martes, 17 de febrero de 2015

Invertirán 400 millones de pesos para reconstruir Hospital de Cuajimalpa

El inmueble colapsó tras la explosión provocada por una fuga de gas de una pipa, el pasado 29 de enero.

Con participación del gobierno federal, se invertirán 400 millones de pesos para la reconstrucción del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, destruido por la explosión de una pipa de gas, informó el jefe de gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera.

Afirmó que habrá una reunión con todas las gaseras, con la instrucción del gobierno capitalino de que cumplan con los protocolos para garantizar un suministro seguro.

Expuso que las secretarías del Trabajo y Fomento al Empleo, Protección Civil y la Consejería Jurídica, se reunirán con las gaseras, “porque tenemos que encontrar protocolos que den garantía de que los operadores estén capacitados y los equipos perfectamente revisados”.

Refirió que luego del informe técnico sobre las causas que originaron el siniestro, provocado por la empresa Gas Express Nieto, el trabajo debe continuar en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), sobre la reparación del daño en forma integral a todas las víctimas.

“Es un trabajo que debe continuar ahora, lo primero fue el cuidado de las víctimas, de quienes resultaron lesionados y los que están hospitalizados, ahora tenemos que concentrarnos en la reparación del daño, que debe ser integral”, dijo.


Expresó que la empresa Gas Express Nieto “ha manifestado en varias ocasiones su disposición y nuestro principal interés es una reparación del daño a las víctimas, a las personas, y por supuesto entraremos también al cuidado del patrimonio de la ciudad”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Algo está mal en la declaración de impuestos” de Rivera: abogado (documentos)

Casa en Paseo de Las Palmas "fue reportada en su declaración de impuestos en una cantidad de 42 millones, cuando en el registro público de la propiedad aparece con 27 millones", precisó Luis Pérez de Acha.

El lunes por la tarde fue presentada una demanda de amparo contra resolución del SAT, que se negó a entregar información sobre la situación fiscal de Angélica Rivera, indicó el abogado Luis Pérez de Acha.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, comentó que “lo que pretendemos que el SAT ratifique la veracidad de la información fiscal manifestada por la señora Angélica Rivera en su declaración fiscal de impuestos correspondientes al año 2010″. 

“Nosotros señalamos al SAT que había inconsistencias y esas mismas se las ratificamos al juez que va a conocer este amparo”, apuntó. 

Refirió que la casa de Rivera, ubicada sobre Paseo de Las Palmas, en Lomas de Chapultepec, Distrito Federal, “fue reportada en su declaración de impuestos en una cantidad de 42 millones, cuando en el registro público de la propiedad aparece con 27 millones. Uno de esos indicios son los que nos señalan que algo mal está en la declaración de impuestos”.

“Nosotros decimos al SAT: algo no cuadra, por lo tanto, nada más tú ratifícanos que esa información es verdadera, nada más, es lo único que estamos pidiéndole, primero al SAT  y ahora al juez, ahora corresponde al juez evidenciar cuál es la verdad en esta situación. Es un camino que va a tomar algún tiempo, pero va en la línea contraria de decir que se trata de un caso cerrado. No puede haber casos cerrados de este tamaño”, sostuvo.

Sobre la compra de la casa de Palmas, abundó, “algo está descuadrado, y nosotros nada más estamos diciendo al SAT: ¿es cierto que recibió 130 millones de pesos por parte de X empresas televisoras?, ¿es cierto que se le retuvieron los impuestos?, ¿es cierto que manifestó tales valores de la casa de avenida de Las Palmas?”. 

“En lugar de darle vueltas… si todo está correcto y todo es transparente, lo que procede es que nos digan simplemente: sí es verdad lo que está ahí plasmado… El SAT contestó que no era competente, que no tiene facultades en la ley…. (pese a que) es la única dependencia de todo el país que tiene la base de datos de 38-40 millones de contribuyentes, no hay nadie más en el país que lo tenga”, sostuvo.

Ante ello, consideró que el SAT le “está dando largas al asunto, con puras argucias o pretextos legales”, o bien debe “admitir que no se tiene la información, lo cual tiene implicaciones políticas muy serias”, señaló.

Pérez de Acha adelantó que sobre el tema podría hacer una solicitud de información al Ifai.

En la demanda de amparo, fueron tres las autoridades señaladas como ‘responsables’ (demandadas):

1) Jefe del SAT.

2) Administrador General de Servicios al Contribuyente.


3) Administradora Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos.

ENTREVISTA:



Solicitud íntegra al SAT:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Por 1a. vez, familia hace peritaje independiente y confirma identidad de una joven desaparecida

Los restos de Brenda Damaris González, una joven desaparecida en Nuevo León, fueron exhumados y sometidos a un peritaje independiente que confirmó su identidad.

Los restos de Brenda Damaris González, una joven desaparecida en Nuevo León, fueron exhumados y sometidos a un peritaje independiente, a cargo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), que confirmó su identidad.

Brenda fue desaparecida en Santa Catarina el 31 de julio del 2011 por tránsitos municipales. En octubre del 2012, un año y tres meses después de la desaparición, la Procuraduría General de Justicia del Estado entregó a su familia los restos de una mujer encontrada en una fosa clandestina, les dijo que se trataba de su hija, y les ordenó incinerarla.

Por las dudas en el procedimiento de identificación y entrega –falencias en la identificación de la causa de muerte, la ropa del cadáver no fue reconocida por los familiares, los restos fueron entregados en una bolsa oscura sin permiso para abrirla y con la orden de incinerarla–, la familia recibió los restos pero no hizo caso a la autoridad estatal y enterró los 116 fragmentos de huesos que según correspondan a la joven. 

Casi dos años después del entierro, gracias al esfuerzo de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León y con el apoyo de los forenses peruanos y la organización Gobernanza Forense Ciudadana, Juana Solís, madre de la joven Brenda Damaris, logró exhumar los restos y someterlos a un peritaje independiente.

“Si son los restos de mi hija, tendremos la tranquilidad de la familia y ver quiénes son los responsables y por qué lo hicieron. Y si no son, seguiremos buscando la verdad”, dijo la señora Juana Solis a Animal Político, el día de la exhumación en el panteón de García, Nuevo León.

Este lunes, se confirmó la identidad:

“El EPAF anuncia a la opinión pública de México y del mundo que han sido identificados los restos de Brenda Damaris González Solís, víctima de desaparición forzada en Nuevo León, México. La identificación ya ha sido comunicada a los familiares de la víctima y a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León”, informó el grupo a través de un comunicado publicado el día de ayer.

“Destacamos el coraje de la Sra. Juana Solís González, madre de Brenda Damaris, y de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, gracias a cuyos esfuerzos se pudo realizar la exhumación, análisis y toma de muestras de ADN en septiembre del 2014, con la autorización de la PGJNL”.

Por su parte, FundeNL, como organización representante de la familia de la joven, exigió a las autoridades estatales una reparación del daño.

“Solicitamos a la PGJNL la restitución digna de los restos a la familia, así como la cobertura total de los gastos funerarios y de inhumación en base al artículo 31 de la Ley General de Víctimas. Hemos encontrado a Damaris, pero aún no se ha obtenido Justicia”.

La exhumación se llevó a cabo en septiembre del 2014 en el panteón municipal de García, donde los restos estaban enterrados bajo una cruz sin nombre, pues la familia tenía dudas de su identidad y por eso no los llevaron al espacio familiar

Al frente de la exhumación estuvo el forense peruano Franco Mora, en colaboración con el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF). Los restos obtenidos se analizaron en los laboratorios de BODE Technology en Virginia, Estados Unidos de América con el apoyo del Sigrid Rausing Trust y de la organización Gobernanza Forense Ciudadana, que costeó el análisis de ADN.

“Los resultados del análisis de ADN, que arrojan una identificación positiva más allá de cualquier duda razonable”, señalaron en el comunicado.


En el marco de las desapariciones actuales, ésta es la primera vez que los restos entregados por las autoridades son exhumado por un grupo de familiares, peritos independientes y activistas para confrontar el trabajo realizado por la Procuraduría y conocer una parte de la verdad sobre el paradero de la víctima.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DANIELA REA.

¿Más reformas? Para Videgaray, ahora es cuestión de restaurar la confianza

En una entrevista con el diario económico 'Financial Times', el secretario de Hacienda dijo que "podemos realizar 10 reformas energéticas pero si no añadimos confianza, no podremos aprovechar todo el potencial de la economía mexicana".

El presidente Enrique Peña Nieto arrancó su gobierno con la aprobación de una serie de reformas estructurales. Ahora, tras el caso Ayotzinapa y los cuestionamientos por posibles conflictos de interés, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que no bastan las reformas, ahora el reto es ganar la confianza de la sociedad mexicana.

“No se trata sólo de reformas, reformas, reformas”, dijo el funcionario federal al diario económico Financial Times en una entrevista. “Tenemos que hacerle frente a lo que es en la actualidad realmente importante para la sociedad mexicana, que no es (sólo) la corrupción y la transparencia. Va más allá de eso, se trata de una cuestión de confianza“.

“Podemos realizar 10 reformas energéticas pero si no añadimos confianza, no podremos aprovechar todo el potencial de la economía mexicana”, agregó.

Esta entrevista a Videgaray, publicada el lunes 16 de febrero, ocurre a poco más de dos semanas de que el presidente Peña Nieto anunció ocho medidas para combatir la corrupción, y pidió ser investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el señalamiento de conflicto de interés en su gobierno –por una propiedad que Angélica Rivera compró a la contratista gubernamental Grupo Higa–.

Pero Peña Nieto no h sido el único. Videgaray también ha sido criticado por la compra de una casa en Malinalco, Estado de México, a la empresa Bienes Raíces H&G, propiedad del dueño de compañías beneficiadas con varios contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en la entidad,  y la misma inmobiliaria que vendió a Angélica Rivera una casa en Lomas de Chapultepec, reveló una investigación del diario The Wall Street Journal. 


Una de las principales crisis de confianza que ha enfrentado el gobierno de Peña Nieto es el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes para las autoridades fueron asesinados e incinerados la noche del 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero. Sin embargo, los padres de los jóvenes han dicho que no creen en esa versión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El futuro de Pemex es su desaparición: Bartlett

No tiene defensa alguna frente a otras empresas, a las que se les cobrarán menores impuestos, asegura el senador.

El senador del PT, Manuel Bartlett, respondió al artículo publicado por Jesús Reyes Helores, titulado “¿Ahogar a Pemex?“.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, comentó: “Lo que me sorprende a mí de Reyes Heroles es que se sorprenda. Jesús Reyes Heroles está metido en esa reforma (energética) desde el principio, su hermano ha participado en ella, sabe de lo que se trata y ¿cómo puede sorprenderse de que estén ahogando a Pemex, cuando todo el diseño es para ahogar a Pemex?”.

“¿Cómo puede sorprenderse cuando ha sido un gran promotor de la ley?”, preguntó.

Expuso que los impuestos que se le aplican a Pemex son para “ahogar y desaparecer” la empresa.

El régimen fiscal, apuntó, es diferente al que tendrán las empresas extranjeras.

“Se dijo que la carga tributaria iba a bajar porque estaba controlado por Hacienda… y que se hizo una gran reforma…  Pemex tiene que seguir pagando por adelantado contribuciones que al año son 424 mil millones de pesos, hasta el 65 por ciento de sus ingresos“, expuso.

Mientras tanto, a las empresas extranjeras se les cobrará un rango de entre 18 al 24 por ciento, precisó.


“Pemex está condenado a no poder competir con nadie… no lo sueltan, no lo dejan… el futuro de Petróleos Mexicanos, si lo permitimos los mexicanos, es su desaparición y el establecimiento de todo lo que es la energía en México, la industria y el petróleo que está en el subsuelo, va a estar explotado por intereses extranjeros“, sostuvo.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En desapariciones en México, “lo que vemos es una masividad”: integrante de comité de la ONU

Se debe garantizar que la búsqueda de personas sea más rápida y más eficaz; preocupa la ausencia de estadísticas claras, dijo Luciano Hazan.

En el Comité de la ONU, contra las desapariciones forzadas, que revisó el caso de México, “las preocupaciones son varias y también son varias las recomendaciones. Toda la intención de este  documento (de conclusiones y observaciones) es la de cooperar con el Estado Mexicano para  lograr resolver lo antes posible este problema”, señaló Luciano Hazan, integrante de dicho comité.

En entrevista para Aristegui CNN, indicó que una de las principales preocupaciones es “la  búsqueda de las  personas  desaparecidas, tratando de garantizar a través de las políticas que las búsquedas de las personas desaparecidas sean lo más rápido posible y más eficaces posibles, por lo  tanto, que se puedan afianzar las instituciones del Estado dedicadas a esta  materia y coordinar las distintas instituciones que están participando en este tipo de tareas”.

La segunda preocupación para el comité es “la cuestión de los registros. Ha sido de gran preocupación, por parte del Comité, la ausencia de estadísticas claras sobre la cantidad de desapariciones forzadas y sobre todo la falta de distinción entre las megadesapariciones y las desapariciones forzadas”.

Apuntó que “el Comité ha evaluado por distintas razones la situación en México y puede describirse como una situación generalizada, en base a que fundamentos del Comité establecen que estamos frente a desapariciones generalizadas, en primer lugar porque lo que vemos es una masividad”

Y “aunque los números no son claros, sí estamos hablando de diferencias de miles, es decir, estamos hablando de miles de desaparecidos, con lo que la cuestión cuantitativa que define la generalización está prácticamente dada”.

Lo que el Comité interpretó “es que no estamos viendo desapariciones focalizadas en algún lugar del Estado, sino que tenemos buena parte de los territorios del país donde ocurren estas, salvo en varios estados en el sur del país. Lo que vemos es que casi más de la mitad o casi dos tercios de los estados tienen básicamente un problema con el flagelo de la desaparición forzada”, explicó.

“Lo que vemos es poca respuesta de la justicia penal en relación con las desapariciones, lo que vemos es una situación de impunidad donde el mismo Estado Mexicano cuando le pedimos precisiones en relación con hechos de desapariciones forzadas que hubiesen avanzado en la justicia penal, nos mencionó solamente seis casos, estamos hablando de miles de desapariciones de los cuales solamente seis han tenido respuesta en términos jurisdiccionales”, resaltó. 

Hazan recordó que “cuando hablamos de desapariciones forzadas en términos jurídicos en el marco de la Convención, lo que estamos diciendo es que hay una persona privada de la libertad de manera ilegal pero que al mismo tiempo con esa privación contó con alguna forma de participación del Estado”.

Lo que “no quiere decir que la persona que haya sido secuestrado a la víctima no sea necesariamente un oficial de policía, del Ejército o algún miembro del Estado, sino que haya prestado algún tipo de apoyo o incluso en caso de aquiescencia del Estado, es decir, aquellos casos que el Estado de alguna forma está dejando que las desapariciones ocurran, por ejemplo, a través del crimen organizado”.

Por lo que el Comité realizó recomendaciones, tratando de establecer distintos “estándares mínimos para el cumplimiento de las obligaciones que el Estado de México tiene con la Convención”.


Sobre el tema de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que el comité plantea que “de alguna forma ilustra la gravedad de la situación, los desafíos que el Estado Mexicano enfrenta, en relación con esta investigación, sanción y búsqueda de las personas desaparecidas. En cuanto al valor que yo puedo asignar en términos personales a la situación, nosotros realmente pensamos y creemos que hay que darle el mismo valor a los miles desaparecidos”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Mando único policial, conduce a una “mafia única”: Edgardo Buscaglia

México, DF. Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, advirtió a senadores del PRD que el modelo de mando único policial – como el que promueve el presidente Peña Nieto- conduce a una mafia única.

“No se casen con parches. México debe autogenerar su modelo. ¿Qué ocurrió en Chihuahua?, en efecto, bajaron los homicidios pero se consolidó (el crimen) en Sinaloa…Es decir, se requiere generar un paquete de medidas, no parches, porque en tal caso bajarán los homicidios pero subirá la orgía de delitos patrimoniales”, señaló el especialista.

En el caso de México, explicó, no se debería instaurar un mando único policial porque es un país sin controles efectivos anticorrupción, lo mismo en el sector judicial que legislativo o social. En cambio, hay un alto nivel de corrupción política y una baja reacción ante esta problemática.

Este país viola 72 por ciento de las cláusulas de la convención contra la corrupción, según un esquema desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas.

“México tiene los planetas mal alineados en este tema”, expresó el especialista, invitado por el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, a su segundo y último día de reunión plenaria, en donde se analizan temas rumbo al siguiente periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Una de las iniciativas de reforma a discutir desde la semana entrante en el Congreso es la enviada por el Ejecutivo para eliminar todas las policías locales, ubicadas en mil 812 municipios, para dar paso a 32 mandos, uno por cada entidad federativa.

Acorde con el plan gubernamental, el nuevo modelo se aplicaría en principio en un bloque de cuatro entidades: Jalisco, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.

Los senadores del PRD analizan el tema para fijar una posición. En conferencia magistral, Buscaglia calificó el decálogo en materia de seguridad y justicia de Peña Nieto como un paquete de medidas “descolgadas”, desordenadas, en un país en donde el principal problema no es el lavado de dinero sino el nivel de corrupción y violencia. “Acá (la cuota de ello) se paga con sangre y delitos”.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, se refirió a la necesidad de blindar las campañas del crimen porque – agregó- en nuestro país no sólo se ha desarrollado una mafia como tal sino un ambiente de violencia con rasgos diabólicos, de bestialidad.

“Los asesinos del caso Ayotzinapa son una muestra de la degradación social”, dijo.

Subrayó que ante la corrupción no podrán ejercerse tales controles democráticos si se adolece, como ocurre actualmente, de órganos autónomos, incluido en esta problemática el Senado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.

Políticos en la mira

A exfuncionarios que presuntamente han incurrido en casos de corrupción les llegó el momento de rendir declaración. En una semana, tres órdenes de aprehensión fueron giradas por la Fiscalía de Jalisco.

En pleno año electoral, exfuncionarios de oposición en Jalisco  han sido  detenidos acusados de presuntos actos de corrupción.

En poco más de una semana, la Fiscalía General del Estado ha girado órdenes de aprehensión contra dos exsecretarios generales del Congreso de Jalisco.

Además del exdirector del Seguro Popular en el sexenio del exgobernador panista Emilio González Márquez.

El 7 de febrero pasado, durante su segundo Informe de Gobierno, Aristóteles Sandoval Díaz anunciaba la detención de dos personas por el caso López Castro, una consultora que fue contratada por el Congreso de Jalisco durante la 58 Legislatura estatal para recuperar beneficios fiscales.

La firma había cobrado más de medio millón de pesos por anticipado, pero no obtuvo las ganancias para el Congreso. La Legislatura 59 recibió una orden de un juez federal para que se la pagara a la empresa alrededor de 58 millones de pesos. López Castro se desistió del pago en 2014 ante posibles demandas en su contra.

El mismo día del Informe del mandatario, el fiscal Luis Carlos Nájera confirmó que el exsecretario general del Congreso local, Octavio Pérez Pozos era uno de los detenidos.

Pérez Pozos, el viejo amigo

Una larga historia relaciona a Octavio Pérez Pozos y al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

Asistieron juntos a las aulas de la preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara, semillero de actores políticos que han incursionado en las filas del PRI o del PAN. Siguieron como compañeros en la Facultad de Derecho de la UdeG.

Quienes mantuvieron una relación con ambos, coinciden en que Sandoval Díaz y Pérez Pozos eran los grandes amigos. 

En esos años, Pérez Pozos siempre acompañó a Aristóteles en su carrera política, desde que éste último escaló dentro de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la UdeG.

En 2003, tras no conseguir la candidatura del PRI a la alcaldía de Guadalajara, Sandoval Díaz cedió la regiduría a la actual diputada federal Claudia Delgadillo; fue entonces que el resentimiento plagó a Pérez Pozos.

En la Legislatura 58, el viejo amigo del gobernador encontró cobijo en la fracción del PAN del Congreso del Estado. Alfredo Argüelles, entonces secretario general del Congreso, lo promovió en las áreas de administración y jurídica del poder Legislativo, hasta que Pérez Pozos lo sustituyó en el cargo.

Jorge Salinas, excoordinador del PAN en el Congreso estatal y excandidato panista a la alcaldía de Guadalajara, también le ofreció asilo en su campaña.

Tras la derrota del panista, Octavio Pérez Pozos saltó a las filas de Movimiento Ciudadano, gracias a su parentesco familiar con la diputada federal de MC  por Jalisco, Merylin Gómez Pozos, y a su amistad con el alcalde Tlajomulco, Ismael del Toro. 

Recientemente ha circulado en redes una fotografía del edil y el exsecretario del Congreso, en un juego de beisbol del equipo Charros de Jalisco.

Pérez Pozos fue detenido el 8 de febrero pasado. salió libre al día siguiente. El lunes 9, cuando iba a dar una rueda de prensa, fue aprehendido de nuevo. Pero libró de nuevo la cárcel: bastó un pago de 20 mil pesos como fianza.

Alfredo Argüelles, el prófugo

El pasado 6 de febrero, empleados del Congreso de Jalisco asistieron al domicilio del panista Alfredo Argüelles para notificarle que se le requería para declarar ante una comisión especial legislativa que investiga el caso López Castro.

Al abrir la puerta, el exsecretario general del poder Legislativo negó que fuera él a quien se le iba a notificar. 

“Yo aquí trabajo nomás”, dijo el panista.

Con una larga trayectoria dentro del PAN  y en la función pública, Argüelles es el responsable de haber firmado el contrato millonario con López Castro, cuando era secretario general en la 58 Legislatura local.

En 2011, el diario Mural informó que Argüelles es propietario de una casa con un valor de 10 millones de pesos, ubicada en el fraccionamiento Valle Real, en Zapopan. 

El viernes pasado, al comparecer ante diputados locales, el fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez informó que se ha emitido una orden de aprehensión contra el panista, al que se le busca en varios estados del país.

Seguro Popular, el desfalco

El último año del gobernador panista Emilio González Márquez significó un desfalco al Seguro Popular, de acuerdo con la Cuenta Pública 2012 que en 2014 dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según el órgano fiscalizador, en 2012, el Seguro Popular en Jalisco fue el mayor daño a las arcas federales. 

La ASF encontró anomalías por 2 mil 924 millones 636 mil 267 pesos.

Y presentó entonces ocho denuncias por irregularidades que suman 388 millones de pesos; sólo en una denuncia fue por el orden de 326 millones de pesos.

En cuatro denuncias, por ejemplo, se acumulan 40 millones de pesos; cada una fue por la emisión de cheques hasta por 10 millones de pesos que la Secretaría de Salud Jalisco emitió a una asociación civil.

Al frente del Seguro Popular estaba Álvaro Córdoba Pérez, quien fue aprehendido el 11 de febrero pasado, derivado de una denuncia que hizo la Contraloría del Estado por el desfalco de 326 millones de pesos.

Antes de los casos de 2015, fue detenido en 2013 el exdirector del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Rodolfo Ocampo Velázquez, acusado de peculado, desvío de recursos e uso indebido de atribuciones y facultades. 


Ocampo, preso en Puente Grande, es señalado de irregularidades en el manejo de un crédito de mil 200 millones de pesos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió al Estado, para infraestructura hidráulica en la zona metropolitana de Guadalajara.

También fue aprehendido en 2014 el extesorero del Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe), Roberto Pinzón Valle, acusado del desvío de 50 millones de pesos.

Jorge Sánchez Martínez, exdirector de Iprovipe en el sexenio pasado, también fue detenido el año pasado, pero quedó en libertad tras pagar una fianza.

¿Y los priistas?

La impunidad en que se halla el caso de la exregidora Elisa Ayón, otrora prominente priista de Jalisco y aspirante a la gubernatura, a más de 25 meses de que surgiera el escándalo de corrupción, se mantiene así tanto por parte del Ayuntamiento de Guadalajara como de la Fiscalía General. 

El Congreso estatal la halló responsable de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito (tiene 10 bienes inmuebles adquiridos entre 2011 y 2013, e inconsistencias en su declaración patrimonial), por lo que la destituyó e inhabilitó.

Pero nada ha pasado en el ámbito municipal y penal. 

El alcalde priista Ramiro Hernández anunció en noviembre del 2013 una investigación a la Dirección de Panteones, donde Ayón habría estado “rasurando” el salario de los trabajadores.

El 10 de febrero pasado, la Contraloría municipal reconoció: “La auditoría referida a la Dirección de Panteones, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, sigue en la etapa de ejecución...”. 

Mientras que la Oficina de Combate a la Corrupción dijo en un oficio que “la investigación se encuentra en proceso de integración”.  

La regidora fue grabada en audio diciendo a trabajadores de Panteones: “agarremos lo que tengamos que agarrar, repártanlo, no sean culeros”.


Luego, ante comerciantes formales a quienes exigía cuota: “Para que llegue el dinero por arriba y no por abajo, porque por abajo hay mucho dinero, pero mucho, y no le llega al patrón”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA, MAURICIO FERRER.

Van por el gasero

Aunque la Secretaría de Energía los infraccionaba y Profeco acumulaba denuncias en su contra, la empresa Gas Express Nieto lograba multiples contratos con diversas dependencias.

Ni la explosión de una de sus pipas en el Hospital Materno Infantil ni el historial de sanciones a la compañía Gas Express Nieto parece hacer mella en la fortuna de sus dueños.

Al mismo tiempo que la Secretaría de Energía (Sener) los ha infraccionado una y otra vez durante los últimos años, sus contratos con el gobierno se multiplicaron.

Ayer la Sener anunció que abrieron un procedimiento administrativo sancionador en contra de la empresa, para revocar su permiso de distribución de gas LP en la planta ubicada en la localidad de Tláhuac e imponerle multas que podrían sumar 42 millones de pesos.

La procuraduría del Distrito Federal determinó con base en pruebas periciales que la pipa tenía dos tornillos fracturados antes de la explosión en el hospital, que dejó 5 muertos y más de 70 heridos. 

Además, que el medidor marcaba niveles de gas distintos a los que suministraban.

Estas diferencias habían sido detectadas desde hace seis años por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las sanciones impuestas por Profeco desde entonces, que devinieron cada una en litigios contra la autoridad, no afectaban a la empresa, que continuaba ganando contratos con dependencias federales y estatales.

El auge de la compañía le permitió al dueño, Sergio Nieto del Río, mantenerse como uno de los empresarios más ricos de Querétaro.

Entre sus inversiones destaca una cuadrilla de caballos de carrera y la compra de un departamento de lujo en la zona residencial más exclusiva de Miami, con valor de 2 millones de dólares.

Ahora Gas Express Nieto debe ocuparse de los gastos para resarcir a las víctimas de la explosión en el hospital.

Pero esto tampoco le representará pérdidas. 

Desde el 4 de febrero la empresa anunció que tenía de antemano contratado un seguro con GNP, que respaldará los costos.

Surten a guarderías 

Los años previos a la explosión en el hospital representaron para Gas Express Nieto ganancias millonarias en contratos públicos.

Entre 2011 y 2012 la empresa obtuvo 46 contratos con dependencias del Gobierno federal, la mayoría con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Algunas de esos contratos los  obtuvo entre 2011 y 2014 con la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal por 77 millones de pesos.

Las contrataciones se dieron en sitios que requerían altos índices de seguridad.

En abril de 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) les otorgó un contrato para surtir gas en instalaciones de los hornos incineradores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el actual sexenio, entre diciembre de 2012 y enero de 2015, han obtenido otros 46 contratos con dependencias federales.

El acuerdo más oneroso obtenido durante la actual administración fue otra adjudicación directa para un contrato que duró dos meses y por el que cobraron 22.4 millones de pesos al ISSSTE.

El objeto fue aún más delicado: surtir combustible “a las unidades médicas y estancias de bienestar y desarrollo infantil en diferentes centros de trabajo”.

Sanciones menores

Simultánea a esta prometedora carrera como jinete, Sergio Nieto ha seguido apareciendo públicamente como el dueño de Gas Express Nieto y Gas Express Nieto de México.

El historial de ambas con la Sener y la Profeco muestra la misma actitud: sanciones y negativas recurrentes a ser inspeccionados.

En los años cuando Sergio Nieto compraba a Google y Cabreado S.E., Profeco les impuso 4 millones 200 mil pesos a su compañía en multas.

Al año siguiente, la dependencia les cobró sanciones por otros 16 millones de pesos. 

De las 48 plantas de Gas Express Nieto han surgido 134 juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las denuncias más recurrentes ante Profeco -58 en 2013 y 65 en 2014- han sido por “el mal estado de los cilindros, por no contener el peso estipulado y al incumplimiento del suministro exacto de gas”, de acuerdo con una ficha informativa entregada a Reporte Indigo por esta dependencia.

Fueron multados 62 veces entre 2013 y 2014 por negarse a que la verificaran. A pesar del alto número de sanciones, el monto era menor comparado al tamaño de la empresa: 15.5 millones de pesos en dos años.

Una situación similar sucedió con la Sener. Una base de datos de inspecciones del Registro de Verificaciones de la Dirección General de Gas LP de la Subsecretaría de Hidrocarburos, publicada por Milenio, mostró que la compañía había incumplido con 94 revisiones en sus autotanques, semirremolques e instalaciones entre 2011 y 2014, el mismo periodo cuando obtuvieron 92 contratos con dependencias federales.

Deslinde previo

Dos semanas antes de que la autoridad determinara esta responsabilidad hacia Gas Express Nieto, ya la compañía había anunciado una respuesta al “incidente” en el hospital.

Desde el 4 de febrero divulgaron un boletín de prensa sobre su participación en la preparación de “acuerdos reparatorios” con los familiares.

Pero no lo hará de su bolsillo, sino mediante un seguro que tenían previamente contratado con Grupo Nacional Provincial (GNP).

Contraria a su actitud histórica de litigar en contra de cada sanción de la autoridad, aseguraron que estarían con las víctimas “más allá del resultado del proceso judicial respectivo”.

De inmediato luego de esta acotación, advirtieron que “hasta el momento en la carpeta de investigación no se ha determinado responsabilidad alguna de los operadores o el equipo de transporte, propiedad de la compañía”.


Vida de lujos

Al tiempo que obtenía estas adjudicaciones con el gobierno, la compañía surtidora del combustible era dirigida por uno de los empresarios “más prósperos” del Bajío, Sergio Nieto del Río.

Las ganancias de la empresa permitieron al hijo del fundador de la gasera comprar en 2008 un departamento en Key Biscayne, una isla frente a la ciudad de Miami.

Por medio de la empresa Petus, LLC -cuyo administrador único es Sergio Nieto del Río- el 12 de septiembre de 2008 compró un departamento en un millón 980 mil dólares en el 430 de Grand Bay Drive, en Key Biscayne.

El inmueble tiene 342 metros cuadrados, tres recámaras, cinco baños y medio, su propio club de playa y acceso directo desde el edificio al mar.

Está a un lado del hotel Ritz-Carlton de esa isla, considerada por los habitantes de Miami como “el cayo de los millonarios”.

Durante sus estancias en Florida, Nieto ha participado en carreras de caballos en Palm Beach, una zona residencial donde algunas celebridades tienen propiedades.

En enero de 2012 compitió en el Campeonato Ecuestre de Invierno de FTI en Wellington, Florida, con Cabreado S.E., un caballo de la raza zangersheide, que fue antes propiedad del jinete Daniel Deusser, campeón nacional en 2014 en Alemania.

En México, Sergio Nieto es conocido como jinete desde hace más de 15 años.

En octubre del año pasado ganó el primero y segundo lugar del certamen de salto del Balvanera Polo & Country Club en Querétaro con los caballos Google y Cabreado S.E.


En una entrevista,  el empresario declaró que compró a Google en Europa en agosto pasado y a Cabreado S.E. en 2011.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Peña, la doctrina de la corrupción

MÉXICO, D.F: Si Enrique Peña Nieto ha sido atrapado en por lo menos un acto de corrupción y ordena bloquear la transparencia y la rendición de cuentas, entonces los mexicanos tienen derecho a pensar que planea seguirse beneficiando a la mala.

Ha quedado nítido el conflicto de interés de Peña con el contratista Armando Hinojosa Cantú, más aún con el nombramiento de su empleado Virgilio Andrade para simular una investigación que no creen ni ellos, pero ahora conspira para convertir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en otra burla a los mexicanos.

A través del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que son exactamente lo mismo, se pretende en el Senado que la ley reglamentaria de la reforma constitucional conculque el derecho de acceso de los mexicanos a la información sobre el uso de todos los recursos públicos, pero también a temas de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Desde la cúpula del poder se busca, por ejemplo, eliminar la obligación de que se transparente la lista de cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, donde por años se han fugado miles de millones de pesos en impuestos de empresarios tan infames como los Azcárraga y Claudio X. González.

Se pretende también mantener ‘candados’ a la información de fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México que manejan discrecionalmente cantidades multimillonarias de recursos de los mexicanos, como los que se concentrarán en el Fondo Mexicano del Petróleo de la renta petrolera.

Se trata de, al menos, 352 fideicomisos que manejan 452 mil 454 millones de pesos. Es un dineral, cuyo manejo nadie conoce. De esa cantidad, 21.7% corresponde a 46 fideicomisos de infraestructura pública (98 mil 365 millones); 21.2% a 120 fideicomisos de “apoyos financieros” (96 mil 89 millones); 20.7% a seis fideicomisos para “estabilización financiera” (93 mil 573 millones), y 17.2% a 24 fideicomisos de pensiones (77 mil 681 millones).

Más aún, a través del PRI y del PVEM, el gobierno federal busca reservar toda la información que “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, así como la que “pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales”.

El gobierno de Peña también busca reservas a la información “cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas así por la autoridad competente” o “se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables”.

Todos estos son aspectos sensibles que, de no aprobarse en el Senado, implicarían una grave involución en la de por sí acotada transparencia en México, único logro del gobierno de Vicente Fox y que, en los gobiernos que le siguieron, se fue diluyendo, como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) como órgano garante.

Los operadores de esta involución son los senadores Arely Gómez González, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde, dos de los partidos más tramposos. Ella es hermana del vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, y él es yerno de Manlio Fabio Beltrones. Nada menos.

Pero no hay que darle vueltas: Restaurada la figura del jefe máximo en el PRI (y su palero el PVEM), es Peña Nieto –nadie más– el principal responsable de esta infamia.


Nadie puede decir que Peña no ha sido congruente con su apego a la corrupción. Esa ha sido su biografía…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Encapuchados queman oficinas sindicales en Chilpancingo

MÉXICO, D.F: Una veintena de encapuchados irrumpió en las oficinas del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), localizadas en la colonia Los Ángeles de Chilpancingo, donde causó destrozos e incendió el mobiliario.

El ataque ocurrió cerca de las 13:00 horas cuando una camioneta blanca se introdujo al área del estacionamiento del SUSPEG. De las unidades bajaron sujetos que empuñaban picos, palas y palos y quienes replegaron a los sindicalistas que se encontraban en el lugar.

Enseguida, los agresores comenzaron a quebrar cristales, destruyeron mobiliario y prendieron fuego a las instalaciones, destacadamente al área que opera Adolfo Calderón Nava, secretario general del SUSPEG. Otras oficinas afectadas fueron la secretaría privada, la particular, de organización y preescolar.

No hubo reporte de lesionados aunque los daños materiales se estimaron en un millón y medio de pesos.

En tanto, maestros de la Sección 14 del SUSPEG realizaron una marcha por las calles de la capital guerrerense en protesta porque las autoridades les retuvieron el pago de un bono.

En el pago de su quincena, denunciaron faltó cubrir un bono de 2 mil pesos.


Docentes de este gremio y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) realizarán otra movilización este martes 17.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exige Amnistía juicio justo para líderes yaquis detenidos

HERMOSILLO, Son: La coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de Amnistía Internacional (AI) México, Chasel Colorado Piña, exigió al gobierno estatal ofrecer un juicio “justo e imparcial” a los líderes yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez, detenidos en septiembre pasado.

La defensora de los derechos dijo que es preocupante que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en Sonora se preste a asuntos políticos para encarcelar sin argumentos a los voceros yoremes por los delitos de asesinato y robo de un automóvil.

“Esta semana visitaremos al procurador (Carlos Navarro) para externarle la preocupación de Amnistía Internacional México por la detención de Yaquis y para exigir al gobierno de Sonora que ofrezca propuestas para garantizar la integridad de Mario Luna y Fernando Jiménez, además de un juicio justo e imparcial”, afirmó.

De visita en Sonora para impulsar la campaña “Justicia Yaqui”, mediante la que se pretende recolectar firmas para solicitar al gobierno de Sonora la liberación inmediata de los voceros yoremes encarcelados, Colorado Piña añadió que vigilarán este proceso legal para corroborar que no esté fundamentado en “rencillas políticas” y se garantice la libertad de expresión de la tribu.

El pasado viernes 13 el juez Décimo de Distrito en Materia de Amparo otorgó la libertad a Mario Luna por las irregularidades cometidas al momento de su captura pero a la fecha no ha sido liberado del Centro de Readaptación Social número 2, con sede en Hermosillo, donde lo mantienen preso desde el pasado 11 de septiembre.

El gobernador Guillermo Padrés declaró en entrevista que la Procuraduría sonorense no había sido notificada sobre la resolución de este juicio de amparo promovido por el líder yaqui pero adelantó que acatará cualquier disposición legal.

Por su parte, el vocero de la etnia yaqui, Miguel Ángel Cota Tórtola, recalcó que actual administración panista criminaliza la legítima defensa de su territorio al pronunciarse contra la operación del acueducto Independencia que trasvasa agua del río Yaqui al río Sonora para llevar agua a la capital sonorense.

Sin embargo, advirtió: “Esta defensa la seguiremos llevando hasta las ultimas consecuencias porque no se han respetado nuestros usos y costumbres”.


A la presentación de la campaña asistieron representantes de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, la Comisión para la defensa de los Derechos Humanos de la etnia y el sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Sonora.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Efecto Iguala

Hace unos años algunas zonas metropolitanas eran el centro de la violencia criminal. Ahora, se ha desplazado a sitios mucho menos accesibles para el gobierno, con menor margen de maniobra oficial.

La detención y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa destapó la nueva cara de la violencia en México: una movilidad del crimen de los grandes centros urbanos a las zonas con menor control de la autoridad.

Las cifras oficiales del último trimestre de 2014 trajeron para México un incremento del 20 por ciento en la violencia, luego de que a partir de 2011 el país había mejorado en algunos delitos, especialmente la extorsión.

Si bien hace unos años algunas zonas metropolitanas, como Monterrey o Acapulco, eran el centro de la violencia criminal, ahora se ha desplazado a sitios mucho menos accesibles para el gobierno, con menor margen de maniobra oficial. 

Este nuevo mapa de la violencia tiene sus puntos más críticos en Guerrero, Morelos, Tamaulipas, Baja California, el Distrito Federal y Coahuila. 

Los números provienen del Índice de Seguridad Pública y Violencia en el tercer trimestre de 2014, que elaboró Lantia Consultores.

A pesar de que en general hay menos delitos y asesinatos de 2011 a la fecha, algunas de las entidades que han recibido más recursos federales para el combate a la violencia continúan en los primeros lugares de la crisis nacional que se agudizó desde 2008.

Los nuevos focos rojos

Una revelación de este reporte es que algunas entidades que se consideraban “relativamente seguras” sufrieron un deterioro significativo de seguridad durante 2014.

Los ejemplos más importantes son Guanajuato, donde aumentó un 13 por ciento el índice delictivo; Querétaro, con 28 por ciento, y Baja California Sur registró un 57 por ciento.

“En Baja California coincide una alta incidencia delictiva, un nivel alto de ejecuciones, con un repunte de la violencia que se observó en el tercer trimestre de 2014”, de acuerdo con las láminas que acompañan al estudio.

Esta tendencia es marcada en algunos estados como Baja California Sur, donde las disputas entre narcomenudistas afiliados al cartel de Sinaloa en la capital, La Paz, repercutieron en los datos de todo el estado. 

“La disminución en la violencia que observamos a lo largo de los últimos años ha sido el resultado primordialmente de una recuperación de la seguridad en las grandes zonas metropolitanas”, explica en su reporte el fundador de Lantia Consultores Eduardo Guerrero, maestro en ciencia política por la Universidad de Delaware y licenciado en administración pública por El Colegio de México.

Esta “dinámica alentadora”, que ubica en casos como Monterrey o Acapulco, evidencia que en los municipios rurales la situación es radicalmente opuesta.

“Es el caso de las crisis que vemos en lugares como Iguala o Apatzingán (…) Se trata de lugares donde la cobertura de los medios de comunicación y la visibilidad de la violencia es mínima”. 

Algunos ejemplos recientes documentados por la prensa de estas situaciones son los reportes de secuestros masivos en Cocula o el asesinato del periodista Moisés Sánchez, habitante de la localidad de Medellín, en las afueras del puerto de Veracruz. 

Guerrero explica: “Fuera de las grandes ciudades los intereses que pueden hacer frente al crimen organizado tienen menor fuerza. 

“Las cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil tienen menos recursos, de forma que para los criminales es más sencillo imponerse como un actor predominante, tanto en el ámbito económico como en el político”.

Este nuevo contexto significa para el especialista que la parte sencilla del combate a la violencia del crimen organizado ya se agotó.

“Ya redujimos la violencia ahí donde los recursos económicos y el capital social son abundantes. La reconstrucción institucional que necesitamos en lugares como Iguala será mucho más costosa y supondrá un desafío de gobernabilidad de primer orden”, detalla.

De no tomar medidas sobre esta nueva realidad en el futuro inmediato, el riesgo inminente es que México tenga en las próximas décadas “amplias regiones gobernadas en la práctica por mafias”.

Mejora relativa

Los números de asesinados el año pasado son tres veces menores a los que se registraron públicamente en 2011, de 4 mil 587 en el primer trimestre de ese año a mil 820 al finalizar el 2014.

El presentador de estos datos, Eduardo Guerrero, fue funcionario público al inicio de este sexenio. Coordinó la Unidad de Información y Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública entre diciembre de 2012 y marzo de 2013.

Desde la consultora que fundó en 2008, sus cifras no niegan la realidad que llevó a miles de personas a manifestarse en las calles exigiendo justicia por los normalistas desaparecidos, pero asegura que “permiten tomar distancia de los eventos de coyuntura que observamos, y que marcan la agenda pública”.

El sexenio de Felipe Calderón concluyó con una lista de 25 mil desaparecidos, que bajó a 22 mil 322 según la actualización más reciente que hizo la Procuraduría General de la República. 

Después del 26 de septiembre, cuando el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, ordenó detener a los normalistas que boteaban ese día en su municipio, la violencia aumentó en todo el país. 

Este incremento tuvo su peor deterioro precisamente en los municipios que han recibido mayor atención pública con el tema de la violencia. 

“Aunque en algunos estados la disminución de la violencia fue muy acelerada, en otros ésta permaneció relativamente estable”, explicó Guerrero en su reporte Panorama Nacional de Seguridad y Violencia.


Del primero al segundo año de gobierno peñista, en Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Jalisco, los conteos oficiales muestran una mejora sustancial en la incidencia delictiva.

Pero en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Sonora, donde se ha concentrado la atención de las autoridades desde que se decretó la “guerra contra las drogas”, los números de delitos permanecen graves. 

Guerrero considera que es necesario poner especial interés en Tamaulipas, donde “a pesar de que desde hace años se registra un escenario crítico de violencia e inseguridad, no se ha detonado un proceso de fortalecimiento institucional que permita recuperar la paz. En Veracruz, se observa un escenario similar, si bien menos dramático”.

El caso más reciente de este fracaso es Michoacán, donde ni el despliegue de fuerzas federales ni la actuación del excomisionado Alfredo Castillo, recientemente removido, lograron que el equilibrio entre los grupos criminales y las autodefensas eliminaran los episodios violentos. 

Guerrero considera que el panorama michoacano “se complicará enormemente el proceso electoral de este año”.


Los casos de Baja California y Sonora mantuvieron durante 2014 diferencias entre organizaciones criminales, pero no se han observado allí escenarios de crisis “en buena medida porque la violencia disminuyó a buen ritmo durante los años previos”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Comienza la partida

Este fin de semana, en Sonora, Nuevo León, Baja California Sur y Guerrero tres partidos sumaron candidatos a las gubernaturas en estas entidades.

Tres partidos se sumaron este fin de semana con sus candidatos a las gubernaturas de cuatro estados mexicanos, de cara a las elecciones del próximo 7 de junio.

Sonora, Nuevo León, Baja California Sur y Guerrero tienen ya los aspirantes a gobernar dichas entidades.

El PAN, como resultado de votaciones internas, postuló en Nuevo León a Felipe de Jesús Cantú, mientras que en Sonora, Javier Gándara Magaña fue apoyado por el actual gobernador para alcanzar la candidatura.

En Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis fue elegido por votación directa y Jorge Camacho fue designado ayer para Guerrero.

El PRD de Guerrero va con Beatriz Mojica Morga, y el PRI de Sonora apuesta con Claudia Pavlovich Arellano.

Felipe de Jesús Cantú
Candidato del PAN
Nuevo León

> Alcalde de Monterrey de 2000 a 2003, ex diputado local y federal.

> Obtuvo la candidatura con 9 mil 606 votos de los militantes panistas.

> Asegura que Nuevo León tiene un endeudamiento “irresponsable” de 120 mil millones de pesos.

> Amerita una revisión de los créditos más viejos que tienen tasas más altas y podrían renegociarse para poder garantizar que el estado pague menos que los 7 millones de pesos diarios que el estado es lo que está pagando por servicio de la deuda de los bancos”, dijo en entrevista a Sinembargo.mx.

Javier Gándara Magaña
Candidato del PAN
Sonora

> Empresario y alcalde se Hermosillo de 2009 a 2012.

-Apoyado por el gobernador Guillermo Padrés.

> “Estoy muy motivado y emocionado, estén seguros de que no fallaré, trabajaré con el corazón en la mano y haremos una contienda propositiva de mucho respeto. Siempre escuchando a los sonorenses”, publicó en sus redes sociales luego de ser declarado candidato official por el PAN a la gubernatura de Sonora.

Carlos Mendoza Davis
Candidato del PAN
Baja California Sur

> Secretario general de Baja California Sur en 2011, ex senador de la República y delegado regional del IMSS en BCS de 2007 a 2010.

> Hijo del ex gobernador priísta Ángel César Mendoza Arámburo.

> Elegido candidato a gobernador de BCS por el PAN por votación directa, no tuvo contrincantes.

Jorge Camacho
Candidato del PAN Guerrero

> Periodista, ex atleta y ex comentarista deportivo en el programa televisivo El Mañanero.

> Diputado local del Congreso del estado de Guerrero.

Beatriz Mojica Morga
Candidata del PRD
Guerrero

> Presentada por unanimidad por el Partido de la Revolución Democrática.

> Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) durante el gobierno de Ángel Aguirre y ex candidata a la alcaldía de Pungarabato.

> “Dicen que Guerrero es como un caballo brioso, indomable, valiente, pero también lleno de vida y aguerrido. Para dirigir un caballo se necesita paciencia, amor, sensibilidad, buenos cuidado y, sobre todo, una mano diestra y firme que sepa guiarlo”, dice en un promocional de televisión.

SLP: el PAN tendrá segunda vuelta; el PRD define candidatos el jueves

Mario Leal Campos
Candidato del PAN
San Luis Potosí

> Ex alcalde de la capital del estado.

> Embajador de México en Chile

> “Confiamos con el voto libre y razonado de los militantes Panistas emitidos el día de hoy y que tengamos como resultado un candidato legítimo que nos lleve a ganar la elección Constitucional el próximo 7 de junio”, comentó el domingo en sus redes sociales.

Sonia Mendoza
Candidata del PAN
San Luis Potosí

> Diputada local de 2006 a 2009, diputada federal de 2009 a 2012 y actual Senadora de la República.

> “Con el 47.34% votos a nuestro favor, les informo con gusto que hemos ganado la candidatura rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí”, manifesto ayer en su cuenta de Facebook 

Alejandro Zapata Perogordo 
Candidato del PAN
San Luis Potosí

> Presidente municipal de 1997 a 2000. Senador de 2006 a 2008.


> Es uno de los ‘diputables’ asistentes a la fiesta en Puerto Vallarta que Reporte Indigo denunció en agosto del 2014.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ISABEL TORRES.