El gobierno de Puebla es uno de los más represores del país. En los cuatro años de la administración de Rafael Moreno Valle al menos 224 personas han sido aprehendidas por participar en protestas. La mayor parte de los detenidos son indígenas y se movilizaban de manera pacífica. Mediante un sistema de corte fascista que implica la “desaparición” durante horas de los ciudadanos, la fabricación de expedientes y la imposición de fianzas exorbitantes, la procuraduría estatal usa la “Ley Bala” selectivamente contra cualquier disidencia.
PUEBLA, Pue: La mañana del 21 de junio Juana Macuitl Coyotl y su hija Angélica salieron de su casa, en San Antonio Cacalotepec, para ir a una consulta médica. Horas después estaban en la cárcel y tardarían casi cuatro meses en salir, tras pagar una fianza de 480 mil pesos que las dejó en la ruina.
Aquel día, cuentan, se encontraron con un grupo de vecinos que marchaba para protestar contra el servicio que presta la Red Urbana de Transporte Articulado (el Metrobús de Puebla). Como caminaban en la misma dirección, las dos mujeres se unieron momentánea e involuntariamente al grupo.
A Juana le dieron un cartel que decía: “No a la tarjeta, sí a la moneda”. Fue su gran delito. Metros adelante se toparon con granaderos que, sin más, se lanzaron contra los manifestantes y al azar detuvieron a ocho. “Me agarraron primero. Mi hija reclamó: ‘¿A dónde la llevan? ¿De qué la acusan?’ Y nada más le dijeron: ‘Tú te callas y también te vas’”, recuerda Juana.
A la fecha ambas siguen sujetas a proceso por los delitos de daño en propiedad ajena, motín, resistencia de particulares, ataques a las vías de comunicación y delitos cometidos contra funcionarios públicos. Les achacan haber participado –un día antes– en otra protesta, de la cual ni siquiera estaban enteradas.
De nada sirvieron los testimonios de los vecinos ni una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para convencer al gobierno del panista Rafael Moreno Valle de que el encarcelamiento de estas dos mujeres no sólo era injusto, sino que dejaba en el desamparo a tres niños de 16, 12 y seis años, hijos de Juana, madre soltera que se gana la vida limpiando casas.
El juzgado fijó una fianza de 240 mil pesos a cada una. Sólo pudieron reunir el dinero endeudándose. “Nos hemos quedado en la calle, con una deuda que tardaré más de 10 años en pagar. Me quedé sin trabajo y todo por hacer nada, sólo por agarrar un cartel”, resume Juana.
Lo que les ocurrió, dice Angélica, debe servir de advertencia a los poblanos: como están las cosas en esta entidad, “uno nunca sabe cuándo irá a parar a la cárcel”.
Presos y perseguidos
En los cuatro años que lleva el gobierno de Moreno Valle –ganó la elección como abanderado de una alianza PAN-PRD-Convergencia-Nueva Alianza–, al menos 224 personas, la mayoría indígenas, han sido detenidas tras participar en protestas, oponerse a obras o inconformarse por políticas gubernamentales.
Los abogados Vladimir Luna y Raúl Rodríguez de la Fuente advierten, además, que dentro del cúmulo de expedientes, el gobierno poblano tiene abierta la posibilidad de girar cientos de órdenes de aprehensión contra otros manifestantes.
Para el abogado René Sánchez Galindo, Moreno Valle convirtió a la Procuraduría de Justicia en “un brazo político” para desarticular movimientos sociales y criminalizar la protesta.
Los defensores señalan que los casos siguen un patrón, ya que las personas son apresadas con violencia y las “desaparecen” horas, mientras se arman expedientes con el mayor número posible de delitos para evitar el derecho a caución. Cuando está listo, se fijan altas fianzas, como si los inconformes fueran delincuentes de alta peligrosidad.
El Movimiento Autónomo Indígena Zapatista denuncia que la mayoría de los presos “de conciencia” de Moreno Valle son de origen indígena, por lo que existen elementos para acusar al mandatario por el delito de discriminación con la agravante de odio.
Agrega que, además del sufrimiento que causan el encarcelamiento y la persecución, esta política represiva ha generado un daño patrimonial a centenares de familias, muchas de ellas de escasos recursos.
Tras una marcha de más de 8 mil poblanos el 14 de enero hacia la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación federal intervino para que el gobernador accediera a establecer una mesa de diálogo sobre este problema, calificado por organizaciones no gubernamentales como “la peor crisis de violación a los derechos humanos” padecida en Puebla.
En 2014 el encarcelamiento de luchadores sociales y ciudadanos comunes se agudizó, pero esta política represiva caracterizó a la administración morenovallista desde sus inicios.
El primer año de su sexenio –2011– fueron llevados a prisión ocho comerciantes de la Calle 46 Poniente que participaban en una protesta, cuatro defraudados por las cajas de ahorro –quienes bloquearon una calle– y 31 campesinos que reclamaban un predio en Chignahuapan.
En 2012 fueron detenidos 26 habitantes de Francisco Z. Mena que reclamaban a Pemex reparar un camino, además de que 60 jóvenes del movimiento #YoSoy132, quienes mantenían un campamento en el Zócalo poblano, fueron llevados a los separos municipales.
De igual forma, desde mayo de 2013 tres jóvenes están sujetos a proceso judicial luego de que dieran like a una invitación en la red social de Facebook para protestar contra el presidente Enrique Peña Nieto durante los festejos del 5 de Mayo. En julio de ese año, el gobierno encarceló a 14 personas que se inconformaron por la introducción del Metrobús.
En octubre fue apresado el luchador social Delfino Flores Melga durante el desalojo de la colonia Xilotzoni. El 26 de junio de 2014, el dirigente de colonos murió dentro del penal, luego de que se le negara el derecho a prisión domiciliaria que le correspondía por su edad, 90 años.
El año pasado se contaron al menos 75 personas detenidas y sujetas a proceso judicial –45 de ellas permanecen en prisión– tras participar en movilizaciones o luchas sociales. Además se emitieron decenas de órdenes de aprehensión que obligaron a otros ciudadanos a ocultarse o a limitar sus actividades.
En febrero de este año 20 pobladores de San Juan Amecac, municipio de Atzitzihuacán, fueron detenidos cuando regresaban de participar en una mesa de negociación para resolver un conflicto poselectoral.
Otro caso: 14 conductores de mototaxis fueron encarcelados en Coronango, Xoxtla y Acatzingo por protestar contra los violentos operativos del gobierno poblano para decomisar este tipo de unidades.
Entre el 6 y el 9 de abril fueron detenidos, en la comisaria de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas y el activista Juan Carlos Flores Solís, opositores al Gasoducto Morelos, así como Abraham Cordero, líder de la lucha contra el Libramiento Arco Poniente.
Cordero y Flores Solís salieron del penal tras ganar una serie de amparos, pero la campesina Enedina Rosas aún está en prisión domiciliaria por el supuesto robo de dos celulares, aunque quienes la acusan no se han presentado a declarar en los 10 meses que lleva su proceso.
Ya con la llamada “Ley Bala” aprobada, el 27 de mayo fueron apresados con violencia cuatro pobladores de Ajalpan, quienes realizaban una protesta en el ayuntamiento.
El 21 de junio granaderos detuvieron a ocho habitantes de Cacalotepec, inconformes con el Metrobús.
Mientras, el 1 de julio la policía estatal reprimió y encarceló a ocho habitantes de Tehuacán que bloquearon oficinas para protestar contra las reformas legislativas que dejaron a las juntas auxiliares sin servicios de registro civil, sin jueces de paz, policías ni Ministerio Público.
Esta misma causa originó que el 9 de julio distintas comunidades organizaran manifestaciones, entre ellas una en San Bernardino Chalchihuapan, cuyos habitantes fueron desalojados por granaderos que hirieron de muerte al niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Cuatro habitantes de esa comunidad fueron acusados por el asesinato del niño, aunque luego la defensa demostró que habían sido detenidos antes de ocurrido el homicidio. Siguen sujetos a proceso por ataque a las vías de comunicación.
Tras la represión en Chalchihuapan, el 11 de septiembre la CNDH emitió una recomendación en la cual le pidió al gobernador “instaurar una estrategia para la atención de demandas sociales (…) que considere la solución pacífica de los conflictos y se abstenga de criminalizar la protesta social”. Las organizaciones políticas y sociales esperaban un cambio, pero no fue así.
Cholula y Chalchihuapan
El 6 de octubre, integrantes del Movimiento por una Cholula Viva y Digna participaron en la toma simbólica de la alcaldía de San Andrés Cholula. Exigieron que se cancelara el proyecto de construir un parque turístico en terrenos aledaños a la pirámide y al templo de la Virgen de los Remedios, que desde tiempos prehispánicos son considerados sagrados por los cholultecas.
Luego de que ninguna autoridad se presentara a escucharlos, los manifestantes bloquearon el Periférico, hasta que funcionarios municipales y estatales establecieron una mesa de diálogo.
Aunque las pláticas estaban abiertas, los granaderos llegaron la madrugada del 7 de octubre, agredieron a las mujeres que hacían guardia en la plaza y se llevaron detenidos a cuatro líderes del movimiento: Adán Xicale, mayordomo (autoridad religiosa) de San Juan Aquiahuac; a su hijo Paul, y a los fiscales religiosos de Santa María Cuaco, Albino y Primo Tlachi.
Xicale es el abogado que interpuso amparos colectivos firmados por los 800 ciudadanos que repudian la afectación cultural de construir ahí un parque con fines comerciales.
La autoridad, empero, giró órdenes de aprehensión contra otros 10 participantes del movimiento; entre ellos Paola de la Concha Zindel, pese a que mostró boletos de avión y pasaporte de un viaje a Estados Unidos que hizo justo esos días.
La madrugada del 18 de octubre, con el argumento de que atendía la recomendación emitida por la CNDH, el gobierno poblano envió un comando de policías que allanaron casas y golpearon a mujeres, ancianos y niños de la comunidad de Chalchihuapan.
Detuvieron a cinco de ellos, a quienes acusan de intento de homicidio, motín, ataques a las vías de comunicación y resistencia.
Juntas auxiliares y 28 de octubre
El 17 de octubre, policías ministeriales detuvieron al edil auxiliar de la comunidad náhuatl La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, quien había interpuesto un amparo contra la reforma que promovió Moreno Valle para centralizar el Registro Civil.
Igualmente, el 4 de noviembre policías ministeriales detuvieron a Raúl Pérez Velázquez, edil de la junta auxiliar San Miguel Canoa, otro de los opositores a la reforma morenovallista.
El abogado Hilario Gallegos asegura que el gobierno fabricó delito tras delito contra los ediles, para evitar que salieran libres apenas lograran obtener un amparo.
Javier Montes Bautista, edil auxiliar de Chalchihuapan, fue capturado el 21 de noviembre, acusado de golpear policías en la trifulca del 9 de julio.
Mientras los seis policías aprehendidos por la muerte del niño Tehuatlie Tamayo obtuvieron su libertad desde la noche de Navidad, a Montes lo recluyeron en la crujía de “presos de alta peligrosidad”.
Rubén Sarabia Sánchez, conocido como Simitrio, líder moral de la agrupación de vendedores ambulantes 28 de Octubre, fue aprehendido el 19 de diciembre, y cuatro días después, su hijo Rubén Sarabia Reyna.
A Simitrio lo acusan de violar su libertad condicional; a su hijo lo apresaron por supuesto narcomenudeo. Sin embargo, esta acción es atribuida a que la 28 de Octubre constituye el contingente más numeroso en las marchas que reclaman un alto a las políticas represivas de Moreno Valle.
Ya en prisión, al luchador social le notificaron la reapertura de procesos penales que lo mantendrían privado de su libertad 50 años. Esto ocurrió el mismo día que el gobierno estatal y el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla iniciaron “pláticas”.
Y el 19 de enero de este año, tras reprimir una manifestación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla contra el presidente Peña Nieto y Moreno Valle, granaderos detuvieron a tres jóvenes. Los retuvieron más de cinco horas y después los liberaron sin cargos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
Ciudad de México, 14 de enero: Trabajadores de Petróleos Mexicanos han empezado a cobrar conciencia sobre la posibilidad de que 60 mil de ellos sean despedidos como consecuencia directa de la Reforma Energética promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto. Y ahora entienden que es con la complacencia del líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps, dijo ayer Luis Sánchez Jiménez, Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El legislador detalló en entrevista para SinEmbargo que la inconformidad de los trabajadores creció luego de que descubrieran que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República mexicana (STPRM) y Pemex se adelantaron y en agosto pasado suscribieron el Convenio Administrativo-Sindical 10717/2013 para analizar una serie de despidos que tocarán todas las áreas de la paraestatal.
“Aún cuando este debate tiene ya algunos meses, hay que decirlo con la verdad, lo cierto es que los trabajadores no se habían metido al análisis de los aspectos que les podría afectar. Y hasta ahora que ya está publicada la Reforma es que ya empiezan a preocuparse porque ya están viendo los efectos reales de esta Reforma”, indicó el legislador.
En su oficina ubicada en el tercer nivel del edificio principal del Senado de la República, el legislador mexiquense precisó que los trabajadores, tanto la disidencia como los integrantes del mismo sindicato, están empezando a reunirse para analizar los impactos negativos de la reforma constitucional que abre el sector energético a la participación de capitales privados.
“Hay un control muy férreo de los trabajadores en las diversas secciones sindicales. Sin embargo, creo que aquí el peligro de que se queden sin empleo les va a movilizar, y muy probablemente rebasen a su dirigencia. Ya están hablando hoy de que piden la cabeza de su dirigente [Carlos Romero Deschamps], lo cual es un inicio”, indicó el Senador Sánchez Jiménez.
El también vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado agregó que corresponderá a los propios trabajadores afectados alzar la voz para defender sus empleos, ya que difícilmente lo hará su por ellos líder sindical, porque él “está maniatado por la corrupción”.
“Su dirigente nacional [Carlos Romero Deschamps] nunca abrió la boca, ni en las reuniones de comisiones, ni en el Pleno, ni en ningún debate previo sobre el tema de la Reforma Energética, porque sabe que no puede oponerse, porque en el momento que [él] diga que defenderá a los trabajadores, en ese momento seguramente lo meten a la cárcel, a él y a muchos de sus allegados y de sus familiares, supongo”, expresó el Senador del PRD.
Confió en que este movimiento organizado de trabajadores se está empezando a gestar contra la reforma más importante del sexenio podría culminar con la remoción del líder sindical y Senador por el Partido Revolucionario Institucional, Carlos Romero Deschamps.
PRD INSISTE EN QUE HABRÁ 60 MIL DESPIDOS
El Senador Luis Sánchez Jiménez advirtió uno de los primeros impactos negativos de la Reforma Energética los percibirá el 40 por ciento del personal actual de Pemex que se quedará sin empleo.
“No son especulaciones. Es la observación de la aplicación de una Reforma Energética que fue hecha de manera más irresponsable y salvaje que país alguno pudiera hacer en esa materia. El Sindicato pierde la exclusividad de las áreas que hoy atiende y por lo tanto sufrirá una fuerte reducción la materia de trabajo. Eso es lo que tiene como implicación esta Reforma”, indicó el Senador Luis Sánchez.
Precisó que los artículos transitorios de la Reforma promueven la participación de Pemex sólo en actividades de exploración y producción, con la consecuencia lógica de que reducirá su participación en otras áreas antes estratégicas, que a partir de la Reforma serán operadas por empresas trasnacionales.
Como resultado de esta actividad, Pemex y CFE deberán “redimensionar” su fuerza de trabajo y despedir al personal “reiterativo”. En otras palabras, eso significa que las antes paraestatales reformarán el contrato colectivo de trabajo con su Sindicato, a fin de recortar al personal que resulte innecesario para las reducidas actividades de las nuevas “empresas productivas del Estado”.
“En este sentido, hay que decir que los primeros afectados estarían en Pemex Gas. Hay que recordar que se creará el Centro Nacional de Control de Gas Natural, pero en realidad todas las áreas –en ese convenio administrativo– están siendo señaladas como personal “redundante”. Una definición de personal, de trabajadores que no habíamos escuchado jamás”, afirmó el Senador.
Actualmente laboran en Pemex 150 mil 697 trabajadores, de los cuales 101 mil son sindicalizados y 50 mil eventuales y de confianza, de acuerdo con el Anuario Estadístico 2013 de Petróleos Mexicanos.
Los empelados se distribuyen de la siguiente forma:
- 51 mil 998 en PEMEX Exploración y Producción
- 46 mil 236 en PEMEX Refinación
- 12 mil 191 en PEMEX Gas y Petroquímica Básica
- 13 mil 487 en PEMEX Petroquímica
- 14 mil 404 en PEMEX Corporativo
- 12 mil 381 en Servicios Médicos
FALACIA LA CREACIÓN DE EMPLEOS
En entrevista, el Senador Luis Sánchez, consideró falso el argumento publicitario del Gobierno federal mediante el cual asegura que la Reforma impulsará la creación de empleos y el abaratamiento del costo de los energéticos.
Insistió en que como parte de la aplicación de las reformas en Pemex y el “redimensionamiento” de sus áreas productivas, se reducirán sus actividades y en consecuencia requerirán menos puestos laborales.
Difícilmente, dijo, será a la inversa.
“Se ha empezado a mencionar que los despedidos encontrarán cabida en las nuevas empresas, esto es absolutamente falso. Aquí tenemos ya el ejemplo, en Tabasco ya operan algunas empresas trasnacionales, y ellas traen a su personal. Y a los pocos mexicanos que han contratado esas empresas, les ofrecen –incluso– condiciones laborales menores a los que les ofrece hoy Pemex”, sostuvo.
El legislador por el Estado de México recalcó que la pérdida de empleo afectará también a los trabajadores indirectos de Pemex, como son los casi 275 mil empleados de las 11 mil gasolineras distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional.
Indicó que la gran mayoría de ellas no podrán competir con el modelo de gasolineras de Estados Unidos o de Europa, que son estaciones de servicio que emplean a una o dos personas, porque son prácticamente de autoservicio.
“Por supuesto que hoy estos negocios que dan empleo a 275 mil personas no podrán competir con las nuevas gasolineras que se abran y por lo tanto tendrán que transformarse en ese mismo modelo, perdiendo estas fuentes de empleo”, reiteró.
CFE, LA MÁS AFECTADA
El Vicepresidente del Senado detalló que la situación será más grave en la Comisión Federal de Electricidad. Recordó que las actuales reservas del sistema eléctrico nacional tiene un superávit de un tercio de la producción, pero éstas se reducirán con la entrada en vigor de la Reforma.
“Esto es muy importante porque seguramente está capacidad la vamos a ver achicada de inmediato para darle oportunidad a que entren las empresas privadas. También se va a ver afectada la construcción y mantenimiento de centrales de transmisión, de infraestructura, de distribución que actualmente se contratan, incluso con particulares”, enfatizó.
Recordó que CFE anunció que prepara un programa de jubilación anticipada, para miles de trabajadores de la antigua paraestatal.
“Es de mayor importancia considerar por supuesto lo que pasará con miles de familias que van a quedar en el desamparo de un momento a otro, esto nos dice la publicidad oficial que será todo lo contrario, sin embargo no vemos por donde puedan estarse creando esos miles de empleos que, dicen ellos, se van a crear al año”, sostuvo.
El Senador perredista pronosticó que en menos de dos años, las empresas que vengan desde Estados Unidos, Canadá, Europa o China van a desplazar a esta industria, que hoy provee a CFE y Pemex.
“Me parece que todo esto que anuncian como una gran acción que va a beneficiar a México, pues, es todo lo contrario con la pérdida de todos estos empleos se va a acrecentar la tensión social y creo que tendremos condiciones todavía peores a las que estamos viviendo”, supuso el Senador Luis Sánchez.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-01-2014/871808.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) eligió como candidatos plurinominales en los mejores lugares de las listas de las cinco circunscripciones a perredistas que fueron miembros del Consejo Rector del Pacto por México; al creador de la “Ley Bala” en Puebla, que cobró la vida de un niño de 13 años en el municipio de Chalchihuapan y al Delegado de Iztapalapa con licencia, quien chocó en una camioneta propiedad de la empresa Amexire, que cambió en varias ocasiones su versión sobre lo hechos y que supuestamente está bajo investigación.
“Yo felicité a uno de los que ganaron una candidatura, uno de Puebla, Secretario de Gobierno, y le dije que ojalá que no reprima a los luchadores sociales con la Ley Bala, que no encarcele a dirigentes sociales, que no reprima a la gente ni ocasione la muerte de niños”, dijo René Bejarano Martínez, líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), quien junto con el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard Casaubón quedó fuera de las candidaturas para la cuarta circunscripción.
Bejarano se refería a Luis Maldonado Venegas, Secretario de Gobierno de Puebla, quien creó e instrumentó la “Ley Bala” para el gobierno de Rafael Moreno Valle y que se estrenó en la represión de la población de Chalchihuapan cuando protestaban por la falta de una oficina de registro civil.
Represión que terminó con la vida de un niño de 13 años que salía de la escuela y cruzaba por donde se encontraban los manifestantes, justo cuando el gobierno de Moreno Valle reprimía la manifestación.
No fue la primera vez que Bejarano se refirió a Maldonado Venegas. El año pasado durante otro de los consejos perredistas, el dirigente de IDN se quejó por la presencia del Secretario de Gobierno de Puebla entre los consejeros.
Ayer Maldonado aseguró el lugar número tres de la circunscripción número cuatro, mientras que René Bejarano quedó fuera de la candidaturas.
LOS QUE PACTAN CON EPN
Otros perredistas que consiguieron los primeros lugares de las listas plurinominales son los ex presidentes nacionales, el “Chucho” Jesús Zambrano Grijalva y Guadalupe Acosta Naranjo.
El primero acusado por varias corrientes perredistas de firmar el Pacto por México por su cuenta en diciembre de 2012 y el segundo de formar, junto con Zambrano, parte del Consejo Rector del acuerdo que impulsó las reformas estructurales del priista Enrique Peña Nieto.
La Reforma Fiscal, donde los perredistas votaron a favor, la Energética, Educativa, Telecomunicaciones.
Zambrano Grijalva encabeza la lista de la circunscripción cuatro en donde está incluido el Distrito Federal, Guerrero y Tlaxcala. Acosta Naranjo lidera a los candidatos plurinominales que van por la uno.
“Ganó la representación del Pacto por México: Jesús Zambrano Grijalva, [Guadalupe] Acosta Naranjo y todos los que estuvieron ahí. Ganó Enrique Peña Nieto y el PRD perdió su oportunidad de recuperar un carácter de oposición y de contrapeso al PRI[Partido Revolucionario Institucional]. Ganó gente que ha estado negociando las reformas estructurales y esto da muestra clara de qué tipo de oposición será el PRD par ala próxima legislatura”, dijo Agustín Guerrero Castillo, dirigente de la corriente Movimiento Progresista y consejero nacional.
El sábado en la noche fuentes cercanas a Marcelo dijeron que hubo una negociación entre Nueva Izquierda, ADN y Foro Nuevo Sol, donde acordaron repartirse las candidaturas plurinominales y las de mayoría relativa, excluyendo a todas las demás corrientes.
Guerrero Castillo también lamentó que el Sol Azteca dominado por “Los Chuchos” o Nueva Izquierda (NI) y sus aliados, eligieran a Maldonado y dejaran fuera a Marcelo Ebrard.
“En la misma lista va Luis Maldonado, se acaba de afiliar al PRD hace unos meses y ahora como pluri, el que hizo la Ley Bala y además que metió a la cárcel a perredistas opositores. Dejan fuera a Marcelo para darle una candidatura a él”, indicó.
Y pesar de que el presidente nacional de la fuerza política Carlos Navarrete Ruiz enfatizó que los perredistas elidirían a los mejores candidatos, después del escándalo del ex Alcalde de Nueva Izquierda o “Los Chuchos” José Luis Abarca Velázquez en Iguala, ayer el Consejo Nacional eligió al Delegado de Iztapalapa con licencia Jesús Salvador Valencia, quien protagonizó en enero un choque comprometedor.
EL DELEGADO “MALHECHOR”
Los mismos legisladores del PRD solicitaron al auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, una auditoría al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 2014 etiquetado en el PEF de ese año para la Delegación Iztapalapa, del Distrito Federal, para determinar conductas inadecuadas en la gestión de Jesús Valencia.
Miguel Alonso Raya, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, y José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, firmaron el documento.
Valencia Guzmán sufrió el percance en la colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en una camioneta Jeep Grand Cherokee, con placas 588-ZVH, propiedad de un contratista de su demarcación: la empresa Amexire S. de R.L.
El Delegado con licencia se contradijo en su versión sobre la camioneta: en una primer momento declaró no era suya, que era prestada. Después, en otra declaración dijo que la camioneta, sí era suya, que la compró mediante un financiamiento y que aún la estaba pagando.
Pero el diario Reforma reveló que el vehículo pertenecía a la empresa Amexire S de RL, una de las principales proveedoras de Iztapalapa.
Valencia Guzmán también dio a conocer diversas versiones sobre lo ocurrido. Mediante un comunicado, la Delegación Iztapalapa informó que “los efectos de una gripa y largas jornadas de trabajo fueron factores para que el Delegado tuviera el percance que por fortuna no pasó a mayores, nadie resultó lesionado.”
Primero dijo que venía del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de estar con algunos dirigentes del PRD. El Delegado cambió esta versión al asegurar que antes del accidente había estado en una fiesta. “Justamente veníamos del festejo navideño, no, festejo de fiesta, si no de las luces, el festejo bonito”, dijo, en entrevista con Radio Fórmula.
Después aseguró que al momento del accidente venía con su esposa y con su bebé.
Sin embargo, de acuerdo con los testigos, el Jefe Delegacional Jesús Valencia iba solo al momento del accidente.
MAL SABOR DE BOCA
Alejandro Sánchez Camacho, Diputado federal y consejero nacional del partido, dijo que el dejar fuera a Marcelo Ebrard y a René Bejarano, dejó un “mal sabor de boca”.
“No tuvieron una oportunidad de participar como aspirantes por la vía plurinominal, pero hay que hacer una alianza para las elecciones del 7 de junio”, dijo.
Sánchez Camacho explicó que IDN obtuvo una plurinominal en la circunscripción tres; dos en la cuatro y una en la cinco, mientras que por mayoría relativa obtuvieron 30 diputaciones.
Agustín Guerrero Castillo, indicó que el Sol Azteca perdió la oportunidad de constituir una contrapeso verdadero al gobierno de Peña Nieto.
“Nosotros pusimos sobre la mesa de debate que Movimiento Progresista era la única corriente crítica al gobierno federal y que debía estar representada en las candidaturas. Con dejar fuera a Marcelo Ebrard, perdieron esa oportunidad”, dijo.
Carlos Navarrete Ruiz, presidente nacional del PRD, dijo que ninguna corriente interna propuso a Marcelo Ebrard, ni lo apoyó para ser candidato.
“Votó el 81 por ciento y ninguna de las expresiones formalizó esa propuesta”, dijo y aseguro: “asumimos el costo de las decisiones del Consejo”.
Navarrete dijo que se eligieron 205 candidatos y candidatas de mayoría relativa de 300 y se reservaron 95 para el 22 de febrero.
“Elegimos a los primeros lugares de las listas de las cinco circunscripciones”, informó sobre los plurinominales.
El Consejo Nacional dejó pendientes las candidaturas por mayoría relativa del Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, la cuales se elegirán el próximo fin de semana.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-02-2015/1251501.
ACAPULCO, Gro: La exsecretaria de Desarrollo Social durante la administración del exgobernador defenestrado Ángel Aguirre Rivero, Beatriz Mojica Morga, fue designada candidata a gobernadora del PRD esta tarde durante un cónclave realizado en un restaurante de este puerto.
El encuentro fue encabezado por el dirigente nacional del Sol Azteca, Carlos Navarrete, quien previamente se reunió en privado con representantes de la corriente de Aguirre Rivero y del senador Armando Ríos Piter para tratar de convencerlos de que apoyen a Mojica Morga.
Al respecto, integrantes del grupo que apoya al senador perredista Sofío Ramírez Hernández, calificaron el hecho como “una imposición” de la dirigencia nacional y señalaron que esta maniobra de Los Chuchos violenta la autonomía del Consejo Estatal Electivo en Guerrero.
“Los Chuchos se confundieron y pensaron que en Guerrero se iba elegir candidata a reina de la primavera o de las fiestas patrias”, dijo Antonio Pérez, representante de la precampaña de Ramírez Hernández.
Desde ayer, Sofío Ramírez había anunciado que fue vetado por la dirigencia nacional por ser amigo de Aguirre Rivero.
La designación de la exfuncionaria estatal se concretó en el restaurante La Granja, ubicado sobre el bulevar de Las Naciones en la Zona Diamante del puerto a las 17:00 horas.
Ello, después de que durante la madrugada de este domingo la dirigencia nacional presentó una encuesta donde Mojica Morga encabezaba las preferencias, señalaron miembros de este partido.
En el cónclave estuvieron representantes de las corrientes de Nueva Izquierda y Grupo Guerrero, principales grupos que respaldan a la candidata surgida de las filas de Los Chuchos.
Enseguida, los perredistas salieron del restaurante y se dirigieron a un salón del hotel Holiday Inn donde se convocó a sesión del Consejo Estatal del PRD, simplemente para avalar la designación pactada entre los líderes de las corrientes mayoritarias.
A la reunión del Consejo acudieron alcaldes y diputados locales vinculados con el narco, como el presidente del Congreso, Bernardo Ortega, quien fue vetado por la dirigencia nacional para ocupar una diputación federal porque sus hermanos son señalados por el gobierno federal como líderes del grupo criminal Los Ardillos, afincado en el municipio de Quechultenango.
Así como los ediles de Teloloapan y Acapetlahuaya, Ignacio Valladares y Eleuterio Aranda El Solitario del sur, ambos señalados por sus presuntos nexos con el grupo de La Familia que opera en la zona norte de la entidad y el sur del Estado de México.
Los senadores perredistas y aspirantes a la candidatura, Sofío Ramírez y Armando Ríos Piter, no acudieron al encuentro y tampoco se sumaron los consejeros de ambas corrientes, reflejando una fractura y la puja por las candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales y federales entre las tribus del Sol Azteca.
Por ello, el dirigente nacional del PRD fue insistente en hacer llamados a la unidad y cerrar filas en torno a la exdiputada federal originaria de la región de Tierra Caliente.
También, volvió a deslindar a su partido de los actos de corrupción de la familia y amigos del exgobernador Ángel Aguirre, acusados por la PGR de desviar recursos públicos para beneficiar sus empresas y actualmente presos.
En su mensaje ya como candidata a la gubernatura, Beatriz Mojica hizo referencia al caso de la masacre y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tragedia que mantiene sumida a la entidad en una crisis social y política desde hace más de cuatro meses.
“En Iguala sucedió algo grave, pero tenemos que seguir adelante”, expresó Mojica en referencia al movimiento social que exige justicia y castigo para los responsables de la barbarie.
También, Mojica Morga pidió el apoyo de los perredistas argumentando que en caso de ganar la elección de junio, “será la primera ocasión2 que la izquierda gobierne en la entidad, dijo en alusión a los exgobernadores Ángel Aguirre y Zeferino Torreblanca, candidatos externos postulados por el PRD.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LEÓN, Gto: El PAN es el único partido que puede derrotar al PRI en los próximos procesos electorales; “no estamos fregados, ni peleados ni derrotados, ¡ni madres!”, proclamó su presidente nacional, Gustavo Madero, en la presentación de candidatos leoneses a la presidencia municipal y diputaciones locales y federales.
Madero también reclamó a quienes promueven el voto nulo o el abstencionismo, acción que llamó “un grito estéril” que no impacta, ni transforma al país”.
Según el presidente del PAN, al gobierno de Enrique Peña Nieto se le dice lo que tiene que hacer “desde el extranjero y en inglés” porque ni él ni su gabinete entienden al país, al cual tiene sumido en la zozobra y el desencanto.
Auguró que ante la caída de los precios del petróleo, el gobierno federal aplicará más medidas inadecuadas como recurrir al endeudamiento.
“¡Esos que tratan de decir que estamos todos fregados, todos peleados, todos derrotados, ni madres… estamos más fuertes que nunca!”, arengó Madero ante alrededor de medio millar de panistas y seguidores que se reunieron en el comité municipal del blanquiazul para este evento, al que asistió el gobernador Miguel Márquez Márquez.
En su discurso, Gustavo Madero criticó al gobierno de la actual alcaldesa del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, el cual, dijo, “es una vergüenza nacional”, y aseguró que el PAN con el candidato Héctor López Santillana –exsecretario de Desarrollo Económico en el gabinete del gobernador Márquez y designado por dedazo– está listo para recuperar este municipio.
Madero dijo saber que la alcaldesa Botello Santibáñez está por pedir licencia para dejar el cargo, a fin de no afectar la campaña del candidato de la coalición PRI-PVEM,-Panal, el expanista José Ángel Córdova Villalobos.
“Pero eso sí les digo, va a ser una Botello no retornable”, quiso bromear el presidente del CEN.
Y sostuvo que el PAN es el único partido que podrá sacar al PRI de Los Pinos en el 2018, aunque hay ciudadanos que se van con las “propuestas populistas” en las que incluyó a Morena con Andrés Manuel López Obrador.
En el evento, la dirigencia del PAN presentó a sus candidatos a diputados al Congreso del estado, entre los cuales se incluye el diputado federal Juan Carlos Muñoz Márquez, cuya empresa Castores recientemente figuró en varios aseguramientos de droga efectuados por la PGR en productos que se localizaron en el centro de distribución localizado en León.
Con el candidato a presidente municipal de León López Santillana, va en la planilla para el ayuntamiento el ex gobernador Carlos Medina Plascencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había emitido algunas recomendaciones similares a las que el viernes 13 realizó la ONU acerca de la desaparición de personas en México. Ahora, el objetivo de la CNDH es cabildear una ley general en la materia. Pese al optimismo del ómbudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, no parece una tarea fácil: las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores ya descalificaron el análisis de Naciones Unidas girado desde Ginebra.
MÉXICO, D.F: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pretende que al fin se apruebe una ley general contra desapariciones forzadas, pese a la frialdad con que el gobierno mexicano tomó las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CDF-ONU), que lo dejan muy mal parado.
Así, el ómbudsman se comprometió a reunirse con todos los partidos políticos para concretar la norma. “Me voy a dirigir a las distintas fracciones al interior del Congreso de la Unión haciéndoles ver la importancia que tendría una ley general sobre desaparición forzada, porque contribuye a prevenir y fortalecer las investigaciones. Además se insertaría en el cumplimiento de lo que México se obligó a nivel internacional”, sostiene.
Entrevistado horas después de que el CDF-ONU emitiera desde Ginebra las conclusiones de su análisis sobre el incumplimiento mexicano de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CID), González Pérez afirma que coincide con las consideraciones del organismo, sobre todo las relacionadas con las dificultades existentes para documentar las desapariciones.
En el informe que la CNDH envió al CDF-ONU desde antes de las sesiones del lunes 2 y martes 3 –en las que el gobierno mexicano dio su versión en torno al fenómeno–, el ómbudsman detalló el incremento de desapariciones en los últimos años, pero precisó que en aquellas donde se supone la intervención de agentes del Estado “no existe certeza al momento de intentar proporcionar cifras claras y una estadística confiable, toda vez que no hay una clasificación adecuada y acorde con los estándares internacionales”.
Confiado en que durante el próximo periodo de sesiones el Congreso atenderá una de las principales recomendaciones del CDF-ONU –la consolidación de una ley general al respecto–, González Pérez asevera que atenderá la sugerencia de participar en la elaboración de esa norma junto con organizaciones civiles y familiares de víctimas.
“Hablaré con las distintas fuerzas políticas para hacerles ver la conveniencia de contar con la ley general lo antes posible. Ya la habíamos pedido y ahora el comité coincide con nosotros, o nosotros con él. Así, ya se ha sugerido por varias instancias que haya uniformidad en la tipificación”, resalta. Menciona también la necesidad de construir el reglamento para la operación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, pendiente desde 2012.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
El funcionario, de 23 años, aprovechaba su puesto para seleccionar a sus víctimas entre personas de altos recursos económicos.
Parece inverosímil, pero en México un joven de 23 años, funcionario de la PGR, organizaba secuestros, cobraba rescate y luego asesinaba a sus víctimas.
El funcionario de la PGR aprovechó su cargo para seleccionar y secuestrar a personas de altos recursos económicos que acudían a presentar denuncias a su oficina de Guadalajara.
El 9 de septiembre pasado, Julio Diego Velasco Muñoz, joven de 23 años de una familia dedicada al mármol, acudió a las oficinas de la delegación de la Procuraduría General de la República en Guadalajara para denunciar la pérdida de su licencia de piloto.
Pasados 19 días, uno de los funcionarios que atendió a Velasco durante la diligencia y que firmó su acta como testigo de asistencia lo secuestró y luego lo ejecutó de tres balazos en la cabeza.
Luis Felipe Molina García, quien fue contratado en la delegación de la dependencia como profesional ejecutivo y que auxiliaba al Ministerio Público, pertenecía a una banda de plagiarios cuyo sello característico era cobrar los rescates y después asesinar a las víctimas.
La investigación del secuestro del joven piloto revela al plagiario como un ejecutor sin remordimiento alguno y un psicópata que no fue detectado como tal por los exámenes de control de confianza de la Procuraduría.
De la misma edad que su víctima, el funcionario y su tío Artemio Molina Soberanis, “El Moreno”, idearon un plan que funcionó muy rápido: le “sembraron” una chica atractiva a Julio Diego para cazarlo.
Con base en la causa penal 560/2014-B, Oswaldo Israel Martínez Salas, “El Telu”, compañero de la carrera de Derecho de Molina, convenció a Sandra Anahí Hernández Martínez de ser el anzuelo en este plagio.
Una vez que la chica de 19 años aceptó la oferta por seducir a Julio Diego, el funcionario de la PGR le dio un celular con el número de su víctima.
Molina y sus secuaces cobraron un secuestro de 3.5 millones de pesos y luego eliminaron al joven.
La Policía de Jalisco detuvo Sandra Anahí, así como a “El Telu” y a Molina Soberanis, pero no al funcionario homicida, quien, con acceso a información reservada y contactos en la PGR, es prófugo de la justicia.
Además de este caso, la PGR acreditó el secuestro de Alfonso Gerardo Lugo Cruz, otro joven quien fue compañero de universidad de Molina y Martínez Salas, quienes lo plagiaron en agosto de 2014, cobraron un rescate de 200 mil pesos y luego lo mataron cerca de un balneario conocido como Los Camachos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
Jesús Zambrano Grijalva, ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que este fin de semana logró una candidatura plurinominal, afirmó que hubo consideraciones políticas para sacar de esta lista al ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, y al líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano Martínez.
“Junto con el elemento técnico numérico, no puedo ocultar que sí hubo consideraciones de carácter político, escuchando a la sociedad, analistas políticos, en diversos medios que señalaban que si Marcelo quedaba en la lista e iba a la Cámara, era para tener una protección política, para que con los problemas que siguen en la llamada Línea 12 del Metro, pues que se buscaba proteger, y defenderse desde allí”, dijo Zambrano Grijalva esta mañana en entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen.
“Ya me imagino los titulares ante los problemas de la Línea 12″, dijo el ex presidente nacional del Sol Azteca. Con respecto a los motivos por los que Bejarano Martínez no fue considerado para una pluri, Zambrano comentó que “habría sucedido lo mismo [...]. Y no pocos consideraban que no era lo conveniente políticamente que René estuviera formando parte de las listas, pero no hubo más que aplicación estricta de la numeralia”.
Este fin de semana, la corriente conocida como “Los Chuchos” se repartió básicamente toda la lista de diputados plurinominales, Eligió como candidatos en los mejores lugares de las listas de las cinco circunscripciones a perredistas que fueron miembros del Consejo Rector del Pacto por México; al creador de la “Ley Bala” en Puebla, que cobró la vida de un niño de 13 años en el municipio de Chalchihuapan y al Delegado de Iztapalapa con licencia, quien chocó en una camioneta propiedad de la empresa Amexire, que cambió en varias ocasiones su versión sobre lo hechos y que supuestamente está bajo investigación.
Otros perredistas que consiguieron los primeros lugares de las listas plurinominales son los ex presidentes nacionales, el “Chucho” Jesús Zambrano Grijalva y Guadalupe Acosta Naranjo.
El primero acusado por varias corrientes perredistas de firmar el Pacto por México por su cuenta en diciembre de 2012 y el segundo de formar, junto con Zambrano, parte del Consejo Rector del acuerdo que impulsó las reformas estructurales del priista Enrique Peña Nieto.
La Reforma Fiscal, donde los perredistas votaron a favor, la Energética, Educativa, Telecomunicaciones.
Zambrano Grijalva encabeza la lista de la circunscripción cuatro en donde está incluido el Distrito Federal, Guerrero y Tlaxcala. Acosta Naranjo lidera a los candidatos plurinominales que van por la uno.
“Ganó la representación del Pacto por México: Jesús Zambrano Grijalva, [Guadalupe] Acosta Naranjo y todos los que estuvieron ahí. Ganó Enrique Peña Nieto y el PRD perdió su oportunidad de recuperar un carácter de oposición y de contrapeso al PRI[Partido Revolucionario Institucional]. Ganó gente que ha estado negociando las reformas estructurales y esto da muestra clara de qué tipo de oposición será el PRD par ala próxima legislatura”, dijo Agustín Guerrero Castillo, dirigente de la corriente Movimiento Progresista y consejero nacional.
El sábado en la noche fuentes cercanas a Marcelo dijeron que hubo una negociación entre Nueva Izquierda, ADN y Foro Nuevo Sol, donde acordaron repartirse las candidaturas plurinominales y las de mayoría relativa, excluyendo a todas las demás corrientes.
Guerrero Castillo también lamentó que el Sol Azteca dominado por “Los Chuchos” o Nueva Izquierda (NI) y sus aliados, eligieran a Maldonado y dejaran fuera a Marcelo Ebrard.
“En la misma lista va Luis Maldonado, se acaba de afiliar al PRD hace unos meses y ahora como pluri, el que hizo la Ley Bala y además que metió a la cárcel a perredistas opositores. Dejan fuera a Marcelo para darle una candidatura a él”, indicó.
Y pesar de que el Presidente Nacional de la fuerza política Carlos Navarrete Ruiz enfatizó que los perredistas eligirían a los mejores candidatos, después del escándalo del ex Alcalde de Nueva Izquierda o “Los Chuchos” José Luis Abarca Velázquez en Iguala, ayer el Consejo Nacional eligió al Delegado de Iztapalapa con licencia Jesús Salvador Valencia, quien protagonizó en enero un choque comprometedor, y a Luis Maldonado Venegas, autor de la controvertida Ley Bala.
Yo felicité a uno de los que ganaron una candidatura, uno de Puebla, Secretario de Gobierno, y le dije que ojalá que no reprima a los luchadores sociales con la Ley Bala, que no encarcele a dirigentes sociales, que no reprima a la gente ni ocasione la muerte de niños”, dijo René Bejarano Martínez, líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), quien junto con el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard Casaubón quedó fuera de las candidaturas para la cuarta circunscripción.
Bejarano se refería a Luis Maldonado Venegas, Secretario de Gobierno de Puebla, quien creó e instrumentó la “Ley Bala” para el gobierno de Rafael Moreno Valle y que se estrenó en la represión de la población de Chalchihuapan cuando protestaban por la falta de una oficina de registro civil.
Represión que terminó con la vida de un niño de 13 años que salía de la escuela y cruzaba por donde se encontraban los manifestantes, justo cuando el gobierno de Moreno Valle reprimía la manifestación.
No fue la primera vez que Bejarano se refirió a Maldonado Venegas. El año pasado durante otro de los consejos perredistas, el dirigente de IDN se quejó por la presencia del Secretario de Gobierno de Puebla entre los consejeros.
Ayer Maldonado aseguró el lugar número tres de la circunscripción número cuatro, mientras que René Bejarano quedó fuera de la candidaturas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-02-2015/1252080.
REYNOSA, Tamps: Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, inicia hoy domingo una gira por los conflictivos municipios de Matamoros, Río Bravo y Reynosa donde en los últimos días se han registrado al menos una docena de enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado, y contra el Ejército, que han dejado como saldo 25 muertos según las autoridades estatales.
López Obrador arrancó ayer sábado su gira por Tamaulipas en Mante y Ciudad Victoria con una serie de “conferencias colectivas” para los militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sobre la situación política y económica social del estado y del país.
Sus actividades del sábado concluyeron en el municipio de Linares, Nuevo León, con un mitin al cual asistieron unas 300 personas. López Obrador destacó en su discurso la corrupción que representa el proyecto Monterrey VI que consiste en un canal para llevar agua del Río Pánuco a la zona Metropolitana de Monterrey.
En la obra, la más cara ejercida por el gobierno de Rodrigo Medina que costará alrededor de 57 mil millones de pesos, participa el Grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, cuya adjudicación se realizó en un turbio proceso de licitación.
La mañana de este domingo López Obrador visitará tres municipios de la frontera de Tamaulipas, Reynosa, Río Bravo y Matamoros.
Desde el primer día de febrero dos facciones del Cártel del Golfo disputan el control de esta zona: los autodenominados Metros que gobiernan la ciudad de Reynosa, contra los Ciclones que controlan Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo.
La pugna entre los Metros y Cliclones desató una serie de “narcobloqueos” que paralizaron las ciudades así como enfrentamientos entre los grupos rivales que hasta la fecha han dejado 25 muertos, según las autoridades estatales. Sin embargo, las autoridades municipales y las redes sociales contabilizan en más de medio centenar las personas fallecidas.
La movilización de decenas de camionetas con pistoleros a bordo desplazándose impunemente a todas hora del día por la región también provocó que el Consulado de Estados Unidos en Matamoros advirtiera a sus ciudadanos y empleados de abstenerse a viajar a esas ciudades.
Además en Matamoros se reportó desde el 2 de febrero la desaparición de dos veteranos del Ejército estadunidense que participaron en las guerras de Irak y Afganistán, los hermanos Ernesto y Jesús García, lo cual provocó la intervención del Buró Federal de Investigaciones para colaborar en su búsqueda.
La desaparición de los veteranos también desató la protesta del congresista Filemón Vela, quien criticó a las autoridades mexicanas por la inseguridad que aqueja al estado fronterizo con Texas.
“No entiendo qué tiene pasar para que las administraciones de México y Washington actúen para frenar la violencia en Tamaulipas. ¿Más secuestros? ¿Más ciudadanos americanos desaparecidos?”, cuestionó el congresista Filemón Vela.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
MÉXICO, D.F: Con cada coletazo, el dinosaurio priista va destruyendo una a una las instituciones de la supuesta “transición democrática”. Cualquier organismo público que haya tenido en algún momento un espíritu ciudadano o una independencia política ha sido domesticado o cooptado por el aparato. El intento de Enrique Peña Nieto de resucitar como tapadera coyuntural a la ya desaparecida Secretaría de la Función Pública (SFP) es un ejemplo particularmente claro de la consolidación de este perverso rasgo del autoritarismo mexicano.
La primera “reforma estructural” impulsada por Peña Nieto no fue la reforma educativa, ni la reforma energética, sino la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Aun antes de tomar posesión, el presidente electo hizo llegar al Congreso de la Unión, por los malos oficios de Manlio Fabio Beltrones, una iniciativa de ley que eliminaría la SFP y trasladaría sus funciones medulares a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de ser ocupada por su amigo y cómplice Luis Videgaray. Peña Nieto también buscaba excluir miles de puestos del ya debilitado Sistema de Servicio Profesional de Carrera con el fin de rellenarlos con nuevos funcionarios a modo.
El propósito era centralizar al máximo el poder administrativo para evitar cualquier fuga de información sobre los fraudes que ya se estaban preparando desde Los Pinos. Recordemos que precisamente en las mismas fechas en que el presidente electo envió su reforma administrativa a los diputados, en noviembre de 2012, el futuro secretario de Hacienda estaba en pleno proceso de mudanza a su nueva “Casa HIGA” en Malinalco.
Peña Nieto tenía la intención de encubrir su jugada centralizadora con la creación simultánea de un nuevo elefante blanco llamado Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) que estaría bajo el control de un consejo de “notables”, incluyendo a los 31 gobernadores, y presidido por el mismo primer mandatario. Aquella cortina de humo simuladora la analizamos en su momento en estas mismas páginas (véase: http://ow.ly/IyI0z). La propuesta que hoy impulsa el PRI en el Congreso de la Unión a partir de la masacre de Iguala es esencialmente la misma.
Por alguna extraña razón, aun con la total capitulación de las fuerzas “opositoras” en el Congreso no se pudo aprobar la creación del nuevo organismo “anticorrupción” de Peña Nieto. Al parecer, los panistas pensaron dos veces antes de entregar aún más armas a sus aliados priistas que después podrían ser utilizadas para chantajearlos exhibiendo la vasta corrupción del sexenio calderonista.
El PRD habría tenido el mismo propósito con respecto a las fechorías de Marcelo Ebrard y otros mandatarios locales. Por ejemplo, si hoy existiera la CNA no sería una Comisión Especial de la Cámara de Diputados la que estaría utilizando el escándalo de la Línea 12 del Metro para desacreditar a Ebrard, sino un poderoso organismo “autónomo” directamente al servicio del PRI-gobierno.
Sin embargo, aunque lograron parar la CNA, la “dignidad” de los legisladores de “oposición” no alcanzó para frenar las reformas a la LOAPF. Lo único que se logró fue la inclusión de un artículo transitorio en la reforma a la ley orgánica que indicaba que la SFP se mantendría temporalmente en funcionamiento hasta que se creara el nuevo organismo “anticorrupción” de Peña Nieto.
En consecuencia, desde hace más de dos años la SFP se encuentra en un limbo jurídico que la ha debilitado en extremo. Muerta en vida, la secretaría es hoy un auténtico “zombi” burocrático que deambula perdido por los pasillos del poder. Virgilio Andrade, quien siempre ha defendido férreamente los intereses de su partido, el PRI, tanto dentro como fuera de la administración pública, es entonces la persona perfecta para encabezar este Frankenstein en fase terminal. Su única función será tapar, cubrir y limpiar los evidentes conflictos de interés y corruptelas de su jefe y sus amigos en el gabinete presidencial.
Este desenlace de la SFP debe ser un trago muy amargo para quienes tenían esperanza de que la alternancia de 2000 pudiera generar procesos de profesionalización de la administración pública federal. Vicente Fox creó la SFP en 2003 para dirigir la modernización administrativa que supuestamente tendría lugar con la nueva Ley de Servicio Profesional de Carrera (LSPC). En realidad, ni Fox ni Felipe Calderón tomaron en serio este necesario proceso de transformación del Poder Ejecutivo. Vaciaron de contenido a la LSPC por medio de reglamentos amañados y colocaron a una serie de políticos ambiciosos y burócratas grises como titulares de esta importante secretaría. Calderón inclusive propuso la desaparición de la SFP en 2009. Sin embargo, nunca habíamos llegado a un extremo tan vergonzoso o un cinismo tan transparente como aquellos en que incurre Peña Nieto.
La muerte definitiva de la SFP como un organismo reformador e independiente constituye la cereza en el pastel de la disfuncionalidad pública bajo el régimen actual. Primero se canceló la división de poderes por medio de la suplantación del Congreso de la Unión por el “Pacto por México”. Después terminaron con la oposición partidista con la cooptación del PRD, y reprimieron a la oposición social con constantes abusos policiacos y detenciones arbitrarias. Posteriormente sometieron al INE (antes IFE) y al IFAI al rellenar a ambos institutos con funcionarios fieles al régimen. Hoy terminan el trabajo con la perversión absoluta del proyecto original de la SFP.
El Partido Revolucionario Institucional ya no es digno de su nombre. Se ha convertido definitivamente en el Partido de la Reversión Institucional. Solamente un masoquista se atrevería a desear su permanencia en el poder más allá del presente sexenio. Ha llegado la hora de ir preparando el relevo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.
Con su sorpresivo triunfo en la elección interna del PAN, Felipe de Jesús Cantú obliga a modificar la estrategia de los candidatos previamente apuntados a la contienda por la gubernatura. Ivonne Álvarez, Fernando Elizondo y Jaime Rodríguez tienen un nuevo reto.
La inclusión de último momento del exalcalde de Monterrey a la contienda electoral parece confirmar una premisa: Nuevo León es de hombres y para hombres.
Hasta hace una semana en Nuevo León se perfilaba un duelo histórico por la gubernatura entre dos mujeres: la priista Ivonne Álvarez y Margarita Arellanes. Eso no será posible ya.
La victoria de Cantú ayer sobre Arellanes convertirá la elección del 7 de junio en una contienda de tres hombres y una mujer
El nombre de Cantú se agregará al de Jaime Rodríguez, quien se presentará como candidato independiente, y al de de Fernando Elizondo, postulado por Movimiento Ciudadano.
Hace tres semanas, cuando el gobernador Rodrigo Medina y el PRI de Nuevo León designaron a Ivonne Álvarez como su candidata a la gubernatura, el nombre del exalcalde de Monterrey y hoy virtual candidato panista simplemente no existía en los planes priistas.
La candidatura de Ivonne siempre se pensó como una contraofensiva al proyecto de Margarita Arellanes y su fuerte popularidad entre los electores.
Hoy Felipe Cantú se incorpora a la contienda en condiciones favorables: sin desgaste y con un fuerte potencial de crecimiento de aquí a los comicios.
Tanto Ivonne como sus contrincantes, Elizondo y Rodríguez, tendrán que cambiar su estrategia con la inclusión de Cantú a la competición.
La principal tarea que tendrá Cantú en los próximos días será la de iniciar una urgente operación cicatriz con los panistas que apoyaron a su contrincante Margarita Arellanes.
De su éxito o fracaso en esa operación dependerán su suerte en la elección por la gubernatura de Nuevo León.
Un PAN dividido, como pasó en el 2009 con Fernando Elizondo, no tiene posibilidades de regresar a gobernar el estado de Nuevo León.
El fin del mito
Finalmente no fue ningún escándalo lo que tumbó a Margarita Arellanes y su proyecto por llegar al Palacio de Gobierno.
Fueron los líderes del PAN –que tienen el control del padrón de panistas- los que terminaron por sepultar las aspiraciones de quien era considerada la puntera en las encuestas electorales.
Dos de las tres estructuras que hay en el PAN de Nuevo León –la del Grupo San Nicolás y la de Raúl Gracia- sellaron ayer la derrota de Arellanes en la elección interna albiazul.
La clave del triunfo de ayer de Cantú estuvo en la diferencia de 3 mil votos que logró en los municipios de San Nicolás y San Pedro.
El Grupo San Nicolás, que encabeza Zeferino Salgado y Víctor Fuentes, contribuyeron con 2 mil 300 votos a favor de Cantú.
En el municipio de San Pedro, Cantú logró una ventaja de mil votos sobre Margarita Arellanes, gracias al apoyo del Grupo San Nicolás, Raúl Gracia y del alcalde sampetrino Ugo Ruiz.
La ventaja que tuvo Margarita Arellanes en los municipios de Monterrey, Santa Catarina y Guadalupe no fue determinante para la causa de la alcaldesa con licencia de Monterrey.
Arellanes ganó apenas por 500 votos la ciudad de Monterrey, cuna del grupo de la División del Norte, su principal aliado en esta elección tras la fractura con el Grupo San Nicolás y con Raúl Gracia.
La precandidata del PAN mostró madurez en la derrota y junto con su familia acompañaron anoche públicamente a Felipe Cantú en el Comité Directivo Estatal del PAN para reconocerle su triunfo.
El evento fue atestiguado por el líder nacional del PAN, Gustavo Madero.
Con todo y nómina
Por la mañana, Felipe Cantú llegó a la casilla ubicada en el Club de Leones Monterrey, acompañado de su esposa.
Ahí aseguró que las nóminas de los municipios panistas no afectarían el resultado a su favor.
“Suponiendo que los de nómina hicieran caso de votar por alguien que se les ordene, pero yo creo que eso tampoco se va a dar, por lo menos no de manera consistente.
“Probablemente algunos podrían estar en esa situación, pero el grueso de la militancia vota como le pega su regalada gana, que es lo que les hemos pedido”, declaró a los medios de comunicación.
Desde temprana hora del domingo trascendió que los empleados de los municipios regidos por administraciones panistas fueron advertidos que tendrían que votar por Margarita Arellanes, de lo contrario, serían despedidos.
Cantú Rodríguez dijo que la cantidad de empleados en nómina municipal del PAN no supera los 3 mil y aseguró que no representaría una merma en votos a su favor.
La confianza del panista fue sin duda derivada de los amarres que se hicieron en la última semana, cuando vio un nicho de oportunidad en la ruptura de su contrincante con las estructuras de poder del PAN.
Arellanes había pactado recibir apoyo de la militancia que comulga con el Grupo San Nicolás, que encabeza Zeferino Salgado y el grupo del senador, Raúl Gracia.
Así también de Iván Garza y José Serrano, del grupo de la División del Norte.
Parte del arreglo con San Nicolás era que en la elección de candidatos a diputaciones, celebrada el domingo 8 de este mes, ganara Sergio Cavazos para la diputación del distrito 5 local.
Pero ganó Marco Antonio Martínez, allegado a Arellanes y de Arturo Salinas.
Entonces Zeferino Salgado y Raúl Gracia le retiraron su apoyo.
Se dijo que además del caso de Sergio Cavazos, fue porque Salgado buscaba posiciones en el gabinete de Arellanes, y ésta se habría negado.
Salgado y Gracia ofrecieron mover los hilos de las estructuras panistas a favor de Felipe de Jesús Cantú.
A partir de entonces, diputados y líderes se sentaron a la mesa con él y le prometieron su voto.
Ante la retirada de quienes serían su soporte, Margarita intentó durante una semana atraer más adeptos a sus filas, pero el resultado no fue a su favor en las urnas.
Después de votar, Felipe aseguró que respetaría el resultado final, e hizo la misma declaración de su contrincante, advirtiendo que ganaría por un amplio margen.
“En eso coincidimos ella y yo, yo pienso que voy a ganar por amplio margen”, declaró Cantú.
El resto del día, el candidato se mostró imperturbable a pesar de las múltiples denuncias de irregularidades como acarreos, compra de votos y amenazas por parte de personas supuestamente aliadas con Arellanes.
Y Cantú Rodríguez fue declarado ganador por el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero.
Margarita Arellanes nunca imaginó verse en dicho escenario.
Se decía triunfadora y daba por hecho que su nombre iría en las boletas del 7 de junio, contendiendo contra la candidata priista, Ivonne Álvarez, una mujer a la que vería de tú a tú y contra quien pelearía con todas las herramientas posibles.
Eso no pasará.
O por lo menos esta vez no.
El mito Arellanes se acabó.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
