Ha quedado nítido el conflicto de interés de Peña con el contratista Armando Hinojosa Cantú, más aún con el nombramiento de su empleado Virgilio Andrade para simular una investigación que no creen ni ellos, pero ahora conspira para convertir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en otra burla a los mexicanos.
A través del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que son exactamente lo mismo, se pretende en el Senado que la ley reglamentaria de la reforma constitucional conculque el derecho de acceso de los mexicanos a la información sobre el uso de todos los recursos públicos, pero también a temas de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Desde la cúpula del poder se busca, por ejemplo, eliminar la obligación de que se transparente la lista de cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, donde por años se han fugado miles de millones de pesos en impuestos de empresarios tan infames como los Azcárraga y Claudio X. González.
Se pretende también mantener ‘candados’ a la información de fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México que manejan discrecionalmente cantidades multimillonarias de recursos de los mexicanos, como los que se concentrarán en el Fondo Mexicano del Petróleo de la renta petrolera.
Se trata de, al menos, 352 fideicomisos que manejan 452 mil 454 millones de pesos. Es un dineral, cuyo manejo nadie conoce. De esa cantidad, 21.7% corresponde a 46 fideicomisos de infraestructura pública (98 mil 365 millones); 21.2% a 120 fideicomisos de “apoyos financieros” (96 mil 89 millones); 20.7% a seis fideicomisos para “estabilización financiera” (93 mil 573 millones), y 17.2% a 24 fideicomisos de pensiones (77 mil 681 millones).
Más aún, a través del PRI y del PVEM, el gobierno federal busca reservar toda la información que “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, así como la que “pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales”.
El gobierno de Peña también busca reservas a la información “cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas así por la autoridad competente” o “se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables”.
Todos estos son aspectos sensibles que, de no aprobarse en el Senado, implicarían una grave involución en la de por sí acotada transparencia en México, único logro del gobierno de Vicente Fox y que, en los gobiernos que le siguieron, se fue diluyendo, como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) como órgano garante.
Los operadores de esta involución son los senadores Arely Gómez González, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde, dos de los partidos más tramposos. Ella es hermana del vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, y él es yerno de Manlio Fabio Beltrones. Nada menos.
Pero no hay que darle vueltas: Restaurada la figura del jefe máximo en el PRI (y su palero el PVEM), es Peña Nieto –nadie más– el principal responsable de esta infamia.
Nadie puede decir que Peña no ha sido congruente con su apego a la corrupción. Esa ha sido su biografía…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
