Bajo la mirada indolente de Rolando Zapata Bello y su principal operador, Víctor Caballero, el pueblo yucateco padece la violación a sus garantías individuales; inseguridad, tortura, represión y censura conforman la realidad del estado.
"En Yucatán no te matan las balas, te mata la impunidad”. Esta es la realidad que se vive en la entidad, donde la comisión de delitos es cobijada por las autoridades del gobierno que encabeza Rolando Zapata Bello. Lejos del paraíso que supuestamente representa el estado, el pueblo yucateco vive diariamente la violación a sus derechos humanos, ante la mirada indolente de quien es señalado como el que “mueve los hilos” del poder: el secretario de Gobierno local, Víctor Caballero Durán. Mientras el mandatario yucateco pregona que la entidad es segura, con bajos índices delincuenciales, la violación a las garantías individuales es común: desde los asaltos, hasta casos de “levantones”, tortura y, por supuesto, de represión y censura, son los principales males que padece la población. La situación empeora cuando algún ciudadano se atreve a señalar los errores, pifias, anomalías e irregularidades de la administración estatal, pues puede ser víctima de persecución, amenazas o hasta despidos injustificados si quien osó cometer ese “pecado” es un servidor público. Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Yucatán señalan como protagonista de muchos de los males de la entidad al secretario de Gobierno, a quien responsabilizan en buena medida de controlar y reprimir cualquier movimiento que hagan los yucatecos y que contravenga los intereses del gobierno de Rolando Zapata Bello. Un ejemplo es el despido injustificado del doctor Antonio Plascencia, del Centro Estatal de Dermatología, quien reveló las anomalías en que incurre el funcionario y su vínculo directo con un fraude millonario. Es el ex gobernador del estado, el panista Patricio Patrón Laviada, quien describe la situación crítica de Yucatán, donde, afirma, no existe esa tranquilidad de la cual presume la administración de Zapata Bello. Por el contrario, acusa que hay una absoluta colusión de los Poderes locales, en el que hay una sumisión al Ejecutivo estatal y a intereses oscuros para privilegiar a unos cuantos, además de que en materia de seguridad, dista mucho de ser verdadera la imagen de estado tranquilo que se presenta fuera de las fronteras de la entidad. Michoacán en Yucatán Grupos de la sociedad civil exigen que cesen los actos de represión en contra de la ciudadanía, particularmente de los grupos que piden justicia por las diferentes irregularidades cometidas por los funcionarios del gobierno estatal. El reclamo para el gobernador Rolando Zapata Bello es precisamente porque como Jefe del Ejecutivo en la entidad, consiente las acciones del que es conocido como el “hombre tras el trono”, Víctor Caballero Durán, secretario de Gobierno de Yucatán. Martha Capetillo, integrante del Equipo Indignación, organización defensora de los derechos humanos en el estado, señala que, por ejemplo, la práctica de la tortura persiste en Yucatán. Y que a pesar de que hay diversos casos que se han documentado y denunciado, no ha habido el más mínimo interés del Gobierno local en sancionar a los responsables. El organismo defensor de derechos humanos señala que es preocupante que la sociedad yucateca haya naturalizado la tortura, por lo que no se debe permitir que bajo el argumento de que Yucatán es un estado seguro, se siga minimizando la tortura. Fraudulento Mientras que el gobernador Rolando Zapata Bello destaca lo apacible y tranquilo que vive el estado, en su interior se desatan los gritos de auxilio y de justicia que demandan miles de yucatecos ante diversas injusticias que cometen integrantes de su propio gabinete. La sociedad yucateca critica el despido injustificado del doctor Antonio Plascencia Gómez, del Centro Estatal Dermatológico, dependiente de la Secretaría de Salud estatal, quien se atrevió a señalar al secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, como partícipe de un escándalo mayor. A través de las redes sociales difundió que luego de varias indagaciones y testimonios de más de 800 afectados, se descubrió que Victor Caballero Durán, recibió dinero de los empresarios de Crecicuentas, desde antes de estar en su actual puesto. Las revelaciones hechas por Plascencia Gómez, que en buena medida ya eran del dominio público, provocó su despido y una persecución en su contra, por lo que también se sumó a la lucha de quienes son conocidas como las “Abuelas de la Plaza Grande”, personas de la tercera edad que igual fueron víctimas del fraude. A pesar de que se han presentado más de 196 demandas ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el fraude con los posibles responsables, no se ha hecho justicia. Secuaz transexenal Otro de los aspectos donde afloran las anomalías del gobierno de Rolando Zapata Bello es la protección que le ha otorgado a su antecesora, la actual secretaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Ivonne Ortega Pacheco. La diputada local de Acción Nacional, Judith Virginia Malta Monforte, revela que, por ejemplo, sigue sin resolverse el desfalco que dejó el ex director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Yucatán (Isstey) y actual candidato del PRI a la alcaldía de Mérida, Nerio Torres Arcila. Señala que los más de dos mil millones de pesos que se les descontaron a los trabajadores no llegaron a las arcas del Instituto; además, indicó que se cometió un fraude en contra de los habitantes de la localidad de Ocú, a quienes durante la gestión de Ortega Pacheco les compraron sus ejidos a un precio barato, lo mismo que algunas reservas territoriales; sin embargo, a más de cinco años, no se les han pagado. Precaria la economía
Aunque el gobernador Rolando Zapata Bello presume de la bonanza económica que vive el estado, los yucatecos carecen de lo necesario para subsistir, acusa el PAN local. “En el terreno económico se dice va bien, pero en realidad no es así, no es lo que uno quisiera, no es lo que uno espera, no es lo que pregona el Gobernador”, reprocha la diputada local del blanquiazul, Judith Virginia Malta. Incluso el legislador local del PRI, Pedro Oxté Conrado, reconoce que aunque Yucatán es uno de los estados con los porcentajes más bajos de desempleo, “los salarios son precarizados” "Estado va a las urnas" Con un claro rechazo a la gestión del gobernador, pero con toda la estructura gubernamental puesta en marcha para ayudar a los candidatos que favorecidos por Rolando Zapata Bello, el próximo 7 de junio los yucatecos acudirán a las urnas. Y es que en un estado en el que la práctica común es la intervención del gobernante en turno y la designación de sucesores, los partidos de oposición de antemano se preparan para enfrentar una elección de Estado. Sobre todo, señalan, porque la actuación del mandatario, como en el caso del actual Jefe del Ejecutivo estatal, tiende a violentar todas las leyes y la autonomía de los poderes y de las autoridades, incluyendo las electorales. Para Patricio Patrón Laviada, el único gobernador de extracción panista de la entidad, es claro el escenario de intervención del Gobernador en el proceso que actualmente se desarrolla en la entidad. "No es riesgo, es una certeza, el funcionamiento político del gobierno es de meter las manos en todo y controlar todo, controlan el Poder Judicial, controlan los órganos electorales; tiene metidas las manos en el Tribunal Electoral, en todas las instituciones que tienen que ver con las elecciones, en todos los partidos políticos, tiene metidas las manos en todos lados”, acusa
Por ello, anticipa que quienes aspiran a que se logre un verdadero cambio a partir de estos comicios, no sólo reman contra la corriente, sino que tendrán que reforzar su vigilancia para impedir que la decisión que se imponga sea la del mandatario yucateco. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ALBERTO VALDERRÁBANO.
Ciudad de México, 11 de febrero: El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, adelantó a SinEmbargo que los perredistas de Oaxaca exigirán a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las autoridades financieras competentes hacer una investigación profunda sobre la riqueza del priista José Murat Casab, ex Gobernador en esa entidad.
También pedirán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacer una investigación especial sobre el uso y destino de los recursos federales que se entregaron durante el sexenio del ex mandatario priista de 1998 a 2004, luego de que The New York Times reveló que Murat Casab es dueño de media docena de propiedades en Estados Unidos, incluso en la “Gran Manzana”.
“Vamos a exigir una investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias. Ya no podemos en Oaxaca y en México tolerar este tipo de situaciones. Adquirir bienes de este tipo tiene nombre y apellido: son corrupción e impunidad”, afirmó el legislador.
El también líder estatal del PRD en Oaxaca condenó el hecho de que José Murat gobernó una de las entidades más pobres del país y hoy vive en la opulencia en Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo. “No es posible que el ex Gobernador de uno de los estados más pobres del sur-sureste del país, donde hay centenares de miles de personas que no tienen una vivienda digna, haya saqueado a Oaxaca y se haya hecho de propiedades como las que se han revelado recientemente”, dijo el Diputado Carol Antonio Altamirano. The New York Times empezó a publicar el sábado pasado una serie de reportajes sobre personalidades con propiedades de lujo adquiridas en Estados Unidos amparados en la poca claridad de las leyes estadounidenses que en la mayoría de los casos permite ocultar el nombre del verdadero dueño de los inmuebles. Se informó que José Murat Casab poseía seis propiedades. Cuando aún no se publicaba el reportaje completo sobre sus propiedades, que el influyente diario neoyorquino dio a conocer este miércoles, el ex mandatario oaxaqueño y ex coordinador Ejecutivo del Consejo Rector del Pacto por México tuvo que aceptar que era propietario de dos departamentos ubicados en Utah, Estados Unidos, y no de seis como había adelantado la publicación estadounidense. Fueron comparados hace 10 años, dijo en una carta enviada a la editora periódico, por cerca de 300 mil dólares. Pese a este deslinde, el líder estatal perredista en Oaxaca consideró urgente que las autoridades competentes hagan una investigación exhaustiva de la riqueza de Murat para que se esclarezca esta situación.
“No es posible que alguien que gobernó el estado más pobre pueda tener en el extranjero propiedades como las que ha hecho referencias The New York Times”, destacó.
Exigió que se tomen las medidas pertinentes en caso de que se compruebe que la riqueza de Murat es ilícita, porque dijo, ofende a los oaxaqueños, que tienen déficit en educación, en salud, y en donde miles de familias no tienen una vivienda o una escuela con techo digno. “Que no quede impune, uno de los graves problemas de este país es la impunidad. Ahora es José Murat, ayer fue Humberto Moreira, ¿mañana quién será? Y lo que hay que acabar es con este Estado corrupto”, expuso el legislador oaxaqueño.
MURAT, ACUSADO DE “REPRESOR” El Diputado Carol Antonio Altamirano explicó que durante el sexenio de José Murat era un secreto a voces que el grupo político que controlaba la entidad desviaba recursos federales para su propio beneficio, pero en aquel entonces, dijo, no tenían los instrumentos ni la solidez institucional para comprobarlo.
Por lo que consideró urgente que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue a profundidad el destino que dio la administración Murat a los recursos federales que financian más del 90 por ciento de los programas en la entidad.
“Era vox populi que había un saqueo en el estado, pero no había forma de comprobarlo, porque no contábamos con los instrumentos, pero el vox populi decía que era un gobierno que estaba saqueando al estado”, reconoció el líder estatal perredista.
Carol Antonio Altamirano recordó que parte de la estrategia de Murat para amortiguar el saqueo, era la compra de voluntades y la represión a los que no se vendían.
“El sexenio de Murat fue un gobierno que combinó la represión con la cooptación, cooptaba a los partidos, compraba a los líderes y eran reprimidos los líderes que no se vendían. Creo que el oaxaqueño tiene en la memoria el apellido Murat, fue uno de los regímenes más autoritarios que el PRI haya tenido en Oaxaca”.
Indicó que aunque el gobierno de Murat fue uno de los más autoritarios, los oaxaqueños nunca se imaginaron la magnitud del saqueo que había hecho el ex mandatario en Oaxaca. “Y resulta que con esta situación nos damos cuenta de que saquearon a Oaxaca, y producto de este saqueo se han hecho de bienes en Estados Unidos donde viven multimillonarios. Oaxaca es uno de los estados más pobres del país”.
Por lo cual, adelantó que ante las revelaciones de The New York Times, el PRD pedirá una investigación expedita y profunda, a la riqueza de José Murat Casab. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA. LINK: http://www.sinembargo.mx/11-02-2015/1246209.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitó formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que investigue y suspenda de sus cargos a los funcionarios en Quintana Roo que dieron el aval para la construcción del proyecto comercial Dragon Mart Cancún. Asimismo, la Profepa pidió al gobernador Roberto Borge y al alcalde de Benito Juárez, Paul Michel Carrillo, iniciar los procedimientos administrativos para cancelar las autorizaciones que las autoridades estatales y municipales le otorgaron a Dragon Mart. El titular de la Procuraduría, Guillermo Haro Bélchez, anunció que actualmente también está promoviendo “dos juicios de lesividad” con el fin de nulificar las resoluciones –en materia de impacto ambiental y forestal– que avalaron este ambicioso megaproyecto comercial en 2012.
Y recalcó que el predio El Tucán, ubicado en el municipio de Benito Juárez y donde se empezaba a levantar Dragon Mart, es un terreno de vocación forestal, está reconocido como un ecosistema costero y es además una zona de refugio de aves en peligro de extinción, por lo que dicha obra violaba la normatividad en la materia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: RODRIGO VERA.
MÉXICO, D.F: El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja en contra del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por la captura de al menos 45 luchadores sociales. Presente en el encuentro con el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, el presidente de Morena, Martí Batres, comentó que presentaron la queja contra Moreno Valle por los actos de represión en contra de activistas, los casos de “presos políticos” en la entidad y la criminalización de la protesta. “Menciono rápidamente que están en la cárcel, entre otros, Adrián Chicale, Alejandro Chicale, Manuel Tlachi, Albino Tlachi, Raúl Pérez Velásquez, Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Ponce, Vicente Juárez García, Álvaro García Chelhua y Fausto Montes, todos ellos por realizar movilizaciones de protesta en contra del gobernador. “Se ha denunciado a través de conferencias de prensa estos actos represivos. Se ha denunciado a través de los actos que ha hecho López Obrador por los recorridos en Puebla y, sin embargo, no ha habido ninguna respuesta. No sólo eso, sino que el gobernador insiste en seguir deteniendo gente inocente y meterla a la cárcel. Familias enteras las han metido a la cárcel. Es un gobernador sátrapa, represor, completamente insensible y apartado de las leyes y del derecho”, indicó Batres. Entrevistado a la salida de la CNDH, López Obrador aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto protege a Moreno Valle, quien encerró con acusaciones, incluso penales, a personas de las comunidades que se oponen a los proyectos de construcción de trasnacionales, principalmente españolas, como gasoductos o el parque de Cholula, que afectan terrenos ejidales, comunales o propiedad privada”. En el caso de Puebla, acusó el tabasqueño, “el poder de los poderes es el gobernador. Él encarna al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Y no se puede hacer nada por la vía de la impartición de justicia porque ministerios públicos, jueces, legisladores, todos están subordinados al gobernador. Es un dictadorzuelo que comete muchos atropellos”. Por ello, López Obrador pidió que la Comisión emita recomendaciones para la liberación de personas injustamente detenidas en esa entidad. El dos veces excandidato presidencial rechazó que la embestida sea una acción dirigida contra Morena, aunque se les negó el registro como partido político en la entidad. Consideró que va encaminada a la población inconforme y el objetivo de esta agrupación política es la defensa de la ciudadanía y sus militantes que se encuentran también detenidos. “Morena no es nada más una máquina o un aparato electoral. Morena tiene como propósito fundamental hacer valer la justicia y la democracia en el país. Ante esto tenemos que actuar. Es la primera queja que presentamos como Morena ante esta Comisión de Derechos Humanos y lo hacemos porque consideramos grave lo que está sucediendo en Puebla”, indicó. López Obrador también recordó el caso de los políticos mexicanos que aparecen en una lista con cuentas millonarias en Suiza. Resaltó el nombre del director de la Comisión Nacional de Electricidad (CNE), Alfredo Elías Ayub, y pidió que se haga público ese listado para que se difunda en los medios de comunicación, igual que las casas compradas a Grupo Higa o el costo de 7 mil millones de pesos del avión presidencial, porque muy pocos mexicanos conocen esta información, argumentó. También consideró que se debe investigar a Peña Nieto, “jefe de la mafia en el poder”, debido a que entregó muchos contratos millonarios a sus socios, a sus compadres y ello “está demostrado”. Aunque renuente a brindar su opinión sobre la manifestación de la sección 22 de Oaxaca sobre Paseo de la Reforma, finalmente el tabasqueño sostuvo que si la gente protesta “no es por gusto sino por necesidad”. “Yo fui jefe de Gobierno del Distrito Federal y no había movilizaciones. No había porque no se le reprimía a la gente, se le atendía a la gente porque no había motivo para protestar”, indicó.
Por ello criticó la campaña contra el magisterio, en lugar de impugnar a funcionarios corruptos en el poder, como Peña Nieto o Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Carlos Mateo Aguirre, hermano del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por el delito de desvío de recursos del erario por un monto de 287 millones 12 mil 594 pesos. En rueda de prensa, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, confirmó la información dada a conocer esta tarde por el procurador Jesús Murillo Karam, quien detalló que la captura fue realizada este martes por elementos federales, en cumplimiento de una orden de detención. Las entidades del ámbito local y federal de las que se desviaron los recursos públicos, así como las empresas que a su vez canalizaron el dinero a cuentas personales, fueron CFE, Banobras, Tesorería de la Federación, Comisión Estatal del Agua, Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero. Junto con Carlos Mateo Aguirre, quien en 2011 fue nombrado coordinador ejecutivo estatal, fueron detenidos Luis Ángel Aguirre Pérez y los hermanos Paulo Ignacio, Mauricio Francisco, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo Hughes Acosta, a quienes se les fincó el mismo delito. En la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes de la Policía Federal, Secretaría de Marina-Armada de México y Defensa Nacional, las cuales auxiliaron en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas por el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Zerón de Lucio señaló que se tiene acreditado que un grupo de personas, entre quienes se encuentran exservidores públicos del estado de Guerrero, sin tener vínculo corporativo o relación comercial con empresas que tuvieron contrato de obra pública en esa entidad, recibieron, durante los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, recursos provenientes del erario local y federal en sus cuentas bancarias personales. Además, se detectó que familiares de los exfuncionarios relacionados con estas operaciones ilegales fungen como representantes legales en las cuentas bancarias de las diversas empresas a través de las cuales se operaba en desvío de recursos.
El monto de los recursos que fueron triangulados entre enero de 2012 y septiembre de 2014, a través de las empresas constructora Tradesa SA, comercializadora 2003 SA y comercializadora Topacio SA, ascienden a 287 millones 12 mil 594 pesos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusó a Manlio Fabio Beltrones de estar detrás de la alianza del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la fuerza política fundada por la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, Nueva Alianza (Panal). “La mafia del poder. Manlio que de los 500 diputados que hay, controla casi en lo absoluto, a 480, nomás 20 se le escapan, los tiene bien maiceados, les da de comer en el mano”, contestó a la pregunta de si el PRI [Partido Revolucionario Institucional] estaba detrás de la coalición que el Sol Azteca fomenta con el partido de Gordillo Morales para las elecciones de este año, principalmente en el Distrito Federal, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur, como opinan varios expertos.
En un principio, López Obrador quiso mantenerse al margen y contestó: “Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Yo ya no estoy en el PRD”, sin embargo al preguntársele sobre los análisis políticos que apunta a que el PRI está detrás de la coalición con el Panal, indicó que hay partidos que anexos que son parte de la “misma mafia”.
“La alianza principal es la que siempre hacen los de la mafia del poder del PRIAN: en 2006 el PAN le ayudó al PRI para poner a [Felipe] Calderón y en 2012 fue el PAN [Partido Acción Nacional] que le ayudó al PRI para poner a Enrique Peña Nieto, hasta [Vicente] Fox llamó a votar por Peña y no por la candidata de su partido. Hay otros partidos anexos que son parte de la misma mafia, pero los partidos que dominan y que mueven a lo que ellos les conviene es el PRI y el PAN”, dijo.
En el Distrito Federal y en Guerrero se anunció ya la intención de parte del PRD por ir en alianza con el Panal para las elecciones de este año. De acuerdo con el PRD la alianza con el Panal no es con Elba Esther Gordillo, sino con los maestros, a pesar de que su dirigente Luis Castro Obregón, fue secretario particular de Gordillo. Pocas veces en su breve historia, Nueva Alianza había lanzado candidatos en fórmula con el PRD que, en teoría, fue un crítico de Elba Esther Gordillo. El Panal compitió en 2006 con el PAN por Guanajuato. En 2007, en Baja California ha ido varias veces con el PAN, con dos partidos locales y con el PRD, en 2013.
LOS “COMPAÑEROS” DEL PRD
En Puebla ayudó al triunfo de Rafael Moreno Valle en alianza con PAN, PRD y Convergencia. Pero la historia del PANAL ha sido siempre con el PRI. En Campeche, desde 2009; en Colima, desde 2009; en Querétaro, desde 2009, en Aguascalientes, desde 2010; en Chihuahua, desde 2010. en Zacatecas, desde 2010; en Hidalgo, desde 2011; en Tamaulipas, desde 2011; en Quintana Roo, desde 2011; en el Estado de México, desde 2011; en Coahuila, desde 2011, y en Chiapas desde 2012. La mayoría de las veces, PRI y Nueva Alianza han estado acompañados por otro partido de los llamados “satélite”: el Verde. “En Guerrero el ‘Jaguar’ [Senador Armando Ríos Piter] estaba preparando una alianza PRI-PRD y que iban a lanzar al ‘Jaguar’, esto del Panal y el PRD es algo más amplio. Se me ha hecho raro que el ‘Jaguar’ haya roto que Jesús Ortega, ese tipo de políticos son pragmáticos, ellos ven donde está la salida y no se va a quedar fuera de la foto, del poder, Ríos Piter. En el caso del DF, me lo dijo gente de René Arce, que ya están operando en Iztapalapa con el Panal para que gane el grupo de Arce. En el caso de Iztapalapa la candidata fuerte es Clara Brugada, pero René Arce también tiene su trabajo de hace décadas”, dijo en su momento a SinEmbargo Telésforo Nava Vázquez, investigador y experto en la izquierda mexicana de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Para Telésforo Nava, la estrategia es clara: el PRD busca una alianza con el PRI, más allá del Pacto por México, ahora electoral, a través de los partidos satélites como el Panal o incluso el Partido Verde Ecologista. “Si en el DF hacen alianza Panal-PRD-PRI-VERDE tienen posibilidades en 2018. El PRD necesita estas alianzas porque está bocabajiado”, explicó. De ahí las amplias alianzas que se olvidaron del nuevo estatuto. Amplias alianzas con la derecha y con el centro. En el caso de Oaxaca, agrega Telésforo Nava si el PRD no va con el PAN, pierde. En el caso de Michoacán la estrategia es más que interesante. “En Michoacán Silvano Aureoles [Conejo] está jugando todo y van realmente por ahí, con el PRI, quien tiene presencia ahí es la ‘Cocoa’ [Luisa María Calderón]. En las elecciones pasadas ganó el PRI porque hizo alianza con ‘La Tuta’, con todos esos narcos. Pero esta señora Calderón está por arriba del candidato del PRD, de ahí que esté buscando una alianza con el Panal y el Verde, una alianza con el PRI, porque esos partidos son paleros del PRI”, expuso. El investigador recordó que Elba Esther Gordillo, a sus 70 años, busca pagar su condena en arresto domiciliario. Para lograrlo, utilizará al partido que fundó: “el Panal se irá para donde le diga el PRI”. Raúl Flores García, dirigente del Sol Azteca en el Distrito Federal, dijo hace unos días que al pactar una carta de intención con el dirigente del partido de Gordillo Morales en el Distrito Federal, Jorge Gabiño Ambriz, para ir juntos por las jefaturas delegacionales en Iztapala y Cuauhtémoc, así como en 20 distritos locales, que el fin es promover la participación del pueblo. “En la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”. Para Flores García ambas fuerzas políticas tienen una visión “progresista” y sin duda la coalición fortalecerá la candidatura en el bastión más importante para el PRD en la Ciudad de México, Iztapalapa. El académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Enrique Gutiérrez Márquez, explicó que la alianza con el Panal en el Distrito Federal es para ponerle un “freno” al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y a su partido Morena. “En el caso de Iztapalapa, frente a la aparición de Morena como una poción de izquierda, tratarán de cerrarle el camino. Tratarán de no perder ninguno de ellos [PRD-PRI-PT] los espacios que ya tienen, cerrarle la puerta a Morena, sumando todo el porcentaje de votos que puedan representar”, dijo. El investigador de la Ibero continuó: “Es una estrategia que se entiende electoralmente, pero da cuenta de cómo el PRD se termina de desmantelar como una opción de izquierda y continúa con lo que inició con el acercamiento del Pacto por México. Un partido que buscará a los grupos cercanos a Elba Esther, es una buena noticia para ellos, pero es una pésima noticia para los ciudadanos de esta ciudad”. Gutiérrez Márquez planteó que la cercanía programática, ideológica entre el Sol Azteca y Nueva Alianza que anunció Raúl Flores, es una “desmesura por donde se le quiera ver”. LA ALIANZA EN MICHOACÁN Y GUERRERO El fin de semana el dirigente del PRD Carlos Navarrete Ruiz participó en un Consejo Estatal en Michoacán donde se eligió a Silvano Aureoles Conejo como candidato de la fuerza política a la gubernatura. “Nosotros vamos a ir buscar la alianza con los electores michoacanos”, dijo ante la versión de una posible alianza de facto con el PRI. “Las especulaciones de columnas políticas son eso… no más”, precisó. Navarrete mostró su confianza en el candidato al Gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. “Silvano [Aureoles] es el candidato de los michoacanos, hoy del PRD. Espero que pronto se demuestre que tienen confianza en un nuevo liderazgo, un hombre que trae un proyecto nuevo para Michoacán”, dijo. Silvano Aureoles ha defendido al gobierno federal, como sucedió el 21 de enero pasado, cuando el PRI en el Senado dijo que lo publicado por The Wall Street Journal sobre la propiedad que el Presidente Enrique Peña Nieto compró a un empresario de Ixtapan de la Sal es un “golpeteo electoral” pues a que “hay grupos interesados en desgastar la figura presidencial”. Mientras que el PAN indicó que el Congreso debía nombrar un fiscal especial que investigue las propiedades de Enrique Peña Nieto, Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados y Coordinador del Grupo Parlamentario PRD, exigió aclarar… de dónde ha sido filtrada esta información y saber quiénes “están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno”.
“Se tienen que aclarar, porque finalmente, venga de donde venga la información, si eso tiene elementos… que no se resuelve si decimos que hay alguna fuerza extraña en el exterior queriendo desestabilizar… pero tampoco lo dudaría porque ya es un asunto recurrente de estar filtrando este tipo de información… pero esa información sale de alguna parte de acá del país, aquellos no se la inventan si es que existe, sale de acá”, dijo el líder de los diputados del Sol Azteca.
“Y habría que identificar quiénes están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno, es obvio que hay una intencionalidad de golpeteo al gobierno, de eso no me queda ninguna duda, pero eso es importante que se aclare y que se investigue de dónde salen tantas filtraciones de manera recurrente, eso tiene que ser un foco rojo para el gobierno, para identificar quién está en esa ruta”, comentó el ahora candidato por el Sol Azteca para gobernar Michoacán, entidad donde podría darse una alianza con el Panal.
Beatriz Mojica Morga, aspirante a la candidatura del Sol Azteca al gobierno de Guerrero, aseguró en conferencia de prensa en el Distrito Federal que ha sostenido platicas con los partidos del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), y con el Panal para concretar una candidatura común rumbo a los comicios del próximo 7 de junio. Mojica Morga afirmó que, según las encuestas, por sí solo el PRD estaría en un empate técnico con el PRI, por lo que sería de gran ventaja llevar una candidatura común. “Eso nos puede dar ese ‘plus’ para ganar sin problema la elección”, indicó.
Jesús Evodio Velázquez Aguirre, el precandidato del Partido del PRD que compite por la candidatura por la alcaldía de Acapulco contra Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex Gobernador Aguirre Rivero, informó que el Panal avala su candidatura y que está dispuesto a una alianza.
“Logramos compartir puntos de coindiciencia con el PANAL hacia una candidatura común en el municipio de Acapulco en donde la dirigencia estatal y municipal vieron a bien nuestra candidatura. Estamos trazando la ruta en ese sentido”, dijo.
Salvador Mora Velázquez, politólogo de la facultad de ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la alianza PRD-Panal en el país, no se reflejará en una agenda legislativa común.
“Dicen que no es con Gordillo. Me dan risa, está su hija, su nieto, su yerno. Es una alianza con un partido identificado con la derecha, no es ni siquiera del centro, es una mentira de Guajardo que van con los maestros, es una alianza con el sindicato, con Gordillo. No es una alianza con los militantes”, dijo.
Agustín Guerrero Castillo, coordinador de la corriente interna del PRD Movimiento Progresista, lamenta la alianza que su partido pretende realizar con el partido de Gordillo y que René Arce Islas vaya para Iztapalapa y Gabriel Cuadri para Xochimilco: “es inaceptable”, afirmó. “El Panal ha sido un partido que siempre se ha movido al mejor postor, sin ideología, sin propuesta programática, es un partido que se vende al mejor postor, que ha hecho alianzas con el PAN y con el PRI. El PRD no puede hacer tipo de alianzas”, indicó.
En cuanto al argumento de los perredistas de que no se trata de una alianza con Gordillo, sino con el magisterio, Guerrero Castillo cuestionó:
“La mayoría del magisterio de la CETEG en Guerrero siempre ha respaldado al PRD, ¿cómo le vamos a decir que vamos a una alianza electoral con el otro lado?, sería absurdo, los votos de los profesores del Panal en Guerrero son del PRI. En Michoacán la Sección 18 de la CNTE son los que han jalado con nosotros, de repente les vas decir que harás alianzas con el contrario. En el DF, el PRD siempre ha ido con la novena, hemos tenido diputados en la CNTE, apoyados por el PRD, ahora vas a ir con los institucionales; ¿en qué cabeza cabe?”.
De repente, casualmente a partir de uno de esos ratos de ocio, me encontré con la Comisión de Ética Gubernamental. Como la estaba atestiguando en un programa de televisión, una serie de ficción norteamericana de hecho, pensé que se trataría de eso, de una oficina producto de la mente de un guionista soñador. He de aceptar que con mi idiosincrasia mexicana y en mi contexto político y gubernamental, la Comisión de Ética es algo imaginable pero inalcanzable, especialmente en la condición actual con el PRI de regreso a Los Pinos, del presidente Enrique Peña Nieto reviviendo la Secretaría de la Función Pública que él mismo políticamente acabó, y colocando ahí a uno de sus leales para que investigue cómo le compró casas a filiales de Grupo Higa, ejemplo que siguió su secretario de Hacienda y su esposa, entre otras tantas sospechas -que datan a su nebulosa gubernatura en el Estado de México– de tráfico de influencias que en este país la ciudadanía ya da por hecho. Sin dejar de lado las condiciones en que millonarios contratos se han signado entre los gobiernos que ha encabezado Peña con la constructora en cuestión. Así la Comisión de Ética en el Gobierno Mexicano no es otra cosa que una fantasía o tal vez un anhelo, una acción deseable pero utópica. Pero uno que todavía cree… investigué si en efecto existe una Comisión de Ética Gubernamental y ¡Sí existe! Obvio, no en México. Cada uno de los Estados que integran la Unión Americana tiene una Oficina de Ética Gubernamental, el propio gobierno asentado en la Casa Blanca y encabezado ahora por Barack Obama, tiene su Oficina para la Ética Gubernamental de los Estados Unidos, incluso la dependencia tiene un lema: “Previniendo el conflicto de intereses en la liga ejecutiva”. En la serie televisiva que me develó la Comisión de ética, el protagónico es una mujer abogada socia principal de un importante despacho en Chicago, y resulta ser además, esposa del Gobernador del estado de Illinois. En el capítulo del que hago referencia, el gobernador está concentrado en la integración de su gabinete, y piensa en un hombre para la Comisión de Electricidad. Entonces aparece en escena una joven funcionaria, quien le solicita reconsidere el nombramiento en otra persona. Cuando el ejecutivo de ficción le pregunta por qué, ella responde que tal acción podía interpretarse por parte del electorado a la ciudadanía como un tráfico de influencias, pues el hombre que él quería nombrar en el gabinete le había rentado el edificio de oficinas a su esposa –la primera dama- para que albergara su nuevo bufete de abogados. El tráfico de influencias podría presumirse por parte de los políticos de oposición, por parte de la sociedad, y ello sería en detrimento de su gobierno. El ejecutivo de ficción le explica a la comisionada de Ética de ficción que no fue así. Ella le insiste: tal nombramiento se percibirá como tráfico de influencias. Fin de la discusión. ¿No sería genial que esa oficina existiera en México? Que además tuviera facultades, que se depositara la titularidad en una persona con ética y principios para apelar por la transparencia y el buen gobierno. Claro que se requerirían en nuestro país políticos y funcionarios preocupados por el buen gobierno y no por hacer negocios personales y amasar fortunas. En la realidad la oficina para la ética gubernamental del gobierno de los Estados Unidos depende de la oficina de la presidencia, la encabeza un director que es nombrado por el mandatario, y tiene facultades para la investigación en casos y temas como: Conflictos de intereses financieros e imparcialidad, regalos y pagos a funcionarios; el uso de las posiciones y los recursos gubernamentales, las actividades y trabajos externos de los funcionarios, los trabajos de los funcionarios en la época posterior al servicio público, la ejecución de sanciones y sentencias. Otras funciones que se agregan a la Comisión de Ética según la región, son los conflictos de intereses legales, el soborno, el nepotismo, el código de conducta, las relaciones con el sector privado. Las comisiones trabajan a partir de lo que observan en la supervisión del desarrollo de las acciones gubernamentales, y a propósito de denuncias ciudadanas, quejas de colaboradores y señalamientos públicos de sospechas de corrupción, actos ilícitos, tráfico de influencias, abuso de poder, entre otras lindezas que hombres y mujeres en el poder administrativo público suelen cometer por estar en posición de hacerlo. Las sanciones pueden llegar desde un apercibimiento, una sanción civil o una penalidad judicial dependiendo de la gravedad de los actos cometidos. En México hay instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Superior del Distrito Federal, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), entre otros pocas, que cuentan con una Comisión o un Comité de Ética, acaso en pañales pero ahí está, ahí lo tienen. En todo el apartado que integra la Secretaría de la Función Pública, a la que el presidente Peña solicitó la investigación del tráfico de influencias –que por cierto y de manera sistemática ha negado- no hay una sección para la ética gubernamental. Ni una oficina, ni un comité, ni una comisión, ni una dirección. Sí existen, por ejemplo, la unidad de políticas de transparencias y cooperación internacional, la subsecretaría de control y auditoría de la gestión pública, la unidad de control y auditoría a obra pública, la subsecretaría de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas, la unidad de controversias y sanciones en contrataciones públicas, la unidad de evaluación de la gestión y el desempeño gubernamental, entre otras muchísimas oficinas que tiene la Secretaría de la Función Pública, pero nada, nada, nada, de ética. En estas condiciones, conociendo a los priístas –a los políticos en general pues, a los panistas a los perredistas, especialmente a los verdes, sin dejar de lado a los panalistas, los petistas los de convergencia y próximamente los morenistas- una Comisión de Ética Gubernamental estaría muy bien.
En el mundo real quizá pueda funcionar, guiar a los ciudadanos, informar a las masas, y supervisar a los funcionarios, a accionar en favor del buen gobierno y no del negocio privado o el interés particular. Ya sé, mera ilusión. Idealismo vil y llano. Pero pues uno que todavía quiere creer pese a ver que al peñato le falta ética, concepto que en la práctica es la única vía para legitimar a un gobierno. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO. LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/11-02-2015/31707
CANCÚN, Q. Roo: A 17 meses de que concluya su administración, el gobernador Roberto Borge busca pasar a la historia con la inscripción de su nombre en uno de los monumentos más importantes de la entidad: el obelisco de la explanada de la bandera de Chetumal, el zócalo de la capital del estado. Y además, su nombre quedó junto al de los héroes de la Independencia de México y de la guerra de castas de la Península de Yucatán. El propio Borge Ángulo se encargó esta noche de develar la inscripción de su nombre, así como el de todos sus antecesores, en el obelisco de la explanada de la bandera, como parte de la remodelación de este monumento de Chetumal. Sin embargo, de sus antecesores sólo fue acompañado por su tío Miguel Borge Martín, quien gobernó de 1987 a 1993, y Jesús Martínez Ross, quien fue el primer mandatario electo del estado, en 1975. Borge Angulo afirmó que determinó restaurar el monumento a la Bandera y el obelisco pues estaban muy deteriorados. “Hace unos meses, en un recorrido en esta explanada, vimos que estaba muy deteriorado y pedí un proyecto para restaurar el monumento a la Bandera y este obelisco”, dijo. El mandatario estatal, que es señalado de perseguir disidentes mayas, agregó: “También instruí para que se anexaran los nombres de nuestros caudillos Cecilio Chí y Jacinto Pat, quienes representaron la lucha de los mayas en la guerra de castas y han impulsado numerosos anhelos del pueblo de Quintana Roo”. En el obelisco también aparecen los nombres de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Andrés Quintana Roo, entre otros héroes de la Independencia de México. También están los nombres de todos los gobernadores: Jesús Martínez Ross, Pedro Joaquín Coldwell, Miguel Borge Martín, Mario Ernesto Villanueva Madrid, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Félix González Canto y Roberto Borge. De igual forma fueron inscritos los nombres del Comité Pro Territorio, que pugnaron para que Quintana Roo regrese a esa condición tras ser dividido y repartido entre Yucatán y Campeche, durante el “maximato”.
El monumento fue inaugurado el 24 de febrero de 1943 por el gobernador del entonces territorio federal de Quintana Roo, Gabriel R. Guevara y Chetumal, con el nombre de Payo Obispo, fue fundado en el 5 de mayo de 1996, para bloquear la venta de armas de los ingleses a los mayas rebeldes, en la etapa final de la Guerra de Castas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Se busca instalar complejos de casinos en esos lugares, con el fin de que ya no siga creciendo el número de permisos que se otorgan para operar en zonas urbanas.
La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que existe un proyecto para la creación de complejos de casinos tipo Las Vegas, que se instalarían tentativamente en la Riviera Maya, Acapulco o Baja California, a fin de que ya no siga creciendo el número de permisos que se otorgan para operar en zonas urbanas. En conferencia de prensa, la directora de Juegos y Sorteos de la dependencia federal, Marcela González Salas, dijo que este proyecto tiene como finalidad que los casinos dejen de operar en núcleos urbanos, como ocurre en la actualidad. Por ello se tiene estimado que una vez que se cuente con los permisos de las autoridades locales y federales, podrían instalarse en estas zonas hasta 775 casinos, de acuerdo con los permisos que se otorgaron en administraciones anteriores y a la ley vigente que data de 1947. González Salas apuntó que por el momento no se puede establecer si se alcanzaría dicha cifra de establecimientos, pues también depende del interés de los inversionistas en este proyecto. Subrayó que el objetivo es que ya no siga creciendo el número de permisos que se otorgan para operar en zonas urbanas, que actualmente suman 297 en operación, por lo que la nueva ley de Juegos y Sorteos que se analiza en el Congreso de la Unión, tomaría en cuenta este proyecto. En este sentido afirmó que todavía hay tiempo para incluir esta normatividad en la nueva ley, más cuando se busca que esté ligada a la transparencia y a la seguridad nacional. La directora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que al inicio de la administración estaban abiertos 412 casinos, pero que varios permisos fueron revocados por irregularidades, y porque varios se otorgaron para operar establecimientos en grupo, y ahora sólo se otorga un permiso por casino. En su oportunidad, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, dio a conocer que la denuncia ciudadana sumada a la entrega voluntaria de máquinas tragamonedas ilegales ha permitido retirar más de 25 mil de estos dispositivos, que afectan principalmente a la niñez y juventud mexicana. Señaló que estos instrumentos no son un juego porque “representan ingresos ilegales por más de 25 mil millones de pesos al año, que en muchos casos financian otras actividades delictivas”.
Por ello, invitó a la ciudadanía a reportar al 088 la existencia de estas máquinas y a los comerciantes quienes instalaron estos instrumentos en su negocio, a que las entreguen voluntariamente. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
El Partido Verde Ecologista de México sistemáticamente se aparta del respeto a la Constitución y a la ley, incluso se burla de ellas; un botón de muestra es que el INE ordenó retirar sus promocionales en los cines, pero continúan exhibiéndose en las salas, indicó el analista electoral, Jorge Alcocer. "Ha sido denunciado una y otra vez", recordó.
México D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) fracasó en su intento de procesar a Claudia Medina Tamariz, luego de que el Tercer Tribunal Unitario del Poder Judicial del Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, la absolvió del delito de portación de arma de uso reservada a las fuerzas armadas. Integrante de la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la violencia sexual”, Medina Tamariz fue acusada de 12 cargos federales tras la irrupción de efectivos de la Secretaría de Marina en su domicilio del puerto de Veracruz, en agosto de 2012. En esa ocasión, ella y su esposo, Isaías Flores Pineda, fueron sacados por la fuerza. Claudia fue retenida en una base naval, donde fue sometida a tortura sexual y luego fue presentada como integrante del cartel Jalisco Nueva Generación. Tras una reclusión de 14 días en el Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, fue puesta en libertad bajo caución, manteniendo vigente el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Luego de más de dos años de batalla legal, el pasado viernes 6 de febrero, el Poder Judicial Federal resolvió a su favor el incidente de libertad por desvanecimiento de datos interpuesto por Medina Tamariz, decretando su “inmediata libertad”. Acompañada de Mario Patrón Sánchez y Perseo Quiroz Rendón, directores del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional, organizaciones que respaldaron su causa, Claudia Medina anunció que reactivará la denuncia interpuesta en la PGR en 2012 contra los marinos que la torturaron así como iniciará un proceso por la reparación de los daños sufridos. En conferencia de prensa, Medina Tamariz apuntó que después de más de dos años de los hechos, lo que pretende es el castigo a los responsables de la tortura para que “los torturadores ya no sigan deteniendo personas de esta forma y poniéndolas a disposición de las autoridades”. Agregó que espera que con la resolución del Tercer Tribunal Unitario favorezca a su esposo, quien también víctima de tortura por parte de los marinos. Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh, explicó que en su resolutivo el tribunal unitario atendió las pruebas de descargo que presentó la defensa de Claudia Medina, así como los dictámenes periciales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de peritos independientes que certificaron que fue torturada física y psicológicamente. El resolutivo judicial determinó que “durante el lapso, de al menos 12 horas, la procesada fue sujeta de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, así como que el único elemento de prueba que presentó la PGR era el parte informativo de la Semar, el cual “quedó desvirtuado al no existir medio de convicción alguno que demuestre, al menos de forma indiciaria, su probable responsabilidad”. Luis Tapia Olivares, abogado del Centro Prodh, agregó que tras este fallo judicial, es de esperar que la CNDH emita una recomendación sobre el caso de Medina Tamariz, toda vez que desde hace más de un año le aplicó el Protocolo de Estambul que confirmó la tortura. Perseo Quiroz apuntó que si bien el ombudsman Luis Raúl González ha tenido mayor acercamiento con las organizaciones sociales y las víctimas “la disposición no basta, el cambio en la administración de la CNDH debe verse reflejado en el trabajo concreto, en la emisión de recomendaciones, en especial en casos de alto impacto como el de Claudia”. Mario Patrón Sánchez resaltó que la exoneración de Claudia Media es inapelable y “demuestra que la Marina realizó un montaje y fabricó pruebas en contra de una inocente, para acusarla de delitos graves como el involucramiento en el narcotráfico”. El director del Centro Prodh apuntó que el resolutivo del Poder Judicial de la Federación es prueba de que “en la guerra contra el narcotráfico, no se consideraron medidas de control en la actuación de las fuerzas armadas, lo que ha dejado en impunidad los abusos sistemáticos y generalizados, entre ellos los actos de tortura”. Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual por el caso de Atenco, señaló que la campaña “Rompiendo el silencio”, ha visibilizado la tortura cometida por diferentes cuerpos policiacos y de las fuerzas armadas, en especial a las mujeres detenidas.
En el grupo de mujeres que se han sumado a la campaña, hay dos víctimas de tortura sexual que se encuentran encarceladas, Yesenia Armenta de Sinaloa y Verónica Razo del Distrito Federal, por las que, apuntó, “la exigencia es que sean liberadas”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F: Maestros de la Ceteg y normalistas bloquearon esta tarde la principal vía de acceso al Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez, en Acapulco, en protesta porque el gobierno no les ha pagado su sueldo. Los manifestantes también exigen la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa. La entrada de la terminal aérea permanece resguardada por un grupo de policías y elementos de la Gendarmería. Los maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y jóvenes encapuchados avanzaron al frente del aeropuerto al iniciar el bloqueo, aproximadamente a las 16:30 horas. Los inconformes exigen la presencia del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda. Dos madres de personas desaparecidas intentaron ingresar al aeropuerto pero se les impidió el acceso. Una agente de la Gendarmería denunció que un grupo de sujetos la bajó de la patrulla en la que viajaba y la golpeó, además de que le robaron una tablet, efectivo y un arma.
La Gendarmería indicó que 2 mil elementos están dispuestos a atender la movilización. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El estudio comprende los 223 municipios (incluidas delegaciones del DF) con 100 mil o más habitantes en 2014. Entre los 20 municipios con las tasas más elevadas de homicidios, cinco se encuentran en Guerrero, cuatro en Sinaloa y tres en Michoacán.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal presentó este martes los resultados del estudio periódico sobre la violencia, en los municipios que tienen 100 mil habitantes o más, en México. “En esta ocasión nuestros cálculos se basaron en las cifras completas de averiguaciones previas iniciadas en 2014 por los Ministerios Públicos del fuero común respecto a los delitos de homicidio doloso, secuestro, violación, lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión, de cada uno de los municipios del país”, señaló la organización. El consejo consideró que la calificación del índice debía expresarse sobre la base de 100 puntos y distribuir esta cantidad entre los diferentes delitos, del modo siguiente: 55 puntos para homicidio doloso; 22 puntos para secuestro; 13 puntos para violación; 4 puntos para lesiones dolosas; 3 puntos para robos con violencia y 3 puntos para extorsión. El estudio revela que en 2014, Cuernavaca (Morelos) tuvo el índice de violencia más elevado entre los municipios de más de 100 mil habitantes del país (223 para ese año) con 62.19 puntos. Desplazó así al segundo lugar a Acapulco (55.54 puntos), que había tenido el primero en 2012 y 2013. El tercer lugar correspondió a Chilpancingo (49.83 puntos). De los 20 municipios con el mayor índice de violencia cinco corresponden al Estado de México y tienen tres municipios tanto Morelos, Guerrero y Baja California. El estudio señala que, por tercer año consecutivo, Acapulco, Guerrero es el municipio de 100 mil o más habitantes con la tasa más elevada de homicidios del país (69.60), la cual es 5 veces la nacional (13.31). Mientras que Chilpancingo (Guerrero) ocupó la segunda posición nacional con una tasa de 62.95 y El Fuerte (Sinaloa) la tercera posición con una tasa de 55.17. Por otra parte, El Mante, Tamaulipas es el municipio con la tasa de secuestros más elevada del país (21.05 por cada 100 mil habitantes). En segundo lugar se encuentra Victoria (Tamaulipas) con una tasa de 16.81.
Tamaulipas por la Paz pide al gobierno federal que trabaje en la entidad por las situaciones de crimen y violencia en la que se encuentra la entidad.
“Nos han robado la paz y la tranquilidad. Somos rehenes de la vergonzosa ineficiencia, colusión y omisión de las autoridades”, es el llamado que la organización Tamaulipas por la Paz hizo este martes 10 de febrero al presidente Enrique Peña Nieto, en el que además proponen seis puntos de acción para que el gobierno contrarrestre la violencia y la inseguridad que se ha manifestado en la zona en los años. “Desde hace muchos años sufrimos en Tamaulipas enfrentamientos violentos, cuerpos mutilados, secuestro y masacre de migrantes, homicidios dolosos, muy por encima de la media nacional (6.78 casos por cada 100 mil habitantes)”, inicia la carta dirigida al titular del poder ejecutivo Para Tamaulipas por la Paz, dirigida por Eduardo Cantú, la situación de violencia que vive el estado ha provocado los desplazamientos forzados y ha provocado que la entidad sea una con el más alto índice de viviendas abandonadas en todo México, además de provocar la huida a otros estados o países de miles de jóvenes profesionistas. La organización condenó que su estado sea una de las entidades del país “con menos policías”, que Matamoros lleve más de cinco años sin policía preventiva y que investigaciones de las autoridades federales hayan arrojado que “la policía acreditable” esté al servicio del crimen organizado. “Tenemos en Tamaulipas el deshonor de ocupar el primer lugar nacional en fugas del patético sistema penitenciario, que es responsabilidad del gobierno estatal. Y para el colmo de la vergüenza de todos los tamaulipecos: nuestro estado ocupa los primeros lugares en fosas clandestinas con un sinnúmero de víctimas y es líder en plagio de migrantes”, señala el comunicado. El documento afirma, en nombre de los tamaulipecos, que el gobierno estatal “se ha basado en el ocultamiento, el encubrimiento, la mentira y la simulación”, y le exigen “dejar de creer a su conveniencia que el disimulo y el optimismo es un deber cívico y los conminamos a actuar con determinación y honor para devolver la paz, la tranquilidad y el estado de derecho pleno del que fuimos despojados”. En un listado de seis puntos, la organización pidió al gobierno federal que se cumplan con las siguientes acciones para construir la paz: 1. Ejecutar acciones sociales y educativas en H. Matamoros, Tamaulipas para la atención a jóvenes y mujeres, construcción de parques de esparcimiento familiar y recuperación de espacios públicos. Así como atender al 100% de la demanda escolar de bachillerato que en la actualidad sólo cubre el 50%; con la subsecuente incorporación de jóvenes a la delincuencia, e impartir en la totalidad de nuestras escuelas la enseñanza de valores con acreditación curricular a nuestros maestros. 2. Adquisición del equipo correspondiente e incorporación a sus labores de policías preventivos certificados; solicitamos la presencia de la policía naval hasta en tanto se cuente con una policía acreditable. 3. Adquisición, instalación estratégica y operación del sistema de cámaras de vigilancia, y funcionamiento eficaz del servicio 088 hasta en tanto opere el numero 911; blindando la entrada y salida de la gente trabajadora a sus centros de trabajo particularmente en los parques y ciudades industriales y asegurándoles “rutas seguras”. 4. Presencia de cuatro ciudadanos matamorenses, de reconocida honestidad, verticalidad y solvencia moral para participar en las Reuniones del Gabinete de Seguridad, en H. Matamoros. 5. Exigimos que el actual gobernador y los ex gobernadores de Tamaulipas renuncien a su pensión vitalicia, y se derogue por ley esta prestación. Pedimos que con estos recursos se apoye a las viudas y huérfanos de aquellos miembros de las fuerzas armadas que ofrendaron sus vidas en defensa de los tamaulipecos, y se apoye a las víctimas y sus familiares que surgen como daño colateral en las balaceras y en operativos. 6. Ninguna acción del Estado tendrá sustento y credibilidad, en tanto los funcionarios públicos del pasado y del presente, responsables del actual desastre social, sigan gozando de libertad e impunidad. Por ser de los estados con mayor opacidad, exigimos se investigue la aplicación de los recursos públicos, y la probable colusión con la delincuencia, y ser presentados ante los tribunales. Indispensable abatir la escandalosa impunidad hacia funcionarios públicos. Las denuncias contra los funcionarios públicos de Tamaulipas hasta hoy han provenido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “Esperamos y respetuosamente exigimos que respalde con acciones contundentes nuestras exigencias, y que la visión de un México en paz y en desarrollo, sea una realidad en nuestra ciudad y Estado” termina el mensaje que fue publicado en el periódico El Norte, de Grupo Reforma. Tamaulipas es la región de disputa entre el Cártel del Golfo y sus antiguos aliados Los Zetas, ha experimentado un repunte de su violencia en las últimas semanas con choques entre grupos criminales y enfrentamientos con uniformados que dejaron al menos 14 muertos entre el pasado 1 y 3 de febrero. El Departamento de Estado de Estados Unidos boletinó el 4 de febrero a Tamaulipas como una entidad de “muy alto riesgo” y pidió a sus ciudadanos no viajar a ese destino, a menos que fuera muy necesario, de lo contrario que se abstuviera de ir. Eduardo Cantú, líder de Tamaulipas por la paz, fue presentado el 15 de enero como precandidato por la diputación federal, por el presidente nacional de Movimiento Ciudadano. Ahí dijo el tampiqueño que su compromiso era regresar la seguridad y reactivar la economía. La Universidad del Valle de México (UVM) campus Nuevo Laredo anunció el lunes 9 de enero el cierre de sus instalaciones debido a problemas de inseguridad, este 9 de febrero las autoridades de ese plantel confirmaron que cerrarán de manera definitiva. Se ha registrado un 70 por ciento de ausentismo en las escuelas, producto de la histeria colectiva de la gente. Universidades como el Tecnológico de Monterrey, en Reynosa, la Universidad del Valle de México y la Tecnológica de Matamoros suspendieron sus clases. En una historia previa, el campus de la Universidad del Valle de México (UVM) localizado en Nuevo Laredo, cerró sus puertas por amenazas del crimen organizado desde el 15 de enero.
Marco Edgar Vargas, director del Tecnológico de Monterrey campus Tampico, confirmó el 4 de febrero el cierre de sus instalaciones en Matamoros, Tampico debido a la violencia en la zona. COMUNICADO COMPLETO: Mensaje de Tamaulipas por la Paz:
La legislación en esta materia fue analizada por el senador, la comisionada del Ifai, Areli Cano, y el coordinador del Colectivo por la Transparencia, Guillermo Noriega.
La ley de la reforma constitucional en materia de transparencia, que se prepara en el Senado, “lamentablemente tropezó en el mes de diciembre, y tropezó con varias casas en Las Lomas, en el club de Golf en Malinalco, o en otros lugares… porque el gobierno (federal) se dio cuenta de la dimensión, el alcance de la iniciativa que habíamos planteado”, consideró el senador Alejandro Encinas. En una mesa de análisis en MVS sobre dicha legislación -en la cual también participó la comisionada del Ifai, Areli Cano, y el coordinador del Colectivo por la Transparencia, Guillermo Noriega-, el legislador indicó que “fracasó” un proyecto para construir una iniciativa plural, con la participación de la sociedad civil. “Esto llevó a que no se dictaminara la ley en diciembre”, pues detectaron varias “regresiones”, propuestas por el PRI y el Partido Verde, por lo que se pospuso para el nuevo periodo de sesiones, que inició en febrero; con esto, “no se cumplió con el término constitucional que se estableció para publicar las leyes reglamentarias en materia de transparencia”, abundó Encinas. Entre las propuestas de modificación planteadas por PRI-PVEM, a una iniciativa ya consensuada, el senador recordó ocho, que en general consisten en que “ya se ponen mayores restricciones a conocer información sobre violación a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, donde plantean que sea hasta que falle la autoridad competente cuando se pueda poner a disposición esa información”. “¿Qué implicaría esto? Que resoluciones como las que ha tomado el Ifai, para conocer de los hechos de Tlatlaya, o las fotografías que el Ejército tomó a los muchachos de Ayotzinapa, no podría tenerse acceso, hasta que se diera por concluido el caso, por parte de la Procuraduría General de la República”, ejemplificó Encinas. -¿O sea podría ser nunca?-, preguntó la periodista Carmen Aristegui. “Exactamente. Y en ese nunca también amplía los plazos de reserva, así como los conceptos de información reservada en materia de seguridad nacional, riesgos a la economía, a la estabilidad financiera, a la estabilidad monetaria del país, amplía los plazos de reserva, estableciendo la posibilidad de una prórroga adicional. En términos concretos no solamente es ampliar hasta siete años la reserva de alguna información sino con las prórrogas, prácticamente serían prórrogas consecutivas, donde no se tendría en el conocimiento de la información vinculada con estos hechos”, detalló el legislador. Además, se propone dejar solamente en manos del titular de la dependencia la conducción de toda la política en materia de acceso a la información, “con lo cual aumentaría enormemente la opacidad o la discrecionalidad”, consideró. En la propuesta de priistas y verdes, también plantean eliminar la obligación de los sujetos obligados de acreditar la llamada “prueba de daño”, que presenta para argumentar que se debe reservar determinada información. Además, se propone que el consejero jurídico de la Presidencia pueda presentar, cuando haya “riesgo a la seguridad nacional”, recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre determinada solicitud de información. Por su parte, la comisionada Areli Cano dijo que confía en que el legislativo cumpla con una normatividad “de avanzada, progresista”. Sin embargo, reconoció que hay preocupación en el Ifai sobre 2 temas: que se intente reservar información en casos de violaciones a derechos humanos o el hecho de que el consejero de la Presidencia pueda interponer recursos de revisión. Cano mencionó que otro tema preocupante es el acceso restringido a la información, que se pretende. Y aseveró que las autoridades deben seguir fundando, motivando y explicando las razones por las cuales deciden no otorgar información. A su vez, Guillermo Noriega dijo que ha visto “propuestas regresivas”, sin nombre ni rostro.
Por ello, llamó a hacer públicos los dictámenes de esta legislación, pues actualmente hay una “parte nebulosa”. VÍDEO:
.jpg)
