‘Golean’ empresarios al fisco

El Gobierno de Jalisco, a través de su Secretaría de Finanzas, ha condonado multas por más de 30 millones de pesos a empresas que han sido omisas en el pago de impuestos. Entre las beneficiadas están varias vinculadas al dueño del Club Chivas, Jorge Vergara; en el sexenio pasado una de las más privilegiadas fue el Club Atlas.

El Gobierno de Jalisco lisonjea muy bien a los empresarios del estado: su área de Finanzas se ha encargado de condonarles multas y recargos que tenían que haber cubierto por la falta de pago de impuestos, con lo que han evitado así pagos que ascienden a más de 30 millones de pesos.

Durante 2013 y 2014, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) que encabezaba Ricardo Villanueva (hoy candidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara), perdonó a varias empresas locales esas penalizaciones, por un monto exacto de 31 millones 381 mil 810 pesos.

De esa bolsa, 30 millones 870 mil 27 pesos fueron cancelados entre enero y septiembre del año pasado, a un ritmo de 3 millones 430 mil pesos cada 30 días. Los restantes 511 mil 783 pesos fueron perdonados en 2013. 

El dato del 2013 puede ser en realidad mayor, pues a diferencia del 2014, los beneficios fiscales que otorgó la Sepaf aquel año no están concentrados en una base de datos. 

Esa cifra de poco más de medio millón de pesos surge de una consulta documental en los archivos físicos de la Dirección de Auditoría Fiscal de la Sepaf, realizada por Reporte Indigo junto con personal del área y de la Unidad de Transparencia de la dependencia, y autorizada por instrucción del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado (ITEI).

Entre los grandes beneficiados por la actual administración estatal está el corporativo Grupo Omnilife y otras firmas vinculadas con el empresario y dueño del equipo de futbol Chivas, Jorge Vergara Madrigal.

Según la información que transparentó la Sepaf, a las compañías ligadas con el empresario las eximió del pago de multas por 17 millones 458 mil 100 pesos en 2014, y 186 mil 210 pesos en 2013, es decir, 17 millones 644 mil 310 pesos en total, con los que se les sancionaba a dichas firmas por la omisión en el pago de impuestos.  

Son cuatro las resoluciones de condonación de la Sepaf al grupo de empresas relacionadas con el dueño de Chivas.

En 2013, Grupo Omnilife fue perdonado con el pago de 132 mil 579 pesos con el que había sido penalizado por no cubrir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el periodo fiscal del 1 de enero al 30 de abril de 2012. 

Otros 53 mil 631 pesos le fueron penalizados a Omnilife ese mismo año por no haber pagado el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU); en ambos casos, las autoridades estatales cancelaron el 100 por ciento de las multas y los recargos a la empresa de Jorge Vergara.

Esto consta en la resolución emitida el 17 de mayo deL 2013, en el oficio SEPAF/FIN/130/2013, signado por Héctor Rafael Pérez Partida, entonces director general de Egresos, hoy titular de la Sepaf. 

Tres resoluciones más a favor de empresas vinculadas a Vergara Madrigal tuvieron lugar en 2014.

La primera emitida para la empresa Capital Humano Celestial, que tenía una multa por 11 millones 568 mil 555 pesos por omisiones en el ISR, fue para cancelarle el 99.8 por ciento del monto; el indulto fue de 11 millones 548 mil 95 pesos y sólo pagó 20 mil 460 pesos. 

Esa misma empresa tenía otra multa por ISR por 3 millones 345 mil 335 pesos, pero la Sepaf le condonó el 100 por ciento, así que no pagó nada por ello. 

Y finalmente, la empresa Omnihumana, que tenía una multa por ISR por 2 millones 582 mil 478 pesos, pero le fue perdonado el 99 por ciento, así que desembolsó sólo 17 mil 808 pesos. 

Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tanto Capital Humano Celestial como Omnihumana son marcas registradas por Grupo Omnilife, la primera con el número de registro 1234829 y la segunda con el 1169582. 

Fuera de estas empresas, las siguientes con los mayores montos cancelados por Sepaf fueron: Gasolinera Don José, por 2 millones 203 mil 405 pesos; W&G Arquitectos, por 2 millones 18 mil 729 pesos, y Súper Servicios El Castillo, por un millón 764 mil 60 pesos. 

Ayudadita al Atlas

Durante la gestión del exgobernador del PAN, Emilio González Márquez, en los años 2011 y 2012, también existieron este tipo de condonaciones a empresarios locales. 

De su periodo tampoco existen bases de datos,  por lo que la información ha surgido de la misma consulta física realizada por este medio.

La revisión se centró en condonaciones que superaran los 100 mil pesos y/o versaran sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Se hallaron 54 beneficiarios en ese supuesto, con exenciones por 9 millones 883 mil 883 pesos.

En este listado, el beneficiario más importante, y con el mayor monto cancelado, fue el equipo de fútbol Atlas, que contaba con multas por casi 3.4 millones, pero se le eximió de pagar una gran parte, de acuerdo con el expediente RIM 14/00144/11. 

En el oficio 14443/2012 se lee que la representación de la “asociación denominada FC Atlas A.C., solicita la condonación de las multas que en cantidad total de 3 millones 412 mil 352 pesos se hace acreedor por la omisión en el pago del IVA, IVA retenido e ISR retenido, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011”. 

Al Atlas se le descontaron 2 millones 388 mil 647 pesos, dice la resolución del 4 de octubre de 2012, signada por Martín Mendoza López, entonces titular de Finanzas. 

Luego del Atlas, se posicionan nuevamente dos empresas con marcas registradas por Grupo Omnilife: Omnihumana II y Omnihumana III -la primera bajo el número de registro 865335; la segunda, el 865334, según el IMPI. Ambas sumaron una condonación por 856 mil 172 pesos.


Facultad federal

El Gobierno de Jalisco puede condonar las multas de impuestos federales porque forma parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y porque ha celebrado convenios de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que le confieren esas facultades fiscales. 

En sentido estricto, cuando la Sepaf cancela una de estas sanciones lo hace como “autoridad fiscal federal”, según los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Sus resoluciones de 2011 y 2012 no se fundamentan de la misma forma que las de la actual gestión. 

Las de aquella gestión se basan en quitas previstas en el artículo 76 del Código Fiscal federal; las de esta administración figuran en artículos transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación. 

Esto lo señala el especialista en la materia de la Universidad de Guadalajara, Horacio González,  director del Instituto Mexicano de Análisis Tributario y expresidente de la Academia de Derecho Fiscal, tras un estudio a los documentos obtenidos por Reporte Indigo. 

En su análisis, las regulaciones citadas no dan mucho “margen de maniobra” a la Sepaf a la hora de conceder los descuentos ni sus montos.

“Lo único que hacen las entidades federativas es instrumentar la condonación de multas, atendiendo a lo que ya les dio el legislador o a lo que ya les dio el Ejecutivo federal a través de la SHCP”, explica González. 

Sin embargo, la revisión que hace el Estado para determinar si las empresas están o no en el supuesto para ser beneficiadas, no es fiscalizada por nadie. 

“No hay una revisión por parte de la SHCP respecto de esa actuación de la entidad (…) Quienes en su caso podrían hacerlo porque tienen facultades para auditar no solo el gasto sino también el ingreso, es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), porque se trata a fin de cuentas de ingresos de naturaleza federal”, detalló el experto.

¿Esto se hace, la ASF audita las condonaciones del Estado?, se le pregunta al especialista

“No, generalmente lo que hace –aunque tiene  esa facultad– la ASF es solamente fiscalizar el ejercicio del gasto respecto de recursos federales entregados a las entidades o municipios”, concluye González.

Los consentidos

Entre 2013 y 2014, la administración estatal ha condonado más de 30 millones de pesos a empresas multadas por no pagar impuestos:

>> Jorge Vergara, dueño de Chivas y Grupo Omnilife, ha obtenido el indulto fiscal en varias de sus empresas con un monto total de 17.4 millones de pesos.

>> A Gasolinera San José le condonaron 2.2 millones de pesos.

>> W&G Arquitectos, 2 millones de pesos perdonados.

>> Súper Servicios El Castillo se le eximió del pago de 1.7 millones de pesos.


>> En el sexenio anterior, el Club Atlas fue condonado con 3.4 millones de pesos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.

Ordenan la retirada

Tras la salida del comisionado federal en Michoacán, la estrategia para lograr la paz ha cambiado.  Las Fuerzas Federales han iniciado el repliegue de algunas zonas en las que aún operan autodefensas.

Tras el reconocimiento tácito que hiciera el gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara, a la existencia de los grupos de autodefensa en la zona sur del estado, las Fuerzas Federales enviadas para el desarme de civiles comenzaron a replegarse.

A causa del distanciamiento evidente entre el enlace de alto mando para la seguridad de Michoacán, General Felipe Gurrola Ramírez, y el enlace civil de la Secretaría de Gobernación,  Rogelio Caballeros Meraz, el estado ha entrado en un “impasse” del Plan Michoacán.

Hasta antes del 22 de enero pasado, las acciones conjuntas  -civiles y militares- de la Federación para el restablecimiento de la paz y el desarrollo del estado estaban ejecutadas por una sola persona: el comisionado Alfredo Castillo.

A su salida, el Gobierno Federal optó por la designación de dos enlaces de alto nivel.  

Pero es la falta de coordinación entre los mandos federales lo que ha hecho que el proceso de pacificación se encuentre estancando. 

Jara propició el repliegue de las Fuerzas Federales al reconocer la posibilidad de una alianza con los grupos de autodefensa.

La muestra más clara del repliegue de los Militares fue la liberación del líder de las autodefensas en la comunidad de Antúnez, en Turicato, Federico Villegas García.

El Comandante Lico fue liberado 24 horas después de su detención, que había sido lograda en un operativo militar dictado desde Morelia.

Hasta antes de la captura del Comandante Lico, la Federación había fijado –de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Gobernación- al menos a 10 jefes de autodefensas como objetivos militares para su detención. 

La captura de esos jefes de los civiles alzados contra el crimen organizado se tendría que cumplimentar antes del 24 de febrero.

Fuentes del gobierno estatal de Michoacán habían confirmado la intención de la Federación para detener a los jefes de los 10 grupos de autodefensa -que siguen activos-,  antes de la fecha del segundo aniversario de la resistencia que fundó José Manuel Mireles.

Auguran celebración

La decisión federal para desarticular la dirigencia de los grupos de autodefensa de Michoacán tiene que ver con un informe del Cisen que indica la posibilidad de celebrar el segundo aniversario del movimiento civil armado con una manifestación pública en la capital del país, la que podría estar respaldada por diversos grupos de políticos de las izquierdas mexicanas.

Casi dos años en Michoacán

El 21 de marzo próximo, Rogelio Caballero Meraz cumplirá 2 años de haber llegado a Michoacán en calidad de delegado de la Secretaría de Gobernación. Fue uno de los artífices de la renuncia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa y del encarcelamiento del secretario de Gobierno Jesús Reyna García, con el que no obstante posó en diversas ocasiones para la foto.

A Caballeros Meraz también se le atribuye el manejo de la información con el que la Federación decidió ejercer acción penal en contra de los alcaldes de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza;  de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio; de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, y de las alcaldesas de Pátzcuaro y Huetamo, Salma Karrúm Cervantes y Dalia Santana Pineda, respectivamente.

Siguen armados

Versiones emitidas por los propios civiles armados en la zona de Tepalcatepec, Aquila y Lázaro Cárdenas, confirman lo que no se ha dicho oficialmente: por lo menos unos 5 mil hombres armados se siguen movilizando en contra de los grupos del crimen organizado que siguen activos.

De acuerdo a algunas autodefensas, la guerra que se mantiene en el sur del estado de Michoacán es solamente entre las células de Los Caballeros Templarios y los civiles armados que defienden sus familias y propiedades. 

Las Fuerzas Federales se mantienen resguardando la seguridad pública de algunas poblaciones.

En lo que va del año, según el recuento de algunos miembros de las autodefensas, tanto la policía estatal denominada Fuerza Rural como los grupos de autodefensa que se mantienen activos, se han enfrentado en al menos 18 veces con células criminales.

Los enfrentamientos más violentos se han presentado en las zonas rurales de Apatzingán, Tumbiscatío, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Chinicuila, Aguililla, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, en donde el saldo de los que pelean contra el cartel michoacano ya llega a 7 comunitarios y 5 policías caídos.

Los grupos criminales -que presuntamente son células que quedaron sin mando y que luchan por preservarse en el trasiego de las drogas, la extorsión y el secuestro- han sufrido al menos 23 bajas en lo que va de este año, la mayoría a manos de los civiles armados que no se han integrado a las policías formales.

Divorcio en las cumbres

Ante el panorama de violencia que continúa en el sur del estado, en donde en materia de seguridad publica al menos 18 poblaciones siguen bajo el control de los grupos de autodefensa, la Federación no ha podido encausar las acciones diseñadas desde el año pasado dentro del Plan Michoacán.

Y es que el enlace civil para ejecutar acciones y programas de desarrollo en el estado, Rogelio Caballero Meraz, no ha coordinado su labor a la del General Felipe Gurrola Ramírez. 

Se ha enfocado a gestionar al más alto nivel federal se le nombre Comisionado, con todas las prerrogativas con las que estuvo trabajando Alfredo Castillo.

Por parte del enlace civil no se ha dado siquiera un intento de acercamiento con los grupos de resistencia al crimen organizado. 

El trabajo propuesto por el nuevo encargado de los programas nacionales en la entidad se vislumbra a través de las delegaciones de las secretarias del gobierno federal en Michoacán.


Objetivos distintos

1. El gobierno estatal de Salvador Jara pretende tomar un curso independiente para el restablecimiento de la paz y el desarrollo en la entidad.

2. Las Fuerzas Federales desplegadas en Michoacán mantienen como prioridad la desarticulación de las células que persisten del cártel de Los Caballeros Templarios y el restablecimiento de la paz en la entidad.


3. Para Rogelio Caballeros la prioridad es la ejecución de obras públicas que realiza la Federación en Michoacán.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

En Guerrero desaparecen hasta los hornos crematorios

Si los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre fueron incinerados, y ante la imposibilidad de que ello ocurriera a cielo abierto, la única posibilidad señala a los hornos crematorios. Los rumores apuntan a las instalaciones militares, al Semefo o a funerarias privadas. Pero todo mundo niega haber tenido participación en esos hechos, las autoridades federales se enredan en sus explicaciones (cuando las dan) y a final de cuentas cualquiera podría creer que en todo Guerrero no existen esos hornos.

IGUALA, GRO: La búsqueda de algún lugar donde hubieran podido hacer desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa ha desatado todo tipo de rumores: algunos dicen que los incineraron en instalaciones militares; otros ubican el hecho en alguna sede del Servicio Médico Forense (Semefo); unos más apuntan a los crematorios de empresas privadas.

En esta ciudad guerrerense hay dos funerarias con hornos crematorios: una es El Ángel, que comparte piso con el Semefo local; la otra es Funerales Gutiérrez, el negocio funerario más antiguo y grande de la ciudad, ubicado a una cuadra del 27 Batallón de Infantería.

Los trabajadores de ambos negocios niegan que ahí se hubiera cometido esa barbarie de la cual algunos rumores los acusan.

Un empleado de El Ángel admite que, aunque comparten piso con el Semefo, sus instalaciones no tienen capacidad para incinerar más de cinco cuerpos al mes, a menos que soliciten constantemente recargas de gas.

De botepronto, el empleado saca cuentas y dice que por cada cinco cuerpos hay que pedir un resurtido del tanque de 200 kilos de gas, a un costo de mil 500 pesos.

“Cada cinco cuerpos tenemos que pedir una recarga, no da para más. Pero en esta ciudad la gente no acostumbra ese servicio”, dice el joven de bata blanca.

La empresa –cuyo encargado es Rodolfo Rueda Masón– anuncia que da servicio día y noche. Está en el kilómetro 130 de la carretera federal Iguala-Chilpancingo, a corta distancia de las gaseras que surten a la ciudad: Lama Gas y Soni Gas. Los empleados consultados no notaron un consumo distinto de ese combustible al de meses anteriores y dijeron desconocer si en la zona militar hay crematorios.

En Funerales Gutiérrez, en la esquina de la carretera nacional México-Acapulco con Periférico, a una larga cuadra –de casi un kilómetro– de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, la encargada, Hilda, afirma que se pueden incinerar tantos cuerpos como sea, pues es cuestión de alimentar el horno constantemente con gas. Sin embargo menciona que en algunas épocas nadie usa el servicio crematorio.

Al preguntarle si sabe algo del destino de los estudiantes desaparecidos, explica el procedimiento para realizar una cremación.

“Sólo damos el servicio cuando el familiar tiene acta de defunción y certificado médico; entonces yo hago el servicio. Pero nunca sin papeles o si no me lo autoriza un familiar”, dice vía telefónica.

La publicidad de Funerales Gutiérrez indica que proporciona servicio las 24 horas del día, tiene salas con aire acondicionado y cafetería, ataúdes económicos, embalsamamiento y traslado a cualquier lugar de la República, además del servicio de los crematorios.

–¿Le dan servicio al Ejército? –pregunta la reportera.

–Ellos van a la funeraria que ellos requieren –responde.

Molesta, al término de la llamada reta: “¡Que vengan y revisen, si dicen eso (que los estudiantes fueron cremados en Funerales Gutiérrez)!”.

Sin respuesta

Hasta el momento no hay pruebas de que las instalaciones militares de Iguala tengan horno crematorio.

Según el sitio de noticias Sin Embargo, el vocero del Ejército mintió al negar la existencia de crematorios en sus instalaciones, pues entre 2006 y 2013 ha incinerado, en sus propios servicios funerarios, a 674 personas.

Con base en datos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el Ejército ofrece a sus miembros servicios funerarios en Puebla, Cuernavaca y el Distrito Federal.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la Sedena “encomienda los servicios funerarios y de incineración a una empresa privada. El local más cercano (al ataque contra los jóvenes) está en Cuernavaca”, según publicó el diario La Jornada el pasado 17 de enero.

Proceso usó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para pedir a las secretarías de Gobernación y de la Defensa que indiquen el nombre de la empresa que presuntamente otorga al Ejército esos servicios funerarios. Ambas dependencias negaron la información.

“Es importante señalar que el sujeto obligado que pudiera poseer la información solicitada es la Secretaría de la Defensa Nacional”, se lee en la respuesta de Gobernación.

La Sedena no respondió.

Cuando se pidió a las unidades de transparencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Secretaría de Salud que dijeran cuáles empresas tienen autorización de usar hornos crematorios en el estado de Guerrero, ambas indicaron que responder esa pregunta no es de su competencia y cada una señaló que era responsabilidad de la otra.

Al investigar otros posibles hornos crematorios donde hubieran podido ser cremados los normalistas, el doctor Mario Alberto Aguirre Puente, responsable del Semefo de Chilpancingo –dependiente de la Secretaría de Salud–, señala que a las instalaciones de la capital guerrerense “nunca llegaron” los cuerpos de los estudiantes.

Afirma que sólo se practicó la autopsia a los 28 cuerpos exhumados en las primeras fosas, cuando se buscaba a los normalistas. Agrega que lo que ocurre en la jurisdicción de Iguala le corresponde administrativamente a la zona norte del estado.

“Nosotros no tenemos incinerador. En todo Guerrero no hay, únicamente en Acapulco, en funerarias particulares; pero el Semefo no tiene incinerador”, dice vía telefónica.

Cuando se le pide más información sobre la funeraria de Acapulco con horno crematorio, apunta: “No sé. Con toda honestidad. Yo conozco nada más una sola funeraria que dicen que tiene incinerador. No la he visto. Le mentiría. No estoy seguro ni si siga esa funeraria con incinerador”.

E insiste: “En Guerrero el Semefo no tiene incinerador, por un lado. Por otro lado puedo decir, como forense, que todos los casos de muerte violenta no deben ser cremados porque están sujetos a investigación, pero eso lo deciden las autoridades, la Secretaría de Salud. O sea, no debería haber crematorios en los Semefos. Vaya, no tenemos”.

Al ser interrogado sobre los posibles crematorios del Ejército, Aguirre apunta: “Que yo sepa no hay (en el campo militar) porque (en Guerrero) los decesos violentos de los militares los llevan al Semefo de fuero común”.

En la Sección Amarilla de Guerrero, en cambio, aparece que al menos ocho funerarias (la mayoría en Acapulco) tienen hornos. Una de ellas está en la acera de enfrente del Semefo de Chilpancingo.


Al insistir si existe posibilidad de que los estudiantes hubieran sido incinerados en algún servicio médico forense, Aguirre responde: “Nunca hemos tenido horno y no se recomienda tener horno. En Guerrero sólo hay tres unidades de Semefo: Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Son tres nada más en todo el estado y ninguna tiene horno crematorio”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Matan a cuatro en balacera en Reynosa durante visita de Osorio Chong (11 FEBRERO 2014)

MÉXICO, D.F: En plena visita del Gabinete de Seguridad federal al estado de Tamaulipas, el crimen organizado hizo sentir su presencia al enfrentarse a las fuerzas del orden en la ciudad de Reynosa.

El saldo del enfrentamiento fue de cuatro presuntos delincuentes muertos y al tres más detenidos.

La refriega ocurrió casi a la par de la vista del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; del titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam; el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García; el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Ímaz Gispert y el gobernador Egidio Torres Cantú, a la ciudad de Matamoros, la más golpeada por la delincuencia en los últimos días.

De acuerdo con el Grupo de Coordinación Tamaulipas, el enfrentamiento se registró poco antes de las 13:00 horas, cuando los elementos de la Policía Federal realizaban patrullaje sobre la lateral del Canal Rhode y cruce con calle Cielo, en la colonia Guadalupe Victoria de esa ciudad fronteriza.

En ese cruce se toparon con los presuntos delincuentes que se desplazaban en una camioneta Buick Enclave color negra, modelo 2009, desde la cual atacaron a los policías federales. Estos, al repeler la agresión, lograron abatir a cuatro de los presuntos delincuentes.

Los muertos fueron identificados gracias a las credenciales y tarjetas que portaban. Se trata de Rosendo Selino Mora, José Guadalupe López Hernández, Carlos Fabián Franco Santiago y Efigenio Sánchez, quienes tenían entre 25 y 30 años.

Del interior de la camioneta se aseguraron tres armas largas, incluyendo una adaptada con lanzagranadas; una pistola automática calibre 38 Super, cargadores abastecidos y cartuchos útiles de diferentes calibres, informó el Grupo de Coordinación.

La balacera ocurrió mientras Osorio Chong, acompañado del gobernador del Estado, Egidio Torre Cantú, llegaba a un hotel de Matamoros para encabezar la reunión del gabinete de seguridad para analizar la estrategia de seguridad que se decretó para Tamaulipas desde el pasado 13 de mayo del 2014.

Durante la reunión el secretario de Gobernación hizo un llamado a “redoblar esfuerzos” y fortalecer la cooperación y el trabajo conjunto del gobierno estatal y los municipales con las autoridades federales para “establecer las condiciones de tranquilidad que demanda la ciudadanía de este estado fronterizo”.

El objetivo, dijo Osorio Chong, es que las mujeres, los hombres, las niñas, los niños y jóvenes de Tamaulipas recuperen su tranquilidad personal, familiar y de su entorno.

Para ello, dijo, es necesario seguir contando con la participación de la sociedad y continuar fomentando la cultura de la denuncia ciudadana, a través del número 088, que “ha dado muestras de resultados positivos”.

A la reunión de seguridad, en la que se evaluaron los avances y acciones de seguridad realizadas en la entidad, asistieron además de los mencionados, los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina (Semar), Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Desaparición forzada se consolida como política de Estado: activistas

OAXACA, Oax: El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos denunció que la desaparición forzada en el México se ha consolidado como política de Estado.

Muestra de ello, apuntó, son los más de 110 mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales.

A casi ocho años de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Comité anunció que iniciará en esta entidad una gira nacional para exigir al Estado mexicano que acate la resolución judicial emitida por el noveno tribunal colegiado, donde ordena buscar en las principales cárceles y campos militares a fin de dar con el paradero de los dos luchadores sociales.

Esa resolución, apuntó, es un hecho que por sí mismo sienta un precedente jurídico-político en la lucha histórica por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos en México.

La gira, denominada “Desaparición forzada, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad”, recorrerá varias ciudades del país, donde los participantes se proponen dar nombre y apellido a cada una de las víctimas y exigir al Estado que acate la resolución judicial.

El Comité destacó que en una situación similar se encuentran las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; Francisco Paredes Ruiz, defensor de los derechos humanos; el indígena chatino Lauro Juárez; el profesor Carlos René Román Salazar; Teodulfo Torres Soriano, y los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

Reconoció, asimismo, que la lucha emprendida por los familiares de los normalistas de Ayotzinapa ha sido abrazada por el pueblo mexicano, porque la violencia proviene del Estado mexicano.

Sin embargo –subrayó–, no debe extrañar que la versión oficial de que fue la “delincuencia organizada” la que ejecutó ese crimen contra los normalistas haya caído por su propio peso y colocado a las fuerzas castrenses como responsables de estos y todos los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.

El Comité, conjuntamente con la Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), demandaron que el Estado acepte la búsqueda en los cuarteles militares, porque no es un hecho fortuito ni una concesión benevolente, se trata de un logro basado en una lucha emprendida tanto en el aspecto jurídico como en el político.

Las organizaciones consideraron que el movimiento popular en su conjunto debe mantener en alto las banderas por la exigencia de la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos porque son del pueblo.


De igual manera, destacaron la necesidad de conformar un organismo colectivo o una asociación de familiares en el plano nacional, para romper el miedo del silencio y sacar del anonimato a las miles de víctimas de estos crímenes de Estado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Se acercan a Aguirre

Con la detención de dos familiares y un exfuncionario, el gobernador con licencia de Guerrero vuelve a estar en la mira. Ángel Aguirre solicitó separarse de su cargo en octubre del año pasado, luego de la desaparición de los 43 normalistas

La detención de dos familiares y un exfuncionario cercano a Ángel Aguirre Rivero, pone la mira muy cerca del exgobernador de Guerrero, quien aún carga el peso de los señalamientos por su complicidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. 

El martes, elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República detuvieron en el puerto de Acapulco a Mateo Aguirre Rivero, hermano del exmandatario junto con otras seis personas.

Horas después, Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino del exgobernador, fue apresado en en Chilpancingo.

La Procuraduría General República (PGR) los señaló como presuntos responsables de haber lavado 287 millones de pesos provenientes de fondos estatales y federales. 

El director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio,  dijo que obtuvieron contratos de obra pública de Guerrero y recibieron recursos públicos del erario local y federal sin tener vínculo corporativo o relación comercial con empresas.

Al día siguiente, Víctor Ignacio Hughes Alcocer, exsubsecretario de Finanzas y Administración de esa entidad, también fue detenido por las autoridades.

La PGR señaló que Hughes Alcocer controlaba los recursos del gobierno estatal y que supuestamente fue una pieza clave en las transferencias de recursos públicos a empresas que finalmente desviaron ese dinero a familiares del exgobernador y del propio exsubsecretario de Finanzas.

Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez comparecieron ayer ante un juez federal en el penal de máxima seguridad del Altiplano en donde se reservaron su derecho a declarar.

Zerón de Lucio detalló que de enero de 2012 a septiembre de 2014, el hermano y sobrino de Aguirre, junto con los hermanos Paulo Ignacio, Mauricio, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo Hughes Acosta, entre otros, recibieron el dinero a través de sus empresas Constructora Travesa S.A de CV., Comercializadora 2003 S.A de CV. y Comercializadora Topacio S.A de CV.

‘Que se aplique la ley’

Luego de estas detenciones, el perredista Miguel Barbosa, presidente del Senado, llamó a que se investigue al exgobernador de Guerrero para tratar de evitar que se dañe colateralmente al partido.

“Que se aplique la ley, si ya hay pruebas como se suponía existían, solo que se aplique la ley y si evidentemente rodeó al gobierno de Ángel Aguirre la corrupción, el responsable es él, que no haga responsables colaterales”, señaló.

Barbosa aclaró que en el PRD no se manifestarán a favor de ningún mecanismo de impunidad, ni van a cobijar a nadie que sea responsable de un hecho ilícito.

Hermanos incómodos

> Raúl Salinas de Gortari
El hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, es el ejemplo más claro de un hermano incómodo en la política. Raúl Salinas de Gortari fue acusado en 1994 de haber sido el autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu y de enriquecimiento ilícito.

En 2005, el hermano incómodo por excelencia fue exculpado del cargo de homicidio intelectual y quedó libre. En 2013, fue exonerado por un juez federal del delito de enriquecimiento ilícito.

> Julio César Godoy Toscano
El medio hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, fue electo diputado por esta entidad el 5 de julio de 2009.

Ese mismo mes, la PGR dictó una orden de aprehensión en su contra por supuestos nexos con Servando Gómez Martínez “La Tuta”.

Godoy Toscano estuvo prófugo durante un año. En 2010, recibió un amparo y rindió protesta como legislador. Meses después, la PGR levantó otro cargo por lavado de dinero.

Desde entonces, se encuentra prófugo de la justicia.

> Miguel Gómez Mont
Durante el Mundial de Futbol del 2010, el hermano del entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fue captado en video agrediendo a familiares y aficionados de la Selección Mexicana durante un partido contra Argentina.

Miguel Gómez Mont era director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), pero tras el incidente fue cesado del cargo que desempeñaba desde 2006.

> Malinali Gálvez
La hermana de la excandidata panista al senado, Xóchitl Gálvez, fue detenida en julio del 2012 durante un operativo para desmantelar a una banda de secuestradores. 

Malinali Gálvez fue arrestada junto con seis personas más en el Estado de México. Fue señalada de integrar la banda delictiva identificada como los “Tolmex”.

Gálvez fue enviada este martes al Centro Femenil de Readaptación Social de Zacatecas por su presunta responsabilidad en secuestro y delincuencia organizada.

> Manuel Jonás Larrazábal 
El hermano del que fuera alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, protagonizó un videoescándalo en agosto de 2011.

En una grabación se evidenciaba que Jonás recibía dinero al interior del Casino Red, como parte del cobro de supuestas cuotas que demandaba a los casinos de la ciudad para que operaran sin ningún problema. 

> Eugenio Ebrard
La semana pasada, el hermano del exjefe de Gobierno Marcelo Ebrard fue señalado por “Swissleaks” como uno de los clientes que tenían cuentas bancarias de HSBC en Suiza, que al parecer evadían al fisco.


Eugenio Ebrard aceptó la posesión de cuentas bancarias en el banco HSBC con sucursal en Suiza, pero negó defraudar al fisco.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

‘No vale la pena’

Indignado por los señalamientos que The New York Times realizó el pasado fin de semana sobre las seis propiedades que posee en EU, José Murat, ex gobernador de Oaxaca, dijo que tal acusación es falsa y daña su reputación.

Como “infundios y difamaciones que no vale la pena abordar” calificó José Murat Casab, exgobernador de Oaxaca, la publicación de The New York Times en la que revela las seis propiedades que él y su familia adquirieron en Estados Unidos.

En la investigación realizada por el diario se presume que el clan de Murat se ha dedicado durante décadas a la compra de propiedades en aquel país y de las que no se ha realizado ninguna investigación.

“La propiedad de las casas fue con regularidad no muy transparente, por la variación de los nombres de los familiares registrados en los títulos de propiedad o por medio de empresas fantasma a nombre de las cuales adquirieron los inmuebles”, indica el reportaje.

“Los Murat son dueños de un departamento en la calle 55 West en Manhattan y los hijos del ex gobernador han pasado largas temporadas en un condominio familiar en el Time Warner Center, frente a Central Park”, señala The Times en sus páginas.

En total, revela, Murat ha invertido 5.44 millones de dólares en la adquisición de esas propiedades.

José Murat y su hijo Alejandro dijeron al diario por medio de un correo electrónico que la riqueza de la familia proviene de herencias y que solo les pertenecen los dos condominios de Park City, Utah, un valor de 690 mil dólares.

Sin embargo, The Times presentó documentos que muestran que los dos están estrechamente vinculados con las viviendas.

“Sigue siendo incomprensible que me involucren en una situación del todo falsa y que compromete mi reputación y la de mi familia. Consultaré con abogados expertos en la materia para que determinen lo que legalmente proceda”, manifestó José Murat Casab en un comunicado.

La investigación del diario estadounidense constata que a la par que Murat tuiteaba sobre programas de vivienda, adquiría a nombre de su esposa un condominio en Boca Ratón mediante una transferencia de 750 mil dólares, según documentos públicos de Florida.

Eso contraste, indica el diario, con la imagen de hombre trabajador que proyectó cuando fue gobernador de Oaxaca.

“Llegué al gobierno del estado con mi esposa, Lupita, y mis cuatro hijos”, dijo un año antes de que terminara su mandato en 2004, recordó The Times. “Y me voy como llegué, con los mismos pantalones, con los mismos zapatos, con las mismas camisas y el mismo coche”.

Alejandro Murat responde

Alejandro Murat Hinojosa, hijo del ex gobernador de Oaxaca y actual director general del Infonavit aclaró mediante una carta la identidad de los compradores y propietarios de los inmuebles en Estados Unidos.

Sobre el departamento de Florida, dijo que es propiedad de sus suegros, aunque él aparece como aval.

El condominio de Nueva York de la calle 55 pertenece a su tío José Hinojosa Cuéllar, pese haber sido adquirido originalmente en conjunto con Ivet Morán, esposa de Alejandro Murat.

Y el departamento del edificio Time Warner es de su tío materno Guillermo Vogel Hinojosa.

Las casas señaladas

> Un condominio en South Padre Island adquirido en 1984

> Uno en Florida obtenido en 2013

> Dos condominios ubicados cerca de un centro de ski en Utah, comprados en 2004


> Dos de lujo en Nueva York

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ISABELL TORRES.

Juez admite amparos de ex tesorero de Ángel Aguirre y seis de sus familiares, impugnan detención

Las demandas de amparo que impugnan las órdenes de aprehensión cumplimentadas contra el ex funcionario guerrerense y cinco de sus familiares fueron presentadas ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Penal del Distrito Federal.

Un juez federal admitió seis juicios de amparo promovidos por el ex Subsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Guerrero durante el mandato de Ángel Aguirre Rivero, Víctor Ignacio Hughes Alcocer, su hermano Henry Paul Hughes Alcocer y cuatro de sus sobrinos ya encarcelados por el presunto desvío y lavado de dinero de más de 287 millones de pesos.

Las demandas de amparo que impugnan las órdenes de aprehensión cumplimentadas contra el ex funcionario guerrerense y cinco de sus familiares fueron presentadas ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Penal del Distrito Federal. Por separado, otro de sus sobrinos que no ha sido detenido, también solicitó la protección de la justicia.

En los seis juicios que ya fueron admitidos, el impartidor de justicia otorgó la suspensión de plano para que su par del Juzgado Quinto de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, rinda un informe de la situación jurídica que tienen los detenidos dentro de la causa penal 11/2015, mismo que deberá ser entregado en un plazo máximo de 24 horas.

El ex tesorero de Guerrero, Víctor Ignacio Hughes Alcocer, su hermano Henry Paul Hughes Alcocer y cinco de sus sobrinos, están recluidos en el penal federal de “El Altiplano” en el Estado de México por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación, las demandas de garantías que fueron aceptadas por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Penal del Distrito Federal, Juan Mateo Brieba de Castro, fueron promovidas por Paulo Ignacio Hughes Acosta; Alejandro Carlos Hughes Acosta, Mauricio Francisco Hughes Acosta; Jorge Eduardo Hughes Acosta; Henry Paul Hughes Alcocer y Víctor Ignacio Hughes Alcocer.

Como primera diligencia en todos los casos, el impartidor de justicia ordenó a un actuario que se presente en el penal federal de “El Altiplano” para que cada uno de los promoventes ratifique  o se desista de los juicios de amparo presentados a su nombre por abogados defensores.

En todos los casos se impugnan las órdenes de aprehensión que fueron giradas por un juez en materia de procesos penales federal y ejecutadas posteriormente por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal (PF).

Los juicios de amparo que fueron ingresados desde el pasado 10 de febrero, día en el que se cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra seis de los nueve implicados en esta red de corrupción y lavado de dinero, recibieron números de expediente sucesivos del 114/2015 al 119/2015, por lo que la resolución de cada uno de ellos se tramitará por separado.

Por separado, otro sobrino del ex subsecretario de Finanzas, Henry Paul Hughes Bueno, presentó un juicio de garantías ante el Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, mediante el cual busca impedir que sea ejecutada cualquier orden de aprehensión, presentación o localización que exista en su contra, ya sea por parte de la PGR o de una autoridad judicial.


En las listas de acuerdos de los juzgados de amparo del DF, todavía no existe constancia de que Carlos  Mateo Aguirre Rivero, hermano del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, haya tramitado un juicio de amparo, pero su defensa puede presentarlo de manera indistinta en cualquiera de las 32 entidades federativas del país.

FUENTE: NOTICIAS MVS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.

¿Pueden ir por Ángel Aguirre? “Es una posibilidad”: Navarrete

Exige al gobierno "trato parejo, hágase con todos, no sea selectivo".

Cuando conocí de las detenciones, supuse que algo iba a ocurrir con Ángel Aguirre. Todas las posibilidades pasaron por mi mente, incluyendo la de que renunciara al PRD y se concretó.

No se lo pedí, tengo semanas de no hablar con él y por lo tanto no tuvimos ningún intercambio de opiniones ni valoraciones, pero es de tal gravedad lo que ocurrió con la detención de familiares cercanos y ex colaboradores, y la acusación es tan grave, de un asunto tan delicado, que el gobernador con licencia de Guerrero no podía quedarse observando desde lejos lo que pasaba, expuso Carlos Navarrete, en entrevista para Noticias MVS. 

En esta semana, la PGR informó sobre las detenciones del hermano de Aguirre, Carlos Mateo, como su ex subsecretario de Finanzas, Víctor Ignacio Hughes Alcocer, quienes están acusados, junto con otras 7 personas, según las investigaciones de la procuraduría, del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por presuntamente haber triangulado recursos (287 millones 12 mil 594 pesos) del gobierno del estado, y del federal, a sus cuentas personales, durante el gobierno de Ángel Heladio.

Navarrete celebró que Aguirre quiere deslindar al PRD de este caso, y que anuncie que se va a poner a disposición de la autoridad.

-Estamos con el aroma de que en cualquier momento pueden ir por él, ¿cierto?-, le preguntó la periodista Carmen Aristegui.

“Yo creo que esa es una posibilidad que él prefigura en su carta, cuando dice estoy a disponibilidad, y no me voy a ir y voy a enfrentar mis responsabilidades, creo que está calculando que puede pasar cualquier cosa. Espero que la investigación sea correcta, sea a fondo, sea con todos los elementos que tengan”, dijo Navarrete.

Subrayó que hay una diferencia entre cómo enfrentar temas de esta naturaleza, por parte de Ángel Aguirre y otros personajes. Hubo un Presidente de la República que tuvo un hermano incómodo también, y no pasó nada. Ahí anda el ex presidente y ahí anda el hermano incómodo luciendo su fortuna, con carros estrambóticos en la sociedad mexicana. U otro ex gobernador que anda ahí, haciéndose bolas con lo del avión y las propiedades en Nueva York, y ahí nadie dice nada. Como si no ocurriera nada grave”.

“En el caso de Aguirre está enfrentando yo creo que correctamente el tema, diciendo: a ver, hay una acusación muy severa, es probable que se pretenda hacerme comparecer para aclarar cosas, o si tiene responsabilidades, enfrentarlas, y me parece que así debe ser”, indicó el dirigente perredista.

Si hay responsabilidades, fínquense, si hay elementos probatorios, señálese a los responsables, de cualquier tipo y a cualquier gente, expresó Navarrete.

Sobre las investigaciones periodísticas que desde hace años han señalado a colaboradores de Aguirre, Navarrete lo calificó como “ruido informativo” y “trascendidos que no se confirman”. Mencionó que ahora “los políticos se mandan decir recados a través de los medios”.

El presidente del PRD dijo desconocer “cómo empezó eso, cómo llegaron a esa conclusión”, en referencia a la presunta red de corrupción en Guerrero.

“Lo importante es que hoy hay varios detenidos… empieza un juicio… si no es verdad lo que se les acusa, en el juicio van a poder demostrarlo; si es verdad lo que se les acusa, van a tener que responder por sus actos. Si hay otros involucrados… tendrá que fincarse la responsabilidad, en el PRD no vamos a proteger ni mandar un manto político hacia nadie, de ninguna naturaleza”, sentenció.

El dirigente agregó que tiene la sospecha de la “administración” de este tema, justo cuando da a conocerse en el diario The New York Times una investigación sobre las propiedades en EU del ex gobernador de Oaxaca, José Murat (del PRI).


“No puedo dejar de sospechar, pero es solamente una sospecha, no tengo ninguna seguridad. Ahora, ¿qué es lo que exijo como presidente del PRD? Trato parejo, hágase con todos, no sea selectivo. El caso de Guerrero es grave, sí es grave, y hay que investigarlo, y castigarlo, pero los demás casos también. Investíguese las propiedades, investíguese a los políticos que han sacado dinero del país, que expliquen de dónde sacan fortunas tan fabulosas”, urgió. 

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Carta: renuncia Ángel Aguirre al PRD; “me pongo a disposición de las autoridades”

“No habré de esconderme ni mucho menos salir de mi país y de mi estado”, aseguró.

El gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, presentó el miércoles su renuncia al Partido de la Revolución Democrática.

En una carta enviada a Carlos Navarrete, presidente del PRD, manifestó: ”Con esta fecha presento mi renuncia al Partido de la Revolución Democrática ante los recientes acontecimientos que se han vivido en nuestra entidad federativa.

“Es mi propósito deslindar a este órgano político, sobre cualquier actuación que haya tenido desde que asumí la gubernatura del estado de Guerrero”, confesó.

Actualmente, el hermano de Aguirre, Carlos Mateo, y su ex subsecretario de Finanzas se encuentran detenidos, por operar, según la PGR, una red de corrupción en el estado, que desvió más de 287 millones de pesos.


“Me pongo a disposición de las autoridades… para que se me investigue de cualquier hecho que se me impute”, indicó Aguirre.

CARTA:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Capturan a jefes del clan Hughes, la familia poderosa de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro: La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación contra integrantes de la familia Hughes por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y este miércoles detuvo a los jefes del clan, los hermanos Víctor Ignacio y Henry Paul Hughes Alcocer.

Ambos son señalados como pieza clave en las transferencias de recursos públicos desviados a Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del gobernador con licencia, Ángel Heladio Aguirre Rivero, arrestados ayer.

Otro de los detenidos es Víctor Felipe Hughes Acosta, de 37 años, quien actualmente se desempeña como notario público en el municipio indígena de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica.

Antes de solicitar licencia, el exgobernador Ángel Aguirre otorgó la patente a Hughes Acosta –hijo de Víctor Ignacio Hughes Alcocer, exsubsecretario de Finanzas de Guerrero–, quien previamente se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Hasta el momento suman siete los integrantes de la familia Hughes detenidos: Víctor Ignacio y Henry Paul Hughes Alcocer, y los hermanos Víctor Felipe, Paulo Ignacio, Mauricio Francisco, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo Hughes Acosta.

Junto con Mateo Aguirre Rivero, conocido como El Señor del 20 por ciento, y Luis Ángel Aguirre Pérez, los Hughes fueron recluidos en el penal federal del Altiplano, acusados por la PGR de desviar recursos públicos de entidades federales y locales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras, Tesorería de la Federación, Comisión Estatal del Agua, Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisiones de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).

Una fuente oficial reveló a Apro que la dependencia también busca al actual director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado, Arturo Palma Carro.

El funcionario, Mateo Aguirre y Henry Hughes, supuestamente se repartieron los contratos para ejecutar la obra hidráulica Acueducto Lomas de Chapultepec, ubicada en la zona de Barra vieja, al oriente de Acapulco, con una inversión de más 800 millones de pesos según el dictamen oficial.

Además de Palma Carro, los agentes federales tratan de ubicar al exdirector de la CICAEG, Juan Manuel Tinoco Reyna, presunto prestanombres de algunas empresas de Mateo Aguirre Rivero.

La vida social de Los Hughes en Acapulco

Para algunos integrantes de la familia Hughes es común exhibir en las redes sociales fotos de sus viajes al extranjero, anunciar la apertura de sus negocios y posar con jerarcas de la Iglesia católica.

Jorge Eduardo Hughes Acosta, uno de los siete detenidos, se ha caracterizado por presumir en Facebook sus viajes a Washington.

No sólo eso, el empresario que realizaba negocios al amparo del poder refleja en sus textos su animadversión a las protestas encabezadas por el movimiento magisterial para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el pasado 26 de septiembre.

El 31 de octubre de 2014, Jorge Hughes subió una foto en la que se observan varios autobuses estacionados sobre la costera Miguel Alemán, durante una marcha en Acapulco por Ayotzinapa, y escribió el siguiente comentario: “Malditos manifestantes no es posible que 500 gentes con camiones robados afecten a miles de ciudadanos. Dejen trabajar basuras”.

Dos meses después presumió imágenes del antro “Believe”, que se atribuye como propio y que se encuentra ubicado sobre la exclusiva zona de la avenida escénica donde anteriormente se encontraba el restaurante Baikal.

Y Patricia Acosta, esposa de Víctor Ignacio Hughes Alcocer y madre de los Hughes Acosta, exhibe en su cuenta personal de Facebook su devoción por la fe católica.

La mujer incluso refiere que estudió en la escuela formadora de valores del Instituto Pontificio, y para ratificarlo muestra en su foto de perfil una imagen donde ella y su marido flanquean al arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, durante una fiesta privada en un exclusivo lugar del puerto.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Ligan a clientes españoles de HSBC con cárteles mexicanos

MADRID: La filtración SwissLeaks, relacionada con los clientes de la filial suiza del banco HSBC, arrojó hoy el nombre de dos personajes españoles vinculados con el tráfico de drogas desde América, uno de los cuales fue enjuiciado en España por sus vínculos con el narcotráfico mexicano.

José Mestre Fernández, empresario condecorado en Barcelona, aparece entre los más de 106 mil nombres de la Lista Falciani que dio a conocer el diario francés Le Monde, en coordinación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información difundida este miércoles por el diario digital español El Confidencial, Mestre estaba relacionado con dos cuentas, con un remanente total de 8.9 millones de dólares entre 2006 y 2007, según la documentación a la que tuvo acceso.

Las cuentas estaban a nombre de dos empresas: Consolidated Wealth Limited y Arudram Limited, con sede en Suiza y en las Islas Vírgenes Británicas, ambos sitios de opaca fiscalidad.

A las dos cuentas tenían acceso además de José Mestre, su hermano Rogelio. Los abogados de éste, dijeron al diario digital que el dinero pertenecía a su cliente, Rogelio Mestre, a quien la información de Falciani identificó como defraudador de Hacienda.

Otros tres hermanos –Enrique Mestre y dos hermanas— también eran clientes del banco. Las tres cuentas respectivas aparecen relacionadas con un monto máximo de 2 millones de dólares en el mismo período de 2006-2007.

El semanario Proceso reveló en mayo de 2011 (edición 1800) el nombre de José Mestre como uno de los empresarios que formó parte de una alianza del narcotraficante colombiano Daniel El Loco Barrera con miembros del Cártel de Sinaloa, para la introducción de cocaína a Europa.

Una operación policial internacional, llamada “Guadaña” en España y “Manzanas Blancas” en Argentina, dio con 3.6 toneladas de cocaína de la organización que dirigía desde España el narcotraficante mexicano Nicolás Rivera Gámez, quien era el máximo responsable para la distribución de esa alianza en Europa.

Rivera, quien purgó una breve condena en España, vivió en México en las ciudades de Guadalajara y Monterrey. En España le fueron incautados vehículos y motocicletas de lujo. Su detención se dio en La Finca, una de las urbanizaciones residenciales madrileñas más exclusivas de España.

Durante una primera etapa de la operación policial, Mestre fue detenido en 2011 por estar involucrado con la introducción de 186 kilos de cocaína por el puerto de Barcelona, dominado por los negocios del empresario.

El diario digital español señala que Mestre era el propietario y presidente de la empresa de estiba Tercat, la mayor del puerto de Barcelona. En este momento se encuentra en prisión, condenado a 12 años por la Audiencia Nacional acusado de introducir 186 kilos de cocaína en un contenedor.

Antes de implicarse en el narcotráfico, el empresario catalán realizó la venta de Tercat al grupo chino Hutchinson en una operación de diversas fases que empezó en 2006, precisamente, el año en que la lista Falciani registra sus depósitos en Suiza.

La operación se cerró en más de 150 millones de euros, dice el diario digital.

El otro caso revelado hoy es el del empresario español Arturo del Tiempo Marqués con amplias conexiones con el gobierno de República Dominicana. Fue detenido en España en 2010 por introducir mil 200 kilos de cocaína.

La lista Falciani lo vincula con 19 cuentas en el banco HSBC donde acumulaba un saldo total de 3 millones de dólares entre 2006 y 2007.

El HSBC ya había sido vinculado con el blanqueo de capitales del cartel de Sinaloa, de acuerdo con una investigación del Senado de Estados Unidos presentada en julio de 2012.


Aquel documento detalló que el escaso control que el banco ejercía sobre sus clientes, le permitió a la organización mexicana blanquear centenares de millones de dólares a través de sus operaciones en Estados Unidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTÍERREZ.

Pacta Ceteg pagos y reconocimientos de plazas en Guerrero

MÉXICO, D.F: La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) pactó con el gobierno federal el pago de sueldos atrasados y el reconocimiento de plazas en la entidad.

Luego de negociaciones realizadas en el Fórum Mundo Imperial de Acapulco, representantes de la Ceteg y autoridades federales, encabezadas por el subsecretario Luis Enrique Miranda, firmaron una minuta de diez puntos.

Manuel Salvador Rosas, de la comisión negociadora de los maestros, confirmó que “el gobierno federal y el gobierno del estado garantizan el reconocimiento de todas las claves federales y estatales según corresponda, así como el pago oportuno en tiempo y forma a todos los trabajadores del servicio educativo”.

Además, el martes 24 se volverán a reunir la mesa negociadora con las autoridades federales y estatales para dar seguimiento a los acuerdos.

Los acuerdos se alcanzaron luego que profesores de Acapulco liberaron esta mañana el aeropuerto internacional Juan Álvarez.

La toma de la terminal aérea inició ayer alrededor de las cuatro y media de la tarde por parte de docentes de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), así como de agremiados a la Ceteg).

Poco después los representantes del magisterio acordaron con las autoridades estatales sostener desde este mediodía una mesa de trabajo para hacer una revisión de los docentes que no han recibido el pago de su aguinaldo o se les adeudan quincenas.


Los profesores reclamaban el reconocimiento de más de 12 mil plazas de docentes y personal administrativo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ángel Aguirre renuncia al PRD; se pone a disposición para ser investigado

México, D.F. El gobernador de Guerrero con licencia, Ángel Aguirre Rivero, renunció ayer al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se puso a disposición de las autoridades federales y estatales “para que se me investigue de cualquier hecho que se me impute sobre los lamentables hechos acontecidos en la ciudad de Iguala” el pasado 26 de septiembre.

En una carta dirigida al presidente del partido del sol azteca, Carlos Navarrete Ruiz, fechada en el Distrito Federal, Aguirre Rivero señaló: “Con esta fecha presento mi renuncia como militante del PRD con el propóisto de deslindar a este órgano político sobre cualquier actuación que haya tenido desde que asumí la gubernatura de Guerrero el primero de abril de 2011".

“Me pongo a disposición de las autoridades federales y estatales para que se me investigue de cualquier hecho que se me impute. Lo haré con dignidad y entereza, no habré de esconderme ni mucho menos salir de mi país y de mi estado”.

El ex mandatario concluye la misiva: “Lo único que exijo a las autoridades es justicia pareja y estricto apego a derecho”.

La carta está sellada de recibido por la presidencia nacional del PRD.

El martes pasado, las autoridades federales detuvieron a Carlos Mateo Aguirre Rivero y a Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex gobernante, acusados de lavado de dinero.

Este miércoles fue aprehendido Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex subsecretario de Finanzas y Administración en el gobierno de Aguirre Rivero, acusado del mismo delito.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: REDACCIÓN.

Suprema Corte atrae siete amparos de policías por caso News Divine

Cuatro de los casos que analizará la Suprema Corte son de policías acusados de homicidio y lesiones, mientras que los demás son inculpados por el delito ilegal del servicio público acontecido en el ejercicio de sus funciones.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo siete amparos relacionados con hechos acontecidos en la discoteca “News Divine” el 20 de junio de 2008, donde fallecieron 12 personas.

Durante la sesión de este miércoles, 11 de febrero, la Primera Sala aprobó siete solicitudes de ejercicio de facultad de atracción, todas de 2014, presentadas por el ministro ponente José Ramón Cossío Díaz.

Los amparos fueron presentados por siete elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), de los cuales cuatro son acusados de homicidio y lesiones, mientras que los demás son inculpados por el delito ilegal del servicio público acontecido en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con los ministros de la Corte, con esto se reafirma la trascendencia jurídica del caso, como se evidenció cuando en sesión del 24 de septiembre de 2014 atrajo los tres primeros amparos directos promovidos por servidores, a quienes se les acusa por muerte y lesiones de varias personas.

Esto le permite tener un panorama para pronunciarse jurídicamente sobre esos hechos, en los cuales la dependencia capitalina organizó un operativo por una queja de que se realizaban tardeadas a las que acudían menores y se les vendían alcohol y drogas.

Los policías fueron considerados penalmente responsables por la muerte de 12 personas en el operativo, algunos por ordenar que no salieran del bar y no rompieran la formación de valla, y los demás por formar la contención referida.

Por ello, interpusieron apelación y los amparos que en la sesión de este día decidieron atraer los ministros de la Primera Sala de la Corte.

Sin prejuzgar el fondo del asunto, el alto tribunal estableció que el análisis del caso es un tema de trascendencia, pues permitirá pronunciarse sobre la atribución de responsabilidad penal de los policías en los delitos del resultado material cometidos por omisión impropia.

También sobre la actualización de las causas de justificación, excluyentes de responsabilidad de la conducta típica atribuida por estado de necesidad o cumplimiento de un deber, derivadas de la obediencia jerárquica acatada por los uniformados.

Además, podrá pronunciarse sobre la determinación de la forma de participación de policías en un delito de comisión por omisión, derivado de la calidad de garante de protección de bien jurídico vulnerado en el caso de autoría y/o participación.

El 24 de septiembre del año pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió atraer tres amparos directos en los que se reclamó la sentencia condenatoria dictada a policías que participaron en un operativo en la discoteca bar News Divine.

El 20 de junio de 2008, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal organizó un operativo contra la venta de alcohol y droga a menores de edad en el News Divine, en atención a una queja vecinal.


En la acción se ordenó a un grupo de policías que formaran una valla en la puerta principal del local. Sin embargo, cuando los jóvenes se dieron cuenta de que la policía pretendía detenerlos, se aglutinaron en su intento por salir del lugar. El sobrecupo y la obstrucción de las salidas de emergencia  tuvo como resultado la muerte de diez personas y decenas de heridos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.