Lorenzo Meyer, profesor emérito de El Colegio de México (COLMEX) y autor de Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México (Debate, 2013), dijo que las elecciones intermedias del mandato de Enrique Peña Nieto (donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 congresos locales, a 9 gobernadores y 903 presidentes municipales) muestran el fracaso del sistema electoral.
“El mecanismo electoral de ahora francamente mostró su fracaso. Ése es un punto a discutir: ¿valen la pena la elecciones? Son carísimas, como todos lo sabemos; se trata de uno de los procesos electorales más caros del mundo y, ¿realmente influyen en algo, o están ya bastante predeterminadas?”.
“En México –agregó–, durante muchas décadas, ya todos lo sabemos, las elecciones estaban vacías de contenido. Eran pura forma y nada más; bueno, ahora se sospecha que sirven básicamente para reafirmar a la partidocracia en sus posiciones, pero no sirven para llevar adelante un proceso efectivamente democrático, es decir, que ligue al ciudadano, a sus necesidades, a sus deseos, con la maquinaria del poder. La maquinaria del poder está actuando bastante despegada de lo que son las realidades del ciudadano y de las comunidades”.
El también ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011 dijo que “hay diferentes ángulos en los que hay que ver la política y cómo está desembocando en lo que algunos ven, quizá yo me incluya entre ellos, como una crisis del sistema político mexicano, un sistema que se suponía que había cambiado entre 1997 y 2000 y que habíamos dejado atrás el larguísimo periodo de autoritarismo que casi abarcó todo el Siglo XX y que entrábamos a la democracia por la vía electoral, para luego ir aumentando su campo de acción en otras áreas, y ahí es donde toco lo social; y la verdad es que la estructura social de México está peor que la de antes”.
Meyer, un permanente crítico del sistema político, dijo además:
“El PRD se corrompió muy rápido; quizá porque no había fibra ideológica, sino nada más ganas de encontrar un puesto. Bueno, yo lo veo así: en el Distrito Federal, que es uno de los bastiones del PRD, y el hecho de que esté ahorita ya agonizando me parece natural. Simplemente no pudo superar la tentación del dinero y de la corrupción, y de tener puestos administrativos, de ser parte de la burocracia aquí en el Distrito Federal. Si uno ve las delegaciones, están tan corruptas como antes, entonces, el PRD no cumplió su papel…”
—¿Cómo visualiza el resto del sexenio de Enrique Peña Nieto? Le faltan tres años y ocho meses todavía…
–Pues es una tragedia. Ése es un problema que se origina entre otras cosas en el hecho de que Don Porfirio Díaz pasó de los cuatro años que veníamos teniendo en el Siglo XIX al sexenio; luego se le viene la Revolución encima y viene el cuatrienio. Pero ya Obregón decidió que para qué hacerlo cada cuatro años, si de todas maneras ya estaba todo predeterminado, pues mejor prolongarlo. El sexenio es una fórmula muy lógica para la antigua manera de hacer la política en México, pero ahora nos damos cuenta que seis años es una eternidad, sobre todo cuando se fracasa en el tercer año; la segunda mitad del sexenio va a ser un martirio para todos, para Peña, para su gobierno, para la sociedad mexicana. Un martirio en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos esto puede llevar a una reacción autoritaria, ahorita Osorio Chong ya está diciendo ‘bueno, como ya se cerró el caso de Ayotzinapa, ahora sí, la fuerza, nada de andarse aprovechando de esa situación, de esa tragedia de Iguala, para andar protestando de manera violenta’. La economía ya se la llevó el diablo, el petróleo, que era al que le habían apostado todo, pues simplemente se hundió; realmente no tengo idea de qué les quede, o qué nos quede.
—¿Sigue vigente una de las tesis de su libro Nuestra tragedia persistente, en el sentido de que la alternancia del año 2000 no se aprovechó para desterrar el sistema político mexicano?
–Desde luego, no solo la sigo teniendo, sino que creo que ahora hay más elementos para sostenerla: es que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es francamente un evento muy desafortunado porque se puede uno explicar el nacimiento y naturaleza de ese sistema o de ese partido, como realmente un partido de Estado al servicio de una presidencia que parecía muy fuerte y ahogaba posibilidades democráticas. No era inevitable, pero pues casi se acercó a lo inevitable, que después de la Revolución Mexicana el poder político se concentrara de tal manera que llevara a eso, a un partido que ya no se distinguía qué era partido y qué era maquinaria del Estado, y todo al servicio de una presidencia que ahogaba a la división de poderes. Se suponía que eso había quedado atrás, pero regresó el mismo partido y sin haber cambiado gran cosa; entonces se vio de manera más clara que el cambio político, el cambio de sistema, pues fue más un proyecto que una realidad, y conforme corre el tiempo, las viejas raíces de la política mexicana vuelven a echar retoños y a salirles hojitas y ramas; en tanto que la realidad de un sistema nuevo no se ve. Creo que hoy, en el 2015, eso es más evidente que cuando escribí el libro.
—¿La clase política mexicana no es la que se merece el país?
–En términos generales, no; esa clase política encabezada por los políticos del PRI, que los otros partidos han imitado bastante bien, está dedicada básicamente a preservar sus privilegios. Nada más hay que echarle un vistazo a los sueldos, a las prestaciones de la clase política; pero eso quizá no sea lo importante, sino el tráfico de influencias que se mueve todos los días y que liga a la economía al mercado con la clase política y les da unos ingresos y una forma de vida que en algunos casos, es casi de años luz la distancia que los separa del mexicano promedio. Una comparación quizá extrema pero interesante, es ver al Presidente de Uruguay, José Mujica, y ver cómo vive en otras partes del mundo el jefe de un sistema, de un gobierno, y que no hay mucha distancia entre él y la manera como vive un uruguayo normal; pero en México hagamos ese ejercicio con el Gobernador de Baja California [Francisco Vega de Lamadrid], ya no digamos con el Presidente del país o con los secretarios de Estado, y entonces tendremos un contraste notable. Aquí, en México, sí se ve realmente que la clase política vive en otro planeta.
—En su libro Nuestra tragedia persistente advierte que “la Revolución Mexicana fue el alto precio que el país tuvo que pagar para deshacerse de una clase política que ya había perdido piso”. ¿Ya perdió el piso la clase política mexicana actual?
–Sí. Digamos que para ponerlo de una manera muy simple: entre 1910 y los 1930, se destruye a la oligarquía porfirista y se le destruye en su base más evidente, que era la gran propiedad rural; no se destruye a todos, desde luego, no es una destrucción física; en México, a diferencia de otras revoluciones, no hubo como política la eliminación física de la antigua clase gobernante; se exiliaron, se fueron o perdieron importancia y se quedaron nada más como apellidos de “abolengo”, pero ya sin poder, sin mucho dinero. Pero luego luego se fue creando otra, inmediatamente después del cardenismo. Con el alemanismo se vio que había las ansias de crear una nueva oligarquía, y hoy en México se puede ver de manera clara que existe una nueva oligarquía ya no basada en la gran propiedad rural, que ya el campo mexicano es una desgracia, sino en la concentración de riqueza en la parte más moderna de la economía, en las comunicaciones, por ejemplo.
—¿Cuál es su análisis sobre los precandidatos y candidatos populares como el futbolista Cuauhtémoc Blanco, algunos payasos como “Lagrimita” en Guadalajara y hasta boxeadores, como en Baja California con Erick ‘El Terrible’ Morales y Jackie Nava?
–Bueno, el PRI siempre echó mano de algunos de ellos. Por ejemplo, cuando yo era joven, me acuerdo de Raúl “El Ratón” Macías tuvo su temporada como político, o un torero como Alcalde de Texcoco; no es algo nuevo, eso se ha dado como antes. Quizá ahora un poquito más evidente eso del payaso “Lagrimita”, es un pequeño salto cualitativo. Pero payasos, aunque no fueran profesionales, los ha habido siempre en el Congreso.
—Luego del Pacto por México, ¿qué papel están jugando los partidos políticos de “oposición” como contrapeso del gobierno de Enrique Peña Nieto?
–Pues un papel lamentable; es decir, la estructura de partidos es la expresión de una crisis de representatividad: no representan a nadie o, bueno, no representan a muchos. Y no lo digo yo, que puede ser simplemente una forma de expresar mi enojo, no; lo dicen las encuestas de opinión. Sistemáticamente todas las encuestas que se hacen en México, el desprecio que tiene el ciudadano por los partidos pues es evidente, están hasta abajo en la estima que el ciudadano tiene a las instituciones.
—¿Qué rol juegan los partidos estatales y los partidos pequeños?
–Debo de confesar que me he fijado poco en ellos. Probablemente es una falta, pero es que ya no tengo tiempo; el panorama principal lo captan los tres grandes partidos [PRI, PAN y PRD], los que entraron en el Pacto por México. Me parecería que en la medida en que existan en México economías distintas, peculiaridades regionales, subculturas políticas, podría haber ahí unos partidos que se nutrieran de esas peculiaridades y las pudieran expresar, pero el sistema está hecho para que no tengan relevancia. Es más, el sistema está hecho para que no existan. Y si existen, bueno, es un poco a contrapelo, es como las candidaturas ciudadanas, sí, formalmente existen en México, pero todo el aparato está diseñado para que no sirvan, para que se pueda decir ante el mundo externo: “Bueno, México no solo tiene un sistema de partidos, sino, incluso, puede haber candidatos ciudadanos”; pero en realidad eso es casi imposible.
—¿Qué reflexión tiene usted de los partidos de izquierda en México?
–La coyuntura es de la destrucción de un partido de izquierda, la destrucción del PRD. Ésa es la característica desde esa óptica de los partidos de izquierda; y el intento de surgir en el vacío que deja el PRD, un nuevo partido que sería MORENA [Movimiento Regeneración Nacional, de Andrés Manuel López Obrador]. Ése es el momento de la coyuntura. No sabemos si va a tener éxito en sustituir uno por el otro, pero el partido que está muriendo, bueno, pudiera no morir formalmente. A lo mejor sigue el cascarón durante años en la medida en que quienes sí tienen el poder les interesan los cascarones para que den la impresión de instituciones sanas y de pluralidad, sabiendo que ya no hay nada adentro del cascarón, pero pues ya no tienen sentido. El PRD se corrompió muy rápido; quizá porque no había fibra ideológica, sino nada más ganas de encontrar un puesto. Bueno, yo lo veo así: en el Distrito Federal, que es uno de los bastiones del PRD, y el hecho de que esté ahorita ya agonizando me parece natural. Simplemente no pudo superar la tentación del dinero y de la corrupción, y de tener puestos administrativos, de ser parte de la burocracia aquí en el Distrito Federal. Si uno ve las delegaciones, están tan corruptas como antes, entonces, el PRD no cumplió su papel; MORENA dice que ellos sí lo piensan desempeñar, bueno, pues vamos a verlo, es todavía una interrogación.
— ¿Qué futuro le ve a la izquierda en México?
–Objetivamente, pues enorme, porque es un país con unas injusticias sociales formidables, ahí está su campo de acción, otra vez en teoría; en la práctica ya depende de MORENA.
—¿Cuál es su análisis del gobierno de Enrique Peña Nieto luego de dos años? Vemos que continúan los miles de desaparecidos, secuestros, ejecuciones, mientras que la autoridad reparte 10 millones de televisores justo en este año electoral…
–En primer lugar, que no tienen vergüenza. En segundo lugar, que se desgastó más rápido de lo que yo hubiera supuesto, y se desgastó más rápido de lo que supusieron muchos observadores externos, porque la crítica que le hace ahora el mundo externo como la de The Economist o The Guardian en Inglaterra, es una crítica demoledora, se nota la desilusión de medios extranjeros que confiaron que, bueno, ahora sí ya estaban las reformas, ya era esto el campo ideal para el neoliberalismo, ya el petróleo se ha puesto otra vez en el mercado y ellos están listos ahí para entrarle; pero es un gobierno que no controla, es un gobierno que no parece tener más proyecto que el de sobrevivir como clase política, como una especie de vampiro que está chupándole la sangre al cuerpo colectivo de México, pero no lleva a ningún lado. Entonces, se desgastó más rápido de lo que se suponía.
—No podemos dejar de solicitarle su reflexión sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, sobre todo luego de la lamentable conferencia del procurador Jesús Murillo Karam vendiendo su “verdad histórica” y dando carpetazo al caso…
–Bueno, es muy lógico que quieran dar el carpetazo, están desesperados, ya quieren que eso desaparezca; y en eso van a tener el apoyo de Televisa, TV Azteca, y de una parte de los medios y desde luego, de los poderes fácticos; ya vimos al señor de Bimbo (Lorenzo Servitje) pidiendo que todos apoyemos a Peña Nieto porque el pobre ya no puede con el cargo, entonces va a haber un gran empuje por cerrar ese capítulo; pero hay una parte de la sociedad mexicana que no lo cierra. Murillo Karam dice que ésa es la “verdad histórica”; bueno, pues cualquiera que se meta o que practique la Historia, yo me considero parte de ese gremio, ¡es de risa! No existe la verdad histórica; la Historia es un relato que se va formulando de manera más o menos seria y profesional en algunos casos y que va cambiando; nadie podrá nunca, jamás, decir ‘esto es exactamente lo que ocurrió’, la Historia no se puede volver a recrear; entonces, son aproximaciones a la verdad. Ahora, la PGR tiene desafortunadamente para ella una historia, y su historia es de verdades a medias o de mentiras completas; y entonces la credibilidad es algo que no tiene, hace mucho que la perdieron. No sé si alguna vez alguna Procuraduría tuvo credibilidad, pero que yo tenga memoria, nunca.
FUENTE: SIN EMBARGO/ SEMANARIO ZETA.
AUTOR: Enrique Mendoza Hernández.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1253799.
Si el PRI y el Partido Verde insisten en aprobar en el Senado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésta carecerá de legitimidad, sostienen las fracciones del PRD y del PAN, algunos de cuyos legisladores se quejan por los candados que se le introdujeron, entre ellos el de los fideicomisos que administran Hacienda y el Banco de México. Eso hará más opaco el manejo del Fondo Mexicano del Petróleo, por lo que, dicen, podrían plantear su inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
MÉXICO, D.F: Más de 250 horas de discusión y trabajo del grupo plural de senadores y expertos para elaborar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública terminaron por descarrilarse.
Las causas fueron múltiples: los escándalos de las casas del presidente Enrique Peña Nieto, la de su esposa y la de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray; la crisis de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; la posibilidad de que se abran los expedientes por las violaciones graves a derechos humanos y el temor creciente de que se hagan públicas las cuentas de los fideicomisos que manejan Hacienda y el Banco de México, en especial el del Fondo Mexicano del Petróleo.
Desde antes de que terminara el periodo ordinario en diciembre último, arreciaron las presiones gubernamentales en relación con el trabajo que involucró a los senadores, a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), a tres colectivos de organizaciones, periodistas y expertos en la materia –Red por la Rendición de Cuentas, Colectivo por la Transparencia y México Infórmate–, y se plantearon a través de las bancadas del PRI y Partido Verde más de 80 modificaciones al borrador que fueron consideradas como “regresivas” por la oposición y los expertos.
La dictaminación se entrampó y se frenó la aprobación de esta ley reglamentaria, para la cual se había fijado el sábado 7 como plazo máximo, según la reforma constitucional de 2014. Algunas diferencias se han ido negociando, pero quedan como “irreductibles” cerca de 20 temas muy delicados para el gobierno federal.
Los senadores Arely Gómez González, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde, admitieron en rueda de prensa el martes 10 que Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y el consejero jurídico Humberto Castillejos frenaron con sus observaciones puntos importantes, como la apertura y rendición de cuentas en los fideicomisos y los relativos a inteligencia y contrainteligencia, entre otros.
“Por supuesto que el doctor Carstens ha hecho opiniones. Por supuesto que vamos a ir a hablar con el doctor Carstens para que nos diga qué es lo que opina y hablamos con otros de los sujetos obligados para ver qué es lo que opinan. La seguridad nacional, la seguridad pública, la inteligencia, la contrainteligencia, son temas muy sensibles, no se puede ir a la ligera”, refirió Escudero Morales, presidente de la comisión anticorrupción que deberá elaborar el dictamen.
La senadora priista Arely Gómez, quien facilitó durante las negociaciones los avances con las organizaciones no gubernamentales y los expertos, admitió en rueda de prensa que se presentaron 88 observaciones de “sujetos obligados” y del consejero jurídico, Humberto Castillejos. “El consejero jurídico en todas las iniciativas tiene una participación en el proceso legislativo”, afirmó.
De esas observaciones, según Gómez, uno de los temas más difíciles es el de los fideicomisos. “Se está tratando de ver quién va a ser el responsable de la información”; también están los relacionados con inteligencia, contrainteligencia y derechos humanos.
Para el perredista Alejandro Encinas, los “corchetes” son el resultado del tropezón de la Casa Blanca que impidió avanzar en diciembre y atascó la negociación, mientras que su correligionaria Dolores Padierna Luna advirtió que los candados de acceso a la información en lo referente a fideicomisos hará más opaco el Fondo Mexicano del Petróleo, “sin duda el más importante, tanto en cuantía de recursos como en funciones, porque manejará la renta petrolera”.
La legisladora del PAN Laura Rojas advirtió que su partido se opone a eliminar la obligación de que se transparente la lista de cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, así como las atribuciones del IFAI para imponer medidas de apremio a fondos y fideicomisos que maneja la Secretaría de Hacienda.
Padierna informó que, tan sólo para tener una idea de las dimensiones del tema de fideicomisos, hasta el último cuatrimestre de 2014 Hacienda admitió que existen 352 de ellos que manejan 452 mil 454 millones de pesos y cuyo acceso no es público, salvo para los usuarios autorizados por la dependencia, y no se detallan las aportaciones correspondientes.
De esos 452 mil 454 millones, 21.7% corresponden a 46 fideicomisos de infraestructura pública (98 mil 365 millones); 21.2% a 120 fideicomisos de “apoyos financieros” (96 mil 89 millones); 20.7% a seis fideicomisos para “estabilización financiera” (93 mil 573 millones), y 17.2% a 24 fideicomisos de pensiones (77 mil 681 millones).
Estos fideicomisos no incluyen el que manejará el Banco de México –el futuro Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo–, que “sin duda será el más importante y deberá operar con máxima transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó la senadora Padierna.
Los grandes corchetes
En específico, el documento preliminar sobre propuestas de modificaciones, cuya copia tiene Proceso, identifica como los corchetes más importantes los siguientes artículos y asuntos:
–Artículo 23 (fideicomisos): Se propone modificar la redacción consensuada para exentar de responsabilidades como sujetos obligados a “los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal”.
El PRD propone una redacción alterna para aclarar que “la institución fiduciaria o el mandatario cumplirán con sus obligaciones” a través de sus propias áreas, unidades y comités de transparencia.
–Artículo 42: Establece excepciones para formar comités de transparencia en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial; el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor de la Armada.
El gobierno federal propone una redacción para que sus unidades administrativas no estén sujetas a la autoridad de los Comités de Transparencia, “siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia unidad administrativa”.
–Artículo 43: Sobre las funciones de cada Comité de Transparencia, se le agrega en el numeral III que éstos deberán ordenar a las áreas que “expliquen, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones”.
El PAN y el PRD consideran regresivo este agregado.
–Artículo 70: En cuanto a declaraciones patrimoniales, el PAN y PRD defienden la redacción original que propone tener acceso a la versión pública. El gobierno plantea agregar una frase: “… de los servidores públicos que así lo determinen”, abriendo un candado discrecional.
–Artículo 70: En materia de intervención en las telecomunicaciones, el gobierno propone eliminar el numeral XLIX que obliga a hacer públicos los listados de “solicitudes de las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicadores y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, una vez concluida la intervención”.
–Artículo 83: En lo que atañe a obligaciones de transparencia sobre las actividades de exploración, extracción y refinación de petróleo e hidrocarburos, el gobierno propone sujetarlas a los mecanismos de las leyes secundarias en materia energética.
–Artículo 101: El gobierno propone mantener reservas sobre información “que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria” hasta que “se extingan las causas que dieron origen a su clasificación”.
El PRD considera que tal redacción “abre la posibilidad de permanecer reservados de manera atemporal o permanente”.
–Artículo 113: Es considerada por el PAN y el PRD una de las grandes diferencias porque PRI y Partido Verde plantean mantener reservada la información que “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, así como aquella que “pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales”.
El gobierno busca eliminar en estos casos la llamada “prueba del daño” para mantener la reserva.
–Artículo 115: El borrador originalmente consensuado con organizaciones ciudadanas y expertos prohíbe invocar reservas “cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas así por la autoridad competente” o “se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables”.
La propuesta gubernamental busca que los organismos garantes no sean los que determinen la existencia de violaciones graves a derechos humanos. Esta es una de las grandes diferencias con la Procuraduría General de la República y el gobierno federal.
–Artículo 149: El gobierno propone acotar la “prueba de interés público” en información cuando exista una colisión de derechos.
–Artículos 207 y 210 en materia de sanciones: El gobierno se opone a la imposición de sanciones cuando se declare inexistencia de la información, cuando el sujeto obligado deba generarla o cuando se clasifique información como reservada “sin que se cumplan con las características señaladas por la ley”.
PAN-PRD irían a la Corte
En su documento Posicionamiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los senadores del PRD que participaron en la negociación –Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Isidro Pedraza y Armando Ríos Piter– admiten que hubo grandes avances que hoy están en riesgo.
Uno de esos avances es que “se precisó que por violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad y actos de corrupción no podrá reservarse información por ningún sujeto obligado”.
Otro es que se crea un Sistema Nacional de Transparencia y se incorpora como sujetos obligados a los partidos y agrupaciones políticas, sindicatos y autoridades del ámbito laboral.
Para el PRD, la modificación de más de 80 artículos y la eliminación del capítulo “Denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados” son “ampliamente regresivas y rompen el consenso con las organizaciones sociales especialistas en el tema, académicos, órganos garantes, así como senadores y senadoras”.
En lo concerniente a transparencia en el sector de hidrocarburos, el pleno de los consejeros del IFAI advirtió el miércoles 11 que debe estar incluido porque uno de los compromisos asumidos fue “publicar como mínimo contratos con las empresas extractivas”.
Legisladores del PAN, como Roberto Gil Zuarth, y del PRD que participaron en la negociación plantearon desde el martes 10 que podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que el PRI y el Partido Verde insistan en aprobar “una ley regresiva que nacerá con un problema de legitimidad”.
Gil Zuarth acusó al PRI y al PVEM de pretender “crear opacidades por mayoría” que obligarán a la oposición a plantear el recurso de anticonstitucionalidad ante la SCJN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió de nueva cuenta la colaboración del gobierno federal para evitar que en las elecciones de junio próximo se postulen candidatos vinculados con la delincuencia organizada.
Según el panista, es el gobierno, no los partidos, el que cuenta con la información y la inteligencia para proporcionar los datos y alertas para “poder actuar con oportunidad” y evitar casos como el de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, acusado de la presunta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Cada partido está haciendo su proceso de alertas tempranas, advertencias, monitoreo, rastreo para garantizar que todos nuestros candidatos sean gente honorable, pero no es suficiente lo que hagamos los partidos a título individual, ni siquiera es suficiente lo que hagamos los partidos con el Instituto Nacional Electoral (INE)”, puntualizó en conferencia de prensa.
Añadió: “Sí estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero desde ahorita advertimos que es insuficiente”.
El pasado domingo 15, en una gira por León, Guanajuato, el panista pidió al INE atender puntos fundamentales para “blindar” las elecciones del 7 de junio, a fin de evitar la penetración del crimen organizado.
Madero llamó a blindar el proceso electoral contra recursos de procedencia ilícita, contra la participación de candidatos vinculados con la delincuencia organizada y contra el uso de programas sociales como parte de las campañas, en ese orden.
Esas propuestas, dijo, rebasan la relación de INE-partido, y ahora debe hacerse en una mesa tripartita: gobierno federal, fuerzas políticas y el órgano autónomo.
“Esto es lo que fue expuesto de mi parte y quedó recogido. El INE respondió en voz de su presidente que para el diálogo y la comunicación de cualquier tipo, ellos estarían puestos”, abundó en esa ocasión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MEXICO, D.F: La polémica generada por el presunto “regalazo” del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las dos televisoras dominantes en el país (Televisa y TV Azteca) nos conduce a un personaje que prácticamente gobierna todas las áreas del país y fue clave en la negociación con los consorcios mediáticos para aprobar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: Luis Videgaray.
El secretario de Hacienda no estuvo al margen de la discusión al interior del IFT para determinar que en materia de multiprogramación el duopolio que domina 95% del espectro televisivo no tendrá que pagar contraprestación, a pesar de que las arcas públicas del país necesitarán recursos en pleno recorte presupuestal.
El artículo 15 de la conocida como Ley Peña-Televisa establece que es facultad del IFT “fijar tanto el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones como la autorización de servicios adicionales vinculados a éstas, previa opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
La intervención de Hacienda se ratifica también en el artículo 99 de la misma ley: “Todas las contraprestaciones a las que se refiere esta ley requerirán previa opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismas que deberá emitirse en un plazo no mayor de treinta días naturales. Transcurridos este plazo sin que se emita dicha opinión, el instituto continuará los trámites correspondientes”.
En el caso de la multiprogramación, el artículo 158 establece que el IFT otorgará la autorización a los concesionarios que lo soliciten, “incluyendo en su caso el pago de las contraprestaciones” debidas bajo cinco criterios: el número de canales y la calidad técnica; límites al agente económico preponderante (Televisa); lineamientos para el pago de contraprestación; en ningún caso servirán para televisión o audio restringidos.
En otras palabras, la misma ley da atribuciones a la Secretaría de Hacienda para que intervenga. En su comunicado oficial de la semana pasada, el IFT no menciona para nada a Hacienda, pero incorpora un argumento que el mismo Luis Videgaray mencionó, en privado, con algunos concesionarios: el cobro desincentivaría “el uso más eficiente del espectro radioeléctrico”.
¿Por qué Videgaray no utiliza ese mismo argumento en otros sectores de la economía dependientes de una concesión de un bien público que se quejan por la excesiva carga fiscal y de contraprestaciones cuando hacen un nuevo uso adicional?
La “larga mano” de Hacienda y Televisa en el IFT
Desde la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, fue muy claro que el secretario de Hacienda encabezó las negociaciones tanto con los abogados de Televisa y TV Azteca (Javier Tejado Dondé y Pedro Padilla) como con los legisladores del Senado.
Múltiples testimonios reiteraron que fue Videgaray el artífice también de la llamada “cláusula Cablecom” que benefició ampliamente a Televisa, y que fue negociada directamente con Bernardo Gómez, vicepresidente del consorcio televisivo.
Por si fuera poco, el actual comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, tiene actualmente como coordinador de asesores al mismo personaje que trabajó con el excomisionado de la Cofetel, Gonzalo Martínez Pous, flamante vicepresidente jurídico de Televisa.
¿Así o más coincidencias en este entramado de grupos de interés y de presión que siempre intentan capturar a los órganos reguladores?
TV Azteca prefirió litigar públicamente sus intereses a través de desplegados pagados en varios periódicos de circulación nacional, el viernes 13.
Según su desplegado, ellos pagaron “el equivalente a 650 millones de dólares por las concesiones y frecuencias con las que operan. Este pago se realizó por el uso pleno de las frecuencias, lo que incluye la multiprogramación”.
¿De dónde concluyen los señores de TV Azteca que el pago por la licitación de Imevisión incluía la multiprogramación cuando en 1993 ni existía la tecnología necesaria para la multiplexación?
“La transición a la televisión digital nos abre la posibilidad de enviar señales múltiples en un mismo canal de transmisión. En todo el mundo se utiliza esta tecnología para la transmisión de contenidos adicionales y espejo de los canales base”, agregó TV Azteca en su desplegado firmado por Luis Güijosa García-Colín.
Que la multiprogramación se utiliza en todo el mundo tienen razón, pero en la mayoría de países avanzados se pagan derechos y una contraprestación. Incluso, en naciones como Gran Bretaña se paga una contraprestación en función de los ingresos que se generan por comercialización anual de los canales digitales, además del pago por el uso de derechos del espectro. En Hong Kong también sucede lo mismo y en otros países europeos también se establece ese pago.
Por supuesto, en los demás países no tienen un secretario de Hacienda tan generoso con las televisoras –que no con todos los sectores económicos– como en el México de Luis Videgaray.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Grupos civiles denunciaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de autorizar el consumo del maíz transgénico sin realizar las investigaciones necesarias para determinar las posibles afectaciones.
De acuerdo con la investigación de la Alianza por la Salud Alimentaria, el maíz transgénico tiene altos contenidos de glifosato, un químico herbicida y otros tóxicos, por lo que en conjunto con las organizaciones civiles Semillas de Vida y El Poder del Consumidor, demandaron la prohibición de este alimento, uno de los principales en la dieta de los mexicanos.
Dijeron que actualmente a pesar de las pruebas de toxicidad, la Cofepris ha autorizado 135 líneas de transgénicos para consumo humano, la mayoría de ellas, tolerantes al glifosato.
En conferencia de prensa, señalaron que en México, la Cofepris ha evidenciado su incapacidad para realizar las investigaciones necesarias para determinar las posibles afectaciones del consumo de maíz transgénico y ha acatado las decisiones de Estados Unidos.
“La Cofepris, que depende de la Secretaría de Salud está autorizando el consumo sin ninguna investigación, sino que toman las de Estados Unidos”, detalló Adelita San Vicente de Semillas de Vida. Agregó que actualmente el 50 por ciento de las calorías diarias que consumen los mexicanos son del maíz.
Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, ahondó en la importancia de que la Cofepris emprenda las acciones del etiquetado en productos transgénicos, obedeciendo al derecho de los mexicanos a estar informados y decidir sobre su consumo, además de que se trata de una acción que 61 países ya han emprendido.
“Es un derecho de los ciudadanos el acceso a la información y este derecho está violado por el Gobierno mexicano, que ha permitido que los transgénicos entren en nuestros alimentos sin ninguna información al consumidor”, además de que ya no hay impedimentos comerciales para llevarlo a cabo, señaló Calvillo.
Ante este panorama, Elena Álvarez-Buyla, de la Alianza por la Salud Alimentaria, previó la futura presencia de la hormona vegetal 2,4D “agente naranja”, potente cancerígeno y destructor neuronal, prohibido a nivel internacional, ya que al no frenarse el cultivo de maíz transgénico, la tolerancia del glisofato no se detendrá y pronto se comenzaría a utilizar el 2-4D.
La investigadora Álvarez explicó que el riesgo proviene de que estos cultivos están rociados con cantidades exhorbitantes de tóxicos que son cancerígenos y alteradores del desarrollo normal del ser humano y pueden provocar enfermedades en el riñón y de generativas.
“Los transgénicos tolerantes herbicidas, tienen cantidades exhorbitantes de estos tóxicos y son mayores a las permitidas en Europa. El glifosato esta en 9 de cada 10 cultivos transgénicos en el mundo”, refirió.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1253549.
MÉXICO, D.F: El Senado de la República aprobó por 89 votos a favor y nueve en contra la reforma constitucional en materia de disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios, cambios que establecen reglas y “candados” para avalar la contratación de deuda.
En el debate se destacó que esta deuda pública creció de 2008 a 2014 de 203 mil millones de pesos a 510 mil millones, es decir, un incremento de 17.2%.
La minuta, proveniente de la Cámara de Diputados, incorpora cuatro elementos significativos para regular el endeudamiento de estados y municipios: otorga facultades a los Congresos locales para aprobar empréstitos; se establece fiscalización superior y principios de transparencia y rendición de cuentas, así como nuevas disposiciones para la contratación de deuda.
La reforma estableció que se requieren los votos de las dos terceras partes de los Congresos locales para que los gobernadores contraten deuda; además, se precisa un proceso mediante el cual el Ejecutivo federal pueda celebrar empréstitos en favor de las entidades.
Asimismo, se amplían facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las deudas estatales.
El presidente de la comisión dictaminadora, el priista Enrique Burgos, destacó que la reforma crea una comisión bicamaral con facultades para analizar la situación de las entidades federativas y municipios que registren un elevado endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos.
El también priista José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda, apuntó que tras dos años de proceso legislativo esta reforma tiene como objetivo “dar total transparencia” para que el endeudamiento en estados y municipios sirva a la inversión y atención de las demandas sociales.
Al argumentar su voto en contra, el senador del PT, Manuel Bartlett, afirmó que estas reformas no fortalecen a las entidades sino al Ejecutivo federal. Recordó que de los recursos fiscales totales, cerca de 80% se destina a la Federación y sólo 20% a las 32 entidades y municipios.
En tanto, el senador Mario Delgado consideró que se “politizan las finanzas públicas y se anula de facto la autonomía financiera de los estados y municipios”, pues se da un control político “insospechado” a la Secretaría de Hacienda.
A su vez, la senadora del PRD, Dolores Padierna, destacó que el problema de la deuda de entidades no es tanto su monto o la proporción que representa del PIB.
“El problema es el costo que dicha deuda tiene y que merma la ya de por sí débil situación financiera de los estados de nuestro país”, acusó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Mientras el poder en México acaba de definir su nueva forma disimulada de dictadura, asaltan el espacio mediático los personajes más disímbolos con vocación de criminal. Pero no surgen de manera aislada, los une el mismo Estado fallido, las instituciones corrompidas, la red gubernamental de narcotráfico y trata de personas. Dos de estos personajes son Isabel Miranda Torres, alias la “señora Wallace” y Dulce Rubí Burgos Pérez, una de las jóvenes compensadas por acusar de secuestro a la líder comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado.
Isabel Miranda, impaciente por consolidar sus aspiraciones políticas, no le basta haber cometido las acciones más aberrantes que puede cometer una madre, como simular el secuestro y homicidio de su hijo, para obtener beneficio político. Desde hace diez años, lucha por mantenerse en el escenario partidista a costa de la libertad de personas inocentes y da escandalosas conferencias de prensa con información falaz en su desesperada acción por conservar algo de credibilidad.
Miranda Torres, a costa de mentir y corromper a jueces, pagar a agentes ministeriales torturadores, falsificar documentos oficiales, alterar evidencias, cometer perjurio, agredir a los familiares de las verdaderas víctimas, entre otros delitos, ha construido el teatro del crimen contra su hijo Hugo Alerto Wallace Miranda. Un teatro que estrena escuela. Ahora, se dedica a enseñar cómo simular ser una víctima, cómo mentir a los medios y a las autoridades, cómo llorar a la menor provocación ante la cámara de un periodista. La señora Wallace se prendió del caso de Nestora Salgado como una garrapata que chupa la sangre de un perro, para revivir políticamente ante el descrédito de su falso caso. Y encontró una alumna perfecta para ello: Dulce Rubí Burgos Pérez.
En el expediente judicial número 142/2013-II fabricado por el exprocurador de la PGJE de Guerrero, Iñaki Blanco, (por cierto funcionario denunciado por recibir dinero del narcotráfico, testigo de cargo de Miranda en el falso secuestro de su hijo y retirado del cargo por el caso Ayotzinapa), la joven Dulce Rubí aparece como una menor de edad de 17 años y su madre Petra Pérez narra una historia que contradice a la que había dado su propia hija a la Policía comunitaria. Según la madre, su hija mayor Lucero Burgos Pérez “le comentó el 10 de junio de 2013, aproximadamente a las 16 horas, que Nestora Salgado se llevó a su hermana de nombre Dulce Rubí Burgos Pérez junto con su amiga que responde al nombre de Yesenia Castillo Meza”.
La madre deja asentado en el expediente que a las 18 horas de ese mismo 10 de junio, se dirigió con su hija Lucero “a la casa de Nestora para preguntarle por su hija Dulce Rubí, y que Nestora le había respondido que su hija ya había sido trasladada a rehabilitación”, y enfatiza: “sin decirme a dónde, y como su hija es menor de edad tenía que haberme consultado”.
Las palabras de la madre contrastan con las del comandante regional de la Policía comunitaria de Olinalá Jesús Coronel Díaz, quien en entrevista para Los Ángeles Press, el pasado 14 de noviembre de 2013, sostuvo que él personalmente atendió a dos de las madres de las jóvenes que ahora acusan a Nestora. Fue el 9 de junio, en la mañana, cuando acudieron en su ayuda las señoras Mariza Meza Castro y Susana Baltazar Sosa por la supuesta desaparición de sus hijas Yesenia Castillo Baltazar y Betzabé Rubí Baltazar. Estas jóvenes, junto con Dulce Rubí, llevaban tres días fuera del hogar familiar y fueron ubicadas en Huamuxtitlán por la tía de Yesenia, el 10 de junio, y la Policía comunitaria intervino para entregarlas a sus madres, según la declaración de Coronel Díaz, quien confirmó que durante ese tiempo las jóvenes estuvieron embriagándose y drogándose con personas que estaban identificadas como miembros de la delincuencia organizada.
Las madres, una vez con sus hijas, pidieron que les ayudaran a reeducarlas de acuerdo al sistema normativo de la comunidad. Y Coronel Díaz explicó que lo pidieron porque “las jóvenes ya habían rebasado la autoridad de sus padres, llegaban a casa bien borrachas, bien drogadas, y hacían muchas cosas que ciudadanos de esas características no deberían andar haciendo, pero fueron detenidas precisamente porque sus madres nos pidieron que interviniéramos, incluso ya andaban delinquiendo con los mismos muchachos aquí en la comunidad”.
A cada uno de los jóvenes involucrados en los hechos se les pidió su declaración por escrito y firmada, y entre los testigos estuvieron presentes las madres, Nestora Salgado como coordinadora, el secretario del Consejo Social Olinalteco Miguel Zapoteco Bergara y el comandante regional Jesús Coronel Díaz. Todas las declaraciones coinciden con las palabras de Coronel Díaz, e incluso con la declaración de Dulce Rubí Burgos Pérez, escrita el mismo 10 de junio de 2013, a las 13:20 horas. En ese momento, la joven delincuente sostuvo ante estos testigos, haberse ido de su casa “porque tuvo unos problemas con sus papás” y estuvo bebiendo y durmiendo con amigos durante tres días seguidos. Y continúa:
“Me fui a vivir con María Isabel. El jueves nos encontramos con la Marucha, él nos prestó una colchoneta para dormir. A otro día ya no supe nada de él. El viernes yo fui a casa de Paco para invitarlo a Tulcingo y él aceptó, después nos venimos con Toño a tomarnos unas micheladas, después nos encontramos con Miguel. Yesenia nos invita a Tulcingo, fuimos a echar gasolina y después nos fuimos a casa a tomar unas botellas y nos acostamos a dormir, y a otro día seguimos tomando. El día de hoy decidimos venirnos a Huamuxtitlán, pero pensábamos regresar a Tulcingo, pero nos encontramos con la tía de Yesenia y nos venimos.
Sin embargo, la historia de la hija fue cambiada a iniciativa del exprocurador Iñaki Blanco, con el fin de acusar sólo a Nestora, dejando fuera del reflector judicial al secretario del Consejo Social Olinalteco y al comandante regional. Junto a esa falsa denuncia se agregó la de los otros jóvenes, y unas 40 más, con la participación del exprocurador de Atención a víctimas de secuestro en Guerrero, un funcionario de larga trayectoria criminal en el Distrito Federal, Ricardo Martínez Chávez.
Es en esta escena donde la cómplice de Iñaki, la señora Wallace, encuentra la oportunidad de salir en los medios y obtener algunas prebendas más para su organización Alto al secuestro, tan desacreditada como ella. Es en este capítulo de la pesadilla de Nestora Salgado, donde una criminal impune como Isabel Miranda Torres –con seis denuncias ratificadas por una docena de delitos graves, entre éstos tortura y falsas declaraciones a autoridades–, entrena a la joven olinalteca Dulce Rubí a mostrarse vulnerable ante las cámaras y fingir que su vida estuvo en peligro por el trato “infrahumano” que recibió en su detención supuestamente ilegal por parte de la Policía comunitaria.
El sistema de justicia criminal y civil en México es uno de los peores del mundo, según la investigación del Proyecto Mundial de Justicia. Ocupa el lugar 91, entre 97 países que participaron en la investigación; y el número 74 en corrupción de funcionarios judiciales. Si fuera un estado garante de la justicia, la señora Wallace estaría en la cárcel desde hace varios años cumpliendo una condena por simular el secuestro y homicidio de su hijo y fabricar culpables. Y sus víctimas no hubiesen sido torturadas ni encarceladas. Pero también, la madre de Dulce Rubí, Petra Pérez, estaría enfrentando un juicio por mentir a autoridades y participar con funcionarios corruptos en la fabricación de culpables. Dulce Rubí habría sido detenida y procesada por el uso de drogas ilegales, además por los mismos cargos que su madre, en tanto Nestora ya habría salido liberada desde el 31 de marzo de 2014, cuando fue exonerada de cargos por el Juzgado federal.
En cambio, lo que tenemos es el teatro de dos criminales. El de la señora Wallace y de su pupila. Esta joven de 19 años, delincuente desde los 17, que normalmente usa droga y alcohol para su entretenimiento, sin estudios formales y que ha rebasado la autoridad de sus padres, ya tiene claro que mentir en México produce beneficios. Que las autoridades mienten, delinquen y se corrompen y son premiadas, que las señoras Wallaces, se vuelven “importantes” por sus crímenes y ganan dinero al mentir frente a los medios, y que ella y su familia pueden salir de la pobreza en la que se encuentran haciendo lo mismo. Los primeros pasos ya están dados, y los dio su madre. Las escenas se van creando de acuerdo al odio y los intereses políticos movidos contra Nestora Salgado. Mañana será otra víctima. Sólo es alinearse en la fila para entrar a la fábrica de criminales que es el sistema judicial mexicano.
FUENTE: LOS ANGELES PRESS.
AUTOR: GUADALUPE LIZARRAGA.
LINK: http://www.losangelespress.org/el-teatro-de-dos-criminales-la-senora-wallace-y-la-joven-dulce-rubi/.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se negó a revelar el padrón de los beneficiados del Fideicomiso Río Sonora –que se abrió para reparar los daños ocasiones por el derrame de tóxicos en el río del mismo nombre– y el monto otorgado a cada uno de ellos. Reservó la información hasta por un año.
La dependencia negó la información a una solicitud realizada a través de transparencia –con el número de folio 0001600005015–, argumentando que los datos se encuentran reservados hasta por 12 meses, debido a que aún no se concluye con el proceso de entrega de los recursos.
“En respuesta a su solicitud, la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, le informa que después de haber realizado una minuciosa búsqueda en sus expedientes encontró que aún no se terminan de entregar los montos a todos los beneficiarios y los montos que ya fueron entregados están en proceso de revisión, razón por la cual aún no se tiene un listado definitivo de beneficiarios ni el monto global aplicado, por lo que la información se encuentra reservada por un periodo de un año, o antes si se concluye el proceso de revisión por encontrarse en proceso deliberativo”, respondió la dependencia.
El caso involucra varios posibles conflictos de interés. Durante la crisis, por ejemplo, se dio a conocer que el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, había construido una presa personal sin permisos como el de impacto de daño ambiental. Grupo México es un consorcio vinculado a ex funcionarios y funcionarios federales mexicanos.
La negativa firmada por Jorge Legorreta Ordorica, quien en el pasado ha sido coordinador en el Senado de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se fundamenta, según precisó la Semarnat, en los artículos 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental que refiere a la información reservada.
La Semarnat negó, además, el monto total otorgado a los beneficiarios hasta el momento, a pesar de que un informe publicado en su página web desglosa a de forma general los recursos entregados hasta diciembre de 2015, sin presentar padrón de beneficiarios.
El 6 de agosto del año pasado, de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, explotada por Grupo México, cuyo dueño es el empresario Germán Larrea Mota Velasco –el tercer hombre más rico del país–, derramó aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados a los ríos Sonora y Bacanuchi. El incidente afecto al menos a seis poblaciones de la entidad.
La organización ambientalista Greenpeace México calificó al derrame como el “peor desastre ambiental” en Sonora, mientras que las autoridades federales la consideraron la “peor tragedia ambiental” en la historia de la minería en el país.
“Hace 16 días se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, explotada por Grupo México, cuyo dueño es Germán Larrea, el tercer hombre más rico del país”, añadió la ONG.
El Fideicomiso es por 2 mil millones de pesos y lo suscribieron las empresas de Grupo México, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, para remediar el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfuro de cobre acidulado en el Río Sonora y Bacanuchi.
De acuerdo con la página electrónica de la Semarnat, entre septiembre y diciembre se entregaron 483.6 millones de pesos a la población y 768 millones en instalación de tinacos, nuevos pozos y reparto de agua en pipas.
La dependencia afirmó que los pagos del Fideicomiso equivalen a 10 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de la región del Río Sonora, correspondiente a enero-septiembre.
En total se han realizado 27 mil 522 apoyos económicos “directos e individuales”, en efectivo, cheque o tarjeta de débito a una población estimada de 22,878 personas en los siente municipios afectados.
HAY MAL MANEJO DE FONDOS: SINDICATO MINERO
Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea, dijo a SinEmbargo que ante la falta de transparencia de Semarnat en torno a los beneficiados, se sospecha en la región que existe un mal manejo de los fondos del fideicomiso.
“El día de ayer [lunes] que tuvimos reunión en Ures [uno de los siete municipios afectados], la gente dice que en los listados hay quien ya murió y que hay otras personas que no son habitantes de esa región y que les han dado un dineral. Ha habido una distribución inequitativa de los recursos y no hay una transparencia de a quién le dieron y a quién no le dieron, y porqué a unos les dieron más que a otros, cuando realmente esos dineros se debieron repartir entre toda la población afectada y que la empresa hubiera resarcido todos los daños ambientales y en el agua”, dijo.
Navarrete Aguirre aseguró que el Fideicomiso privilegia incluso a políticos que tienen presas y propiedades en el Río Sonora, como el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfonso Elías Serrano y el candidato a la Gubernatura de Sonora por el Partido Acción Nacional (PAN) Javier Gándara Magaña, entre otros políticos locales.
“Muchos políticos están agarrando dinero ahí. Todos los que tienen ranchos, ganado, presas y la gente que tiene necesidad, que se quedó sin sustento, sin empleo, se quedó fuera”, aseguró.
Antonio Navarrete detalló que al problema del fideicomiso, se le agrega que la zona afectada aún no está remediada.
“No se ha reparado el daño. El río sigue en las mismas condiciones que cuando fue el derrame, no se ha hecho una limpieza, una recuperación de todos los desechos tóxicos en la cuenca del río Sonora. A seis meses del derrame ha habido brotes de enfermedades, familias enteras que les han salido granos en la piel”, indicó.
El 17 de diciembre pasado, los pobladores del Río Sonora bloquearon la carretera Mazocahui-Cananea-Aguaprieta en protesta porque no tenían suministro de agua y porque los recursos del fideicomiso para resarcir el daño, que anunció Grupo México, no estaban llegando.
Los pobladores que bloquearon la carretera dijeron a los medios locales que la contingencia por el derrame en el Río Sonora se levantó y que dejaron de abastecer a la población de agua.
Además, denunciaron, los encargados de distribuir el recurso del fideicomiso beneficiaron a sus familiares, alterando el padrón de damnificados.
Manuel Luciano Gómez, un apicultor, ganadero y agricultor que cuenta con un rancho de 400 hectáreas en el municipio de Arizpe, calculó que sus perdidas ascienden a dos millones de pesos.
Luciano es agricultor y ganadero. En su rancho producía miel de abeja, sembraba y criaba ganado.
“Perdí cosechas, ya no puedo sembrar, no tengo agua para uso doméstico, tengo que hacer un pozo. ¿Para qué me sirven 60 mil pesos que me dieron? Ni para hacer el pozo ni los gastos de la gasolina de todas las vueltas que di”, dijo en entrevista.
LOS OTROS DERRAMES
Antonio Navarrete aseguró que después del derrame del 6 de agosto, se registraron otros derrames en el Río Sonora: uno el 3 de septiembre y otro el 18 de ese mes.
“De esos derrames poco se supo, pasó lo de Iguala y robó todos los escenarios por las condiciones que lo ameritaba, claro, pero aquí en Sonora, la contaminación permanece en el río”, expuso.
En septiembre, Navarrete Aguirre denunció que Grupo México manejaba la cifra del derrame de ácido sulfúrico a su conveniencia, porque en realidad el represo estaba al límite de su capacidad que son 240 mil metros cúbicos.
“Ellos dicen que fueron 40 mil porque se fueron al mínimo. El represo tiene 240 mil metros cúbicos de desechos tóxicos y cuando ocurrió el accidente estaba al tope. No es cierta la cifra que están manejando”, dijo.
La cifra oficial que manejan tanto Grupo México, como las autoridades ambientales es un mínimo de sulfato de cobre y otros materiales pesados que podrían derramarse del represo, aseguró.
De acuerdo con Navarrete Aguirre, el desastre ambiental minero más grande de la historia en México se debió a fallas en el mantenimiento de los represos, que desde 2008 denunciaron en su pliego petitorio cuando iniciaron la huelga en contra de la empresa.
“La situación de los represos es grave, hay otros 11 ahí adentro, que son una bomba de tiempo”, dijo.
El Sindicato Minero, conformado por 800 mineros que trabajaron en la mina Buenavista del Cobre y que conocen perfectamente su funcionamiento, también alertó que un represo que resguarda desechos tóxicos desde hace 30 años de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, estaba a punto de colapsar y contaminar de forma irreversible el Río Sonora.
Navarrete indicó que el represo de jales se encuentra ubicado en la raíz del río y que contiene millones de metros cúbicos de ácidos y reactivos para la recuperación de los metales, confinados ahí desde hace tres décadas.
“Ese represo colapsará en cualquier momento porque no se le ha dado mantenimiento. Si eso sucede, el daño será brutal, no se comparará con el que ya se le hizo al río, sino que será el fin de los pueblos donde viven 25 mil sonorenses”, dijo.
El minero explicó que el represo mide 15 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, y la cantidad de desechos contenidos ahí, es incalculable.
Navarrete afirmó que no fue la falla de una válvula lo que ocasionó el derrame tóxico, como asegura la empresa, sino una negligencia por parte de Grupo México, que ya sabía de los problemas del represo y no lo solucionó con mantenimiento.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1246286.
A diferencia del Presidente Enrique Peña Nieto, al Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid la prensa sí le aplaude, y es que se anotó un gol entre reporteros y funcionarios que se ostentan como periodistas, luego de que les entregara título y cédula profesional que los acredita como Licenciados en Periodismo.
Fueron alrededor de 25 comunicadores que recibieron la mañana del 11 de febrero, la certificación sin tener que acudir a una institución pública ni pagar por el título o cédula profesional.
Para lograr el grado de licenciatura, “únicamente” tuvieron que realizar una serie de trámites administrativos, bajo el Acuerdo 286 emitido por la Secretaría de Educación Pública aprobado el 5 de septiembre del 2013.
La licenciatura está avalada por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C., (Fapermex), una asociación charra pegada al poder y que derivado de ello ha conseguido dádivas para sus agremiados, por ello sin ser una institución educativa de nivel profesional acreditó los “estudios” a quienes se les ofreció.
Entre el grupo estuvieron reporteros y funcionarios que cumplieron con los trámites exigidos por la Asociación Civil, por el cual no tuvieron que realizar ningún gasto a excepción de algunos documentos que tenían que ser enviados a la SEP.
En esta ocasión recibieron su título de Tijuana; Jaime Miranda Soto, quien laboró por muchos años en comunicación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dante Lazcano Martínez, fue reportero para diferentes medios de comunicación, actualmente es columnista en la revista Infobaja. También es la voz oficial del equipo Chargers de San Diego.
Rosa Isela Lezama Mendoza, estudio Ciencias de la Comunicación; actualmente trabaja para Notimex.
Nina Paloma Gómez Piza, laboró como reportera en diversos medios de comunicación en Tijuana, y actualmente es responsable de prensa del Seguro Popular.
De Ensenada; José Enrique Gómez Guzmán, es el director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ensenada, fue reclutado desde la campaña política de Gilberto Hirata Chico y desde entonces consiguió pegarse a la nómina. Fue Presidente de la Asociación de Periodistas de Ensenada
Otro de los galardonados con el título es Sergio Castillo Palacios, tiene un portal de noticias en donde replica los boletines oficiales del gobierno municipal.
Adriana Isabel Morales Morales, es reportera de El Mexicano en Ensenada, cubre la fuente empresarial y algunas de gobierno del Estado.
Otro de los funcionarios favorecidos es Abelardo Serrano Romero, es burócrata sindicalizado por el Ayuntamiento de Ensenada. Su puesto oficial es Auxiliar General de Oficina, por lo que cobra 13 mil 118 pesos al mes.
Nereida Álvarez Alfaro, es reportera de Uniradio además de tener un portal llamado Radanoticias.
En Mexicali los favorecidos fueron; María Elena Díaz Flamante, reportera de El Mexicano en Mexicali y cubre las fuentes educativa, de igual manera trabaja (o trabajó) para la Secretaría de Comunicaciones y Transporte mientas lo hacía en el medio.
Rafael Torres González, es reportero de Periodismo Negro, se ha mantenido en diversos medios de comunicación.
Susana Patricia Monroy Martínez, se ostenta como periodista, actualmente es miembro de la Asociación de Comunicadoras de Mexicali.
Luis Alonso Díaz, es vocero del IMSS desde hace más de 5 años, eso no le importó a la Fapermex para otorgarle el premio México de Periodismo 2014 por “crónica”, señalándolo como reportero de La Voz de la Frontera pese a sus varios años fuera del periodismo.
María Esther Valdez González, también recibió el reconcomiendo por parte de la Asociación Civil. Realizó primero la Maestría en Periodismo avalada por una universidad en Chihuahua y después consiguió la licenciatura. Para acreditar el grado de maestría su tema fue “Verónica Castro”, vida y obra de la actriz.
Laura Tejeda Romo, es la última contratación de Televisa Mexicali. Ha pasado por diferentes medios de comunicación.
Martha Eugenia Dávila García, es otra de las personalidades que se acredita como periodista. Trabajó en Comunicación Social de Ensenada en la administración de Enrique Pelayo Torres.
Bárbara Indira Mata Plascencia, fue una de las promotoras de la ley para el Desarrollo y Protección Social a Periodistas, también conocida como “Ley Chayote”; se peleó verbalmente con los diputados de la pasada legislatura luego de que la dejaran fuera de la propuesta del Consejo de Periodistas.
Jorge Gutiérrez, es otro de los reporteros de la vieja guardia, dirige una asociación de periodistas que organiza desayunos informativos con funcionarios.
César Villalobos López, es director del semanario El Pionero, una publicación de la fuente agrícola.
Arianna Varela Andrade, fue reportera de El Mexicano y La Crónica cubriendo principalmente la fuente deportiva, actualmente es vocera de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe).
Heriberto Reyes, es reportero en la capital del Estado, actualmente es corresponsal de Síntesis TV, tanto él como su esposa Angélica Basilia Madrid Navarro recibieron el título y cédula.
Otro de los conocidos ampliamente por su trayectoria es Adalberto Enrique Tellaeche Ocaño, el corresponsal de MVS fue vocero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. También de la campaña del ex candidato a la gubernatura Fernando Castro Trenti.
Aunque no asistieron, también estaban en la lista como beneficiados Jesús Jiménez Vega y María Magdalena López Cerecer
Luego de tomar protesta por el Presidente del Primer Colegio Nacional de Periodismo, Teodoro Rentería, los ahora licenciados lo primero que hicieron fue tomarse una “selfie” con el gobernador y aplaudirle, después de entonar su discurso.
FUENTE: SIN EMBARGO/ SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN/Cristian Torres Cruz.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1254201.
MÉXICO, D.F: Al oponerse a varios acuerdos negociados entre el Senado y las organizaciones de la sociedad civil para elaborar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, el PRI amenaza a los filtradores de información –también conocidos como whistleblowers en inglés– y busca instaurar “opacidad, ilegalidad, corrupción y un incentivo para usos ilegítimos de las funciones del Estado”, denunció hoy la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Según expuso la organización en un comunicado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, así como los grupos parlamentarios de PRI y PVEM intentan eliminar el artículo 214 del proyecto de ley, el cual estipula que no será perseguido quien divulgue información “clasificada como reservada”, en el caso de que sea de interés público.
En su forma actual, el artículo 214 plantea la protección y la garantía de no persecución a los filtradores que revelen “violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional”.
En los últimos años, el papel de los filtradores de información ha sido central en la revelación de escándalos de escala internacional, desde el surgimiento de WikiLeaks en 2006 hasta la divulgación el domingo 8 del enorme fraude fiscal operado por la filial del banco HSBC en Ginebra por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
“La eliminación del artículo 214 de la ley produciría un efecto silenciador que disminuiría el acceso a la información y, en general, el derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público”, recordó R3D al exhortar el Senado a mantener el párrafo en el texto final.
Las 80 “reservas” del PRI
R3D denunció que la eliminación del artículo 214, una de las más de 80 reservas que formuló el PRI en el proyecto de ley, forma parte de un intento de vaciar el texto de los acuerdos centrales convenidos entre el Senado y las organizaciones de la sociedad civil.
Entre las medidas amenazadas por el partido en el poder se encuentra, según R3D, la que obliga a las agencias de seguridad –el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) o el Estado Mayor Presidencial (EMP), entre otros— a contar con un comité de transparencia.
También se encuentra en riesgo la obligación por parte de las agencias de seguridad de generar información respecto de sus programas de vigilancia masiva, los cuales conforman la intervención de comunicaciones privadas, retención de datos y geolocalización.
Por ello R3D insistió en que el PRI intenta “establecer una serie de causas para ocultar información de interés público que son claramente injustificadas, pero que además hacen que las autoridades no tengan siquiera que explicar los razonamientos para tal ocultamiento”.
Entre las causas que permitirían a las autoridades ocultar la información se encuentran la “seguridad nacional” –ya ampliamente utilizada para negar solicitudes de información–, así como “la estabilidad financiera, económica o monetaria del país”, como lo recordó ayer el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), al pedir al Senado que detalle con precisión lo que abarcan estos conceptos genéricos.
Luego, planteó: “¿Por qué la presidencia de la República y este partido se oponen a ser vigilados, fiscalizados y transparentados como correspondería en un sistema democrático?”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
