Estudiantes de la Universidad del Valle de México dicen que no tienen miedo, y no creen que amenazas del crimen hayan causado el cierre de la escuela.
Los alumnos de la Universidad del Valle de México (UVM) campus Nuevo Laredo, en Tamaulipas, no creen que la “inseguridad” llevó al cierre definitivo del plantel a partir de este nueve de febrero. Desconfían de la versión oficial porque apenas han tenido comunicados a través de redes sociales sin que ninguna autoridad se haya presentado para aclarar sus dudas. Estudiantes consultados por Animal Político, que prefieren el anonimato para evitar algún tipo de represalia por parte de la universidad, coinciden en que si bien Tamaulipas es una zona afectada por la violencia del crimen organizado, en su escuela la vida no se ha modificado por esa causa. “La ciudad ha estado tranquila, tan tranquila como nunca la hemos tenido”, advierte un joven. Durante el año y medio que lleva estudiando en ese plantel “jamás vi amenazas o he sentido miedo de estar en la escuela”. Dos jóvenes más aseguran que no ha habido casos de secuestros, extorsiones o amenazas a algún integrante de la comunidad escolar. “Si hubiera esa violencia todas las escuelas estarían cerradas, ¿por qué solo ésta?”, reclama una joven. Tan no creen que este lunes 9 de febrero se manifestaron en la plaza Esteban Baca Calderón, frente al palacio municipal de Nuevo Laredo, para que “alguien nos escuchara, que atendiera nuestra situación”, dice una estudiante que participó en la protesta. “Si supiéramos que hay inseguridad no hubiéramos tenido el valor de acudir ahí”. Aunque los recibió el secretario del Ayuntamiento, Ernesto Ferrara, nada les informó sobre las supuestas amenazas. Más tarde, otro grupo de estudiantes se enteró de la reunión que sostendría el rector regional de la zona Noreste de la UVM, Luis Silva, con profesores del plantel, por lo que “lo interceptamos y le pedimos una explicación sobre el cierre definitivo, pero solo nos dio evasivas y siguió diciendo que por inseguridad”. El 14 de enero, cinco días antes de la fecha de inicio del cuatrimestre, en la página de Facebook del plantel se anunció que: “Por causas de fuerza mayor el campus UVM Nuevo Laredo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”. Ante la insistencia de los alumnos por conocer más detalles, les respondían: “No podemos darles detalles pues ponemos en riesgo la seguridad de la comunidad del campus”. La vicepresidente de Asuntos Públicos y de Comunicación de la Universidad, Sofía Anaya, confirmó en una entrevista con Denise Maerker el 22 de enero que habían recibido “amenazas del crimen y esto atenta directamente contra la comunidad UVM”, por lo que decidieron cerrarla. Este lunes 10 de febrero, el secretario de gobierno de Tamaulipas, Herminio Garza Palacios, dijo a Adela Micha, de Grupo Imagen, que “les ofrecimos garantías de seguridad y no aceptaron. Ya habían tomado la decisión”. Sin embargo, el reclamo de la comunidad estudiantil en el foro de Facebook es el mismo: información, certeza sobre lo que está pasando en el plantel cuya matrícula asciende a 700 alumnos aproximadamente. Animal Político solicitó una entrevista con el Jorge Luis López Vargas del plantel, pero personal de relaciones públicas del corporativo de UVM advirtió que no se concederían entrevistas “por seguridad” y la única comunicación al respecto era un comunicado. En el se advierte que “debido a que no existen condiciones de seguridad para nuestra comunidad de estudiantes, docentes y administrativos, la Universidad ha tomado la difícil decisión de cerrar su sede en Nuevo Laredo”. En el documento de cuatro párrafos explica que la decisión “de ninguna manera beneficia a la UVM, pero no podemos poner en riesgo a ninguno de los miembros de nuestra comunidad, esto es nuestra prioridad al tomar esta decisión”. Se prevé que este martes 10 de febrero, el presidente municipal de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas, emita un posicionamiento para aclarar la situación, y es que según versiones extra oficiales, los directivos de la UVM han tenido contradicciones respecto al caso. “El plan de emergencia” La única comunicación que los jóvenes tienen con sus directivos es una línea telefónica en la que el asesor explica que “por motivos de seguridad” la UVM cerrará la sede de Nuevo Laredo y el “plan de emergencia” que les ofrecen incluye cambio de plantel o seguir un plan de estudios en línea. Ninguna de las opciones es viable para esta joven que incluso pretendía conseguir una beca en el próximo cuatrimestre. Su madre es la cabeza de familia y con mucho esfuerzo puede pagar la colegiatura de cuatro mil pesos mensuales y una inscripción de la misma cantidad. Vivir en otra ciudad significaría un gasto extra que no podría solventar. “Llegas a pensar que no vas a hacer nada con tu vida por problemas que están fuera de tus manos. Hay una desilusión porque no puedas continuar y no sepas ni por qué. Que no te den la cara”, dice la joven de recién ingreso. El curso en línea tampoco es una solución pues “estás pagando por una educación real”, asienta otra joven que sí considera la posibilidad de mudarse a Monterrey, pues la carrera de Odontología necesita de práctica y no de clases a distancia. Aunque la tarde de este lunes circuló la versión en medios de comunicación de que la UVM becaría a los estudiantes que optaran por retomar sus cursos en uno de los 36 planteles de la universidad en todo el país, en la línea de atención advierten que no es así. La única “ayuda” es respetar la colegiatura, que en Nuevo Laredo es el de menor monto (cuatro mil pesos en promedio), para el resto de sedes. Otro joven advierte que otras universidades en el estado ya iniciaron cursos y en caso de ser aceptados solo les revalidarían la mitad de las materias cursadas.
Quienes han hablado a la línea de atención 01800 0000 886 fueron citados en un hotel de Nuevo Laredo para atender los casos de manera personal, pero nada se habla hasta el momento de una reunión con padres de familia, profesores o directivos para explicar las causas. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Sin un argumento alguno, el gobierno morenovallista rompió el diálogo con el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas del estado de Puebla (Fosyppue).
Por segunda ocasión en menos de una semana, las autoridades cancelaron la reunión plenaria para este martes en Casa Aguayo, donde se darían a conocer los mecanismo jurídicos que pondrían en libertad al primer bloque de ocho presos políticos en el estado. Tal actitud fue tomada por los ciudadanos organizados como un rompimiento del dialogo por parte del gobierno morenovallista. En punto de las 11 horas, varios representantes del Fosyppue se dieron cita en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno (SGG), para proponer una salida jurídica a los conflictos que afrontan en sus regiones. Por su parte, el abogado Josué Xicale Coyopotl, hijo del preso político Adán Xicale, informó que una persona que se ostentó como secretaria del subsecretario General de Gobierno, Luis Arturo Cornejo Alatorre, salió a dar la cara por su jefe y dijo que no podrían ser recibidos por las autoridades estatales.
Declaró que ante la gravedad del hecho este mismo martes buscarían a Luis Enrique Miranda, subsecretario de Gobernación federal (Segob), para que intervenga y se instale nuevamente la mesa de trabajo. FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE. AUTOR: YADIRA LLAVEN ANZURES.
En el basurero de Cocula "se quemaba permanentemente basura", indica el equipo argentino. En ese lugar, "hay restos de otras personas".
El Equipo Argentino de Antropología Forense reviró a la PGR, y marcó un capítulo más del choque entre ambos, que prácticamente comenzó desde que los primeros revelaron que no estuvieron presentes cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el río San Juan, en Cocula, los cuales según la investigación oficial, pertenecen al menos a 1 de los normalistas de Ayotzinapa. El sábado pasado, los peritos argentinos pusieron en duda la “verdad histórica” -como le llamó la PGR a su propia investigación- sobre el caso Ayotzinapa, al revelar que en el basurero de Cocula fueron encontrados restos que no pertenecen a los jóvenes estudiantes, además de que hay evidencias de incendios en ese lugar, al menos desde 2010. Uno de los expertos del Equipo Argentino comentó el fin de semana, en entrevista para Aristegui Noticias, que “forzar la evidencia para que encaje con el testimonio, eso no es ciencia”. Posteriormente, en entrevista con Marcela Turati, periodista de Proceso, consultó a un integrante del equipo internacional de expertos designado por los familiares de los 43 para que participe con la PGR en las investigaciones, como coadyuvantes independientes. Respondió así a la PGR: -“Nadie cuestiona la validez jurídica de sus diligencias, nosotros lo que decimos es que no presenciamos el momento del hallazgo de los restos y, a pesar de nuestras peticiones, hasta ahora tampoco nos fue mostrado el documento firmado por los marinos que los localizaron”. -“Nosotros tenemos un área de criminalística en la que típicamente está incluida balística. Incluso uno de los integrantes es uno de los expertos en balística muy experimentado y fue por más de una década jefe de balística de la morgue de uno de los países más violentos. Esta persona tuvo reuniones con los expertos en balística de la PGR en sus laboratorios y participó con la PGR en la recolección de evidencias durante toda la primera etapa del trabajo en el basurero de Cocula, hasta que decidieron actuar por su cuenta. Otra duda que salta es ¿cómo sabía la PGR que iba a encontrar balas en esa inspección y que era innecesario invitarnos? En esa diligencia no sólo levantaron balas, también muestras de tierra que corresponden al área de criminalística”. -“No es correcto que hubiera habido un acuerdo común para dejar el basurero sin vigilancia; al contrario: tardaron por lo menos 20 días en volver a cerrar el basurero que estaba abierto al público cuando recogieron las evidencias balísiticas y muestras de tierra. ¿Cómo saber que no afectó a la investigación? Nosotros reiteramos lo dicho sobre la importancia de mantener cerrado el sitio por ser un lugar clave para la investigación”. -“Cuando llegó el EAAF (al basurero) estaba el procurador (director de la Agencia de Investigación Criminal de PGR), Tomás Zerón, una perito en antropología y mucha gente de seguridad. Cuando llegamos había ya todo un operativo”. -“Una cosa es decir que encontraron ‘tres zonas de ceniza’ en ese terreno (el basurero de Cocula) y otra distinta es asegurar cuándo ocurrieron esos incendios. Ellos hablan de un tema espacial y no incluyen el factor cronológico; las imágenes satelitales que incluimos muestran que desde el 2010 el basurero ha sido lugar de incendios. La PGR no indica esos tres focos de ceniza a qué incendios corresponden y los presenta así en la conferencia sobre Ayotzinapa. “¿Cómo están seguros de que el aluminio fundido presentado, por ejemplo, forma parte de los hechos del 26 y 27? Esa es una interpretación unidireccional. ¿Cómo se relaciona lo hallado con los eventos? ¿Cómo establecieron que eso se quemó esa noche si en ese lugar se quemaba permanentemente basura?”.
-“Si la PGR no tiene datos ante mórtem es algo que excede al EAAF porque fue decisión de las familias. En el análisis minucioso salió la mandíbula con las prótesis dentales. Esto significa que hay restos de otras personas, más allá de los normalistas, lo que puede implicar otras temporalidades. Con la evidencia física que estamos obteniendo se puede saber si tienen relación con el evento que estamos investigando, si parcialmente tienen relación, si eso ocurrió a una parte de los estudiantes y no a todos o si les ocurrió a todos; se abren muchas posibilidades. Por eso insistimos todo el tiempo en no interpretar evidencias unidireccionalmente, pues hay más de 200 personas desaparecidas en Iguala, la mayoría hombres. Mientras no se encuentre algo conclusivo o se pueda recuperar el ADN, no es posible asegurar que los restos del basurero correspondan a los 43 normalistas”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
El equipo argentino, con "historial de rigor científico incuestionable", asegura Santiago Aguirre.
Los padres de Ayotzinapa respaldan a los peritos argentinos; la credibilidad de las investigaciones de la PGR, depende de la intervención de ellos, sostuvo el abogado del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre. En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el defensor habló sobre la reciente confrontación pública entre el equipo argentino y la Procuraduría General de la República, luego de que el sábado pasado, los primeros pusieran en duda la llamada “verdad histórica” del caso de los normalistas desaparecidos. “Lamentablemente la Procuraduría reacciona con un boletín bastante duro… y es por eso que los familiares salen ante la opinión pública a defender a sus peritos, a reiterar su absoluta confianza en el Equipo Argentino de Antropología Forense, que tiene un historial de rigor científico incuestionable, que no puede compararse con el rigor que ha trabajado la Procuraduría en muchos casos de alto impacto“, comentó. Expuso que la PGR “salió a medios a comunicar lo que calificó como verdad histórica de los hechos”; en respuesta, las familias, enumeraron 10 puntos por los cuales no puede darse por concluida la investigación”. Los cuestionamientos de los argentinos a la investigación oficial, refirió Aguirre, confirman que la investigación del caso debe profundizarse. Indicó que los peritos argentinos sólo señalaron las irregularidades detectadas en el trabajo pericial, como que el basurero de Cocula, Guerrero, donde supuestamente calcinaron a los estudiantes, no fue asegurado. Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comprobó que en dicho basurero ha habido incendios al menos de 2010, lo que impide a la PGR decir que toda la evidencia física recabada es vinculante a un sólo evento de incendio, consideró Aguirre. “No se puede afirmar que todo lo que se recolectó estaría vinculado a un sólo hecho”, abundó el defensor. Además, los argentinos encontraron la existencia de restos humanos que no pueden vincularse a los 43 normalistas. Se trata de una prótesis dental, que no coincide con las historias dentales de los muchachos, “lo que indica la existencia de otros restos humanos” en el lugar. El defensor aseveró que si la llamada “verdad histórica” está sostenida en peritajes, que estos se abran al escrutinio público. Adelantó que “es inminente la llegada de los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a hacer verificación técnica sobre lo realizado por el Estado mexicano”, en el caso de los normalistas desaparecidos. Ante ello, sostuvo que el caso Ayotzinapa se encuentra abierto, y hay bastantes temas no resueltos; “tanto familiares como la sociedad tienen derecho a la verdad y justicia”, dijo. Por último, comentó que contrasta el “duro” comunicado de la PGR contra los peritos argentinos, con las recomendaciones de estos últimos, en el ánimo de participar en una “investigación de extrema relevancia para México”. Recordó que fue gracias al equipo argentino que se pudo detectar que la procuraduría a cargo de Jesús Murillo Karam envió información errónea a la Universida de Innsbruck, donde estudian los restos humanos hallados en Cocula, Guerrero.
Tras ello, Santiago consideró que la intervención del EAAF, “ya está probada que es indispensable” ante errores e incapacidades que ha mostrado la PGR. ENTREVISTA:
El Equipo Argentino de Antropología Forense "pone en duda la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República), ya que sus conclusiones son prematuras y están basadas en un análisis sesgado de la evidencia disponible", sostiene la organización internacional.
Las evidencias presentadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desafían la versión oficial del gobierno de México, sobre lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero, sostuvo la organización Amnistía Internacional. AI refirió que, según los especialistas argentinos, la autoridad no tomó en cuenta que “si bien no hay evidencia forense para vincular a los estudiantes desaparecidos a los restos humanos encontrados en el basurero en Cocula, sí existe clara evidencia de que al menos algunos de los restos pertenecen a víctimas no relacionadas con este caso”. “Como Amnistía Internacional ha subrayado en varias ocasiones, el gobierno sostiene su caso principalmente en los testimonios auto inculpatorios dados por los detenidos y evidencia forense muy limitada”, subrayó la organización en un comunicado difundido este martes. Además, Amnistía expresa su preocupación de que “la evidencia podría haber sido manipulada”. Y comenta que “acoge con satisfacción la participación de un grupo interdisciplinario de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte fundamental de este caso”.
“Al igual que con el EAAF, el gobierno debe otorgar acceso completo y todas las garantías necesarias en el desempeño de su tarea”, pidió. COMUNICADO: México. Comunicado AI by Aristegui Noticias:
Empresa China Railway Construction Corporation reclama indemnización por gastos tras la suspensión de la licitación del tren México-Querétaro.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmó que China Railway Construction Corporation presentó documentación necesaria para reclamar los gastos realizados por la suspensión indefinida de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro. “Sí hay una solicitud de ellos. Presentaron un documento y con eso dejan vivos sus derechos”, afirmó el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la dependencia, Pablo Suárez Coello. No han negociado En entrevista, Coello aclaró que hasta el momento no se ha negociado con la compañía y que solo han presentado los documentos.
“Tienen derecho a pedirla (indemnización) con amparo en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y sus similares. Pueden reclamar los viáticos de las personas que asistieron a la presentación de ofertas, juntas de aclaraciones, visitas al sitio y el fallo. Pueden presentar alguna fianza y los elementos de papelería y temas de oficinas”, precisó. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
En Jalisco, el índice de la privación ilegal de la libertad es un 29 por ciento más alto del que difunde la autoridad local, revela la PGR. A nivel nacional, la cifra de secuestros es un 73 por ciento mayor que la reportada por las instancias estatales, al considerar también los casos investigados por el Ministerio Público Federal.
La cantidad real de secuestros ocurridos en Jalisco en un periodo que comprende del 2007 a noviembre del 2014 es un 29 por ciento más alta de la que ha informado la autoridad local, pues ésta ha omitido todos aquellos que fueron indagados en la entidad por la Procuraduría General de la República (PGR). Registros de la PGR obtenidos por Reporte Indigo mediante un recurso resuelto por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) –debido a la reticencia que en un primer momento mostró la Procuraduría– revelan que en Jalisco, en ocho años, la cantidad de secuestros es mucho mayor que la reportada por el Gobierno estatal. Mientras los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), o del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan 279 secuestros del fuero común entre 2007 y noviembre del año pasado, en realidad ocurrieron 81 más, de los cuales se hizo cargo la delegación de la PGR en Jalisco. Hay casos emblemáticos de la actuación federal en este tipo de delitos que aquí suceden, como el del 21 de julio del 2012, cuando dos jovencitas de 14 y 15 años fueron secuestradas en el fraccionamiento Los Olivos, en Tlaquepaque, municipio del Área Metropolitana de Guadalajara. Las víctimas habían sido llevadas a una casa de seguridad, no muy lejos del lugar en donde habían sido privadas de la libertad, en la colonia Paseos del Prado; sólo nueve kilómetros de distancia separaban ambos puntos. El caso llegó a elementos de la Policía Federal. Su investigación los condujo al segundo lugar; ahí encontraron a las adolescentes en el suelo, con las manos atadas y con señas de haber sido abusadas sexualmente. La banda detenida por ese secuestro estaba integrada por cinco individuos que exigían 500 mil pesos por cada joven, para dejarlas en libertad. Esa averiguación previa no la llevó ni la cerró el Ministerio Público local, sino el federal, es decir, la PGR en su delegación Jalisco. La medición de la incidencia del secuestro en Jalisco y en el país se ha basado tradicionalmente en los registros del fuero común, es decir, en los que proveen las fiscalías y procuradurías locales con sus indagatorias, pero éstas son insuficientes para describir el tamaño real de ese delito. Hay toda una arista que se ha mantenido fuera de las miradas. La PGR elabora su propia estadística de incidencia del secuestro con base en los casos que toma en sus manos. Lo hace de esta manera porque tales privaciones de la libertad que atiende no son cometidas por rencillas personales o delincuentes primerizos, sino por grupos perfectamente estructurados que se dedican de lleno a este ilícito y a otros conexos, es decir, delincuencia organizada. El daño a la sociedad es el mismo aunque el secuestro sea perseguido por la Fiscalía General del Estado o la PGR. En los ocho años mencionados ocurrió un total de 360 secuestros en Jalisco; es el dato más aproximado de la realidad, tomando en cuenta las cifras de la PGR (sin considerar los casos no denunciados, que no son del conocimiento de las autoridades). A escala nacional las cosas cambian en un nivel incluso mayor. Los datos del SESNSP muestran una incidencia del secuestro en ese mismo periodo de 9 mil 671 delitos en el país, que fueron atendidos por autoridades estatales. Pero en verdad, hubo un 73 por ciento más de estos ilícitos, es decir, 7 mil 91 que fueron responsabilidad de la PGR, y que casi hacen duplicar la cifra del fuero común. De esta forma, la suma total del SESNSP y la PGR es de 16 mil 762 secuestros en el país desde 2007 hasta noviembre del año pasado. La otra parte En su segundo informe de gobierno, el jefe del Ejecutivo local, Aristóteles Sandoval Díaz, asegura que “en 2014 se registraron 68.1 por ciento menos casos de secuestro en comparación con 2013”. La mención del mandatario no hace distinción entre una incidencia del fuero común y otra federal, es decir, entre la de la Fiscalía General y la PGR, como si la segunda no existiera; sin embargo, existe. Esa afirmación del Ejecutivo estatal se basa solamente en los indicadores del SESNSP que apunta que en 2013 se dieron 69 secuestros en Jalisco y 22 en 2014; pero hubo más, en el primero la PGR indagó otros 12 ilícitos por su parte, y en el segundo, nueve más. Sí hubo una reducción importante del delito, pero fue del 61.7 por ciento –no del 68.1 como dijo el gobernante–, ya que pasó de 81 casos totales a 31. Por tanto, durante la actual administración estatal del PRI en Jalisco han ocurrido 112 secuestros en total: 91 investigados por la Fiscalía local, y 21 más por la PGR, esto es, casi una cuarta parte más (23 por ciento) de lo que informa el Gobierno estatal. Mientras que en el sexenio anterior del exgobernador panista Emilio González Márquez, cuando la violencia ligada con el crimen organizado detonó en el Estado, sucedieron en verdad 248 secuestros, y no los 188 que muestran las estadísticas del SESNSP de 2007 al 2012, que sólo presenta las del fuero común. Esto se debe a que durante el mandato de González Márquez la PGR atendió 60 secuestros en el territorio estatal, lo que hace crecer esta incidencia casi una tercera parte más (en 31.9 por ciento exactamente) de la que se sabía hasta ahora. Ahora bien, a nivel federal esta perspectiva también debe modificarse. El 21 de enero pasado, el coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales, de la Secretaría de Gobernación, aseguró que este delito había bajado en el país un 18 por ciento de 2013 a 2014, al pasar de mil 698 averiguaciones a mil 394.
Es correcto, pero de nuevo, solo mencionó las cifras del fuero común y omitió las labores de la PGR. En 2013 y 2014, los primeros del Gobierno federal en manos del PRI, se dieron 3 mil 92 secuestros, de acuerdo con el SESNSP y las autoridades estatales, pero hay otros 2 mil 29 que investigó la PGR en esos dos años, es decir, un 65.6 por ciento más. Por tanto, son 5 mil 121 secuestros en total en ese par de años. Sí hubo una disminución en un años, pero fue del 15.5 por ciento, pues la cantidad pasó de 2 mil 777 en 2013 a 2 mil 344 en el 2014. Las limitantes La información de la PGR tiene una limitante relevante: de los 7 mil 91 secuestros que investigó en el país del 2007 al 2014, únicamente 2 mil 834 (el 40 por ciento) puede desglosarlos por el estado donde se dio el ilícito, pues en su mayoría (4 mil 257, el 60 por ciento del total) fueron indagados por áreas centrales como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Por tanto, la incidencia por estado debe ser aún mayor. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe), se estimó que sólo en 2012 ocurrieron 105 mil 682 secuestros en todo el país. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: LUIS HERRERA.
MÉXICO, D.F: Parece que los consejeros del presidente Enrique Peña Nieto son sus peores enemigos, pues cada nuevo anuncio es menos creíble que el anterior y únicamente sirve para incrementar la desconfianza y debilitar la gobernabilidad. El anuncio de esta semana cumple dichas condiciones: muestra un presunto nuevo plan contra la corrupción, acompañado de un descuidado discurso presidencial y de una mala selección del funcionario encargado de aplicarlo, que tiene una encomienda increíble. En esta ocasión no se recurrió a la parafernalia oficial. Simplemente se convocó a una rueda de prensa, en la que Peña Nieto hizo el anuncio. Como en todos los casos anteriores, entrelaza nuevas iniciativas con acciones ya en marcha (que en poco o en nada han contribuido a mejorar el ejercicio gubernamental o la imagen presidencial), pero con un mensaje lleno de contradicciones. Al inicio de su mensaje enfatiza que su actuar “se ha apegado al marco jurídico vigente” y que ni siquiera ha incurrido en ningún conflicto de interés, puesto que “el presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios”. Pero se preocupa porque “los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió”. Y señala que el tercer tipo de conflicto de interés que identifica la doctrina en la materia son “los aparentes, en donde existe la percepción o la sospecha de que hay un conflicto de interés, sin que en realidad exista influencia indebida en la toma de decisiones, ni violación legal alguna”. Así, Peña Nieto no únicamente se autoexculpó de cualquier delito o irregularidad administrativa; incluso ubicó su caso dentro de lo que él denominó la doctrina sobre los conflictos de interés. Pero, sabiendo que su veredicto no sería confiable para la opinión pública, concluyó su discurso con un énfasis: “Reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor”. En el mismo acto y discurso nombra a su investigador; lo instruye para que lo investigue y le dicta la resolución. Sin embargo, para dejar claro que no entiende lo que es un conflicto de interés, quien debe cumplir su encomienda es Virgilio Andrade, que además de ser su subordinado es un viejo y entrañable amigo de otro de los investigados, Luis Videgaray, titular de Hacienda. También es un probado defensor de las causas priistas, primero como representante suplente de dicho partido ante el Consejo General del IFE y, posteriormente, como Consejero Electoral, de 2003 a 2010. Andrade está vinculado a grupos políticos del Estado de México, desde que en 1989, cuando sólo tenía 22 años, fungió como coordinador de asesores del entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, Augusto Ponce Coronado, quien había sido coordinador de campaña de Jorge Jiménez Cantú (gobernador del Estado de México de 1975 a 1981). Al día siguiente de su designación, en entrevista con el periódico Reforma, Andrade también contribuyó a desacreditar su encomienda: dejo claro que lo único que investigará es la asignación de los contratos de obras públicas federales (en lo que va del sexenio) a los dos constructores involucrados en la venta de las casas. Anticipó que no revisará los beneficios extraordinarios que obtuvieron Angélica Rivera, Peña Nieto y Videgaray por el trato privilegiado que recibieron de los vendedores de sus casas, ni mucho menos las fortunas de los dueños de las constructoras. A Angélica Rivera le vendieron una casa de 86 millones de pesos en 54 millones, es decir, con un descuento de 37% y con un crédito no bancario a una tasa preferencial de 9% anual, en el momento en que las tasas promedio se encontraban en 12%. A Videgaray le facilitaron otra casa de más de 11 millones de pesos en sólo 7.5, es decir, un descuento de 35%, le permitieron pagar un enganche del 8% de ese valor y le financiaron el 92% restante a una tasa de interés de 5.31% anual, cuando la tasa promedio era de 12%. En el caso de Peña Nieto, se sabe menos de las condiciones en las cuales los San Román le vendieron su casa en Ixtapan de la Sal, pero es un hecho que el valor promedio del metro cuadrado subió en estos 10 años en 75% (él compró los 2 mil 138 metros cuadrados en aproximadamente mil 900 pesos por metro, y hoy el terreno más barato vale 3 mil 300 pesos por metro cuadrado). Los tres recibieron grandes beneficios. Y las dos constructoras también vieron crecer sus contratos con el gobierno del Estado de México, primero, y luego el federal. El Grupo Higa, en los nueve años que Peña Nieto ha encabezado un gobierno, ha recibido contratos por 60 mil millones de pesos, y las empresas de Roberto San Román obtuvieron encargos del Estado de México por más de 100 millones de dólares y han recibido 11 contratos en lo que va de la actual administración federal. Ni Peña Nieto ni Videgaray estuvieron en los procesos de adjudicación, pero sí instruyeron para que se les otorgaran los contratos; difícilmente se puede encontrar otra explicación a su repentino y vertiginoso crecimiento. Nada de esto aparecerá cuando revisen los procesos de asignación; seguramente los funcionarios responsables de los mismos cubrieron todos los requisitos legales y, si no ellos, Andrade tendrá el cuidado de hacerlo, pues sólo él tendrá acceso a la documentación correspondiente. El conflicto de interés tiene que investigarse desde las dos partes: los funcionarios públicos involucrados y las compañías ganadoras, no únicamente revisando los procesos de asignación de los contratos, sino su operación global. Pero Andrade ya dejó claro que tendrá el cuidado de no hacerlo así; él investigará donde no encontrará nada ilícito o irregular.
Los nuevos anuncios presidenciales de combate a la corrupción logran exactamente el efecto contrario al que pretenden, por lo burdo y desaseado de la maniobra. La simulación nació muerta. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: La Lotería Nacional (Lotenal), que ya no es más de asistencia pública, está en curso de privatizar la distribución de sus productos de juego y el favorecido será –como en otros casos– un amigo de Enrique Peña Nieto: Ricardo Martín Bringas, dueño de la cadena de supermercados Soriana. Este proyecto privatizador está expuesto en el Programa Institucional de la Lotenal que diseñó su directora, María Esther Sherman Leaño, para afrontar la severa crisis que padece el organismo que, desde 2008, no destina ni un solo peso a la beneficencia, informa esta semana el semanario Proceso. Entregada por Vicente Fox y Felipe Calderón a Elba Esther Gordillo y sus esbirros, como Francisco Yáñez y Benjamín González Roaro, la Lotenal despedirá a miles de vendedores de los billetes y cederá la comercialización a Soriana, según el Programa Institucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2014. “Es urgente revitalizar la fuerza de ventas a través de nuevos esquemas, de manera que paulatinamente vayan suprimiendo a los vendedores ambulantes de billetes”, expone el documento que forma parte del reportaje firmado por Arturo Rodríguez. Y es que, que tras adquirir Comercial Mexicana, Soriana se convirtió ya en la segunda cadena de tiendas de autoservicio más grande de México –sólo detrás de Walmart– y, de acuerdo con la priista Sherman Leaño, es el nicho de mercado idóneo para los productos de la Lotenal: “Se ha tenido acercamiento con empresas de reconocimiento a nivel nacional para la comercialización de nuestros productos mediante diferentes mecanismos. Como ejemplo podemos mencionar a la cadena de tiendas departamentales Soriana, la cual comercializa nuestro sorteo electrónico denominado Tu Suerte en Segundos, con nuevas posibilidades de crecimiento, debido a las adecuaciones que se realizan para un nuevo lanzamiento, eficientando el producto para comercializarlo en diversas tiendas de conveniencia a través de las cajas registradoras”. ¿Cuánto dinero representa la comercialización de los productos de la Lotenal, entre ellos los billetes de los sorteos semanales? Scherman no lo precisa, pero se trata de un negocio que, como otros en el sexenio –el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, en primerísimo lugar–, tiene el sello de la casa: La amistad con Peña. Aunque más discreto que otros contratistas del gobierno, en 2012 el empresario lagunero Ricardo Martín Bringas asistió a actos públicos y privados para respaldar a Peña y luego estuvo en medio del escándalo de compra y coacción del voto a favor del candidato presidencial priista. El 14 de mayo de 2012, a mes y medio de las elecciones, Martín Bringas fue a una reunión privada con Peña en la casa particular del gobernador priista de Coahuila, Rubén Moreira, en Saltillo, y dos semanas después asistió a otro acto, en Gómez Palacio, con el candidato priista, esta vez acompañado de su primo Eduardo Tricio, dueño de Grupo Lala. Ricardo Martín Bringas forma parte de los consejos de administración de empresas como Vitro, Telmex y Banamex, pero también participa en aviación con Aeroméxico y en el sector energético, con la construcción de plantas eólicas. Según la revista Forbes, los Martín Bringas forman parte del elenco de los personajes más ricos del país, con una fortuna conjunta que supera los 3 mil 200 millones de dólares. En 2012, el entonces aún diputado federal y actual director de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), Mario di Constanzo, afirmó que los Martín Bringas cotizaban en la Bolsa como Gigante, la cadena que compró Soriana, y que no pagaban impuestos. “Utilizan prácticas que les permiten eludir impuestos. En 2011 Soriana, sin incluir Gigante, tuvo ventas por 98 mil 200 millones de pesos y pagó de impuestos mil 392 millones. Eso es 1.7% de ingresos. En contraste, Pemex pagó 54% de ingresos en impuestos ese año.” Más aún, Soriana tuvo impuestos diferidos: Dejó de pagar 8 mil 276 millones de pesos, mientras que Gigante registra impuestos diferidos por mil 756 millones de pesos. “Más que por negocio compraron Gigante por las ventajas fiscales, es un negocio que difiere impuestos y nunca los pagará”, advirtió Di Constanzo, quien aseguró que en el primer trimestre de 2012, nueve estados priistas suscribieron contratos con Soriana por 2 mil 200 millones de pesos.
“Dos mil 200 millones de pesos, que son los contratos que subieron, digamos a 300 pesos cada despensa (que es cara), tienes 7 millones 33 mil despensas. Esa es la cantidad de voluntades que se pudieron comprar”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)
NUEVO BALSAS, Gro: Habitantes de esta población cerraron los accesos de la minera canadiense Media Luna para exigir seguridad al gobierno, luego de que la policía comunitaria rescatara a 12 personas que fueron secuestradas desde el viernes por una célula criminal al servicio del grupo criminal “La Familia”. Los pobladores reprocharon que el gobierno estatal brinde seguridad a los trabajadores de la empresa extranjera y deje a su suerte a las personas que viven en esta zona minera. Al respecto, recordaron que desde hace cuatro años un grupo de al menos 70 agentes del Instituto de la Policía Auxiliar del estado de Guerrero (IPAE) brindan seguridad privada a la minera Media Luna a través de un convenio económico con el gobierno estatal. Los policías estatales resguardan a los ingenieros, contratistas y trabajadores de la minera que viajan diariamente de Iguala a este poblado, ubicado en el denominado “cinturón de oro” de Guerrero y enclavado en la rivera del Balsas. Esta franja, además de su vocación minera, agrícola y pesquera, es considerada un corredor estratégico del narcotráfico; es común el trasiego de heroína y mariguana que se produce en la Sierra. Luego del secuestro masivo de personas que se reportó desde el viernes, los pobladores apoyados por policías comunitarios decidieron cerrar las oficinas de la minera canadiense como medida de presión para que los directivos de la empresa y autoridades gubernamentales se involucren en el tema de seguridad para la región. “Se trata de que el gobierno le brinde seguridad a todos y no sólo a los trabajadores de la minera”, indicó un líder de la policía comunitaria que advirtió que las oficinas de la empresa permanecerán cerradas hasta que el gobierno revierta la inseguridad y violencia. Esta mañana, decenas de trabajadores de la minera se regresaron a Iguala debido a que los pobladores impidieron las labores de extracción de oro y plata. La presión en contra de la minera canadiense obligó a los directivos de la empresa a ceder a la petición de que la policía estatal que realiza funciones de seguridad privada también resguarde a los ciudadanos de este lugar. Hace tres días se registró el secuestro masivo de personas en esta vía y por ello, los habitantes de Nuevo Balsas, La Fundición y Real del limón decidieron tomar las armas para enfrentar directamente a la delincuencia Ayer, los guardias comunitarios rescataron a 12 personas, cinco de ellos trabajadores de la minera, durante un operativo donde uno de los secuestradores murió y otro más fue detenido. El número de personas retenidas no es preciso; sin embargo, de acuerdo con las víctimas que fueron liberadas, se trata de al menos 18 personas las que fueron privadas ilegalmente de su libertad en distintos puntos de esta zona. Hasta el momento, los guardias comunitarios mantienen retenes en entradas y salidas del lugar. De manera paralela realizan labores de rastreo en los cerros para tratar de ubicar a más víctimas y detener a Uriel Wences Salgado La Burra, señalado como responsable del secuestro y vinculado al grupo delictivo La Familia. El Ejército y la Policía Federal se han sumado a los operativos de la guardia comunitaria de los pueblos de la zona minera de Cocula.
Por su parte, 11 de las 12 personas rescatadas fueron trasladadas, bajo resguardo militar, a la ciudad de Iguala para rendir su declaración ante el Ministerio Público del fuero común. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTREERAS.
Después de meses de espera el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha informado que tiene lista la comisión que se encargará de investigar cómo fue la postulación del ex alcalde de Iguala, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos, José Luis Abarca. Carlos Navarrete, presidente del partido, ha declarado que será el día jueves cuando se lleve a cabo la primera reunión con los integrantes de la comisión para iniciar los trabajos. Expresó que el retraso para integrar la “Comisión Abarca”, encabezada por Pablo Gómez, fue por el exceso de trabajo que ha tenido el partido producto del actual proceso electoral. Así que el PRD parece preocuparse por asegurar su futuro antes de resolver los grandes problemas de su pasado inmediato. “No ha podido avanzar por un exceso de trabajo en la agenda de los integrantes. Espero que esta misma semana podamos convocarlos para que inicien actividades, son cuatro integrantes, la vez pasada no pudimos integrarla, la convocamos, no llegaron todos, y estamos tratando de esta semana acomodar las agendas de los integrantes para que puedan acudir, instalarla, darle banderazo de salida y que empiece a trabajar en los 60 días que tiene de plazo”, justificó Navarrete.
Cabe señalar que, de acuerdo con lo estipulado el 29 de noviembre pasado, la comisión deberá entregar respuestas sobre quién apoyó a Abarca en su postulación en un plazo no mayor a 60 días. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 AUTOR: REDACCIÓN.
El PAN busca impulsar que la ASF audite las finanzas en tiempo real. El PRI no quiere ceder en ese punto, pues esto obligaría a revisar lo realizado por el Gobierno Federal.
La realización de auditorías en tiempo real es el tema que ha detenido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El PAN trata de impulsar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueda auditar las finanzas públicas de forma inmediata y no con un año de posterioridad, como ocurre actualmente. Aunque se ha dicho que se llevan avances en un 95 por ciento de las negociaciones, este es uno de los últimos temas en los que el PRI no ha querido ceder. Hacer auditorías en tiempo real implicaría que la ASF pueda auditar obras, adquisiciones o contratos en el momento que se llevan a cabo. Aun así, la Cámara de Diputados podría estar cerca de llegar a un acuerdo para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y esta semana podría tener avances decisivos para su aprobación. Luego de que el PRI y el PAN mantuvieran diferencias en torno a lo que aceptarían como marco legal para combatir la corrupción, esta semana se podría dar a conocer un calendario de trabajo para la discusión en comisiones. Sin embargo, la negociación se ha realizado en privado entre ambos partidos y las diferencias se centran básicamente en la realización de estas auditorías, por las que pugna el PAN. Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, aseveró que se ha dado largas al asunto y retó a que el asunto deje ya el ámbito de lo privado y se lleve a comisiones. “Solamente sometiendo a votación un dictamen va a quedar clara cuál es la posición de cada uno frente a este Sistema Nacional Anticorrupción”, retó. Más facultades para auditores El Sistema Nacional Anticorrupción contendrá una parte preventiva, otra de investigación y una de sanción. En la parte preventiva se instituirá un consejo nacional encargado de lanzar políticas públicas y campañas para alertar a la población sobre la comisión de actos de corrupción y fomentar la denuncia. En el área de investigación, los legisladores de oposición buscan que la ASF tenga más facultades para que pueda revisar desde la licitación de una obra, la asignación de los contratos, el desarrollo y su conclusión. Actualmente, la ASF solo puede revisar licitaciones, contratos y obras hasta un año después de que se hayan concluido o se haya realizado el gasto. Fuentes cercanas a la negociación aseguraron que la bancada del PRI tiene la instrucción del Ejecutivo de no dejar pasar “por ningún motivo” una reforma que permita las auditorías en tiempo real, pues esto obligaría a la ASF a revisar lo realizado por el Gobierno Federal. La discusión de esta reforma coincidió con la aparición de varios escándalos públicos en los que se involucró a funcionarios y exfuncionarios. Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción se busca que sean auditables también los gastos municipales y estatales, y no solo los del ámbito federal, como ocurre actualmente. Con estas medidas se busca combatir el impacto que sobre la economía tiene la corrupción. Corrupción que cuesta Según cifras del Fondo Monetario Internacional, la corrupción le cuesta a México 9 puntos del Producto Interno Bruto al año. Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 103 de 175 en un índice de países corruptos. En el 2010, por ejemplo, se detectaron 200 millones de actos de corrupción que costaron, en promedio, 165 pesos a cada mexicano mayor de edad. Para los legisladores, la aprobación y puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción es una oportunidad para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones. “Que se reconcilie, ése es un tema que tenemos que trabajar juntos: lograr reconciliar a los mexicanos con las instituciones, con las autoridades. Lograr fortalecer la credibilidad, pero con actos certeros, con actos de congruencia. De un ejercicio ético de las funciones que a cada quien le corresponden”, dijo Angelino Caamal, diputado por Nueva Alianza. Llevarán la batuta Otro tema que ha detenido el avance del Sistema Nacional Anticorrupción es el otorgamiento de facultades a las autoridades encargadas de perseguir la corrupción. El PRI propuso la creación de un Consejo Nacional de Integridad Pública que estaría encabezado por el presidente de la República y otros funcionarios. El PAN se opuso al argumentar que se daría el control de las investigaciones contra la corrupción a servidores públicos que en algún momento podrían estar sujetos a investigación. Al final, el PRI accedió a modificar la estructura del Consejo y, aunque en un principio se había dicho que de daba marcha atrás en su conformación, el coordinador de los legisladores priistas, Manlio Fabio Beltrones, ha expresado la urgencia para su conformación. Los partidos de oposición, en tanto, se han referido a la oportunidad que representa aprobar un verdadero marco legal que combata la corrupción. “Que no solamente sean reformas de papel o un discurso que el PRI le permita al PAN y donde los dos se quieran lavar la cara de los actos de corrupción que cometen miembros de su partido”, expuso Lilia Aguilar, diputada por el PT. Aunado al empantanamiento de las negociaciones del Sistema Nacional Anticorrupción en la Cámara de Diputados, en el Senado se dio carpetazo al nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción.
El PAN en la Cámara Alta decidió que no podía realizar el nombramiento en tanto no se otorgaran facultades específicas al fiscal pues, como se establece en la Ley de la Fiscalía General de la República que se encuentra en discusión, el fiscal anticorrupción sería subordinado al fiscal general. “Por eso no lo nombramos, si lo hubiéramos nombrado, no tendría facultades ni para sacar copias si no le pide permiso al Procurador General de la República, no podría iniciar una investigación, no tiene policía, no tiene agentes ministeriales, no tiene agentes investigadores; es decir, es un Fiscal decorativo que para poder actuar tiene que pedirle permiso al Procurador General de la República”, expuso Jorge Luis Preciado, coordinador de los senadores del albiazul. Aunque la convocatoria fue lanzada en los últimos meses del 2014 y fueron entrevistados todos los ciudadanos que se postularon, el Senado decidió declarar desierta la competencia por la falta de consenso en torno a un candidato.
Se prevé que esta semana el Senado emita nuevamente la convocatoria para el nombramiento del fiscal y, según fuentes de la Cámara Alta, se invitará a participar a personalidades de renombre que “inspiren confianza a la ciudadanía”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
VILLAHERMOSA, Tab: Alrededor de cinco mil campesinos y pescadores de la entidad salieron a las calles este lunes y emplazaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que pague los daños por contaminación, de lo contrario, advirtieron, bloquearán masivamente las instalaciones de la empresa productiva. Procedentes de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Paraíso, Centla, Huimanguillo, Comalcalco y Cunduacán, entre otros municipios, los inconformes exigieron pagos por afectaciones a cultivos, cuerpos de agua, animales de traspatio y viviendas. Los campesinos y pescadores marcharon y realizaron un mitin frente a la llamada “Pirámide de Pemex” de esta capital, donde tiene sus oficinas Pemex Exploración y Producción (PEP) Región Sur, misma que mantuvieron bloqueada por 44 días –entre julio y agosto del año pasado– para exigir el pago por daños. La empresa se comprometió a hacerlo, para hasta ahora no ha cumplido. El conflicto entre Pemex y las comunidades rurales de la entidad se agudizó a partir de la explosión del pozo Terra 13 en Oxiacaque, Nacajuca, en octubre de 2013, que permaneció sin control hasta diciembre de ese año. La diputada local perredista Verónica Pérez Rojas, cabeza del movimiento contra Pemex, informó que durante el plantón de julio y agosto la empresa ofreció que en diciembre pasado tendría listos los dictámenes para el pago de daños a más de 48 mil familias afectadas, pero incumplió. “Hasta ahora Pemex no ha resarcido absolutamente ningún daño. Esta manifestación es una muestra de que el pueblo no está dormido ni muerto”, manifestó la legisladora y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas Agrarios del Congreso local. Los inconformes dieron a Pemex hasta el próximo domingo 15 como plazo para que declare procedente los reclamos. En caso contrario, volverán a bloquear pozos, oficinas y otras instalaciones petroleras, como ocurrió el año pasado. La “Pirámide de Pemex” estuvo resguardada por decenas de policías antimotines, y los manifestantes se retiraron luego de poner el ultimátum a la empresa para que pague los daños. En diciembre pasado el gobernador Arturo Núñez informó que en 2015 Pemex otorgaría al estado 826 millones de pesos de manera directa. Y reiteró que su gobierno quería consolidar una nueva relación con la empresa que trascienda más allá de las donaciones o pago de indemnizaciones. Froylán Gracia Galicia, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, detalló en aquella ocasión que las aportaciones preveían 100 millones de pesos en efectivo para obras y servicios. Además, 11 mil toneladas de asfalto y 17 millones de gasolina y diesel que, en conjunto, superan los 417 millones de pesos.
También apoyos para infraestructura de beneficio mutuo y para el Programa de Acción Comunitaria y Medio Ambiente (PACMA), que establece que las empresas contratadas por Pemex deberán aportar el 2% al desarrollo social en las localidades donde opera. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Pobladores de los municipios de Chenalhó, Teneja, Solistahuacán, Simojovel e Ixtapa volvieron a salir a las calles para protestar contra sus respectivas autoridades por el presunto desvío de recursos, abuso de autoridad e incumplimiento de obra pública. Además, mantienen retenidos a funcionarios municipales para hacerse escuchar. Las manifestaciones comenzaron desde el pasado sábado 7. Ese día, habitantes de más de una docena de comunidades e integrantes de diversas organizaciones políticas y sociales se dieron cita en la cabecera municipal de Chenalhó, para exigir que el alcalde José Arias Vázquez aclare el uso y destino de los recursos públicos destinados a la construcción de caminos, puentes, sistemas de agua potable y construcción de espacios públicos. El alcalde no dio una respuesta satisfactoria a los pobladores, por lo que éstos realizaron una asamblea un día después en la cabecera municipal y lo desconocieron. No contentos con ello, habitantes del ejido Puebla retuvieron al alcalde, al síndico y al tesorero de la comunidad. En Tenaja, que se rige por usos y costumbres, el pueblo decidió sustituir al alcalde Esteban Guzmán Jiménez por supuesto desvío de recursos del erario, y en su lugar nombraron a Antonio Sántiz Guzmán. Los diputados del Congreso local informaron que el oficio de destitución se turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales “para su análisis y dictamen procedente”. En Pueblo Nuevo Solistahuacán, alrededor de 3 mil personas salieron este lunes a las calles para protestar contra el nuevo consejo municipal nombrado por el Congreso local, a propuesta del PRD y PVEM. Los inconformes señalaron que los funcionarios impuestos son gente de alcalde destituido y actualmente preso, Enoc Díaz Pérez, acusado de los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Incluso detallaron que la nueva presidenta del consejo municipal, Alejandra Maldonado, es esposa de uno los guaruras de los 18 servidores públicos que se encuentran prófugos, además de que tiene como asesor a Emilio Hernández, el mismo que trabajaba con Díaz Pérez. Precisaron que otro de los nuevos integrantes del consejo municipal, Juvencio Ruiz, era operador del exalcalde preso en la comunidad de Las Palmas, donde continúa como comisariado ejidal. En el municipio de Simojovel, el pueblo creyente anunció que ante la situación de violencia que priva en la región y en protesta por la corrupción, complicidad e impunidad de las autoridades, del 23 al 26 de marzo harán peregrinaciones a esta capital. Clérigos y religiosos del pueblo creyente de la parroquia de San Antonio de Papua han realizado en Simojovel al menos cinco marchas para exigir seguridad en ese poblado ubicado al norte de Chiapas. Como respuesta han recibido nuevas amenazas de muerte y la omisión gubernamental. Los pobladores de ese municipio denunciaron que ha sido tal la impunidad que el 27 de octubre pasado tres jóvenes del Barrio Belén, quienes forman parte del equipo de guaruras de Ramiro y Juan Gómez –presuntamente vinculados con la delincuencia organizada en la región–, entraron al templo cortando cartucho con pistolas calibre 38. El pueblo creyente de Simojovel señaló que en la comunidad gobierna la corrupción y que detrás del rechazo del alcalde Javier Guzmán Hernández para cerrar las cantinas del municipio, hay grandes intereses como el tráfico de drogas. En Ixtapa, otro municipio indígena de Chiapas, los pobladores se inconformaron contra su alcalde, José Antonio Ochoa Aguilar, después de que se dio a conocer que la Contraloría Interna del ayuntamiento detectó un presunto desvío de recursos públicos por más de 37 millones 940 mil pesos por obras “fantasmas” y pagos de salario a “aviadores”. Con documentos que prueban sus dichos y luego de que el síndico municipal, Gregorio de Jesús Sánchez Ramírez, solicitó una auditoría, se concluyó que Ochoa Aguilar ha ejercido indiscriminadamente esos recursos, en colaboración con el tesorero municipal, Lenin Roosevelt Bautista Orantes, quien realiza el papeleo para justificar el pago excesivo. Ejemplo de este gasto injustificado es la supuesta construcción de caminos “saca cosechas” con un costo de 760 mil pesos, de los cuales no hay evidencia de su ejecución, pero ya fueron pagados.
Otros municipios como Tila, Yajalón, Chiapa de Corzo y Tapachula, entre otros, también han tenido conflictos con sus alcaldes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
MÉXICO, D.F. (apro).- De nueva cuenta, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, descartó la cancelación de las elecciones en Guerrero, pese a las presiones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). “Nosotros estamos en la ruta de que habrá elecciones, pero por supuesto tenemos que ir construyendo esas condiciones, y esa construcción, como decía hace un momento, es responsabilidad del INE, pero también de otros actores sociales y políticos”, dijo en entrevista después de la inauguración del foro “Hacia una Constitución para la Ciudad de México”, realizada en el antiguo recinto del Senado de la República. Además, comentó que sigue el proceso de capacitación electoral en Guerrero y Michoacán pese a los problemas de inseguridad. Sin embargo, apuntó, hasta el momento no ha sido necesario pedir el apoyo de las fuerzas armadas. “No, hasta el momento no. La colaboración y la disposición de las fuerzas armadas para con el Instituto Nacional Electoral es total, cosa que se agradece”, indicó. “Como ustedes saben, la participación de las mismas fuerzas armadas, en algún momento del proceso, se da para la distribución de los materiales, pues el resguardo de los materiales en las sedes del instituto es fundamental; así ha ocurrido y no es una situación anormal, pero hasta el momento no ha habido necesidad de recurrir a ningún tipo de respaldo en este sentido”, acotó. Respecto si existen “focos rojos” electorales, Córdova Vianello señaló que no sólo es Guerrero, sino que “el país está lleno de problemáticas diferentes con las que tenemos que sortear, algunas de inseguridad, otras de conflictividad social” y con eso lidiará el INE. Entonces, “evidentemente hay siempre particularidades que implican una actuación especial, en el caso de Guerrero pues son obvias. Pero la capacidad de adaptación del instituto nos ha permitido, al día de hoy, estar en tiempo con los calendarios”, agregó. En cuanto a los problemas de fiscalización de los gastos de precampaña y campañas electorales, comentó que el jueves 19 determinarán si rescinden el contrato a la empresa que incumplió con el plan respectivo aunque destacó que tienen el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por lo pronto, “estamos conscientes de que se trata de una decisión muy delicada, y tenemos que tener absoluta certeza, tanto técnica como jurídica, como administrativa, de que vamos con pies de plomo, sea cual sea la decisión que se tome en su momento”, reconoció. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
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