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“Familia de político mexicano tiene vínculos cercanos con partido gobernante, y casas en EU”: ‘NYT’

La familia encabezada por José Murat, ex gobernador de Oaxaca, ha comprado al menos 6 propiedades en Estados Unidos, reportó el diario.

Traducción del reportaje publicado en el periódico estadounidense The New York Times, escrito por Louise Story y Alejandra Xanic von Bertrab:

Familia de político mexicano tiene vínculos cercanos con partido gobernante y casas en EU

En el otoño del 2013, uno de los principales funcionarios mexicanos de bienes raíces publicó un tuit sobre una campaña publicitaria, promoviendo viviendas para mexicanos de bajos recursos. El mensaje de la campaña era simple: “Lo más importante en la vida está en casa”.

También tenía la línea: “Casas con valor” .

El funcionario, Alejandro Murat Hinojosa, sabe algo de casas con valor, especialmente del otro lado de la frontera.

A lo largo de los años, él y miembros de su familia inmediata -empezando por su padre, José Murat, ex gobernador de Oaxaca- han comprado al menos 6 propiedades en Estados Unidos, incluidos dos condominios cerca de un centro de ski en Utah, otro en la playa en el sur de Texas y al menos uno en Manhattan, de acuerdo con registros y entrevistas. En Nueva York, los hijos de José Murat también han vivido por algunas temporadas en uno de los más modestos condominios del lujoso Time Warner Center, frente a Central Park.

La propiedad de las casas ha sido frecuentemente obscurecida, a través de variaciones en los nombres enlistados en escrituras o a través de empresas fachada, de acuerdo con registros examinados por The New York Times. De hecho, el día en que Murat hijo tuiteó sobre el programa hipotecario, se registró una transferencia de 750 mil dólares para un condominio en Boca Ratón, que fue comprado a nombre de su esposa a una entidad llamada Fideicomiso IMRO 2013, según documentos públicos de Florida.

Los bienes inmobiliarios de los Murat contrastan con la imagen de “hombre común” que José Murat, conocido por su poder político y su personalidad explosiva, se esforzó por construir como gobernador.

“Llegué a la gubernatura del estado con mi esposa, Lupita, y mis cuatro hijos”, dijo un año antes de terminar su mandato en 2004. “Y me estoy yendo como llegué, con los mismos pantalones, con los mismos zapatos, con la misma camisa y con el mismo carro”.

Las propiedades de los Murat, que salieron a flote durante una investigación del Times sobre las personas detrás de empresas fachada que poseen condominios en el Time Warner Center, no han sido objeto de ninguna investigación oficial y no hay evidencia de ninguna conducta malvada detrás de las compras. Pero los bienes privados de funcionarios públicos en México han estado bajo un intenso escrutinio, con una fresca ronda de revelaciones y protestas que giran alrededor de la corrupción endémica del país.

El otoño pasado, salió a la luz un escándalo sobre un contratista del gobierno que había construido una casa de millones de dólares para la esposa del presidente, Enrique Peña Nieto. Cuando la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, dijo que estaba pagando por esa casa con el dinero que ganó como estrella de telenovelas, también reveló que poseía un condominio en Florida. En esa misma época, Peña Nieto dijo que tenía 3.3 millones de dólares en bienes raíces, joyería, arte y otras inversiones. La semana pasada, dijo que un nuevo contralor federal examinaría las compras de las casas de él y de su esposa en México.

Y en diciembre, un funcionario del Infonavit, el instituto de vivienda que dirige Alejandro Murat, renunció después de que circuló en redes sociales una foto de su hijo con un Porsche, lo que detonó un escándalo y el inicio de investigaciones federales. El funcionario dijo que la publicación había sido una broma y que el carro no pertenecía a su familia.

Estas revelaciones se sumaron al enojo extendido por las acusaciones de que policías corruptos estuvieron involucrados en el secuestro y supuesto asesinato de 43 estudiantes, el año pasado, a manos de un cártel de la droga. Mientras se esparcían las protestas, Peña Nieto se tambaleaba. Su partido, el de la Revolución Institucional (PRI), había gobernado el país por 7 décadas hasta el año 2000 y cuando tomó el cargo, hace más de dos años, se había comprometido a borrar el legado de corrupción.

José Murat, el ex gobernador de Oaxaca, ha sido un priista de confianza por mucho tiempo. Su ascenso, desde una infancia en uno de los estados más pobres de México a una posición de agente de poder, que le habla al oído al presidente, es algo de larga tradición. Hubo un fallido, y algunos escépticos dicen falso, atentado contra su vida; una larga campaña para impedir una auditoría sobre gasto estatal; y un historial de tácticas políticas de juego rudo. El señor Murat, quien también fue legislador federal, recientemente elevó de nuevo su perfil al liderar un esfuerzo de la administración de Peña Nieto, para construir una agenda legislativa conjunta con varios partidos.

El hijo de 39 años de Murat, Alejandro, quien es más bien discreto y refinado, trabajó para Peña Nieto en el gobierno estatal antes de ser designado como encargado del sector inmobiliario del gobierno federal. En cierto sentido, el padre y el hijo representan al nuevo y al viejo PRI, aseguró Edward L. Gibson, un profesor de la Universidad de Northwestern que estudió Oaxaca para escribir un libro sobre gobiernos autoritarios.

“Peña Nieto puede ser la nueva cara del PRI”, dijo Gibson, “pero el dinosaurio sigue siendo parte de la coalición”.

José y Alejandro Murat negaron poseer varias residencias en Estados Unidos, rastreadas por el Times.

José Murat dijo que el condominio del Time Warner era propiedad de un familiar. Alejandro Murat dijo que el condominio de Florida era propiedad de su suegra. Sobre otro condominio en Manhattan, del cual los registros muestran que originalmente fue comprado a nombre de la esposa de Alejandro, pertenece a un tío, según dijo él.

En un correo electrónico, José Murat aseguró que las únicas propiedades de su familia inmediata en Estados Unidos eran dos condominios en Park City, Utah. Fueron comprados en 2004 -uno por sus dos hijos y el otro por sus dos hijas- por un total de $690 mil dólares. Al menos uno de los hijos de Murat era un adolescente en aquel tiempo. Pero Murat dijo: “Yo no poseo personalmente ningún bien inmueble, directa o indirectamente, en los Estados Unidos”.

Las propiedades de Murat muestran cómo los mecanismos legales disponibles en los Estados Unidos, para mantener la propiedad de un inmueble sin revelar el nombre real del propietario, puede dificultar el rastreo de dinero. Este puede ser un problema, particularmente para México, el cual, como muchos otros países en desarrollo, tiene una larga experiencia en la fuga legal e ilegal de capitales.

Mexicanos acaudalados están comprando propiedades en Estados Unidos a un ritmo acelerado y sin muchos cuestionamientos, encontró el Times, incluso cuando la seguridad en la frontera se endurece contra los inmigrantes pobres que intentan cruzar a Estados Unidos.

“Tienes a estos gobernadores yendo y viniendo aquí, y tienen inversiones en propiedades de Estados Unidos con dinero hecho en México”, dijo Juan Ruiz Healy, un periodista mexicano que conducía el programa “60 minutos” y ha escrito sobre José Murat a lo largo de años. “Los Estados Unidos nunca les dirán ‘¿de dónde viene el dinero?’”.

EL GOBERNADOR

El intento de asesinato es como mucho de lo que ha ocurrido en la carrera de 40 años de Murat, lleno de drama y sospechas que han quedado sin resolver.

Hay varias versiones de ese acontecimiento, pero la inicial era así: Una mañana de marzo de 2004, el señor Murat estaba afuera del hotel Victoria en Oaxaca, cuando un hombre armado emboscó a la minivan Nissan Quest 1999 en la que estaba Murat, dejando seis agujeros de bala.

“El asunto aquí es que ellos trataron de asesinar”, dijo Murat días después en una entrevista televisada. “Tengo sentimientos encontrados -coraje, rabia- porque lo que ellos querían al final de todo era un cuerpo muerto”.

Aunque el gobernador fue herido levemente, hubo escépticos que creían que había fingido el ataque para impulsar su imagen. El procurador federal emitió un comunicado en el que cuestionaba algunos detalles del ataque. Durante la investigación federal, Murat repetidamente tardó en dar su declaración y el procurador general (NT: en ese entonces era Rafael Macedo de la Concha) le pidió a un juez órdenes de aprehensión contra siete personas que habían respaldado al gobernador, bajo los cargos de falso testimonio y alteración de la escena del crimen.

El asunto se disipó después de que Murat demandó al Congreso que se iniciara un juicio contra el propio procurador.

Ese episodio ocurrió al final del mandato de Murat, pero para entonces ya había mucha intriga alrededor de él, construida durante décadas en la política.

Murat creció en Ciudad Ixhuatepec, en el montañoso y pobre estado de Oaxaca, donde sus padres trabajan en una tienda. Estaba en una escuela de la ciudad de México cuando ocurrió la masacre de Tlatelolco, en 1968, cuando el ejército y la policía apuntaron sus armas hacia estudiantes que protestaban. Mientras que los estudiantes se enfurecieron contra el PRI, Murat se unió a un grupo progobierno y conoció a otros leales al partido, incluido Fidel Herrera Beltrán, el futuro gobernador de Veracruz, con quien mantiene una amistad cercana. Murat siguió teniendo varios trabajos en el PRI, incluyendo puestos como vocero del partido y representante del partido en varios estados.

“Era sólo un funcionario de mediano nivel”, aseguró Federico Estévez, un profesor de ciencia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). “Pero tenía las relaciones correctas”.

Documentos de una ex agencia de inteligencia en México, que ponía atención en muchos enemigos y amigos del gobierno, sugiere que desde muy temprano Murat causó algo de controversia.

Los documentos, disponibles en el archivo nacional, contienen reportes no verificados. Uno reportó una visita del candidato presidencial del PRI a Oaxaca, en 1982, al cual Murat representaba como legislador federal. Los residentes del lugar circularon una carta firmada por tres políticos locales, diciendo que Murat había puesto a sus amigos y familiares en oficinas públicas en un esfuerzo por “cubrir todo” e imponer “una dictadura sobre las personas”.

Más allá de las conexiones, Murat tiene cierta bravuconería y una presencia física imponente. “Era del estilo de Lyndon Johnson”, dijo el profesor Gibson de la Universidad de Northwestern. “Se ponía de pie, se mantenía erguido frente a ellos y sólo los amenazaba con su tamaño”.

En 1998, Murat, que entonces tenía 50 años, fue elegido para un periodo de 6 años como gobernador de Oaxaca. Los gobernadores de México tienen un poder considerable, sobre todo porque administran una gran cantidad de recursos federales a discreción, especialmente en los estados más pobres como Oaxaca.

Pero ha habido muy pocas revisiones sobre cómo se gasta ese dinero y Murat se ganó una reputación de haber controlado muy de cerca la distribución de fondos federales para funcionarios locales, como una manera de mantener poder.

Manuela Garza, quien trabajó en la oficina de planeación, dijo que “la distribución de políticas y todo ello no era equitativo”. Como parte de su trabajo, la señora Garza visitó pueblos donde la gente vivía sin energía, agua o servicios de salud, y dijo que la percepción era que Murat “no tenía a la gente como prioridad, que estaba dirigiendo dinero hacia sus regiones”.

Poco después de que Murat se convirtió en gobernador, una nueva comisión federal comenzó a auditar el uso de fondos federales en Oaxaca. El Congreso mexicano también aprobó una revisión al dinero que el estado había empezado a repartir a un puñado de empresas, de acuerdo con registros del Congreso.

Por años, Murat y otros gobernadores se han quejado que las auditorías federales son una extralimitación del poder. Cuando la agencia auditora mandó funcionarios a Oaxaca, Murat los bloqueó. Los auditores tuvieron acceso sólo después de una batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte, pero para entonces Murat ya había dejado el cargo. Su mandato jamás sería auditado por completo.

A lo largo de los años, Murat y su familia han enfrentado cuestionamientos periódicos sobre sus finanzas.

En un correo electrónico recientemente enviado al Times, Murat dijo: “Como es ampliamente conocido en México, mi familia y la familia de mi esposa, quien murió en el año 2000, tienen muchos bienes y recursos de ingresos. Este patrimonio ha sido construido por generaciones con trabajo duro y no está relacionado con mi servicio público”.

Documentos y entrevistas muestran que a lo largo de su carrera, Murat ha recibido salarios modestos en cargos de partido y que también realizó algo de trabajo como abogado privado. En la época en que ganó la primera elección como legislador federal, en los años setenta, reportó ingresos totales por 25 mil pesos, o cerca de $1,100 dólares al mes. Su salario como gobernador alcanzó apenas $11 mil 500 dólares al año -además de un bono cuyo monto no fue revelado.

Su cuñado, Mateo Jiménez, dijo que la familia Murat es “más o menos de clase media” y que él sabía que no hubo grandes herencias de los padres de Murat. Al principio de la carrera de Murat, aseguró que su madre vendía artículos para el hogar desde su casa.

Cuando Murat era gobernador, la revista mexicana Proceso escribió que él y sus adjuntos habían experimentado un “enriquecimiento ilícito”. Él tenía una relación de especial rudeza con el diario local Noticias, que publicó un reportaje en el que cuestionaba de dónde había obtenido dinero su madre, Juana Casab.

Ericel Gómez Nucamendi, el editor del periódico, dijo en entrevista que él creía que el gobernador tuvo un rencor contra él por mucho tiempo, por haberse rehusado a vender su parte del periódico.

“Él quería tomar el periódico”, dijo Gómez, quien ahora es un político en Oaxaca. “Me ofreció comprarlo y regresármelo cuando ya no fuera gobernador”.

Otro empresario local, Humberto López Lena, aseguró en entrevista que Murat le propuso actuar como su representante para ganar una parte de los negocios en Oaxaca. López Lena dijo que después de que Murat fue elegido, el gobernador le dijo: “tienes una buena imagen y puedes ser mi representante”.

López Lena dijo que Murat se lo pidió en varias ocasiones más y él repetidamente se negó.

Recientemente, Murat se ha visto envuelto en una controversia con otros dos ex gobernadores, incluido su amigo de los setenta, Herrera, de Veracruz. Esa controversia se centra en una denuncia interpuesta por un activista y abogado de Chiapas, quien acusa al ex gobernador de ese estado de manipular negocios para beneficiar a compañías constructoras. El abogado, Horacio Culebro, ha dicho que Murat y Herrera tienen intereses en esas compañías.

En el verano de 2013, legisladores de oposición urgieron a la procuraduría a revisar esas acusaciones, con una declaración, “lo que vemos es una gran red de corrupción que involucra a ex gobernadores”. Un tribunal federal está decidiendo si un procurador estatal puede revisar la evidencia. Herrera y Murat han negado cualquier involucramiento. Mientras tanto, Culebro ha declarado que ha recibido amenazas en su celular y en Facebook. “Hago responsables a José Murat Casab y a Fidel Herrera Beltrán de lo que me pueda suceder”, dijo.

Al responder a preguntas escritas sobre su gubernatura -incluyendo las acusaciones de López Lena, Gómez y Culebro- Murat escribió un correo electrónico: “la mayoría de sus preguntas están basadas en la suposición falsa y calumniosa de que hice algo corrupto. Por lo tanto no merecen respuesta”.

COMPRAS EN EU

Murat y su familia compraron propiedades en Estados Unidos a lo largo de su carrera política. En 1984, Murat y su hermano, Karim, compraron un condominio en la Isla del Padre, al sur de texas, un destino vacacional popular entre mexicanos, de acuerdo con registros públicos de propiedad.

La compra siguió un patrón recurrente usado por muchos mexicanos con recursos.

“Los Estados Unidos y tal vez Suiza son los dos principales lugares donde los mexicanos ricos han estado depositando”, dijo Mauricio Cano, un abogado de la ciudad de México que escribió un libro titulado “Teoría de Juegos y Evasión Fiscal” y aconsejó a amigos de Murat sobre un negocio de bienes raíces en Manhattan.

Poco después de haber comprado el condominio en la Isla del Padre, los hermanos Murat compraron una casa en las cercanías, en Brownsville. En ambos casos, usaron sólo su apellido materno en las escrituras -lo cual quiere decir que el nombre de José Murat aparece sólo como “José M. Casab”.

Las escrituras, archivadas en el condado de Cameron, muestran el domicilio de su hermana en Brownsville, donde su esposo posee un edificio ocupado por un club nocturno. En documentos políticos y otros registros públicos, Murat ha alternado entre usar “Casab” y un apellido que es más común en México, “Casas”.

El Times encontró que antes de los años 90, el hermano de Murat, Karim, y su madre, Juana, empezaron a comprar propiedades en Michigan, donde ella tenía familiares. Ellos tienen cuatro propiedades ahí, entre ellas una modesta casa en un suburbio, un condominio, un terreno y una propiedad comercial. Un primo, Alfredo Casab, un abogado de Michigan, confirmó que Karim y Juana estaban relacionados con el ex gobernador.

Justo cuando el periodo de Murat como gobernador estaba culminando, en 2004, sus hijos compraron los condominios en Park City, Utah, donde a la familia le gusta esquiar, y pusieron sus nombres en las escrituras.

Los mexicanos están entre aquéllos que han estado usando, cada vez con mayor frecuencia, compañías fachada y fideicomisos para mover dinero más allá de sus fronteras, aseguró Geralda Buckley Kral, una asesora de riqueza que vive en Zurich. Esos mecanismos dan privacidad y hasta pueden también facultar a una persona para negar la propiedad. “Si se le cuestiona de estos bienes, él puede decir que legalmente no los posee, porque no los posee con su nombre”, dijo la asesora.

Kral dijo que ayudó a crear un fideicomiso para una familia mexicana llamada Herrera, que fue usado en 2007 para comprar un condominio en el número 40 Este de la Calle 55, un pequeño edificio justo al lado de la 5a Avenida, cerca del Museo de Arte Moderno y de Central Park. La escritura muestra el nombre del hijo de Fidel Herrera, el amigo de Murat, como representante de la compañía fachada que compró el condominio.

Después de que los departamentos fueron actualizados y convertidos en condominios en 2007, los Herrera y otras cuatro familias mexicanas tomaron otras cuatro unidades que sumaron un total de $6.1 millones de dólares. “Todos ellos eran amigos de los amigos”, dijo Louise Phillips Forbes, una corredora inmobiliaria de Halsted Property que llevó a cabo las ventas.

“Durante varios años he instalado a muchas, muchas familias ricas mexicanas y lo que me han dicho es que muchos de ellos fueron educados en Estados Unidos y que muchos de ellos tienen su residencia aquí”, dijo Forbes. “Ellos trabajan en casa (NT: en México), pero vienen aquí todo el tiempo”.

La esposa de Alejandro Murat, Ivette Morán, compró la Unidad 6C, de acuerdo con el registro de propiedades de la ciudad de Nueva York. Al lado de su departamento, según los registros, está una Unidad comprada por Melissa F. Alcántara, la hija de la novia de José Murat.

Subiendo las escaleras está una Unidad comprada por una empresa fachada, pero que en los registros de propiedad incluye el nombre del hijo de Fernando Margáin, el ex alcalde de San Pedro Garza García en el norte de México. Otro propietario en ese edificio es Víctor Manuel Álvarez Puga, quien tiene un despacho de contabilidad en México.

A pesar de los registros públicos que contienen sus nombres, los hijos de Herrera y Margáin dijeron al Times que ellos simplemente estaban haciendo trabajo legal para los actuales propietarios, a quienes no identificarían. Pero en ambos casos, miembros de la familia registraron teléfonos en esas unidades.

Para los Murat, el condominio de la Calle 55 significa que tienen dos lugares para quedarse en Nueva York. “El Time Warner fue antes del número 40 de la Calle 55”, dijo la señora Forbes. “La familia de Alejandro es propietaria en el Time Warner”.

El condominio del Time Warner, usado por los Murat, es propiedad de una empresa fachada llamada Nivea Managment, la cual fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

El condominio, comprado por $1.76 millones de dólares, fue uno de dos que se vendieron juntos el 12 de enero de 2004; el otro costó $3.68 millones de dólares. Pero es difícil saber de quién es el dinero que está detrás de cada empresa fantasma.

John Zampino, el abogado que registró ambas compañías (NT: no es claro a cuáles compañías se refiere), declinó a identificar a los compradores, pues dijo que su trabajo requería discreción. “Es una situación muy delicada y puedo ser criticado. No puedo decir a quién represento”, dijo el abogado.

Ambas transacciones fueron llevadas a cabo por el despacho de abogados en bienes raíces Ira Berman. La firma hacía “robo-firmas” (NT: un esquema de autorización de documentos sin una revisión de datos, que llevó a una crisis en el sector bancario en el año 2010) y no revisaba los antecedentes de los compradores, de acuerdo con un ex abogado de esa firma, que pidió no ser mencionado por temor a dañar su reputación. Berman, quien cumple una condena en la cárcel por ser un inversor “Daytrader” con los depósitos de sus clientes, se rehusó a decir si su despacho revisó los antecedentes de sus clientes y dijo no recordar las ventas del Time Warner.

Soozy Katzen, un agente de bienes raíces en Fox Residential Group, que administra las rentas de uno de los dos condominios, dijo, “no hay manera de que puedan contactar a los dueños, ellos compran bajo nombres de compañías para no revelar su identidad”.

Pero sí dijo que el dueño del condominio del piso 57, después de que originalmente había planeado rentarlo, dejó que su hijo lo usara.

De hecho, Alejandro Murat, quien entonces cursaba un posgrado en Columbia, comenzó a usar ese condominio, de acuerdo con registros revisados por el Times. José Murat confirmó que su hijo vivió ahí en el verano de 2005.

En cuanto la propiedad del condominio, personas que conocen el edificio dijeron que supieron que había sido comprado por un grupo de mexicanos, incluido un empresario de nombre Guillermo Vogel Hinojosa.

José Murat dijo en su respuesta a un cuestionario que el condominio era propiedad del señor Vogel. Vogel, quien no quiso hablar sobre las propiedades, es primo de la esposa fallecida de Murat.

EL JEFE DEL SECTOR VIVIENDA

Manifestantes se reunieron afuera de la iglesia del siglo de 16 de Oaxaca, en el año 2013, mientras amigos y familia iban al bautizo y primera comunión de las hijas de Alejandro Murat.

“Repudio a José Murat”, decía una pinta, de acuerdo con reportes de prensa de aquel tiempo. Otra llamaba a José Murat una “rata de dos patas”, que en el caló mexicano significa ladrón.

Los Murat pasaron mucho tiempo fuera de Oaxaca, pero mientras Alejandro se ha erigido como un contendiente para la gubernatura de Oaxaca en las próximas elecciones, se han agitado algunas tensiones de antaño contra la familia.

Queda una pregunta abierta en los círculos políticos, sobre qué tan independiente es el hijo del padre.

“Alejandro tiene sus propios méritos y la figura de su padre puede ser incómoda algunas veces”, afirmó Dulce María Sauri, una ex líder nacional del PRI.

Alejandro Murat ejerció la abogacía por algunos años antes de trabajar para el Estado de México, donde Peña Nieto fue gobernador, y luego se convirtió en la cabeza del Infonavit, que administra préstamos e hipotecas para un gran número de trabajadores mexicanos.

Todo el tiempo, la familia ha tomado medidas para obscurecer la propiedad de varios bienes en Estados Unidos.

La esposa de Alejandro Murat, Ivette Morán, compró un condominio de $1.18 millones de dólares en el Este de la Calle 55, usando su apellido materno. Las escrituras dicen “Ivette M. Rodríguez”, pero en una ocasión se lee “Morán” bajó su firma.

En 2011, mientras su esposo estaba trabajando para el Estado de México, la señora Morán transfirió la propiedad, sin costo alguno, a un fideicomiso llamado Himo LTD. Esa transferencia fue llevada a cabo por el señor Zampino, el abogado que también creó la compañía fachada que posee el condominio del Time Warner usado por los Murat (Zampino dijo que nunca trabajó para esa familia).

En una declaración enviada por el instituto de vivienda, Alejandro Murat dijo que el condominio de la Calle 55 pertenece a su tío, José Hinojosa. El nombre del señor Hinojosa está en la primera dirección relacionada con una hipoteca temporal del condominio, pero Ivette Morán Rodríguez aparece como la prestataria. Ella también aparece en la escritura como presidenta del Fideicomiso Himo y firmó en la línea de compradora.

La declaración también dice que el condominio de Florida pertenece a su suegra. Pero el condominio fue transferido a un Fideicomiso a finales de 2013, en el que su esposa aparece como fideicomisaria. Hubo dos hipotecas sobre el condominio, una firmada por Alejandro Murat y su esposa y la otra firmada por su esposa.

Al finalizar el año pasado, el día después de que el Times contactó a los Murat con una solicitud adicional de entrevista, los hijos de José Murat transfirieron sus condominios de Utah a empresa fachada. Ambas compañías -XILA Company y LOMA AEAI- fueron creadas en Florida en el año 2013 por la esposa de Alejandro Murat. La dirección de una de esas compañías era la del condominio de Florida.

La hija mejor de Murat, Lorena, es la que ha estado más recientemente en el Time Warner Center, viviendo ahí por dos años y estudiando moda en la Nueva Escuela de Diseño Parsons. Ella administra un blog de moda llamado The Fancy Archive. Ese sitio de internet muestra como domicilio el condominio del Time Warner.


Louise Story reportó desde Nueva York y Alejandra Xanic von Bertrab desde Oaxaca, México.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

FT: “Las meteduras de pata presidenciales proliferan, ¿hora de cambio de juego?”

El artículo de The Financial Times (FT) se titula, simplemente, así: “Vueltas en U, balones sueltos, derrapes y meteduras de pata presidenciales en México”. Y luego reafirma, en su edición de hoy: “Y parece como si la política de las vueltas en U, los tropiezos y las meteduras de pata están proliferando”.

Luego, al final, concluye: ¿Llegó la hora de un cambio de juego para el Presidente Enrique Peña Nieto?

“Haciendo eco de aquél ‘lean mis labios: no más impuestos’ en tiempos electorales de George HW Bush en 1988, el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto se comprometió, en un discurso ante la Nación, que no habría más nuevos impuestos ni nuevas tasas impositivas más altas de septiembre al resto de su gobierno. Esa es una gran promesa cuando el plazo se prolonga hasta 2018. Los mexicanos pueden estar preguntándose ahora si deben creerle”, dice The Financial Times, uno de los medios más influyentes entre la clase política y empresarial del mundo. “¿Por qué? Porque el gobierno ha demostrado una capacidad alarmante, en los últimos meses, para dispararse en el pie y echarse para atrás en sus anuncios”.

Tome la caída en los precios del petróleo en un país que financia una tercera parte de su presupuesto gubernamental a partir del crudo, agrega. “Al principio, el gobierno dijo que estaba protegido por una política de coberturas muy alabada que permite que se fije un precio para el siguiente año, en este caso 76.4 dólares por barril. Aunque muy por debajo de los precios máximos, esto resultó ser muy cómodo aún con la caída de los precios y el precio de la mezcla de exportación de crudo de México. Se evitó la crisis, fue el mensaje”.


“Las cosas se veían mejor y mejor: a mediados de enero, el gobierno había recurrido a los mercados de bonos por dinero para dar servicio a la mitad de sus requerimientos para su deuda externa durante todo el año, y con tasas históricamente bajas para iniciar. La inflación fue inusualmente baja. Una mejora en la economía de Estados Unidos, el destino de casi cuatro quintas partes de las exportaciones, abrió la promesa de un crecimiento menos lento después de dos años decepciones”, hace un recuento The Financial Times.
“Pero hacia el final del mes, el estado de ánimo cambió con la crisis del precio del petróleo: la austeridad es el nuevo nombre del juego del gobierno, con los recortes presupuestarios de más de 8 mil millones de dólares para este año, la mitad aplicado a Pemex, la petrolera estatal. Mientras los líderes de negocios aclamaron [el recorte] como planificación anticipada responsable, la reacción del público ante el anuncio fue un ‘ouch’. El año que viene, muchos temen, el apretón de cinturón será más fuerte”.
“Y parece como si la política de las vueltas en U, los tropiezos y las meteduras de pata están proliferando [en México]”, agrega el influyente diario de finanzas y economía, de referencia obligada para tomadores de decisión. Y agrega:
“Este mes, el Presidente reconoció finalmente lo que ha sido obvio para muchos mexicanos desde que se supo la noticia, en noviembre, de que la lujosa mansión de su familia había sido construida, pagada y todavía era propiedad de un contratista favorecido por el gobierno [Grupo Higa]. Ese hombre de negocios [Juan Armando Hinojosa Cantú] era a su vez parte de un consorcio encabezado por China que ganó, y al que fue luego abruptamente despojaron, una licitación para un tren de alta velocidad antes de que la noticia de la casa se diera a conocer. ‘Soy consciente de que esto… se ve como algo impropio’, dijo señor Peña Nieto. ‘Lo cual, en realidad, no hice’, añadió rápidamente”.
The Financial Times dice que no sólo era la mansión presidencial la que parecía impropia. “Luis Videgaray, el Secretario de Hacienda, compró una propiedad en el mismo contratista, y al señor Peña Nieto le fue hallado que, hace varios años, compró otra residencia de una [constructora] diferente. Nada hay necesariamente malo en eso… excepto que los términos de las ofertas siguen siendo opacas, y la idea de que las principales figuras políticas han fomentado vínculos estrechos con los proveedores de los contratos de obras públicas es para muchas personas nauseabundo”.

“Eso debía haber tomado al Presidente tres meses para darse cuenta de todo esto podría ser bastante malo. Pero su promesa de una investigación completa, que será dirigido por un auditor federal recién nombrado –quien de inmediato dijo que tenía jurisdicción sólo para investigar los contratos gubernamentales y no las casas–, dejó al gobierno con más de huevo embarrado en su cara”, dice el diario.
“¿Un paso adelante, dos pasos atrás? El gobierno de México se ha montado en patines desde la desaparición y aparente asesinato de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en septiembre. Esto llevó el tema de la seguridad de nuevo en la atención, después de que el gobierno había dirigido deliberadamente la agenda hacia las reformas y lejos de la sangrienta ‘guerra contra las drogas’ de la administración anterior. El reconocido equipo forense argentino que trabaja en la investigación ha acusado a funcionarios de saltar a conclusiones sobre lo que pasó, y todo para hacer que la versión oficial encaje con los testimonios televisados de los presuntos responsables, detenidos”.
Peña Nieto y los altos funcionarios, dice Financial Times, parecen perplejos porque los mensajes del gobierno aparecen torcidos, en el mejor de los casos, cuando su estrategia (el crecimiento económico a través de reformas de gran alcance) genera un genuino entusiasmo de los inversores internacionales. “El hobby del Presidente es el ajedrez: ¿llegó la hora de un nuevo plan de juego, quizás?”

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-02-2015/1247664.

En México se puede ser maestro de inglés… sin saber hablar inglés

Según la organización Mexicanos Primero, el 14.7% de los docentes en escuelas públicas no lo entienden pese a ser su asignatura, el 23.8% tiene el nivel A1 –grado para un alumno de cuarto de primaria– y el 13.5% tuvo un nivel A2, el esperado para estudiantes de primero de secundaria.

Los maestros de inglés que están en las escuelas públicas de educación básica en México pueden serlo sin saber el idioma, según la investigación de la organización Mexicanos Primero sobre cómo se enseña inglés en este país.

Según datos que la organización recolectó, los maestros de inglés llegan a las escuelas públicas de México por diferentes vías, pero no por su certificación en el idioma y la enseñanza.
“En su mayoría se trata de amigos, familiares y conocidos de los funcionarios y representantes sindicales, muchos son visitantes extranjeros que se arraigaron, trabajadores informales que volvieron deportados de Estados Unidos, o bien sus hijos, quienes no completaron la educación en el otro lado más allá de High School; en ninguno de los casos se trataba de personas con preparación universitaria alguna, y menos con competencias didácticas certificadas”, alerta Mexicanos Primero.

“(Puede ser) porque son licenciados en alguna opción que involucra explícitamente el inglés –desde la específica “educación secundaria con especialidad en enseñanza de inglés”, cursada en alguna Normal superior, hasta la elegante “letras inglesas”, cursada en una facultad humanística–, o bien porque son licenciados en otras áreas, y fue su dominio personal de la lengua lo que los llevó a ser seleccionados para hacerse cargo de los grupos de inglés”, cita el informe “Sorry. El aprendizaje del inglés en México” que Mexicanos Primero presentó este martes.

Tras aplicar entre docentes el “Examen del Uso y Comprensión del Idioma Inglés para Egresados de Secundaria” –que Mexicanos Primero ya había hecho entre estudiantes y dio como resultado que sólo el 3% de los jóvenes de preparatoria tienen un nivel elemental– los resultados mostraron que en el país se puede ser maestro de inglés sin saber el idioma.
El 14.7% de los docentes en escuelas públicas no lo entienden pese a ser su asignatura, el 23.8% tiene el nivel A1 –grado para un alumno de cuarto de primaria¾ y el 13.5% tuvo un nivel A2– el esperado para estudiantes de primero de secundaria¾.

De entre los maestros que realizaron el examen, sólo el 48% obtuvo una calificación B1, la esperada cuando los jóvenes egresan de la secundaria y empiezan la preparatoria.

Y además de que muchos de los maestros que están frente a grupo no tienen capacidades mínimas, en la mayoría de las escuelas del país ni siquiera se cuenta con un docente que imparta la asignatura pese a que ésta es obligatoria según el mismo programa de estudios de la Secretaría de Educación Pública.


“Con los datos disponibles del CEMABE (Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial), resulta que sólo el 50% de las secundarias cuentan con maestro de inglés y otro tanto pasa para el 10% de las primarias y el 5% de los preescolares. Ello implica que en México nos faltan maestros para atender el aprendizaje del inglés en una de cada dos secundarias, en nueve de cada diez primarias, en 95 de cada 100 preescolares”.

Según las cifras oficiales, la demanda de maestros de inglés en 2015 sería de al menos 308 mil 826 y si se toma en cuenta que en el Concurso de Plazas Docentes de 2014 solo hubo 2 mil 123 plazas y que únicamente 945 aprobaron, la falta de docentes es alarmante.

Por ahora, pocos son los maestros que deben atender a los alumnos de educación básica. El 10% atiende a más de diez grupos de niños con un promedio de treinta cada uno, por ejemplo.


“Los maestros atienden cada uno cinco o más grupos semanales, es decir, deben interactuar con cien o más alumnos por semana; es difícil, en esa condición, tener una intervención ajustada al ritmo y estilo de aprendizaje de cada educando, como es su derecho. Esa misma condición de “tiempo limitado” en la comunidad escolar disminuye gravemente su posibilidad de participar: no disponen de tiempo para acordar estrategias comunes con los demás maestros de su asignatura; no hay periodos previstos para recibir retroalimentación de sus colegas más experimentados en otras escuelas o de los titulares del grupo”, cita el informe de Mexicanos Primero.

La organización realizó este estudio tomando en cuenta que en el país no existen datos sobre el avance en la enseñanza y aprendizaje de este idioma, pese a ser una asignatura obligatoria en el programa de educación básica.


Los datos sobre cómo las escuelas tienen a maestros de inglés sin habilidades mínimas o simplemente no cuentan con un docente para la asignatura son alarmantes; y el problema con los profesores se refleja en los resultados de los estudiantes, pues sólo el 3% de los jóvenes que acaban de ingresar a preparatoria tienen un nivel elemental.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Maestros de Oaxaca levantan plantón en el Monumento a la Revolución

Profesores de la sección 22 de Oaxaca iniciaron el regreso a su entidad cerca de las 17 horas, luego de que se diera por concluida la jornada de 72 horas de movilizaciones en el DF.

México, DF. Profesores de la sección 22 de Oaxaca iniciaron el regreso a su entidad cerca de las 17 horas, luego de que se diera por concluida la jornada de 72 horas de movilizaciones en la capital del país.

Decenas de maestros comenzaron a recoger sus pertenencias en el Monumento a la Revolución y a abordar los autobuses que permanecían estacionados en avenida de la República.

De las regiones de la mixteca, costa, istmo y valles centrales se organizaron para abordar el transporte que los lleve hasta sus localidades, pues afirmaron que mañana deberán regresar a clases en cada una de sus escuelas.


En este momento aún se concentran maestros en la citada vialidad con cajas, cobijas y casas de campaña para ubicar el transporte o el autobús que deberán abordar, de acuerdo a la región a la que pertenecen.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY

La CNTE dobla a Segob y promete regresar a Oaxaca

El secretario general de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, afirmó que ya hay certeza laboral para los maestros de Oaxaca, pues se aseguró el pago de todos y cada uno, tras un par de días de protestas en el DF.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alcanzó ayer un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para que se les pague a los maestros de Oaxaca, informó el secretario general de la sección XXII, Rubén Núñez. 

Se trata de más de 3 mil profesores que no habían recibido el pago de sus quincenas, desde que el gobierno federal se encarga del pago de nóminas de los profesores, es decir, enero de este año.

Según el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, algunos de los compromisos del gobierno con la CNTE, los cuales quedaron en una minuta, son: los derechos de los docentes están asegurados y se pagarán salarios atrasados a través del gobierno federal a quienes tuvieron alguna incidencia.

Además, está a revisión toda la información de los pagos para que se apliquen a todos los maestros que estén registrados en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto de Educación Estatal y en cada uno de los planteles.

Las autoridades también se comprometieron a revisar lo correspondiente a las escuelas que son irregulares y que mantenían un conflicto entre la Sección 22 de la CNTE y la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).


Rubén Núñez indicó que este miércoles será el último día en el que el grueso de la CNTE permanezca en el DF (en la zona del Monumento a la Revolución) y prometió que este miércoles regresarán a Oaxaca.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Por qué seguimos viendo los anuncios del Partido Verde en el cine?

¿Ineficacia del INE? ¿Las cadenas de cine se hacen de oídos sordos? ¿El PVEM ha ignorado impunemente a las autoridades electorales? Aquí las razones por las que aún se transmiten (y seguirán transmitiéndose) los "cine minutos".

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encontró el mecanismo idóneo para mantener su campaña publicitaria en televisión y salas de cine, sin que las autoridades electorales lo hayan impedido, aun cuando la consideran una estrategia que “vulnera la equidad” entre los partidos con miras a la contienda electoral de julio próximo.
Se trata de spots que, luego de que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral ordenaron su retiro, son sustituidos por otros con algunos cambios. Así, mientras se desarrolla el proceso de investigación sobre su legalidad, la campaña publicitaria está generando el impacto deseado entre los espectadores.

El INE se excusa al afirmar que así son los procesos legales y niega que se trate de una muestra de debilidad. La ley establece tiempos de investigación y resolución que se han cumplido en este caso, explica Beatriz Galindo, consejera presidenta de la comisión de Quejas y Denuncias de ese instituto.

Desde septiembre del año pasado, el PVEM lanzó spots en radio y televisión en el que tres diputados y tres senadores hacían referencia a sus labores legislativas, aunque en todos los casos se finalizaba con la frase “El Verde sí cumple”, el mismo eslogan publicitario del partido.

Tres meses después, el 29 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó el retiro de esos spots, al considerarla una “estrategia propagandística encaminada a posicionar al partido político de frente al proceso electoral federal en curso lo cual incumple el principio de equidad previsto en el artículo 134 de la Constitución”.

Sin embargo, después el PVEM lanzó los spots “cine minutos” en las salas de cine utilizando el mismo slogan: “El verde sí cumple”, en los que difundía los “logros” del partido con las reformas legales respecto a los secuestros, cuotas escolares y contaminación. Ante la denuncia del PAN, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó medidas cautelares, es decir, el retiro de los comerciales desde el 31 de diciembre de 2014.

Sin embargo, los spots siguieron difundiéndose al inicio de cada película debido a la lentitud de las cadenas de cines para el retiro, según justifica Jesús Sesma, secretario de comunicación social del PVEM.

“Nosotros cumplimos con nuestra obligación de solicitar el retiro, pero no podemos entrar a la sala y bajar o cortar los cine minutos; los procesos que tienen las cadenas es una cuestión interna”, insiste. Aunque Animal Político solicitó una entrevista con los directivos de Cinemex y Cinépolis, en ambos casos se negaron a fijar una postura sobre el caso.

En tanto, el INE resolvió el 21 de enero iniciar un proceso sancionador contra el Verde Ecologista debido a que, tras investigaciones y diligencias realizadas a nivel nacional desde el 2 de enero, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral advirtió el posible incumplimiento de las medidas cautelares anunciadas a finales de diciembre, y ordenó nuevamente el retiro de los “cine minutos”.

El caso llegó a la sala especializada del TEPJF, que el pasado viernes 6 de febrero determinó una “amonestación pública” contra el partido, al considerar que los anuncios en el cine son una “estrategia integral, tendiente a posicionar ventajosamente al PVEM en el proceso electoral en curso”, lo cual “vulnera” la equidad en la contienda de cara a las elecciones de julio próximo.

“Cine minutos parte 2″

Después de todo este proceso legal, los espectadores siguen presenciando publicidad del PVEM en las salas de cine y así continuará durante los próximos días. Y es que actualmente se transmite otra versión de “cine minutos”. Es decir, se trata del mismo formato de spot, pero con una variación: al final del mensaje ya no aparece el slogan “Sí cumple”, sino que la voz en off remata con la frase: “El partido verde cumple lo que propone”.

Con dicho cambio, ya se trata de “una cosa totalmente diferente”, asegura Jesús Sesma, secretario de comunicación social del PVEM. Esta vez, al no aparecer la frase “Sí cumple”, el mensaje ya no incurre en la falta que señaló la sentencia del TEPJF del 6 de febrero pasado sobre el slogan que promociona electoralmente al partido.

“Ninguno de los elementos que están en los cine minutos (la nueva versión) manejan a los que hace referencia la resolución (la primera versión). Por lo tanto es otra cosa”, por lo que seguirán viendo esos spots “al menos esta semana” en los cines.

Su intención “no es molestar”, sino dar a conocer que los recursos públicos se gastan en ese tipo de campañas y acciones de un partido político que recibe prerrogativas y porque “lo que no está en letra que (se) prohíbe, está permitido”.

Aunque esta nueva versión de spots fue denunciada por el PRD, se debe repetir el procedimiento de análisis para que el INE o el Tribunal cancele la difusión o sancione al partido.

Además, la Comisión de Quejas analiza otra denuncia respecto al gasto que representan los minutos en televisión y salas de cine. La investigación estaría enfocada a comprobar si hubo compra indebida de espacios, toda vez que la reforma electoral de 2007 prohíbe a los partidos contratar espacios publicitarios para difusión.

 El lento proceso de la sanción

Aunque los partidos políticos tienen tiempos oficiales, en casi tres meses, el PVEM transmitió más de 224 mil spots en Televisa y Televisión Azteca como parte de su campaña “El Verde sí cumple”, según un la información recabada por el INE durante las audiencias de pruebas y alegatos en la Unidad Técnica de lo Contencioso. Por esto, el Tribunal Electoral determinó el retiro de los spots y solo una sanción pública.

Con los “cine minutos” en las salas de cine la comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó emitir medidas cautelares para que el retiro de los spots, pero la cadena Cinépolis continuó con las proyecciones, por lo que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE inició un procedimiento oficioso para hacer investigaciones y determinar si se trata de un “desacato” a la autoridad, que será enviado a la sala especializada del TEPJF para su discusión y determinar si la conducta del PVEM es motivo de sanción.

Aunque la ciudadanía pueda percibir que la autoridad electoral no está actuando e incluso parecería débil, “se debe entender que es todo un procedimiento. La norma así lo establece y los procedimientos están definidos”, dice la consejera Beatriz Galindo. “Si continuara con esta estrategia y si nuevamente hay denuncia quizá se pueda considerar que hay una reiteración en una conducta y la sanción que se les imponga sea mayor”.

La consejera reconoce que la opinión pública percibe que la amonestación pública es un costo menor “puesto que el fin que se persigue de posicionarse ante la ciudadanía se logra y para cuando los procedimientos jurisdiccionales concluyen alcanzaron el objetivo”; sin embargo, insiste, el INE solo sigue los procesos establecidos.

Para Pablo Gómez, representante del PRD ante el INE, la actuación del Instituto ha sido “una vergüenza” porque ante la estrategia del PVEM ha sido “ciego, sordo y mudo”.

Advierte que el INE ha tomado una actitud de “complacencia frente al oficialismo, es decir, al PVEM que forma parte del PRI y el gobierno Federal”. El perredista ha sido uno de los críticos más férreos a la estrategia publicitaria del Partido Verde, por lo que califica de “ridícula” la amonestación pública después de estar violando la ley, mientras que el INE ha sido una autoridad inexistente”, afirma.

 ¿La eficaz estrategia?

Aunque el efecto de esta campaña publicitaria se verá en el resultado electoral de julio próximo, de acuerdo con mediciones de Parametría, el PVEM ha logrado posicionarse frente al electorado como la cuarta fuerza política.

En la reciente encuesta de enero, la encuestadora menciona que el Partido Verde se tiene 10% en la intención de voto para las diputaciones federales.

Y es que la publicidad en cines es considerable, pues durante el 2014 más de 25 millones de personas acudieron a alguna sala cinematográfica para ver uno de los 70 películas presentadas.


Además, se trata de un ambiente idóneo para recibir mensajes publicitarios, pues existen buenas condiciones ambientales y técnicas: pantalla gigante, oscuridad, sonido estéreo, mínima saturación publicitaria y una audiencia cautiva, en reposo y expectante, por lo que se consigue transmitir muy eficazmente los mensajes, explica el asambleísta Manuel Alejandro Robles Gómez, quien presentó una iniciativa para que las empresas de cine especifiquen los horarios precisos para el inicio de las películas para que el usuario pueda evadir la publicidad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Van contra la favorita de Calderón

Los priistas en el Senado aseguran que a pesar de que existe evidencia de la construcción de trabajos inconclusos y con sobrecostos en Tradeco, no ha habido sanciones.

La bancada del PRI en el Senado presentará un segundo punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) brinde un informe que involucra a todas las dependencias que tuvieron tratos con Tradeco, la constructora más beneficiada en el sexenio de Felipe Calderón.

El grupo parlamentario del tricolor presentó la proposición para que la ASF informe sobre el estatus que tienen las observaciones realizadas a todas las dependencias y entidades federales que involucran a Grupo Tradeco, propiedad de Federico Martínez Urmeneta.

“Se ha dado a conocer la probable comisión de irregularidades en adjudicaciones directas y obras durante el periodo 2003 a 2012; asimismo, existe evidencia de la construcción de carreteras con fallas, trabajos inconclusos y con sobrecostos en los proyectos adjudicados

“No obstante la gravedad de los hechos, hasta el momento éstos no han derivado en ningún tipo de consecuencia jurídica, por lo cual tenemos la responsabilidad de exhortar a las autoridades conducentes para que lleven a cabo las investigaciones que permitan esclarecer el asunto y sancionar a quienes resulten responsables”, llamaron los legisladores priistas.

Fuentes del PRI confirmaron que se busca que avance la investigación contra Tradeco y sus aliados políticos del PAN para intentar contrarrestar el efecto de los escándalos de corrupción en el que se ha involucrado a miembros del Gobierno federal.

En el punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se establece que, “para dimensionar la magnitud de los hechos”, basta decir que entre el 2003 y el 2012, Grupo Tradeco fue beneficiado con contrataciones por adjudicación directa que le dieron ingresos de alrededor de 15 mil 143 millones de pesos.

Un momento emblemático de las irregularidades en la asignación de contratos a esta empresa fue cuando Federico Martínez Salas, padre de Martínez Urmeneta y fundador de la firma, se incorporó a Petróleos Mexicanos como director del Proyecto Cantarell y, desde ahí, otorgó a la empresa un contrato por 379 millones de pesos para “trabajos de modernización” de la refinería de Minatitlán.

Comenzaría ahí una serie de contratos con Petróleos Mexicanos y otras dependencias que incluiría desde la inspección y rehabilitación de ductos y poliductos hasta la construcción del Puente Baluarte, una de las más grandes obras de infraestructura en el sexenio calderonista.

Le fueron otorgados también varios contratos para la construcción o rehabilitación de infraestructura carretera que tuvo varias observaciones de la ASF.

Tradeco trabajó en varios proyectos de la Secretaría de Seguridad Pública, que estuvo liderada por Genaro García Luna, mismos que le fueron otorgados a la empresa de forma directa por razones de “seguridad nacional”.

De los contratos otorgados a Tradeco, la ASF revisó 11 de los 95 contratos solo por ampliación en el plazo de entrega o el aumento en los costos.

Uno de esos casos fue la autopista Durango-Mazatlán, obra que presentó 45 observaciones entre las que se encontraba el haber incurrido en un sobrecosto superior al 30 por ciento.

La ASF determinó, también, observaciones por mil 616 millones de pesos ocurridas por diferencia de volúmenes, trabajos de mala calidad, error en la integración de precios, variación en las tasas de interés o intereses de pagos anticipados.

“Como vemos, hablar del Grupo Tradeco es hacer alusión a una conducción bajo el amparo del tráfico de influencias y el conflicto de interés, evasión de impuestos, incumplimiento de contratos en los términos pactados e incluso, de omisión del cumplimiento de la normatividad ambiental, situación que ha sido denunciada por la propia Profepa”, exponen los legisladores del tricolor.

Los senadores priistas argumentaron “ausencia de legalidad y ética” en las irregularidades del otorgamiento de contratos a Tradeco, sobre todo en la administración pasada, en la que “prevalecen actos de corrupción y tráfico de influencias”, sentenciaron en su petición.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Transparencia empantanada

Con las modificaciones impulsadas por el PRI para las nuevas leyes en esa materia, la negociación está atorada en el Senado. El PRD acusa que el tricolor está frenando los avances.

Apesar de que ya se venció el plazo para que sean aprobadas las leyes de transparencia, su negociación continúa empantanada en comisiones del Senado.

Esto debido a una serie de modificaciones que son impulsadas por el PRI y en las que los partidos de izquierda no están de acuerdo.

Senadores del PRD acusaron que el tricolor impulsa alrededor de 80 modificaciones al dictamen de la Ley de Transparencia, entre las que se encuentran que la información sobre las violaciones graves a derechos humanos, a delitos de lesa humanidad o a actos de corrupción sea abierta “hasta que una autoridad competente resuelva la materia”.

Se contempla, además, eliminar del catálogo de sujetos obligados a los Fondos y los Fideicomisos gubernamentales.

“Si no se frenan (las modificaciones), pues en realidad, lo que estaría ocurriendo es una enorme limitación a los avances que en materia de transparencia se han tenido”, denunció Armando Ríos Piter, senador por Guerrero.

Los priistas han planteado una ampliación del catálogo de temas y tópicos que deben permanecer reservados, intención que resulta “intransitable” para los perredistas.

Aunado a esto, el tricolor intenta que en algunas dependencias o entidades ni siquiera se considere la obligación de establecer un consejo de transparencia, acusaron.

En ese supuesto se encontrarían el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Centro Nacional de Protección, la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y el Estado Mayor Presidencial y de las Fuerzas Armadas.

El PRI busca también eliminar la necesidad de que se exprese “la prueba de daño”, a través de la cual las dependencias que decidan no hacer pública una información deben justificar cuál sería el daño que se haría al país si se revela.

Se busca también matizar la figura de la recomendación, que la oposición considera como fundamental para la prevención y que se busca dejar con un carácter no vinculante.

“Esto va totalmente en contra de lo que existe en Estados Unidos y en el mundo, esto es una regresión”, afirmó el perredista Zoe Robledo, senador por Chiapas.

En la reserva de información sobre los Fondos y Fideicomisos, los perredistas alertaron sobre la opacidad que habrá sobre el manejo de recursos en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y de los tres niveles de Gobierno que están radicados en esas figuras.

Dolores Padierna acusó que se intenta ocultar principalmente la información proveniente del Fondo Mexicano del Petróleo.

“Hay que decir que los recursos millonarios que hay en los fondos y fideicomisos son recursos públicos y que, por lo tanto, deben de tener máxima transparencia, más aún si se trata del Fondo Monetario del Petróleo se trata de ingresos petroleros que deben de estar a la vista al día, diario se saca petróleo, diario  hay ingresos petroleros, diario tenemos que revisar cómo se va conformando este Fondo Mexicano del Petróleo”, afirmó Padierna.

Los legisladores acusaron que con los cambios que se proponen, se fomenta que exista un ambiente de discrecionalidad en toda la Administración Pública.

Por su parte, el PRI definió el tema de transparencia como una de sus prioridades en este periodo de sesiones y han acusado que es la oposición quien no quiere continuar con la negociación del tema.

Sin embargo, los perredistas acusaron que las modificaciones no provienen de la bancada del PRI, sino directamente de la Presidencia de la República, por lo que no hay con quién negociar.

“Los corchetes tienen un origen. ¿Con quién vamos a discutir los corchetes, las diferencias? Lo que nosotros estamos planteando al PRI es que no tiene ninguna razón estar discutiendo con quien no está realizando las modificaciones. Si hay corchetes de última hora, necesitamos discutir con quien puso esos corchetes”, señaló Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.


Los legisladores se pronunciaron por llevar a cabo el debate de las modificaciones de forma abierta y que los debates sean transmitidos por el Canal del Congreso.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

El hermano incómodo de Ángel Aguirre, “El señor del 20%”

CHILPANCINGO, Gro: A Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano incómodo del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, lo conocen como El señor del 20%, pues ése era el porcentaje que pedía a los empresarios para obtener contratos de obra pública del gobierno estatal.

Aficionado a los caballos y los gustos excéntricos, tenía una red de al menos 40 empresas y se adjudicaba directamente millonarios contratos, principalmente de las secretarías de Educación y Salud, dependencias que perciben la mayor cantidad de recursos públicos en la entidad, señalaron fuentes oficiales consultadas por Apro.

“Mateo Aguirre acaparaba y decidía qué obra se adjudicaba para la construcción y equipamiento de hospitales, planteles escolares y obras de infraestructura hidráulica y carretera. El resto de los contratos eran repartidos entre empresarios que estaban dispuestos a entregarle 20% del monto de la obra”, refirió el informante.

La detención del hermano del exgobernador en Acapulco la tarde de este martes por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) representa no sólo un golpe legal, sino político contra el grupo de Ángel Aguirre, quien mantiene una puja para imponer a su hijo del mismo nombre como candidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, así como al actual senador perredista y considerado como su fiel colaborador Sofío Ramírez, como candidato a la gubernatura por el mismo partido.

Desde noviembre de 2011, el exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo denunció públicamente los presuntos actos de corrupción de Mateo Aguirre por hacer negocios al amparo del poder.

También, calificó a su hermano Ángel como “parásito, corrupto, cínico y ladrón”.

Torreblanca denunció que la flota aérea oficial era utilizada por familiares de Aguirre y secretarios de despacho para actividades personales. Incluso, señaló que un helicóptero del gobierno de Guerrero fue puesto a disposición del excandidato perredista al gobierno de Michoacán, el senador con licencia Silvano Aureoles.

Entre las personas que usaban la aeronave para estos fines, señaló al hijo del gobernador, el actual diputado federal del PRI, Ángel Aguirre Herrera; su hermano Carlos Mateo Aguirre, quien se desempeñaba como coordinador del Ejecutivo; y el exsecretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, padre del actual diputado federal perredista, Jorge Salgado Parra.

Nepotismo en televisión

Hacia mayo de 2012, Televisa y TV Azteca desataron una campaña mediática contra Aguirre, orquestada por un empresario que se inconformó porque no le dieron un contrato.

En entrevista, el entonces gobernador Aguirre Rivero narró una historia más en que el duopolio televisivo ejerce su poder y doblega al Ejecutivo estatal en el texto titulado “Televisa y TV Azteca nos tratan como a sus gatos”, publicado en el semanario de Proceso.

Durante varios días los noticiarios de ambas empresas lo acusaron de nepotismo y corrupción. Como resultado, Aguirre limpió la nómina de sus familiares directos, aunque otros medios hicieron esas críticas meses atrás sin consecuencia alguna.

Sin admitir que esto significó ceder a las presiones del duopolio televisivo, Aguirre se limitó a informar que decidió solicitarles la renuncia a una veintena de familiares directos que ostentaban cargos estratégicos en su administración desde el año pasado, entre ellos, su hermana Rosalinda Aguirre, directora del DIF estatal, y su sobrino Ernesto Aguirre, asesor personal y coordinador de “proyectos estratégicos” del Ejecutivo.

Dijo que su hermano Carlos Mateo renunció a su cargo de coordinador del Ejecutivo dos meses antes. Él fue el blanco principal de las televisoras para ilustrar su nepotismo y la corrupción que desde entonces impera en el gobierno, ya que fue acusado de hacer negocios al amparo del poder.

En ese momento, Ángel Aguirre deslindó a Carlos Mateo de los señalamientos de corrupción, sobre todo del exgobernador Torreblanca:

“He tratado de mantener una relación de respeto con los medios, independientemente del que se trate, pero les pido que cualquier crítica, venga de quien venga, esté debidamente avalada y sustentada con pruebas, porque se han hecho señalamientos que no corresponden con la realidad”.

El entonces mandatario consideró que Televisa utilizó a Torreblanca aunque no tenían buena relación. Enfatizó que antes de concluir su mandato en abril de 2011, Torreblanca acusó de corrupto y extorsionador al conductor de noticias Joaquín López-Dóriga en desplegados que publicó en medios de circulación nacional, entre ellos el diario Reforma.

En esas publicaciones Torreblanca denunció que los ataques mediáticos en su contra se debían a que no accedió a entregarle al conductor del noticiero estelar de Televisa seis millones de pesos anuales como lo hacía el exmandatario guerrerense y actual candidato priista a senador, René Juárez Cisneros.


A pesar de que los familiares del exgobernador renunciaron a sus cargos, en los hechos, personajes como su hermano Mateo Aguirre  y su sobrino Ernesto Aguirre siguieron operando hasta ahora, cuando el gobierno federal detuvo al principal beneficiario de los contratos de la obra pública del gobierno estatal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS (REPORTAJE ESPECIAL).

Ayotzinapa, las preguntas incómodas contra la “verdad histórica”

MÉXICO, D.F: Ayotzinapa no es un expediente cualquiera. Van tres veces que el procurador general de la República busca darle “carpetazo” a una investigación que defiende como “verdad histórica”, al tiempo que insiste en que el expediente no se puede cerrar, “dada la naturaleza de los delitos”.

El último golpe a la frágil línea de credibilidad de la investigación y a la versión del gobierno federal y de su procurador –que no abogado general de la nación– es la serie de observaciones efectuadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

A los ocho cuestionamientos de los forenses argentinos, la Procuraduría General de la República (PGR) respondió con una rudeza innecesaria. A las observaciones sobre procedimiento, la PGR colocó al EAAF en un papel de “especuladores” y casi de enemigos, a pesar que fue el propio equipo de Jesús Murillo Karam quien los llamó.

En el fondo, saben que las observaciones de la EAAF tienen más credibilidad que la “verdad histórica” inducida mediáticamente por una simple y sencilla razón que el exgobernador de Hidalgo conoce muy bien: no le corresponde al procurador general de la República decretar la verdad histórica sobre su propia investigación sino a un juez.

La PGR se ha colocado como juez y parte en un caso paradigmático, quizá recibiendo órdenes de su jefe inmediato superior y haciendo caso omiso de lo que todo buen fiscal debe hacer frente a una crisis y una tragedia de esta magnitud: serenidad, paciencia y mucha capacidad de empatía con las víctimas.

Murillo Karam ha hecho exactamente lo contrario: ha perdido la serenidad, la paciencia y colocó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos como sus enemigos y no como las legítimas víctimas que deben ser atendidas.

Las observaciones de la EAAF contienen, al mismo tiempo, preguntas incómodas que Murillo Karam y sus investigadores no han querido responder. Como a los periodistas no se les permite preguntar todo lo que es necesario para darle solidez a la versión de la PGR, entonces es necesario hacerlas públicas.

1. Insiste la PGR que todo el escenario fue el basurero de Cocula. Habla de un incendio magno que no ha acreditado fehacientemente. ¿Cuántos litros de gasolina se utilizaron para incinerar la cantidad de cuerpos que ellos dicen? ¿Cuánta leña se utilizó? ¿De dónde se trajo? ¿Cómo la consiguieron? Desde 2010 se han registrado incendios en ese mismo basurero, ¿cómo distinguieron el siniestro de la madrugada del 26-27 de septiembre de 2014 de eventos anteriores?

2. La PGR arroja una serie de números para convencernos de la veracidad de su versión: 487 peritajes en 26 especialidades, muestras de tierra, 42 elementos balísticos y una cantidad de estadísticas aparentemente arrolladoras. ¿Han hecho peritajes de las bolsas donde supuestamente guardaron y arrojaron los cuerpos? ¿Existe evidencia más allá del testimonio de los sicarios de Guerreros Unidos de que eran unas bolsas? ¿Quién o quiénes las compraron? ¿Dónde las adquirieron?

3. El EAAF advirtió que “al menos” entre el 7 y el 27 de noviembre de 2014 el basurero de Cocula permaneció sin custodia permanente. Ofrecen fotos donde se observan a estudiantes, periodistas y público en general visitando el lugar, sin presencia de ninguna autoridad. ¿Por qué no hubo custodia en el escenario del crimen colectivo? Si la hubo, ¿Quién fue el responsable?

4. El EAAF afirmó que notó diferencias en 20 de los 134 perfiles genéticos que la PGR tenía en común con ellos, pertenecientes a 16 familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo cual es “inusual” porque el procesamiento de las muestras es sencillo. La PGR admitió que estas diferencias “eran errores” de su laboratorio, pero “no hubo una explicación clara al respecto”. ¿Por qué se cometió este “error”? ¿Es posible que otros “errores” se hayan cometido en el análisis de las muestras? ¿Son enmendables?


En fin, no se trata de pelear sino de convencer. La PGR, hasta ahora, sólo ha insistido en una sola versión. Y esta misma considerada como “verdad histórica” se hace cenizas, como los cuerpos que ellos dicen fueron incinerados en Cocula.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Los Murat y un hijo de Fidel Herrera, dueños de condominios de lujo en NY: The New York Times

WASHINGTON: La familia del exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab, posee por lo menos seis propiedades en Estados Unidos, entre ellas dos inmuebles de lujo en la ciudad de Nueva York, donde también un hijo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y uno del exalcalde del municipio nuevoleonense de San Pedro Garza García, Fernando Margáin, son dueños de un condominio, respectivamente, reveló hoy el diario The New York Times.

Con un valor aproximado de 5.44 millones de dólares, dos condominios de lujo en Nueva York, junto con otros cuatro inmuebles, pertenecen a la familia del exgobernador oaxaqueño, de acuerdo con el largo reportaje de The New York Times titulado “Una familia política mexicana con nexos cercanos al PRI, y sus casas en Estados Unidos”.

Las propiedades de los Murat se componen de dos condominios en un centro para esquiar en el estado de Utah, otro en la Isla del Padre, Texas, y dos más en la isla de Manhattan, Nueva York.

“En Nueva York, los hijos de Jose Murat han vivido por periodos de tiempo en uno de los más modestos condominios de lujo en el edificio Time Warner Center, con vista a Central Park”, se destaca en el artículo del rotativo estadunidense.

El reportaje, que forma parte de una serie de investigación periodística que comenzó a publicar The New York Times este fin de semana sobre políticos y empresarios estadunidenses y extranjeros, dueños de condominios y casas de lujo en Nueva York y los sospechosos métodos que siguen para adquirirlos, destaca a la familia de Murab Casab, la que no se conoce por ser adinerada, lo cual abre dudas sobre el origen de los fondos con los que adquirieron las propiedades.

“La propiedad de las casas fue con regularidad no muy transparente, por la variación de los nombres de los familiares registrados en los títulos de propiedad o por medio de empresas fantasma a nombre de las cuales adquirieron los inmuebles”, destaca el reportaje del diario neoyorquino.

Irónicamente, el recuento sobre las propiedades de los Murat en Estados Unidos inicia con lo que en el otoño de 2013 escribió en su cuenta de Twitter un hijo del exgobernador oaxaqueño, Alejandro, sobre una campaña de hipotecas con tasas de interés muy bajas.

El mensaje en Twitter advertía: “Lo cosa más importante en la vida está en tu casa”.

“El mismo día en que el joven Murat escribió en Twitter sobre el programa de hipotecas, el Registro Público de la Propiedad en el estado de Florida registró la transferencia de un condominio con valor de 750 mil dólares, comprado a nombre de su esposa a una entidad llamada IMRO 2013 Trust”, detalla el reportaje.

La revelación de las propiedades de la familia del exgobernador de Oaxaca, del hijo de Fidel Herrera, y de Margáin, son un grano de arena más a los escándalos sobre la famosa Casa Blanca, adquirida a la contratista gubernamental Higa por parte de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, y la que el propio mandatario tiene en Ixtapan de la Sal, Estado de México, y la de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, también en la entidad mexiquense.

“Los bienes de funcionarios públicos mexicanos han estado recientemente bajo un intenso escrutinio, por una impactante revelación y por las protestas que se concentran en la corrupción endémica que priva en el país”, subraya The New York Times.

Cuestionados por los autores del reportaje sobre sus propiedades en Nueva York, José Murat Casab y su hijo Alejandro negaron ser los dueños de los dos lujosos condominios con vista privilegiada a Central Park.

“José Murat dijo que el condominio en Time Warner pertenecía a un familiar. Alejandro Murat dijo que el condominio en Florida es de su suegra, y que otro en Manhattan, del cual el Registro Público de la Propiedad revela que fue comprado a nombre de la esposa del actual titular del Infonavit, le pertenece a un tío”, se consigna en el artículo.

En un correo electrónico enviado a The New York Times, el exgobernador de Oaxaca sólo reconoce que los dos condominios que están en Park City, Utah, pertenecen a su familia, y que fueron adquiridos en 2004, uno por sus dos hijos, y el otro por sus dos hijas. Estas dos propiedades tienen un valor de 690 mil dólares.

“Las propiedades de los Murat, que emergieron durante la investigación de este diario sobre la gente que está detrás de las compañías fantasma que tienen propiedades en el Time Warner Center, no son objeto de ninguna investigación y no hay evidencia de ninguna ilegalidad en su compra”, aclara el rotativo.

La adquisición de inmuebles en Estados Unidos por parte de la familia Murat, según The New York Times, data de 1984.

En ese año, el exgobernador y su hermano Karim compraron un condominio en la Isla del Padre, Texas. Poco después, los hermanos Murat también compraron otro condominio cerca de la ciudad texana de Brownsville.

“En ambos casos, en los títulos de propiedad (escrituras) los hermanos se registraron solamente con el apellido materno, Casab”, aclara el diario, que también agrega que posteriormente los hermanos alternaban en las escrituras al apellido Casab con uno más común: Casas.

En la década de 1990, la investigación del periódico neoyorquino encontró que junto con su madre, Juana Casab, los hermanos Murat comenzaron a comprar propiedades en el estado de Michigan, donde la señora tenía familiares. “Tenían cuatro propiedades entre ellos, una casa modesta en un suburbio, un condominio, un terreno y un local comercial. Un primo, Alfredo Casab, abogado en Michigan, confirmó que Karim y Juana estaban relacionados con el exgobernador de Oaxaca”, establece el reportaje.

La compra de los dos condominios en Utah se hizo 2004, en el ocaso de la gubernatura de José Murat, y en el caso de los condominios en Manhattan, Louise Forbes, una agente de bienes raíces de la firma Halstead Property, explicó a The New York Times que en 2007 ella fue la agente que ayudó al hijo de Fidel Herrera y a otras cuatro familias de mexicanos en la compra de cinco condominios en total en la ciudad de Nueva York.

“La esposa de Alejandro, Ivette Mora, compro la unidad 6C, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, que está junto al apartamento adquirido por Melissa F. Alcántara, hija de una mujer quien por mucho tiempo ha sido novia de José Murat”, resalta el reportaje.

Más arriba de donde se encuentran los condominios de los Murat, en el edificio Time Warner Center, se ubica otra propiedad adquirida por una empresa fantasma. “Pero el Registro Público de la Propiedad incluye el nombre de un hijo de Fernando Márgain, el exalcalde de San Pedro Garza García, y otro propietario de un condominio el edificio es Víctor Manuel Álvarez Puga, dueño de una firma contable en México”, apunta el trabajo periodístico.

Respecto del caso del hijo del exgobernador de Veracruz, el periódico estadunidense explica que la asesora de inversiones Geralda Buckley Kral, millonaria que vive en Zurich, le confesó que fue ella quien ayudó a una familia de apellido Herrera a establecer un fideicomiso que en 2007 se utilizó para comprar un condominio ubicado entre la calle 40 West y la 55, en un pequeño edificio sobre la famosa Quinta Avenida, cerca del Museo de Arte Moderno y Central Park.

“Las escrituras enlistan a un hijo de Fidel Herrera, amigo de Murat, como representante de la compañía fantasma que compro el condominio”, añade el New York Times, diario que en el caso de los Murat aclara que los condominios en el edificio Time Warner Center se adquirieron por medio de una empresa llamada Nivea Management.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Colima ‘exhala’ corrupción

La administración del gobernador Mario Anguiano es un volcán de irregularidades. Operaciones inmobiliarias turbias que significaron un desfalco al erario marcan el fin de su sexenio.

La corrupción, el favoritismo y el tráfico de influencias en la compra de terrenos por parte del gobierno de Colima marca el fin del sexenio del gobernador Mario Anguiano.

La administración estatal que encabeza Anguiano llevó a cabo operaciones inmobiliarias turbias que se convirtieron en un desfalco al erario de los colimenses.

Reporte Indigo documentó graves irregularidades en la compra de terrenos que realizó el Instituto de Vivienda de Colima –ahora llamado Insuvi- como parte de su estrategia para aumentar su reserva territorial para la construcción de casas.

Las anomalías detectadas incluyen la adquisición de predios sin escrituración, adquiridos a sobreprecios a priistas que pertenecen al grupo político del gobernador e incluso bajo sospecha de tener vínculos con el crimen organizado.

Hay terrenos que fueron comprados sin avalúos de por medio, a través de triangulaciones de recursos públicos entre los funcionarios allegados al mandatario colimense.

La mayoría de los predios resultaron inservibles para la construcción de vivienda porque están ubicados fuera de la mancha urbana y en zonas de alto riesgo.

Uno de los terrenos fue completamente devorado por el paso del huracán “Jova” en Colima hace cuatro años.

Estas operaciones truculentas se realizaron entre el 2011 y 2012, cuando el priista Jesús Orozco Alfaro se desempeñaba como secretario general de Gobierno y luego como titular de la secretaría de Finanzas del Gobierno de Mario Anguiano.

“Mario se rodeó de buitres que se convirtieron en vice-gobernadores en Colima y que hicieron todo lo que quisieron en el sexenio”, denuncia el diputado local del PRD, Francisco Javier Rodríguez.

Los terrenos ‘amañados’

En el segundo año de la administración del priista Mario Anguiano, en el 2011, el gobierno de Colima contrató un crédito por más de 100 millones de pesos para que el Instituto de Vivienda comprara terrenos como reserva territorial para la construcción de casas.

Ese año, el Gobierno de Colima -a través del entonces llamado Ivecol- presupuestó 72 millones de pesos para la adquisición de 9 predios particulares.

Uno de ellos, el más grande, de 98 hectáreas, se localizaba en el poblado conocido como La Loma, en la carretera Colima-Manzanillo, fuera de la mancha urbana de la ciudad capital.

El Gobierno de Colima adquirió este predio a Adriana Santoyo Durán, a quien el Estado la validó como propietaria de este terreno.

Santoyo Durán es viuda de Germán Torres Anguiano, quien fuera dueño del palenque del Municipio de Villa de Álvarez y que fue ejecutado en el 2006 en el centro comercial de Plaza del Sol, en la ciudad de Guadalajara.

En Colima algunos medios han referido que existe un vínculo familiar entre Torres Anguiano y el gobernador Mario Anguiano Moreno.

El Gobierno de Colima desestimó los antecedentes oscuros de esta propiedad y continuó con su plan de adquirirla para el Instituto de Vivienda.

Un avalúo que realizó el arquitecto Carlos Guillermo Mercado Schutle, que se adjuntó en el expediente de compra venta, determinó un valor de 59 millones de pesos para este predio de 98 hectáreas. Hoy se sabe que el Estado de Colima solo pagó 35 millones de pesos por este predio.

Una venta en 'fast track'

Este periódico tuvo acceso al expediente de la compra-venta del terreno de 98 hectáreas que realizó el Instituto de Vivienda de Colima.

Hay algo que resulta sospechoso en esta operación inmobiliaria: la urgencia con la que actuaron los funcionarios del gobierno de Colima.

Tan solo tres días le tomó al gobierno de Mario Anguiano avalar los documentos que presentó la dueña del terreno, autorizar los recursos y expedir un anticipo a la presunta dueña del terreno.

El 22 de marzo de 2011, Óscar Alejandro Torres Contreras, entonces director del Ivecol, le solicitó a través del oficio DG-521/2011, a José Alberto Peregrina Sánchez, director general de gobierno, que revisará la documentación que presentó Adriana Santoyo Durán para acreditar la posesión legal del predio denominado “Las Lomas”.

El expediente entregado al subalterno del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro, incluía escrituras públicas y el avalúo inmobiliario IVE-2011-02 de fecha de 22 de marzo elaborado por el M.V.B Carlos Mercado Schutle.

Un día después, el miércoles 23 de marzo el mismo director del Instituto de Vivienda solicitó al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Francisco Osorio Cruz, que liberara los recursos por 59 millones de pesos para la compra del predio.

En el oficio, del cual este periódico tiene copia, el director del Ivecol asegura que el equipo jurídico de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Orozco Flores, analizó la factibilidad de la compra de este terreno.

“Para dar trámite para la adquisición de dicho terreno, y una vez que sea autorizado por la H. Junta de Gobierno de este Instituto, solicitamos un anticipo de $35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N) con cargo al crédito solicitado al Banco Interacciones, S.A.”, señala el oficio DG/413/2011.

El jueves 24 de marzo –dos días después de que se supone inició el proceso de adquisición- el Instituto de Vivienda del Estado autorizó un cheque por 8 millones de pesos y otro por 2 millones más a Santoyo Durán por concepto de anticipo de su terreno rústico.

Días después, el Ivecol autorizó cinco cheques más -cada uno con valor de 5 millones de pesos- a favor de Adriana Santoyo Durán, que presentaron diferentes firmas de recibido.


El Gobierno de Colima concretó la compra de este terreno, sin embargo, el Instituto de Vivienda del Estado nunca tomó posesión de este predio.

Un año después, un supuesto juicio de amparo que presentó la familia de Rafael Ordorica Suárez, empresario de estaciones de radio en Colima, le dio la posesión legal del predio que el Ivecol había adquirido a la viuda de Germán Torres Anguiano en 35 millones de pesos.

De nada sirvió la supuesta revisión jurídica que llevó a cabo el área de Jesús Orozco Alfaro, entonces secretario general de Gobierno.

El terreno adquirido tenía otro dueño.

“Esto fue desfalco”, señala el diputado perredista Francisco Javier Rodríguez.

“Hasta el momento los colimenses no sabemos si los recursos realmente se pagaron a la primera dueña o fueron desviado por los funcionarios”.

Reporte Indigo tuvo acceso al expediente de la compra-venta del terreno de 98 hectáreas que realizó el Instituto de Vivienda de Colima.

Compran terreno… y se lo lleva huracán

La compra del predio de 98 hectáreas, por el cual el gobierno de Colima habría pagado 35 millones de pesos, pero que no se concretó porque se negoció con el propietario equivocado, no es la única operación bajo sospecha que realizó el Instituto de Vivienda del Estado de Colima, hoy llamado Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, Insuvi.

En el 2011, igual con los recursos conseguidos a través de un endeudamiento, el Ivecol adquirió un terreno de 6.43 hectáreas en Manzanillo por 10.5 millones de pesos.

El predio era propiedad de la empresa Constructora y Urbanizadora El Volantín, S.A. de C.V, que pertenece a Alejandro Meillón Galindo, excandidato del PRI a la Alcaldía de Manzanillo y quien se desempeñaba entonces como titular del Fideicomiso 322 Manzanillo-Las Garza (Fimaga)

El posible conflicto de interés y favoritismo no es la única irregularidad detectada en esta operación inmobiliaria.

No hubo avalúo en la transacción y los 10.5 millones de pesos que pagó el Gobierno de Colima por este predio representan casi lo doble del valor de los terrenos en esa zona.

Hay otra anomalía más en esta compra-venta: el predio comprado se supone para la construcción de vivienda fue completamente destruido por el paso del huracán “Jova” en el 2011.

“El terreno quedó inservible para el Instituto de Vivienda”, dice el legislador perredista.

“Compraron un predio sin avalúo, a sobreprecio y en una zona de riesgo”.

En el Ivecol existen constancias de que la empresa de Alejandro Meillón Galindo reintegró únicamente 9 de los 10.5 millones de pesos que el Instituto le pagó por su propiedad.

Pero el diputado del PRD, Francisco Javier Rodríguez, tiene dudas sobre la procedencia del dinero que regresó Meillón Galindo al Instituto de Vivienda.

En ese momento se desempeñaba como tesorero del Estado de Colima, Jesús Orozco Alfaro, allegado de Meillón Galindo y del mandatario de Colima.

Una deuda como herencia

El gobernador de Colima, Mario Anguiano, no solo herederá un estado de Colima endeudado –creció en su sexenio un 237 por ciento la deuda pública a largo plazo- sino dejará también la sospecha firme entre los colimenses del enriquecimiento ilícito del gobernador y de su grupo político.

En la primera mitad de su sexenio Anguiano se hizo de un rancho en el poblado de Suchitlán, en el municipio de Comala, que según su declaración patrimonial del año 2012 –el resto están reservadas- tiene un valor de 3 millones y medio de pesos.

La propiedad está ubicada frente al rancho de uno de sus más allegados funcionarios: Rafael Gutiérrez, secretario de Fomento Económico de Colima.

“El tema en Colima es la deuda, la inseguridad y el enriquecimiento inexplicable de los funcionarios de Colima”, señala el diputado local del PAN, Donaldo Zúñiga

“No tengo duda de que el peor gobernador que ha tenido Colima en su historia ha sido Mario Anguiano”.

No tengo duda de que el peor gobernador que ha tenido Colima en su historia ha sido Mario Anguiano”.

Jesús Orozco Alfaro: ‘El rey Midas’ de Colima

En Colima hay un gobernador, Mario Anguiano, pero el estado ha tenido varios vicegobernadores: políticos que utilizaron el poder para su beneficio.

Uno de ellos es Jesús Orozco Alfaro, un priista quien hoy está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y señalado por corrupción en la administración estatal.

Orozco Alfaro inició en el PRI. Fue alcalde de Colima, diputado federal, senador, pero en el año 2002 dejó este partido político por el PRD.

Fue candidato a la gubernatura de Colima por el Sol Azteca, apoyado por Andrés Manuel López Obrador, pero perdió en la contienda.

En el 2009 regresó al PRI para apoyar la candidatura de Mario Anguiano, quien una vez que se proclamó como gobernador lo designó, primero, como secretario general de gobierno y después como tesorero del Estado.

Fue la mano derecha de Anguiano en la primera mitad del sexenio.

Como tesorero de Colima, Orozco Alfaro fue responsable del incremento de la deuda que casi se ha triplicado durante el actual sexenio.

“Jesús Orozco Alfaro dejó prácticamente temblando las finanzas estatales cuando estuvo como tesorero del Estado”, dice el legislador panista Donaldo Zúñiga.

“Hoy se le pueden ver en diferentes lugares propiedades, negocios, De la noche a la mañana el señor goza de una fortuna en el estado. Esto genera sospechas de un enriquecimiento ilícito por el saqueo de las arcas estatales”.

A través de su hijo, Jesús Orozco Fuentes, el político colimense maneja la empresa Operadora de Restaurantes de Colima, S.A. de C.V., que tiene a su cargo sucursales de las cadenas Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken.

“Jesús Orozco es el rey midas de aquí de Colima”, comenta Francisco Javier Rodríguez.


“Lo que toca lo hace oro. Es un político venido a empresario”.

Orozco Alfaro estuvo en el gabinete de Mario Anguiano hasta julio del 2013.

Meses después en octubre de ese año fue designado como director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo.

Pero no duró el cargo.  En abril del 2014 fue destituido por la Secretaría de la Marina, quien desde entonces se ha hecho cargo del Puerto de Manzanillo, estratégico para el tráfico de anfetaminas y de hierro mineral.

Los diputados locales del PAN, PRD y PT en el Congreso de Colima exigieron a la PGR una investigación por el cese de Orozco Alfaro, sin embargo las autoridades federales nunca iniciaron ninguna averiguación.

En su lugar fue nombrado el 4 de abril del año pasado el Vicealmirante Jorge Bustos Espino como director general de la API Manzanillo.


Mario Anguiano tuvo que reconocer que los decomisos de droga en el Puerto de Manzanillo habían bajado durante la gestión de Orozco. Un día antes de que fuera destituido de la API de Manzanillo, Orozco Alfaro hizo de las suyas: otorgó un contrato a la empresa Transmacol, S.A. de C.V., para realizar operaciones de contenedores en el interior del puerto.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.