martes, 17 de febrero de 2015

Mando único policial, conduce a una “mafia única”: Edgardo Buscaglia

México, DF. Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, advirtió a senadores del PRD que el modelo de mando único policial – como el que promueve el presidente Peña Nieto- conduce a una mafia única.

“No se casen con parches. México debe autogenerar su modelo. ¿Qué ocurrió en Chihuahua?, en efecto, bajaron los homicidios pero se consolidó (el crimen) en Sinaloa…Es decir, se requiere generar un paquete de medidas, no parches, porque en tal caso bajarán los homicidios pero subirá la orgía de delitos patrimoniales”, señaló el especialista.

En el caso de México, explicó, no se debería instaurar un mando único policial porque es un país sin controles efectivos anticorrupción, lo mismo en el sector judicial que legislativo o social. En cambio, hay un alto nivel de corrupción política y una baja reacción ante esta problemática.

Este país viola 72 por ciento de las cláusulas de la convención contra la corrupción, según un esquema desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas.

“México tiene los planetas mal alineados en este tema”, expresó el especialista, invitado por el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, a su segundo y último día de reunión plenaria, en donde se analizan temas rumbo al siguiente periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Una de las iniciativas de reforma a discutir desde la semana entrante en el Congreso es la enviada por el Ejecutivo para eliminar todas las policías locales, ubicadas en mil 812 municipios, para dar paso a 32 mandos, uno por cada entidad federativa.

Acorde con el plan gubernamental, el nuevo modelo se aplicaría en principio en un bloque de cuatro entidades: Jalisco, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.

Los senadores del PRD analizan el tema para fijar una posición. En conferencia magistral, Buscaglia calificó el decálogo en materia de seguridad y justicia de Peña Nieto como un paquete de medidas “descolgadas”, desordenadas, en un país en donde el principal problema no es el lavado de dinero sino el nivel de corrupción y violencia. “Acá (la cuota de ello) se paga con sangre y delitos”.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, se refirió a la necesidad de blindar las campañas del crimen porque – agregó- en nuestro país no sólo se ha desarrollado una mafia como tal sino un ambiente de violencia con rasgos diabólicos, de bestialidad.

“Los asesinos del caso Ayotzinapa son una muestra de la degradación social”, dijo.

Subrayó que ante la corrupción no podrán ejercerse tales controles democráticos si se adolece, como ocurre actualmente, de órganos autónomos, incluido en esta problemática el Senado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.

Políticos en la mira

A exfuncionarios que presuntamente han incurrido en casos de corrupción les llegó el momento de rendir declaración. En una semana, tres órdenes de aprehensión fueron giradas por la Fiscalía de Jalisco.

En pleno año electoral, exfuncionarios de oposición en Jalisco  han sido  detenidos acusados de presuntos actos de corrupción.

En poco más de una semana, la Fiscalía General del Estado ha girado órdenes de aprehensión contra dos exsecretarios generales del Congreso de Jalisco.

Además del exdirector del Seguro Popular en el sexenio del exgobernador panista Emilio González Márquez.

El 7 de febrero pasado, durante su segundo Informe de Gobierno, Aristóteles Sandoval Díaz anunciaba la detención de dos personas por el caso López Castro, una consultora que fue contratada por el Congreso de Jalisco durante la 58 Legislatura estatal para recuperar beneficios fiscales.

La firma había cobrado más de medio millón de pesos por anticipado, pero no obtuvo las ganancias para el Congreso. La Legislatura 59 recibió una orden de un juez federal para que se la pagara a la empresa alrededor de 58 millones de pesos. López Castro se desistió del pago en 2014 ante posibles demandas en su contra.

El mismo día del Informe del mandatario, el fiscal Luis Carlos Nájera confirmó que el exsecretario general del Congreso local, Octavio Pérez Pozos era uno de los detenidos.

Pérez Pozos, el viejo amigo

Una larga historia relaciona a Octavio Pérez Pozos y al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

Asistieron juntos a las aulas de la preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara, semillero de actores políticos que han incursionado en las filas del PRI o del PAN. Siguieron como compañeros en la Facultad de Derecho de la UdeG.

Quienes mantuvieron una relación con ambos, coinciden en que Sandoval Díaz y Pérez Pozos eran los grandes amigos. 

En esos años, Pérez Pozos siempre acompañó a Aristóteles en su carrera política, desde que éste último escaló dentro de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la UdeG.

En 2003, tras no conseguir la candidatura del PRI a la alcaldía de Guadalajara, Sandoval Díaz cedió la regiduría a la actual diputada federal Claudia Delgadillo; fue entonces que el resentimiento plagó a Pérez Pozos.

En la Legislatura 58, el viejo amigo del gobernador encontró cobijo en la fracción del PAN del Congreso del Estado. Alfredo Argüelles, entonces secretario general del Congreso, lo promovió en las áreas de administración y jurídica del poder Legislativo, hasta que Pérez Pozos lo sustituyó en el cargo.

Jorge Salinas, excoordinador del PAN en el Congreso estatal y excandidato panista a la alcaldía de Guadalajara, también le ofreció asilo en su campaña.

Tras la derrota del panista, Octavio Pérez Pozos saltó a las filas de Movimiento Ciudadano, gracias a su parentesco familiar con la diputada federal de MC  por Jalisco, Merylin Gómez Pozos, y a su amistad con el alcalde Tlajomulco, Ismael del Toro. 

Recientemente ha circulado en redes una fotografía del edil y el exsecretario del Congreso, en un juego de beisbol del equipo Charros de Jalisco.

Pérez Pozos fue detenido el 8 de febrero pasado. salió libre al día siguiente. El lunes 9, cuando iba a dar una rueda de prensa, fue aprehendido de nuevo. Pero libró de nuevo la cárcel: bastó un pago de 20 mil pesos como fianza.

Alfredo Argüelles, el prófugo

El pasado 6 de febrero, empleados del Congreso de Jalisco asistieron al domicilio del panista Alfredo Argüelles para notificarle que se le requería para declarar ante una comisión especial legislativa que investiga el caso López Castro.

Al abrir la puerta, el exsecretario general del poder Legislativo negó que fuera él a quien se le iba a notificar. 

“Yo aquí trabajo nomás”, dijo el panista.

Con una larga trayectoria dentro del PAN  y en la función pública, Argüelles es el responsable de haber firmado el contrato millonario con López Castro, cuando era secretario general en la 58 Legislatura local.

En 2011, el diario Mural informó que Argüelles es propietario de una casa con un valor de 10 millones de pesos, ubicada en el fraccionamiento Valle Real, en Zapopan. 

El viernes pasado, al comparecer ante diputados locales, el fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez informó que se ha emitido una orden de aprehensión contra el panista, al que se le busca en varios estados del país.

Seguro Popular, el desfalco

El último año del gobernador panista Emilio González Márquez significó un desfalco al Seguro Popular, de acuerdo con la Cuenta Pública 2012 que en 2014 dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según el órgano fiscalizador, en 2012, el Seguro Popular en Jalisco fue el mayor daño a las arcas federales. 

La ASF encontró anomalías por 2 mil 924 millones 636 mil 267 pesos.

Y presentó entonces ocho denuncias por irregularidades que suman 388 millones de pesos; sólo en una denuncia fue por el orden de 326 millones de pesos.

En cuatro denuncias, por ejemplo, se acumulan 40 millones de pesos; cada una fue por la emisión de cheques hasta por 10 millones de pesos que la Secretaría de Salud Jalisco emitió a una asociación civil.

Al frente del Seguro Popular estaba Álvaro Córdoba Pérez, quien fue aprehendido el 11 de febrero pasado, derivado de una denuncia que hizo la Contraloría del Estado por el desfalco de 326 millones de pesos.

Antes de los casos de 2015, fue detenido en 2013 el exdirector del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Rodolfo Ocampo Velázquez, acusado de peculado, desvío de recursos e uso indebido de atribuciones y facultades. 


Ocampo, preso en Puente Grande, es señalado de irregularidades en el manejo de un crédito de mil 200 millones de pesos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió al Estado, para infraestructura hidráulica en la zona metropolitana de Guadalajara.

También fue aprehendido en 2014 el extesorero del Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe), Roberto Pinzón Valle, acusado del desvío de 50 millones de pesos.

Jorge Sánchez Martínez, exdirector de Iprovipe en el sexenio pasado, también fue detenido el año pasado, pero quedó en libertad tras pagar una fianza.

¿Y los priistas?

La impunidad en que se halla el caso de la exregidora Elisa Ayón, otrora prominente priista de Jalisco y aspirante a la gubernatura, a más de 25 meses de que surgiera el escándalo de corrupción, se mantiene así tanto por parte del Ayuntamiento de Guadalajara como de la Fiscalía General. 

El Congreso estatal la halló responsable de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito (tiene 10 bienes inmuebles adquiridos entre 2011 y 2013, e inconsistencias en su declaración patrimonial), por lo que la destituyó e inhabilitó.

Pero nada ha pasado en el ámbito municipal y penal. 

El alcalde priista Ramiro Hernández anunció en noviembre del 2013 una investigación a la Dirección de Panteones, donde Ayón habría estado “rasurando” el salario de los trabajadores.

El 10 de febrero pasado, la Contraloría municipal reconoció: “La auditoría referida a la Dirección de Panteones, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, sigue en la etapa de ejecución...”. 

Mientras que la Oficina de Combate a la Corrupción dijo en un oficio que “la investigación se encuentra en proceso de integración”.  

La regidora fue grabada en audio diciendo a trabajadores de Panteones: “agarremos lo que tengamos que agarrar, repártanlo, no sean culeros”.


Luego, ante comerciantes formales a quienes exigía cuota: “Para que llegue el dinero por arriba y no por abajo, porque por abajo hay mucho dinero, pero mucho, y no le llega al patrón”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA, MAURICIO FERRER.

Van por el gasero

Aunque la Secretaría de Energía los infraccionaba y Profeco acumulaba denuncias en su contra, la empresa Gas Express Nieto lograba multiples contratos con diversas dependencias.

Ni la explosión de una de sus pipas en el Hospital Materno Infantil ni el historial de sanciones a la compañía Gas Express Nieto parece hacer mella en la fortuna de sus dueños.

Al mismo tiempo que la Secretaría de Energía (Sener) los ha infraccionado una y otra vez durante los últimos años, sus contratos con el gobierno se multiplicaron.

Ayer la Sener anunció que abrieron un procedimiento administrativo sancionador en contra de la empresa, para revocar su permiso de distribución de gas LP en la planta ubicada en la localidad de Tláhuac e imponerle multas que podrían sumar 42 millones de pesos.

La procuraduría del Distrito Federal determinó con base en pruebas periciales que la pipa tenía dos tornillos fracturados antes de la explosión en el hospital, que dejó 5 muertos y más de 70 heridos. 

Además, que el medidor marcaba niveles de gas distintos a los que suministraban.

Estas diferencias habían sido detectadas desde hace seis años por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las sanciones impuestas por Profeco desde entonces, que devinieron cada una en litigios contra la autoridad, no afectaban a la empresa, que continuaba ganando contratos con dependencias federales y estatales.

El auge de la compañía le permitió al dueño, Sergio Nieto del Río, mantenerse como uno de los empresarios más ricos de Querétaro.

Entre sus inversiones destaca una cuadrilla de caballos de carrera y la compra de un departamento de lujo en la zona residencial más exclusiva de Miami, con valor de 2 millones de dólares.

Ahora Gas Express Nieto debe ocuparse de los gastos para resarcir a las víctimas de la explosión en el hospital.

Pero esto tampoco le representará pérdidas. 

Desde el 4 de febrero la empresa anunció que tenía de antemano contratado un seguro con GNP, que respaldará los costos.

Surten a guarderías 

Los años previos a la explosión en el hospital representaron para Gas Express Nieto ganancias millonarias en contratos públicos.

Entre 2011 y 2012 la empresa obtuvo 46 contratos con dependencias del Gobierno federal, la mayoría con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Algunas de esos contratos los  obtuvo entre 2011 y 2014 con la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal por 77 millones de pesos.

Las contrataciones se dieron en sitios que requerían altos índices de seguridad.

En abril de 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) les otorgó un contrato para surtir gas en instalaciones de los hornos incineradores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el actual sexenio, entre diciembre de 2012 y enero de 2015, han obtenido otros 46 contratos con dependencias federales.

El acuerdo más oneroso obtenido durante la actual administración fue otra adjudicación directa para un contrato que duró dos meses y por el que cobraron 22.4 millones de pesos al ISSSTE.

El objeto fue aún más delicado: surtir combustible “a las unidades médicas y estancias de bienestar y desarrollo infantil en diferentes centros de trabajo”.

Sanciones menores

Simultánea a esta prometedora carrera como jinete, Sergio Nieto ha seguido apareciendo públicamente como el dueño de Gas Express Nieto y Gas Express Nieto de México.

El historial de ambas con la Sener y la Profeco muestra la misma actitud: sanciones y negativas recurrentes a ser inspeccionados.

En los años cuando Sergio Nieto compraba a Google y Cabreado S.E., Profeco les impuso 4 millones 200 mil pesos a su compañía en multas.

Al año siguiente, la dependencia les cobró sanciones por otros 16 millones de pesos. 

De las 48 plantas de Gas Express Nieto han surgido 134 juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las denuncias más recurrentes ante Profeco -58 en 2013 y 65 en 2014- han sido por “el mal estado de los cilindros, por no contener el peso estipulado y al incumplimiento del suministro exacto de gas”, de acuerdo con una ficha informativa entregada a Reporte Indigo por esta dependencia.

Fueron multados 62 veces entre 2013 y 2014 por negarse a que la verificaran. A pesar del alto número de sanciones, el monto era menor comparado al tamaño de la empresa: 15.5 millones de pesos en dos años.

Una situación similar sucedió con la Sener. Una base de datos de inspecciones del Registro de Verificaciones de la Dirección General de Gas LP de la Subsecretaría de Hidrocarburos, publicada por Milenio, mostró que la compañía había incumplido con 94 revisiones en sus autotanques, semirremolques e instalaciones entre 2011 y 2014, el mismo periodo cuando obtuvieron 92 contratos con dependencias federales.

Deslinde previo

Dos semanas antes de que la autoridad determinara esta responsabilidad hacia Gas Express Nieto, ya la compañía había anunciado una respuesta al “incidente” en el hospital.

Desde el 4 de febrero divulgaron un boletín de prensa sobre su participación en la preparación de “acuerdos reparatorios” con los familiares.

Pero no lo hará de su bolsillo, sino mediante un seguro que tenían previamente contratado con Grupo Nacional Provincial (GNP).

Contraria a su actitud histórica de litigar en contra de cada sanción de la autoridad, aseguraron que estarían con las víctimas “más allá del resultado del proceso judicial respectivo”.

De inmediato luego de esta acotación, advirtieron que “hasta el momento en la carpeta de investigación no se ha determinado responsabilidad alguna de los operadores o el equipo de transporte, propiedad de la compañía”.


Vida de lujos

Al tiempo que obtenía estas adjudicaciones con el gobierno, la compañía surtidora del combustible era dirigida por uno de los empresarios “más prósperos” del Bajío, Sergio Nieto del Río.

Las ganancias de la empresa permitieron al hijo del fundador de la gasera comprar en 2008 un departamento en Key Biscayne, una isla frente a la ciudad de Miami.

Por medio de la empresa Petus, LLC -cuyo administrador único es Sergio Nieto del Río- el 12 de septiembre de 2008 compró un departamento en un millón 980 mil dólares en el 430 de Grand Bay Drive, en Key Biscayne.

El inmueble tiene 342 metros cuadrados, tres recámaras, cinco baños y medio, su propio club de playa y acceso directo desde el edificio al mar.

Está a un lado del hotel Ritz-Carlton de esa isla, considerada por los habitantes de Miami como “el cayo de los millonarios”.

Durante sus estancias en Florida, Nieto ha participado en carreras de caballos en Palm Beach, una zona residencial donde algunas celebridades tienen propiedades.

En enero de 2012 compitió en el Campeonato Ecuestre de Invierno de FTI en Wellington, Florida, con Cabreado S.E., un caballo de la raza zangersheide, que fue antes propiedad del jinete Daniel Deusser, campeón nacional en 2014 en Alemania.

En México, Sergio Nieto es conocido como jinete desde hace más de 15 años.

En octubre del año pasado ganó el primero y segundo lugar del certamen de salto del Balvanera Polo & Country Club en Querétaro con los caballos Google y Cabreado S.E.


En una entrevista,  el empresario declaró que compró a Google en Europa en agosto pasado y a Cabreado S.E. en 2011.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Peña, la doctrina de la corrupción

MÉXICO, D.F: Si Enrique Peña Nieto ha sido atrapado en por lo menos un acto de corrupción y ordena bloquear la transparencia y la rendición de cuentas, entonces los mexicanos tienen derecho a pensar que planea seguirse beneficiando a la mala.

Ha quedado nítido el conflicto de interés de Peña con el contratista Armando Hinojosa Cantú, más aún con el nombramiento de su empleado Virgilio Andrade para simular una investigación que no creen ni ellos, pero ahora conspira para convertir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en otra burla a los mexicanos.

A través del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que son exactamente lo mismo, se pretende en el Senado que la ley reglamentaria de la reforma constitucional conculque el derecho de acceso de los mexicanos a la información sobre el uso de todos los recursos públicos, pero también a temas de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Desde la cúpula del poder se busca, por ejemplo, eliminar la obligación de que se transparente la lista de cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, donde por años se han fugado miles de millones de pesos en impuestos de empresarios tan infames como los Azcárraga y Claudio X. González.

Se pretende también mantener ‘candados’ a la información de fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México que manejan discrecionalmente cantidades multimillonarias de recursos de los mexicanos, como los que se concentrarán en el Fondo Mexicano del Petróleo de la renta petrolera.

Se trata de, al menos, 352 fideicomisos que manejan 452 mil 454 millones de pesos. Es un dineral, cuyo manejo nadie conoce. De esa cantidad, 21.7% corresponde a 46 fideicomisos de infraestructura pública (98 mil 365 millones); 21.2% a 120 fideicomisos de “apoyos financieros” (96 mil 89 millones); 20.7% a seis fideicomisos para “estabilización financiera” (93 mil 573 millones), y 17.2% a 24 fideicomisos de pensiones (77 mil 681 millones).

Más aún, a través del PRI y del PVEM, el gobierno federal busca reservar toda la información que “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, así como la que “pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales”.

El gobierno de Peña también busca reservas a la información “cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas así por la autoridad competente” o “se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables”.

Todos estos son aspectos sensibles que, de no aprobarse en el Senado, implicarían una grave involución en la de por sí acotada transparencia en México, único logro del gobierno de Vicente Fox y que, en los gobiernos que le siguieron, se fue diluyendo, como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) como órgano garante.

Los operadores de esta involución son los senadores Arely Gómez González, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde, dos de los partidos más tramposos. Ella es hermana del vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, y él es yerno de Manlio Fabio Beltrones. Nada menos.

Pero no hay que darle vueltas: Restaurada la figura del jefe máximo en el PRI (y su palero el PVEM), es Peña Nieto –nadie más– el principal responsable de esta infamia.


Nadie puede decir que Peña no ha sido congruente con su apego a la corrupción. Esa ha sido su biografía…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Encapuchados queman oficinas sindicales en Chilpancingo

MÉXICO, D.F: Una veintena de encapuchados irrumpió en las oficinas del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), localizadas en la colonia Los Ángeles de Chilpancingo, donde causó destrozos e incendió el mobiliario.

El ataque ocurrió cerca de las 13:00 horas cuando una camioneta blanca se introdujo al área del estacionamiento del SUSPEG. De las unidades bajaron sujetos que empuñaban picos, palas y palos y quienes replegaron a los sindicalistas que se encontraban en el lugar.

Enseguida, los agresores comenzaron a quebrar cristales, destruyeron mobiliario y prendieron fuego a las instalaciones, destacadamente al área que opera Adolfo Calderón Nava, secretario general del SUSPEG. Otras oficinas afectadas fueron la secretaría privada, la particular, de organización y preescolar.

No hubo reporte de lesionados aunque los daños materiales se estimaron en un millón y medio de pesos.

En tanto, maestros de la Sección 14 del SUSPEG realizaron una marcha por las calles de la capital guerrerense en protesta porque las autoridades les retuvieron el pago de un bono.

En el pago de su quincena, denunciaron faltó cubrir un bono de 2 mil pesos.


Docentes de este gremio y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) realizarán otra movilización este martes 17.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exige Amnistía juicio justo para líderes yaquis detenidos

HERMOSILLO, Son: La coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de Amnistía Internacional (AI) México, Chasel Colorado Piña, exigió al gobierno estatal ofrecer un juicio “justo e imparcial” a los líderes yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez, detenidos en septiembre pasado.

La defensora de los derechos dijo que es preocupante que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en Sonora se preste a asuntos políticos para encarcelar sin argumentos a los voceros yoremes por los delitos de asesinato y robo de un automóvil.

“Esta semana visitaremos al procurador (Carlos Navarro) para externarle la preocupación de Amnistía Internacional México por la detención de Yaquis y para exigir al gobierno de Sonora que ofrezca propuestas para garantizar la integridad de Mario Luna y Fernando Jiménez, además de un juicio justo e imparcial”, afirmó.

De visita en Sonora para impulsar la campaña “Justicia Yaqui”, mediante la que se pretende recolectar firmas para solicitar al gobierno de Sonora la liberación inmediata de los voceros yoremes encarcelados, Colorado Piña añadió que vigilarán este proceso legal para corroborar que no esté fundamentado en “rencillas políticas” y se garantice la libertad de expresión de la tribu.

El pasado viernes 13 el juez Décimo de Distrito en Materia de Amparo otorgó la libertad a Mario Luna por las irregularidades cometidas al momento de su captura pero a la fecha no ha sido liberado del Centro de Readaptación Social número 2, con sede en Hermosillo, donde lo mantienen preso desde el pasado 11 de septiembre.

El gobernador Guillermo Padrés declaró en entrevista que la Procuraduría sonorense no había sido notificada sobre la resolución de este juicio de amparo promovido por el líder yaqui pero adelantó que acatará cualquier disposición legal.

Por su parte, el vocero de la etnia yaqui, Miguel Ángel Cota Tórtola, recalcó que actual administración panista criminaliza la legítima defensa de su territorio al pronunciarse contra la operación del acueducto Independencia que trasvasa agua del río Yaqui al río Sonora para llevar agua a la capital sonorense.

Sin embargo, advirtió: “Esta defensa la seguiremos llevando hasta las ultimas consecuencias porque no se han respetado nuestros usos y costumbres”.


A la presentación de la campaña asistieron representantes de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, la Comisión para la defensa de los Derechos Humanos de la etnia y el sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Sonora.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Efecto Iguala

Hace unos años algunas zonas metropolitanas eran el centro de la violencia criminal. Ahora, se ha desplazado a sitios mucho menos accesibles para el gobierno, con menor margen de maniobra oficial.

La detención y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa destapó la nueva cara de la violencia en México: una movilidad del crimen de los grandes centros urbanos a las zonas con menor control de la autoridad.

Las cifras oficiales del último trimestre de 2014 trajeron para México un incremento del 20 por ciento en la violencia, luego de que a partir de 2011 el país había mejorado en algunos delitos, especialmente la extorsión.

Si bien hace unos años algunas zonas metropolitanas, como Monterrey o Acapulco, eran el centro de la violencia criminal, ahora se ha desplazado a sitios mucho menos accesibles para el gobierno, con menor margen de maniobra oficial. 

Este nuevo mapa de la violencia tiene sus puntos más críticos en Guerrero, Morelos, Tamaulipas, Baja California, el Distrito Federal y Coahuila. 

Los números provienen del Índice de Seguridad Pública y Violencia en el tercer trimestre de 2014, que elaboró Lantia Consultores.

A pesar de que en general hay menos delitos y asesinatos de 2011 a la fecha, algunas de las entidades que han recibido más recursos federales para el combate a la violencia continúan en los primeros lugares de la crisis nacional que se agudizó desde 2008.

Los nuevos focos rojos

Una revelación de este reporte es que algunas entidades que se consideraban “relativamente seguras” sufrieron un deterioro significativo de seguridad durante 2014.

Los ejemplos más importantes son Guanajuato, donde aumentó un 13 por ciento el índice delictivo; Querétaro, con 28 por ciento, y Baja California Sur registró un 57 por ciento.

“En Baja California coincide una alta incidencia delictiva, un nivel alto de ejecuciones, con un repunte de la violencia que se observó en el tercer trimestre de 2014”, de acuerdo con las láminas que acompañan al estudio.

Esta tendencia es marcada en algunos estados como Baja California Sur, donde las disputas entre narcomenudistas afiliados al cartel de Sinaloa en la capital, La Paz, repercutieron en los datos de todo el estado. 

“La disminución en la violencia que observamos a lo largo de los últimos años ha sido el resultado primordialmente de una recuperación de la seguridad en las grandes zonas metropolitanas”, explica en su reporte el fundador de Lantia Consultores Eduardo Guerrero, maestro en ciencia política por la Universidad de Delaware y licenciado en administración pública por El Colegio de México.

Esta “dinámica alentadora”, que ubica en casos como Monterrey o Acapulco, evidencia que en los municipios rurales la situación es radicalmente opuesta.

“Es el caso de las crisis que vemos en lugares como Iguala o Apatzingán (…) Se trata de lugares donde la cobertura de los medios de comunicación y la visibilidad de la violencia es mínima”. 

Algunos ejemplos recientes documentados por la prensa de estas situaciones son los reportes de secuestros masivos en Cocula o el asesinato del periodista Moisés Sánchez, habitante de la localidad de Medellín, en las afueras del puerto de Veracruz. 

Guerrero explica: “Fuera de las grandes ciudades los intereses que pueden hacer frente al crimen organizado tienen menor fuerza. 

“Las cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil tienen menos recursos, de forma que para los criminales es más sencillo imponerse como un actor predominante, tanto en el ámbito económico como en el político”.

Este nuevo contexto significa para el especialista que la parte sencilla del combate a la violencia del crimen organizado ya se agotó.

“Ya redujimos la violencia ahí donde los recursos económicos y el capital social son abundantes. La reconstrucción institucional que necesitamos en lugares como Iguala será mucho más costosa y supondrá un desafío de gobernabilidad de primer orden”, detalla.

De no tomar medidas sobre esta nueva realidad en el futuro inmediato, el riesgo inminente es que México tenga en las próximas décadas “amplias regiones gobernadas en la práctica por mafias”.

Mejora relativa

Los números de asesinados el año pasado son tres veces menores a los que se registraron públicamente en 2011, de 4 mil 587 en el primer trimestre de ese año a mil 820 al finalizar el 2014.

El presentador de estos datos, Eduardo Guerrero, fue funcionario público al inicio de este sexenio. Coordinó la Unidad de Información y Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública entre diciembre de 2012 y marzo de 2013.

Desde la consultora que fundó en 2008, sus cifras no niegan la realidad que llevó a miles de personas a manifestarse en las calles exigiendo justicia por los normalistas desaparecidos, pero asegura que “permiten tomar distancia de los eventos de coyuntura que observamos, y que marcan la agenda pública”.

El sexenio de Felipe Calderón concluyó con una lista de 25 mil desaparecidos, que bajó a 22 mil 322 según la actualización más reciente que hizo la Procuraduría General de la República. 

Después del 26 de septiembre, cuando el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, ordenó detener a los normalistas que boteaban ese día en su municipio, la violencia aumentó en todo el país. 

Este incremento tuvo su peor deterioro precisamente en los municipios que han recibido mayor atención pública con el tema de la violencia. 

“Aunque en algunos estados la disminución de la violencia fue muy acelerada, en otros ésta permaneció relativamente estable”, explicó Guerrero en su reporte Panorama Nacional de Seguridad y Violencia.


Del primero al segundo año de gobierno peñista, en Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Jalisco, los conteos oficiales muestran una mejora sustancial en la incidencia delictiva.

Pero en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Sonora, donde se ha concentrado la atención de las autoridades desde que se decretó la “guerra contra las drogas”, los números de delitos permanecen graves. 

Guerrero considera que es necesario poner especial interés en Tamaulipas, donde “a pesar de que desde hace años se registra un escenario crítico de violencia e inseguridad, no se ha detonado un proceso de fortalecimiento institucional que permita recuperar la paz. En Veracruz, se observa un escenario similar, si bien menos dramático”.

El caso más reciente de este fracaso es Michoacán, donde ni el despliegue de fuerzas federales ni la actuación del excomisionado Alfredo Castillo, recientemente removido, lograron que el equilibrio entre los grupos criminales y las autodefensas eliminaran los episodios violentos. 

Guerrero considera que el panorama michoacano “se complicará enormemente el proceso electoral de este año”.


Los casos de Baja California y Sonora mantuvieron durante 2014 diferencias entre organizaciones criminales, pero no se han observado allí escenarios de crisis “en buena medida porque la violencia disminuyó a buen ritmo durante los años previos”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Comienza la partida

Este fin de semana, en Sonora, Nuevo León, Baja California Sur y Guerrero tres partidos sumaron candidatos a las gubernaturas en estas entidades.

Tres partidos se sumaron este fin de semana con sus candidatos a las gubernaturas de cuatro estados mexicanos, de cara a las elecciones del próximo 7 de junio.

Sonora, Nuevo León, Baja California Sur y Guerrero tienen ya los aspirantes a gobernar dichas entidades.

El PAN, como resultado de votaciones internas, postuló en Nuevo León a Felipe de Jesús Cantú, mientras que en Sonora, Javier Gándara Magaña fue apoyado por el actual gobernador para alcanzar la candidatura.

En Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis fue elegido por votación directa y Jorge Camacho fue designado ayer para Guerrero.

El PRD de Guerrero va con Beatriz Mojica Morga, y el PRI de Sonora apuesta con Claudia Pavlovich Arellano.

Felipe de Jesús Cantú
Candidato del PAN
Nuevo León

> Alcalde de Monterrey de 2000 a 2003, ex diputado local y federal.

> Obtuvo la candidatura con 9 mil 606 votos de los militantes panistas.

> Asegura que Nuevo León tiene un endeudamiento “irresponsable” de 120 mil millones de pesos.

> Amerita una revisión de los créditos más viejos que tienen tasas más altas y podrían renegociarse para poder garantizar que el estado pague menos que los 7 millones de pesos diarios que el estado es lo que está pagando por servicio de la deuda de los bancos”, dijo en entrevista a Sinembargo.mx.

Javier Gándara Magaña
Candidato del PAN
Sonora

> Empresario y alcalde se Hermosillo de 2009 a 2012.

-Apoyado por el gobernador Guillermo Padrés.

> “Estoy muy motivado y emocionado, estén seguros de que no fallaré, trabajaré con el corazón en la mano y haremos una contienda propositiva de mucho respeto. Siempre escuchando a los sonorenses”, publicó en sus redes sociales luego de ser declarado candidato official por el PAN a la gubernatura de Sonora.

Carlos Mendoza Davis
Candidato del PAN
Baja California Sur

> Secretario general de Baja California Sur en 2011, ex senador de la República y delegado regional del IMSS en BCS de 2007 a 2010.

> Hijo del ex gobernador priísta Ángel César Mendoza Arámburo.

> Elegido candidato a gobernador de BCS por el PAN por votación directa, no tuvo contrincantes.

Jorge Camacho
Candidato del PAN Guerrero

> Periodista, ex atleta y ex comentarista deportivo en el programa televisivo El Mañanero.

> Diputado local del Congreso del estado de Guerrero.

Beatriz Mojica Morga
Candidata del PRD
Guerrero

> Presentada por unanimidad por el Partido de la Revolución Democrática.

> Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) durante el gobierno de Ángel Aguirre y ex candidata a la alcaldía de Pungarabato.

> “Dicen que Guerrero es como un caballo brioso, indomable, valiente, pero también lleno de vida y aguerrido. Para dirigir un caballo se necesita paciencia, amor, sensibilidad, buenos cuidado y, sobre todo, una mano diestra y firme que sepa guiarlo”, dice en un promocional de televisión.

SLP: el PAN tendrá segunda vuelta; el PRD define candidatos el jueves

Mario Leal Campos
Candidato del PAN
San Luis Potosí

> Ex alcalde de la capital del estado.

> Embajador de México en Chile

> “Confiamos con el voto libre y razonado de los militantes Panistas emitidos el día de hoy y que tengamos como resultado un candidato legítimo que nos lleve a ganar la elección Constitucional el próximo 7 de junio”, comentó el domingo en sus redes sociales.

Sonia Mendoza
Candidata del PAN
San Luis Potosí

> Diputada local de 2006 a 2009, diputada federal de 2009 a 2012 y actual Senadora de la República.

> “Con el 47.34% votos a nuestro favor, les informo con gusto que hemos ganado la candidatura rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí”, manifesto ayer en su cuenta de Facebook 

Alejandro Zapata Perogordo 
Candidato del PAN
San Luis Potosí

> Presidente municipal de 1997 a 2000. Senador de 2006 a 2008.


> Es uno de los ‘diputables’ asistentes a la fiesta en Puerto Vallarta que Reporte Indigo denunció en agosto del 2014.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ISABEL TORRES.

El SAT tardará dos años en investigar a mexicanos involucrados en SwissLeaks

MÉXICO, D.F: La investigación de dos mil 642 mexicanos cuyos nombres aparecen en las listas de contribuyentes con cuentas en la filial del Banco HSBC en Suiza, quienes presuntamente evadieron el pago de impuestos, tardará dos años, afirmó Aristóteles Nuñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria.

El funcionario informó que ya se inició el cruce de información para determinar la situación fiscal, caso por caso, de las cuentas del llamado caso SwissLeaks a fin de verificar si de 2006 a la fecha siguen en condición de evasores o ya se pusieron al corriente.

“Al tener una inversión en el extranjero se tiene que declarar la ganancia, el dividendo y el interés obtenido en Suiza y la declaración se tiene que realizar en México como un ingreso acumulable”, explicó.

Lo que se espera, dijo, “es que (los involucrados) hayan declarado que tuvieron ingresos en el extranjero principalmente por el concepto de rendimiento, ganancia, intereses o dividendos por inversiones en Suiza, y con ello poder desarticular el primer argumento” de la presunta evasión.

Primero, detalló, se pedirá al gobierno suizo la información de esas cuentas y en caso de que se detecte evasión de impuestos, se interpongan los procedimientos jurídicos.

Por ahora, dijo, sólo se trata de un “proceso natural” de investigación, dijo en entrevista con Radio Fórmula.

Núñez comentó que no es un delito tener una cuenta en el extranjero y que sólo “puede ser infracción” cuando no se declaren las ganancias y por ende se haya omitido el pago de los impuestos correspondientes.

En el caso de que los enlistados hayan omitido información, explicó, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaría un procedimiento legal de acuerdo con el código fiscal de la federación, a fin de que el contribuyente presente la declaración o realice el pago de los impuestos.

El pasado 8 de febrero, el diario francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), informaron sobre la existencia de una lista de más de 106 mil clientes, así como de más de 20 mil sociedades offshore, a través de las cuales se transfirieron más de 180 mil 600 millones de euros –el equivalente a 2 billones 970 mil millones de pesos–, a Ginebra.

La lista fue entregada por el especialista en informática italo-francés, Hervé Falciani, extrabajador de HSBC, quien es requerido por la justicia suiza.

Falciani, siendo empleado HSBC, sustrajo de su filial en Ginebra, los nombres y números de cuenta de más de 106 mil clientes, muchos de ellos evasores fiscales, y entre los que hay políticos, monarcas, empresarios, deportistas y artistas afamados y presuntos financieros del terrorismo, del narcotráfico y del tráfico de armas.

Este trabajo de investigación arrojó los nombres de los primeros mexicanos, entre ellos el empresario Carlos Hank Rohn, Jaime Camil, el polémico intermediario de Siemens, que es investigado por Estados Unidos por un presunto caso de corrupción en México; el expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez Kuenzler; su antecesor Guillermo Prieto Treviño; y el extitular de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub.

A estos nombres se suman los del exdirector de Walmart para México, Eugenio Ebrard, y el magnate de la construcción Moisés El Mann Arazi, muy identificado en la comunidad judía mexicana, y quien en una sola operación en España en 2013 gastó 300 millones de euros para comprar toda la red de oficinas del Banco Sabadell.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Trasladan con violencia a 13 migrantes en Chiapas, denuncia ONG

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Un grupo de 13 migrantes de Honduras y El Salvador, que permanecieron varios meses en manos del Instituto Nacional de Migración (INM), fueron trasladados de forma violenta e involuntaria de Tapachula a Palenque y Comitán, para obstaculizar su solicitud de asilo político, denunció la asociación civil Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.

Según la acusación, los migrantes estaban en la Estación Migratoria Siglo XXI (EM SXXI) en Tapachula a la espera de que se resolvieran administrativa y jurídicamente sus demandas de asilo.

“El Instituto Nacional de Migración (INM) da muestra nuevamente de sus prácticas violatorias de derechos humanos en estos centros, agravado en este caso porque ha recurrido al uso de la violencia para someter a 13 de estas personas y trasladarlas el pasado 16 de enero a otros centros de detención ubicados en Palenque y Comitán, sin previa notificación a ellas ni a sus representantes legales”, dijo el organismo.

Los 13 centroamericanos, agregó, declararon su temor de regresar a sus países por la situación de violencia social y política que en ellos se vive. Por ello solicitaron al Estado mexicano el estatus de refugiados. Sin embargo, la mayoría de las peticiones han sido negadas “sin un debido proceso”.

Además, al haber recurrido a la decisión en la vía administrativa y/o en la judicial han sido privadas indefinidamente de la libertad, tal como permite el artículo 111 de la Ley de Migración de México, dijo Voces Mesoamericanas.

Según el organismo, los 13 migrantes se vieron obligados a exiliarse de sus países de origen, pero al llegar a territorio mexicano fueron detenidos por diversos cuerpos de seguridad y trasladados al centro de detención de Tapachula.

Todos se acogieron al derecho de solicitar asilo para ser reconocidos como refugiados y obtener protección en México, de acuerdo con el Derecho Internacional y la legislación nacional de refugio.

Las solicitudes, en muchos casos denegadas en primera instancia, se encuentran en diversas fases de resolución y en sus procedimientos administrativos y legales son asistidas por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, agregó la asociación.

Dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI los migrantes sufren malas condiciones de vida e higiene. También carecen de una asistencia consular protectora y un debido proceso, mientras viven en el hacinamiento provocado por el reforzamiento de la frontera sur mexicana por el blindaje y militarización generados con el Plan de la Frontera Sur.

Según Voces Mesoamericanas, cuando los 13 migrantes se organizaron al interior del centro para fortalecerse como grupo y sobrevivir a estas condiciones, fueron sacados de sus camas y celdas de manera violenta por agentes del INM y de seguridad privada.

“Algunas personas fueron esposadas y golpeadas sin entregarles sus pertenencias, sin ofrecerles información clara y haciendo uso de la fuerza. Nueve de ellas fueron trasladadas al centro de detención de Comitán y cuatro al de Palenque, distantes respectivamente siete y 14 horas de Tapachula. De este modo, actualmente estas personas se encuentran en centros de detención con peores condiciones que el de Tapachula, hacinadas y con pésima alimentación y atención médica”, denunció.

De acuerdo con testimonios de los afectados, en conversaciones informales con agentes del INM, éstos les dijeron que el traslado fue con la intención de que, alejados de sus asistentes legales, las solicitudes de asilo serían definitivamente denegadas y, por lo tanto, se ejecutarían las órdenes de deportación para regresarlos a la desprotección en sus países de origen.

Incluso, dijeron que con ese movimiento impiden que el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, –quien tiene su representación legal–, pueda seguir con la asesoría y representación en su proceso de asilo.

Las nueve personas trasladadas a Comitán manifestaron a sus abogados que las condiciones de estancia y de trato son deplorables: se encuentran privadas de su libertad y bajo condiciones de extrema insalubridad, con intenso frío, sin cama ni cobijas adecuadas, escasa agua potable y comida deficiente e insuficiente.

Más: la atención médica es prácticamente inexistente y la psicológica, nula. También carecen de información sobre su situación y defensa legal. Incluso, acusaron ser objeto de maltrato verbal, trato discriminatorio, ofensivo y vejatorio.

La asociación civil pidió al INM poner fin de inmediato a la detención de estas personas y que sean puestas en libertad con un oficio de salida que les permita “de manera rápida y efectiva” su regularización en el país.


A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) demandó que se les reconozca la condición de refugiados, de acuerdo con los compromisos adoptados por el Estado mexicano en las Declaraciones de Cartagena y Brasilia. Además, solicitó la aplicación de las correspondientes medidas de protección en correspondencia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

Fabián Ebrard admite que tuvo cuenta en HSBC con 770 mil dólares

MÉXICO, D.F: Fabián Ebrard Casaubón, hermano del exjefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, admitió que tuvo una cuenta en HSBC con un saldo de 770 mil dólares.

En una carta pública difundida esta mañana, Fabián Ebrard argumenta que el dinero de esa cuenta proviene de su carrera profesional.

Indica que la cuenta fue cerrada en 2007 y los ingresos fueron reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fabián Ebrard Casaubón es accionista de una empresa de blindaje de vehículos y su nombre fue citado en una investigación periodística junto a su hermano Eugenio Ebrard, exdirector de Wal-Mart México, quien admitió que tuvo una cuenta vigente en HSBC hasta 2009 con saldos de entre $100 mil y $853 mil dólares.


En Suiza existen más de 2 mil 600 cuentas que tienen conexión con México y suman alrededor de dos mil 200 millones de dólares, de acuerdo con una investigación del periódico New York Times.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alerta IFAI al Senado por posibles retrocesos en transparencia

MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) exigió a los senadores que mantengan en la dictaminación de la Ley General de Transparencia la excepción a la reserva en los casos de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, “sin condicionarla a que exista un pronunciamiento previo por parte ‘de autoridad competente’”.

El organismo también demandó que en el dictamen se precisen los conceptos y causales de “seguridad nacional” y “estabilidad financiera o montería” que son utilizados en el borrador de esta ley como “candados” para reservar información.

En reunión privada que sostuvieron los integrantes de la comisión redactora de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana con la comisionada presidenta del IFAI, Ximena Puente de la Mora, la representante del instituto les expresó los 10 puntos de observaciones sobre el borrador que ha circulado y que es considerado por PRD y PAN como una “regresión” a lo avanzado en esta materia.

El IFAI también demanda mantener la llamada “prueba del daño” al momento de reservar información; incorporar a los fideicomisos y fondos públicos como sujetos obligados; integrar un Sistema Nacional de Transparencia, y dar acceso a los nombres de las personas que han recibido cancelaciones y condonaciones de un crédito fiscal en materia tributaria.

En su decálogo de observaciones, el IFAI expresa claramente que si no se mantiene el principio de “máxima publicidad”, establecido en el sexto constitucional, la ley que se discute en el Senado puede considerarse una regresión.

En rueda de prensa, tras su reunión vespertina de este lunes 16, Ximena Puente de la Mora solamente agradeció la posibilidad de “dialogar directamente”, mientras que el senador Pablo Escudero, del PVEM y presidente de la comisión dictaminadora, afirmó que el documento de 10 observaciones del IFAI es “un insumo más para los senadores”.

Según Escudero, “cada día nos acercamos más a tener un predictamen”, pero no ofreció fecha precisa. La discusión para esta ley secundaria tenía un plazo que ya se venció: sábado 7, día máximo para aprobarse.

“Yo sería incapaz de presentarme con un dictamen que no esté consensuado”, insistió Escudero, pero evitó mencionar qué temas se mantienen “encorchetados” y si ya se modificó el borrador que PAN y PRD consideraron regresivo.


Antes de la reunión en privado, Miguel Barbosa, presidente del Senado y coordinador de la bancada del PRD, advirtió que no aceptarán un “retroceso al propósito de la reforma constitucional”.

FUENTE: PROCESO. 
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Prieto Treviño se pone a disposición del SAT por SwissLeaks

MÉXICO, D.F: El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Prieto Treviño, quien apareció en la lista de personas que transfirieron sus cuentas bancarias a una filial suiza de HSBC para evadir impuestos, aseguró que hasta ahora no ha sido requerido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) dijo que de manera voluntaria se puso a disposición del SAT “para cualquier aclaración que sea necesaria, porque todas esas cuentas están totalmente transparentes y cumplí con las autoridades fiscales mexicanas”.

Según Prieto Treviño, actualmente esa cuenta está cerrada porque sólo sirvió para pagar la colegiatura de sus hijos en Suiza y en 2019 concluyeron sus estudios. Ahora no tienen ninguna cuenta bancaria en el extranjero, agregó.

El directivo sostuvo que cuando era empleado de la BMV recibía su sueldo de nómina a través de HSBC México, del que transfería el monto de las colegiaturas de sus hijos a la filial en Suiza, así que los impuestos de ese dinero, subrayó, están debidamente pagados.

En la lista de cuentas transferidas a Suiza aparecen 2 mil 642 mexicanos, entre ellos el empresario Carlos Hank Rhon; el expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Luis Téllez; el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub; el hermano del exjefe de gobierno del Distrito Federal, Eugenio Ebrard, y el empresario de la construcción, Moisés El Mann, además de Prieto Treviño.


El banco HSBC informó que en 2007 su filial en Suiza, el Swiss Private Bank tenía 30 mil 412 cuentas y a fines del año pasado el número se redujo a 10 mil 343. En ese mismo periodo, la filial tenía activos totales de clientes por 118.4 mil millones de dólares, pero a fines de 2014 se gestionó activamente la reducción de ese número a 68 mil millones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CEDILLO.

Exige Fernando Bribiesca que ya no se desprestigie a su familia

CELAYA, Gto: Luego de sostener que los señalamientos por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en contra de su madre Marta Sahagún y sus hermanos Manuel y Jorge Bribiesca “nunca” han sido comprobados y no han pasado de ser especulaciones y calumnias, Fernando Bribiesca –hoy candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal a la alcaldía de Celaya– exigió que se deje en paz a su familia.

“Amo profundamente a mi madre. Por el amor de Dios, ¡es mi mamá! Y no acepto que se le ofenda más. Ya basta”, dijo el menor de los hijos de la exprimera dama, e hijastro del expresidente Vicente Fox Quesada, a quienes también deslindó de su carrera política.

“Yo soy yo, ellos están en sus actividades en el Centro Fox, la Fundación Vamos México como en sus propios negocios. Tengo el respaldo, como todos, de familia. He recibido llamadas de felicitaciones de que siga adelante, pero hasta ahí”, justificó.

Luego aclaró que no se deslinda de su familia, y que en esta declaración quiso decirle a la ciudadanía “que son mentiras, que son calumnias, que no hay pruebas, que se han hecho simples especulaciones. Si hubiera algo ya lo hubieran comprobado”.

Bribiesca sostuvo que “había gente” dedicada todos los días a hurgar e investigar con el propósito de hacerle daño a su familia.

“Estoy cien por ciento seguro que había gente dedicada a buscar la información, al escrutinio de los datos. No encontraron nada, por una simple y sencilla razón: porque no hay nada”.

Fernando Bribiesca fue presentado el jueves por la noche como candidato de la coalición para enfrentar al PAN, que gobierna Celaya desde hace dos décadas, y este lunes convocó a medios para hacer una declaración sobre su familia, la última que dará, advirtió a los reporteros presentes.

Luego anunció que pretende hacer una campaña de propuestas y presentar soluciones a los problemas de la ciudad, por lo que no responderá a los ataques y a la guerra sucia que, está seguro, se desencadenará en contra suya y de su familia “por parte de los grupos de interés que están haciendo negocios en Celaya y en el estado”, y a los cuales en su momento señalará, advirtió.

Según Bribiesca, desde hace más de una década se ha acusado a su familia, en particular a su madre Marta Sahagún y a sus hermanos Manuel y Jorge, “de estar incursos en situaciones irregulares (sic)”, acusaciones que provienen “de muchos medios y mucha gente que los ha acusado y difamado”.

También recordó que en dos legislaturas se integraron comisiones especiales que investigaron datos y diversas denuncias, entre ellas los casos del acceso a influencias por parte de sus hermanos mayores para hacer negocios en ramos como el de vivienda, bajo el amparo de su madre cuando ésta vivió en Los Pinos con el presidente Fox, y el manejo de los fondos de la Fundación Vamos México por parte de Sahagún, así como sus alianzas y apoyos a ciertos empresarios y personajes, como Elba Esther Gordillo, la defenestrada lideresa del SNTE.

Sin embargo, según Fernando Bribiesca, “de esas investigaciones nada, absolutamente nada se comprobó ni se presentaron pruebas. Los informes están llenos de frases como: ‘Se presume que’, ‘Sospechamos que’, ‘Creemos que’, ‘Se dice que’. Y el día de hoy, a más de 10 años que comenzaron esas ofensas y esa campaña de desprestigio a mi familia, no hay ninguna investigación judicial abierta, no se ha presentado absolutamente nada de las mentiras que se han dicho y, por supuesto, no hay ninguna sentencia judicial”.

Por ello pidió a los medios que no pierdan el tiempo en preguntarle sobre estos asuntos porque no hablará al respecto.

“Me duele mucho pues es mi familia; porque es a la familia de un servidor a la que han agredido y denigrado. Son mentiras y patrañas las que han inventado sobre mi madre, la mujer que me trajo al mundo, y sobre mis hermanos, sangre de mi sangre. Mis hermanos son mis hermanos y los quiero muchísimo”, agregó.

Fin al “moche”

Luego, el candidato se dijo dueño absoluto de sus actos y sus acciones, así como de su actividad política, a la que se ha dedicado porque es su vocación y para la que se ha preparado, dijo, trabajando muy duro y sin nada que esconder.

“Estoy entregado al cien por ciento al servicio público porque es mi convicción, fue mi decisión dedicarme a la política y de nadie más. Y lo hago con una profunda pasión, es mi vocación. Tengo todo el derecho como mexicano, como ciudadano preocupado por mi país, dedicar mi vida al servicio público”, justificó.

Aunque se preguntó en varias ocasiones a Bribiesca de dónde provienen esos supuestos ataques, éste evadió señalarlos argumentando que todavía no está en campaña, pero afirmó que los irá mencionando una vez que esté en pleno proselitismo, buscando el voto de los celayenses.

“Ustedes los conocen, sabemos que por ahí vendrá esa gente; hay enemigos, esto es política. Sabemos que utilizarán el camino fácil de la calumnia, de la guerra sucia… en la campaña iré hablando de los grupos de interés que no quieren que Celaya prospere”.

El candidato y todavía diputado plurinominal por Nueva Alianza alcanzó a sugerir que esos intereses son los grupos detrás del poder que controla los negocios en Celaya y en el estado y, en una alusión aparentemente dirigida al diputado federal Luis Alberto Villarreal, del PAN, acusó a esos grupos de convertir al municipio en un botín.

“No queremos que esto se convierta en botín de nadie, queremos que las obras que se construyan no lleven el 30% de moche. Queremos que las personas que estén pidiendo moche ya se acaben, que no sigan haciendo esas prácticas”, señalamiento que ya había hecho el jueves en el discurso de su presentación como abanderado de la coalición contra el PAN.


Finalmente, Fernando Bribiesca Sahagún advirtió que si el PRI y el PVEM incluyen en las planillas de la coalición para el ayuntamiento a personajes que no tengan “el perfil, las credenciales para sacar a Celaya adelante”, los rechazará sin duda alguna.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.