miércoles, 11 de febrero de 2015

¿Por qué seguimos viendo los anuncios del Partido Verde en el cine?

¿Ineficacia del INE? ¿Las cadenas de cine se hacen de oídos sordos? ¿El PVEM ha ignorado impunemente a las autoridades electorales? Aquí las razones por las que aún se transmiten (y seguirán transmitiéndose) los "cine minutos".

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encontró el mecanismo idóneo para mantener su campaña publicitaria en televisión y salas de cine, sin que las autoridades electorales lo hayan impedido, aun cuando la consideran una estrategia que “vulnera la equidad” entre los partidos con miras a la contienda electoral de julio próximo.
Se trata de spots que, luego de que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral ordenaron su retiro, son sustituidos por otros con algunos cambios. Así, mientras se desarrolla el proceso de investigación sobre su legalidad, la campaña publicitaria está generando el impacto deseado entre los espectadores.

El INE se excusa al afirmar que así son los procesos legales y niega que se trate de una muestra de debilidad. La ley establece tiempos de investigación y resolución que se han cumplido en este caso, explica Beatriz Galindo, consejera presidenta de la comisión de Quejas y Denuncias de ese instituto.

Desde septiembre del año pasado, el PVEM lanzó spots en radio y televisión en el que tres diputados y tres senadores hacían referencia a sus labores legislativas, aunque en todos los casos se finalizaba con la frase “El Verde sí cumple”, el mismo eslogan publicitario del partido.

Tres meses después, el 29 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó el retiro de esos spots, al considerarla una “estrategia propagandística encaminada a posicionar al partido político de frente al proceso electoral federal en curso lo cual incumple el principio de equidad previsto en el artículo 134 de la Constitución”.

Sin embargo, después el PVEM lanzó los spots “cine minutos” en las salas de cine utilizando el mismo slogan: “El verde sí cumple”, en los que difundía los “logros” del partido con las reformas legales respecto a los secuestros, cuotas escolares y contaminación. Ante la denuncia del PAN, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó medidas cautelares, es decir, el retiro de los comerciales desde el 31 de diciembre de 2014.

Sin embargo, los spots siguieron difundiéndose al inicio de cada película debido a la lentitud de las cadenas de cines para el retiro, según justifica Jesús Sesma, secretario de comunicación social del PVEM.

“Nosotros cumplimos con nuestra obligación de solicitar el retiro, pero no podemos entrar a la sala y bajar o cortar los cine minutos; los procesos que tienen las cadenas es una cuestión interna”, insiste. Aunque Animal Político solicitó una entrevista con los directivos de Cinemex y Cinépolis, en ambos casos se negaron a fijar una postura sobre el caso.

En tanto, el INE resolvió el 21 de enero iniciar un proceso sancionador contra el Verde Ecologista debido a que, tras investigaciones y diligencias realizadas a nivel nacional desde el 2 de enero, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral advirtió el posible incumplimiento de las medidas cautelares anunciadas a finales de diciembre, y ordenó nuevamente el retiro de los “cine minutos”.

El caso llegó a la sala especializada del TEPJF, que el pasado viernes 6 de febrero determinó una “amonestación pública” contra el partido, al considerar que los anuncios en el cine son una “estrategia integral, tendiente a posicionar ventajosamente al PVEM en el proceso electoral en curso”, lo cual “vulnera” la equidad en la contienda de cara a las elecciones de julio próximo.

“Cine minutos parte 2″

Después de todo este proceso legal, los espectadores siguen presenciando publicidad del PVEM en las salas de cine y así continuará durante los próximos días. Y es que actualmente se transmite otra versión de “cine minutos”. Es decir, se trata del mismo formato de spot, pero con una variación: al final del mensaje ya no aparece el slogan “Sí cumple”, sino que la voz en off remata con la frase: “El partido verde cumple lo que propone”.

Con dicho cambio, ya se trata de “una cosa totalmente diferente”, asegura Jesús Sesma, secretario de comunicación social del PVEM. Esta vez, al no aparecer la frase “Sí cumple”, el mensaje ya no incurre en la falta que señaló la sentencia del TEPJF del 6 de febrero pasado sobre el slogan que promociona electoralmente al partido.

“Ninguno de los elementos que están en los cine minutos (la nueva versión) manejan a los que hace referencia la resolución (la primera versión). Por lo tanto es otra cosa”, por lo que seguirán viendo esos spots “al menos esta semana” en los cines.

Su intención “no es molestar”, sino dar a conocer que los recursos públicos se gastan en ese tipo de campañas y acciones de un partido político que recibe prerrogativas y porque “lo que no está en letra que (se) prohíbe, está permitido”.

Aunque esta nueva versión de spots fue denunciada por el PRD, se debe repetir el procedimiento de análisis para que el INE o el Tribunal cancele la difusión o sancione al partido.

Además, la Comisión de Quejas analiza otra denuncia respecto al gasto que representan los minutos en televisión y salas de cine. La investigación estaría enfocada a comprobar si hubo compra indebida de espacios, toda vez que la reforma electoral de 2007 prohíbe a los partidos contratar espacios publicitarios para difusión.

 El lento proceso de la sanción

Aunque los partidos políticos tienen tiempos oficiales, en casi tres meses, el PVEM transmitió más de 224 mil spots en Televisa y Televisión Azteca como parte de su campaña “El Verde sí cumple”, según un la información recabada por el INE durante las audiencias de pruebas y alegatos en la Unidad Técnica de lo Contencioso. Por esto, el Tribunal Electoral determinó el retiro de los spots y solo una sanción pública.

Con los “cine minutos” en las salas de cine la comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó emitir medidas cautelares para que el retiro de los spots, pero la cadena Cinépolis continuó con las proyecciones, por lo que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE inició un procedimiento oficioso para hacer investigaciones y determinar si se trata de un “desacato” a la autoridad, que será enviado a la sala especializada del TEPJF para su discusión y determinar si la conducta del PVEM es motivo de sanción.

Aunque la ciudadanía pueda percibir que la autoridad electoral no está actuando e incluso parecería débil, “se debe entender que es todo un procedimiento. La norma así lo establece y los procedimientos están definidos”, dice la consejera Beatriz Galindo. “Si continuara con esta estrategia y si nuevamente hay denuncia quizá se pueda considerar que hay una reiteración en una conducta y la sanción que se les imponga sea mayor”.

La consejera reconoce que la opinión pública percibe que la amonestación pública es un costo menor “puesto que el fin que se persigue de posicionarse ante la ciudadanía se logra y para cuando los procedimientos jurisdiccionales concluyen alcanzaron el objetivo”; sin embargo, insiste, el INE solo sigue los procesos establecidos.

Para Pablo Gómez, representante del PRD ante el INE, la actuación del Instituto ha sido “una vergüenza” porque ante la estrategia del PVEM ha sido “ciego, sordo y mudo”.

Advierte que el INE ha tomado una actitud de “complacencia frente al oficialismo, es decir, al PVEM que forma parte del PRI y el gobierno Federal”. El perredista ha sido uno de los críticos más férreos a la estrategia publicitaria del Partido Verde, por lo que califica de “ridícula” la amonestación pública después de estar violando la ley, mientras que el INE ha sido una autoridad inexistente”, afirma.

 ¿La eficaz estrategia?

Aunque el efecto de esta campaña publicitaria se verá en el resultado electoral de julio próximo, de acuerdo con mediciones de Parametría, el PVEM ha logrado posicionarse frente al electorado como la cuarta fuerza política.

En la reciente encuesta de enero, la encuestadora menciona que el Partido Verde se tiene 10% en la intención de voto para las diputaciones federales.

Y es que la publicidad en cines es considerable, pues durante el 2014 más de 25 millones de personas acudieron a alguna sala cinematográfica para ver uno de los 70 películas presentadas.


Además, se trata de un ambiente idóneo para recibir mensajes publicitarios, pues existen buenas condiciones ambientales y técnicas: pantalla gigante, oscuridad, sonido estéreo, mínima saturación publicitaria y una audiencia cautiva, en reposo y expectante, por lo que se consigue transmitir muy eficazmente los mensajes, explica el asambleísta Manuel Alejandro Robles Gómez, quien presentó una iniciativa para que las empresas de cine especifiquen los horarios precisos para el inicio de las películas para que el usuario pueda evadir la publicidad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Van contra la favorita de Calderón

Los priistas en el Senado aseguran que a pesar de que existe evidencia de la construcción de trabajos inconclusos y con sobrecostos en Tradeco, no ha habido sanciones.

La bancada del PRI en el Senado presentará un segundo punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) brinde un informe que involucra a todas las dependencias que tuvieron tratos con Tradeco, la constructora más beneficiada en el sexenio de Felipe Calderón.

El grupo parlamentario del tricolor presentó la proposición para que la ASF informe sobre el estatus que tienen las observaciones realizadas a todas las dependencias y entidades federales que involucran a Grupo Tradeco, propiedad de Federico Martínez Urmeneta.

“Se ha dado a conocer la probable comisión de irregularidades en adjudicaciones directas y obras durante el periodo 2003 a 2012; asimismo, existe evidencia de la construcción de carreteras con fallas, trabajos inconclusos y con sobrecostos en los proyectos adjudicados

“No obstante la gravedad de los hechos, hasta el momento éstos no han derivado en ningún tipo de consecuencia jurídica, por lo cual tenemos la responsabilidad de exhortar a las autoridades conducentes para que lleven a cabo las investigaciones que permitan esclarecer el asunto y sancionar a quienes resulten responsables”, llamaron los legisladores priistas.

Fuentes del PRI confirmaron que se busca que avance la investigación contra Tradeco y sus aliados políticos del PAN para intentar contrarrestar el efecto de los escándalos de corrupción en el que se ha involucrado a miembros del Gobierno federal.

En el punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se establece que, “para dimensionar la magnitud de los hechos”, basta decir que entre el 2003 y el 2012, Grupo Tradeco fue beneficiado con contrataciones por adjudicación directa que le dieron ingresos de alrededor de 15 mil 143 millones de pesos.

Un momento emblemático de las irregularidades en la asignación de contratos a esta empresa fue cuando Federico Martínez Salas, padre de Martínez Urmeneta y fundador de la firma, se incorporó a Petróleos Mexicanos como director del Proyecto Cantarell y, desde ahí, otorgó a la empresa un contrato por 379 millones de pesos para “trabajos de modernización” de la refinería de Minatitlán.

Comenzaría ahí una serie de contratos con Petróleos Mexicanos y otras dependencias que incluiría desde la inspección y rehabilitación de ductos y poliductos hasta la construcción del Puente Baluarte, una de las más grandes obras de infraestructura en el sexenio calderonista.

Le fueron otorgados también varios contratos para la construcción o rehabilitación de infraestructura carretera que tuvo varias observaciones de la ASF.

Tradeco trabajó en varios proyectos de la Secretaría de Seguridad Pública, que estuvo liderada por Genaro García Luna, mismos que le fueron otorgados a la empresa de forma directa por razones de “seguridad nacional”.

De los contratos otorgados a Tradeco, la ASF revisó 11 de los 95 contratos solo por ampliación en el plazo de entrega o el aumento en los costos.

Uno de esos casos fue la autopista Durango-Mazatlán, obra que presentó 45 observaciones entre las que se encontraba el haber incurrido en un sobrecosto superior al 30 por ciento.

La ASF determinó, también, observaciones por mil 616 millones de pesos ocurridas por diferencia de volúmenes, trabajos de mala calidad, error en la integración de precios, variación en las tasas de interés o intereses de pagos anticipados.

“Como vemos, hablar del Grupo Tradeco es hacer alusión a una conducción bajo el amparo del tráfico de influencias y el conflicto de interés, evasión de impuestos, incumplimiento de contratos en los términos pactados e incluso, de omisión del cumplimiento de la normatividad ambiental, situación que ha sido denunciada por la propia Profepa”, exponen los legisladores del tricolor.

Los senadores priistas argumentaron “ausencia de legalidad y ética” en las irregularidades del otorgamiento de contratos a Tradeco, sobre todo en la administración pasada, en la que “prevalecen actos de corrupción y tráfico de influencias”, sentenciaron en su petición.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Transparencia empantanada

Con las modificaciones impulsadas por el PRI para las nuevas leyes en esa materia, la negociación está atorada en el Senado. El PRD acusa que el tricolor está frenando los avances.

Apesar de que ya se venció el plazo para que sean aprobadas las leyes de transparencia, su negociación continúa empantanada en comisiones del Senado.

Esto debido a una serie de modificaciones que son impulsadas por el PRI y en las que los partidos de izquierda no están de acuerdo.

Senadores del PRD acusaron que el tricolor impulsa alrededor de 80 modificaciones al dictamen de la Ley de Transparencia, entre las que se encuentran que la información sobre las violaciones graves a derechos humanos, a delitos de lesa humanidad o a actos de corrupción sea abierta “hasta que una autoridad competente resuelva la materia”.

Se contempla, además, eliminar del catálogo de sujetos obligados a los Fondos y los Fideicomisos gubernamentales.

“Si no se frenan (las modificaciones), pues en realidad, lo que estaría ocurriendo es una enorme limitación a los avances que en materia de transparencia se han tenido”, denunció Armando Ríos Piter, senador por Guerrero.

Los priistas han planteado una ampliación del catálogo de temas y tópicos que deben permanecer reservados, intención que resulta “intransitable” para los perredistas.

Aunado a esto, el tricolor intenta que en algunas dependencias o entidades ni siquiera se considere la obligación de establecer un consejo de transparencia, acusaron.

En ese supuesto se encontrarían el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Centro Nacional de Protección, la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y el Estado Mayor Presidencial y de las Fuerzas Armadas.

El PRI busca también eliminar la necesidad de que se exprese “la prueba de daño”, a través de la cual las dependencias que decidan no hacer pública una información deben justificar cuál sería el daño que se haría al país si se revela.

Se busca también matizar la figura de la recomendación, que la oposición considera como fundamental para la prevención y que se busca dejar con un carácter no vinculante.

“Esto va totalmente en contra de lo que existe en Estados Unidos y en el mundo, esto es una regresión”, afirmó el perredista Zoe Robledo, senador por Chiapas.

En la reserva de información sobre los Fondos y Fideicomisos, los perredistas alertaron sobre la opacidad que habrá sobre el manejo de recursos en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y de los tres niveles de Gobierno que están radicados en esas figuras.

Dolores Padierna acusó que se intenta ocultar principalmente la información proveniente del Fondo Mexicano del Petróleo.

“Hay que decir que los recursos millonarios que hay en los fondos y fideicomisos son recursos públicos y que, por lo tanto, deben de tener máxima transparencia, más aún si se trata del Fondo Monetario del Petróleo se trata de ingresos petroleros que deben de estar a la vista al día, diario se saca petróleo, diario  hay ingresos petroleros, diario tenemos que revisar cómo se va conformando este Fondo Mexicano del Petróleo”, afirmó Padierna.

Los legisladores acusaron que con los cambios que se proponen, se fomenta que exista un ambiente de discrecionalidad en toda la Administración Pública.

Por su parte, el PRI definió el tema de transparencia como una de sus prioridades en este periodo de sesiones y han acusado que es la oposición quien no quiere continuar con la negociación del tema.

Sin embargo, los perredistas acusaron que las modificaciones no provienen de la bancada del PRI, sino directamente de la Presidencia de la República, por lo que no hay con quién negociar.

“Los corchetes tienen un origen. ¿Con quién vamos a discutir los corchetes, las diferencias? Lo que nosotros estamos planteando al PRI es que no tiene ninguna razón estar discutiendo con quien no está realizando las modificaciones. Si hay corchetes de última hora, necesitamos discutir con quien puso esos corchetes”, señaló Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.


Los legisladores se pronunciaron por llevar a cabo el debate de las modificaciones de forma abierta y que los debates sean transmitidos por el Canal del Congreso.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

El hermano incómodo de Ángel Aguirre, “El señor del 20%”

CHILPANCINGO, Gro: A Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano incómodo del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, lo conocen como El señor del 20%, pues ése era el porcentaje que pedía a los empresarios para obtener contratos de obra pública del gobierno estatal.

Aficionado a los caballos y los gustos excéntricos, tenía una red de al menos 40 empresas y se adjudicaba directamente millonarios contratos, principalmente de las secretarías de Educación y Salud, dependencias que perciben la mayor cantidad de recursos públicos en la entidad, señalaron fuentes oficiales consultadas por Apro.

“Mateo Aguirre acaparaba y decidía qué obra se adjudicaba para la construcción y equipamiento de hospitales, planteles escolares y obras de infraestructura hidráulica y carretera. El resto de los contratos eran repartidos entre empresarios que estaban dispuestos a entregarle 20% del monto de la obra”, refirió el informante.

La detención del hermano del exgobernador en Acapulco la tarde de este martes por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) representa no sólo un golpe legal, sino político contra el grupo de Ángel Aguirre, quien mantiene una puja para imponer a su hijo del mismo nombre como candidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, así como al actual senador perredista y considerado como su fiel colaborador Sofío Ramírez, como candidato a la gubernatura por el mismo partido.

Desde noviembre de 2011, el exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo denunció públicamente los presuntos actos de corrupción de Mateo Aguirre por hacer negocios al amparo del poder.

También, calificó a su hermano Ángel como “parásito, corrupto, cínico y ladrón”.

Torreblanca denunció que la flota aérea oficial era utilizada por familiares de Aguirre y secretarios de despacho para actividades personales. Incluso, señaló que un helicóptero del gobierno de Guerrero fue puesto a disposición del excandidato perredista al gobierno de Michoacán, el senador con licencia Silvano Aureoles.

Entre las personas que usaban la aeronave para estos fines, señaló al hijo del gobernador, el actual diputado federal del PRI, Ángel Aguirre Herrera; su hermano Carlos Mateo Aguirre, quien se desempeñaba como coordinador del Ejecutivo; y el exsecretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, padre del actual diputado federal perredista, Jorge Salgado Parra.

Nepotismo en televisión

Hacia mayo de 2012, Televisa y TV Azteca desataron una campaña mediática contra Aguirre, orquestada por un empresario que se inconformó porque no le dieron un contrato.

En entrevista, el entonces gobernador Aguirre Rivero narró una historia más en que el duopolio televisivo ejerce su poder y doblega al Ejecutivo estatal en el texto titulado “Televisa y TV Azteca nos tratan como a sus gatos”, publicado en el semanario de Proceso.

Durante varios días los noticiarios de ambas empresas lo acusaron de nepotismo y corrupción. Como resultado, Aguirre limpió la nómina de sus familiares directos, aunque otros medios hicieron esas críticas meses atrás sin consecuencia alguna.

Sin admitir que esto significó ceder a las presiones del duopolio televisivo, Aguirre se limitó a informar que decidió solicitarles la renuncia a una veintena de familiares directos que ostentaban cargos estratégicos en su administración desde el año pasado, entre ellos, su hermana Rosalinda Aguirre, directora del DIF estatal, y su sobrino Ernesto Aguirre, asesor personal y coordinador de “proyectos estratégicos” del Ejecutivo.

Dijo que su hermano Carlos Mateo renunció a su cargo de coordinador del Ejecutivo dos meses antes. Él fue el blanco principal de las televisoras para ilustrar su nepotismo y la corrupción que desde entonces impera en el gobierno, ya que fue acusado de hacer negocios al amparo del poder.

En ese momento, Ángel Aguirre deslindó a Carlos Mateo de los señalamientos de corrupción, sobre todo del exgobernador Torreblanca:

“He tratado de mantener una relación de respeto con los medios, independientemente del que se trate, pero les pido que cualquier crítica, venga de quien venga, esté debidamente avalada y sustentada con pruebas, porque se han hecho señalamientos que no corresponden con la realidad”.

El entonces mandatario consideró que Televisa utilizó a Torreblanca aunque no tenían buena relación. Enfatizó que antes de concluir su mandato en abril de 2011, Torreblanca acusó de corrupto y extorsionador al conductor de noticias Joaquín López-Dóriga en desplegados que publicó en medios de circulación nacional, entre ellos el diario Reforma.

En esas publicaciones Torreblanca denunció que los ataques mediáticos en su contra se debían a que no accedió a entregarle al conductor del noticiero estelar de Televisa seis millones de pesos anuales como lo hacía el exmandatario guerrerense y actual candidato priista a senador, René Juárez Cisneros.


A pesar de que los familiares del exgobernador renunciaron a sus cargos, en los hechos, personajes como su hermano Mateo Aguirre  y su sobrino Ernesto Aguirre siguieron operando hasta ahora, cuando el gobierno federal detuvo al principal beneficiario de los contratos de la obra pública del gobierno estatal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS (REPORTAJE ESPECIAL).

Ayotzinapa, las preguntas incómodas contra la “verdad histórica”

MÉXICO, D.F: Ayotzinapa no es un expediente cualquiera. Van tres veces que el procurador general de la República busca darle “carpetazo” a una investigación que defiende como “verdad histórica”, al tiempo que insiste en que el expediente no se puede cerrar, “dada la naturaleza de los delitos”.

El último golpe a la frágil línea de credibilidad de la investigación y a la versión del gobierno federal y de su procurador –que no abogado general de la nación– es la serie de observaciones efectuadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

A los ocho cuestionamientos de los forenses argentinos, la Procuraduría General de la República (PGR) respondió con una rudeza innecesaria. A las observaciones sobre procedimiento, la PGR colocó al EAAF en un papel de “especuladores” y casi de enemigos, a pesar que fue el propio equipo de Jesús Murillo Karam quien los llamó.

En el fondo, saben que las observaciones de la EAAF tienen más credibilidad que la “verdad histórica” inducida mediáticamente por una simple y sencilla razón que el exgobernador de Hidalgo conoce muy bien: no le corresponde al procurador general de la República decretar la verdad histórica sobre su propia investigación sino a un juez.

La PGR se ha colocado como juez y parte en un caso paradigmático, quizá recibiendo órdenes de su jefe inmediato superior y haciendo caso omiso de lo que todo buen fiscal debe hacer frente a una crisis y una tragedia de esta magnitud: serenidad, paciencia y mucha capacidad de empatía con las víctimas.

Murillo Karam ha hecho exactamente lo contrario: ha perdido la serenidad, la paciencia y colocó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos como sus enemigos y no como las legítimas víctimas que deben ser atendidas.

Las observaciones de la EAAF contienen, al mismo tiempo, preguntas incómodas que Murillo Karam y sus investigadores no han querido responder. Como a los periodistas no se les permite preguntar todo lo que es necesario para darle solidez a la versión de la PGR, entonces es necesario hacerlas públicas.

1. Insiste la PGR que todo el escenario fue el basurero de Cocula. Habla de un incendio magno que no ha acreditado fehacientemente. ¿Cuántos litros de gasolina se utilizaron para incinerar la cantidad de cuerpos que ellos dicen? ¿Cuánta leña se utilizó? ¿De dónde se trajo? ¿Cómo la consiguieron? Desde 2010 se han registrado incendios en ese mismo basurero, ¿cómo distinguieron el siniestro de la madrugada del 26-27 de septiembre de 2014 de eventos anteriores?

2. La PGR arroja una serie de números para convencernos de la veracidad de su versión: 487 peritajes en 26 especialidades, muestras de tierra, 42 elementos balísticos y una cantidad de estadísticas aparentemente arrolladoras. ¿Han hecho peritajes de las bolsas donde supuestamente guardaron y arrojaron los cuerpos? ¿Existe evidencia más allá del testimonio de los sicarios de Guerreros Unidos de que eran unas bolsas? ¿Quién o quiénes las compraron? ¿Dónde las adquirieron?

3. El EAAF advirtió que “al menos” entre el 7 y el 27 de noviembre de 2014 el basurero de Cocula permaneció sin custodia permanente. Ofrecen fotos donde se observan a estudiantes, periodistas y público en general visitando el lugar, sin presencia de ninguna autoridad. ¿Por qué no hubo custodia en el escenario del crimen colectivo? Si la hubo, ¿Quién fue el responsable?

4. El EAAF afirmó que notó diferencias en 20 de los 134 perfiles genéticos que la PGR tenía en común con ellos, pertenecientes a 16 familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo cual es “inusual” porque el procesamiento de las muestras es sencillo. La PGR admitió que estas diferencias “eran errores” de su laboratorio, pero “no hubo una explicación clara al respecto”. ¿Por qué se cometió este “error”? ¿Es posible que otros “errores” se hayan cometido en el análisis de las muestras? ¿Son enmendables?


En fin, no se trata de pelear sino de convencer. La PGR, hasta ahora, sólo ha insistido en una sola versión. Y esta misma considerada como “verdad histórica” se hace cenizas, como los cuerpos que ellos dicen fueron incinerados en Cocula.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Los Murat y un hijo de Fidel Herrera, dueños de condominios de lujo en NY: The New York Times

WASHINGTON: La familia del exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab, posee por lo menos seis propiedades en Estados Unidos, entre ellas dos inmuebles de lujo en la ciudad de Nueva York, donde también un hijo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y uno del exalcalde del municipio nuevoleonense de San Pedro Garza García, Fernando Margáin, son dueños de un condominio, respectivamente, reveló hoy el diario The New York Times.

Con un valor aproximado de 5.44 millones de dólares, dos condominios de lujo en Nueva York, junto con otros cuatro inmuebles, pertenecen a la familia del exgobernador oaxaqueño, de acuerdo con el largo reportaje de The New York Times titulado “Una familia política mexicana con nexos cercanos al PRI, y sus casas en Estados Unidos”.

Las propiedades de los Murat se componen de dos condominios en un centro para esquiar en el estado de Utah, otro en la Isla del Padre, Texas, y dos más en la isla de Manhattan, Nueva York.

“En Nueva York, los hijos de Jose Murat han vivido por periodos de tiempo en uno de los más modestos condominios de lujo en el edificio Time Warner Center, con vista a Central Park”, se destaca en el artículo del rotativo estadunidense.

El reportaje, que forma parte de una serie de investigación periodística que comenzó a publicar The New York Times este fin de semana sobre políticos y empresarios estadunidenses y extranjeros, dueños de condominios y casas de lujo en Nueva York y los sospechosos métodos que siguen para adquirirlos, destaca a la familia de Murab Casab, la que no se conoce por ser adinerada, lo cual abre dudas sobre el origen de los fondos con los que adquirieron las propiedades.

“La propiedad de las casas fue con regularidad no muy transparente, por la variación de los nombres de los familiares registrados en los títulos de propiedad o por medio de empresas fantasma a nombre de las cuales adquirieron los inmuebles”, destaca el reportaje del diario neoyorquino.

Irónicamente, el recuento sobre las propiedades de los Murat en Estados Unidos inicia con lo que en el otoño de 2013 escribió en su cuenta de Twitter un hijo del exgobernador oaxaqueño, Alejandro, sobre una campaña de hipotecas con tasas de interés muy bajas.

El mensaje en Twitter advertía: “Lo cosa más importante en la vida está en tu casa”.

“El mismo día en que el joven Murat escribió en Twitter sobre el programa de hipotecas, el Registro Público de la Propiedad en el estado de Florida registró la transferencia de un condominio con valor de 750 mil dólares, comprado a nombre de su esposa a una entidad llamada IMRO 2013 Trust”, detalla el reportaje.

La revelación de las propiedades de la familia del exgobernador de Oaxaca, del hijo de Fidel Herrera, y de Margáin, son un grano de arena más a los escándalos sobre la famosa Casa Blanca, adquirida a la contratista gubernamental Higa por parte de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, y la que el propio mandatario tiene en Ixtapan de la Sal, Estado de México, y la de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, también en la entidad mexiquense.

“Los bienes de funcionarios públicos mexicanos han estado recientemente bajo un intenso escrutinio, por una impactante revelación y por las protestas que se concentran en la corrupción endémica que priva en el país”, subraya The New York Times.

Cuestionados por los autores del reportaje sobre sus propiedades en Nueva York, José Murat Casab y su hijo Alejandro negaron ser los dueños de los dos lujosos condominios con vista privilegiada a Central Park.

“José Murat dijo que el condominio en Time Warner pertenecía a un familiar. Alejandro Murat dijo que el condominio en Florida es de su suegra, y que otro en Manhattan, del cual el Registro Público de la Propiedad revela que fue comprado a nombre de la esposa del actual titular del Infonavit, le pertenece a un tío”, se consigna en el artículo.

En un correo electrónico enviado a The New York Times, el exgobernador de Oaxaca sólo reconoce que los dos condominios que están en Park City, Utah, pertenecen a su familia, y que fueron adquiridos en 2004, uno por sus dos hijos, y el otro por sus dos hijas. Estas dos propiedades tienen un valor de 690 mil dólares.

“Las propiedades de los Murat, que emergieron durante la investigación de este diario sobre la gente que está detrás de las compañías fantasma que tienen propiedades en el Time Warner Center, no son objeto de ninguna investigación y no hay evidencia de ninguna ilegalidad en su compra”, aclara el rotativo.

La adquisición de inmuebles en Estados Unidos por parte de la familia Murat, según The New York Times, data de 1984.

En ese año, el exgobernador y su hermano Karim compraron un condominio en la Isla del Padre, Texas. Poco después, los hermanos Murat también compraron otro condominio cerca de la ciudad texana de Brownsville.

“En ambos casos, en los títulos de propiedad (escrituras) los hermanos se registraron solamente con el apellido materno, Casab”, aclara el diario, que también agrega que posteriormente los hermanos alternaban en las escrituras al apellido Casab con uno más común: Casas.

En la década de 1990, la investigación del periódico neoyorquino encontró que junto con su madre, Juana Casab, los hermanos Murat comenzaron a comprar propiedades en el estado de Michigan, donde la señora tenía familiares. “Tenían cuatro propiedades entre ellos, una casa modesta en un suburbio, un condominio, un terreno y un local comercial. Un primo, Alfredo Casab, abogado en Michigan, confirmó que Karim y Juana estaban relacionados con el exgobernador de Oaxaca”, establece el reportaje.

La compra de los dos condominios en Utah se hizo 2004, en el ocaso de la gubernatura de José Murat, y en el caso de los condominios en Manhattan, Louise Forbes, una agente de bienes raíces de la firma Halstead Property, explicó a The New York Times que en 2007 ella fue la agente que ayudó al hijo de Fidel Herrera y a otras cuatro familias de mexicanos en la compra de cinco condominios en total en la ciudad de Nueva York.

“La esposa de Alejandro, Ivette Mora, compro la unidad 6C, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, que está junto al apartamento adquirido por Melissa F. Alcántara, hija de una mujer quien por mucho tiempo ha sido novia de José Murat”, resalta el reportaje.

Más arriba de donde se encuentran los condominios de los Murat, en el edificio Time Warner Center, se ubica otra propiedad adquirida por una empresa fantasma. “Pero el Registro Público de la Propiedad incluye el nombre de un hijo de Fernando Márgain, el exalcalde de San Pedro Garza García, y otro propietario de un condominio el edificio es Víctor Manuel Álvarez Puga, dueño de una firma contable en México”, apunta el trabajo periodístico.

Respecto del caso del hijo del exgobernador de Veracruz, el periódico estadunidense explica que la asesora de inversiones Geralda Buckley Kral, millonaria que vive en Zurich, le confesó que fue ella quien ayudó a una familia de apellido Herrera a establecer un fideicomiso que en 2007 se utilizó para comprar un condominio ubicado entre la calle 40 West y la 55, en un pequeño edificio sobre la famosa Quinta Avenida, cerca del Museo de Arte Moderno y Central Park.

“Las escrituras enlistan a un hijo de Fidel Herrera, amigo de Murat, como representante de la compañía fantasma que compro el condominio”, añade el New York Times, diario que en el caso de los Murat aclara que los condominios en el edificio Time Warner Center se adquirieron por medio de una empresa llamada Nivea Management.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Colima ‘exhala’ corrupción

La administración del gobernador Mario Anguiano es un volcán de irregularidades. Operaciones inmobiliarias turbias que significaron un desfalco al erario marcan el fin de su sexenio.

La corrupción, el favoritismo y el tráfico de influencias en la compra de terrenos por parte del gobierno de Colima marca el fin del sexenio del gobernador Mario Anguiano.

La administración estatal que encabeza Anguiano llevó a cabo operaciones inmobiliarias turbias que se convirtieron en un desfalco al erario de los colimenses.

Reporte Indigo documentó graves irregularidades en la compra de terrenos que realizó el Instituto de Vivienda de Colima –ahora llamado Insuvi- como parte de su estrategia para aumentar su reserva territorial para la construcción de casas.

Las anomalías detectadas incluyen la adquisición de predios sin escrituración, adquiridos a sobreprecios a priistas que pertenecen al grupo político del gobernador e incluso bajo sospecha de tener vínculos con el crimen organizado.

Hay terrenos que fueron comprados sin avalúos de por medio, a través de triangulaciones de recursos públicos entre los funcionarios allegados al mandatario colimense.

La mayoría de los predios resultaron inservibles para la construcción de vivienda porque están ubicados fuera de la mancha urbana y en zonas de alto riesgo.

Uno de los terrenos fue completamente devorado por el paso del huracán “Jova” en Colima hace cuatro años.

Estas operaciones truculentas se realizaron entre el 2011 y 2012, cuando el priista Jesús Orozco Alfaro se desempeñaba como secretario general de Gobierno y luego como titular de la secretaría de Finanzas del Gobierno de Mario Anguiano.

“Mario se rodeó de buitres que se convirtieron en vice-gobernadores en Colima y que hicieron todo lo que quisieron en el sexenio”, denuncia el diputado local del PRD, Francisco Javier Rodríguez.

Los terrenos ‘amañados’

En el segundo año de la administración del priista Mario Anguiano, en el 2011, el gobierno de Colima contrató un crédito por más de 100 millones de pesos para que el Instituto de Vivienda comprara terrenos como reserva territorial para la construcción de casas.

Ese año, el Gobierno de Colima -a través del entonces llamado Ivecol- presupuestó 72 millones de pesos para la adquisición de 9 predios particulares.

Uno de ellos, el más grande, de 98 hectáreas, se localizaba en el poblado conocido como La Loma, en la carretera Colima-Manzanillo, fuera de la mancha urbana de la ciudad capital.

El Gobierno de Colima adquirió este predio a Adriana Santoyo Durán, a quien el Estado la validó como propietaria de este terreno.

Santoyo Durán es viuda de Germán Torres Anguiano, quien fuera dueño del palenque del Municipio de Villa de Álvarez y que fue ejecutado en el 2006 en el centro comercial de Plaza del Sol, en la ciudad de Guadalajara.

En Colima algunos medios han referido que existe un vínculo familiar entre Torres Anguiano y el gobernador Mario Anguiano Moreno.

El Gobierno de Colima desestimó los antecedentes oscuros de esta propiedad y continuó con su plan de adquirirla para el Instituto de Vivienda.

Un avalúo que realizó el arquitecto Carlos Guillermo Mercado Schutle, que se adjuntó en el expediente de compra venta, determinó un valor de 59 millones de pesos para este predio de 98 hectáreas. Hoy se sabe que el Estado de Colima solo pagó 35 millones de pesos por este predio.

Una venta en 'fast track'

Este periódico tuvo acceso al expediente de la compra-venta del terreno de 98 hectáreas que realizó el Instituto de Vivienda de Colima.

Hay algo que resulta sospechoso en esta operación inmobiliaria: la urgencia con la que actuaron los funcionarios del gobierno de Colima.

Tan solo tres días le tomó al gobierno de Mario Anguiano avalar los documentos que presentó la dueña del terreno, autorizar los recursos y expedir un anticipo a la presunta dueña del terreno.

El 22 de marzo de 2011, Óscar Alejandro Torres Contreras, entonces director del Ivecol, le solicitó a través del oficio DG-521/2011, a José Alberto Peregrina Sánchez, director general de gobierno, que revisará la documentación que presentó Adriana Santoyo Durán para acreditar la posesión legal del predio denominado “Las Lomas”.

El expediente entregado al subalterno del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro, incluía escrituras públicas y el avalúo inmobiliario IVE-2011-02 de fecha de 22 de marzo elaborado por el M.V.B Carlos Mercado Schutle.

Un día después, el miércoles 23 de marzo el mismo director del Instituto de Vivienda solicitó al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Francisco Osorio Cruz, que liberara los recursos por 59 millones de pesos para la compra del predio.

En el oficio, del cual este periódico tiene copia, el director del Ivecol asegura que el equipo jurídico de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Orozco Flores, analizó la factibilidad de la compra de este terreno.

“Para dar trámite para la adquisición de dicho terreno, y una vez que sea autorizado por la H. Junta de Gobierno de este Instituto, solicitamos un anticipo de $35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N) con cargo al crédito solicitado al Banco Interacciones, S.A.”, señala el oficio DG/413/2011.

El jueves 24 de marzo –dos días después de que se supone inició el proceso de adquisición- el Instituto de Vivienda del Estado autorizó un cheque por 8 millones de pesos y otro por 2 millones más a Santoyo Durán por concepto de anticipo de su terreno rústico.

Días después, el Ivecol autorizó cinco cheques más -cada uno con valor de 5 millones de pesos- a favor de Adriana Santoyo Durán, que presentaron diferentes firmas de recibido.


El Gobierno de Colima concretó la compra de este terreno, sin embargo, el Instituto de Vivienda del Estado nunca tomó posesión de este predio.

Un año después, un supuesto juicio de amparo que presentó la familia de Rafael Ordorica Suárez, empresario de estaciones de radio en Colima, le dio la posesión legal del predio que el Ivecol había adquirido a la viuda de Germán Torres Anguiano en 35 millones de pesos.

De nada sirvió la supuesta revisión jurídica que llevó a cabo el área de Jesús Orozco Alfaro, entonces secretario general de Gobierno.

El terreno adquirido tenía otro dueño.

“Esto fue desfalco”, señala el diputado perredista Francisco Javier Rodríguez.

“Hasta el momento los colimenses no sabemos si los recursos realmente se pagaron a la primera dueña o fueron desviado por los funcionarios”.

Reporte Indigo tuvo acceso al expediente de la compra-venta del terreno de 98 hectáreas que realizó el Instituto de Vivienda de Colima.

Compran terreno… y se lo lleva huracán

La compra del predio de 98 hectáreas, por el cual el gobierno de Colima habría pagado 35 millones de pesos, pero que no se concretó porque se negoció con el propietario equivocado, no es la única operación bajo sospecha que realizó el Instituto de Vivienda del Estado de Colima, hoy llamado Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, Insuvi.

En el 2011, igual con los recursos conseguidos a través de un endeudamiento, el Ivecol adquirió un terreno de 6.43 hectáreas en Manzanillo por 10.5 millones de pesos.

El predio era propiedad de la empresa Constructora y Urbanizadora El Volantín, S.A. de C.V, que pertenece a Alejandro Meillón Galindo, excandidato del PRI a la Alcaldía de Manzanillo y quien se desempeñaba entonces como titular del Fideicomiso 322 Manzanillo-Las Garza (Fimaga)

El posible conflicto de interés y favoritismo no es la única irregularidad detectada en esta operación inmobiliaria.

No hubo avalúo en la transacción y los 10.5 millones de pesos que pagó el Gobierno de Colima por este predio representan casi lo doble del valor de los terrenos en esa zona.

Hay otra anomalía más en esta compra-venta: el predio comprado se supone para la construcción de vivienda fue completamente destruido por el paso del huracán “Jova” en el 2011.

“El terreno quedó inservible para el Instituto de Vivienda”, dice el legislador perredista.

“Compraron un predio sin avalúo, a sobreprecio y en una zona de riesgo”.

En el Ivecol existen constancias de que la empresa de Alejandro Meillón Galindo reintegró únicamente 9 de los 10.5 millones de pesos que el Instituto le pagó por su propiedad.

Pero el diputado del PRD, Francisco Javier Rodríguez, tiene dudas sobre la procedencia del dinero que regresó Meillón Galindo al Instituto de Vivienda.

En ese momento se desempeñaba como tesorero del Estado de Colima, Jesús Orozco Alfaro, allegado de Meillón Galindo y del mandatario de Colima.

Una deuda como herencia

El gobernador de Colima, Mario Anguiano, no solo herederá un estado de Colima endeudado –creció en su sexenio un 237 por ciento la deuda pública a largo plazo- sino dejará también la sospecha firme entre los colimenses del enriquecimiento ilícito del gobernador y de su grupo político.

En la primera mitad de su sexenio Anguiano se hizo de un rancho en el poblado de Suchitlán, en el municipio de Comala, que según su declaración patrimonial del año 2012 –el resto están reservadas- tiene un valor de 3 millones y medio de pesos.

La propiedad está ubicada frente al rancho de uno de sus más allegados funcionarios: Rafael Gutiérrez, secretario de Fomento Económico de Colima.

“El tema en Colima es la deuda, la inseguridad y el enriquecimiento inexplicable de los funcionarios de Colima”, señala el diputado local del PAN, Donaldo Zúñiga

“No tengo duda de que el peor gobernador que ha tenido Colima en su historia ha sido Mario Anguiano”.

No tengo duda de que el peor gobernador que ha tenido Colima en su historia ha sido Mario Anguiano”.

Jesús Orozco Alfaro: ‘El rey Midas’ de Colima

En Colima hay un gobernador, Mario Anguiano, pero el estado ha tenido varios vicegobernadores: políticos que utilizaron el poder para su beneficio.

Uno de ellos es Jesús Orozco Alfaro, un priista quien hoy está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y señalado por corrupción en la administración estatal.

Orozco Alfaro inició en el PRI. Fue alcalde de Colima, diputado federal, senador, pero en el año 2002 dejó este partido político por el PRD.

Fue candidato a la gubernatura de Colima por el Sol Azteca, apoyado por Andrés Manuel López Obrador, pero perdió en la contienda.

En el 2009 regresó al PRI para apoyar la candidatura de Mario Anguiano, quien una vez que se proclamó como gobernador lo designó, primero, como secretario general de gobierno y después como tesorero del Estado.

Fue la mano derecha de Anguiano en la primera mitad del sexenio.

Como tesorero de Colima, Orozco Alfaro fue responsable del incremento de la deuda que casi se ha triplicado durante el actual sexenio.

“Jesús Orozco Alfaro dejó prácticamente temblando las finanzas estatales cuando estuvo como tesorero del Estado”, dice el legislador panista Donaldo Zúñiga.

“Hoy se le pueden ver en diferentes lugares propiedades, negocios, De la noche a la mañana el señor goza de una fortuna en el estado. Esto genera sospechas de un enriquecimiento ilícito por el saqueo de las arcas estatales”.

A través de su hijo, Jesús Orozco Fuentes, el político colimense maneja la empresa Operadora de Restaurantes de Colima, S.A. de C.V., que tiene a su cargo sucursales de las cadenas Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken.

“Jesús Orozco es el rey midas de aquí de Colima”, comenta Francisco Javier Rodríguez.


“Lo que toca lo hace oro. Es un político venido a empresario”.

Orozco Alfaro estuvo en el gabinete de Mario Anguiano hasta julio del 2013.

Meses después en octubre de ese año fue designado como director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo.

Pero no duró el cargo.  En abril del 2014 fue destituido por la Secretaría de la Marina, quien desde entonces se ha hecho cargo del Puerto de Manzanillo, estratégico para el tráfico de anfetaminas y de hierro mineral.

Los diputados locales del PAN, PRD y PT en el Congreso de Colima exigieron a la PGR una investigación por el cese de Orozco Alfaro, sin embargo las autoridades federales nunca iniciaron ninguna averiguación.

En su lugar fue nombrado el 4 de abril del año pasado el Vicealmirante Jorge Bustos Espino como director general de la API Manzanillo.


Mario Anguiano tuvo que reconocer que los decomisos de droga en el Puerto de Manzanillo habían bajado durante la gestión de Orozco. Un día antes de que fuera destituido de la API de Manzanillo, Orozco Alfaro hizo de las suyas: otorgó un contrato a la empresa Transmacol, S.A. de C.V., para realizar operaciones de contenedores en el interior del puerto.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

‘Conmigo el PAN gana’

En medio de la aparente pérdida de apoyo de los grupos al interior del partido, Margarita Arellanes afirma que con ella como candidata a la gubernatura saldrían victoriosos Acción Nacional y Nuevo León.

En el contexto de una presunta ruptura del Grupo San Nicolás con el proyecto de Margarita Arellanes, la aspirante sentencia que si Acción Nacional quiere recuperar la gubernatura de Nuevo León, ella garantiza la victoria.

Además afirmó que no sólo sería un triunfo para su partido, también para el estado.

“Los panistas están cansados de que únicamente podamos ser testimoniales dentro de las  contiendas constitucionales.

“Queremos ganar y los panistas saben que conmigo está garantizada la victoria, no nada más para Acción Nacional, sino también para Nuevo León”, afirmó la precandidata.

En una entrevista exclusiva declinó opinar acerca de las declaraciones hechas en su contra por su oponente, Felipe de Jesús Cantú.

“Mis respetos para todos mis compañeros, de verdad, yo soy una mujer de propuestas, soy una mujer que toma las decisiones y que habla.

“Siempre dicen que hay que hablar primero de uno mismo para posteriormente hablar de los demás, no andar viendo la paja en el ojo ajeno. Yo soy una persona más de propuestas, más constructiva, además es lo que los panistas quieren”, dijo.

La precandidata luce segura a  unos días de la elección, aunque el lunes trascendió que Zeferino Salgado y Víctor Fuentes, líderes de la cúpula San Nicolás, le retiraron su apoyo.

Ambos se sumarán al trabajo de Cantú, y extraoficialmente el senador Raúl Gracia hará lo mismo en días próximos.

Para algunos el grupo de Salgado constituye gran parte de los votos de la militancia del padrón del PAN, y sumado a otro tanto que tiene Gracia, la alcaldesa con licencia podría haber perdido posibilidades.

Sin embargo Margarita niega que un grupo de personas pueda obligar a toda la militancia a decidir por un candidato.

“En este caso Acción Nacional nunca ha sido corporativista, a diferencia de otros partidos políticos, en donde uno dice derecha y todos se van a la derecha, que si uno dice izquierda, y todos se van a la izquierda.

“Somos un partido de propuestas, somos un partido de ideas, somos un partido en donde yo no creo que alguien pueda ser dueño de una persona, ni dueño de sus ideas”, explicó.

Aseguró que este domingo los panistas saldrán a las casillas a votar y darle la victoria.

Se le insistió en si confía ganar aún sin los apoyos más importantes de la cúpula albiazul.

 “Yo estoy convencida de que el domingo vamos a ganar”, afirma.

¿Mujer gobernadora?

Ser mujer nunca la ha detenido y nunca mermó en su ánimo cuando contendió por la alcaldía. Afirma que no le impedirá ser gobernadora.

Margarita Arellanes, esposa y madre de tres pequeñas, fue la primera alcaldesa de Monterrey, en los 416 años de vida que tiene la ciudad.

La sociedad estuvo preparada para una alcaldesa y afirma que tiene la capacidad y visión para darle el voto para gobernadora y hacer historia de nuevo.

“Por eso yo estoy convencida que, así como hace 3 años hice historia junto con todos los regiomontanos, hoy haremos historia todos los nuevoleoneses. Que seré la primera gobernadora de Nuevo León”.

Confía en que tendrá el apoyo de todos los panistas del estado, sin importar grupos ni acuerdos internos.

Detendría el Proyecto Monterrey VI

Por ser una obra altamente costosa e injustificada, de llegar a ser gobernadora del estado Arellanes detendría el proyecto hidráulico Monterrey VI.

El Proyecto Monterrey VI es un acueducto de 372 kilómetros de largo, que promete traer agua de la cuenca del Río Pánuco hasta el municipio de Linares.

Asociaciones civiles se han manifestado en contra de su construcción por ser innecesaria, por costosa y por la opacidad con la que se ha  manejado el proyecto.

“Hemos visto cómo ha ido avanzando este proyecto, que es de lo más descomunalmente caro, 60 mil millones de pesos, lo que equivale a poder reforzar nuestra seguridad o reforzar la inversión en infraestructura o reforzar la inversión para generar fuentes de empleo”, explicó.

Dijo que aparenta ser un negocio de unos cuantos y que entre sus planes está detenerlo.

“Definitivamente, un alto inmediato al proyecto Monterrey VI”.

Reordenará el transporte público

La precandidata del PAN propone reordenar de forma integral el transporte público para acabar con el caos vial de la zona metropolitana.

“Es llegar directamente a reordenar el transporte público, a bajar las tarifas, que son las más caras del país, y además también a crear subestaciones de transferencia y privilegiar las rutas periféricas.

“Adicionalmente a esto, continuar con lo que es la Ecovía y, por supuesto, ver cuáles son las líneas del Metro que se tienen que seguir, como la ruta universitaria para completar hacia la Punta de la Loma o lo que es Universidad, el campus Mederos y también lo mismo para Santa Catarina y García”.

Dice sí a Fuerza Civil y no al Mando Único

La seguridad es una de sus propuestas cardinales. En cada municipio recorrido, cada panista con quien ha intercambiado opiniones le reclaman este tema.

Arellanes plantea que Fuerza Civil, Marina y Ejército no sólo seguirán, además extenderán sus operaciones.

Criticó el gobierno de Rodrigo Medina, que promueve haber regresado la seguridad a la población cuando fue en su mandato que se desató la delincuencia.

Como alcaldesa de la capital regia, vivió de cerca la inseguridad y tomó la decisión de traer a la Marina, depurar la corporación de policía e invertir en dicho rubro.

Está proponiendo llevar ese proyecto al estado, pero reforzando la cantidad de elementos.


Respecto a Fuerza Civil, consideró que es un buen proyecto, pero que su falla ha sido que en lugar de tener 14 mil elementos como se contempló en su inicio, tiene 4 mil.

Proyecta que esta agrupación de seguridad se quede en el estado y que además extienda sus brazos a la zona rural, como “Fuerza Civil Rural”.

“El compromiso es aumentar la capacidad de fuerza de Fuerza Civil, para poder llegar a todo el estado con una verdadera cobertura.

“Yo lo que espero es la permanencia tanto del Ejército, como de la Marina y reforzar aún más esa presencia”, destacó Arellanes.

Rechazó radicalmente la figura del Mando Único porque los elementos no tendrían capacitación preventiva y ni capacitación de contacto de proximidad.


“La verdad pareciera que este país vive de ocurrencias, es la verdad. Es terrible que por querer resolver un problema de algunos municipios, se tomen estas decisiones de pánico”.

FUENTE: REPORTTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.

Maestros liberan el aeropuerto de Acapulco

MÉXICO, D.F: Tras siete horas de protestas, profesores de Acapulco liberaron esta mañana el aeropuerto internacional Juan Álvarez.

La toma inició ayer alrededor de las cuatro y media de la tarde por parte de docentes de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) y representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).

Los representantes del magisterio acordaron con las autoridades estatales sostener una mesa de trabajo este miércoles al mediodía para hacer una revisión de los docentes que no han recibido el pago de su aguinaldo o se les adeudan quincenas.

Los profesores denunciaron que el gobierno federal no ha reconocido más de 12 mil plazas de docentes y personal administrativo.

El gobierno federal no ha liberado el pago a los trabajadores desde enero ni la segunda parte del aguinaldo.

AUTOR: REDACCIÓN (PROCESO).

ANTECEDENTES:

Maestros de la Ceteg bloquean el aeropuerto de Acapulco; exigen pago de sueldos

CHILPANCINGO, Gro: Trabajadores del magisterio en la entidad, marcharon y realizaron un plantón en el aeropuerto de Acapulco para exigir el pago de su salario.

Hasta el cierre de la edición, los manifestantes mantenían su protesta en la terminal aérea, ubicada al oriente en la denominada Zona Diamante, mientras que policías federales de la división Gendarmería con equipo antimotín, resguardan el lugar.

De esta forma, miembros del magisterio en Guerrero, disidentes e institucionales, se unieron para protestar en contra de la política del gobierno federal que hasta el momento no reconoce más de 12 mil plazas de docentes y personal administrativo, argumentando que son ilegales porque fueron otorgadas sin techo presupuestal por los exgobernadores René Juárez Cisneros y Ángel Aguirre Rivero.


Por ello, el gobierno federal no ha liberado el pago a los trabajadores desde enero, así como la segunda parte del aguinaldo que también se trata de un beneficio autorizado por los exmandatarios que incrementaron de 45 a 90 días la prestación anual para el sector educativo en la entidad.

Cerca de las 10:00 horas, el multitudinario contingente encabezado por los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa partieron en marcha de la glorieta de la Diana Cazadora al Centro de Convenciones, sobre la principal vía turística del puerto, la costera Miguel Alemán.

Durante la marcha, los manifestantes agredieron a un policía federal que seguía de cerca la manifestación y videogrababa la protesta con su teléfono móvil.

No obstante, el incidente no pasó a mayores.

Ante la falta de atención gubernamental para establecer una mesa de dialogo y destrabar el conflicto generado por la falta de pago, aproximadamente a las 16:00 horas, los manifestantes decidieron trasladarse al aeropuerto internacional Juan N. Álvarez donde instalaron un plantón.

Sólo así, los inconformes llamaron la atención de las autoridades gubernamentales, quienes plantearon una reunión con funcionarios federales.


Hasta las 23:00 horas, la protesta seguía, mientras que dirigentes del magisterio alistaban el lugar para dialogar con los funcionarios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

Profesores de la CNTE marchan hoy en el DF y se regresan a Oaxaca

MÉXICO, D.F: Profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una última marcha este día en el Distrito Federal para finalmente regresar a Oaxaca.

La marcha iniciará a las diez de la mañana, a la altura del Monumento a la Revolución sobre Paseo de la Reforma rumbo a la Estela de Luz.

Un contingente de los profesores permanecerá en el Monumento a la Revolución para continuar con el plantón que la CNTE mantiene desde hace un año como parte de sus protestas contra la reforma educativa.

Hoy por la mañana, grupos de maestros comenzaron a abandonar el campamento que la CNTE instaló desde el domingo en la noche en el Monumento a la Revolución.

Los dirigentes de la sección 22 de la CNTE lograron pactar con la Secretaría de Gobernación el cumplimiento de sus demandas, entre las que se encontraban el cobro de adeudos a salarios de 3 mil 600 profesores, así como errores en la nómina de 81 mil plazas y la liquidación de 2 mil 300 aguinaldos.


Ayer, los representantes de los maestros se encontraban en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas en sesión de la comisión plenaria para discutir del documento que acordó la comisión negociadora con las autoridades federal y estatal.

FUENTE: PROCEFSO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tras ser exonerada, Claudia inicia nueva batalla para que se castigue a marinos agresores

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Absuelta ya de cualquier delito, la veracruzana Claudia Medina Tamariz iniciará una nueva batalla jurídica para que la Procuraduría General de la República (PGR) la reconozca como víctima y sobreviviente de tortura sexual, y castigue a los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) responsables de los hechos.

El pasado viernes 6 de febrero el Tercer Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación, en Xalapa, Veracruz, exoneró a Claudia Medina del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, una de las 12 acusaciones que la Marina le imputó desde agosto de 2012 cuando fue detenida de forma arbitraria.

En entrevista en la sede de Amnistía Internacional (AI) en esta capital, Claudia asegura que esta resolución significa un descanso, pero sólo para tomar aliento y continuar su lucha. Ahora, dice, hay que buscar que los culpables sean juzgados.

Y tras revelar que se convertirá en defensora de derechos humanos, rememora los dos años que estuvo sujeta a proceso:

“Al principio pensamos, decíamos, ‘es luchar contra un monstruo, cómo luchar contra eso’; yo decía no, no podemos quedarnos callados porque yo tengo la verdad, no soy responsable, lo tengo que demostrar”.

El 7 de agosto de 2012 Claudia y su esposo fueron detenidos en su domicilio. Luego de 36 horas de tortura física, sexual y psicológica fue obligada a firmar una declaración autoinculpatoria para después ser presentada ante los medios de comunicación como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y culpable de delincuencia organizada en diversas modalidades.

Su esposo fue recluido en Matamoros, Tamaulipas; ella llevada al penal de Cieneguillas, Zacatecas; mientras que sus hijos tuvieron que quedarse con diferentes familiares, se trató de una separación –explica– que aún hoy no termina de borrarse.

Aunque parte de su proceso lo vivió en libertad, advierte que no podía salir de casa por miedo a que hubiera otra orden de aprehensión y fuera detenida, pero al mismo tiempo la sensibilizó con las mujeres que conoció en prisión y que vivieron situaciones parecidas, además de que se identificó con las asociaciones que defienden causas sociales.

Estos meses de diligencias para demostrar su inocencia, apunta, significaron mucho dolor: “Cuando te practican un Protocolo de Estambul es volver a recordar, a vivir, sentir (la tortura). Y cuando íbamos al juzgado y ver negativas, te cuesta trabajo”.

En este recorrido se encontró con autoridades que nunca creyeron en su dicho, por ejemplo en diciembre de 2014 la juez Tercero de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, Cándida Ojeda Hernández, negó concederle la libertad por un recurso de desvanecimiento de datos que interpuso al asegurar que no había pruebas en su contra.

La juez no sólo le negó la libertad, incluso le dijo que “la justicia era ella y que los Derechos Humanos no servían para nada”, esa declaración la dejó perpleja. “Cuando ella dice eso yo digo: ‘Cómo le hago, qué más hago’. Siempre grité a voz fuerte y ver que ellos no te creen y dicen que eres culpable y no hay más culpable que tú”, refiere.

Claudia, quien nunca creyó en la justicia, apenas encontró un halo de esperanza y por eso buscará que las personas que la vejaron estén en la cárcel y continuará acompañando a las mujeres que son parte de la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, y quienes también exigen justicia.

En tanto, la mujer aguarda a que su esposo, acusado al igual que ella, pueda salir de prisión.

En agosto de 2012 ante un juzgado, cuando todavía la procesaban por delincuencia organizada, dice que fue víctima de tortura, fue así como la PGR tuvo conocimiento del caso y en 2013 abrió una averiguación previa de la que no hay nada avanzado hasta ahora.

“Esa denuncia es un delito que se tiene que seguir de oficio, no puede quedar parada. En la PGR sigo siendo lo mismo pero la lucha sigue”, subraya.


Al final, Medina Tamariz dijo que ser víctima de tortura no fue su culpa y por eso ahora no agacha la cabeza para decirlo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ