Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

La guerra que viene, por el agua; ciudadanos proponen ley

Ciudadanos presentan iniciativa ciudadana de Ley de Aguas. Advierten que la Conagua, en su proyecto de ley, busca que se le autorice hacer uso de la fuerza pública.

Organizaciones sociales -que se oponen al acueducto Monterrey VI y al fracking (fracturación hidráulica) que éste implica-, propusieron la creación de una Ley General de Aguas, que garantice que ésta será para todos.

Este lunes fue presentada la propuesta “Agua para todos“, elaborada por más de 450 investigadores e integrantes de organizaciones cívicas -la cual entregarán al Congreso-, para tener una gestión planificada y participativa del agua, con contraloría social y metas nacionales.

Con ella, buscan que el vital líquido sea “para ecosistemas y para la soberanía alimentaria; (poner) fin a la contaminación, la destrucción de cuencas y la vulnerabilidad a inundaciones y sequías”.

La iniciativa ciudadana plantea “que sólo la vigorosa participación ciudadana podrá corregir las graves crisis que han proliferado bajo la responsabilidad de la Conagua: sobreconcesionamiento, acaparamiento, contaminación, destrucción de cuencas y acuíferos, y la violación sistemática del derecho humano al agua”.


El grupo de ciudadanos rechaza el proyecto de ley que propondría la Conagua, que “busca dotar a este organismo aún más facultades, sin mecanismos de participación o vigilancia. Su propuesta no se enfoca en la sustentabilidad y la equidad, no aborda el derecho humano al agua ni establece mecanismos que pongan fin a la contaminación. En cambio se centra en megaobras hidráulicas intensivas concesionadas a privados (trasvases, desalinizadoras, pozos ultraprofundos, inmensas plantas de tratamiento). Abre la puerta en cambio a proyectos energéticos intensivos en agua: megapresas, termoeléctricas (incluyendo geotermia) y fracturación hidráulica. Autoriza a la Conagua hacer uso de la fuerza pública y sanciones al monitoreo académico y comunitario no permitido por la propia Conagua“.

Los documentos sobre dicha iniciativa:

Derecho al agua–Qué modelo de gestión nos la puede gara ntizar.docx by Aristegui Noticias:



EL Debate Sobre El Agua by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se estanca la pobreza en México, reconoce Prospera

México, DF. A pesar de los programas de transferencias condicionadas, como Oportunidades y Prospera, establecidos desde hace 17 años, en 2012 la pobreza de los mexicanos era similar a la de 1992. Aún falta por lograrse la mejora en las condiciones de la población, reconoció la coordinadora de Prospera, Paula Hernández.

Hasta ahora se desconoce la población que ha salido de la pobreza con estos programas. En 2012, de 600 mil familias que salieron de Oportunidades por haber mejorado sus condiciones de vida, el 70 por ciento volvió al programa. Ahora con Prospera -que entró en función el año pasado- se desconoce la población que ha dejado la miseria, y apenas este año se hará un censo a 800 mil familias para conocer sus condiciones de vida, explicó.

La funcionaria precisó que en lo que ha habido mejoras es en educación y salud. Prospera atiende a 6.1 millones de familias pobres, y este año no crecerá el padrón, anunció.

Ahora, con Prospera, sí se busca lograr el objetivo de romper el circulo intergeneracional de la pobreza, sostuvo la coordinadora y del programa, al apuntar que el presupuesto de alrededor de 74 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa se refirió a que con la tarjeta Sin hambre las familias pueden adquirir alimentos de la canasta básica en Diconsa (donde no se venden alimentos frescos).

Indicó que los programas de transferencias condicionadas en México han dejado logros en educación, y que organismos como la OIT dice que Oportunidades logró reducir el número de  de niños que trabajan, los cuales han mejorado talla y peso, y hay una vinculación con lo productivo y laboral, "la política económica va de la mano de lo social".

Aseguró que Prospera es un programa "totalmente diferente" a Oportunidades, este castigaba al que le iba mejor, si una familia tenia más ingresos salía del programa.

"Oportunidades no logro romper el circulo intergeneracional de la pobreza", por lo que se hizo un rediseño de él, explicó Hernández.

Los objetivos de Oportunidades y Progresa ( del sexenio de Ernesto Zedillo) era el desarrollo de capital humano, mejoró la salud, educación, falta por cumplirse la mejora en las condiciones socioeconómicas, concluyó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANGÉLICA ENCISO LANDEROS.

Ley de Transparencia: los cambios que propone el PRI y que organizaciones califican de regresivos

Límites para transparentar información sobre violaciones a derechos humanos, que instituciones de inteligencia puedan reservar datos o que sea más sencillo negar información.


La iniciativa que se construye de la Ley General de Transparencia en el Senado deja atrás los logros en la materia que el Estado mexicano acumuló a lo largo de una década, acusan organizaciones civiles tras analizar los cambios que el Ejecutivo sugirió a la propuesta de ley y que actualmente impulsan los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

La discusión de esos cambios es lo que llevó a que los legisladores no cumplieran con el plazo legal impuesto para la aprobación de la ley, que era este 7 de febrero. Ello a pesar de que la redacción de una iniciativa ya acumulaba más de 200 horas de trabajo entre senadores y sociedad civil que redactaron y presentaron un documento el pasado 2 de diciembre.

Y aunque en esa iniciativa hubo detalles que el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas cuestionaron ⎯como que la estabilidad económica fuera una causal para reservar datos o la sanción a funcionarios de los órganos garantes que ordenaran publicar información⎯, se mantenían principios elementales para fortalecer y garantizar el derecho de acceso a información pública.

Sin embargo, el Senado recibió un documento de la Consejería Jurídica de la Presidencia con más de 80 cambios ⎯entre técnicos y de fondo⎯ con los que se deja atrás el trabajo que la sociedad civil realizó con los legisladores.

“Si se aceptan esos cambios perderemos todo lo que se ha avanzado en tema de transparencia. Estas modificaciones eliminan los criterios jurisdiccionales que amplían el derecho de acceso a la información. No sólo pervierten la iniciativa que se presentó el 2 de diciembre pasado si no que neutralizan por completo los efectos de la reforma constitucional de 2014”, dijo en entrevista Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de Acceso a la información de Artículo 19.

Los colectivos civiles que integraron las mesas de trabajo con senadores confirman que, con los cambios que envío el Ejecutivo, ya no ha habido vías institucionales para participar en la redacción del documento, aunque se acordó que se haría en Parlamento Abierto.

La senadora del PRI, Arely Gómez, dijo que con la sociedad civil se realizó un proceso de consulta que ya concluyó y que ahora es trabajo de los senadores definir el contenido de la Ley General de Transparencia.

Estas son algunas de las modificaciones impulsadas en el Senado por el PRI y el PVEM y que el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas califican de regresivas:

Transparentar violaciones a DDHH

El artículo 115 establece que no puede declararse información reservada cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la iniciativa de sociedad civil establecía que la trascendencia social de las violaciones era suficiente motivo para publicitar los datos.

La propuesta del PRI elimina esa posibilidad y agrega que se necesita el pronunciamiento de alguna autoridad competente que confirme las violaciones a derechos humanos para que la información no se reserve.

Se elimina el sistema de sanciones

En la iniciativa de sociedad civil y senadores se incluyó un capítulo para sancionar el incumplimiento a las obligaciones de transparencia, es decir, castigar a los sujetos obligados que declaren inexistencia de información cuando sí la tengan, por ejemplo; o que reserven datos sin justificación.

En la propuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo se elimina por completo el capítulo y deja sin sanción las violaciones al derecho de acceso a la información.

Negar información, sin justificación

Actualmente, cuando un sujeto obligado niega información al ciudadano debe comprobar el daño que causa entregar esos datos.

La propuesta del PRI es que ya no tengan que justificar por qué no están entregando la información a menos que el ciudadano acuda a un órgano garante (el Instituto Federal de Acceso a Información, IFAI; o el equivalente en los estados).

Según sociedad civil esto abre la puerta a que todos los sujetos obligados opten por negar información apostando a que, según estadísticas del IFAI, un porcentaje mínimo de ciudadanos se quejan ante el órgano garante y sólo en ese caso tendrían que justificar la negativa o entregar los datos.

Causales de reservas y sin tiempo para abrir la información

Además de que se mantiene como causal de reserva la estabilidad económica ⎯según Colectivos por la Transparencia es una causal muy amplia y ambigua; y en los términos de la iniciativa todo podría considerarse que atenta contra la estabilidad económica como la corrupción o un caso de violación de derechos⎯ se convierte en un tema de reserva infinito.

Cuando se reserva información por temas de estabilidad económica, financiera y monetaria y para las cuestiones que tienen que ver con infraestructura de servicios públicos, no existe tiempo límite para abrir la información.

Y en los casos que sí tienen periodo de reserva, se incrementan los tiempo: en lugar de cinco años se propone que sean siete y cuando se solicita y aprueba un plazo para ampliar la reserva, en lugar de dos, podrían ser cinco.

Sin prueba de daño

Uno de los mayores logros de sociedad civil en la discusión de la iniciativa había sido que los senadores aceptaron incluir una prueba de daño, es decir, los Comités de transparencia de cada sujeto obligado deberían analizar el impacto que tiene en la sociedad cierto tipo de información y así determinar si debería ser pública y no reservarse, privilegiando el derecho a la información.

En los cambios del PRI y Presidencia se elimina la prueba de daño y en lugar de que los Comités justifiquen la clasificación de información sólo confirman o revocan la decisión.

Condonaciones fiscales, no sabremos a quién sí

El PRI y el PVEM impulsan que sólo se deban publicar los montos de las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales, en lugar de los nombres de los beneficiados, como proponía sociedad civil.

Instituciones de inteligencia, un trato diferenciado

Tras la reforma constitucional en la materia se fortaleció la figura de los Comités de Transparencia de cada sujeto obligado, encargados de garantizar mejores prácticas en la entrega o reserva de información.

Sin embargo, el PRI está proponiendo que las instituciones de inteligencia no cuenten con este Comité y que corresponda a los titulares de las instancias de gobierno determinar qué datos son reservados.

Los beneficiados de esta diferenciación serían: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada.

Más poder al Ejecutivo


Aunque sociedad civil no pudo evitar en las mesas de trabajo con senadores que el Consejero Jurídico de la Presidencia tuviera la posibilidad de interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando considere que el fallo del IFAI al ordenar la apertura de cierta información atenta contra la seguridad nacional; con la propuesta del Ejecutivo además de mantener esa facultad se añade que cualquier instancia pueda acudir al Consejero para pedirle que solicite a la Corte la revisión de una resolución del IFAI y se mantengan ciertos datos reservados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

12 razones para detener el acueducto Monterrey VI, que construirá Grupo Higa

El rechazo contra el proyecto fue expresado el domingo frente al Palacio de Gobierno en Monterrey.

Ciudadanos se manifestaron el domingo contra la obra hidráulica Monterrey VI, de la que se encargará el Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.

Entre quienes rechazan el proyecto, se encuentran diversas organizaciones ambientales, que propondrán una ley general de aguas ciudadana, para evitar este tipos de construcciones.

Sobre el acueducto, la organización Reforestación Extrema difundió 12 razones para no construirlo y detener “cuanto antes” el proyecto:

Razones técnicas


  1. Existe evidencia documental oficial de que hay disponibilidad de agua suficiente en el estado.
  2. Ignora y desprecia las opiniones y estudios de expertos y académicos reconocidos.


Razones económicas


  1. Existen proyectos alternativos con mayor eficiencia económica y ecológica que aseguran la disponibilidad de agua a largo plazo que no han sido contemplados.
  2. Endeuda aún más al estado comprometiendo la calidad de vida de futuras generaciones.
  3. Desvía recursos requeridos en proyectos prioritarios en seguridad, salud, educación y vivienda.
  4. Contamina nuestra agua poniendo en riesgo la salud de los neoloneses.


Razones ecológicas


  1. Provoca severos daños a los ecosistemas de las cuencas involucradas.
  2. El bombeo del agua desde el nivel del mar hasta Monterrey genera un gasto brutal de energía que será cada vez más escasa y más cara.


Razones sociopolíticas


  1. Justifica con información falsa y poco transparente su supuesta urgencia.
  2. Pone en severo riesgo la estabilidad política y social regional al quitar el agua a otras comunidades.
  3. Pone en riesgo nuestra soberanía hídrica regional y nos vuelve vulnerables a acciones de sabotaje en una zona altamente conflictiva.
  4. Castiga el esfuerzo de cultura de ahorro del agua que a los regiomontanos nos ha costado años construir.



Por otra parte, en noviembre pasado, organizaciones sociales difundieron este documento, en el que argumentan su oposición al proyecto:

Cuenca Nuevo Leon:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Si me van a imputar algo, sobre L12, que sea con fundamentos: Ebrard a diputados

"Puros juicios de valor", acusa por parte de legisladores que elaboraron informe, sin "documentos sustantivos". Tratan de explicar este caso como un asunto de corrupción, lo cual rechaza.

El informe sobre la Línea 12 del Metro -elaborado por una comisión de diputados y presentado la semana pasada-, “no aporta nada para saber qué es lo que está mal“; si me van a imputar algo, que sea con fundamentos, sostuvo el ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubón. 

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, comentó que “es tan obvia la intención política” de los diputados (del PRI), pues en el informe se infiere que el problema en la línea es por corrupción; sin embargo, recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -un órgano autónomo- auditó 15 mil millones de pesos, de los recursos federales que se aportaron para dicha obra, es decir, más del 80 por ciento.

La ASF hizo muchas observaciones durante 4 años y al final consideró que estaban resueltas y explicadas, como cambios de plazo por la crisis de 2008, o los convenios modificatorios, o las obras inducidas que tuvimos que hacer, detalló Ebrard.

Los diputados en el informe “copian las observaciones que les parecieron convenientes, ni siquiera son todas, para difundirlo y subirlo al pleno, cuando saben que están solventadas, que la  Auditoría Superior de la Federación las consideró resueltas, aclaradas y precisadas”, apuntó.

Ante ello, dijo que en este caso falta “menos política y más responsabilidad”, por lo que llamó a modificar el referido informe, para que se aclare qué es lo que ocurre con la Línea 12 del Metro.

“Soy el primer interesado en que eso quede claro. Si el tren tiene un problema, ¿por qué no se corrigió hace 2 años?, ¿por qué se recibió la Línea en julio 2013 sin ninguna observación?”, preguntó.

Expuso que en la reunión que tuvo el viernes con la Comisión, la cual duró casi cuatro horas, quedó claro que “no tienen documentos sustantivos, esenciales”, como “especificaciones de los trenes y  las bitácoras de reuniones de trabajo donde se resolvió lo de la Línea 12”.

Indicó que en el informe elaborado por la Comisión  hay versiones sólo para efectos mediáticos, como que el contrato con la empresa CAF tenía un tipo de cambio, cuando en realidad fue en dólares.

“Estoy a la orden de cualquier instancia que me llame, no me estoy lavando las manos de nada, estoy dando la cara. Lo inusitado es que tengas que estar luchando para que seas escuchado”, aseguró Ebrard.

En este caso hay “mucha politiquería y poca responsabilidad”, agregó.


“Si me van a imputar algo, que tenga fundamento, no lo tienen, ya fui el viernes a dar la cara y no lo tienen… son puros juicios de valor“, finalizó.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Crematorio en Acapulco: el horno, sin funcionar y carne putrefacta en el piso.- fiscal

Llegaron al lugar por una denuncia ciudadana; "se informa que estaba abandonado y pensaban que había cuerpos... porque olía feo", indica Miguel Ángel Godínez Muñoz.

El crematorio abandonado de Acapulco, donde la semana pasada fueron hallados 60 cuerpos, pertenecía a Guillermo Estua Zardain, contra quien ya se giró orden de localización y presentación, por un presunto fraude, precisó el fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz. 

Hasta ahora, “tenemos 60 cuerpos perfectamente embalsamados que fueron encontrados en cuarto, donde estaba el horno sin funcionar, estaban alrededor de 40, el resto estaban divididos encima de escritorios y en otros cuartos, es una escena muy fuerte. En el lugar hay carne putrefacta que está batida en el piso, hay restos de huesos, hay mucha, lo que se supone es cal, eso lo determinarán los peritos, huele muy feo”, anotó el funcionario en entrevista para Noticias MVS primera emisión. 

Contra “Cremaciones del Pacífico”, sólo existe una denuncia y es la de la semana pasada, que llevó a encontrar decenas de cuerpos, puntualizó.

El fiscal expuso que en los casos de fallecimientos, los familiares van y pagan a una funeraria para que haga los servicios, “la funeraria se encarga de hacer todo”.

“Como autoridades consideramos que se debe hacer responsable hasta el momento en que el familiar reciba las cenizas, porque por eso el familiar pagó”, apuntó Godínez Muñoz.

El caso lo investiga la fiscalía de Guerrero, en colaboración con la PGR. Han comparecido 16 representantes de funerarias “para que especifiquen y determinen cómo fue el trabajo con el Crematorio del Pacífico”, señaló.

“Hasta el momento llevamos 107 personas que se han presentado voluntariamente a la fiscalía a comparecer dentro de la averiguación previa”, abundó. 

Sobre la hipótesis principal, de un presunto fraude por parte de la empresa, la periodista Carmen Aristegui le preguntó si quedan abiertas otras hipótesis, respecto a otro tipo de situaciones en el lugar. “No puedo afirmar que estamos cien por ciento seguros en algo, hasta que tengamos ya la conclusión del método de investigación. Si algo dentro de la investigación nos indica que hay otra hipótesis dentro del hallazgo, tendremos que acudir e investigar esa hipótesis”, contestó Gódinez Muñoz.

-¿En este momento tiene algo distinto a lo que han dicho?


“Hasta este momento, nada (distinto)”.

El fiscal deslizó la posibilidad de que los propietarios del crematorio hayan entregado hasta arena a las familias.

Actualmente, trabajan 26 agentes de la fiscalía y 15 peritos de criminalística de campo que envió la PGR. Precisó que se realizan dos investigaciones de forma paralela: la científica y la pericial.

“Las pruebas periciales estamos hablando de unos 20 días, como mínimo, puede ser más… ¿Cuándo pudieran tomarse las pruebas genéticas? Yo creo que sería después de”, comentó.

El funcionario contó el caso de un familiar que identificó a su esposa entre los cuerpos encontrados, porque cuando la entregó llevaba una pañoleta y un vestido con flores.

Por este caso, “tenemos que citar tanto al personal de la Secretaría de Hacienda del estado, como a personal de la Secretaría de Salud, que nos hable de los permisos de esta persona (Guillermo Estua Zardain) ¿cómo es que operó?, ¿cuándo los sacó?, o ¿cuándo dejó de operar?”, expuso.

-¿Tienen idea de dónde puede estar este personaje?-, preguntó Aristegui.

“Tenemos vigilancia en domicilios en Acapulco, y en varios domicilios en el interior de la República”, respondió.


Miguel Ángel Godínez Muñoz mencionó que los cuerpos hallados en el crematorio actualmente se encuentran en las instalaciones de la fiscalía regional de Acapulco: “tenemos el anfiteatro, y aparte adaptamos el lugar porque el número nos rebasó para poder trabajar”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Que a Peña, Rivera y Videgaray los investiguen especialistas independientes y no amigos”: Ricardo Mejía

Ricardo Mejía Verdeja, vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, expresó que la Casa Blanca de Las Lomas y los muy posibles conflictos de interés, del gabinete presidencial, son un reflejo de la falta de voluntad para luchar contra la impunidad por parte de Enrique Peña Nieto.

Además expresa que las trabas que han puesto, tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (PANAL), para aprobar reformas secundarias en materia de transparencia gubernamental, evidencian que los partidos no tienen interés en rendir cuentas para evitar actos de corrupción o conflictos de intereses en el Poder Ejecutivo.

“Hemos presenciado a lo largo de este sexenio infinidad de casos que denotan la falta de voluntad para que asuntos graves como la Casa Blanca o los conflictos de intereses de miembros del gabinete no sean impunes; el día de ayer se venció el plazo de un año que se había determinado para aprobar la legislación secundaria en materia de transparencia y eso demuestra que es no una prioridad del PRI ni de sus aliados en el Congreso. No les interesa la transparencia”, señaló.

Mencionó que el hablar de transparencia, por parte de sus compañeros políticos, sólo es un acto de retórica porque realmente no promueven una legislación que refuerce la capacidad ciudadana para accesar a la información.

Exhortó a que la investigación de posible conflicto de interés, entre Grupo Higa y las propiedades adquiridas por Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, sean investigadas por especialistas independientes y no por un amigo cercano, haciendo alusión a Virgilio Andrade.


Y concluyó: “Si realmente su deseo es que los mexicanos tengan plena certeza sobre los diversos escándalos recientes en los que se ha visto envuelto, el Presidente debe ser investigado no por alguien que él mismo nombre como Virgilio Andrade, quién tiene una relación de amistad y cercanía personal con Peña y por lo tanto, tiene ya un evidente conflicto de interés, sino por un grupo de especialistas que realicen dicha labor de manera objetiva y con absoluta independencia”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Informe de los argentinos confirma que “verdad histórica” se cae a pedazos: padres de normalistas

En conferencia de prensa, los padres de los 43 normalistas desaparecidos dieron su respaldo al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que el sábado pasado emitió el informe sobre los restos hallados en el basurero de Cocula.

Esta mañana la Procuraduría General de le República (PGR) intentó desacreditar la labor de los peritos y calificó su investigación como “alejada de la realidad”.

En respuesta al comunicado oficial, los padres de normalistas citaron a los medios de comunicación para hoy a las 12:30 en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

En cada una de las intervenciones se reafirmó la confianza en las conclusiones de los peritos argentinos y se insistió en la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa.

“Hoy más que nunca estamos con la certeza de que nuestros compañeros siguen vivos. Nuestra demanda de justicia y verdad sigue vigente, por lo que exigimos a la PGR que publique todos los expedientes del caso”, dijo Omar García en representación de los normalistas.

Sobre su confianza en el EAAF, Omar García recordó: los peritos argentinos nunca han sembrado evidencias, la Procuraduría sí.

En ese mismo sentido, Melitón Ortega señaló que trabajo del EEAF fue científico, mientras la investigación de la PGR representó una labor política.

Debido a que las conclusiones de los peritos argentinos contradicen la versión oficial de la muerte de los estudiantes, los padres de familias y sus representantes legales manifestaron su preocupación por la integridad del EAAF.

Por ello, se dio respaldo total a los peritos  y se responsabilizó al gobierno federal de cualquier daño que pudieran sufrir los especialistas.


Al respecto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, señaló que el informe del EEAF confirma que la “verdad jurídica” de Jesús Murillo Karam se cae a pedazos.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

“No es aceptable sembrar la duda”, responde PGR a peritos argentinos

La dependencia federal acusa al equipo argentino de emitir un "criterio aislado", luego de que cuestionara la investigación oficial.

La PGR respondió al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), luego de que el sábado cuestionó la investigación oficial sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“No es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar (basurero de Cocula) fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría”, sostiene la dependencia en un amplio comunicado difundido esta mañana.

La PGR sostiene: “De manera científica, ha quedado plenamente comprobado que los sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del Río San Juan, corresponden químicamente a los encontrados en el Basurero de Cocula, por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad”.

Sobre los restos que -según los peritos argentinos- no pertenecen a los normalistas, la PGR indicó que “las prótesis dentales halladas en el Basurero de Cocula son parte de las evidencias aún en estudio. Según el EAAF dichas prótesis no corresponden a ningún estudiante, sin embargo, la Procuraduría General de la República es puntual en manifestar que no cuenta aún con historial físico, médico o dental de los estudiantes, porque ni los familiares ni el EAAF las han querido aportar a la investigación, razón por la cual no se puede confirmar o desestimar que dichos restos dentales pertenezcan o no a alguno de ellos”.


A la postre, la Procuraduría General de la República aclara que “no ha concluido la investigación, que no podrá ser cerrada dada la naturaleza de los delitos”.

Posicionamiento de La Pgr Ante Comunicado de Prensa Emitido Por El Equipo Argentino de Antropología Forense… by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

PGR USA CIENCIA PARA CUADRAR TESTIMONIOS: PERITOS ARGENTINOS

Los expertos aseguran que la investigación del caso Ayotzinapa no puede darse por concluida y cuestionaron lo presentado como "verdad histórica" por parte de la Procuraduría.

“Forzar la evidencia para que encaje con el testimonio, eso no es ciencia”, comentó a Aristegui Noticias uno de los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, a raíz del comunicado divulgado este fin de semana.

El “documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan” del caso Ayotzinapa, pone en duda los resultados concluyentes -presentados por la PGR hace algunos días-, a los que el procurador Murillo Karam  se refirió como “verdad histórica.”

El contenido del documento fue expuesto el sábado por la mañana a los familiares de los jóvenes en un encuentro de aproximadamente seis horas. Posteriormente fue difundido a la opinión pública a  través de un comunicado de prensa (al final de esta nota).

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF ) coordina el trabajo de 30 científicos  de México, Argentina, Uruguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Francia y España.

Los expertos internacionales dejaron en claro que la investigación del caso Ayotzinapa no puede darse por concluida y cuestionaron, seriamente, el uso sesgado de las evidencias científicas para hacerlas coincidir con los testimonios obtenidos.

Insistieron, también,  en que no estuvieron presentes al momento de la obtención de las evidencias en el río San Juan y que no han podido tener acceso a la cadena de custodia completa de los restos encontrados en el río, encontrados según informó la Procuraduría, por buzos de la Marina.

La cadena de custodia de los restos que, según la versión de la Procuraduría, fueron  encontrados por la Marina no la tiene el equipo argentino y, por lo tanto, sus integrantes no pudieron haberla  firmado como se sugirió en la conferencia de prensa de Murillo Karam. A pesar de que han solicitado que dicha cadena de custodia les sea entregada en su totalidad, eso no ha ocurrido hasta el momento.

Los expertos cuestionan, también, que la zona de evidencia del basurero de Cocula se haya dejado abierta y sin custodia, a raíz del anuncio del hallazgo de restos.  Gente, en general, y medios de comunicación pudieron deambular, libremente, por una zona que debería haber sido reguardada.

Durante una reunión sostenida el 27 de noviembre, con miembros de la Procuraduría pero, sin la presencia del procurador, los expertos extranjeros cuestionaron la falta de custodia en la zona y las diligencias realizadas el 15 de noviembre por parte de la Procuraduría, a las que no fueron convocados y en las cuales fueron encontradas evidencia importantes que forman parte de la averiguación previa. En esas diligencia se habrían obtenido elementos fundamentales que reforzaron la versión de la Procuraduría.

Ante la crítica de los expertos, la PGR contestó que la zona, en realidad, si estaba bajo resguardo pero, que era un resguardo “intermitente.”  Sorprendidos por la respuesta, los expertos extranjeros , señalaron que la custodia para una zona bajo investigación de ese tipo, debe darse las 24 horas al día y que –tal cómo lo habían acordado- los peritos internacionales debieron haber sido convocados.

Respecto a las diligencias  que, en esa fecha, realizó la PGR  sin la presencia de ningún miembro de EAAF , no hubo respuesta satisfactoria.

Los científicos extranjeros han visto obstaculizado  su trabajo al serles requerida firma y autorización, prácticamente, para cada movimiento que realizan, aun los que se desarrollan en zona de laboratorio. Tocar o mover una vasija, por ejemplo, ha requerido contar con permisos por escrito.

Respecto a las muestras genéticas tomadas a integrantes de 42  familias de los jóvenes de Ayotzinapa (fueron 42, porque dentro del grupo se encuentran dos hermanos) se presentaron errores por parte de la Procuraduría que pusieron en riesgo la posibilidad de identificar las identidades de los jóvenes, a través de los perfiles genéticos, en caso de que las muestras enviadas a la Universidad de Innsbruk hubieran logrado identificar material nuclear de ADN.

Las muestras de material genético de los familiares de los estudiantes, fueron tomadas, por separado, por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (sangre y saliva) y por el grupo de EAAF (sangre.)

El estudio para determinar los perfiles genéticos que realizó la PGR, se hicieron con base en las muestras obtenidas por la Procuraduría de Guerrero. La PGR no pudo tomar muestras propias, una vez que los familiares se negaron a que se les tomará más material genético.  La PGJG tomó, en un primer momento, sólo muestras de saliva, pero al ver que el EAAF tomaba muestras de sangre, decidieron pedirle a los familiares otras muestras también de sangre. Cuando la PGR pretendió obtener sus propias muestras de los familiares, éstos se negaron a que les fueran tomadas por una cuarta vez.

Los perfiles genéticos obtenidos por el EAAF se hicieron con las muestras tomadas, de forma independiente, por el propio EAAF. Existían, pues, dos paquetes con perfiles  genéticos. Entre uno y otro, se registraban 20 diferencias (“errores nuestros”, habría reconocido, en junta de trabajo, un integrante de servicios periciales de la PGR). Algo atípico, según la experiencia de los expertos internacionales.  Sobre todo si se considera que las diferencia o errores que quedaron en el reporte enviado a Innsbruk, con los perfiles genéticos, no aparecen igual en la averiguación previa, en dónde sí se encuentran coincidentes 11 de los perfiles obtenidos por la Procuraduría y los expertos argentinos

La Universidad de Austria solicitó que fuera enviado un solo paquete con los perfiles. El enviado fue el obtenido por la PGR, a pesar de las diferencias.

Esos errores,  hubieran afectado a 16 de las 42 familias, si de los restos calcinados, enviados a Austria se hubiera rescatado ADN nuclear. Sólo se pudo obtener del resto óseo de Alexander Mora, pero no de las demás muestras enviadas. En caso de que se hubiera preservado ADN nuclear en otros restos, existía el peligro de que no se pudieran identificar las identidades de todos por los errores de la procuraduría.

Al discutir  intensamente, con la PGR, las discrepancias en los resultados de los perfiles genéticos enviados a Innsbruck, los expertos del EAAF lograron que el procurador Murillo Karam –presente en la discusión- ordenara que se le pidiera a Innsbruck tomar en cuenta sólo los resultados de los especialistas extranjeros.

Transcurrió un mes para que esa notificación fuera enviada a la Universidad de Innsbruck, a través de un correo electrónico, en un mensaje que no reflejaba, del todo, la instrucción del procurador Murillo Karam.

Dado que no se excluye la posibilidad de enviar otros restos encontrados, el peligro de lograr una cabal identificación persiste, habida cuenta de que no queda claro si la Universidad de Innsbruk tomará los perfiles genéticos que le envió la Procuraduría con los errores, o los perfiles enviados después por los expertos argentinos.

Los cuestionamientos hechos por el equipo de expertos con los que rechazan las conclusiones anticipadas de la PGR, incluyen información y fotografías aéreas sobre otros incendios ocurridos en el basurero por lo menos desde 2010.

Los expertos mostraron fotografías satelitales de la zona del basurero, con evidencia de fuego y humo en diferentes fechas: 12 de octubre de 2010 y 28 de octubre de 2013.

Evidencias obtenidas de aluminio fundido o restos de ladrillo calcinado,  pudieron ser producto de incendios ocurridos en el lugar en fechas distintas a la señalada e incluso tomados de zonas aledañas.  No hay, pues,  evidencia categórica e inequívoca , como se ha hecho creer , de que en ese basurero ocurriera entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado un incendio en el que habrían quedado calcinados los cuerpos de los estudiantes.  

Los expertos cuestionan que la Procuraduría haya omitido información sobre otros incendios en el mismo lugar en fechas distintas  y haya mostrado como evidencias concluyentes muestras calcinadas de las que no se puede saber, a ciencia cierta, de qué evento procedieron . En la conferencia de enero 2015, del procurador Murillo Karam, no se explicó con claridad que el basurero de Cocula tiene fuego, desde hace años.

Los especialistas encontraron en la zona identificada como el lugar en donde habrían sido calcinados los jóvenes, una prótesis parcial superior de una dentadura y una prótesis inferior que embonan entre sí  engarzadas con un diente. Ninguno de los jóvenes desaparecidos contaba con ese tipo de prótesis, según consultas con los familiares. El hallazgo encontrado en ese lugar corresponde a los restos de una persona distinta a los 43 muchachos desaparecidos. Evidencia y restos presentados como parte de una investigación concluyente, podrían corresponder a otros eventos y personas.

“La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”, señala el comunicado.

A los familiares de los estudiantes se les dijo, este sábado,  que si bien es cierto no hay evidencia contundente de que el asesinato y calcinamiento de los jóvenes hubieran ocurrido en el basurero de Cocula la madrugada del 27 de septiembre, tampoco se puede  negar que alguno, algunos o todos los estudiantes hayan estado en ese lugar en esa fecha.  En pocas palabras, no es posible afirmar, en estos momentos, una cosa ni la otra.

Al darse a conocer las consideraciones científicas de los expertos independientes, se pone en duda lo que ha sido presentada como versión única y prácticamente  definitiva  de la PGR, obtenida, fundamentalmente, de los testimonios de presuntos sicarios de la organización “Guerreros Unidos,” que señalaron que asesinaron a los muchachos en el basurero, calcinaron y fragmentaron sus restos para depositarlos en bolsas para basura negras,  que  habrían sido arrojados al río San Juan, algunos contenidos todavía dentro de la propia bolsa.

Los especialistas del equipo internacional decidieron salir al paso de las declaraciones de la Procuraduría en  la conferencia de prensa  del 25 de enero, en la cual se afirmó que los forenses argentinos si bien no estaban al momento de la obtención de las evidencias del río, se encontraban por ahí cerca y que el hallazgo se hizo ante la presencia de decenas de peritos mexicanos.

Es verdad que los argentinos eligieron las muestras de restos de la lona en la que se encontraban tendidos a la vera del río San Juan, pero, no vieron la forma en que fueron obtenidos. Se les dijo que procedían de una bolsa negra que habría sido rescatada del río por buzos de la Marina, pero no podrían autentificar la veracidad de lo dicho, al no haber estado presentes.

Uno de los restos que ahí se encontraban, resultó positivo de la identidad de Alexander Mora Venancio después de los análisis de la Universidad en Austria. Ese fragmento, señala uno de los expertos, se distinguía del resto por su grado de conservación. Era el más grande y saltaba a la vista. La muestra de Alexander no estaba calcinada. Era una muestra muy distinta a las demás.

“Es como si en una mesa – explicó un experto a Aristegui Noticias-  se encontraran bananas… la muestra de Alexander sería como si fuera una manzana.” No se pudo determinar el porqué esa muestra era tan distinta a las demás. “Pudo ser que haya quedado protegida del fuego esa parte del cuerpo, por alguna razón no determinada, pero pudo ser también otra cosa”, afirmó uno de los expertos.

Los especialistas, si bien no dudan que ese resto óseo pertenece a uno de los estudiantes, insisten en que ellos no fueron partícipes de la recolección del hueso.

Subrayan también que no se les ha entregado, a pesar de haberlo solicitado, el documento en el que se explique cómo fue obtenida la bolsa al interior del rio,  con las  cenizas, de entre las cuales se encontró el fragmento en buen estado de Mora Venancio.

El primer tramo de esa cadena de custodia  que deberían haber firmado los buzos de la Marina, no ha sido proporcionado, a la fecha, a los peritos internacionales.

Sobre el “efecto horno” que se habría producido según la versión de la Procuraduría, gracias a la profundidad de la hondonada y  que habría permitido que los cuerpos fueran consumidos por el fuego en horas,  a pesar de estar al aire libre, es algo sobre lo que no se pronunció el equipo forense.

En tareas conjuntas, peritos de la PGR y del EAAF permanecieron del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2014 tanto en la Parota como en Cocula. Supieron, después, que la PGR acudió a la zona a “recabar evidencias,” sin haber sido avisados. Especialmente, se inconforman de no haber sido invitados el 15 de noviembre de 2014,  como peritos independientes.  En esa fecha, los ministerios públicos y peritos de la PGR llegaron a recabar evidencias balísticas y de tierra –fundamentales para la averiguación-  a la zona dónde habría ocurrido el crimen, sin la presencia de ningún de los peritos internacionales.

La zona, en ese momento, no se encontraba bajo resguardo ni acordonamiento.  El informe de la propia PGR confirma que “el lugar en sus generalidades se observa que no se encuentra preservado, ya que en el momento de la presente intervención no hay elementos de seguridad resguardando el lugar, o algún tipo de acordonamiento”. Con esta “intervención” de la PGR, lograron obtener 43 evidencias balísticas. 42 de un mismo calibre y una de otro, según reportaron en su informe. Los expertos internacionales sólo se enteraron de ello al leer ese documento. Pidieron, incluso, que esas pruebas fueran desestimadas, aunque no fueron escuchados. La PGR mantuvo como parte de  la averiguación las pruebas  balísticas obtenidas de esa manera el 15 de noviembre de 2014.


*Comunicado difundido el sábado por los peritos argentinos:

Comunicado EAAF.pdf by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“¿A quién le creen más, a los peritos argentinos o a la PGR?”: Dresser

En México, hay "constantes ausencias (más de 23 desaparecidos), ahora recordadas por Ayotzinapa, un caso singular, pero a la vez similar a tantos que se viven en México, que la PGR nunca ha logrado resolver", subraya la politóloga.


El fin de semana los peritos argentinos pusieron en duda la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República, sobre el caso Ayotzinapa, a lo que la PGR respondió este lunes, asegurando que “no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda…“.

Al respecto, en la mesa política de este lunes en MVS, Denise Dresser comentó: “Aquí hay un tema de credibilidad, sería muy interesante… una encuesta a los mexicanos preguntándoles: ¿a quién le creen más, a la PGR o al Equipo Argentino de Antropología Forense?”.

Recordó que “somos un país de fosas, un país de calcinados, un país de fragmentos de hueso, un país de 23 mil 270 desaparecidos, años de cuerpos sin nombre, semanas de cuerpos sin nombre, días de cuerpos sin nombre. Nuestras constantes ausencias, ahora recordadas por Ayotzinapa, que es un caso singular, pero a la vez similar a tantos que se viven en México, que la PGR nunca ha logrado resolver”.

Sobre el caso de los normalistas desaparecidos, consideró que el gobierno se ve obligado a responder, por la presión nacional e internacional.

“¿Cómo no tener dudas de la PGR, ante las preguntas sin respuesta?”, preguntó.

Subrayó que en la investigación de la PGR, como lo hacen notar los peritos argentinos, “falta de certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula”.

Además, hay declaraciones inconsistentes de los involucrados en los hechos, quienes, según revelaciones periodísticas, posiblemente han sido torturados. Apuntó también que la procuraduría aún no captura a todos los presuntos responsables de los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre.

Dresser dijo que no cree en la PGR “porque el gobierno se rehusaba, hasta hace poco, a reconocer que estos casos fueran de desapariciones forzadas. Porque no se ha indagado claramente la actuación del Ejército, esa noche fatal. Porque no ha empezado la atribución de responsabilidades, por el contexto de corrupción política en Guerrero, que hizo posible que todo esto ocurriera. Y porque el equipo argentino se deslinda de los resultados presentados… y evidencia falla tras fallas“.

Para la politóloga, Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo para los familiares de más de 23 mil desaparecidos: falta de mecanismos, protocolos y recursos; las autoridades no proveen justicia ni reparan el daño a los familias.


La doctora indicó que los peritos argentinos señalaron “todo lo que se hizo mal” en la investigación oficial, por no seguir protocolos básicos. “Y la PGR responde con un comunicado muy agresivo, diciendo ellos no saben de estos temas“, agregó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La PGR encubrió a alto funcionario de Coahuila implicado en rapto y desaparición de ingeniero

Los padres de José Antonio Robledo Fernández denunciaron que las autoridades han ignorado que un funcionario, junto con un presunto integrante de los zetas, les exigió no seguir investigando sobre el paradero de su hijo.

Es 5 de febrero de 2009 y han pasado 12 días desde que el ingeniero José Antonio Robledo Fernández fue secuestrado, a la entrada de una refaccionaria de Monclova, Coahuila, por un grupo de hombres que se lo llevaron por la fuerza junto con la camioneta que conducía.

Los padres del joven profesionista, contratado y enviado a Monclova por la empresa ICA, llegaron a esta localidad 48 horas después de que su hijo fue raptado y, desde su arribo, han dedicado cada día a presentar y ratificar denuncias por privación ilegal de la libertad en distintas oficinas gubernamentales, tanto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como de la Procuraduría General de la República; ellos confían en que los criminales que se llevaron a Toño, como lo llaman de cariño, lo dejarán en libertad en cuanto comprueben que trabaja para una empresa que paga cuotas al crimen organizado o, en el peor de los casos, que se trata de un secuestro extorsivo y que los plagiarios se comunicarán en cualquier momento para negociar el pago de un rescate… de hecho, esto último es lo que les han pedido creer las mismas autoridades con las que se han entrevistado: que pronto recibirán una llamada de los delincuentes, y que deben esperar.

Es 5 de febrero de 2009, aunque faltan unos minutos para la medianoche. La señora Guadalupe y su esposo, José Antonio, ya están refugiados en su habitación de hotel, puesto que al día siguiente serán recibidos por el subprocurador de Justicia del estado, Jesús Torres Charles, y debido a eso, los papás de Toño se aprestan ya para dormir. Una llamada telefónica, sin embargo, los despierta.

Al otro lado de la línea está Joaquín Benito del Ángel –jefe de seguridad de la empresa ICA–, quien les pide bajar al lobby del hotel, puesto que dos representantes del cártel de Los Zetas quieren platicar con ellos.

Esas dos personas, que se presentaron como enviados de Los Zetas, posteriormente fueron reconocidos como Carlos Arturo Jiménez Encinas, alias El Plátano o El Güero, y José David Galindo Flores, alias Licenciado Pepe, quienes pidieron a los padres del ingeniero secuestrado no dar más información a la policía, como condición para devolver con vida a su hijo, luego de lo cual, ambos sujetos, junto con el jefe de seguridad de ICA, se retiraron del lugar.

Por su implicación con el crimen organizado, Joaquín Benito del Ángel, jefe de seguridad de ICA, enfrenta actualmente proceso penal por delincuencia organizada, secuestro y portación de arma de uso exclusivo del ejército. Además, contra Carlos Arturo Jiménez Encinas fue emitida una orden de aprehensión y existe una oferta de recompensa de 3 millones de pesos por quien proporcione información que permita su captura.

Sin embargo, contra el tercer zeta que participó en esa “negociación”, José David Galindo Flores, identificado plenamente desde 2013, “la PGR nunca ha querido emprender ninguna acción penal –denuncia el señor José Antonio Robledo Chavarría, padre de Toño–, y esto ¿por qué es? Por una sencilla razón: porque este señor es un alto funcionario del gobierno del estado de Coahuila, o al menos lo fue hasta noviembre de 2014. Tenemos confirmado que este señor fungía como procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo en Monclova hasta hace al menos dos meses, y ese cargo lo ocupaba al menos desde 2008, o sea que cuando nos fueron a buscar al hotel, para decirnos que nos devolvían a nuestro hijo si ya no hablábamos más con la policía, este señor ya era procurador del Trabajo en Coahuila”.

Personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Monclova confirmó que José David Galindo Flores se encuentra incapacitado desde hace más de un año. Además de fungir como “procurador auxiliar” de la citada dependencia. Además, Galindo Flores es hijo del actual líder estatal de la CTM, José David Galindo Montemayor, y nieto del fundador y líder histórico de esta agrupación gremial en el estado, José Dimas Galindo Villarreal (fallecido el año pasado).

Para conocer más detalles sobre la actual situación laboral de José David Galindo Flores, la semana pasada se buscó al procurador de la Defensa del Trabajo en Monclova, José Agustín González Castillo, sin embargo, no concedió entrevista debido a “la excesiva carga de trabajo”, según comentó su secretaria.

La identidad José David Galindo Flores, alias Licenciado Pepe, fue determinada desde 2010, explica el padre del ingeniero desaparecido, “y desde hace más de cuatro años nosotros hemos estado insistiendo de forma reiterativa que detengan a este señor, y la PGR siempre nos decía que sí, que estaba buscándolo pero que nunca lo encontraba, porque el señor tenía una incapacidad médica y no se presentaba a trabajar, y nunca lo pescaban cuando cobraba, y así se la pasaron tres años, hasta que, en septiembre de 2013, finalmente la PGR lo localizó, pero no lo detuvo, sólo le tomó una foto y luego nos la enseñó y nosotros pudimos reconocerlo sin temor a duda como una de las tres personas que, presentándose como representante de Los Zetas, nos fueron a ver al hotel de Monclova esa noche del 5 de febrero de 2009″.

No obstante, denunció el padre del ingeniero desaparecido, en ese momento la PGR formuló un nuevo “pretexto” para no solicitar una orden de captura contra José David Galindo Flores. “En ese momento, septiembre de 2013, nos salieron con que las condiciones legales habían cambiado y que no podían detenerlo porque sólo había en su contra la imputación de un ‘testigo-colaborador’ (testigo protegido), y que nosotros sabíamos bien que ese tipo de testimonios estaban muy ‘devaluados'”.

Y sí, advirtió el señor Robledo Chavarría, efectivamente contra José David Galindo Flores existe una declaración incriminatoria formulada ministerialmente por uno de los detenidos implicados en la desaparición de su hijo, al cual se concedió la condición de testigo protegido; sin embargo, subrayó el padre del joven ingeniero, ese no es el único indicio en contra de Galindo Flores. “Además de ese testimonio, otro de los detenidos también lo reconoce como alguien que trabajaba para la célula de Los Zetas en Monclova, pero más importante todavía: está el testimonio de mi esposa y el mío, que fuimos directamente víctimas de esa amenaza que nos hizo este señor, que nos dijo que él era de Los Zetas y que nos iban a devolver a nuestro hijo, pero que ya no habláramos con la policía”.

–Oficialmente, ¿la PGR se desistió de la investigación en contra de esta persona, a pesar de que ustedes, como afectados, lo señalan directamente? –se pregunta al padre de familia.

–Nos dijeron que, por reformas a la ley, ahora le tocaba a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila presentar cargos contra este señor, lo cual yo no creo que sea cierto. Pero, en fin, el caso es que la gente de la PGR estuvo intentando que los de la procuraduría estatal les recibieran el expediente, y ellos tampoco se dejaban. Fue hasta noviembre de 2014 que el subprocurador de Justicia estatal tuvo una reunión con nosotros, en la que estuvo presente Lía Limón (subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal), y ahí el agente del Ministerio Público federal pudo, por fin, entregarle el expediente contra José David Galindo Flores, para que ellos, a nivel estatal, lo procesaran, y así se comprometió este funcionario. Sin embargo, pasó noviembre, diciembre, y lo que va de enero, y nada… este representante de la procuraduría de Justicia estatal dijo que lo iban a detener de inmediato, pero no fue así, y no creo, de hecho, que vayan a hacerlo, yo creo que a este señor lo protegen porque su papá es líder estatal de la CTM, y porque su abuelo fue algo así como el Fidel Velázquez de Coahuila…

Cabe destacar que José David Galindo Flores solicitó un amparo en 2012 ante cualquier acción que eventualmente pudiera emprender en su contra la Procuraduría General de la República. El número de expediente es el 599/2012, según la lista de acuerdos del Juzgado Cuarto de Distrito en Coahuila, publicada el 23 de enero del 2013.


El pasado 25 de enero de 2015 se cumplieron seis años desde la desaparición forzada del ingeniero José Antonio Robledo Fernández. Por información que permita dar con su paradero, las autoridades federales ofrecen una recompensa de 3 millones de pesos, garantizando confidencialidad a quien ayude en la investigación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ EL SIGLO DE TORREÓN.
AUTOR: REDACCIÓN

Se disculpa ministro de la SCJN que dijo que los niños con discapacidad “perjudican” a otros menores

José Fernando Franco González Salas ofreció una disculpa pública luego de que así lo exigieran ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Fernando Franco González Salas, ofreció una disculpa pública este lunes 9 de febrero por haber dicho que los niños con discapacidad deberían tener una “ubicación especial y separada” de otros menores, porque “pueden perjudicarlos y eso está documentado”.

Previo al inicio de la sesión del Pleno de la SCJN, González Salas pidió la palabra y dijo: “quiero ofrecer a esas organizaciones y personas, como me lo piden, una disculpa pública; al igual que reconocer que algunas de mis expresiones parecieran inadecuadas y poco sensibles (…) me solidarizo en su lucha y sus esfuerzos que todos los días realizan para superarse“.

“En ningún momento fue mi intención darle ese sentido ni lastimar a nadie (…) De ninguna manera pienso o actúo bajo criterios de discriminación o segregación de nadie”, agregó.

Esta declaración ocurre luego de que ciudadanos y organizaciones manifestaran su preocupación y exigieran, a través del sitio Change.org, una disculpa pública por sus argumentos presentados el 5 de febrero pasado ante el Pleno de la SCJN,  acerca de la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH sobre el artículo 157 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, el cual incluye que las guarderías podrán recibir a menores con discapacidad no dependiente.

De acuerdo con lo publicado en el sitio Change.org, esto fue lo que dijo el ministro:

“….en todos los ordenamientos que se refieren a guarderías, y no voy a leerles lo que está en la literatura del Seguro Social, del ISSSTE, del DIF, (los “niños con discapacidad dependiente”) tienen que tener una ubicación especial y separada, porque también está demostrado que a los demás niños que pueden estar en la guardería les puede afectar el tener el contacto con este tipo de menores, que lógicamente nos presentan a todos un impacto muy fuerte cuando los vemos y vemos sus condiciones.

“(…) En ocasiones, el contacto con ciertas escenas, que son muy fuertes, pueden perjudicarlos (a los menores sin discapacidad, entendemos) y esto está documentado. Por estas razones, no estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, porque estimo que tenemos que verlo como un modelo y tipo de guardería, lo cual no quiere decir que eso exima de la obligación al Estado Mexicano, y en todos sus órdenes de gobierno y en la medida que les corresponde, a establecer centros especializados que se dediquen, precisamente, a atender de la mejor manera a este tipo de menores que lo requieran”. 

“Sus palabras nos parecen inconcebibles para alguien de su responsabilidad social y formación intelectual.  Nos da vergüenza. Señor ministro, ¿de dónde saca que los niños sin discapacidad se “perjudican”, “impactan” o “les puede afectar” el trato con niños con discapacidad?”, responden en el texto los padres, ciudadanos y organizaciones firmantes.


“Es importantísimo que le enseñemos a la infancia de México, desde la edad más temprana posible, a convivir y relacionarse sanamente con personas con y sin discapacidad. Los que crecen juntos aprenden a vivir juntos sin problemas. Además, si se nos permite ir más allá, podríamos asegurar que convivir con niños con discapacidad les enseña a ser tolerantes, a comprender la igualdad y a respetar los derechos humanos de una manera vivencial”, agregaron.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.