijo.
Es 5 de febrero de 2009 y han pasado 12 días desde que el ingeniero José Antonio Robledo Fernández fue secuestrado, a la entrada de una refaccionaria de Monclova, Coahuila, por un grupo de hombres que se lo llevaron por la fuerza junto con la camioneta que conducía. Los padres del joven profesionista, contratado y enviado a Monclova por la empresa ICA, llegaron a esta localidad 48 horas después de que su hijo fue raptado y, desde su arribo, han dedicado cada día a presentar y ratificar denuncias por privación ilegal de la libertad en distintas oficinas gubernamentales, tanto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como de la Procuraduría General de la República; ellos confían en que los criminales que se llevaron a Toño, como lo llaman de cariño, lo dejarán en libertad en cuanto comprueben que trabaja para una empresa que paga cuotas al crimen organizado o, en el peor de los casos, que se trata de un secuestro extorsivo y que los plagiarios se comunicarán en cualquier momento para negociar el pago de un rescate… de hecho, esto último es lo que les han pedido creer las mismas autoridades con las que se han entrevistado: que pronto recibirán una llamada de los delincuentes, y que deben esperar. Es 5 de febrero de 2009, aunque faltan unos minutos para la medianoche. La señora Guadalupe y su esposo, José Antonio, ya están refugiados en su habitación de hotel, puesto que al día siguiente serán recibidos por el subprocurador de Justicia del estado, Jesús Torres Charles, y debido a eso, los papás de Toño se aprestan ya para dormir. Una llamada telefónica, sin embargo, los despierta. Al otro lado de la línea está Joaquín Benito del Ángel –jefe de seguridad de la empresa ICA–, quien les pide bajar al lobby del hotel, puesto que dos representantes del cártel de Los Zetas quieren platicar con ellos. Esas dos personas, que se presentaron como enviados de Los Zetas, posteriormente fueron reconocidos como Carlos Arturo Jiménez Encinas, alias El Plátano o El Güero, y José David Galindo Flores, alias Licenciado Pepe, quienes pidieron a los padres del ingeniero secuestrado no dar más información a la policía, como condición para devolver con vida a su hijo, luego de lo cual, ambos sujetos, junto con el jefe de seguridad de ICA, se retiraron del lugar. Por su implicación con el crimen organizado, Joaquín Benito del Ángel, jefe de seguridad de ICA, enfrenta actualmente proceso penal por delincuencia organizada, secuestro y portación de arma de uso exclusivo del ejército. Además, contra Carlos Arturo Jiménez Encinas fue emitida una orden de aprehensión y existe una oferta de recompensa de 3 millones de pesos por quien proporcione información que permita su captura. Sin embargo, contra el tercer zeta que participó en esa “negociación”, José David Galindo Flores, identificado plenamente desde 2013, “la PGR nunca ha querido emprender ninguna acción penal –denuncia el señor José Antonio Robledo Chavarría, padre de Toño–, y esto ¿por qué es? Por una sencilla razón: porque este señor es un alto funcionario del gobierno del estado de Coahuila, o al menos lo fue hasta noviembre de 2014. Tenemos confirmado que este señor fungía como procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo en Monclova hasta hace al menos dos meses, y ese cargo lo ocupaba al menos desde 2008, o sea que cuando nos fueron a buscar al hotel, para decirnos que nos devolvían a nuestro hijo si ya no hablábamos más con la policía, este señor ya era procurador del Trabajo en Coahuila”. Personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Monclova confirmó que José David Galindo Flores se encuentra incapacitado desde hace más de un año. Además de fungir como “procurador auxiliar” de la citada dependencia. Además, Galindo Flores es hijo del actual líder estatal de la CTM, José David Galindo Montemayor, y nieto del fundador y líder histórico de esta agrupación gremial en el estado, José Dimas Galindo Villarreal (fallecido el año pasado). Para conocer más detalles sobre la actual situación laboral de José David Galindo Flores, la semana pasada se buscó al procurador de la Defensa del Trabajo en Monclova, José Agustín González Castillo, sin embargo, no concedió entrevista debido a “la excesiva carga de trabajo”, según comentó su secretaria. La identidad José David Galindo Flores, alias Licenciado Pepe, fue determinada desde 2010, explica el padre del ingeniero desaparecido, “y desde hace más de cuatro años nosotros hemos estado insistiendo de forma reiterativa que detengan a este señor, y la PGR siempre nos decía que sí, que estaba buscándolo pero que nunca lo encontraba, porque el señor tenía una incapacidad médica y no se presentaba a trabajar, y nunca lo pescaban cuando cobraba, y así se la pasaron tres años, hasta que, en septiembre de 2013, finalmente la PGR lo localizó, pero no lo detuvo, sólo le tomó una foto y luego nos la enseñó y nosotros pudimos reconocerlo sin temor a duda como una de las tres personas que, presentándose como representante de Los Zetas, nos fueron a ver al hotel de Monclova esa noche del 5 de febrero de 2009″. No obstante, denunció el padre del ingeniero desaparecido, en ese momento la PGR formuló un nuevo “pretexto” para no solicitar una orden de captura contra José David Galindo Flores. “En ese momento, septiembre de 2013, nos salieron con que las condiciones legales habían cambiado y que no podían detenerlo porque sólo había en su contra la imputación de un ‘testigo-colaborador’ (testigo protegido), y que nosotros sabíamos bien que ese tipo de testimonios estaban muy ‘devaluados'”. Y sí, advirtió el señor Robledo Chavarría, efectivamente contra José David Galindo Flores existe una declaración incriminatoria formulada ministerialmente por uno de los detenidos implicados en la desaparición de su hijo, al cual se concedió la condición de testigo protegido; sin embargo, subrayó el padre del joven ingeniero, ese no es el único indicio en contra de Galindo Flores. “Además de ese testimonio, otro de los detenidos también lo reconoce como alguien que trabajaba para la célula de Los Zetas en Monclova, pero más importante todavía: está el testimonio de mi esposa y el mío, que fuimos directamente víctimas de esa amenaza que nos hizo este señor, que nos dijo que él era de Los Zetas y que nos iban a devolver a nuestro hijo, pero que ya no habláramos con la policía”. –Oficialmente, ¿la PGR se desistió de la investigación en contra de esta persona, a pesar de que ustedes, como afectados, lo señalan directamente? –se pregunta al padre de familia. –Nos dijeron que, por reformas a la ley, ahora le tocaba a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila presentar cargos contra este señor, lo cual yo no creo que sea cierto. Pero, en fin, el caso es que la gente de la PGR estuvo intentando que los de la procuraduría estatal les recibieran el expediente, y ellos tampoco se dejaban. Fue hasta noviembre de 2014 que el subprocurador de Justicia estatal tuvo una reunión con nosotros, en la que estuvo presente Lía Limón (subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal), y ahí el agente del Ministerio Público federal pudo, por fin, entregarle el expediente contra José David Galindo Flores, para que ellos, a nivel estatal, lo procesaran, y así se comprometió este funcionario. Sin embargo, pasó noviembre, diciembre, y lo que va de enero, y nada… este representante de la procuraduría de Justicia estatal dijo que lo iban a detener de inmediato, pero no fue así, y no creo, de hecho, que vayan a hacerlo, yo creo que a este señor lo protegen porque su papá es líder estatal de la CTM, y porque su abuelo fue algo así como el Fidel Velázquez de Coahuila… Cabe destacar que José David Galindo Flores solicitó un amparo en 2012 ante cualquier acción que eventualmente pudiera emprender en su contra la Procuraduría General de la República. El número de expediente es el 599/2012, según la lista de acuerdos del Juzgado Cuarto de Distrito en Coahuila, publicada el 23 de enero del 2013.
El pasado 25 de enero de 2015 se cumplieron seis años desde la desaparición forzada del ingeniero José Antonio Robledo Fernández. Por información que permita dar con su paradero, las autoridades federales ofrecen una recompensa de 3 millones de pesos, garantizando confidencialidad a quien ayude en la investigación. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ EL SIGLO DE TORREÓN. AUTOR: REDACCIÓN
José Fernando Franco González Salas ofreció una disculpa pública luego de que así lo exigieran ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Fernando Franco González Salas, ofreció una disculpa pública este lunes 9 de febrero por haber dicho que los niños con discapacidad deberían tener una “ubicación especial y separada” de otros menores, porque “pueden perjudicarlos y eso está documentado”. Previo al inicio de la sesión del Pleno de la SCJN, González Salas pidió la palabra y dijo: “quiero ofrecer a esas organizaciones y personas, como me lo piden, una disculpa pública; al igual que reconocer que algunas de mis expresiones parecieran inadecuadas y poco sensibles (…) me solidarizo en su lucha y sus esfuerzos que todos los días realizan para superarse“. “En ningún momento fue mi intención darle ese sentido ni lastimar a nadie (…) De ninguna manera pienso o actúo bajo criterios de discriminación o segregación de nadie”, agregó. Esta declaración ocurre luego de que ciudadanos y organizaciones manifestaran su preocupación y exigieran, a través del sitio Change.org, una disculpa pública por sus argumentos presentados el 5 de febrero pasado ante el Pleno de la SCJN, acerca de la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH sobre el artículo 157 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, el cual incluye que las guarderías podrán recibir a menores con discapacidad no dependiente. De acuerdo con lo publicado en el sitio Change.org, esto fue lo que dijo el ministro: “….en todos los ordenamientos que se refieren a guarderías, y no voy a leerles lo que está en la literatura del Seguro Social, del ISSSTE, del DIF, (los “niños con discapacidad dependiente”) tienen que tener una ubicación especial y separada, porque también está demostrado que a los demás niños que pueden estar en la guardería les puede afectar el tener el contacto con este tipo de menores, que lógicamente nos presentan a todos un impacto muy fuerte cuando los vemos y vemos sus condiciones. “(…) En ocasiones, el contacto con ciertas escenas, que son muy fuertes, pueden perjudicarlos (a los menores sin discapacidad, entendemos) y esto está documentado. Por estas razones, no estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, porque estimo que tenemos que verlo como un modelo y tipo de guardería, lo cual no quiere decir que eso exima de la obligación al Estado Mexicano, y en todos sus órdenes de gobierno y en la medida que les corresponde, a establecer centros especializados que se dediquen, precisamente, a atender de la mejor manera a este tipo de menores que lo requieran”. “Sus palabras nos parecen inconcebibles para alguien de su responsabilidad social y formación intelectual. Nos da vergüenza. Señor ministro, ¿de dónde saca que los niños sin discapacidad se “perjudican”, “impactan” o “les puede afectar” el trato con niños con discapacidad?”, responden en el texto los padres, ciudadanos y organizaciones firmantes.
“Es importantísimo que le enseñemos a la infancia de México, desde la edad más temprana posible, a convivir y relacionarse sanamente con personas con y sin discapacidad. Los que crecen juntos aprenden a vivir juntos sin problemas. Además, si se nos permite ir más allá, podríamos asegurar que convivir con niños con discapacidad les enseña a ser tolerantes, a comprender la igualdad y a respetar los derechos humanos de una manera vivencial”, agregaron. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
La denuncia contra Pedro Canché es por “sabotaje a las instalaciones de servicios de agua potable”.
¿Será posible que el arresto de un hombre se convierta en el silencio de un pueblo? Eso se pregunta Margarita Pech, una mujer maya habitante del municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. Para ella como para miles de pobladores originarios de este territorio maya que a lo largo de toda la península de Yucatán vio florecer la Guerra de Castas, la ilegal detención y tortura de Pedro Celestino Canché Herrera se ha convertido en un símbolo de lo que les espera a quienes disientan frente al régimen priísta encabezado por el gobernador Roberto Borge. Pedro es un periodista indígena, un activista que durante toda su vida ha promovido el habla del idioma maya y ha denunciado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de hombres, mujeres, niñas y niños mayas. Las abogadas de Pedro, especialistas en derechos Humanos, han demostrado puntualmente las violaciones procesales en el encarcelamiento de este compañero reportero, pero su condición de hombre indígena en el sureste le ha dejado incluso en mayor indefensión que a cualquier periodista perseguido en México. El ministerio público abrió una averiguación previa por órdenes del gobernador Borge; me asegura un agente judicial de origen maya. Se le acusa de haber participado en una demostración en contra de CAPA (la proveedora de agua potable y alcantarillado del estado) que se niega a dar servicios públicos vitales a la población que desobedece las órdenes del PRI en la localidad. Desde hace años se conformó el Consejo de Colonias Populares en Felipe Carrilo Puerto (COCOP), cuya meta es defender a la población de los abusos de poder y la pobreza extrema en que el gobierno estatal ha sometido al pueblo originario del estado. La denuncia contra Pedro Canché es por “sabotaje a las instalaciones de servicios de agua potable”. El apoderado legal de CAPA declaró que el reportero Canché había impedido el paso de los empleados a las instalaciones durante el 11 de agosto de 2014; pero se ha demostrado frente al juez que Canché pasó los días 11 y 12 de ese mes en Cancún haciendo diligencias y compras. Las pruebas testimoniales en su contra están armadas por servidores públicos que se contradicen en sus declaraciones. Toda la evidencia en contra de Canché consiste en declaraciones tan erradas como aquella en que el juez ordena una diligencia de investigación judicial incluso antes de que el supuesto delito fuera cometido. El grueso expediente está plagado de mentiras y confusiones. Uno de loa más grandes absurdos es aquél en que los policías judiciales asisten a las oficinas de CAPA a las 23 horas y describen que es claro que las instalaciones “están cerradas a causa del sabotaje de los manifestantes”;mientras omiten reconocer que esta oficina burocrática cierra sus puertas diariamente a las 18 horas. Los mismos peritos determinan que no hay absolutamente ningún daño físico a las instalaciones, por tanto no existió el sabotaje. La abogada Araceli Andrade se reunió con el secretario de gobierno Gabriel Mendicuti para con el expediente en mano demostrar que Pedro es un preso político y que no existe delito que perseguir. Mendicuti reaccionó violentamente y aseguró que no se pueden contravenir las ordenes del gobernador Borge. Lo cierto es que Pedro Canché había llevado a Carrillo Puerto, unos días antes de su detención, a Marisol Ceja Gálvez, activista con quien organizó un evento público para explicar el movimiento Cherán, Michoacán, que defiende los derechos indígenas y se ha movilizado contra las desapariciones forzadas. Desde esa fecha, según fuentes del régimen local, Pedro fue seguido por agentes de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo por sospechas de querer incitar a la disidencia indígena. Consta en las actas que a tan sólo 4 horas de que se girara la orden de búsqueda y localización de Canché, la ministerio público recibe testimonios de una decena de policías judiciales que reportan haber acudido varias veces a casa del acusado sin encontrarlo. En menos de doscientos cuarenta minutos fueron siete veces a buscar al sospechoso (eso es efectividad). En menos de 49 horas la ministerio público había ejercido acción penal contra Pedro Canché por el “delito grave de sabotaje”. Pedro lleva seis meses preso sin evidencia alguna por un delito que nunca cometió. Margarita, al igual que muchos de sus amigos y vecinos aseguran que a Pedro lo detuvieron porque desde hace años ha dicho que los mayas de Quintana Roo tienen derechos y éstos deben ser respetados, porque no quieren ser esclavos del PRI, porque se rehúsan a ser utilizados para procesos electorales. “Lo encarcelaron y torturaron por ser maya” dice su vecino; “lo torturaron para espantarnos a todos” dice su vecina. “Ser maya es más peligroso para Borge que ser Zeta, porque esos sí hacen tratos, nosotros no” asegura un amigo de Pedro que estuvo en la reunión para entender cómo se han unido los indígenas de Michoacán.
Lo que está claro es que Pedro ha sido torturado, que se le niegan servicios médicos y que está allí por ser periodista, por ser indígena, por levantar la voz por la justicia social. Su deplorable estado de salud me consta, lo mismo que la crueldad y el racismo que el gobierno de Quintana Roo ha mostrado a la población maya, esa que les es útil sólo para vender turismo, para mostrar vestigios arqueológicos o artesanías. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: LYDIA CACHO.
En mayo del año pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, prometió paz y tranquilidad a los habitantes de Tamaulipas; pero –obvio– fue le enésima promesa del gobierno federal, pues las ejecuciones, secuestros y balaceras no cesan en la entidad. Del 31 de enero a la fecha los enfrentamientos de las bandas criminales con tropas del Ejército, marinos y policías se han exacerbado; lo mismo que las pugnas intestinas en el Cártel del Golfo. Y como El Mañana de Matamoros informó sobre la jornada de violencia, los sicarios arremetieron contra el director editorial del diario, Enrique Juárez Torres, quien optó por refugiarse en Estados Unidos.
NUEVO LAREDO, TAMPS.- La treintena de muertes de la semana antepasada en esta región fronteriza confirman el fracaso de la estrategia de seguridad anunciada por el gobierno federal en mayo de 2014 para frenar la violencia y traer “la tranquilidad y paz” a los tamaulipecos. A principios de ese mes, al anunciar las nuevas medidas de seguridad, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dividió la entidad en cuatro regiones y anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) nombrarían a un comisionado de seguridad en cada una de ellas. El propósito, según Osorio Chong, era desarticular los cárteles de la droga asentados en Tamaulipas, sellar las rutas de tráfico de drogas, personas y armas, así como hacer confiables las corporaciones policiacas y las instituciones encargadas de impartir justicia. Ya pasaron ocho meses y no se ha cumplido nada de lo prometido por el funcionario federal. Algunos de los elementos nombrados fueron incluso removidos; uno de ellos –el general Ricardo César Niño Villarreal, quien estuvo comisionado en la Zona Norte– fue ejecutado en noviembre último en una carretera de Nuevo León cuando viajaba con su esposa en un auto compacto… Hoy, el estado se halla inmerso en una nueva ola de violencia. La noche del 31 de enero hubo nutridas balaceras de Matamoros a Reynosa, así como narcobloqueos. El gobierno de Estados Unidos emitió otra alerta para advertir a sus ciudadanos y empleados sobre el peligro que se vive en la frontera a causa de los enfrentamientos entre bandas rivales dentro del Cártel del Golfo (CDG). “Por favor –decía el anuncio de la legación–, tenga en cuenta que existe un riesgo de aumento de la violencia en las proximidades de Matamoros, al parecer entre las facciones del CDG asentadas en esa ciudad y la de Reynosa. “La violencia se ha incrementado en los últimos días y existen numerosos informes de grandes convoyes de camionetas con hombres armados de Organizaciones Criminales Trasnacionales conduciendo por importantes avenidas como División del Norte, Lauro Villar, Canales, Periférico, y cerca de la entrada del Puente Internacional.”
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1997, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Históricamente la Lotería Nacional ha sido botín político. Ahora, bajo la dirección de María Esther Scherman, y conforme al destino de otras empresas públicas, la institución privatizó algunas de sus principales operaciones. El siguiente paso, según el plan ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, es entregar la distribución de los billetes a las tiendas Soriana y prescindir de los billeteros, en un mercado ya inundado de juegos y sorteos por completo ajenos a la beneficencia pública.
MÉXICO, D.F: En el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) enfrenta una crisis que pone en juego su existencia: exprimida por cargas fiscales como si se tratara de una empresa privada, desde 2008 no genera recursos para beneficencia, mientras el propio gobierno autorizó la proliferación de numerosos productos y sorteos privados que acotaron su mercado. No es la única “amenaza”. Según el diagnóstico de la directora de esa institución, María Esther Scherman Leaño, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de mayo de 2014 como Programa Institucional, los billeteros enfrentan la inseguridad, pero las autoridades de la Lotenal no los quiere y pretende dejar de emplearlos. Para ello, la funcionaria propone entregar la comercialización de sus productos a la cadena de tiendas departamentales Soriana y otras tiendas. Es decir, privatizar la operación comercial de Lotenal. Luego del escándalo de 2012 por haber colaborado en la campaña de Peña Nieto con tarjetas de beneficio para los electores, Soriana está en plena expansión. Tras adquirir una parte de la cadena Carrefour en 2005 y Gigante en 2007, anunció a la Bolsa Mexicana de Valores la compra de Comercial Mexicana, con lo que este 2015 será la cadena más grande del país. Y para Lotenal, según el documento publicado en el DOF, Soriana es un nicho de mercado idóneo para sus productos.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1997, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
El país es uno de los que más inmigrantes genera. Al menos cuatro de cada 10 personas que abandonan su país para irse a otro, es mexicano.
México es país de América Latina que más migrantes produce con 11.8 millones de personas que han abandonado su lugar de origen. Casi todos, a Estados Unidos. De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), al menos cuatro de cada 10 de los 28.5 millones de latinoamericanos que han dejado su país de origen emigró desde México, que encabeza la lista, seguido de lejos por Colombia, con 2 millones, y El Salvador, con 1.3 millones.
El reporte Tendencias y patrones de la Migración Latinoamericana y Caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional, calculó en 28.5 millones de latinoamericanos y caribeños el número de personas de la región que residen en países distintos al de su nacimiento, de los cuales 70 por ciento fueron a Estados Unidos. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
El Gobierno Federal se ha esforzado por estrechar relaciones con China, pero algo las detiene. La cancelación de la licitación del tren México-Querétaro y el Dragon Mart, son dos ejemplos.
Dos proyectos de inversión fallidos en lo que va de este 2015, sirven de muestra para representar la extraña relación que mantiene México con China. A pesar de los esfuerzos del Gobierno Federal por restablecer los puentes rotos durante las administraciones panistas, la fallida licitación para un tren de alta velocidad y la clausura indefinida de un proyecto turístico comercial vuelven a tensar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante los 12 años que el PAN estuvo al frente del Gobierno Federal, los desencuentros entre México y el país oriental fueron el denominador común. Vicente Fox con sus de-safortunados comentarios y Felipe Calderón con sus malas decisiones políticas dañaron los vínculos con el coloso asiático. En diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió el poder, los expertos auguraron un cambio positivo para ambas naciones. El mandatario priista no tardó mucho en visitar China para mostrar la buena y renovada voluntad. En abril del 2013, Peña Nieto realizó una gira oficial de trabajo que incluía también Japón. Se reunió con mandatarios, líderes de Estado y empresarios, además de que participó en foros internacionales. Allá se refrendó el compromiso por estrechar los lazos de colaboración con los países de la región. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, recibió al mandatario mexicano y convinieron en establecer una comunicación “constante y cercana”. Al terminar la gira de trabajo, Peña Nieto aseguró que la visita refrendaba el compromiso de México por estrechar los lazos existentes y promover una mayor colaboración en todos los ámbitos. Todo parecía ir sobre algodones. Se habló de proyectos e inversiones. En dos años, Peña Nieto y Xi Jinping, se reunieron cuatro veces. Las maltrechas relaciones de los dos países estaban sanando. Pero apenas comenzó este año, el anhelado fortalecimiento comenzó a desmoronarse debido, en gran parte, al fracaso de dos de las millonarias inversiones que China tenía presupuestadas en el país. Primero, el fallido proyecto para el Tren Rápido México-Querétaro y luego, apenas unas semanas después, la clausura del gigantesco centro comercial Dragon Mart, que se construiría en la Riviera Maya. El primer ‘choque’ El encontronazo que provocó la frustrada licitación del Tren México-Querétaro fue el primer obstáculo serio al que se enfrentó el mandatario Enrique Peña Nieto en su intento por renovar los vínculos diplomáticos con China. La empresa China Railway Construction Corp (CRCC) fue la única que participó en la licitación del proyecto. En noviembre del año pasado se dio a conocer que serían ellos los encargados de poner en marcha el primer tren bala de América Latina. La inversión era de 58 mil 951 millones pesos. Sin embargo, el Gobierno Federal tuvo que meter reversa y suspender de manera indefinida el proyecto “en razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública”, según informó en su momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un comunicado. La decisión fue dada a conocer apenas unos días antes de que Peña Nieto viajara al país oriental. A pesar de eso, Xi Jinping y el mandatario mexicano firmaron 14 acuerdos. Entre ellos, la creación de dos fondos, uno entre Pemex y tres empresas chinas y otro relacionado con energía. En total, una inversión superior a los 7 mil millones de dólares. La constructora China Railway Construction Corp (CRCC) no fue tan comprensiva y el pasado martes 3 de febrero informó que planea pedir una compensación por la decisión del Gobierno de México de abortar el proyecto. Hieren de muerte al ‘dragón’ Aún no pasaba el mal sabor de la cancelación del tren rápido cuando el gobierno mexicano anunció la suspensión del Dragon Mart, un gigantesco centro comercial -con parte de inversión china- que planeaba realizarse en Cancún. Desde que fue anunciado en 2011, este proyecto fue polémico. Organizaciones civiles y ambientalistas aseguraron que afectaría seriamente el medio ambiente de la zona y al frágil sistema arrecifal, ubicado precisamente enfrente de donde estaría el puerto de llegada y salida de las mercancías procedentes de China. A pesar de las manifestaciones en contra, el plan avanzó. El entonces gobernador priísta de Quintana Roo, Joaquín González Canto, y la autoridad municipal con sede en Cancún, apoyaron la obra. Incluso concedieron importantes subsidios y apoyos fiscales, además de todos los permisos y facilidades. Se anunció que ocuparía 561 hectáreas en las que se construirían más de 700 viviendas destinadas a 2 mil familias procedentes de China. Tendría además más de 3 mil locales comerciales y espacios para almacenar 300 mil toneladas de productos chinos cada año. Esto generaría una derrama de poco más de 700 millones de dólares al año y la creación de más de 8 mil empleos. Sin embargo, los funcionarios locales dejaron de lado a la instancia federal encargada del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.
Finalmente, la semana pasada la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Pofepa) anunció que clausuraba de manera definitiva el proyecto debido a las irregularidades que presentaba. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
El presidente Enrique Peña Nieto anunció una batería de medidas anticorrupción. Pero lucen como una pantomima: nombra un zar antisobornos en una dependencia que proyectó desaparecer; ordena crear códigos de ética cuando sus emisarios buscan destrozar la reforma por la transparencia, y mandata que los funcionarios presenten declaraciones de probables conflictos de interés, pero atribuye el escándalo de las “casas blancas” a un problema de percepción pública…
MÉXICO, D.F: Dos años después de iniciada la administración federal y en medio de una crisis por un presunto conflicto de intereses, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas anticorrupción que, a simple vista, mantienen intacto el sistema que posibilita la degradación política. De acuerdo con expertos, organizaciones ciudadanas dedicadas a la rendición de cuentas y la prensa internacional, las ocho medidas presidenciales son cosméticas y profundizan el contraste entre el discurso y los hechos gubernamentales. El martes 3, en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto dirigió un mensaje en el que redujo la corrupción a un problema de percepción pública, insistió en que era de “orden cultural” –tal como había dicho en agosto– y habló de los escándalos inmobiliarios en que está envuelto: Las revelaciones periodísticas sobre las casas de Angélica Rivera –esposa del presidente– y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, financiadas por el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, fueron el preámbulo de la información sobre la residencia del propio Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, comprada al empresario Roberto San Román. En su mensaje del martes 3, el mandatario insistió en que él no participa en ninguna licitación, no adjudica contratos ni obras y no es integrante de los comités de adquisiciones. Con ello redujo una probable conducta ilegal a un asunto de percepción: “Soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió”. Continuó diciendo que esa idea existe porque no hay marcos normativos suficientes. Realizó una breve disertación teórica sobre el conflicto de interés, designó a Virgilio Andrade Martínez como titular de la debilitada Secretaría de la Función Pública (SFP) y, para finalizar, anunció sus “acciones ejecutivas”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1997, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
XALAPA, Ver: Daniel Orozco, reportero de La Red –un diario de nota roja con fuerte popularidad en Coatzacoalcos– fue amenazado con mensajes obscenos en su teléfono celular, un día después de que cubriera el hallazgo de una fosa en ese puerto, de donde sacaron más de seis cuerpos. “¡Bájale de huevos!”, “Te tenemos ubicado”, “¡Te vamos a romper la madre!” y “¡Por hocicón te vamos a partir la madre!”, fueron los mensajes de voz y de texto que le enviaron desde un número anónimo a su teléfono celular. Orozco, de apenas 23 años, ya interpuso una denuncia de hechos ante la Subfiscalía General del Estado, aclarando que sospecha de policías estatales que el 4 de febrero pasado intentaron a toda costa obstaculizar el trabajo de reporteros y fotógrafos que cubrieron el hallazgo de una narcofosa cerca de la zona de playas en Coatzacoalcos. Entrevistado por sus colegas, Daniel Orozco dijo que las llamadas comenzaron después de que él tuvo un problema con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes ese día lo agredieron física y verbalmente. “El altercado fue con elementos de la SSP que resguardaban a personal de la Fiscalía veracruzana cuando trepaban unos cuerpos exhumados de varias fosas. Los policías estatales no me dejaban tomar fotos, estaba yo solo y me jalonearon y empujaron para impedirme mi labor”. La primera llamada ocurrió el jueves pasado y la última este día, relata Orozco, aunque la de hoy ya sólo fue un mensaje de texto. Daniel Orozco también participó el pasado 5 de febrero en una marcha de protesta para recordar el primer aniversario luctuoso del reportero de Notisur y Liberal del Sur, Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz, secuestrado y posteriormente ejecutado. En dicha marcha, reporteros de la zona sur de Veracruz enumeraron las agresiones contra comunicadores en los últimos meses. Otro incidente por el que Orozco decidió presentar una denuncia penal en contra de quien resulte responsable ocurrió en las instalaciones de Cruz Roja, pues cuando pretendía checar la información del día se dio cuenta de que un sujeto lo seguía. “Yo me espanté cuando vi que un desconocido me seguía, entonces me salí por una ventana de la Cruz Roja, y al otro lado ya estaba otro sujeto esperándome. Comenzó a seguirme y yo corrí, y él salió corriendo atrás de mí, me siguió como cinco cuadras; me escondí en un local en las calles Escutia y Constitución, me quedé escondido un buen rato”.
En Coatzacoalcos ha sido recurrente que policías estatales o del Mando Único intimiden a reporteros, les hablen con palabras obscenas o los agredan. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
MÉXICO, D.F: Escondido detrás de la empresa “Hmex Pdte. Ltd.”, cuya sede está ubicada en Singapur, el multimillonario mexicano Carlos Hank Rhon ocultó 158 millones de dólares en la filial suiza del banco HSBC entre 2005 y 2007, protegido por el secreto bancario de este país, reveló hoy el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (CIPI). A inicios de 2014, el diario francés Le Monde tuvo acceso a los archivos internos guardados entre 2006 y 2007 por la filial suiza de HSBC, los cuales revelaron los datos bancarios de más de 106 mil clientes, así como de más de 20 mil sociedades offshore, a través de las cuales se transfirieron más de 180 mil 600 millones de euros –el equivalente a 2 billones 970 mil millones de pesos–, a Ginebra. Según los datos de “SwissLeaks”, mil 893 de estas cuentas bancarias de HSBC en Suiza pertenecían a mexicanos, mientras que 2 mil 642 clientes tenían un vínculo con México –el 39 por ciento de ellos tenía un pasaporte mexicano–. En total, el CIPI estimó que más de dos mil 200 millones de dólares almacenados en las cuentas de HSBC estaban vinculados a mexicanos. Si bien el CIPI aún no ha revelado los nombres de todas las personas implicadas en estas sospechosas transferencias, afirmó que “el monto máximo de dinero asociado con un cliente conectado con México fue 596 millones de dólares”, al recordar que en 2007 el Producto Interno Bruto per cápita se elevaba a poco más de nueve mil dólares en México. Respecto a Carlos Hank Rhon, el CIPI recordó que forma parte de una de las familias más poderosas de México y de las 800 más ricas del mundo, e insistió en que el multimillonario fue investigado en varias ocasiones, tanto por la justicia mexicana como la estadunidense, la suiza y la francesa, sobre presuntos delitos de lavado de dinero y de vinculación con el narcotráfico, aunque el CIPI concluyó que en la actualidad “no existen cargos pendientes contra la familia Hank”. Carlos Hank Rhon es el hijo mayor del fallecido Carlos Hank González, quien por mucho tiempo fuera cabeza del Grupo Atlacomulco al que pertenece el actual presidente Enrique Peña Nieto. En 2012, Forbes lo ubicó como el octavo mexicano más rico del país y en el casillero 913 a nivel mundial. Su fortuna entonces se calculaba en 1.4 mil millones de dólares. Su padre que fue gobernador del Estado de México y secretario de Turismo y Agricultura en el salinismo es recordado por la frase de “un político pobre es un pobre político”. Aparte del hijo del priista Carlos Hank González, el CIPI destacó que el también multimillonario Jaime Federico Said Camil Garza, quien fue investigado en 2013 en Estados Unidos por el supuesto papel de intermediario que desempeñó en los sobornos que pagó la empresa alemana Siemens a altos funcionarios de Pemex en 2004. El CIPI informó que Camil Garza abrió “al menos” dos cuentas bancarias en HSBC, en 1994 y 2000, y precisó que “las personas legales vinculadas con el perfil de Garza tenían direcciones en (los paraísos fiscales) Liechtenstein y las Islas Vírgenes”. Camil Garza se defendió ante el CIPI, al aseverar que su familia tuvo cuentas en HSBC porque su padre era un amigo cercano del fundador del banco. Asimismo, dijo que abrió una de sus cuentas “con el objetivo de realizar negocios en Medio Oriente y Europa”, pero aseveró que este plan “fracasó”, por lo que la cerró en 2001. Afirmó que “no reconocía” la otra cuenta ya que “pasaron 20 años desde su creación”. Concluyó que “todas mis cuentas en Suiza estuvieron perfectamente en reglas con las autoridades fiscales mexicanas”. Entre los más de 106 mil clientes de HSBC en Ginebra se encuentran, entre otros: traficantes de armas y de drogas, apoyos financieros de actores terroristas, políticos –entre ellos el rey de Marruecos–, celebridades, deportistas y empresarios. Asesorías El banco británico HSBC, segundo mayor banco de inversión en el mundo, ya demostró en varias ocasiones la diferencia entre su discurso de banco ético y sus prácticas fraudulentas. En diciembre de 2012, las autoridades estadunidenses le impusieron una multa de mil 900 millones de dólares por su responsabilidad en el lavado de miles de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas en México. Según Le Monde –el cual encabezó la investigación–, unos asesores especializados de la filial de HSBC en Ginebra organizaron un “amplio sistema de evasión fiscal” a través de la elaboración de sociedades fantasma en paraísos fiscales –en Panamá y las Islas Vírgenes, entre otros–, lo que garantizó a sus clientes la opacidad suficiente para burlar las leyes fiscales nacionales. Según el diario francés, los clientes más cuidadosos de no dejar huellas viajaban a Ginebra para discutir directamente con los asesores de HSBC. Los demás se entrevistaban con sus asesores en las filiales de sus países, los cuales transmitían la información a la ciudad helvética. El informador De acuerdo con el CIPI, el informático francés Hervé Falciani laboraba en la filial suiza de HSBC el 22 de diciembre de 2008, cuando agentes de la policía federal suiza lo detuvieron por el supuesto robo de datos de HSBC y la tentativa de venderlos a un banco en Líbano. Lo liberaron y lo citaron al día siguiente para que lo explicara ante la justicia. Este mismo día, Falciani huyó de Suiza y se refugió a Francia con su familia. Ahí, entregó esta enorme base de datos de clientes extranjeros de la filial HSBC de Suiza a las autoridades judiciales y fiscales, las cuales abrieron entonces una investigación por “incitación bancaria y financiera ilícitas” y “lavado de dinero agravado de evasión fiscal”, imitadas tiempos después por sus homólogas belgas, argentinas, estadunidenses, españolas, alemanas e italianas. Fue esta base de datos a la que tuvo acceso Le Monde, antes de compartirla con el CIPI. Pero la “filtración” no le cayó bien a la justicia suiza, cuyo procurador general inculpó a Falciani por los delitos de “espionaje económico”, “robo de datos” y “violación del secreto comercial y bancario” el pasado 11 de diciembre. Asimismo, una funcionaria francesa encargada de la investigación denunció en un informe, reportado por Le Monde, que “hasta la fecha, las autoridades suizas rechazaron a todas las demandas de cooperación que les hemos dirigido”. Por su parte, HSBC desmintió en un primer tiempo la veracidad de los documentos y luego trató de cancelar todas las investigaciones bajo el argumento de que los archivos fueron recuperados mediante un robo. “Los bancos como HSBC han creado un sistema para hacerse ricos a ellos mismos, al perjuicio de la sociedad, mediante la asesoría en evasión de impuestos y de lavado de dinero”, afirmó Falciania al diario alemán Der Spiegel en 2013.
Según Le Monde, los ejecutivos del banco estarían dispuestos en reconocer su responsabilidad, bajo la condición de que la confesión les permita salir de este escándalo mediante el pago de una multa. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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