En menos de dos años, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados recibieron 2 mil 841 millones 566 mil 280 pesos para gastos. Estos recursos los manejan a discreción y sin rendir cuentas.
Las bancadas en la Cámara de Diputados han recibido recursos para sus gastos pero, debido a la opacidad con la que se ejercen, conforman el fondo más oscuro del Poder Legislativo.
Entre septiembre del 2012 y diciembre del 2014, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados recibieron un total de 2 mil 841 millones 566 mil 280 pesos… y no tienen necesidad de comprobar en qué se gastan.
De acuerdo con los informes de Aplicación y Destino de los Recursos Económicos asignados por la Cámara de Diputados, de las siete bancadas representadas en la Cámara Alta, la más favorecida con recursos fue la del PRI, con ingresos de más de mil 127 millones de pesos.
En los informes cuatrimestrales, las bancadas especifican cómo gastan algunos rubros de su presupuesto, aunque no a detalle, pues esa información no es obligatoria.
En los ingresos, algunas de las partidas que reciben los grupos parlamentarios son para apoyo logístico, pago para sus empleados por honorarios, además de las subvenciones fijas y variables.
Sin embargo, existe una categoría que ha despertado suspicacias debido a que no existe un motivo claro sobre por qué se otorga: se trata de las subvenciones extraordinarias de las que, se ha dicho, se trata de un bono extra por la aprobación de las reformas.
Recursos discrecionales para todos
Por ser el grupo más numeroso en la Cámara Baja, el PRI es la bancada que ha recibido más recursos. En lo que va de la Legislatura, a los diputados del tricolor les han sido entregados mil 127 millones 323 mil pesos.
Al PAN, le han correspondido 629 millones 508 mil 280 pesos. Al PRD, 559 millones 545 mil pesos. Al PVEM, 186 millones 761 mil pesos.
Los partidos minoritarios también reciben subvenciones para sus gastos.
La bancada de Movimiento Ciudadano recibió 148 millones 780 mil pesos; el PT, un total de 105 millones 456 mil pesos. Y Nueva Alianza, 84 millones 193 mil pesos.
Esas subvenciones son entregadas por la Cámara de Diputados para que las bancadas sufraguen sus gastos.
En ese monto se incluyen las subvenciones fijas y variables, aquellas para que los grupos parlamentarios paguen a su personal por honorarios, así como para apoyo logístico.
Sin embargo, las fracciones reciben también una tajada de recursos discrecionales que no tienen un destino definido, y cada bancada las usa como mejor convenga.
Se trata de las subvenciones “extraordinarias”, un monto de recursos que las bancadas reciben y de las que no se conoce el destino o uso que se les da.
Esta partida ha causado polémica en el Congreso. Mientras se discutían las leyes secundarias de la reforma energética, diputados de oposición acusaron que ese dinero se trataba de un bono especial otorgado por el Ejecutivo por la aprobación de las reformas, como la fiscal, la educativa, la financiera, en telecomunicaciones y la energética.
Las subvenciones extraordinarias nacieron en el 2009, cuando en la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios se estableció que esta partida podía ser aprobada “en casos excepcionales, por única vez, para atender asuntos especiales si existe la disponibilidad presupuestal para ello”.
Ahora, estas subvenciones extraordinarias ya se convirtieron en la norma.
Por el concepto de subvenciones extraordinarias, desde el inicio de la LXII Legislatura, en septiembre del 2012, y hasta diciembre del 2014, los grupos parlamentarios han recibido un total de 489 millones 464 mil pesos.
En los informes cuatrimestrales de ingresos y destino del gasto de los grupos parlamentarios, las bancadas dan un reporte de todo cuanto han recibido por este concepto.
Sin embargo, el PRI omitió información respecto al periodo comprendido entre septiembre y diciembre del 2013, justo cuando se aprobaron las reformas fiscal y energética.
Aun así, los recursos discrecionales otorgados a las fracciones son millonarios.
Al PRI le fueron asignados más de 135 millones 256 mil pesos; cantidad incompleta por la cifra no revelada del 2013.
Al PAN se le otorgaron 136 millones 136 mil pesos; al PRD se le dieron 127 millones 456 mil pesos; al PVEM, 42 millones 450 mil pesos.
A Movimiento Ciudadano, dirigido hasta diciembre del 2014 por Ricardo Monreal, se le asignaron 34 millones 666 mil pesos.
El PT, en tanto, no tuvo asignaciones por ese rubro.
A Nueva Alianza se le entregaron 13 millones 500 mil pesos.
El fondo discrecional de subvenciones extraordinarias levantó polvo el año pasado en la Cámara Baja.
Zuleyma Huidobro, diputada de Movimiento Ciudadano, acusó que dichos fondos fueron otorgados como parte de un bono por la aprobación de las reformas.
Diputados del PRI, el PAN y el PRD, negaron este hecho. El propio Comité de Administración de la Cámara Baja refirió que se trata de asignaciones del Presupuesto de la Cámara Baja.
Aun así, el entonces coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, devolvió 15 millones de pesos (de los 34 que recibió la bancada) a la Tesorería de la Federación.
Gastos opacos en partida ‘general’
Además de los ingresos que reciben, las bancadas también informan sobre los rubros generales en que invierten sus recursos.
La partida más importante en la que los grupos parlamentarios invierten es la denominada “Otros servicios generales”, que no se especifica de qué se trata.
Borde Político, una red académica y ciudadana que revisa la labor del Congreso, considera que los gastos del Congreso no se muestran de forma suficientemente desagregada, por lo que se prestan a la opacidad.
“El nombre de ‘Otros servicios generales’ es demasiado general y ambiguo. La opacidad de los conceptos tiene graves implicaciones para la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo porque dificultan que los ciudadanos soliciten información sobre el gasto del Congreso”, expuso la red en la presentación de un sitio sobre opacidad presupuestaria.
En ese rubro, las bancadas de la Cámara Baja han invertido mil 693 millones 851 mil 090 pesos, el 59.6 por ciento del total de lo que reciben.
Otro de los rubros con un alto nivel de gasto es el de “Servicios Oficiales”, que tampoco establece de qué se trata.
En dichos servicios, las bancadas invirtieron 144 millones 185 mil 900 pesos.
En asesorías, bajo el rubro “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros”, los grupos parlamentarios invirtieron 194 millones 570 mil 560 pesos.
La bancada que más gastó en asesorías es la del PAN, con 101 millones 065 mil 560 pesos en poco más de dos años.
Y en “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, las fracciones en San Lázaro han gastado 246 millones 381 mil 080 pesos.
Son el PRI y PVEM las bancadas que más recursos invirtieron en difusión. El tricolor gastó para este fin, 84 millones 523 mil pesos; mientras que sus aliados del Verde gastaron 71 millones 362 mil pesos.
Transparencia en la oscuridad
Durante la actual Legislatura, algunos diputados y senadores han presentado iniciativas con el fin de transparentar los recursos que se manejan en el Congreso de la Unión.
Quizá la más importante sea la que se discute en el Senado sobre la Ley de Transparencia.
En ella se pretende que cualquier acto realizado por legisladores, bancadas o trabajadores del Poder Legislativo que tenga incidencia sobre su trabajo, tenga que ser transparentado.
Otra propuesta fue la del panista Carlos Castaños, diputado por Sinaloa, quien propuso modificar el marco legal del Congreso para que los datos de todos los gastos del Legislativo sean públicos.
El legislador pidió que, incluso, sea obligatorio hacer públicas las facturas de los gastos y que estén disponibles en el sitio web de la Cámara de Diputados.
El perredista Fernando Belaunzarán, diputado por el Distrito Federal, propuso modificaciones a la Ley de Transparencia para que los grupos parlamentarios y los partidos políticos sean sujetos obligados.
A pesar de las constantes acusaciones sobre la opacidad en el manejo de los recursos, ninguna de estas iniciativas ha sido estudiada en comisiones. Se encuentran, como dice el argot legislativo, “en la congeladora”.
FUENTE: REPROTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GAARCÍA.
CHIHUAHUA, Chih: Catorce años después de su desaparición y asesinato, el caso de la joven Lilia Alejandra García Andrade está por llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio a conocer su madre, la activista Norma Esther Andrade.
Andrade regresó este 14 de febrero a Ciudad Juárez junto con sus nietos Jade y Caleb, hijos de Lilia Alejandra, para conmemorar un aniversario más de la tragedia que cambió sus vidas.
Acompañados de madres de otras jóvenes desaparecidas o asesinadas en Juárez, los tres distribuyeron paletas con la imagen de Lilia Alejandra y mensajes preventivos dirigidos a las mujeres juarenses.
Lilia Alejandra García tenía 17 años cuando desapareció en el centro de Juárez el 14 de febrero de 2001.
Hoy su familia asistió a una celebración eucarística y posteriormente acudió al lugar donde fue encontrado su cuerpo, tres días después de su desaparición, en las avenidas Heroico Colegio Militar y Tecnológico.
“Ahí colocamos una mampara con la imagen de mi hija, en el predio donde localizaron el cuerpo, para iniciar la campaña ‘¿Quieres saber qué pasó aquí?’ Colocamos una semblanza de ella con un reclamo de justicia para hacer un recuento histórico de todo lo que aún sucede en la ciudad, para las siguientes generaciones”, dijo Norma Andrade.
Convertida en activista, Jade, de 15 años, señaló que el mensaje que llevaron a otras jóvenes juarenses es que tengan cuidado con el uso de las redes sociales porque es otra herramienta que usan los criminales para raptar mujeres.
“Ya son 14 años, creo que ahora sigue siendo más de lo mismo, hay demasiadas desaparecidas, demasiada negligencia, demasiada deficiencia por parte de las autoridades. A Juárez se le sigue dando atole con el dedo”, consideró Norma Andrade.
Agregó que a 14 años de la muerte de su hija las cosas han sido muy difíciles, principalmente para los niños, porque a pesar de se han adaptado a la ciudad y a la escuela donde están actualmente (en Estados Unidos), “es difícil porque es un cambio muy brusco”.
Andrade explicó que la familia se fragmentó, ya que algunos integrantes viven en el centro del país, otros en Estados Unidos y otros más se quedaron en Juárez.
La activista sufrió un atentado en febrero de 2012 y ha recibido amenazas por buscar justicia para Lilia Alejandra. También su otra hija, Malú García Andrade, ha sido amenazada, y durante años ha vivido resguardada por agentes federales.
Aunque Andrade perdió la elasticidad en uno de sus brazos, luego del atentado, indicó que la mayor afectación para ella y su familia ha sido la psicológica.
Tanto la muerte de Lilia Alejandra García como el atentado contra Norma Andrade continúan impunes y no hay personas detenidas.
“A raíz del atentado tengo problemas de salud, soy hipertensa y diabética, enfermedades que no tenía. Aparte tenemos que ir al psiquiatra toda la familia. Los niños acuden dos veces por semana con el psicólogo y una vez al mes con el psiquiatra. Todo esto marca”, agregó.
Señaló que para sus nietos, quienes se convirtieron de manera abrupta en sus hijos, ha sido difícil principalmente por la edad que viven ahora, comentó Andrade.
“Los dos viven con restricciones, se vive con miedo de perder no sólo a Jade sino también a Caleb, es difícil para ellos perder su libertad, ellos quisieran tener toda la libertad del mundo y no la tienen, para todo tenemos protocolos”, explicó la activista.
En el caso de Jade, Norma Andrade afirmó que ella misma dice: “Yo sé que por tener el cuerpo que tengo, estoy en peligro de muerte”.
En esta ocasión la familia regresó a Juárez para asistir también a una reunión más del caso de Lilia Alejandra, programada para mañana en la Fiscalía Zona Norte.
El caso de la joven fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sólo falta que esa instancia emita los resultados para que se turne a la Corte Interamericana en Costa Rica.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL).
Si no lo hace con las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, o con las familias de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, o con la indignada opinión pública extranjera y mexicana, o con organismos mundiales como la ONU, el gobierno de Enrique Peña Nieto arremete entonces contra los expertos que invitó para que auxiliaran en el esclarecimiento de los hechos de Iguala; es el caso del Equipo Argentino de Antropología Forense. Un especialista de la ONU afirma que en sus 20 años de trabajo en derechos humanos nunca escuchó cuestionamientos de gobiernos hacia la integridad científica y profesional del EAAF como ahora los hace México.
MÉXICO, D.F: Durante más de una década de trabajo en México, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se ha convertido en un testigo incómodo para las autoridades mexicanas. Desde que participó en las investigaciones de los llamados feminicidios en Ciudad Juárez, pasando por las masacres de migrantes en Tamaulipas o en el caso Ayotzinapa, ha señalado el desaseo de la justicia mexicana en la búsqueda, exhumación e identificación de restos.
Su crítica sobre los procedimientos forenses ha sido lanzada en cortes internacionales o quedó plasmada en informes finales de las misiones a las que ha sido invitado. La última exhibida públicamente fue el informe final que presentó a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, del que se desprende que “la verdad histórica” planteada el 27 de enero por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para cerrar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, es insostenible pues le falta rigor científico.
El informe deja entrever que, con tal de hacer cuadrar la versión oficial de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, la PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, además de cometer errores que pusieron en riesgo la identificación de los restos recogidos en el Río San Juan y enviados a Austria para su análisis.
El informe de la EAAF insistió también en que no le consta de dónde salió el hueso del estudiante Alexander Mora Venancio, el único identificado con pruebas genéticas, ya que el equipo no estuvo presente al momento en que unos buzos de la Marina supuestamente lo rescató del Río San Juan. Refierió que tampoco le ha sido mostrada la cadena de custodia de esa diligencia con el reporte exacto de los hechos.
“Simplificaron enormemente la evidencia y sólo vieron una posibilidad que tiende a coincidir con la historia que presentaron. Usan la ciencia para justificar los testimonios (aportados por los sicarios) en vez de usarlos para contrastar”, declaró ese día un integrante del equipo consultado por la reportera.
“La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”, indicaba su explosivo informe dado a conocer el sábado 7.
Ese día el equipo hizo público que la PGR erró en 20 de 134 perfiles genéticos de los familiares enviados a Austria; omitió decir que el basurero –donde supuestamente fueron calcinados los 43 estudiantes– ha sido un lugar de quema desde hace cuatro años y que al menos contenía el cadáver de una persona que no es ninguna de los estudiantes (por lo que las evidencias presentadas por la dependencia pueden corresponder a otros eventos o personas); recolectó evidencias balísticas y tierra a espaldas del EAAF, y dejó sin vigilancia el basurero, a pesar de ser un “sitio clave” para la investigación, “entre otras serias dificultades”.
En el comentario que ese miembro del equipo hizo a la reportera (el EAAF no acostumbra dar entrevistas) señaló: “No íbamos a hacer esto público. Lo normal hubiera sido que los dos equipos hubiéramos presentado nuestras conclusiones al mismo tiempo, al final de la investigación, pero con lo dicho en la conferencia no nos dejaron otra opción”. Se refería a las declaraciones de Murillo señalando que el equipo sí estuvo presente durante todo el proceso y que más de 100 peritos mexicanos avalan su dicho.
La respuesta de la PGR fue a través de un comunicado difundido el lunes 9; en éste criticó al prestigiado equipo forense, al que, en pocas palabras, le contestó que no debía entrometerse, que carecía de expertos como los de PGR y que extralimitaba sus facultades al querer estar en todo el proceso.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
Las recomendaciones de Naciones Unidas al gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto a desapariciones forzadas se basan en las obligaciones que asumió su país al haber ratificado en 2008 la convención internacional sobre el tema. La aseveración corresponde al relator de la ONU en la materia para el caso de México, Luciano Hazan, quien en el contexto de las descalificaciones y la pobreza argumentativa del gobierno y la cúpula militar peñanietistas a dichas recomendaciones aclara: “Lo que el comité está haciendo es simplemente traducir en recomendación tales compromisos.”
BRUSELAS: En vez de aceptar las recomendaciones que emitió el viernes 13 el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el gobierno de Enrique Peña Nieto optó por descalificar la actuación de esa instancia, pues, sostuvo, “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.
Si bien el relator para el caso de México de ese comité, Luciano Hazan, conviene en que el Estado mexicano tiene el derecho de evaluar las recomendaciones emitidas por dicha instancia de Naciones Unidas, advierte lo siguiente:
“Lo que debe quedar claro es que nuestras recomendaciones están basadas en las obligaciones que asumió México al haber ratificado (en 2008) la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CID). Lo que el comité está haciendo es simplemente traducir en recomendación tales compromisos.”
El martes 3 el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade, declaró que “el país está en libertad de ponderar (las recomendaciones) conforme a sus propias circunstancias, y de ponderar cuál de ellas efectivamente contribuirá a generar un mejor entorno”, de acuerdo con una nota del diario El Universal.
“México cumplió, reportó y respondió a diferentes cuestionamientos e interrogantes. Lo hizo por espacio de dos días y estará atento a recibir las recomendaciones”, abundó Meade refiriéndose al examen al que se sometió el gobierno mexicano –el 2 y 3 de febrero en la sede del CDF-ONU, en Ginebra, Suiza– en torno al cumplimiento de la CID.
En entrevista con Proceso, Hazan expone que el CDF-ONU espera que el gobierno del presidente Peña Nieto acepte las sugerencias y “continúe su diálogo” con esa instancia de Naciones Unidas.
“Si el Estado tiene alguna dificultad para instaurarlas, el comité también puede escuchar cuál podría ser la dificultad y ejercer una recomendación posterior”, explica el relator argentino; enfatiza que el CDF-ONU “no es un tribunal jurisdiccional” y trabaja “de manera constructiva con los Estados”, pues “está orientado a proteger a las víctimas”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL Y MATHIEU TOURLIERE
Ni el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal ni René Bejarano irán por una diputación plurinominal. El Consejo Nacional del PRD también dejó fuera al actor Sergio Mayer.
Marcelo Ebrard Casaubón, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, y René Bejarano, dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), quedaron fuera de las listas de candidatos a una diputación federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En la sesión de su Consejo Nacional, las corrientes mayoritarias en el PRD, Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional (ADN), decidieron darle una posición en las listas plurinominales a cuadros de esas “tribus” y a algunos personajes externos.
Marcelo Ebrard cabildeó fuertemente su postulación como candidato plurinominal ante los órganos del partido. Sin embargo, los órganos de la dirigencia perredista maniobraron para que no se concretara su ubicación en las listas.
El ex jefe de Gobierno había dicho que, de llegar a una diputación, llevaría una “verdadera voz de oposición” al Congreso.
Agustín Guerrero, representante de la corriente Movimiento Progresista, creada por Ebrard, acusó que se trató de una maniobra orquestada desde el Gobierno Federal y que en los lugares con una curul asegurada quedaron miembros de la burocracia del partido y no verdaderos representantes sociales.
Ebrard ha acusado al Ejecutivo de haber comenzado los ataques en su contra por el tema de la Línea 12 porque, dijo, se sospecha que él filtró la información sobre la casa de Angélica Rivera en Lomas de Chapultepec.
René Bejarano, el exfuncionario del jefe de Gobierno conocido como “El señor de las ligas”, dirige una de las corrientes más numerosas y aguerridas del PRD y tampoco logró su colocación en las listas.
Quedaron fuera de las listas también Jesús Ortega, cercano a Nueva Izquierda, grupo dominante en el partido; y Antonio Attolini, quien fuera uno de los dirigentes del movimiento #Yosoy132 y cuya nominación fue cuestionada por otros activistas.
En el lugar que Marcelo Ebrard pretendía conseguir, el primero de la cuarta circunscripción, quedó Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD y a quien se ha acusado de haberse reunido con José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero, apenas unas horas después de haber sucedido la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Los codiciados lugares
El orden de los primeros lugares de las codiciadas nominaciones quedó así:
Por la primer circunscripción, conformada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, y Nayarit, quedaron el exdirigente partidista Guadalupe Acosta Naranjo; Hortensia Aragón, exsecretaria general del PRD; y Juan Carlos Guerrero, presidente del PRD en Jalisco.
Para la segunda circunscripción, en la que se encuentran los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, quedó en primer lugar Agustín Basave, académico de la Universidad Iberoamericana, le siguen Tania Victoria Arvijo y Waldo Fernández González.
A la tercera circunscripción, por los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, van Candelario Pérez, presidente del PRD en Tabasco; la segunda posición quedó pendiente; y en la tres va Felipe Reyes Álvarez, presidente del PRD en el Loma Bonita, Oaxaca.
En la cuarta circunscripción, conformada por el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, quedaron Jesús Zambrano, expresidente nacional del PRD; Cristina Gaytán Hernández, directora de Formación Política del PRD y exesposa de Martí Batres (líder de Morena) y Luis Maldonado Venegas.
La cuarta circunscripción es donde más votos recibe el PRD.
Finalmente, por la quinta circunscripción en la que están Colima Hidalgo, el Estado de México y Michoacán, quedaron Omar Ortega, presidente del PRD en el Estado de México; Karen Hurtado; y Tomás Octaviano, del PRD Estado de México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Durante años, los Aguirre tuvieron en Guerrero las arcas abiertas. Con la detención de dos familiares del gobernador con licencia Ángel Aguirre acusados de desvío de recursos, su ‘buena suerte’ parece estar cambiando.
A diferencia de hace cuatro meses cuando aseguró que su conciencia estaba tranquila, hoy Ángel Aguirre Rivero difícilmente duerme en paz.
El cerco que rodea al gobernador con licencia de Guerrero se cierra cada vez más.
Primero, la presión mediática por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas lo obliga a pedir licencia a la gubernatura de Guerrero.
Después, la captura de dos familiares y un exfuncionario de su administración -acusados operaciones con recursos de procedencia ilícita- lo orilla a renunciar al PRD.
“Yo lo dejo bien claro, tengo mis manos limpias no tengo nada de que avergonzarme, ni mi familia, ni mis hijos, ni mi esposa”, dijo Aguirre Rivero en octubre del 2014, días antes de pedir licencia a su cargo.
El martes de la semana pasada, su hermano, Carlos Mateo Aguirre Rivero, y su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez fueron aprehendidos señalados de desviar 287 millones 12 mil 594 pesos del erario local y federal.
Pero no son los únicos familiares del gobernador con licencia que están bajo la lupa. Y es que las posibilidades de que algún pariente de Aguirre Rivero resulte implicado en algún asunto político en Guerrero son amplias.
En noviembre del 2011, SinEmbargo publicó una investigación en la que reveló que durante su administración Aguirre Rivero tuvo 38 familiares directos en la nómina del Gobierno del Estado de Guerrero, entre hermanos, tíos, primos y sobrinos, sin considerar a algunos cuñados.
“De estos familiares, 13 son encargados de manejar y recaudar recursos públicos de forma directa. Tan solo los 38 familiares directos del gobernador Aguirre (…) le cuestan a la entidad –y directamente a los guerrerenses– un total de 1 millón 110 mil 643.22 pesos mensuales. Esto sin contar prestaciones como aguinaldos, bonos, vales de despensa y gasolina, entre otros”, refirió el reportaje.
Pero entre toda esa genealogía política de Aguirre Rivera hay un nombre que resalta. El de Ernesto Aguirre Gutiérrez.
Desde hace años, el sobrino del ahora exmilitante del PRD ha sido mencionado como el verdadero encargado de llevar las riendas del gobierno en Guerrero.
Aguirre Gutiérrez pavimentó el camino a esa posición desde que era subdelegado del ISSSTE, de donde salió acusado de desviar recursos millonarios para respaldar la campaña de Ángel Aguirre Herrera, hijo del gobernador con licencia.
“Trabajadores sindicalizados del ISSSTE denunciaron al subdelegado de Prestaciones, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, de desviar recursos millonarios de la institución para respaldar la campaña de su primo hermano, Ángel Aguirre Herrera, candidato del PRI a diputado federal por el distrito 8 de Costa Chica”, reveló La Jornada en mayo del 2009.
Pese a eso, Aguirre Rivero lo nombró Coordinador de Proyectos Estratégicos durante su administración, aunque en mayo del 2012, fue despedido junto con otras nueve personas, señaladas de estar en su Gobierno del Estado como una muestra de nepotismo.
Sin embargo, Aguirre Gutiérrez permaneció como “asesor externo” del entonces gobernador.
Era él quien tomaba decisiones a nombre de su tío y por encima de los secretarios del gabinete.
Cuando se conoció de la existencia de las autodefensas en Guerrero, no fue Aguirre Rivero quien salió a negociar con los civiles armados. Fue Aguirre Gutiérrez quien se reunió con los inconformes.
Lo mismo sucedió luego de la tragedia de Iguala. Fue el sobrino del ahora gobernador con licencia quien encabezó las reuniones entre funcionarios y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Se dijo que Aguirre Gutiérrez mantuvo su sueldo, sus oficinas en Casa Guerrero, y que además disponía de personal a su mando, además de vehículos blindados del gobierno estatal.
El hijo desobediente
En medio de la tormenta que se vive en el seno de la familia Aguirre, Ángel Aguirre Herrera -hijo del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero- no declinará a sus aspiraciones como precandidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, dijo Bulmaro Cabrera, líder de la corriente Izquierda Progresista por Guerrero (IPG).
A pesar de la renuncia de Aguirre Rivero al partido del sol azteca, el también secretario del Comité Municipal del PRD aseguró que eso no tiene por qué afectar a su hijo.
“Hasta ahorita Ángel Aguirre Herrera está dentro de la vida orgánica del partido y también en sus aspiraciones políticas”, sostuvo.
Días antes, el senador Miguel Barbosa había dicho que la candidatura de Aguirre Herrera debía descartarse.
“Yo no veo al hijo de candidato en ningún lado dentro del PRD, los Aguirre en Guerrero ya no tienen partido. Eso sí me parecería equivocado ante este escenario, que el hijo de Ángel Aguirre apareciera de candidato del partido en este momento”, acotó el coordinador del PRD en la Cámara Alta.
Nexo con el narco
A principios de octubre del 2014, la aparición de al menos tres mantas dirigidas en las que se acusaba al gobernador Ángel Aguirre Rivero de presuntos nexos con la delincuencia organizada fueron colocadas en estratégicos puntos de Acapulco.
“Sr. Presidente Peña Nieto ya la ciudadanía Acapulqueña ya estamos artos (sic) de tanta delincuencia que se vive en el pueblo gracias a Víctor Aguirre alias ‘El Feo’ apoyado por su primo el gobernador Ángel Aguirre Rivero quien lo apoya”, se leía en una de ellas.
Otro de los mensajes advertía que solo Aguirre Rivero podía detener a los cárteles locales.
“Solo tú vas a detener la guerra deteniendo a tu primo Víctor Aguirre; de no ser así, esta guerra seguirá”.
Aguirre Rivero negó cualquier vínculo con la delincuencia y aseguró que su gobierno la combatió desde el primer día.
Ya en el 2009 se había exhibido la presunta relación familiar entre “El Feo” -un expolicía federal que estuvo preso por narcotráfico- y Aguirre Rivero.
En aquella ocasión, dos mantas fueron colocadas en distintos puntos de Acapulco.
El mensaje señalaba que Víctor Aguirre, estando preso, gozaba de protección oficial y fue señalado de controlar la venta de droga al interior de la cárcel de Las Cruces.
Dos años después, en enero del 2011, el gobernador con licencia volvió a ser vinculado con el narcotráfico.
Aguirre Rivero era candidato de la izquierda a la gubernatura, y a tres días de la elección, fueron colocadas dos narcomantas en el puerto. El nombre de Víctor Aguirre volvió a aparecer.
Días después, un comando rafagueó tres residencias ubicadas en el fraccionamiento Las Playas, una de ellas marcada con el número 71 y la leyenda “Casa Aguirre”.
De acuerdo a una nota de Proceso, el inmueble era propiedad de Rafael Aguirre Añorve, primo de Aguirre Rivero.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
A partir del litigio de un particular contra su exempleador, Bancomer, se descubrió que esa institución, el banco más grande de México, cuya matriz está en el extranjero, lleva una doble contabilidad: por un lado tiene estados financieros auditados donde se ven claramente sus utilidades y por otro, ante Hacienda, alega pérdidas. De este modo la institución bancaria se inventa un pretexto para no pagarles utilidades a miles de sus trabajadores.
MÉXICO, D.F: En su informe anual consolidado correspondiente a los años 2005 y 2006, BBVA Bancomer hizo público que en ese periodo obtuvo utilidades netas por 12 mil 134 millones de pesos el primero de esos años, y 21 mil 622 millones de pesos el segundo.
Además en los estados financieros auditados por la firma Galaz, Yamazaki y Urquiza, se reportó que en esos dos años hizo pagos de 955 millones y 5 mil 612 millones de pesos, respectivamente, por concepto de Impuesto Sobre la Renta y pago de utilidades.
Sin embargo, durante un largo litigio para demandar el pago de sus utilidades interpuesto hace siete años por Martín Agustín Ocampo –extrabajador del área fiduciaria de BBVA Bancomer–, se descubrió que la principal institución bancaria de México les adeuda pagos de utilidades de 2004, 2005 y 2006 por más de 3 mil 300 millones de pesos a sus trabajadores; además declaró en forma complementaria una pérdida en su contabilidad ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por casi 2 mil millones de pesos en 2006, de acuerdo con los datos de un juicio concurrente.
Los documentos del litigio –cuya copia obtuvo Proceso– “pueden sentar un precedente histórico”, advierte Ocampo, quien ya avanzó en su litigio por el reparto de utilidades por 316 millones de pesos correspondientes a 2004, aunque aún están pendientes de determinarse la validez de los pagos de utilidades de 2005 y 2006, que suman 3 mil millones de pesos.
“Me he ido enterando de varias cosas truculentas que el banco realizó para no pagarle utilidades al personal, como fue la sustitución patronal, el 22 de noviembre de 2006, del personal de BBVA Bancomer, el patrón original, por BBVA Bancomer Operadora S. A., un outsourcing”, afirma Ocampo, quien considera que su caso puede ser similar al relatado en la película Erin Brockovich, pues ayudará al pago para todos los otros trabajadores a quienes no les repartieron utilidades.
En marzo de 2009, en los documentos del juicio de nulidad que interpuso el banco, BBVA Bancomer reportó ante la Junta Especial Número 14 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que, contrario a lo declarado en su propio informe anual correspondiente a 2005 y 2006, en este último año no pagó impuestos ni utilidades porque tuvo una “pérdida fiscal del ejercicio” de más de 2 mil millones de pesos.
“Es necesario que las autoridades intervengan porque aquí hay una doble contabilidad”, sentencia Ocampo en entrevista. “La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda deben investigar. No es posible que Bancomer diga que no tenía utilidades, hasta que yo presento mi demanda” e “inició un proceso de nulidad en 2008 para no pagar las utilidades de 2004 y defender su posición de que no hubo utilidades en 2005 y 2006”.
Proceso buscó las versiones del área de la Dirección Jurídica de BBVA Bancomer y de su Dirección de Comunicación Social. El banco “se reserva sus comentarios dado que estamos en un proceso legal y daremos una versión hasta que esto culmine”, se informó a este semanario.
Ocampo explora la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia atraiga este caso “porque es violatorio del artículo 123, fracción 9 de la Constitución, en donde se establece que los trabajadores tienen derecho al reparto de utilidades”.
“Es relevante que la Corte lo atraiga pues afecta a muchos trabajadores y extrabajadores y a sus familias; el pago de esa prestación pudo ser la diferencia de alguna situación apremiante de éstos y sus familias, ahora sin empleo”, abunda Ocampo.
Hasta ahora la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, después de siete años, emitió un laudo en el que condena a Bancomer a pagar a Ocampo la cantidad correspondiente al reparto de utilidades de 2004, pero lo exime de pagar 2005 y 2006, años en los cuales las cantidades son más altas.
“Si yo le gano los amparos a Bancomer, estará obligado a pagar a todos los demás trabajadores a quienes no les dieron reparto de utilidades en esos años. Fueron más de 20 mil trabajadores”, calcula Ocampo y agrega que se deberá ampliar la demanda y hacerla colectiva para poder presionar el cobro.
La “ordeña”
“El objetivo de BBVA Bancomer y de la mayoría de los bancos extranjeros es pagar dividendos altos a sus accionistas de las casas matrices. Bancomer se salió de la Bolsa Mexicana de Valores para poder pagar dividendos directos a los accionistas –afirma– y evitar la supervisión de los números que manifiestan”.
El extrabajador de Bancomer citó la polémica generada en marzo de 2012 por el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, quien afirmó en un artículo publicado en Financial Times que los bancos de propiedad extranjera en México pagaron a sus casas matrices 20 mil millones de dólares, cantidad comparable a la que sus actuales dueños pagaron por ellos entre finales de la década de los noventa y la primera del siglo XXI.
Ortiz Martínez, en ese momento presidente del Consejo de Administración de Banorte, afirmó que la banca extranjera en México fue “un negocio increíblemente rentable” que ha trasladado fuertes cantidades de dividendos a sus matrices en detrimento del crédito y del crecimiento de la economía.
El entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, calificó de “falaces” los argumentos de Ortiz Martínez y le recordó en declaraciones a la prensa que él mismo fue protagonista del proceso de privatización de la banca como subsecretario de Hacienda del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1990.
A las críticas de Ortiz Martínez se sumaron las de Alejandro Valenzuela, entonces director general del Grupo Financiero Banorte, quien consideró que “no es un tema menor” la cantidad de dividendos que envían los bancos extranjeros que operan en México a sus matrices.
Ninguno de ellos mencionó el tema de la falta de pago del reparto de utilidades o de la doble contabilidad para evitar el pago de impuestos ante el SAT.
“Si esto sigue así, va a pasar como sucedió recientemente en Grecia: van a matar a la gallina de los huevos de oro. Sí es necesaria la apertura hacia el extranjero, pero que paguen impuestos y cumplan con las obligaciones laborales.
“Es increíble que algunos funcionarios de Bancomer, con tal de no pagar las utilidades, pongan en peligro la concesión de un banco. Este caso pone en riesgo la concesión de Bancomer ante una revisión real de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo le van a decir a los empleados que ‘se les olvidó’ pagar utilidades 10 años después?”, reflexiona Ocampo.
El litigio
Después de siete años, el 4 de julio de 2014, la Junta Federal Número 14 emitió un laudo donde le da parcialmente la razón a Ocampo en uno de los tres periodos (2004), debido a la existencia de suficientes pruebas y la falta de manejo de la defensa del banco, a cargo del despacho de Tomás Natividad Sánchez, abogado también de la Coparmex.
En la inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se demostró que BBVA Bancomer obtuvo una utilidad de 316 millones de pesos durante 2004, de la cual existe un procedimiento fiscal que el banco no inició sino hasta 2008, y después de perderlo en las salas fiscales, se encuentra en amparo con el número 643/2014 en el 16 Tribunal Colegiado en Materia de Administración.
Los abogados de la institución financiera alegaron la prescripción, pero se determinó que ésta no se daba porque el cómputo del año comienza a partir de que la empresa hace de conocimiento de sus empleados la existencia de las mismas. Por esta razón, el tribunal le dio la razón a Ocampo.
Éste y su abogado tuvieron acceso a informes de la Procuraduría Fiscal, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de Hacienda, cuyo voluminoso expediente pudo revisar Proceso. Entre esos documentos están los presentados por BBVA Bancomer que confirman que se está realizando doble contabilidad.
Por un lado existen estados financieros auditados donde se ven claramente las utilidades y por el otro, la presunción de que no las hubo. Sólo la Secretaría de Hacienda se negó a dar informes a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, según consta en los documentos del expediente.
En el caso del outsourcing, el Tercer Tribunal Colegiado, integrado por los magistrados Alicia Rodríguez Cruz, Tarcisio Aguilera Troncoso y Héctor Arturo Mercado López, resolvió en septiembre de 2013 que el convenio de sustitución patronal en Bancomer era ilegal, en virtud de que para justificar la existencia de un patrón sustituto es indispensable que se transmita de una empresa a otra el patrimonio como unidad o parte del mismo, y en este caso no existió tal transmisión.
En el amparo directo 638/2013, los magistrados se apoyaron en resoluciones previas de la Suprema Corte de Justicia y determinaron que “los elementos de prueba ofertados en el juicio ponen de manifiesto la simulación que adujo el actor (…) se estima que BBVA Bancomer S.A., institución de banca múltiple, pretende eludir el cumplimiento de las obligaciones que se han generado con motivo del vínculo laboral”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Más negocios sospechosos entre particulares y dependencias del gobierno federal, concretamente la Secretaría de la Defensa, evidencian un nuevo caso de manejo indebido de recursos públicos –documentado por la Auditoría Superior de la Federación– y probables actos de corrupción. El asunto involucra la ampliación del estacionamiento de la Sedena localizado en Industria Militar y Periférico. El arquitecto que creó el proyecto es Santiago Aspe Poniatowski, quien elaboró asimismo el del complejo inmobiliario de Ixtapan de la Sal donde Enrique Peña Nieto tiene una residencia.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En febrero del año pasado, al concluir los festejos por el centenario del Ejército Mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró una costosa obra adjudicada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al mismo arquitecto que construyó la casa club del desarrollo inmobiliario y de descanso en Ixtapan de la Sal donde el gobernante tiene una propiedad.
Mediante adjudicación directa, la Sedena entregó a Coemsa Inmobiliaria la ampliación de su estacionamiento ubicado en avenida Industria Militar y Periférico. El contrato firmado por el Ejército y la empresa tuvo por objeto la ampliación de 600 cajones de estacionamiento en cinco niveles, puentes peatonales, un helipuerto y oficinas. El costo contractual pactado fue de 203 millones de pesos, pero al final se pagaron 480 millones.
La inauguración del estacionamiento se hizo en sigilo en momentos en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacía públicas las irregularidades en el contrato. Ni la Presidencia de la República ni la Sedena informaron oficialmente sobre el acto, a diferencia de otros que tuvieron lugar el mismo 18 de febrero de 2014, cuando terminaron las celebraciones del centésimo aniversario del Ejército Mexicano.
La Sedena catalogó la obra como un asunto de seguridad nacional, y utilizó recursos de un fideicomiso creado el sexenio pasado y reservado para operaciones de orden interior y seguridad nacional de carácter contingente o urgente.
Debido a que la secretaría consideró la ampliación del estacionamiento como un asunto que puede poner en peligro a la nación, el contrato no aparece en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del gobierno federal. Pero el documento fue entregado a un solicitante mediante una petición de información. Tiene el número 077/I/2012 y coincide con el citado por la ASF en la revisión de la cuenta pública 2012.
De acuerdo con el POT, Coemsa Inmobiliaria no aparece en ningún contrato con alguna otra dependencia del gobierno federal. Según su página, la empresa contratista fue creada en marzo de 2011 por Coemsa Parking S.A. de C.V., que en su sitio de internet menciona entre sus clientes a las compañías del Grupo Walmart y a la Sedena.
Para el contrato, Coemsa Inmobiliaria designó como representante legal a Óscar Francisco Navarro Soto, y como domicilio fiscal manifestó la calle Gobernador Manuel Reyes Veramendi 32, en la colonia San Miguel Chapultepec, la misma dirección del despacho SAP Arquitectos, que encabeza Santiago Aspe Poniatowski, primo hermano del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armella.
Al llamar a la representación legal mencionada en el contrato con la Sedena, la respuesta fue que se trataba de Corporativo Coemsa, pero al llamar al número del despacho de arquitectos que aparece publicado en su sitio web, la operadora contesta de inmediato como Coemsa Inmobiliaria.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
El gobierno de Puebla es uno de los más represores del país. En los cuatro años de la administración de Rafael Moreno Valle al menos 224 personas han sido aprehendidas por participar en protestas. La mayor parte de los detenidos son indígenas y se movilizaban de manera pacífica. Mediante un sistema de corte fascista que implica la “desaparición” durante horas de los ciudadanos, la fabricación de expedientes y la imposición de fianzas exorbitantes, la procuraduría estatal usa la “Ley Bala” selectivamente contra cualquier disidencia.
PUEBLA, Pue: La mañana del 21 de junio Juana Macuitl Coyotl y su hija Angélica salieron de su casa, en San Antonio Cacalotepec, para ir a una consulta médica. Horas después estaban en la cárcel y tardarían casi cuatro meses en salir, tras pagar una fianza de 480 mil pesos que las dejó en la ruina.
Aquel día, cuentan, se encontraron con un grupo de vecinos que marchaba para protestar contra el servicio que presta la Red Urbana de Transporte Articulado (el Metrobús de Puebla). Como caminaban en la misma dirección, las dos mujeres se unieron momentánea e involuntariamente al grupo.
A Juana le dieron un cartel que decía: “No a la tarjeta, sí a la moneda”. Fue su gran delito. Metros adelante se toparon con granaderos que, sin más, se lanzaron contra los manifestantes y al azar detuvieron a ocho. “Me agarraron primero. Mi hija reclamó: ‘¿A dónde la llevan? ¿De qué la acusan?’ Y nada más le dijeron: ‘Tú te callas y también te vas’”, recuerda Juana.
A la fecha ambas siguen sujetas a proceso por los delitos de daño en propiedad ajena, motín, resistencia de particulares, ataques a las vías de comunicación y delitos cometidos contra funcionarios públicos. Les achacan haber participado –un día antes– en otra protesta, de la cual ni siquiera estaban enteradas.
De nada sirvieron los testimonios de los vecinos ni una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para convencer al gobierno del panista Rafael Moreno Valle de que el encarcelamiento de estas dos mujeres no sólo era injusto, sino que dejaba en el desamparo a tres niños de 16, 12 y seis años, hijos de Juana, madre soltera que se gana la vida limpiando casas.
El juzgado fijó una fianza de 240 mil pesos a cada una. Sólo pudieron reunir el dinero endeudándose. “Nos hemos quedado en la calle, con una deuda que tardaré más de 10 años en pagar. Me quedé sin trabajo y todo por hacer nada, sólo por agarrar un cartel”, resume Juana.
Lo que les ocurrió, dice Angélica, debe servir de advertencia a los poblanos: como están las cosas en esta entidad, “uno nunca sabe cuándo irá a parar a la cárcel”.
Presos y perseguidos
En los cuatro años que lleva el gobierno de Moreno Valle –ganó la elección como abanderado de una alianza PAN-PRD-Convergencia-Nueva Alianza–, al menos 224 personas, la mayoría indígenas, han sido detenidas tras participar en protestas, oponerse a obras o inconformarse por políticas gubernamentales.
Los abogados Vladimir Luna y Raúl Rodríguez de la Fuente advierten, además, que dentro del cúmulo de expedientes, el gobierno poblano tiene abierta la posibilidad de girar cientos de órdenes de aprehensión contra otros manifestantes.
Para el abogado René Sánchez Galindo, Moreno Valle convirtió a la Procuraduría de Justicia en “un brazo político” para desarticular movimientos sociales y criminalizar la protesta.
Los defensores señalan que los casos siguen un patrón, ya que las personas son apresadas con violencia y las “desaparecen” horas, mientras se arman expedientes con el mayor número posible de delitos para evitar el derecho a caución. Cuando está listo, se fijan altas fianzas, como si los inconformes fueran delincuentes de alta peligrosidad.
El Movimiento Autónomo Indígena Zapatista denuncia que la mayoría de los presos “de conciencia” de Moreno Valle son de origen indígena, por lo que existen elementos para acusar al mandatario por el delito de discriminación con la agravante de odio.
Agrega que, además del sufrimiento que causan el encarcelamiento y la persecución, esta política represiva ha generado un daño patrimonial a centenares de familias, muchas de ellas de escasos recursos.
Tras una marcha de más de 8 mil poblanos el 14 de enero hacia la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación federal intervino para que el gobernador accediera a establecer una mesa de diálogo sobre este problema, calificado por organizaciones no gubernamentales como “la peor crisis de violación a los derechos humanos” padecida en Puebla.
En 2014 el encarcelamiento de luchadores sociales y ciudadanos comunes se agudizó, pero esta política represiva caracterizó a la administración morenovallista desde sus inicios.
El primer año de su sexenio –2011– fueron llevados a prisión ocho comerciantes de la Calle 46 Poniente que participaban en una protesta, cuatro defraudados por las cajas de ahorro –quienes bloquearon una calle– y 31 campesinos que reclamaban un predio en Chignahuapan.
En 2012 fueron detenidos 26 habitantes de Francisco Z. Mena que reclamaban a Pemex reparar un camino, además de que 60 jóvenes del movimiento #YoSoy132, quienes mantenían un campamento en el Zócalo poblano, fueron llevados a los separos municipales.
De igual forma, desde mayo de 2013 tres jóvenes están sujetos a proceso judicial luego de que dieran like a una invitación en la red social de Facebook para protestar contra el presidente Enrique Peña Nieto durante los festejos del 5 de Mayo. En julio de ese año, el gobierno encarceló a 14 personas que se inconformaron por la introducción del Metrobús.
En octubre fue apresado el luchador social Delfino Flores Melga durante el desalojo de la colonia Xilotzoni. El 26 de junio de 2014, el dirigente de colonos murió dentro del penal, luego de que se le negara el derecho a prisión domiciliaria que le correspondía por su edad, 90 años.
El año pasado se contaron al menos 75 personas detenidas y sujetas a proceso judicial –45 de ellas permanecen en prisión– tras participar en movilizaciones o luchas sociales. Además se emitieron decenas de órdenes de aprehensión que obligaron a otros ciudadanos a ocultarse o a limitar sus actividades.
En febrero de este año 20 pobladores de San Juan Amecac, municipio de Atzitzihuacán, fueron detenidos cuando regresaban de participar en una mesa de negociación para resolver un conflicto poselectoral.
Otro caso: 14 conductores de mototaxis fueron encarcelados en Coronango, Xoxtla y Acatzingo por protestar contra los violentos operativos del gobierno poblano para decomisar este tipo de unidades.
Entre el 6 y el 9 de abril fueron detenidos, en la comisaria de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas y el activista Juan Carlos Flores Solís, opositores al Gasoducto Morelos, así como Abraham Cordero, líder de la lucha contra el Libramiento Arco Poniente.
Cordero y Flores Solís salieron del penal tras ganar una serie de amparos, pero la campesina Enedina Rosas aún está en prisión domiciliaria por el supuesto robo de dos celulares, aunque quienes la acusan no se han presentado a declarar en los 10 meses que lleva su proceso.
Ya con la llamada “Ley Bala” aprobada, el 27 de mayo fueron apresados con violencia cuatro pobladores de Ajalpan, quienes realizaban una protesta en el ayuntamiento.
El 21 de junio granaderos detuvieron a ocho habitantes de Cacalotepec, inconformes con el Metrobús.
Mientras, el 1 de julio la policía estatal reprimió y encarceló a ocho habitantes de Tehuacán que bloquearon oficinas para protestar contra las reformas legislativas que dejaron a las juntas auxiliares sin servicios de registro civil, sin jueces de paz, policías ni Ministerio Público.
Esta misma causa originó que el 9 de julio distintas comunidades organizaran manifestaciones, entre ellas una en San Bernardino Chalchihuapan, cuyos habitantes fueron desalojados por granaderos que hirieron de muerte al niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Cuatro habitantes de esa comunidad fueron acusados por el asesinato del niño, aunque luego la defensa demostró que habían sido detenidos antes de ocurrido el homicidio. Siguen sujetos a proceso por ataque a las vías de comunicación.
Tras la represión en Chalchihuapan, el 11 de septiembre la CNDH emitió una recomendación en la cual le pidió al gobernador “instaurar una estrategia para la atención de demandas sociales (…) que considere la solución pacífica de los conflictos y se abstenga de criminalizar la protesta social”. Las organizaciones políticas y sociales esperaban un cambio, pero no fue así.
Cholula y Chalchihuapan
El 6 de octubre, integrantes del Movimiento por una Cholula Viva y Digna participaron en la toma simbólica de la alcaldía de San Andrés Cholula. Exigieron que se cancelara el proyecto de construir un parque turístico en terrenos aledaños a la pirámide y al templo de la Virgen de los Remedios, que desde tiempos prehispánicos son considerados sagrados por los cholultecas.
Luego de que ninguna autoridad se presentara a escucharlos, los manifestantes bloquearon el Periférico, hasta que funcionarios municipales y estatales establecieron una mesa de diálogo.
Aunque las pláticas estaban abiertas, los granaderos llegaron la madrugada del 7 de octubre, agredieron a las mujeres que hacían guardia en la plaza y se llevaron detenidos a cuatro líderes del movimiento: Adán Xicale, mayordomo (autoridad religiosa) de San Juan Aquiahuac; a su hijo Paul, y a los fiscales religiosos de Santa María Cuaco, Albino y Primo Tlachi.
Xicale es el abogado que interpuso amparos colectivos firmados por los 800 ciudadanos que repudian la afectación cultural de construir ahí un parque con fines comerciales.
La autoridad, empero, giró órdenes de aprehensión contra otros 10 participantes del movimiento; entre ellos Paola de la Concha Zindel, pese a que mostró boletos de avión y pasaporte de un viaje a Estados Unidos que hizo justo esos días.
La madrugada del 18 de octubre, con el argumento de que atendía la recomendación emitida por la CNDH, el gobierno poblano envió un comando de policías que allanaron casas y golpearon a mujeres, ancianos y niños de la comunidad de Chalchihuapan.
Detuvieron a cinco de ellos, a quienes acusan de intento de homicidio, motín, ataques a las vías de comunicación y resistencia.
Juntas auxiliares y 28 de octubre
El 17 de octubre, policías ministeriales detuvieron al edil auxiliar de la comunidad náhuatl La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, quien había interpuesto un amparo contra la reforma que promovió Moreno Valle para centralizar el Registro Civil.
Igualmente, el 4 de noviembre policías ministeriales detuvieron a Raúl Pérez Velázquez, edil de la junta auxiliar San Miguel Canoa, otro de los opositores a la reforma morenovallista.
El abogado Hilario Gallegos asegura que el gobierno fabricó delito tras delito contra los ediles, para evitar que salieran libres apenas lograran obtener un amparo.
Javier Montes Bautista, edil auxiliar de Chalchihuapan, fue capturado el 21 de noviembre, acusado de golpear policías en la trifulca del 9 de julio.
Mientras los seis policías aprehendidos por la muerte del niño Tehuatlie Tamayo obtuvieron su libertad desde la noche de Navidad, a Montes lo recluyeron en la crujía de “presos de alta peligrosidad”.
Rubén Sarabia Sánchez, conocido como Simitrio, líder moral de la agrupación de vendedores ambulantes 28 de Octubre, fue aprehendido el 19 de diciembre, y cuatro días después, su hijo Rubén Sarabia Reyna.
A Simitrio lo acusan de violar su libertad condicional; a su hijo lo apresaron por supuesto narcomenudeo. Sin embargo, esta acción es atribuida a que la 28 de Octubre constituye el contingente más numeroso en las marchas que reclaman un alto a las políticas represivas de Moreno Valle.
Ya en prisión, al luchador social le notificaron la reapertura de procesos penales que lo mantendrían privado de su libertad 50 años. Esto ocurrió el mismo día que el gobierno estatal y el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla iniciaron “pláticas”.
Y el 19 de enero de este año, tras reprimir una manifestación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla contra el presidente Peña Nieto y Moreno Valle, granaderos detuvieron a tres jóvenes. Los retuvieron más de cinco horas y después los liberaron sin cargos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
Ciudad de México, 14 de enero: Trabajadores de Petróleos Mexicanos han empezado a cobrar conciencia sobre la posibilidad de que 60 mil de ellos sean despedidos como consecuencia directa de la Reforma Energética promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto. Y ahora entienden que es con la complacencia del líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps, dijo ayer Luis Sánchez Jiménez, Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El legislador detalló en entrevista para SinEmbargo que la inconformidad de los trabajadores creció luego de que descubrieran que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República mexicana (STPRM) y Pemex se adelantaron y en agosto pasado suscribieron el Convenio Administrativo-Sindical 10717/2013 para analizar una serie de despidos que tocarán todas las áreas de la paraestatal.
“Aún cuando este debate tiene ya algunos meses, hay que decirlo con la verdad, lo cierto es que los trabajadores no se habían metido al análisis de los aspectos que les podría afectar. Y hasta ahora que ya está publicada la Reforma es que ya empiezan a preocuparse porque ya están viendo los efectos reales de esta Reforma”, indicó el legislador.
En su oficina ubicada en el tercer nivel del edificio principal del Senado de la República, el legislador mexiquense precisó que los trabajadores, tanto la disidencia como los integrantes del mismo sindicato, están empezando a reunirse para analizar los impactos negativos de la reforma constitucional que abre el sector energético a la participación de capitales privados.
“Hay un control muy férreo de los trabajadores en las diversas secciones sindicales. Sin embargo, creo que aquí el peligro de que se queden sin empleo les va a movilizar, y muy probablemente rebasen a su dirigencia. Ya están hablando hoy de que piden la cabeza de su dirigente [Carlos Romero Deschamps], lo cual es un inicio”, indicó el Senador Sánchez Jiménez.
El también vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado agregó que corresponderá a los propios trabajadores afectados alzar la voz para defender sus empleos, ya que difícilmente lo hará su por ellos líder sindical, porque él “está maniatado por la corrupción”.
“Su dirigente nacional [Carlos Romero Deschamps] nunca abrió la boca, ni en las reuniones de comisiones, ni en el Pleno, ni en ningún debate previo sobre el tema de la Reforma Energética, porque sabe que no puede oponerse, porque en el momento que [él] diga que defenderá a los trabajadores, en ese momento seguramente lo meten a la cárcel, a él y a muchos de sus allegados y de sus familiares, supongo”, expresó el Senador del PRD.
Confió en que este movimiento organizado de trabajadores se está empezando a gestar contra la reforma más importante del sexenio podría culminar con la remoción del líder sindical y Senador por el Partido Revolucionario Institucional, Carlos Romero Deschamps.
PRD INSISTE EN QUE HABRÁ 60 MIL DESPIDOS
El Senador Luis Sánchez Jiménez advirtió uno de los primeros impactos negativos de la Reforma Energética los percibirá el 40 por ciento del personal actual de Pemex que se quedará sin empleo.
“No son especulaciones. Es la observación de la aplicación de una Reforma Energética que fue hecha de manera más irresponsable y salvaje que país alguno pudiera hacer en esa materia. El Sindicato pierde la exclusividad de las áreas que hoy atiende y por lo tanto sufrirá una fuerte reducción la materia de trabajo. Eso es lo que tiene como implicación esta Reforma”, indicó el Senador Luis Sánchez.
Precisó que los artículos transitorios de la Reforma promueven la participación de Pemex sólo en actividades de exploración y producción, con la consecuencia lógica de que reducirá su participación en otras áreas antes estratégicas, que a partir de la Reforma serán operadas por empresas trasnacionales.
Como resultado de esta actividad, Pemex y CFE deberán “redimensionar” su fuerza de trabajo y despedir al personal “reiterativo”. En otras palabras, eso significa que las antes paraestatales reformarán el contrato colectivo de trabajo con su Sindicato, a fin de recortar al personal que resulte innecesario para las reducidas actividades de las nuevas “empresas productivas del Estado”.
“En este sentido, hay que decir que los primeros afectados estarían en Pemex Gas. Hay que recordar que se creará el Centro Nacional de Control de Gas Natural, pero en realidad todas las áreas –en ese convenio administrativo– están siendo señaladas como personal “redundante”. Una definición de personal, de trabajadores que no habíamos escuchado jamás”, afirmó el Senador.
Actualmente laboran en Pemex 150 mil 697 trabajadores, de los cuales 101 mil son sindicalizados y 50 mil eventuales y de confianza, de acuerdo con el Anuario Estadístico 2013 de Petróleos Mexicanos.
Los empelados se distribuyen de la siguiente forma:
- 51 mil 998 en PEMEX Exploración y Producción
- 46 mil 236 en PEMEX Refinación
- 12 mil 191 en PEMEX Gas y Petroquímica Básica
- 13 mil 487 en PEMEX Petroquímica
- 14 mil 404 en PEMEX Corporativo
- 12 mil 381 en Servicios Médicos
FALACIA LA CREACIÓN DE EMPLEOS
En entrevista, el Senador Luis Sánchez, consideró falso el argumento publicitario del Gobierno federal mediante el cual asegura que la Reforma impulsará la creación de empleos y el abaratamiento del costo de los energéticos.
Insistió en que como parte de la aplicación de las reformas en Pemex y el “redimensionamiento” de sus áreas productivas, se reducirán sus actividades y en consecuencia requerirán menos puestos laborales.
Difícilmente, dijo, será a la inversa.
“Se ha empezado a mencionar que los despedidos encontrarán cabida en las nuevas empresas, esto es absolutamente falso. Aquí tenemos ya el ejemplo, en Tabasco ya operan algunas empresas trasnacionales, y ellas traen a su personal. Y a los pocos mexicanos que han contratado esas empresas, les ofrecen –incluso– condiciones laborales menores a los que les ofrece hoy Pemex”, sostuvo.
El legislador por el Estado de México recalcó que la pérdida de empleo afectará también a los trabajadores indirectos de Pemex, como son los casi 275 mil empleados de las 11 mil gasolineras distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional.
Indicó que la gran mayoría de ellas no podrán competir con el modelo de gasolineras de Estados Unidos o de Europa, que son estaciones de servicio que emplean a una o dos personas, porque son prácticamente de autoservicio.
“Por supuesto que hoy estos negocios que dan empleo a 275 mil personas no podrán competir con las nuevas gasolineras que se abran y por lo tanto tendrán que transformarse en ese mismo modelo, perdiendo estas fuentes de empleo”, reiteró.
CFE, LA MÁS AFECTADA
El Vicepresidente del Senado detalló que la situación será más grave en la Comisión Federal de Electricidad. Recordó que las actuales reservas del sistema eléctrico nacional tiene un superávit de un tercio de la producción, pero éstas se reducirán con la entrada en vigor de la Reforma.
“Esto es muy importante porque seguramente está capacidad la vamos a ver achicada de inmediato para darle oportunidad a que entren las empresas privadas. También se va a ver afectada la construcción y mantenimiento de centrales de transmisión, de infraestructura, de distribución que actualmente se contratan, incluso con particulares”, enfatizó.
Recordó que CFE anunció que prepara un programa de jubilación anticipada, para miles de trabajadores de la antigua paraestatal.
“Es de mayor importancia considerar por supuesto lo que pasará con miles de familias que van a quedar en el desamparo de un momento a otro, esto nos dice la publicidad oficial que será todo lo contrario, sin embargo no vemos por donde puedan estarse creando esos miles de empleos que, dicen ellos, se van a crear al año”, sostuvo.
El Senador perredista pronosticó que en menos de dos años, las empresas que vengan desde Estados Unidos, Canadá, Europa o China van a desplazar a esta industria, que hoy provee a CFE y Pemex.
“Me parece que todo esto que anuncian como una gran acción que va a beneficiar a México, pues, es todo lo contrario con la pérdida de todos estos empleos se va a acrecentar la tensión social y creo que tendremos condiciones todavía peores a las que estamos viviendo”, supuso el Senador Luis Sánchez.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-01-2014/871808.
