Para los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) lo señalado por The New York Times en torno a la incertidumbre y caos que existe en Guerrero por las elecciones es “una exageración”.
Javier Santiago Castillo, consejero del INE, expresó en torno a las publicaciones del diario norteamericano: “Me pareció una exageración la visión del New York times y no sé qué intereses estadounidenses esté reflejando hacer ese tipo de planteamientos de que no hay condiciones para realizar la elección en Guerrero. P.- Contribuyen. R.- No contribuye la declaración del New York Times, a la tranquilidad, pero yo he estado en Guerrero, he estado en el territorio y mi visión es que si hay condiciones para que se lleven a cabo las elecciones en el estado de Guerrero”.
Por su parte el consejero presidente detalló que: “El estado de Guerrero vive una situación particularmente compleja en múltiples sentidos, y de lo que se trata es ir construyendo, las condiciones para que los ciudadanos de Guerrero puedan votar el próximo siete de junio”.
“Todos los días se tienen que ir construyendo las condiciones, el día de hoy se están construyendo las condiciones para que pueda haber votación el siete de junio. Hay mucho trabajo por hacer de aquí al siete de junio para crear las condiciones. Al día de hoy estamos a tiempo, en la construcción del proceso electoral, los desfases que llegamos a tener, ya se han subsanado y no tenemos ningún incidente, pero por supuesto nadie tiene una bola de cristal y el estado de Guerrero vive una situación particularmente compleja en múltiples sentidos, de lo que se trata es ir construyendo, digamos, haciendo el trabajo para que las condiciones se mantengan y puedan los ciudadanos de Guerrero votar el próximo siete de junio. Es un trabajo por hacer toda vía”
De esta forma se sigue desestimando la información de un medio prestigioso como The New York Times hasta que ocurra algo similar a lo expuesto en el reportaje de la semana pasada sobre los políticos y sus propiedades en el extranjero, la caja de Pandora fue abierta y no se cerrará fácilmente.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
lunes, 16 de febrero de 2015
“¿Elecciones sin votos?”
Un clamor antielectoral comienza a expandirse por todo México. Aquí y allá surgen grupos de activismo anulista o abstencionista...
La caja de Pandora se abrió en Guerrero luego de los hechos de Ayotzinapa y Cocula.
Aparecieron grupos de activistas, intelectuales y ciudadanos en redes sociales declarando la inminente necesidad de cancelar las elecciones en ese estado sumido en una crisis de gobernabilidad similar a la que ha pasado Michoacán.
El clamor antielectoral comienza a expandirse por todo México, aquí y allá surgen grupos de activismo anulista (que proponen voto anulado con una gran cruz), de abstencionistas (que proponen que nadie, pero nadie, se presente a votar).
Los unos y otros argumentan que es indispensable enviar un mensaje claro a los partidos políticos y a sus representantes para asegurarles que la sociedad comprende que ellos y los candidatos que eligen no tienen credibilidad; que los partidos han pulverizado los procesos electorales y con ellos la democracia electoral mexicana. La han transformado en una máquina burocrática que deja pasar corrupción, mentiras y dinero sucio; es un aparato que simula renovación pero en realidad está destartalado.
Las candidaturas independientes son parte de esa simulación, un logro pírrico, como ha dicho uno de sus principales promotores.
Mientras los partidos siguen sumidos en sus dinámicas de repartición de candidaturas reproduciendo los modelos tradicionales de corrupción, nepotismo, amiguismo, reciclaje y fusión de compadrazgos e intereses inconfesables, millones de personas en México expresan su desesperación, enojo, o indignación frente a la capacidad de los líderes partidistas para ignorar la crisis política y social en que ellos mismos han sumido al país. Es un hecho que todos los partidos han elegido candidatos cada vez más ineficientes e ignorantes en aspectos de buen gobierno y respecto a la Seguridad Humana.
Todos eligen a personas que tienen suficiente dinero para hacer campañas y comprar votos pero claramente ignoran los orígenes de sus fortunas. Estratégicamente restan importancia a las hojas de vida de sus candidatos y candidatas. No hay nada nuevo en admitir que los líderes de partidos han creado una dinámica operativa que induce a la putrefacción de los liderazgos, que incita a elegir a los más corruptos, los más envalentonados para mentir y sostener sus mentiras públicamente. Las investigaciones periodísticas y académicas han demostrado plenamente que los partidos han destruido paulatinamente el débil blindaje que alguna vez tuvo el sueño dorado del Instituto Federal Electoral; ese IFE que José Woldemberg sigue defendiendo aunque haya perdido el rumbo y el nombre original. (Alguien debe avisarle a Woldemberg que su hijo democratizador ha muerto, en su lugar hay una parvada de buitres afectos a la sabrosa descomposición de los procesos electorales democráticos, expertos en capitalismo electoral a modo).
Basta entender que ni el voto nulo ni la abstención harán mella a los partidos. Con tener un 5% de votos quedarán salvos. Ellos han puesto las nuevas reglas del opaco juego electoral.
¿Qué hacer entonces? Pues el investigador Edgardo Buscaglia propone una estrategia realista y efectiva: que agrupaciones civiles apartidistas exijan a todos los partidos sin excepción que permitan que un consejo civil multidisciplinario investigue y evalúe a sus precandidatos. Desde los bienes materiales hasta el historial político y familiar, sin dejar atrás el coeficiente intelectual y conocimientos mínimos de tareas de buen gobierno. Un examen de conocimientos, un test psicológico, un ejercicio de transparencia aplicada con instrumentos medibles y comprobables (como los que usa la psicología social en áreas de recursos humanos de las empresas). Con todos los partidos se aplicarían exactamente los mismos instrumentos de medición y transparencia.
Ya Buscaglia planteó esta propuesta a senadores del PRD (que se quedaron mudos). Imaginemos qué sucedería si en verdad un colectivo de mujeres y hombres intelectuales diverso, con credibilidad, creara un modelo de evaluación blindado a la corrupción ¿Qué responderán el PRI, PAN, Morena, PRD, Partido Humanista, PVEM y Nueva Alianza a la exigencia de transparencia? Si quieren que la gente vote, deben admitir que sus elecciones han sido equivocadas.
Si creen que sus candidatos y candidatas son en verdad buenos ¿por qué temerle a la evaluación y transparencia? Después de todo el dinero que usan para sus campañas es el de nuestros impuestos. Las reglas creadas por los que están en la punta de la pirámide política y económica lo han arruinado todo ¿podremos replantear nuevas reglas desde la base cívica? Yo creo que sí, o al menos habremos de intentarlo, aunque nos lleve mucho tiempo y esfuerzo sacar de las boletas a payasos, peloteros, ignorantes, pedófilos, ladrones y miembros de los cárteles.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LYDIA CACHO.
La caja de Pandora se abrió en Guerrero luego de los hechos de Ayotzinapa y Cocula.
Aparecieron grupos de activistas, intelectuales y ciudadanos en redes sociales declarando la inminente necesidad de cancelar las elecciones en ese estado sumido en una crisis de gobernabilidad similar a la que ha pasado Michoacán.
El clamor antielectoral comienza a expandirse por todo México, aquí y allá surgen grupos de activismo anulista (que proponen voto anulado con una gran cruz), de abstencionistas (que proponen que nadie, pero nadie, se presente a votar).
Los unos y otros argumentan que es indispensable enviar un mensaje claro a los partidos políticos y a sus representantes para asegurarles que la sociedad comprende que ellos y los candidatos que eligen no tienen credibilidad; que los partidos han pulverizado los procesos electorales y con ellos la democracia electoral mexicana. La han transformado en una máquina burocrática que deja pasar corrupción, mentiras y dinero sucio; es un aparato que simula renovación pero en realidad está destartalado.
Las candidaturas independientes son parte de esa simulación, un logro pírrico, como ha dicho uno de sus principales promotores.
Mientras los partidos siguen sumidos en sus dinámicas de repartición de candidaturas reproduciendo los modelos tradicionales de corrupción, nepotismo, amiguismo, reciclaje y fusión de compadrazgos e intereses inconfesables, millones de personas en México expresan su desesperación, enojo, o indignación frente a la capacidad de los líderes partidistas para ignorar la crisis política y social en que ellos mismos han sumido al país. Es un hecho que todos los partidos han elegido candidatos cada vez más ineficientes e ignorantes en aspectos de buen gobierno y respecto a la Seguridad Humana.
Todos eligen a personas que tienen suficiente dinero para hacer campañas y comprar votos pero claramente ignoran los orígenes de sus fortunas. Estratégicamente restan importancia a las hojas de vida de sus candidatos y candidatas. No hay nada nuevo en admitir que los líderes de partidos han creado una dinámica operativa que induce a la putrefacción de los liderazgos, que incita a elegir a los más corruptos, los más envalentonados para mentir y sostener sus mentiras públicamente. Las investigaciones periodísticas y académicas han demostrado plenamente que los partidos han destruido paulatinamente el débil blindaje que alguna vez tuvo el sueño dorado del Instituto Federal Electoral; ese IFE que José Woldemberg sigue defendiendo aunque haya perdido el rumbo y el nombre original. (Alguien debe avisarle a Woldemberg que su hijo democratizador ha muerto, en su lugar hay una parvada de buitres afectos a la sabrosa descomposición de los procesos electorales democráticos, expertos en capitalismo electoral a modo).
Basta entender que ni el voto nulo ni la abstención harán mella a los partidos. Con tener un 5% de votos quedarán salvos. Ellos han puesto las nuevas reglas del opaco juego electoral.
¿Qué hacer entonces? Pues el investigador Edgardo Buscaglia propone una estrategia realista y efectiva: que agrupaciones civiles apartidistas exijan a todos los partidos sin excepción que permitan que un consejo civil multidisciplinario investigue y evalúe a sus precandidatos. Desde los bienes materiales hasta el historial político y familiar, sin dejar atrás el coeficiente intelectual y conocimientos mínimos de tareas de buen gobierno. Un examen de conocimientos, un test psicológico, un ejercicio de transparencia aplicada con instrumentos medibles y comprobables (como los que usa la psicología social en áreas de recursos humanos de las empresas). Con todos los partidos se aplicarían exactamente los mismos instrumentos de medición y transparencia.
Ya Buscaglia planteó esta propuesta a senadores del PRD (que se quedaron mudos). Imaginemos qué sucedería si en verdad un colectivo de mujeres y hombres intelectuales diverso, con credibilidad, creara un modelo de evaluación blindado a la corrupción ¿Qué responderán el PRI, PAN, Morena, PRD, Partido Humanista, PVEM y Nueva Alianza a la exigencia de transparencia? Si quieren que la gente vote, deben admitir que sus elecciones han sido equivocadas.
Si creen que sus candidatos y candidatas son en verdad buenos ¿por qué temerle a la evaluación y transparencia? Después de todo el dinero que usan para sus campañas es el de nuestros impuestos. Las reglas creadas por los que están en la punta de la pirámide política y económica lo han arruinado todo ¿podremos replantear nuevas reglas desde la base cívica? Yo creo que sí, o al menos habremos de intentarlo, aunque nos lleve mucho tiempo y esfuerzo sacar de las boletas a payasos, peloteros, ignorantes, pedófilos, ladrones y miembros de los cárteles.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LYDIA CACHO.
Reservar información, por “seguridad nacional”, sirve para tapar corrupción: Meyer
Todavía falta mucho para que el grueso de los ciudadanos asuman como una cosa muy propia el que se les dé información y ellos la usen, expuso el historiador.
Normalmente, aquí y en otros países, el concepto de “seguridad nacional”, usado para reservar información, en la práctica equivale a “seguridad del gobierno”, o incluso “la seguridad del Ejecutivo”; los sujetos obligados se “envuelven” en la “seguridad nacional”, como si a todos nos conviniera que hubiera áreas secretas, expuso Lorenzo Meyer.
En la Mesa Política de Noticias MVS, el historiador abundó que el concepto se ha usado para “tapar un montón de corruptelas, y sobre todo abusos del poder”.
“Entre más restrinjamos este concepto, mejor para la mayoría; entre más amplio se quede, mejor para los intereses de los pocos que están a cargo del gobierno y del Estado”, dijo, en referencia a la ley en materia de transparencia, que se discute en el Senado.
“Los intereses que se cobijan bajo el concepto de seguridad nacional son intereses de personas muy concretas”, agregó.
Actualmente, sostuvo, “nuestra obligación es señalar el peligro” porque la “información es poder”. “De ahí todos los gobiernos intenten restringir el acceso a la información”, resaltó.
Recordó que en la historia de México se puede notar cómo se distorsionaba buena parte de la información. “Así que el tema se puede ver casi como una guerra: la guerra de la información es la guerra por unas parcelas enormes de poder”, refirió.
Meyer aseveró que el PRI y el Partido Verde pueden impulsar nuevas restricciones en la ley, para acceder a la información gubernamental. Con ello, avanzaríamos lo menos posible, y nos pareceríamos cada vez más “a lo que éramos y no a lo que deberíamos ser“.
VÍDEO:
FUENTE: ARITEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Normalmente, aquí y en otros países, el concepto de “seguridad nacional”, usado para reservar información, en la práctica equivale a “seguridad del gobierno”, o incluso “la seguridad del Ejecutivo”; los sujetos obligados se “envuelven” en la “seguridad nacional”, como si a todos nos conviniera que hubiera áreas secretas, expuso Lorenzo Meyer.
En la Mesa Política de Noticias MVS, el historiador abundó que el concepto se ha usado para “tapar un montón de corruptelas, y sobre todo abusos del poder”.
“Entre más restrinjamos este concepto, mejor para la mayoría; entre más amplio se quede, mejor para los intereses de los pocos que están a cargo del gobierno y del Estado”, dijo, en referencia a la ley en materia de transparencia, que se discute en el Senado.
“Los intereses que se cobijan bajo el concepto de seguridad nacional son intereses de personas muy concretas”, agregó.
Actualmente, sostuvo, “nuestra obligación es señalar el peligro” porque la “información es poder”. “De ahí todos los gobiernos intenten restringir el acceso a la información”, resaltó.
Recordó que en la historia de México se puede notar cómo se distorsionaba buena parte de la información. “Así que el tema se puede ver casi como una guerra: la guerra de la información es la guerra por unas parcelas enormes de poder”, refirió.
Meyer aseveró que el PRI y el Partido Verde pueden impulsar nuevas restricciones en la ley, para acceder a la información gubernamental. Con ello, avanzaríamos lo menos posible, y nos pareceríamos cada vez más “a lo que éramos y no a lo que deberíamos ser“.
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FUENTE: ARITEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Que no nos arrebaten la “joya de la corona” en materia de transparencia: Denise Dresser
Hay que prender los focos rojos, sostuvo la politóloga, ante la discusión de la ley de transparencia.
La reforma constitucional que se aprobó el año pasado buscaba ampliar las fronteras del acceso de los ciudadanos a la información; esa reforma y la propia creación del Ifai se había vuelto la joya de la corona, una de las pocas cosas que podíamos presumir como un gran logro de la transición, y un logro pactado entre todos los partidos, que ampliaba las libertades y sobre todo los derechos ciudadanos, así como las herramientas para obtener información, que es suya, les corresponde, indicó Denise Dresser.
En la Mesa Política de Noticias MVS primera emisión, consideró que lo que ha ocurrido en las últimas semanas es “muy grave”, porque una coalición del PRI-Partido Verde y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República están intentando cambiar el Ifai, y la ley general de transparencia, “que es la joya de la corona”, por espejitos.
“Espejitos que nos venden como un avance, cuando en realidad significan un retroceso muy importante. De hecho ni siquiera hay un documento formal que se haya presentado. Circulan diferentes versiones de lo que el PRI, el Partido Verde y la Presidencia están intentando hacer, entonces, es difícil incluso para los organismos civiles tener acceso a lo que están planteando furtivamente, a sus espaldas, hacer los partidos”, señaló.
Se trata de cambios graves porque trazan una ruta contraria a buenas prácticas a las buenas prácticas establecidas a nivel internacional y contenidas a nivel constitucional, puntualizó la doctora.
“Tendrían un efecto regresivo en el ejercicio al derecho a la transparencia que tienen los ciudadanos”, sostuvo.
Por ejemplo, se busca eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para reservar información; o que la ley en materia de transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes, con lo que se subordinaría a otras disposiciones.
“Es lo que siempre nos pasa: firmamos tratados y luego esos tratados quedan subordinado a leyes nacionales con las cuales se debilita el contenido original”, expuso.
También, se busca excluir a ciertas instituciones de la ley de transparencia, en particular a Pemex y la CFE, “lo cual sería gravísimo… en el momento en el que se abre el sector energético a la inversión privada, donde más transparencia debería haber, a la forma en la cual se licita, cómo se ganan los contratos, quiénes participan; además en dos instituciones que traen arrastrando una larga historia de irregularidades y de corrupción”.
Dresser agregó que en la ley -según la propuesta del PRI-PVEM y la Consejería de la República- se busca ampliar los plazos de reserva de información.
“Si ya teníamos un problema de que la información estaba reservada 10 años, en casos de supuesta seguridad nacional… ahora si se amplian los plazos va a ser una generación en la que nos vamos a quedar sin información que es nuestra”, comentó.
Incluso, se busca eliminar obligaciones de transparencia, como eliminar la obligación de que funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales.
En suma, las modificaciones que se pretenden, “constituyen un grave retroceso”, por lo que “hay que prender todos los focos rojos”, involucrar a todas las organizaciones de la sociedad civil, y elevar el costo político para el PRI, el Partido Verde, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, de que lleven a cabo esas acciones que están sugiriendo, en lo oscurito, “y prevenir que nos arrebaten la joya de la corona y que a cambio nos entreguen espejitos de plástico, además sugiriendo que esto constituye un avance, cuando en realidad no lo es”.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La reforma constitucional que se aprobó el año pasado buscaba ampliar las fronteras del acceso de los ciudadanos a la información; esa reforma y la propia creación del Ifai se había vuelto la joya de la corona, una de las pocas cosas que podíamos presumir como un gran logro de la transición, y un logro pactado entre todos los partidos, que ampliaba las libertades y sobre todo los derechos ciudadanos, así como las herramientas para obtener información, que es suya, les corresponde, indicó Denise Dresser.
En la Mesa Política de Noticias MVS primera emisión, consideró que lo que ha ocurrido en las últimas semanas es “muy grave”, porque una coalición del PRI-Partido Verde y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República están intentando cambiar el Ifai, y la ley general de transparencia, “que es la joya de la corona”, por espejitos.
“Espejitos que nos venden como un avance, cuando en realidad significan un retroceso muy importante. De hecho ni siquiera hay un documento formal que se haya presentado. Circulan diferentes versiones de lo que el PRI, el Partido Verde y la Presidencia están intentando hacer, entonces, es difícil incluso para los organismos civiles tener acceso a lo que están planteando furtivamente, a sus espaldas, hacer los partidos”, señaló.
Se trata de cambios graves porque trazan una ruta contraria a buenas prácticas a las buenas prácticas establecidas a nivel internacional y contenidas a nivel constitucional, puntualizó la doctora.
“Tendrían un efecto regresivo en el ejercicio al derecho a la transparencia que tienen los ciudadanos”, sostuvo.
Por ejemplo, se busca eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para reservar información; o que la ley en materia de transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes, con lo que se subordinaría a otras disposiciones.
“Es lo que siempre nos pasa: firmamos tratados y luego esos tratados quedan subordinado a leyes nacionales con las cuales se debilita el contenido original”, expuso.
También, se busca excluir a ciertas instituciones de la ley de transparencia, en particular a Pemex y la CFE, “lo cual sería gravísimo… en el momento en el que se abre el sector energético a la inversión privada, donde más transparencia debería haber, a la forma en la cual se licita, cómo se ganan los contratos, quiénes participan; además en dos instituciones que traen arrastrando una larga historia de irregularidades y de corrupción”.
Dresser agregó que en la ley -según la propuesta del PRI-PVEM y la Consejería de la República- se busca ampliar los plazos de reserva de información.
“Si ya teníamos un problema de que la información estaba reservada 10 años, en casos de supuesta seguridad nacional… ahora si se amplian los plazos va a ser una generación en la que nos vamos a quedar sin información que es nuestra”, comentó.
Incluso, se busca eliminar obligaciones de transparencia, como eliminar la obligación de que funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales.
En suma, las modificaciones que se pretenden, “constituyen un grave retroceso”, por lo que “hay que prender todos los focos rojos”, involucrar a todas las organizaciones de la sociedad civil, y elevar el costo político para el PRI, el Partido Verde, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, de que lleven a cabo esas acciones que están sugiriendo, en lo oscurito, “y prevenir que nos arrebaten la joya de la corona y que a cambio nos entreguen espejitos de plástico, además sugiriendo que esto constituye un avance, cuando en realidad no lo es”.
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AUTOR: REDACCIÓN.
Recomendaciones de la ONU sobre desapariciones forzadas tienen inexactitudes: SRE
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, aseguró que las recomendaciones de la ONU ya son prácticas que realiza el gobierno mexicano.
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, consideró que hubo inexactitudes en la respuesta que dio el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas al informe que México le presentó.
Abundó que las recomendaciones que emitió el organismo internacional coinciden con las acciones que el país le informó y que lleva a cabo en esta materia.
“Se considera que hubo algunas inexactitudes en el reporte en que realizaba el comité, algunos elementos que hacen pensar que la revisión no fue todo lo exhaustiva que debió haber sido”, manifestó el funcionario al término de la inauguración del foro “México en el mundo. Diagnóstico y perspectivas de las relaciones internacionales”.
“Algunos elementos que nosotros informamos ya habíamos incorporado a nuestro marco jurídico son incluidos ahora como recomendaciones de cosas pendientes por hacer, siendo que México ya las había venido realizando”, comentó.
El titular de la SRE expresó que México siempre está en la disposición de cooperar y que se prevé esa colaboración sea seria y objetiva, como lo es la participación del país y la seriedad con la cual toma esos ejercicios.
Explicó que ese organismo del Sistema de la Organización de Naciones Unidas funciona diferente que el examen periódico universal que se hace también ante el Comité de Derechos Humanos vinculado con la ONU.
Recordó que cuando se comparece ante esa instancia, se presentan recomendaciones respecto a las cuales el gobierno mexicano da una respuesta puntual.
En este caso la mecánica es diferente, pues el gobierno mexicano presentó un informe y el comité hizo recomendaciones, pero no se contempló la figura de la respuesta.
Esta es la segunda ocasión en que el gobierno federal se manifiesta sobre las recomendaciones hechas por el Comité contra Desaparición Forzada de la ONU.
El pasado 13 de febrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la SRE indicaron que “las recomendaciones de la ONU no reflejan adecuadamente la información presentada por México en materia de desaparición forzada”
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU divulgó sus conclusiones sobre el reciente examen a México, que señala que “la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México”.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, indica la organización en su informe.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, consideró que hubo inexactitudes en la respuesta que dio el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas al informe que México le presentó.
Abundó que las recomendaciones que emitió el organismo internacional coinciden con las acciones que el país le informó y que lleva a cabo en esta materia.
“Se considera que hubo algunas inexactitudes en el reporte en que realizaba el comité, algunos elementos que hacen pensar que la revisión no fue todo lo exhaustiva que debió haber sido”, manifestó el funcionario al término de la inauguración del foro “México en el mundo. Diagnóstico y perspectivas de las relaciones internacionales”.
“Algunos elementos que nosotros informamos ya habíamos incorporado a nuestro marco jurídico son incluidos ahora como recomendaciones de cosas pendientes por hacer, siendo que México ya las había venido realizando”, comentó.
El titular de la SRE expresó que México siempre está en la disposición de cooperar y que se prevé esa colaboración sea seria y objetiva, como lo es la participación del país y la seriedad con la cual toma esos ejercicios.
Explicó que ese organismo del Sistema de la Organización de Naciones Unidas funciona diferente que el examen periódico universal que se hace también ante el Comité de Derechos Humanos vinculado con la ONU.
Recordó que cuando se comparece ante esa instancia, se presentan recomendaciones respecto a las cuales el gobierno mexicano da una respuesta puntual.
En este caso la mecánica es diferente, pues el gobierno mexicano presentó un informe y el comité hizo recomendaciones, pero no se contempló la figura de la respuesta.
Esta es la segunda ocasión en que el gobierno federal se manifiesta sobre las recomendaciones hechas por el Comité contra Desaparición Forzada de la ONU.
El pasado 13 de febrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la SRE indicaron que “las recomendaciones de la ONU no reflejan adecuadamente la información presentada por México en materia de desaparición forzada”
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU divulgó sus conclusiones sobre el reciente examen a México, que señala que “la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México”.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, indica la organización en su informe.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El hijo de Ángel Aguirre ya no buscará gobernar Acapulco, según Jesús Zambrano
El ex presidente nacional del PRD dijo que Aguirre Herrera desistió en su aspiración de gobernar en ese municipio, adonde hace poco llegaron fuerzas federales para realizar labores de seguridad.
En medio de la investigación a sus familiares por el presunto desvío de más de 287 millones de pesos, el hijo del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Herrera, desistió de su intento de convertirse en el nuevo alcalde de Acapulco, dijo este lunes 16 de febrero el expresidente del PRD, Jesús Zambrano.
“Sé que ya declinó seguir adelante (…) Hubiera sido un desacierto personal y político“, explicó Zambrano en entrevista telefónica con la periodista Adela Micha esta mañana.
La declaración del ex presidente nacional del PRD ocurre un día después de que el Consejo Estatal de ese partido eligiera a Beatriz Mojica –cercana a Ángel Aguirre Rivero– como la candidata a la gubernatura para las elecciones del próximo 7 de junio.
Asimismo, este domingo en el DF, el Partido de la Revolución Democrática eligió candidatos para diputaciones por vía plurinominal para las elecciones de junio próximo, el Consejo General determinó dejar fuera al ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, y al dirigente de Izquierda Democrática Nacional, René Bejarano.
Al respecto, Zambrano dijo que “la corriente interna a la que pertenece Marcelo (Ebrard) no le alcanzaba para una sola candidatura (…) Si hubiéramos incorporado a Marcelo ya me imagino los titulares (…) igual habría sucedido con Bejarano”.
Por el caso del presunto desvío de recursos en Guerrero, al menos 18 colaboradores y familiares de Ángel Aguirre están siendo investigados; además hay 9 personas detenidas –entre ellas su hermano y sobrino–.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), las elecciones de este año son de las más complejas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En medio de la investigación a sus familiares por el presunto desvío de más de 287 millones de pesos, el hijo del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Herrera, desistió de su intento de convertirse en el nuevo alcalde de Acapulco, dijo este lunes 16 de febrero el expresidente del PRD, Jesús Zambrano.
“Sé que ya declinó seguir adelante (…) Hubiera sido un desacierto personal y político“, explicó Zambrano en entrevista telefónica con la periodista Adela Micha esta mañana.
La declaración del ex presidente nacional del PRD ocurre un día después de que el Consejo Estatal de ese partido eligiera a Beatriz Mojica –cercana a Ángel Aguirre Rivero– como la candidata a la gubernatura para las elecciones del próximo 7 de junio.
Asimismo, este domingo en el DF, el Partido de la Revolución Democrática eligió candidatos para diputaciones por vía plurinominal para las elecciones de junio próximo, el Consejo General determinó dejar fuera al ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, y al dirigente de Izquierda Democrática Nacional, René Bejarano.
Al respecto, Zambrano dijo que “la corriente interna a la que pertenece Marcelo (Ebrard) no le alcanzaba para una sola candidatura (…) Si hubiéramos incorporado a Marcelo ya me imagino los titulares (…) igual habría sucedido con Bejarano”.
Por el caso del presunto desvío de recursos en Guerrero, al menos 18 colaboradores y familiares de Ángel Aguirre están siendo investigados; además hay 9 personas detenidas –entre ellas su hermano y sobrino–.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), las elecciones de este año son de las más complejas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
10 recomendaciones del Ifai a la Ley de Transparencia, que discute el Senado (documento)
Los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se reunirán este lunes 16 con los coordinadores parlamentarios del Senado, y retomarán los 10 puntos.
El Ifai envió al Senado sus observaciones al proyecto de la Ley General de Transparencia.
Se trata de diez puntos que los comisionados consideran irreductibles, porque su modificación podría implicar un retroceso en la materia.
El instituto rechaza establecer sanciones a los organismos en materia de transparencia, pues “inhibe la función constitucional que tienen encomendada en perjuicio de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información”. Entre los 10 planteamientos también destacan:
- La permanencia de la cláusula interpretativa prima facie en los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, para que no estén condicionadas a un pronunciamiento previo de la autoridad competente.
- Que las causas para la reserva de información por seguridad nacional o estabilidad financiera sean muy precisos.
-No imponer sanciones a organismos en materia de transparencia.
-Que los sujetos obligados, cuando pretendan reservar información, realicen la prueba de daño, como mecanismo argumentativo.
Diez Puntos by Aristegui Noticias
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Ifai envió al Senado sus observaciones al proyecto de la Ley General de Transparencia.
Se trata de diez puntos que los comisionados consideran irreductibles, porque su modificación podría implicar un retroceso en la materia.
El instituto rechaza establecer sanciones a los organismos en materia de transparencia, pues “inhibe la función constitucional que tienen encomendada en perjuicio de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información”. Entre los 10 planteamientos también destacan:
- La permanencia de la cláusula interpretativa prima facie en los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, para que no estén condicionadas a un pronunciamiento previo de la autoridad competente.
- Que las causas para la reserva de información por seguridad nacional o estabilidad financiera sean muy precisos.
-No imponer sanciones a organismos en materia de transparencia.
-Que los sujetos obligados, cuando pretendan reservar información, realicen la prueba de daño, como mecanismo argumentativo.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Residencias de lujo de Gordillo en San Diego, bajo investigación
Ante la inacción de la PGR hay fuertes indicios de que alguien se "adueñó" de la mansión.
Entre los excesos que mejor exhiben la corrupción de Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, destaca una residencia de lujo ubicada en 23 Green Turtle Road, en una exclusiva Marina residencial en Coronado Cays, California. En ella, Gordillo vivió como reina entre lujos y asistentes que le cargaban el celular hasta en el gimnasio. Daba órdenes altisonantes por control remoto. Más que lideresa sindical parecía dueña del sindicato.
A casi dos años de su arresto, me hice a la tarea de investigar cual es el estado que guardan las dos residencias de lujo de Gordillo en Coronado Cays, que presuntamente fueron adquiridas con recursos del SNTE. Comparto con el auditorio del MVS 1ra emisión los resultados de esta investigación.
En 2013, el valor de la mansión –que cuenta con 6 recamaras y 7 baños, un muelle privado para barcos motorizados, alberca, dos cocheras y un amplio jardín– era de $4.8 millones de dólares. Hoy el portal inmobiliario Zillow lo estima en $5.6 millones de dólares.
Nominalmente, el propietario de la casa es Comercializadora TTS S.A. de C.V., una empresa mexicana pantalla propiedad de Zoila Estela Morales Ochoa, la difunta madre de Gordillo.
Comercializadora también es dueña de una segunda residencia en 1 Green Turtle Rd de $4.4 millones de dólares, que habitaba la hija de Gordillo, Maricruz Montelongo, casada con Fernando González Sánchez, acusado de ser cómplice de su suegra en actos de corrupción. El valor de los dos inmuebles ronda en los $10 millones de dólares.
El 26 de febrero de 2013, la dirigente del SNTE fue detenida en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, por presunto desvio de dos mil 600 millones de pesos de fondos del magisterio para su uso personal.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Republica, esos fondos fueron utilizados presuntamente para cubrir gastos personales como cirugías estéticas, compras en tiendas de lujo en Estados Unidos y adquisición de propiedades inmobiliarias.
Derivado de su detención, agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Interna catearon y “aseguraron” la casa en 23 Green Turtle Rd. Lauren Mack, vocera de ICE en San Diego, confirmó la ejecución del cateo a petición del gobierno de México.
Mack subrayó que la investigación sobre las casas está abierta y que ICE colabora en ella.
“Podemos confirmar que estamos ayudando a los mexicanos y que la PGR es la agencia con la que estamos trabajando. Confirmo que ejecutamos una orden de cateo después de que tomó lugar el arresto en México y eso fue para asistir al gobierno mexicano.
En este momento la investigación aun sigue y esa investigación está siendo manejada por nuestra unidad de fraude financiero relacionada por presunto lavado de dinero.
Confirmo que aseguramos la propiedad lo que quiere decir que cerramos las puertas con llave después de que nos fuimos”, señaló Mack.
Riesgo de embargo
Al finalizar febrero, 23 Green Turtle Rd tendrá un saldo moroso de $132,085 por concepto de impuestos sobre la propiedad correspondientes a los años 2012 y 2013 y 2014, según la Oficina del Registro del Condado de San Diego.
Por su parte, 1 Green Turtle Rd, deberá $84,107 dólares también por los últimos tres años. Total por las dos residencias: $216,192 dólares.
Jeffrey Olson, funcionario de la Oficina del Registro del Condado de San Diego, corroboró la morosidad. “Estoy viendo los records de 23 Green Turtle Road y parece que los impuestos se pagaron en 2011, pero no se pagaron en 2012 o 2013 o 2014. El último pago de impuestos sobre la propiedad fue recibido en mayo de 2012. Aquí en California, los impuestos sobre la propiedad se pagan dos veces al año, en diciembre y abril. Y no recibimos pagos por el año 12-13, el año 13-14 y no hemos recibido el primer pago de 14-15″.
Bajo las leyes del estado de California, los inmuebles pueden ser embargados por el Servicio de Recaudación de Impuestos Prediales del Condado de San Diego después de 5 años de morosidad, plazo que se cumplirá el año próximo.
¿Quién se apropió de 23 Green turtle Road?
El encarcelamiento de Gordillo haría suponer que su mansión está desocupada a la espera de una definición jurídica. Sin embargo, hay fuertes indicios de que no es así.
Nick Arthur, gerente de la Asociación de Propietarios de Casas de Coronado Cays, con la que Gordillo tiene una deuda vencida de hasta 8 mil dólares, me dijo que “hasta lo que sabe” la casa no está habitada. Pero, matizó: “No se si hay gente que se meta por las noches”.
Tres vecinos localizados telefónicamente que pidieron no ser identificados me dijeron que han visto que hay actividad en la casa. Uno de los vecinos comentó: “Veo a gente entrar y salir esporádicamente. Pero no quiero involucrarme. Es un vecindario muy privado. Todo mundo aquí es muy reservado”. El segundo vecino dijo que la casa está “sellada” y que “no conoció a esa mujer”. Otro más señaló que la casa no está en venta y que el “cuidado del jardín es esporádico”.
En tres visitas celebradas a lo largo de las últimas semanas, fue posible apreciar que 23 Green Turtle Rd sufrió una transformación. En la primera visita, el jardín estaba descuidado con ramas de palmas secas en la entrada. En la última visita, el pasto luce reverdecido con flores recién sembradas.
Otro indicio de vida es la acumulación de basura. En la primera visita solo había un bote de basura, mientras que en la última visita eran siete bolsas repletas.
Otra señal de vida es que la electricidad y el servicio postal no han sido suspendidos. En el contenedor de basura reciclada en el exterior de la casa fue posible observar un ofrecimiento para una tarjeta de crédito del banco Chase Freedom dirigido a “Ms. Elba E. Morales”; una oferta de servicio de fumigación para Fernando González, yerno de Gordillo; y un tercer sobre con Maricruz Montelongo, hija de Gordillo, como destinataria.
Finalmente, al interior de la cochera hay una cama matrimonial con sabanas nuevas color pistacho y un beliz abierto sobre ella con ropa limpia.
Gordillo no tiene cargos en EU, pese a que compró las dos residencias con fondos presuntamente desviados del sindicato.
Hay varias preguntas obligadas: ¿Quien o quienes se han adueñado de la residencia de Gordillo producto de la corrupción? ¿Por qué la PGR no ha pedido a las autoridades estadounidenses sellar las dos casas? ¿Por qué la PGR no ha iniciado el embargo de las dos casas para subastarlas? ¿Por qué no hay urgencia en recuperar los 10 millones de dólares desfalcados al SNTE y repatriarlos a México?
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Entre los excesos que mejor exhiben la corrupción de Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, destaca una residencia de lujo ubicada en 23 Green Turtle Road, en una exclusiva Marina residencial en Coronado Cays, California. En ella, Gordillo vivió como reina entre lujos y asistentes que le cargaban el celular hasta en el gimnasio. Daba órdenes altisonantes por control remoto. Más que lideresa sindical parecía dueña del sindicato.
A casi dos años de su arresto, me hice a la tarea de investigar cual es el estado que guardan las dos residencias de lujo de Gordillo en Coronado Cays, que presuntamente fueron adquiridas con recursos del SNTE. Comparto con el auditorio del MVS 1ra emisión los resultados de esta investigación.
En 2013, el valor de la mansión –que cuenta con 6 recamaras y 7 baños, un muelle privado para barcos motorizados, alberca, dos cocheras y un amplio jardín– era de $4.8 millones de dólares. Hoy el portal inmobiliario Zillow lo estima en $5.6 millones de dólares.
Nominalmente, el propietario de la casa es Comercializadora TTS S.A. de C.V., una empresa mexicana pantalla propiedad de Zoila Estela Morales Ochoa, la difunta madre de Gordillo.
Comercializadora también es dueña de una segunda residencia en 1 Green Turtle Rd de $4.4 millones de dólares, que habitaba la hija de Gordillo, Maricruz Montelongo, casada con Fernando González Sánchez, acusado de ser cómplice de su suegra en actos de corrupción. El valor de los dos inmuebles ronda en los $10 millones de dólares.
El 26 de febrero de 2013, la dirigente del SNTE fue detenida en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, por presunto desvio de dos mil 600 millones de pesos de fondos del magisterio para su uso personal.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Republica, esos fondos fueron utilizados presuntamente para cubrir gastos personales como cirugías estéticas, compras en tiendas de lujo en Estados Unidos y adquisición de propiedades inmobiliarias.
Derivado de su detención, agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Interna catearon y “aseguraron” la casa en 23 Green Turtle Rd. Lauren Mack, vocera de ICE en San Diego, confirmó la ejecución del cateo a petición del gobierno de México.
Mack subrayó que la investigación sobre las casas está abierta y que ICE colabora en ella.
“Podemos confirmar que estamos ayudando a los mexicanos y que la PGR es la agencia con la que estamos trabajando. Confirmo que ejecutamos una orden de cateo después de que tomó lugar el arresto en México y eso fue para asistir al gobierno mexicano.
En este momento la investigación aun sigue y esa investigación está siendo manejada por nuestra unidad de fraude financiero relacionada por presunto lavado de dinero.
Confirmo que aseguramos la propiedad lo que quiere decir que cerramos las puertas con llave después de que nos fuimos”, señaló Mack.
Riesgo de embargo
Al finalizar febrero, 23 Green Turtle Rd tendrá un saldo moroso de $132,085 por concepto de impuestos sobre la propiedad correspondientes a los años 2012 y 2013 y 2014, según la Oficina del Registro del Condado de San Diego.
Por su parte, 1 Green Turtle Rd, deberá $84,107 dólares también por los últimos tres años. Total por las dos residencias: $216,192 dólares.
Jeffrey Olson, funcionario de la Oficina del Registro del Condado de San Diego, corroboró la morosidad. “Estoy viendo los records de 23 Green Turtle Road y parece que los impuestos se pagaron en 2011, pero no se pagaron en 2012 o 2013 o 2014. El último pago de impuestos sobre la propiedad fue recibido en mayo de 2012. Aquí en California, los impuestos sobre la propiedad se pagan dos veces al año, en diciembre y abril. Y no recibimos pagos por el año 12-13, el año 13-14 y no hemos recibido el primer pago de 14-15″.
Bajo las leyes del estado de California, los inmuebles pueden ser embargados por el Servicio de Recaudación de Impuestos Prediales del Condado de San Diego después de 5 años de morosidad, plazo que se cumplirá el año próximo.
¿Quién se apropió de 23 Green turtle Road?
El encarcelamiento de Gordillo haría suponer que su mansión está desocupada a la espera de una definición jurídica. Sin embargo, hay fuertes indicios de que no es así.
Nick Arthur, gerente de la Asociación de Propietarios de Casas de Coronado Cays, con la que Gordillo tiene una deuda vencida de hasta 8 mil dólares, me dijo que “hasta lo que sabe” la casa no está habitada. Pero, matizó: “No se si hay gente que se meta por las noches”.
Tres vecinos localizados telefónicamente que pidieron no ser identificados me dijeron que han visto que hay actividad en la casa. Uno de los vecinos comentó: “Veo a gente entrar y salir esporádicamente. Pero no quiero involucrarme. Es un vecindario muy privado. Todo mundo aquí es muy reservado”. El segundo vecino dijo que la casa está “sellada” y que “no conoció a esa mujer”. Otro más señaló que la casa no está en venta y que el “cuidado del jardín es esporádico”.
En tres visitas celebradas a lo largo de las últimas semanas, fue posible apreciar que 23 Green Turtle Rd sufrió una transformación. En la primera visita, el jardín estaba descuidado con ramas de palmas secas en la entrada. En la última visita, el pasto luce reverdecido con flores recién sembradas.
Otro indicio de vida es la acumulación de basura. En la primera visita solo había un bote de basura, mientras que en la última visita eran siete bolsas repletas.
Otra señal de vida es que la electricidad y el servicio postal no han sido suspendidos. En el contenedor de basura reciclada en el exterior de la casa fue posible observar un ofrecimiento para una tarjeta de crédito del banco Chase Freedom dirigido a “Ms. Elba E. Morales”; una oferta de servicio de fumigación para Fernando González, yerno de Gordillo; y un tercer sobre con Maricruz Montelongo, hija de Gordillo, como destinataria.
Finalmente, al interior de la cochera hay una cama matrimonial con sabanas nuevas color pistacho y un beliz abierto sobre ella con ropa limpia.
Gordillo no tiene cargos en EU, pese a que compró las dos residencias con fondos presuntamente desviados del sindicato.
Hay varias preguntas obligadas: ¿Quien o quienes se han adueñado de la residencia de Gordillo producto de la corrupción? ¿Por qué la PGR no ha pedido a las autoridades estadounidenses sellar las dos casas? ¿Por qué la PGR no ha iniciado el embargo de las dos casas para subastarlas? ¿Por qué no hay urgencia en recuperar los 10 millones de dólares desfalcados al SNTE y repatriarlos a México?
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Al PRI no le importaron los padres de guardería ABC: Claudia Pavlovich candidata a gubernatura de Sonora
Esto la convierte en la contrincante directa del opositor por el Partido Acción Nacional (PAN) Javier Gándara Magaña, mismo que ganó su candidatura de manera contundente ante los adversarios de su partido.
Pavlovich se comprometió al desarrollo de una campaña con el toque femenino, buscando lograr un proyecto honesto a la altura de los reclamos ciudadanos.
De cualquier forma la ciudadanía espera que no haya olvidado los reclamos en torno al caso, aún no resuelto, de la guardería ABC.
Frente a 13 mil delegados expresó un comentario, que podría ser no muy bien recibido por los padres de los infantes fallecidos en la guardería ABC: “Estas manos han mecido cunas, pero también han hecho leyes, cuento con estas manos que han abrazado a mis hijas, pero también han dirigido al priismo sonorense”.
Para constatar y avalar la candidatura de Pavlovich se expidió una constancia de mayoría por la Comisión de Procesos Internos del CDE del PRI, dirigido por Ricardo García Sánchez, ante el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso de la Unión, Manlio Fabio Beltrones.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Corrupción y dos tornillos rotos causaron la explosión en hospital de Cuajimalpa
El procurador de justicia del DF dijo que el autotanque de la pipa era inseguro por el sistema de trasiego alterado de gas.
La explosión en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa fue causada por una alteración al medidor que controla el suministro de gas, la cual se realizó para entregar menos combustible del que se cobraba, así como un mantenimiento defectuoso del autotanque, concluyeron autoridades este lunes 16 de febrero.
En una conferencia de prensa, el procurador de justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, informó que –con base en los peritajes– se concluyó que “hubo una fuga en el autotanque por la fractura de dos tornillos en sistema de trasiego“, el cual fue alterado y por lo que se procederá en contra de la empresa propietaria de la pipa, Gas Express Nieto.
El funcionario local detalló que las imputaciones en contra de las personas que sean responsables serán por los delitos de homocidio, lesiones y daños a la propiedad culposos.
Asimismo, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, informó que este lunes inició un proceso administrativo sancionados en contra de la empresa para revocar el permiso de distribución de la planta Tláhuac, a la cual estaba adscrita la pipa que explotó el 29 de enero pasado.
Además, el funcionario federal dijo que hay una multa en contra de la compañía por 42 millones 60 mil pesos.
Por el hecho, cinco personas han muerto, tres adultos y dos bebés. El 6 de febrero pasado falleció Jorge Tinoco, de 27 años, un camillero que ayudó a evacuar menores que estaban en el hospital; el martes 3 de febrero murió la enfermera Mónica Orta Ramírez, quien también rescató a un bebé que estaba en el hospital.
Horas después de la explosión, Gas Express Nieto emitió un comunicado en el que informó que cumple con la normatividad que exigen las autoridades, por lo que cuenta con una poliza de seguro de responsabilidad civil.
“Gas Express Nieto cumple con la normatividad exigida por las autoridades,incluyendo la póliza de seguros de responsabilidad civil”, indicó la empresa.
En el último reporte médico oficial, el secretario de Salud del DF, Armando Ahued, informó que aún hay 14 personas hospitalizadas: cinco adultos y nueve recién nacidos, de los cuales cuatro están graves.
El 3 de febrero pasado, la Procuraduría General de Justicia del DF informó que la causa de la explosión fue una falla en la pipa.
“Ya se realizaron diversos dictámenes que constan en la carpeta de investigación, los que preliminarmente señalan que la fuga se da en el sistema de trasiego de la propia pipa, en la válvula de purga que está pegada al recipiente”, indicó en ese momento Ríos Garza.
Asimismo, Gas Express Nieto tiene 167 juicios abiertos ante la Procuraduría Federal del Consumidor y multas por 20 millones de pesos y suma 20 millones de pesos en multas, informó la titular de la Profeco, Lorena Martínez.
Explicó que Gas Express Nieto tiene abiertos los juicios por negarse a que se efectuaran varias verificaciones en áreas como servicio al cliente, calidad en la atención y cantidad de los suministros.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La explosión en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa fue causada por una alteración al medidor que controla el suministro de gas, la cual se realizó para entregar menos combustible del que se cobraba, así como un mantenimiento defectuoso del autotanque, concluyeron autoridades este lunes 16 de febrero.
En una conferencia de prensa, el procurador de justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, informó que –con base en los peritajes– se concluyó que “hubo una fuga en el autotanque por la fractura de dos tornillos en sistema de trasiego“, el cual fue alterado y por lo que se procederá en contra de la empresa propietaria de la pipa, Gas Express Nieto.
El funcionario local detalló que las imputaciones en contra de las personas que sean responsables serán por los delitos de homocidio, lesiones y daños a la propiedad culposos.
Asimismo, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, informó que este lunes inició un proceso administrativo sancionados en contra de la empresa para revocar el permiso de distribución de la planta Tláhuac, a la cual estaba adscrita la pipa que explotó el 29 de enero pasado.
Además, el funcionario federal dijo que hay una multa en contra de la compañía por 42 millones 60 mil pesos.
Por el hecho, cinco personas han muerto, tres adultos y dos bebés. El 6 de febrero pasado falleció Jorge Tinoco, de 27 años, un camillero que ayudó a evacuar menores que estaban en el hospital; el martes 3 de febrero murió la enfermera Mónica Orta Ramírez, quien también rescató a un bebé que estaba en el hospital.
Horas después de la explosión, Gas Express Nieto emitió un comunicado en el que informó que cumple con la normatividad que exigen las autoridades, por lo que cuenta con una poliza de seguro de responsabilidad civil.
“Gas Express Nieto cumple con la normatividad exigida por las autoridades,incluyendo la póliza de seguros de responsabilidad civil”, indicó la empresa.
En el último reporte médico oficial, el secretario de Salud del DF, Armando Ahued, informó que aún hay 14 personas hospitalizadas: cinco adultos y nueve recién nacidos, de los cuales cuatro están graves.
El 3 de febrero pasado, la Procuraduría General de Justicia del DF informó que la causa de la explosión fue una falla en la pipa.
“Ya se realizaron diversos dictámenes que constan en la carpeta de investigación, los que preliminarmente señalan que la fuga se da en el sistema de trasiego de la propia pipa, en la válvula de purga que está pegada al recipiente”, indicó en ese momento Ríos Garza.
Asimismo, Gas Express Nieto tiene 167 juicios abiertos ante la Procuraduría Federal del Consumidor y multas por 20 millones de pesos y suma 20 millones de pesos en multas, informó la titular de la Profeco, Lorena Martínez.
Explicó que Gas Express Nieto tiene abiertos los juicios por negarse a que se efectuaran varias verificaciones en áreas como servicio al cliente, calidad en la atención y cantidad de los suministros.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Recortan presupuesto del programa nacional para prevenir la violencia y delincuencia
El presupuesto para este año tendrá un ajuste de 26%, señaló el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, quien agregó que ya trabaja con los estados para reducir el impacto.
El programa nacional de Prevención de la Violencia y Delincuencia de la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá un recorte en su presupuesto para este año, informó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, quien dijo que el recorte sería de alrededor de 26% derivado del ajuste en el gasto del gobierno federal.
“En principio se ha manejado una cifra importante, un 26%; sin embargo, estamos revisando con Hacienda y Oficialía Mayor de Gobernación los números y yo confío en que al final del año vamos a tener un recorte menor”, dijo.
En caso de que el recorte sea de 26%, el programa nacional no contaría con alrededor de 700 millones de pesos en este año; sin embargo, Campa Cifrián dijo que ya trabaja de manera coordinada con los estados con la finalidad de que las metas no se vean afectadas.
“Hemos comentado ya con los estados que hay que revisar la concertación que llevamos a cabo en el arranque del año”, señaló.
El subsecretario puso en marcha este 16 de febrero la segunda etapa del programa Safari en Tepito y aseguró que se trata de un proyecto que ayuda a reducir los niveles de violencia en esa zona.
Destacó que lo que ha hecho el arte en Tepito sintetiza una de las funciones principales del arte, que es mostrar, sintetizar, extraer la belleza de las cosas.
“Mediante el teatro en Tepito, la obra es capaz de mostrar la belleza de la solidaridad, de la fortaleza de los seres humanos, de enfrentar realidades complejas y hacerlo con la interesa que lo hace la gente de Tepito”, indicó.
En el Programa de Prevención, “estamos empeñados en buscar en el arte, en el urbano y en el popular, la manera de demostrar esa belleza oculta de las condiciones más adversas y complejas”, concluyó.
El pasado 30 de enero, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció las medidas con las que el gobierno mexicano enfrentará las poco favorables condiciones de la economía en el mundo y dio a conocer ajustes por 124 mil 300 millones de pesos al gasto público, lo que representa el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los ajustes, dijo, incluyen ajustes a los presupuestos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 62 mil millones de pesos y de 10 mil millones de pesos, respectivamente.
Asimismo, dos terceras partes del ajuste será en gasto corriente; es decir, habrá una reducción de al menos 10% en las partidas personales para mandos, así como para los gastos de comunicación social.
Estos ajustes también implican la cancelación del tren transpeninsular y la suspensión del tren rápido México-Querétaro; sin embargo, el ajuste al gasto público no afectará el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El programa nacional de Prevención de la Violencia y Delincuencia de la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá un recorte en su presupuesto para este año, informó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, quien dijo que el recorte sería de alrededor de 26% derivado del ajuste en el gasto del gobierno federal.
“En principio se ha manejado una cifra importante, un 26%; sin embargo, estamos revisando con Hacienda y Oficialía Mayor de Gobernación los números y yo confío en que al final del año vamos a tener un recorte menor”, dijo.
En caso de que el recorte sea de 26%, el programa nacional no contaría con alrededor de 700 millones de pesos en este año; sin embargo, Campa Cifrián dijo que ya trabaja de manera coordinada con los estados con la finalidad de que las metas no se vean afectadas.
“Hemos comentado ya con los estados que hay que revisar la concertación que llevamos a cabo en el arranque del año”, señaló.
El subsecretario puso en marcha este 16 de febrero la segunda etapa del programa Safari en Tepito y aseguró que se trata de un proyecto que ayuda a reducir los niveles de violencia en esa zona.
Destacó que lo que ha hecho el arte en Tepito sintetiza una de las funciones principales del arte, que es mostrar, sintetizar, extraer la belleza de las cosas.
“Mediante el teatro en Tepito, la obra es capaz de mostrar la belleza de la solidaridad, de la fortaleza de los seres humanos, de enfrentar realidades complejas y hacerlo con la interesa que lo hace la gente de Tepito”, indicó.
En el Programa de Prevención, “estamos empeñados en buscar en el arte, en el urbano y en el popular, la manera de demostrar esa belleza oculta de las condiciones más adversas y complejas”, concluyó.
El pasado 30 de enero, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció las medidas con las que el gobierno mexicano enfrentará las poco favorables condiciones de la economía en el mundo y dio a conocer ajustes por 124 mil 300 millones de pesos al gasto público, lo que representa el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los ajustes, dijo, incluyen ajustes a los presupuestos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 62 mil millones de pesos y de 10 mil millones de pesos, respectivamente.
Asimismo, dos terceras partes del ajuste será en gasto corriente; es decir, habrá una reducción de al menos 10% en las partidas personales para mandos, así como para los gastos de comunicación social.
Estos ajustes también implican la cancelación del tren transpeninsular y la suspensión del tren rápido México-Querétaro; sin embargo, el ajuste al gasto público no afectará el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Pemex disminuye su presupuesto 11.5% para 2015
México, DF. Con el propósito de mantener el balance financiero, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) en su sesión del 13 de febrero aprobó el plan de ajuste presupuestal de 62 mil millones de pesos presentado por el director general de la empresa, lo que representa una disminución de 11.5 por ciento respecto al presupuesto programable autorizado por el Congreso de la Unión.
Con ello, la empresa podrá operar con una situación financiera más equilibrada por lo que resta del año y fortalecer su posición financiera para continuar con los planes de crecimiento de mediano y largo plazo, sin necesidad de incurrir en mayor deuda de la considerada en el programa de financiamiento autorizado y en una sana práctica.
El programa de ajuste presupuestal se construyó con base en las siguientes premisas: Minimizar el efecto en la producción de crudo y gas; Minimizar el impacto en la restitución de reservas;Mantener la capacidad de suministrar el mercado nacional de petrolíferos.
También se pretende reducir al mínimo el impacto en la seguridad y confiabilidad de las instalaciones y con apego a las normas ambientales; así como el posible impacto en la competitividad futura para la apertura del mercado nacional de petrolíferos, e incrementar la rentabilidad de Pemex.
Es importante resaltar que las empresas petroleras son empresas intensivas en capital. En este sentido, y dado el tamaño del ajuste requerido, una parte importante del ajuste recae en inversión.
Diferimiento de inversión
Si bien una de las premisas que se utilizó para construir el programa de ajuste al gasto fue mantener la capacidad de suministrar el mercado nacional de petrolíferos, el ajuste es de tal magnitud que se está difiriendo la ejecución de las principales obras en esta materia, incluyendo reconfiguraciones de refinerías y los proyectos de gasolinas y diésel limpios (Ultra Bajo Azufre).
Pemex reconoce la importancia de los contratistas, siendo una relación de largo plazo; sin embargo, muchos de los contratos se firmaron cuando las condiciones de mercado eran distintas.
Derivado de lo anterior, como es práctica usual en la industria y como lo ha hecho Pemex en otros episodios cuando ha caído el precio del crudo de manera significativa, como en la actualidad, el Consejo instruyó a la Administración a convocar a los contratistas para renegociar contratos. Petróleos Mexicanos mantendrá estas negociaciones con estricto apego a la ley.
Asimismo, el Consejo solicitó al director general implementar un esfuerzo importante en bajar el gasto corriente, incluyendo los relativos a recursos humanos y servicios personales, buscando reducir el impacto en los proyectos de inversión productiva de Pemex, tal como lo están haciendo las empresas del sector.
Si bien las medidas propuestas al Consejo incluyen ajustes importantes en las inversiones de capital, buscando reducir el impacto que estas reducciones presupuestales tendrán en la producción de hidrocarburos, la Administración presentó diferentes iniciativas que, al amparo de la Ley y cumpliendo con los requerimientos financieros establecidos por el Congreso de la Unión, permiten una mayor participación del sector privado en los proyectos de inversión de Pemex. Es importante mencionar que dichas iniciativas están hoy en día al alcance de Pemex gracias a la aprobación de la Reforma Energética.
En adición al ajuste al presupuesto, el Consejo de Administración aprobó las disposiciones para que la empresa implemente su Programa de Austeridad y Uso Racional de Recursos, de conformidad con la nueva Ley de Pemex, con lo cual se prevé capturar ahorros adicionales a lo largo del año.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
El “examen” que hizo México ante comité de la ONU contra desapariciones (Documento)
Apunta que 23 estados ya prevén en sus códigos penales el tipo penal de desaparición forzada de personas.
El gobierno de México sustentó su primer informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU; en el “examen”, aseveró que existen avances en la materia, aunque reconoció que también enfrenta retos.
El viernes pasado, México recibió las observaciones finales y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, en respuesta al informe que presentó sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a su sustentación, que tuvo lugar el 2 y 3 de febrero, en Ginebra, Suiza.
La sustentación tuvo como propósito evaluar el alcance de las medidas adoptadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del mencionado tratado internacional desde su entrada en vigor en 2010. México ratificó la Convención en 2008 y es hoy uno de los 44 Estados parte.
Durante la sustentación de su informe, México proporcionó al Comité información relacionada con los avances y retos existentes en el país en materia de desaparición forzada, como: i) la armonización del marco jurídico en todo el país, ii) la depuración permanente de los registros de personas desparecidas, iii) la puesta en práctica en todo el país de los protocolos de búsqueda iv) el fortalecimiento de los servicios forenses, vi) la atención integral de las víctimas y, vii) las acciones adoptadas por las entidades federativas en materia de desaparición forzada.
Respuesta del Gobierno Mexicano:
INT_CED_RLI_MEX_19337_S.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El gobierno de México sustentó su primer informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU; en el “examen”, aseveró que existen avances en la materia, aunque reconoció que también enfrenta retos.
El viernes pasado, México recibió las observaciones finales y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, en respuesta al informe que presentó sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a su sustentación, que tuvo lugar el 2 y 3 de febrero, en Ginebra, Suiza.
La sustentación tuvo como propósito evaluar el alcance de las medidas adoptadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del mencionado tratado internacional desde su entrada en vigor en 2010. México ratificó la Convención en 2008 y es hoy uno de los 44 Estados parte.
Durante la sustentación de su informe, México proporcionó al Comité información relacionada con los avances y retos existentes en el país en materia de desaparición forzada, como: i) la armonización del marco jurídico en todo el país, ii) la depuración permanente de los registros de personas desparecidas, iii) la puesta en práctica en todo el país de los protocolos de búsqueda iv) el fortalecimiento de los servicios forenses, vi) la atención integral de las víctimas y, vii) las acciones adoptadas por las entidades federativas en materia de desaparición forzada.
Respuesta del Gobierno Mexicano:
INT_CED_RLI_MEX_19337_S.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Revocarán permiso de distribución a Gas Express Nieto
México, D.F. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que se revocará a la empresa Gas Express Nieto sus permisos de distribución de combustible, tras confirmarse su responsabilidad en la explosión ocurrida en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.
En conferencia de prensa en la que se detallaron los resultados de las investigaciones de ese incidente, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, anunció a su vez que se formularán las imputaciones respectivas contra personas físicas y morales, además de pedir la reparación del dañ
Línea al precipicio
Marcelo Ebrard podría ser el próximo en ‘caer’. El nombre del exjefe de Gobierno capitalino aparece continuamente en las diversas investigaciones que se realizan sobre la Línea 12.
En la investigación por las irregularidades que presenta la Línea 12 del Metro capitalino todas las líneas conducen a Marcelo Ebrard.
El nombre del ex jefe de Gobierno capitalino aparece no bien librado en el proceso de compra de los trenes que resultaron no compatibles con los rieles tendidos en la llamada Línea Dorada.
El perredista también está involucrado en la contratación de las empresas que tenían comotarea supervisar la construcción de esta obra que hoy está suspendida en la mitad de su tramo por las deficiencias que registra.
Además Ebrard –junto con Mario Delgado, su exsecretario de Finanzas- son los responsables de la contratación del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que se llevó a cabo para financiar esta obra que se elevó a 22 mil millones de pesos.
Desde la semana pasada Stuart Liddle Grassie, experto británico en material rodante, está en México para estudiar la problemática de la Línea 12.
Con fecha 19 de enero de 2015 el especialista había entregado a la empresa española CAF y ésta, a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (Sobse), un diagnóstico en el que concluyó que el cambio de trenes de la Línea 12 no era, en definitiva, la solución al problema de desgaste ondulatorio excesivo (DO).
El documento de Stuart Liddle sólo causó irritación en el Gobierno del Distrito Federal (GDF), quienes consideraron una franca provocación de CAF en el problema de Línea 12, teniendo en cuenta que el británico (como lo puntualizó en el documento) no había visitado México y menos, había recorrido la llamada Línea Dorada.
Como respuesta, las autoridades capitalinas involucradas en el problema precisaron al director de CAF México, Maximiliano Zurita Llaca, la necesidad de que el británico viniera con urgencia a México para que una vez que conociera personalmente la problemática por la que atraviesa la Línea 12 pudiera ratificar o modificar las conclusiones plasmadas en aquel diagnóstico.
Cada paso de las partes involucradas (empresas o gobierno) se cuida a detalle, sabedores que todo documento podría ventilarse ante un juzgado, dado el nivel de escándalo en torno a la megaobra que construyó durante su mandato, Marcelo Ebrard.
Y es que cada hecho o personaje que se sancione derivado de las investigaciones o auditorías realizadas a la Línea 12, invariablemente Marcelo Ebrard sale a relucir como cabeza de gobierno.
El viernes, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que las estaciones cerradas de la Línea 12 reabrirán en noviembre, luego de que la empresa CAF aceptó pagar la modificación de los trenes.
CAF hará el reperfilado de ruedas y adecuará la suspensión, entre otras mejoras.
Guerrero Villalobos, juez y parte
A finales de la semana pasada, a través de la Contraloría General, el Gobierno del Distrito Federal dio un golpe maestro a Marcelo Ebrard Casaubón al anunciar la inhabilitación de tres empresas que fueron contratatadas para supervisar la obra civil de la Línea 12 ejecutada por el Consorcio Constructor.
Cuando la lista se dio a conocer salió a relucir el nombre de Guillermo Guerrero Villalobos, un ingeniero, viejo conocido de Marcelo Ebrard desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís.
Las empresas sancionadas que forman parte del consorcio de supervisión fueron: Lumbreras y Túneles, S.A. de C.V. (LYTSA), Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S.A. de C.V.
IACSA) y Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería, S.A. de CV (EINSA).
Guerrero Villalobos fue un personaje clave en el proceso de construcción de Línea 12, el 22 de marzo de 2010 Ebrard Casaubón designó a Guillermo Guerrero Villalobos, quien ya dirigía EINSA, como representante de la Sociedad Civil y del Gobierno del Distrito Federal del Consejo Ciudadano Asesor de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Reuso de Agua Residual del Distrito Federal.
Quienes conocen esta relación, refieren que ambos fueron compañeros de gabinete durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde Guerrero Villalobos fue director general de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y del Instituto de Investigaciones Eléctricas, mientras Ebrard encabezaba la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
En 2014 cuando la Línea 12 fue cerrada por la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, el ingeniero Guerrero Villalobos apareció en escena: el 22 de abril del año pasado, la Comisión Investigadora de la Línea 12 designó a Guerrero Villalobos como integrantes del “grupo de expertos” que intentarían aclarar las dudas surgidas luego de las comparecencias y reuniones de trabajo de funcionarios, ex funcionarios y empresarios ligados a dicha Línea.
La Comisión lo dejó ser juez y parte, pues no lo convocó como director general de una de las empresas supervisoras, sino como “experto en construcciones subterráneas”.
El presidente de ese grupo de legisladores, Jorge Gaviño Ambriz, destacó en conferencia de prensa que Guerrero Villalobos “es experto en construcciones subterráneas, túneles y lumbreras”.
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Contraloría publicó este jueves el aviso a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, de que deberán abstenerse de recibir propuestas y celebrar contratos, en términos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; con las empresas “Lumbreras y Túneles”, S.A. de C.V., “Ingeniería, Asesoría y Consultoría”, S.A. de C.V. y “Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería”, S.A. de C.V.
El impedimento es en materia de obra pública y estará vigente por un plazo de dos años, el máximo aplicable, contados a partir de este jueves, día en que se publicó el aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
El aviso marca entre sus fundamentos el artículo 37, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el cual establece:
“Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades convocantes se abstendrán de recibir propuesta o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las siguientes personas físicas o morales”, dice el resolutivo.
“Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la Contraloría haya notificado tal situación”.
Lupa a Marcelo
Ya no es sólo la Línea 12. La semana pasada Marcelo fue exhibido por las cuentas bancarias que su hermano Eugenio, exejecutivo de Walmart, tiene en Suiza.
También se ventiló al ex jefe de Gobierno por el ostentoso reloj que llevó a la Cámara de Diputados para rendir su versión de los hechos.
Ante las presunciones de que Ebrard busca una diputación federal con el PRD para blindarse con el fuero constitucional de posibles futuras responsabilidades, los movimientos y negociaciones que ser concretaron en el sexenio del perredista son revisados a detalle.
Ejemplo de ello es el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/838, en el que aparecen las firmas de Marcelo Ebrard y la de Mario Delgado Carrillo, en su calidad de secretario de Finanzas, de agosto de 2007.
El instrumento entre el GDF y el Deusche Bank México S.A, Institución de Banca Múltiple, fue registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Todo documento, convenio, acuerdo, contrato que haya celebrado Marcelo o su operador financiero, Mario Delgado, están bajo la lupa.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
En la investigación por las irregularidades que presenta la Línea 12 del Metro capitalino todas las líneas conducen a Marcelo Ebrard.
El nombre del ex jefe de Gobierno capitalino aparece no bien librado en el proceso de compra de los trenes que resultaron no compatibles con los rieles tendidos en la llamada Línea Dorada.
El perredista también está involucrado en la contratación de las empresas que tenían comotarea supervisar la construcción de esta obra que hoy está suspendida en la mitad de su tramo por las deficiencias que registra.
Además Ebrard –junto con Mario Delgado, su exsecretario de Finanzas- son los responsables de la contratación del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que se llevó a cabo para financiar esta obra que se elevó a 22 mil millones de pesos.
Desde la semana pasada Stuart Liddle Grassie, experto británico en material rodante, está en México para estudiar la problemática de la Línea 12.
Con fecha 19 de enero de 2015 el especialista había entregado a la empresa española CAF y ésta, a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (Sobse), un diagnóstico en el que concluyó que el cambio de trenes de la Línea 12 no era, en definitiva, la solución al problema de desgaste ondulatorio excesivo (DO).
El documento de Stuart Liddle sólo causó irritación en el Gobierno del Distrito Federal (GDF), quienes consideraron una franca provocación de CAF en el problema de Línea 12, teniendo en cuenta que el británico (como lo puntualizó en el documento) no había visitado México y menos, había recorrido la llamada Línea Dorada.
Como respuesta, las autoridades capitalinas involucradas en el problema precisaron al director de CAF México, Maximiliano Zurita Llaca, la necesidad de que el británico viniera con urgencia a México para que una vez que conociera personalmente la problemática por la que atraviesa la Línea 12 pudiera ratificar o modificar las conclusiones plasmadas en aquel diagnóstico.
Cada paso de las partes involucradas (empresas o gobierno) se cuida a detalle, sabedores que todo documento podría ventilarse ante un juzgado, dado el nivel de escándalo en torno a la megaobra que construyó durante su mandato, Marcelo Ebrard.
Y es que cada hecho o personaje que se sancione derivado de las investigaciones o auditorías realizadas a la Línea 12, invariablemente Marcelo Ebrard sale a relucir como cabeza de gobierno.
El viernes, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que las estaciones cerradas de la Línea 12 reabrirán en noviembre, luego de que la empresa CAF aceptó pagar la modificación de los trenes.
CAF hará el reperfilado de ruedas y adecuará la suspensión, entre otras mejoras.
Guerrero Villalobos, juez y parte
A finales de la semana pasada, a través de la Contraloría General, el Gobierno del Distrito Federal dio un golpe maestro a Marcelo Ebrard Casaubón al anunciar la inhabilitación de tres empresas que fueron contratatadas para supervisar la obra civil de la Línea 12 ejecutada por el Consorcio Constructor.
Cuando la lista se dio a conocer salió a relucir el nombre de Guillermo Guerrero Villalobos, un ingeniero, viejo conocido de Marcelo Ebrard desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís.
Las empresas sancionadas que forman parte del consorcio de supervisión fueron: Lumbreras y Túneles, S.A. de C.V. (LYTSA), Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S.A. de C.V.
IACSA) y Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería, S.A. de CV (EINSA).
Guerrero Villalobos fue un personaje clave en el proceso de construcción de Línea 12, el 22 de marzo de 2010 Ebrard Casaubón designó a Guillermo Guerrero Villalobos, quien ya dirigía EINSA, como representante de la Sociedad Civil y del Gobierno del Distrito Federal del Consejo Ciudadano Asesor de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Reuso de Agua Residual del Distrito Federal.
Quienes conocen esta relación, refieren que ambos fueron compañeros de gabinete durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde Guerrero Villalobos fue director general de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y del Instituto de Investigaciones Eléctricas, mientras Ebrard encabezaba la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
En 2014 cuando la Línea 12 fue cerrada por la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, el ingeniero Guerrero Villalobos apareció en escena: el 22 de abril del año pasado, la Comisión Investigadora de la Línea 12 designó a Guerrero Villalobos como integrantes del “grupo de expertos” que intentarían aclarar las dudas surgidas luego de las comparecencias y reuniones de trabajo de funcionarios, ex funcionarios y empresarios ligados a dicha Línea.
La Comisión lo dejó ser juez y parte, pues no lo convocó como director general de una de las empresas supervisoras, sino como “experto en construcciones subterráneas”.
El presidente de ese grupo de legisladores, Jorge Gaviño Ambriz, destacó en conferencia de prensa que Guerrero Villalobos “es experto en construcciones subterráneas, túneles y lumbreras”.
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Contraloría publicó este jueves el aviso a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, de que deberán abstenerse de recibir propuestas y celebrar contratos, en términos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; con las empresas “Lumbreras y Túneles”, S.A. de C.V., “Ingeniería, Asesoría y Consultoría”, S.A. de C.V. y “Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería”, S.A. de C.V.
El impedimento es en materia de obra pública y estará vigente por un plazo de dos años, el máximo aplicable, contados a partir de este jueves, día en que se publicó el aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
El aviso marca entre sus fundamentos el artículo 37, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el cual establece:
“Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades convocantes se abstendrán de recibir propuesta o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las siguientes personas físicas o morales”, dice el resolutivo.
“Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la Contraloría haya notificado tal situación”.
Lupa a Marcelo
Ya no es sólo la Línea 12. La semana pasada Marcelo fue exhibido por las cuentas bancarias que su hermano Eugenio, exejecutivo de Walmart, tiene en Suiza.
También se ventiló al ex jefe de Gobierno por el ostentoso reloj que llevó a la Cámara de Diputados para rendir su versión de los hechos.
Ante las presunciones de que Ebrard busca una diputación federal con el PRD para blindarse con el fuero constitucional de posibles futuras responsabilidades, los movimientos y negociaciones que ser concretaron en el sexenio del perredista son revisados a detalle.
Ejemplo de ello es el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/838, en el que aparecen las firmas de Marcelo Ebrard y la de Mario Delgado Carrillo, en su calidad de secretario de Finanzas, de agosto de 2007.
El instrumento entre el GDF y el Deusche Bank México S.A, Institución de Banca Múltiple, fue registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Todo documento, convenio, acuerdo, contrato que haya celebrado Marcelo o su operador financiero, Mario Delgado, están bajo la lupa.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
El fondo secreto de los diputados
En menos de dos años, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados recibieron 2 mil 841 millones 566 mil 280 pesos para gastos. Estos recursos los manejan a discreción y sin rendir cuentas.
Las bancadas en la Cámara de Diputados han recibido recursos para sus gastos pero, debido a la opacidad con la que se ejercen, conforman el fondo más oscuro del Poder Legislativo.
Entre septiembre del 2012 y diciembre del 2014, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados recibieron un total de 2 mil 841 millones 566 mil 280 pesos… y no tienen necesidad de comprobar en qué se gastan.
De acuerdo con los informes de Aplicación y Destino de los Recursos Económicos asignados por la Cámara de Diputados, de las siete bancadas representadas en la Cámara Alta, la más favorecida con recursos fue la del PRI, con ingresos de más de mil 127 millones de pesos.
En los informes cuatrimestrales, las bancadas especifican cómo gastan algunos rubros de su presupuesto, aunque no a detalle, pues esa información no es obligatoria.
En los ingresos, algunas de las partidas que reciben los grupos parlamentarios son para apoyo logístico, pago para sus empleados por honorarios, además de las subvenciones fijas y variables.
Sin embargo, existe una categoría que ha despertado suspicacias debido a que no existe un motivo claro sobre por qué se otorga: se trata de las subvenciones extraordinarias de las que, se ha dicho, se trata de un bono extra por la aprobación de las reformas.
Recursos discrecionales para todos
Por ser el grupo más numeroso en la Cámara Baja, el PRI es la bancada que ha recibido más recursos. En lo que va de la Legislatura, a los diputados del tricolor les han sido entregados mil 127 millones 323 mil pesos.
Al PAN, le han correspondido 629 millones 508 mil 280 pesos. Al PRD, 559 millones 545 mil pesos. Al PVEM, 186 millones 761 mil pesos.
Los partidos minoritarios también reciben subvenciones para sus gastos.
La bancada de Movimiento Ciudadano recibió 148 millones 780 mil pesos; el PT, un total de 105 millones 456 mil pesos. Y Nueva Alianza, 84 millones 193 mil pesos.
Esas subvenciones son entregadas por la Cámara de Diputados para que las bancadas sufraguen sus gastos.
En ese monto se incluyen las subvenciones fijas y variables, aquellas para que los grupos parlamentarios paguen a su personal por honorarios, así como para apoyo logístico.
Sin embargo, las fracciones reciben también una tajada de recursos discrecionales que no tienen un destino definido, y cada bancada las usa como mejor convenga.
Se trata de las subvenciones “extraordinarias”, un monto de recursos que las bancadas reciben y de las que no se conoce el destino o uso que se les da.
Esta partida ha causado polémica en el Congreso. Mientras se discutían las leyes secundarias de la reforma energética, diputados de oposición acusaron que ese dinero se trataba de un bono especial otorgado por el Ejecutivo por la aprobación de las reformas, como la fiscal, la educativa, la financiera, en telecomunicaciones y la energética.
Las subvenciones extraordinarias nacieron en el 2009, cuando en la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios se estableció que esta partida podía ser aprobada “en casos excepcionales, por única vez, para atender asuntos especiales si existe la disponibilidad presupuestal para ello”.
Ahora, estas subvenciones extraordinarias ya se convirtieron en la norma.
Por el concepto de subvenciones extraordinarias, desde el inicio de la LXII Legislatura, en septiembre del 2012, y hasta diciembre del 2014, los grupos parlamentarios han recibido un total de 489 millones 464 mil pesos.
En los informes cuatrimestrales de ingresos y destino del gasto de los grupos parlamentarios, las bancadas dan un reporte de todo cuanto han recibido por este concepto.
Sin embargo, el PRI omitió información respecto al periodo comprendido entre septiembre y diciembre del 2013, justo cuando se aprobaron las reformas fiscal y energética.
Aun así, los recursos discrecionales otorgados a las fracciones son millonarios.
Al PRI le fueron asignados más de 135 millones 256 mil pesos; cantidad incompleta por la cifra no revelada del 2013.
Al PAN se le otorgaron 136 millones 136 mil pesos; al PRD se le dieron 127 millones 456 mil pesos; al PVEM, 42 millones 450 mil pesos.
A Movimiento Ciudadano, dirigido hasta diciembre del 2014 por Ricardo Monreal, se le asignaron 34 millones 666 mil pesos.
El PT, en tanto, no tuvo asignaciones por ese rubro.
A Nueva Alianza se le entregaron 13 millones 500 mil pesos.
El fondo discrecional de subvenciones extraordinarias levantó polvo el año pasado en la Cámara Baja.
Zuleyma Huidobro, diputada de Movimiento Ciudadano, acusó que dichos fondos fueron otorgados como parte de un bono por la aprobación de las reformas.
Diputados del PRI, el PAN y el PRD, negaron este hecho. El propio Comité de Administración de la Cámara Baja refirió que se trata de asignaciones del Presupuesto de la Cámara Baja.
Aun así, el entonces coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, devolvió 15 millones de pesos (de los 34 que recibió la bancada) a la Tesorería de la Federación.
Gastos opacos en partida ‘general’
Además de los ingresos que reciben, las bancadas también informan sobre los rubros generales en que invierten sus recursos.
La partida más importante en la que los grupos parlamentarios invierten es la denominada “Otros servicios generales”, que no se especifica de qué se trata.
Borde Político, una red académica y ciudadana que revisa la labor del Congreso, considera que los gastos del Congreso no se muestran de forma suficientemente desagregada, por lo que se prestan a la opacidad.
“El nombre de ‘Otros servicios generales’ es demasiado general y ambiguo. La opacidad de los conceptos tiene graves implicaciones para la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo porque dificultan que los ciudadanos soliciten información sobre el gasto del Congreso”, expuso la red en la presentación de un sitio sobre opacidad presupuestaria.
En ese rubro, las bancadas de la Cámara Baja han invertido mil 693 millones 851 mil 090 pesos, el 59.6 por ciento del total de lo que reciben.
Otro de los rubros con un alto nivel de gasto es el de “Servicios Oficiales”, que tampoco establece de qué se trata.
En dichos servicios, las bancadas invirtieron 144 millones 185 mil 900 pesos.
En asesorías, bajo el rubro “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros”, los grupos parlamentarios invirtieron 194 millones 570 mil 560 pesos.
La bancada que más gastó en asesorías es la del PAN, con 101 millones 065 mil 560 pesos en poco más de dos años.
Y en “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, las fracciones en San Lázaro han gastado 246 millones 381 mil 080 pesos.
Son el PRI y PVEM las bancadas que más recursos invirtieron en difusión. El tricolor gastó para este fin, 84 millones 523 mil pesos; mientras que sus aliados del Verde gastaron 71 millones 362 mil pesos.
Transparencia en la oscuridad
Durante la actual Legislatura, algunos diputados y senadores han presentado iniciativas con el fin de transparentar los recursos que se manejan en el Congreso de la Unión.
Quizá la más importante sea la que se discute en el Senado sobre la Ley de Transparencia.
En ella se pretende que cualquier acto realizado por legisladores, bancadas o trabajadores del Poder Legislativo que tenga incidencia sobre su trabajo, tenga que ser transparentado.
Otra propuesta fue la del panista Carlos Castaños, diputado por Sinaloa, quien propuso modificar el marco legal del Congreso para que los datos de todos los gastos del Legislativo sean públicos.
El legislador pidió que, incluso, sea obligatorio hacer públicas las facturas de los gastos y que estén disponibles en el sitio web de la Cámara de Diputados.
El perredista Fernando Belaunzarán, diputado por el Distrito Federal, propuso modificaciones a la Ley de Transparencia para que los grupos parlamentarios y los partidos políticos sean sujetos obligados.
A pesar de las constantes acusaciones sobre la opacidad en el manejo de los recursos, ninguna de estas iniciativas ha sido estudiada en comisiones. Se encuentran, como dice el argot legislativo, “en la congeladora”.
FUENTE: REPROTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GAARCÍA.
Las bancadas en la Cámara de Diputados han recibido recursos para sus gastos pero, debido a la opacidad con la que se ejercen, conforman el fondo más oscuro del Poder Legislativo.
Entre septiembre del 2012 y diciembre del 2014, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados recibieron un total de 2 mil 841 millones 566 mil 280 pesos… y no tienen necesidad de comprobar en qué se gastan.
De acuerdo con los informes de Aplicación y Destino de los Recursos Económicos asignados por la Cámara de Diputados, de las siete bancadas representadas en la Cámara Alta, la más favorecida con recursos fue la del PRI, con ingresos de más de mil 127 millones de pesos.
En los informes cuatrimestrales, las bancadas especifican cómo gastan algunos rubros de su presupuesto, aunque no a detalle, pues esa información no es obligatoria.
En los ingresos, algunas de las partidas que reciben los grupos parlamentarios son para apoyo logístico, pago para sus empleados por honorarios, además de las subvenciones fijas y variables.
Sin embargo, existe una categoría que ha despertado suspicacias debido a que no existe un motivo claro sobre por qué se otorga: se trata de las subvenciones extraordinarias de las que, se ha dicho, se trata de un bono extra por la aprobación de las reformas.
Recursos discrecionales para todos
Por ser el grupo más numeroso en la Cámara Baja, el PRI es la bancada que ha recibido más recursos. En lo que va de la Legislatura, a los diputados del tricolor les han sido entregados mil 127 millones 323 mil pesos.
Al PAN, le han correspondido 629 millones 508 mil 280 pesos. Al PRD, 559 millones 545 mil pesos. Al PVEM, 186 millones 761 mil pesos.
Los partidos minoritarios también reciben subvenciones para sus gastos.
La bancada de Movimiento Ciudadano recibió 148 millones 780 mil pesos; el PT, un total de 105 millones 456 mil pesos. Y Nueva Alianza, 84 millones 193 mil pesos.
Esas subvenciones son entregadas por la Cámara de Diputados para que las bancadas sufraguen sus gastos.
En ese monto se incluyen las subvenciones fijas y variables, aquellas para que los grupos parlamentarios paguen a su personal por honorarios, así como para apoyo logístico.
Sin embargo, las fracciones reciben también una tajada de recursos discrecionales que no tienen un destino definido, y cada bancada las usa como mejor convenga.
Se trata de las subvenciones “extraordinarias”, un monto de recursos que las bancadas reciben y de las que no se conoce el destino o uso que se les da.
Esta partida ha causado polémica en el Congreso. Mientras se discutían las leyes secundarias de la reforma energética, diputados de oposición acusaron que ese dinero se trataba de un bono especial otorgado por el Ejecutivo por la aprobación de las reformas, como la fiscal, la educativa, la financiera, en telecomunicaciones y la energética.
Las subvenciones extraordinarias nacieron en el 2009, cuando en la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios se estableció que esta partida podía ser aprobada “en casos excepcionales, por única vez, para atender asuntos especiales si existe la disponibilidad presupuestal para ello”.
Ahora, estas subvenciones extraordinarias ya se convirtieron en la norma.
Por el concepto de subvenciones extraordinarias, desde el inicio de la LXII Legislatura, en septiembre del 2012, y hasta diciembre del 2014, los grupos parlamentarios han recibido un total de 489 millones 464 mil pesos.
En los informes cuatrimestrales de ingresos y destino del gasto de los grupos parlamentarios, las bancadas dan un reporte de todo cuanto han recibido por este concepto.
Sin embargo, el PRI omitió información respecto al periodo comprendido entre septiembre y diciembre del 2013, justo cuando se aprobaron las reformas fiscal y energética.
Aun así, los recursos discrecionales otorgados a las fracciones son millonarios.
Al PRI le fueron asignados más de 135 millones 256 mil pesos; cantidad incompleta por la cifra no revelada del 2013.
Al PAN se le otorgaron 136 millones 136 mil pesos; al PRD se le dieron 127 millones 456 mil pesos; al PVEM, 42 millones 450 mil pesos.
A Movimiento Ciudadano, dirigido hasta diciembre del 2014 por Ricardo Monreal, se le asignaron 34 millones 666 mil pesos.
El PT, en tanto, no tuvo asignaciones por ese rubro.
A Nueva Alianza se le entregaron 13 millones 500 mil pesos.
El fondo discrecional de subvenciones extraordinarias levantó polvo el año pasado en la Cámara Baja.
Zuleyma Huidobro, diputada de Movimiento Ciudadano, acusó que dichos fondos fueron otorgados como parte de un bono por la aprobación de las reformas.
Diputados del PRI, el PAN y el PRD, negaron este hecho. El propio Comité de Administración de la Cámara Baja refirió que se trata de asignaciones del Presupuesto de la Cámara Baja.
Aun así, el entonces coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, devolvió 15 millones de pesos (de los 34 que recibió la bancada) a la Tesorería de la Federación.
Gastos opacos en partida ‘general’
Además de los ingresos que reciben, las bancadas también informan sobre los rubros generales en que invierten sus recursos.
La partida más importante en la que los grupos parlamentarios invierten es la denominada “Otros servicios generales”, que no se especifica de qué se trata.
Borde Político, una red académica y ciudadana que revisa la labor del Congreso, considera que los gastos del Congreso no se muestran de forma suficientemente desagregada, por lo que se prestan a la opacidad.
“El nombre de ‘Otros servicios generales’ es demasiado general y ambiguo. La opacidad de los conceptos tiene graves implicaciones para la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo porque dificultan que los ciudadanos soliciten información sobre el gasto del Congreso”, expuso la red en la presentación de un sitio sobre opacidad presupuestaria.
En ese rubro, las bancadas de la Cámara Baja han invertido mil 693 millones 851 mil 090 pesos, el 59.6 por ciento del total de lo que reciben.
Otro de los rubros con un alto nivel de gasto es el de “Servicios Oficiales”, que tampoco establece de qué se trata.
En dichos servicios, las bancadas invirtieron 144 millones 185 mil 900 pesos.
En asesorías, bajo el rubro “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros”, los grupos parlamentarios invirtieron 194 millones 570 mil 560 pesos.
La bancada que más gastó en asesorías es la del PAN, con 101 millones 065 mil 560 pesos en poco más de dos años.
Y en “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, las fracciones en San Lázaro han gastado 246 millones 381 mil 080 pesos.
Son el PRI y PVEM las bancadas que más recursos invirtieron en difusión. El tricolor gastó para este fin, 84 millones 523 mil pesos; mientras que sus aliados del Verde gastaron 71 millones 362 mil pesos.
Transparencia en la oscuridad
Durante la actual Legislatura, algunos diputados y senadores han presentado iniciativas con el fin de transparentar los recursos que se manejan en el Congreso de la Unión.
Quizá la más importante sea la que se discute en el Senado sobre la Ley de Transparencia.
En ella se pretende que cualquier acto realizado por legisladores, bancadas o trabajadores del Poder Legislativo que tenga incidencia sobre su trabajo, tenga que ser transparentado.
Otra propuesta fue la del panista Carlos Castaños, diputado por Sinaloa, quien propuso modificar el marco legal del Congreso para que los datos de todos los gastos del Legislativo sean públicos.
El legislador pidió que, incluso, sea obligatorio hacer públicas las facturas de los gastos y que estén disponibles en el sitio web de la Cámara de Diputados.
El perredista Fernando Belaunzarán, diputado por el Distrito Federal, propuso modificaciones a la Ley de Transparencia para que los grupos parlamentarios y los partidos políticos sean sujetos obligados.
A pesar de las constantes acusaciones sobre la opacidad en el manejo de los recursos, ninguna de estas iniciativas ha sido estudiada en comisiones. Se encuentran, como dice el argot legislativo, “en la congeladora”.
FUENTE: REPROTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GAARCÍA.
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