MÉXICO, D.F: “No se puede quedar aquí señora, su vida corre peligro”, dijo amablemente un policía del Distrito Federal a Regina Gómez Dantés, la madrugada del pasado viernes. Ante la mirada incrédula de la mujer, el uniformado precisó: “Un coche la puede atropellar o alguien que no está de acuerdo con usted le puede hacer algo”.
La mujer de 55 años y cuerpo delgado estaba sola frente a la embajada de Estados Unidos en México, ubicada sobre el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.
En sus manos sostenía una cartulina, cuyo mensaje repudiaba el asesinato del mexicano Antonio Zambrano Montes a manos de la policía de Pasco, en Washington, el pasado martes 10.
Tres días después, el lunes por la madrugada, la mujer volvió al mismo sitio, con el mismo cartel. “¿Llamó a más gente? ¿Van a venir más?”, le preguntaron preocupados los policías.
Ella los miró a través de sus lentes y les contestó: “No, soy ciudadana mexicana y estoy expresando mi opinión sobre lo que pasó en Estados Unidos, que se me hace bestial”.
Gómez Dantés, quien se definió como “la reaccionaria” de su familia por su forma de vivir, vestirse, hablar –se le escapa el “o sea” a cada rato– y por entregar su “voto útil” al candidato presidencial Vicente Fox en 2000, aseveró que se plantó ahí para “sacar todo de mi sistema: el cinismo, la impunidad, la corrupción… Quizá la edad me hace más sensible”.
También regresó este martes con dos banderas de México colgadas en su espalda como símbolo de que “en este lugar se necesita ayuda”.
Pero a diferencia del viernes, esta vez un pequeño grupo de granaderos la rodeó. Su jefe, “muy alterado”, le dijo que no podía estar ahí. Ella les exigió presentar un reglamento, un código o cualquier documento que se lo prohibiera.
El jefe perdió la paciencia, así que cuatro mujeres –una “muy agresiva”– la obligaron a trasladarse hacia la banqueta central de la avenida, poniendo un carril de automóviles y una ciclovía entre ella y el edificio sede en México de la mayor potencia mundial.
La cartulina de Regina Gómez tenía dos consignas, una de cada lado. La primera, en español, decía: “¡Qué vergüenza Enrique Peña Nieto, (canciller José Antonio) Meade, a todos ustedes! No saben pelear por los paisanos. Ambos gobiernos facilitan todo a los familiares. Pero el asesinato ha quedado sin consecuencia. ¿Y los otros 69? Beasts, brainless, murderers (Bestias, sin cerebros, asesinos)”.
La otra, en inglés, planteó: “Ustedes son asesinos, bestias. Obama: te estás poniendo ciego y eso te hace cómplice. Más de 70 mexicanos asesinados por la policía estadunidense. Ni uno de ellos ha sido arrestado, juzgado, sentenciado, multado, suspendido. Hubiera sido un ciudadano estadunidense asesinado por un policía mexicano en plena luz del día, ustedes hubieran enviado su ejército entero”.
Impulsiva
Cuando vio el video del asesinato de Zambrano Montes el pasado jueves, casi no pudo dormir. “Me dije: ¡Órale, vámonos! Y a las seis estaba aquí”, recordó con tono rápido, Regina “Impulsiva” Gómez, como ella misma se presentó.
El viernes, el lunes y hoy permaneció frente a la embajada de las seis a las diez de la mañana. Si bien pasaron miles de personas por este tramo de la avenida, ni ella ni su cartel recibieron gran atención. Sólo algunos le mostraron señales de apoyo y de aprobación.
Hoy un joven con traje, camisa y corbata “a la súper moda”, no mayor de 23 años de edad y con el cabello levantado, le gritó: “¿No tiene más que hacer, señora?”. La policía a su lado aprovechó el evento: “Hágale caso al joven”.
Ella respondió: “Es muy triste que al joven, que a lo mejor mañana va a estar en el gobierno, o (se ríe) en la Cancillería como embajador, le valga gorro el asesinato de un mexicano en otro país. ¡Está joven! Muy respetable su opinión, pero me entristece”, explicó.
Regina se dijo indignada por la reacción del gobierno mexicano quien el mismo jueves condenó el asesinato “de manera enérgica” –aunque en un comunicado– y propuso ayuda a la familia de la víctima.
“Cumplió con los mexicanos como si fuera un trámite. ‘Vamos a decir que condenamos’, y ya. O sea, no hace nada. Ante un asesinato, hacen una condena enérgica. Es todo”, lamentó.
–¿Qué hubiera sido preferible?
–Podrían ir a la ONU, ante la corte de La Haya, llamar a otros países para condenar, ¿no? Si el asesinato hubiera sido en México a plena luz del día, hubieran llamado a todo el mundo para decir que México es un país bárbaro, salvaje.
Estela del cansancio
El video en el que los policías de Pasco dispararon a muerte a Zambrano sorprendió a Regina Gómez en medio de otra iniciativa: desde hace dos semanas, todos los días se despierta a las 05:30 de la madrugada –excepto miércoles y fin de semana–, para ir de su domicilio en Mixcoac hasta la Estela de Luz, frente a las rejas del Bosque de Chapultepec.
En ese lugar saca un rotafolios de 25 fojas en el que escribe “todo lo que me tiene hasta aquí del país, del gobierno, de los mexicanos: la corrupción, la impunidad, la falta de justicia para los pobres o un metal mal cortado en la banca que hace que ¡Bolas!, me caigo”, explicó.
Ahora Regina Gómez se enfrenta a un dilema entre su rotafolios y su cartel. “Estoy pensando en ir dos días allá, dos días acá”, dijo pensativa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE (REPORTAJE ESPECIAL).
PUEBLA, Pue: El asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marcel Chalreo, anunció que llevarán los casos de presos políticos de Puebla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos de manifestación y de expresión que ha cometido el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Chalreo acudió a los penales de San Miguel y de Cholula, donde se encuentran encarcelados algunos de los líderes sociales, entre ellos el dirigente de la Unión Popular 28 de Octubre, Rubén Sarabia, Simitrio; el alcalde auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes, y el abogado Adán Xicale.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Río de Janeiro, Brasil, dijo que también visitó a otras personas encarceladas en Oaxaca y Guerrero por participar en luchas y movimientos sociales.
En el caso de Puebla, Chalreo calificó el caso del líder de los vendedores ambulantes, Rubén Sarabia, como un encarcelamiento “arbitrario, anticonstitucional e ilegal”.
Simitrio fue encarcelado el 19 de diciembre, supuestamente por violentar su preliberación, pero ya cuando estaba en el reclusorio le abrieron otros procesos judiciales, entre ellos uno por narcomenudeo.
No obstante, su encarcelamiento se atribuye a que la organización 28 de Octubre se sumó a las marchas para protestar contra la represión en Chalchihuapan, el encarcelamiento de opositores a un parque en Cholula y contra los cambios legislativos que afectaron a las Juntas Auxiliares.
El abogado brasileño manifestó que en los casos que reportan en esta entidad ha podido confirmar que se trata de una situación “gravísima”, donde el gobierno cometió violaciones a los derechos civiles de manifestación y expresión, que ocasionaron que decenas de personas se encuentren actualmente en la cárcel o sujetas a procesos judiciales.
Además de expresar la solidaridad de las organizaciones con los activistas poblanos, indicó que su tarea en Puebla es preparar un informe que derive en denuncias en instancias internacionales para que intervengan a favor de la liberación de personas que han sido encarceladas de manera injusta.
“La primera iniciativa será presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero si es necesario elevarlo a Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo llevaremos”, precisó.
Una vez que se fundamenten los casos que se han presentado en esta entidad, señaló que la CIDH podría iniciar un juicio administrativo y emitir una condena en contra del gobierno mexicano, que es firmante del Pacto de San José Costa Rica.
Aparte, Rita Amador, esposa de Simitrio, dijo que también llevarán el caso del líder de la organización 28 de Octubre ante Amnistía Internacional, por todas las violaciones que se han cometido en su reaprehensión y en la fabricación de delitos en contra de Sarabia y de su hijo, como una forma de castigar la solidaridad que mostró la organización con los movimientos sociales de Puebla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto eximió de toda culpa a elementos de la Marina, Ejército y Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, e insistió que se trató de un hecho cometido por “el crimen organizado en colusión con autoridades locales”.
En respuesta a las preguntas sobre el tema que enviaron diputados federales al Ejecutivo el pasado 6 de noviembre, como parte de su segundo informe, el mexiquense aclaró que las fuerzas federales actuaron 10 días después de los hechos, cuando el gobierno de Guerrero solicitó su ayuda.
“La Procuraduría General de la República (PGR) no pudo atraer la investigación hasta que así lo solicitó el gobierno del estado”, respondió Peña a través de la Secretaría de Gobernación.
En el segundo párrafo del texto sostiene que los hechos “realizados por el crimen organizado en colusión con autoridades locales” han generado indignación entre los mexicanos, y “en respuesta el gobierno ha redoblado sus esfuerzos para garantizar la plena vigencia del estado de derecho”.
Una de las medidas, recuerda, es crear policías estatales únicas, “lo que permitiría pasar de más de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal”.
En el documento, Peña Nieto también destaca que envió una iniciativa “para facultar” al Congreso a expedir una “ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”. Lo que se busca con ella es actuar “de manera oportuna y temporal” cuando existan indicios sólidos de que existen autoridades locales involucradas con el crimen, apunta.
Luego destaca la inexistencia de una ley sobre la desaparición forzada: “Debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la PGR, relacionadas no sólo con el asunto de Iguala, sino con otros asuntos similares en proceso de investigación, se están aplicando los protocolos internacionales en cuanto a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas”.
Con esas declaraciones el Ejecutivo federal pretende convencer a los legisladores de que su gobierno no ha tenido descuidos en cuanto a la falta de protocolos aplicados sobre desaparición forzada, “por lo tanto no se considera que exista omisión alguna”.
A la vez que llegó la respuesta de Peña Nieto a los legisladores, el pleno de la Cámara exhortó a la Comisión de Justicia para que inicie el análisis y discusión de diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada se han presentado en la actual legislatura.
Niegan información Tlatlaya
En el segundo caso más grave de violaciones a los derechos humanos ocurrido en 2014, la PGR rechazó informar sobre ese tema a la comisión especial que indaga la ejecución sumaria de al menos ocho personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.
El director de Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la dependencia, Jorge Nader, se negó a proporcionarle información a Margarita Tapa Fonllenm, presidenta de la comisión e integrante del PRD, quien solicitó información sobre los militares que participaron en los hechos.
El funcionario estableció que las investigaciones sobre el caso Tlatlaya “son de carácter no sólo confidencial, sino reservado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Retiene y condiciona la entrega de su quincena a trabajadora de Fundación UNAM. Le exigió llenar el Formato EDD, usado para prevenir lavado de dinero y financiamiento ilegal.
Recibir un salario de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso bajo la lupa de Banamex, el intermediario que paga la nómina de esa institución, a una trabajadora que, por lo pronto, se quedó sin salario por decisión del banco.
Banamex sometió a controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como los que aplica a personas políticamente expuestas, a una trabajadora de la Fundación UNAM que este martes acudió a retirar a la ventanilla de una sucursal 9 mil pesos, el pago de su quincena.
Cada quincena retiro toda mi nómina del banco porque en el pasado tuve problemas al hacerlo en el cajero automático, que en alguna ocasión me dio menos de lo debido, dijo la trabajadora de la Fundación UNAM, que pidió no ser citada por su nombre.
Cuando estaba en la ventanilla, el cajero puso de repente cara de sorpresa, me dijo que había un problema y me pidió que pasara al área de atención al cliente, añadió.
Lo hizo. La responsable de atención al cliente de la sucursal introdujo los datos de la trabajadora en el sistema informático. Hay un candado que impide completar la operación, le informó. Tiene que llenar un formato y, si todo está bien, podrá retirar su dinero en 72 horas, añadió la ejecutiva bancaria.
El documento que recibió la trabajadora de la Fundación UNAM –que tiene entre sus patronos a Alfredo Harp Helú, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banamex– es conocido como Formato EDD. Es un documento utilizado para los procesos de identificación de clientes y forma parte de las prácticas del banco para evitar y prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o ser utilizado para movilizar recursos de origen ilícito por parte de personas políticamente expuestas, es decir, altos funcionarios del servicio público.
Hasta el cierre de la edición, Banamex no respondió a una solicitud de este diario para que expusiera su versión.
Para poder retirar el pago de su quincena, la trabajadora de la Fundación UNAM fue requerida de proporcionar al banco, según el formato que posee este diario, información como nombre completo, número de cuenta y de teléfono, que Banamex ya debería tener, puesto que se trata de una de sus clientas.
Adicionalmente, debe entregar información precisa sobre: fecha, nombre, país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, número de teléfono y domicilio de sus dependientes económicos. En el formato que debe llenar para poder retirar su quincena, el banco pide que identifique el nombre de la empresa donde labora (otro dato que debe tener, puesto que se trata de un pago de nómina), antiguedad, domicilio del empleador, teléfono de oficina; informar al banco si tiene alguna otra actividad económica y si la cuenta va a ser utilizada para manejar recursos de alguna embajada, consulado o misión diplomática.
En el formato la usuaria debe dar al banco puntual cuenta del origen de sus ingresos y patrimonio; sus inversiones, si ha recibido una herencia o vendido alguna propiedad.
Todos esos datos para retirar el importe de su quincena.
Tengo la cuenta Perfiles de Banamex desde hace cuatro años. Sólo la utilizo para recibir mi salario de la Fundación UNAM, aunque tengo también tarjetas de crédito de Banamex, dijo la trabajadora.
“Hoy (ayer) que fui como cada quincena a retirar mi sueldo me dijeron que había un problema, que debía llenar el formato y esperar 72 horas para poder disponer de mi dinero y eso si ‘todo estaba bien’, como me dijeron en la sucursal”, narra.
Además me dijeron que personal del banco va a ir a investigarme a mi casa. Me pregunto: ¿para qué quieren hacerlo? y si legalmente pueden hacerlo, expuso.
La trabajadora aseguró que al comunicarse con personal de Banamex que lleva las cuentas desde donde se distribuye la nómina de la Fundación UNAM, fue informada de que el procedimiento al que fue sometida será aplicado a todos los cuentahabientes.
El banco, al no ser el empleador de la trabajadora, no cuenta con facultad legal para retener el salario. Las retenciones salariales sólo pueden ser: por impuestos, seguridad social o pensiones alimentarias, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Pero en todo caso, sólo pueden ser realizadas por el patrón y no por el intermediario para el pago de la nómina.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
OAXACA, Oax: Después de 17 días de amotinamiento, los policías estatales inconformes anunciaron el fin del paro de labores que iniciaron el 30 de enero y que llevó a la renuncia de Alberto Esteva Salinas al frente de la SSP.
Sin embargo, será este miércoles a las 7:00 horas cuando los uniformados entreguen el cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública donde se encuentran 3 mil 434 armas largas y cortas, alrededor de 500 mil cartuchos de diferentes calibres, así como equipo táctico y vehículos de la corporación.
En rueda de prensa realizada esta noche, los policías inconformes confirmaron el fin del paro de labores y, una vez que entreguen el cuartel a funcionarios del gobierno estatal, reiniciarán los patrullajes que venían realizando.
Esta decisión ocurrió luego del ultimátum del gobernador Gabino Cué, quien amagó con iniciar procedimientos administrativos o la baja definitiva si los paristas no se reincorporaban hoy a sus tareas de seguridad.
Hasta las seis de la tarde, el gobierno estatal afirmó que 201 agentes estatales se acogieron al llamado de Cué Monteagudo.
Sin embargo, otro grupo se mantuvo atrincherado en el cuartel de la SSP hasta las 21:30 horas, desde donde anunciaron el fin a su movimiento tras lograr un aumento de 10%.
No obstante, el pago de las quincenas no laboradas y la cancelación de órdenes de aprehensión quedaran a criterio de las autoridades.
Por ello la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dio por concluida su etapa de mediación y anunció que pasará a una etapa de revisión del caso, a fin de emitir un informe especial sobre las condiciones en que operan las fuerzas de seguridad pública en la entidad.
El ombudsman aclaró que decidió intervenir al percatarse de que el paro policial podría escalar en gravedad, inclusive hasta poner en riesgo la paz social en el estado, luego de los enfrentamientos entre las policías Estatal y Federal, que dejaron alrededor de 10 heridos, ocho detenidos y cinco retenidos.
El gobierno estatal mencionó que los elementos que atendieron este exhorto suscribieron una carta compromiso, “donde aceptan ceñirse a la legalidad y acatar lo dispuesto en la Constitución General de la República, en la particular del estado, así como la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
MÉXICO, D.F: Expreso mis reflexiones y divergencias en torno al artículo de Armando Bartra Votar o no votar: ¿he ahí el dilema? (La Jornada, 8 de febrero de 2015). Coincido con el breve diagnóstico que inicia su texto, al considerar que el gobierno de Peña Nieto ha colapsado.
No creo que pueda sustentarse, en cambio, que la renuncia del presidente haya sido la “bandera más flameante” del movimiento nacional por la vida de los jóvenes de Ayotzinapa.
Más bien constituyó una consigna que cobra fuerza entre algunos contingentes que participan en las marchas solidarias, la cual no necesariamente se formula como una demanda orgánica de los padres, normalistas y maestros de Guerrero, quienes se han centrado en la aparición con vida de los 43 jóvenes estudiantes, en el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, en la exigencia de investigar a los militares y al entorno político más allá de Iguala y Cocula.
Tampoco puede afirmarse que una demanda generalizada del movimiento surgido en torno a la normal de Ayotzinapa sea no votar. Muchos agrupamientos sociales y comunidades en Guerrero y en el país, eso sí, han decidido instalar gobiernos autónomos que respondan a los intereses de los pueblos.
No puede afirmarse, como lo hace Bartra, que el movimiento en favor de una nueva Constitución está compuesto de “personajes principalmente de la izquierda eclesial”. Quienes asistimos el 5 de febrero a la reunión que echó a andar un proceso en esa dirección pudimos constatar la variedad de organizaciones y personas que participan en el esfuerzo, donde se distinguió la intensa actividad de numerosos jóvenes procedentes de todo el país. Identificarla con una asamblea de un “comité de honorables”, de “personalidades esclarecidas”, de “minorías politizadas”, de “vanguardistas doctrinarios”, es una falta a la verdad. Hubo un presídium conformado por personas conocidas públicamente, pero también por representantes de organizaciones y de numerosos estados de la República. El diagnóstico que se expuso en la reunión sobre el Estado mexicano fue fundado básicamente en la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (enelvolcan.com/ número 34, noviembre-diciembre de 2014), en la que se sostiene la existencia de un desvío de poder que da lugar a un Estado criminal.
Dicho cuestionamiento al Estado y a sus corruptas y desfondadas instituciones es considerado por Bartra una “radicalización discursiva” y, todavía más, señala que éste “cuestionamiento integral” al sistema político mexicano dio un supuesto “respiro a Peña” y un “segundo aire al sistema”. Lo paradójico es que la Constituyente no ha planteado, como tal, una posición de boicot a las elecciones, e incluso ese punto del debate se dejó para que tuviera lugar en marzo.
No obstante, el enojo y regaño que proyecta esa interpretación radica en que el movimiento de padres, estudiantes y eventuales constituyentes, de acuerdo con Bartra, no va en la dirección políticamente correcta para el cambio de régimen: esto es, la combinación de elecciones y movilización social, como ha ocurrido –se afirma– en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, no se hace un análisis de mayor calado para explicar lo realmente acontecido en estos tres casos, esto es, las previas y francas rupturas del sistema político imperante por la irrupción de masivos movimientos indígenas, revoluciones ciudadanas o de naturaleza cívico-militar que desde abajo impusieron nuevas reglas del juego y se trasformaron, con esa fuerza inicial, en poderosas y enraizadas opciones electorales.
Además, no todos los procesos electorales tienen un carácter decisivo. Las elecciones de este año en el México de los crímenes de Estado son elecciones intermedias que evidentemente no traerán un cambio notable en la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales, gubernaturas y otros cargos de elección popular. Tampoco se vislumbra una transformación de la naturaleza autoritaria, clientelar, corrupta y tramposa del sistema electoral mismo, con la coacción de la ciudadanía por patrones y sicarios, la compra del voto con dinero en efectivo, despensas, cemento o tarjetas de prepago, las encuestas que no miden sino norman intenciones de voto, la dictadura mediática que construye y destruye candidatos y que, de paso, se embolsa exorbitantes sumas de dinero; además de las autoridades y tribunales electorales omisos a cumplir con sus obligaciones y cómplices de esas prácticas de corrupción extendida y masiva.
Es verdad que no se trata de renunciar a ninguna forma de lucha social, incluyendo la electoral, ni al partido como instrumento organizativo al servicio de la trasformación social, siempre y cuando elecciones y partido tengan en los trabajadores y los pueblos su propósito y razón de ser. El fallecido presidente Hugo Chávez participó en los múltiples procesos electorales con abiertas posiciones socialistas, que refrendó en el último periodo 55% del electorado, con 80% de participación ciudadana.
Bartra subraya la falta de coordinación entre movimientos sociales y organizaciones electorales, como si no existiera en México una historia de varias décadas de luchas democráticas que establecieron por la vía del voto “gobiernos de izquierda” en varios estados de la República, incluyendo la capital, los que se corrompieron hasta perder su fisonomía, e incluso sus principios fundacionales, y no se distinguieron precisamente por ser ejemplos de cambio de régimen (Guerrero, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas); la profusión de críticas se hace como si no hubieran tenido lugar singulares procesos ciudadanos en defensa del voto, administrados finalmente por sus dirigentes en función de sus intereses personales, partidarios o de grupo, olvidando, de paso, los más de 600 muertos del PRD, entre las filas de los más pobres, principalmente.
Las izquierdas electorales mexicanas, pese a las traumáticas experiencias de 1988 y 2006, y sin que mediara una autocrítica sobre su actuación en esas coyunturas, no se organizaron ni tampoco organizaron a la sociedad para revertir el fraude que venía preparándose meses antes de las elecciones de 2012; entrampadas en la institucionalidad de la que forman parte, asumieron nuevamente –sin fundamento alguno– actitudes triunfalistas, mientras sus intelectuales, muchos de ellos ahora en Morena, perdieron el sentido de la crítica hacia su candidato a la Presidencia, sus posiciones equívocas en temas fundamentales y el contenido ambivalente de una campaña salvada no del todo por la irrupción juvenil del YoSoy132, que vino a darle una impronta inesperada. Esa izquierda que se alejó de los movimientos sociales importantes, como el de los pueblos indígenas (al que traicionó), o el que se pronuncia contra la renovada guerra sucia, o el que denuncia la abierta injerencia de Estados Unidos en nuestro país, firmó “pactos de civilidad” en 2012, a sabiendas de que los operativos fraudulentos de Peña Nieto estaban en marcha, y actuó durante la campaña muy amorosamente indulgente con grupos empresariales, clericales y con priistas recientemente conversos, entre ellos nada menos que quien en 1988 operó la “caída del sistema”; y otro caso significativo de acomodo fue el de quien fungió como subsecretario de Gobernación y hoy es gobernador de Tabasco.
Que Andrés Manuel López Obrador “lleva 10 años recorriendo el país, dialogando con la gente y creando una organización de ciudadanos”, como dice Bartra, no me queda duda. La pregunta es si esta organización de ciudadanos se ha enraizado en los movimientos populares y de resistencia, aparte de dedicarse a construir estructuras para el nuevo partido político, con sus eventuales prerrogativas económicas nada desdeñables y sus políticos profesionales que van conformando esa estructura partidaria. Si tomamos en cuenta el perfil de algunos precandidatos, como el secretario de Salud del gobierno de Aguirre, o el del empresario que ha militado en partidos de todo color y que en Morelos pretende ser gobernador por Morena, surgen algunas dudas. Según se ha venido conociendo, en otros estados los precandidatos o candidatos de Morena para las elecciones de este año son empresarios o “personalidades”, “gente famosa”, sin ninguna trayectoria de lucha ni relacionados orgánicamente con ningún movimiento social, mientras las plurinominales serán rifadas “para inhibir la ambición de la condición humana”. ¿Es con este tipo de candidaturas y procedimientos fortuitos que se pretende cambiar al mal gobierno y elegir uno bueno? ¿Que se busca crear poder popular abajo? ¿Es realmente Morena partido-movimiento?
Claro que todos quisiéramos para México potentes organizaciones sociales unificadas a organizaciones políticas que se ganen el apoyo masivo en las urnas porque no abandonan la calle; esta combinación que Bartra considera invencible y visionaria, verso y prosa. Desgraciadamente, no es el caso.
Pero el divorcio no provino del movimiento social que ha estado resistiendo, con muchos costos en vidas humanas, presos y desaparecidos, la criminalidad del poder y el embate de las corporaciones, que incluyen ambos al crimen organizado. La responsabilidad del rechazo al régimen de partidos de Estado, cada vez más extendida, recae en quienes no han sabido ganarse la confianza masiva de la ciudadanía a partir de su compromiso con las luchas populares del día a día, y no sólo para las coyunturas electorales, como la que ahora se aproxima.
Sin esperar a salvadores providenciales, los pueblos se organizan y buscan maneras inéditas de lucha y resistencia. Sin comparaciones que extrapolan situaciones, geografías, personajes y condiciones históricas disímiles, me pregunto: ¿Es realmente el dilema en México votar o no votar en este año 2015? No lo creo. Sin embargo, están en todo su derecho quienes quieren organizarse nuevamente por esa vía, y me refiero especialmente a las bases de Morena, siempre y cuando, se espera, sea por el bien del país y por las transformaciones de fondo que México necesita. El tiempo lo dirá.
En lo que sí coincido plenamente con Bartra es en el clamor que ha dado la vuelta al mundo: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS.
Las anomalías administrativas, así como el amiguismo y nepotismo en que incurrió Yoloxóchitl Bustamante cuando dirigió el Politécnico, no sólo arruinaron su proyecto de reformar la institución: contribuyeron a desatar el conflicto interno que, pese a la renuncia de ella y de 24 directores de plantel, todavía no se resuelve.
MÉXICO, D.F: Como directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez contrató de manera discrecional a su exmarido y a su yerno, asignándoles pagos mensuales muy superiores al salario bruto de los investigadores mejor remunerados de la institución.
Desde el inicio de su gestión, Bustamante recibió una y otra vez observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por prácticas irregulares; fue acusada por investigadores, catedráticos y alumnos de beneficiar a sus allegados con cargos directivos para los que no eran aptos y sus excesos detonaron un movimiento estudiantil que, a cuatro meses de su renuncia, no termina de resolverse.
A través de solicitudes de acceso a la información fue posible obtener los contratos que por adjudicación directa suscribió el Canal Once, la televisora del IPN, con el exmarido de Bustamente Díez, Ernesto Humberto Lammoglia Ruiz.
El caso de Lammoglia no es el único de ese tipo registrado durante la administración de Bustamante Díez. La hija de ambos, Xanat Lammoglia Bustamante, es pareja y socia de José Andrés Amaya Romero, quien fue contratado personalmente por la hoy exdirectora del IPN como asesor.
Xanat y José Andrés son dueños de la empresa Bala Studio, cuya razón social no pudo ser localizada como tal. Dicha empresa se dedica al diseño decorativo cuya peculiaridad es la producción de “muebles eróticos”.
Con una larga trayectoria en la radio, dedicado a dar consejos y presentar temas de salud mental, en abril de 2012 Ernesto Lammoglia salió de Radio Fórmula, donde conducía el programa Lammoglia, la familia y usted. En aquel espacio y en Canal Once se presentó como médico cirujano y especialista en psiquiatría, aunque los contratos no registran profesión ni especialidad.
Al consultar el Registro Nacional de Profesiones, el doctor Lammoglia sólo aparece con cédula de médico cirujano, egresado en 1966 del IPN, pero no hay registro de su especialidad.
Así que el exesposo de Bustamente Díez fue contratado por ella sin especialidad legalmente registrada ni certificación, obteniendo ingresos tres veces superiores a los investigadores mejor pagados del IPN, es decir, los de tiempo completo…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1998 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Después de ser investido como candidato a jefe delegacional en Cuauhtémoc –elección clave en el Distrito Federal– por el partido Morena, el zacatecano Ricardo Monreal tiene claridad en lo que representa esta posición en su carrera política:
“Sé que en este proyecto de Morena me juego todo mi capital político, porque también puede representar mi tumba o, si ganamos y hacemos un buen gobierno, estaremos participando en el 2018 por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal”, indica en entrevista con Apro.
Durante un recorrido por tres colonias de la demarcación días antes de formalizarse su candidatura –acto que se realizó el sábado 14–, Monreal insiste en que tiene claridad en los riesgos en esta contienda.
“Lo que nos motiva y por lo que aceptamos es por un cambio verdadero”, señala al echar mano de una frase del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Enseguida asegura que no participa para obtener un cargo político, sino por la transformación de las instituciones.
“El país está en una profunda decadencia, en una crisis sistémica con una clase política pusilánime, mediocre, corrupta que no está al nivel, a la altura de las exigencias de un país que reclama justicia, combate a la corrupción, que reclama por qué se han profundizado los niveles de desigualdad, pobreza e impunidad”, denuncia.
Luego Monreal destaca los rezagos en la demarcación, que calificó como de abandonos de los delegados, el aumento de la inseguridad pública de manera preocupante y una corrupción desmedida.
“Donde quiera te hablan de la corrupción, de cómo todos los servicios se cobran, limpia, permisos, uso de suelo, seguridad, todo le cuesta al ciudadano, entonces se ha llegado a encarecer mucho el servicio público, y el hecho de que la gente está muy agraviada por todo esto se debe a una desviación de los principios que caracterizan a la izquierda”, acusa.
Contra el clientelismo del PRD
Monreal, quien ha vivido en la demarcación desde hace varios años, asegura que en sus recorridos por las colonias la gente se quejó del uso de programas sociales con fines electorales por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ni siquiera atiende las demandas ciudadanas y, es más, tampoco recibe a los vecinos en los comités perredistas delegacionales.
Luego comenta la importancia de la delegación, que abarca desde el Templo Mayor hasta las sedes del Ejecutivo Federal, Palacio Nacional, jefe de gobierno local, plaza del Zócalo, el Senado, la Asamblea de Representantes, todo el sector financiero y el poder eclesiástico, incluida la Catedral Metropolitana.
Además, casi 50% de monumentos y museos se concentran en esa demarcación que cuenta con 2 mil 600 millones de presupuesto anual, 600 mil electores y por ella transitan diariamente 4 millones y medio de personas. Por eso, considera “clave” esta elección.
No obstante, celebra que perredistas de base se estén sumando a su campaña, así como miembros de Nueva Alianza (Panal), aunque la cúpula de esta última fuerza política ya realizó un acuerdo con el PRD capitalino para ir en alianza tanto en Cuauhtémoc como en Iztapalapa.
–¿Crees que se aliaron por temor a Morena?
–Sí, sin duda. Van a dos delegaciones a frenarnos y obviamente en esas dos demarcaciones hay alianza PRD-Panal. En el pasado me parecería imposible. Hasta el año pasado se sentían muy seguros. Yo creo que se están llevando una sorpresa.
–¿Crees que a Morena le va a ir bien en el DF?
–Yo creo que Morena va a ser la primera fuerza en el DF. Sin duda. Y creo que vamos a salir bien. Es un momento clave para todos. Es como una bola de nieve que se va formando y aumentando cada día. Nosotros vamos a construir una fuerza política sobre los escombros de la corrupción. Vamos a tener que destruir la corrupción que se ha anidado en muchos lugares de las delegaciones porque se han entronizado grupos políticos. No va a ser fácil. –acota.
El apoyo de Torres
A la campaña de Monreal se sumó el exdelegado y asambleísta Agustín Torres después de una fractura con Izquierda Democrática Nacional (IDN), la corriente liderada por René Bejarano, del PRD. Esto, para Monreal, significa que le están pegando “en la espina dorsal” a este grupo perredista.
En entrevista, Torres aclara por qué su rompimiento con Bejarano:
“Siento que ha habido una deformación de todos estos principios. Una pérdida de valores. Y cuándo empiezo a ver esto… Esto ya se descompuso, es el poder por el poder y a repartir el cargo a los amigos”, acusa.
Además de percibir la compra de votos internos o la intromisión del jefe de gobierno Miguel Angel Mancera en este proceso electoral, mediante Héctor Serrano, aspirante a diputado federal, Agustín Torres sostiene que el PRD “ya se perdió”.
También comenta que no quiso ser cómplice del partido. Y en el proceso electoral interno, por la candidatura, acusa, el delegado le cerró el paso y apoyó a José Luis Muñoz.
“Mi preocupación era que si es Muñoz no ganamos. Ya lo medí –en encuestas– y sus negativos son altos”, indicó para agregar que éste se desgastó como delegado. Ahí se dio la ruptura con Bejarano, comenta. Y decidió apoyar a Monreal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para expresarle su preocupación y rechazo por las declaraciones emitidas en un comunicado por parte de la dependencia en respuesta a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) el pasado 13 de febrero.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) entre otras organizaciones, le pidieron a Osorio Chong que se pronuncie públicamente sobre la importancia de las recomendaciones, así como que exprese claramente su voluntad para cumplir con las mismas.
Las organizaciones firmantes aseguran que las recomendaciones emitidas por la ONU “están apegadas a la realidad”.
“Hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas (nacional y transnacional) es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una Ley General contra la Desaparición Forzada”.
El mismo día que la ONU emitió las recomendaciones, la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación emitió un boletín cuyo último párrafo señala:
Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención.
Es por ello que las organizaciones acusan que esta respuesta no sólo no toma en cuenta la realidad, sino que “viene en un contexto de incumplimientos en el proceso ante el Comité”
El Estado mexicano presentó de manera tardía e incompleta tanto su informe inicial como las respuestas a la lista de cuestiones emitida por el CED. La tardanza en la presentación del informe y la ausencia de respuesta a los requerimientos del Comité fueron registradas en el último informe de actividades de este órgano. De igual forma, el Comité ha solicitado hacer una visita a México, solicitud a la que el Estado ha negado respuesta.
Finalmente le piden a Osorio Chong que convoque, a la brevedad, “a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores involucrados, para avanzar el proceso de cumplimiento de las recomendaciones”.
También exigen que se garantice la seguridad de las personas que denuncian casos de desapariciones y haya justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares y que durante el proceso del cumplimiento de las recomendaciones, se garantice la participación efectiva de familiares y organizaciones de la sociedad civil.
MÉXICO SE NIEGA A RECONOCER CRISIS
Este mismo día la organización Amnistía Internacional dijo que la respuesta del gobierno de México al informe del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) revela que no quiere reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos que vive el país y las fallidas estrategias de seguridadrespuesta del gobierno de México al informe del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) revela que no quiere reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos que vive el país y las fallidas estrategias de seguridad.
“El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, en sus observaciones finales sobre México, determinó que las desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes. El CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno”, recordó la organización.
“Sorprendentemente, pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano contestó a las conclusiones al decir que ‘no aportan elementos adicionales’ para abordar el problema”, dijo.
“El gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en relación con estas recomendaciones puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta el país “, manifestó la organización.
“Amnistía Internacional está profundamente preocupada de que la declaración del gobierno implique un rechazo de las recomendaciones del CED. Con más de 23 mil casos no resueltos de desapariciones, muchos de ellos, casos de desapariciones forzadas cometidas por la policía y las fuerzas militares, las autoridades deberían aceptar asistencia especializada y constructiva proporcionada por los expertos de la ONU”.
“El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, en sus observaciones finales sobre México, determinó que las desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes. El CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno”, recordó la organización.
“Sorprendentemente, pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano contestó a las conclusiones al decir que ‘no aportan elementos adicionales’ para abordar el problema”, dijo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1254084.
Lorenzo Meyer, profesor emérito de El Colegio de México (COLMEX) y autor de Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México (Debate, 2013), dijo que las elecciones intermedias del mandato de Enrique Peña Nieto (donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 congresos locales, a 9 gobernadores y 903 presidentes municipales) muestran el fracaso del sistema electoral.
“El mecanismo electoral de ahora francamente mostró su fracaso. Ése es un punto a discutir: ¿valen la pena la elecciones? Son carísimas, como todos lo sabemos; se trata de uno de los procesos electorales más caros del mundo y, ¿realmente influyen en algo, o están ya bastante predeterminadas?”.
“En México –agregó–, durante muchas décadas, ya todos lo sabemos, las elecciones estaban vacías de contenido. Eran pura forma y nada más; bueno, ahora se sospecha que sirven básicamente para reafirmar a la partidocracia en sus posiciones, pero no sirven para llevar adelante un proceso efectivamente democrático, es decir, que ligue al ciudadano, a sus necesidades, a sus deseos, con la maquinaria del poder. La maquinaria del poder está actuando bastante despegada de lo que son las realidades del ciudadano y de las comunidades”.
El también ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011 dijo que “hay diferentes ángulos en los que hay que ver la política y cómo está desembocando en lo que algunos ven, quizá yo me incluya entre ellos, como una crisis del sistema político mexicano, un sistema que se suponía que había cambiado entre 1997 y 2000 y que habíamos dejado atrás el larguísimo periodo de autoritarismo que casi abarcó todo el Siglo XX y que entrábamos a la democracia por la vía electoral, para luego ir aumentando su campo de acción en otras áreas, y ahí es donde toco lo social; y la verdad es que la estructura social de México está peor que la de antes”.
Meyer, un permanente crítico del sistema político, dijo además:
“El PRD se corrompió muy rápido; quizá porque no había fibra ideológica, sino nada más ganas de encontrar un puesto. Bueno, yo lo veo así: en el Distrito Federal, que es uno de los bastiones del PRD, y el hecho de que esté ahorita ya agonizando me parece natural. Simplemente no pudo superar la tentación del dinero y de la corrupción, y de tener puestos administrativos, de ser parte de la burocracia aquí en el Distrito Federal. Si uno ve las delegaciones, están tan corruptas como antes, entonces, el PRD no cumplió su papel…”
—¿Cómo visualiza el resto del sexenio de Enrique Peña Nieto? Le faltan tres años y ocho meses todavía…
–Pues es una tragedia. Ése es un problema que se origina entre otras cosas en el hecho de que Don Porfirio Díaz pasó de los cuatro años que veníamos teniendo en el Siglo XIX al sexenio; luego se le viene la Revolución encima y viene el cuatrienio. Pero ya Obregón decidió que para qué hacerlo cada cuatro años, si de todas maneras ya estaba todo predeterminado, pues mejor prolongarlo. El sexenio es una fórmula muy lógica para la antigua manera de hacer la política en México, pero ahora nos damos cuenta que seis años es una eternidad, sobre todo cuando se fracasa en el tercer año; la segunda mitad del sexenio va a ser un martirio para todos, para Peña, para su gobierno, para la sociedad mexicana. Un martirio en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos esto puede llevar a una reacción autoritaria, ahorita Osorio Chong ya está diciendo ‘bueno, como ya se cerró el caso de Ayotzinapa, ahora sí, la fuerza, nada de andarse aprovechando de esa situación, de esa tragedia de Iguala, para andar protestando de manera violenta’. La economía ya se la llevó el diablo, el petróleo, que era al que le habían apostado todo, pues simplemente se hundió; realmente no tengo idea de qué les quede, o qué nos quede.
—¿Sigue vigente una de las tesis de su libro Nuestra tragedia persistente, en el sentido de que la alternancia del año 2000 no se aprovechó para desterrar el sistema político mexicano?
–Desde luego, no solo la sigo teniendo, sino que creo que ahora hay más elementos para sostenerla: es que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es francamente un evento muy desafortunado porque se puede uno explicar el nacimiento y naturaleza de ese sistema o de ese partido, como realmente un partido de Estado al servicio de una presidencia que parecía muy fuerte y ahogaba posibilidades democráticas. No era inevitable, pero pues casi se acercó a lo inevitable, que después de la Revolución Mexicana el poder político se concentrara de tal manera que llevara a eso, a un partido que ya no se distinguía qué era partido y qué era maquinaria del Estado, y todo al servicio de una presidencia que ahogaba a la división de poderes. Se suponía que eso había quedado atrás, pero regresó el mismo partido y sin haber cambiado gran cosa; entonces se vio de manera más clara que el cambio político, el cambio de sistema, pues fue más un proyecto que una realidad, y conforme corre el tiempo, las viejas raíces de la política mexicana vuelven a echar retoños y a salirles hojitas y ramas; en tanto que la realidad de un sistema nuevo no se ve. Creo que hoy, en el 2015, eso es más evidente que cuando escribí el libro.
—¿La clase política mexicana no es la que se merece el país?
–En términos generales, no; esa clase política encabezada por los políticos del PRI, que los otros partidos han imitado bastante bien, está dedicada básicamente a preservar sus privilegios. Nada más hay que echarle un vistazo a los sueldos, a las prestaciones de la clase política; pero eso quizá no sea lo importante, sino el tráfico de influencias que se mueve todos los días y que liga a la economía al mercado con la clase política y les da unos ingresos y una forma de vida que en algunos casos, es casi de años luz la distancia que los separa del mexicano promedio. Una comparación quizá extrema pero interesante, es ver al Presidente de Uruguay, José Mujica, y ver cómo vive en otras partes del mundo el jefe de un sistema, de un gobierno, y que no hay mucha distancia entre él y la manera como vive un uruguayo normal; pero en México hagamos ese ejercicio con el Gobernador de Baja California [Francisco Vega de Lamadrid], ya no digamos con el Presidente del país o con los secretarios de Estado, y entonces tendremos un contraste notable. Aquí, en México, sí se ve realmente que la clase política vive en otro planeta.
—En su libro Nuestra tragedia persistente advierte que “la Revolución Mexicana fue el alto precio que el país tuvo que pagar para deshacerse de una clase política que ya había perdido piso”. ¿Ya perdió el piso la clase política mexicana actual?
–Sí. Digamos que para ponerlo de una manera muy simple: entre 1910 y los 1930, se destruye a la oligarquía porfirista y se le destruye en su base más evidente, que era la gran propiedad rural; no se destruye a todos, desde luego, no es una destrucción física; en México, a diferencia de otras revoluciones, no hubo como política la eliminación física de la antigua clase gobernante; se exiliaron, se fueron o perdieron importancia y se quedaron nada más como apellidos de “abolengo”, pero ya sin poder, sin mucho dinero. Pero luego luego se fue creando otra, inmediatamente después del cardenismo. Con el alemanismo se vio que había las ansias de crear una nueva oligarquía, y hoy en México se puede ver de manera clara que existe una nueva oligarquía ya no basada en la gran propiedad rural, que ya el campo mexicano es una desgracia, sino en la concentración de riqueza en la parte más moderna de la economía, en las comunicaciones, por ejemplo.
—¿Cuál es su análisis sobre los precandidatos y candidatos populares como el futbolista Cuauhtémoc Blanco, algunos payasos como “Lagrimita” en Guadalajara y hasta boxeadores, como en Baja California con Erick ‘El Terrible’ Morales y Jackie Nava?
–Bueno, el PRI siempre echó mano de algunos de ellos. Por ejemplo, cuando yo era joven, me acuerdo de Raúl “El Ratón” Macías tuvo su temporada como político, o un torero como Alcalde de Texcoco; no es algo nuevo, eso se ha dado como antes. Quizá ahora un poquito más evidente eso del payaso “Lagrimita”, es un pequeño salto cualitativo. Pero payasos, aunque no fueran profesionales, los ha habido siempre en el Congreso.
—Luego del Pacto por México, ¿qué papel están jugando los partidos políticos de “oposición” como contrapeso del gobierno de Enrique Peña Nieto?
–Pues un papel lamentable; es decir, la estructura de partidos es la expresión de una crisis de representatividad: no representan a nadie o, bueno, no representan a muchos. Y no lo digo yo, que puede ser simplemente una forma de expresar mi enojo, no; lo dicen las encuestas de opinión. Sistemáticamente todas las encuestas que se hacen en México, el desprecio que tiene el ciudadano por los partidos pues es evidente, están hasta abajo en la estima que el ciudadano tiene a las instituciones.
—¿Qué rol juegan los partidos estatales y los partidos pequeños?
–Debo de confesar que me he fijado poco en ellos. Probablemente es una falta, pero es que ya no tengo tiempo; el panorama principal lo captan los tres grandes partidos [PRI, PAN y PRD], los que entraron en el Pacto por México. Me parecería que en la medida en que existan en México economías distintas, peculiaridades regionales, subculturas políticas, podría haber ahí unos partidos que se nutrieran de esas peculiaridades y las pudieran expresar, pero el sistema está hecho para que no tengan relevancia. Es más, el sistema está hecho para que no existan. Y si existen, bueno, es un poco a contrapelo, es como las candidaturas ciudadanas, sí, formalmente existen en México, pero todo el aparato está diseñado para que no sirvan, para que se pueda decir ante el mundo externo: “Bueno, México no solo tiene un sistema de partidos, sino, incluso, puede haber candidatos ciudadanos”; pero en realidad eso es casi imposible.
—¿Qué reflexión tiene usted de los partidos de izquierda en México?
–La coyuntura es de la destrucción de un partido de izquierda, la destrucción del PRD. Ésa es la característica desde esa óptica de los partidos de izquierda; y el intento de surgir en el vacío que deja el PRD, un nuevo partido que sería MORENA [Movimiento Regeneración Nacional, de Andrés Manuel López Obrador]. Ése es el momento de la coyuntura. No sabemos si va a tener éxito en sustituir uno por el otro, pero el partido que está muriendo, bueno, pudiera no morir formalmente. A lo mejor sigue el cascarón durante años en la medida en que quienes sí tienen el poder les interesan los cascarones para que den la impresión de instituciones sanas y de pluralidad, sabiendo que ya no hay nada adentro del cascarón, pero pues ya no tienen sentido. El PRD se corrompió muy rápido; quizá porque no había fibra ideológica, sino nada más ganas de encontrar un puesto. Bueno, yo lo veo así: en el Distrito Federal, que es uno de los bastiones del PRD, y el hecho de que esté ahorita ya agonizando me parece natural. Simplemente no pudo superar la tentación del dinero y de la corrupción, y de tener puestos administrativos, de ser parte de la burocracia aquí en el Distrito Federal. Si uno ve las delegaciones, están tan corruptas como antes, entonces, el PRD no cumplió su papel; MORENA dice que ellos sí lo piensan desempeñar, bueno, pues vamos a verlo, es todavía una interrogación.
— ¿Qué futuro le ve a la izquierda en México?
–Objetivamente, pues enorme, porque es un país con unas injusticias sociales formidables, ahí está su campo de acción, otra vez en teoría; en la práctica ya depende de MORENA.
—¿Cuál es su análisis del gobierno de Enrique Peña Nieto luego de dos años? Vemos que continúan los miles de desaparecidos, secuestros, ejecuciones, mientras que la autoridad reparte 10 millones de televisores justo en este año electoral…
–En primer lugar, que no tienen vergüenza. En segundo lugar, que se desgastó más rápido de lo que yo hubiera supuesto, y se desgastó más rápido de lo que supusieron muchos observadores externos, porque la crítica que le hace ahora el mundo externo como la de The Economist o The Guardian en Inglaterra, es una crítica demoledora, se nota la desilusión de medios extranjeros que confiaron que, bueno, ahora sí ya estaban las reformas, ya era esto el campo ideal para el neoliberalismo, ya el petróleo se ha puesto otra vez en el mercado y ellos están listos ahí para entrarle; pero es un gobierno que no controla, es un gobierno que no parece tener más proyecto que el de sobrevivir como clase política, como una especie de vampiro que está chupándole la sangre al cuerpo colectivo de México, pero no lleva a ningún lado. Entonces, se desgastó más rápido de lo que se suponía.
—No podemos dejar de solicitarle su reflexión sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, sobre todo luego de la lamentable conferencia del procurador Jesús Murillo Karam vendiendo su “verdad histórica” y dando carpetazo al caso…
–Bueno, es muy lógico que quieran dar el carpetazo, están desesperados, ya quieren que eso desaparezca; y en eso van a tener el apoyo de Televisa, TV Azteca, y de una parte de los medios y desde luego, de los poderes fácticos; ya vimos al señor de Bimbo (Lorenzo Servitje) pidiendo que todos apoyemos a Peña Nieto porque el pobre ya no puede con el cargo, entonces va a haber un gran empuje por cerrar ese capítulo; pero hay una parte de la sociedad mexicana que no lo cierra. Murillo Karam dice que ésa es la “verdad histórica”; bueno, pues cualquiera que se meta o que practique la Historia, yo me considero parte de ese gremio, ¡es de risa! No existe la verdad histórica; la Historia es un relato que se va formulando de manera más o menos seria y profesional en algunos casos y que va cambiando; nadie podrá nunca, jamás, decir ‘esto es exactamente lo que ocurrió’, la Historia no se puede volver a recrear; entonces, son aproximaciones a la verdad. Ahora, la PGR tiene desafortunadamente para ella una historia, y su historia es de verdades a medias o de mentiras completas; y entonces la credibilidad es algo que no tiene, hace mucho que la perdieron. No sé si alguna vez alguna Procuraduría tuvo credibilidad, pero que yo tenga memoria, nunca.
FUENTE: SIN EMBARGO/ SEMANARIO ZETA.
AUTOR: Enrique Mendoza Hernández.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1253799.
Si el PRI y el Partido Verde insisten en aprobar en el Senado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésta carecerá de legitimidad, sostienen las fracciones del PRD y del PAN, algunos de cuyos legisladores se quejan por los candados que se le introdujeron, entre ellos el de los fideicomisos que administran Hacienda y el Banco de México. Eso hará más opaco el manejo del Fondo Mexicano del Petróleo, por lo que, dicen, podrían plantear su inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
MÉXICO, D.F: Más de 250 horas de discusión y trabajo del grupo plural de senadores y expertos para elaborar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública terminaron por descarrilarse.
Las causas fueron múltiples: los escándalos de las casas del presidente Enrique Peña Nieto, la de su esposa y la de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray; la crisis de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; la posibilidad de que se abran los expedientes por las violaciones graves a derechos humanos y el temor creciente de que se hagan públicas las cuentas de los fideicomisos que manejan Hacienda y el Banco de México, en especial el del Fondo Mexicano del Petróleo.
Desde antes de que terminara el periodo ordinario en diciembre último, arreciaron las presiones gubernamentales en relación con el trabajo que involucró a los senadores, a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), a tres colectivos de organizaciones, periodistas y expertos en la materia –Red por la Rendición de Cuentas, Colectivo por la Transparencia y México Infórmate–, y se plantearon a través de las bancadas del PRI y Partido Verde más de 80 modificaciones al borrador que fueron consideradas como “regresivas” por la oposición y los expertos.
La dictaminación se entrampó y se frenó la aprobación de esta ley reglamentaria, para la cual se había fijado el sábado 7 como plazo máximo, según la reforma constitucional de 2014. Algunas diferencias se han ido negociando, pero quedan como “irreductibles” cerca de 20 temas muy delicados para el gobierno federal.
Los senadores Arely Gómez González, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde, admitieron en rueda de prensa el martes 10 que Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y el consejero jurídico Humberto Castillejos frenaron con sus observaciones puntos importantes, como la apertura y rendición de cuentas en los fideicomisos y los relativos a inteligencia y contrainteligencia, entre otros.
“Por supuesto que el doctor Carstens ha hecho opiniones. Por supuesto que vamos a ir a hablar con el doctor Carstens para que nos diga qué es lo que opina y hablamos con otros de los sujetos obligados para ver qué es lo que opinan. La seguridad nacional, la seguridad pública, la inteligencia, la contrainteligencia, son temas muy sensibles, no se puede ir a la ligera”, refirió Escudero Morales, presidente de la comisión anticorrupción que deberá elaborar el dictamen.
La senadora priista Arely Gómez, quien facilitó durante las negociaciones los avances con las organizaciones no gubernamentales y los expertos, admitió en rueda de prensa que se presentaron 88 observaciones de “sujetos obligados” y del consejero jurídico, Humberto Castillejos. “El consejero jurídico en todas las iniciativas tiene una participación en el proceso legislativo”, afirmó.
De esas observaciones, según Gómez, uno de los temas más difíciles es el de los fideicomisos. “Se está tratando de ver quién va a ser el responsable de la información”; también están los relacionados con inteligencia, contrainteligencia y derechos humanos.
Para el perredista Alejandro Encinas, los “corchetes” son el resultado del tropezón de la Casa Blanca que impidió avanzar en diciembre y atascó la negociación, mientras que su correligionaria Dolores Padierna Luna advirtió que los candados de acceso a la información en lo referente a fideicomisos hará más opaco el Fondo Mexicano del Petróleo, “sin duda el más importante, tanto en cuantía de recursos como en funciones, porque manejará la renta petrolera”.
La legisladora del PAN Laura Rojas advirtió que su partido se opone a eliminar la obligación de que se transparente la lista de cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, así como las atribuciones del IFAI para imponer medidas de apremio a fondos y fideicomisos que maneja la Secretaría de Hacienda.
Padierna informó que, tan sólo para tener una idea de las dimensiones del tema de fideicomisos, hasta el último cuatrimestre de 2014 Hacienda admitió que existen 352 de ellos que manejan 452 mil 454 millones de pesos y cuyo acceso no es público, salvo para los usuarios autorizados por la dependencia, y no se detallan las aportaciones correspondientes.
De esos 452 mil 454 millones, 21.7% corresponden a 46 fideicomisos de infraestructura pública (98 mil 365 millones); 21.2% a 120 fideicomisos de “apoyos financieros” (96 mil 89 millones); 20.7% a seis fideicomisos para “estabilización financiera” (93 mil 573 millones), y 17.2% a 24 fideicomisos de pensiones (77 mil 681 millones).
Estos fideicomisos no incluyen el que manejará el Banco de México –el futuro Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo–, que “sin duda será el más importante y deberá operar con máxima transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó la senadora Padierna.
Los grandes corchetes
En específico, el documento preliminar sobre propuestas de modificaciones, cuya copia tiene Proceso, identifica como los corchetes más importantes los siguientes artículos y asuntos:
–Artículo 23 (fideicomisos): Se propone modificar la redacción consensuada para exentar de responsabilidades como sujetos obligados a “los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal”.
El PRD propone una redacción alterna para aclarar que “la institución fiduciaria o el mandatario cumplirán con sus obligaciones” a través de sus propias áreas, unidades y comités de transparencia.
–Artículo 42: Establece excepciones para formar comités de transparencia en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial; el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor de la Armada.
El gobierno federal propone una redacción para que sus unidades administrativas no estén sujetas a la autoridad de los Comités de Transparencia, “siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia unidad administrativa”.
–Artículo 43: Sobre las funciones de cada Comité de Transparencia, se le agrega en el numeral III que éstos deberán ordenar a las áreas que “expliquen, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones”.
El PAN y el PRD consideran regresivo este agregado.
–Artículo 70: En cuanto a declaraciones patrimoniales, el PAN y PRD defienden la redacción original que propone tener acceso a la versión pública. El gobierno plantea agregar una frase: “… de los servidores públicos que así lo determinen”, abriendo un candado discrecional.
–Artículo 70: En materia de intervención en las telecomunicaciones, el gobierno propone eliminar el numeral XLIX que obliga a hacer públicos los listados de “solicitudes de las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicadores y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, una vez concluida la intervención”.
–Artículo 83: En lo que atañe a obligaciones de transparencia sobre las actividades de exploración, extracción y refinación de petróleo e hidrocarburos, el gobierno propone sujetarlas a los mecanismos de las leyes secundarias en materia energética.
–Artículo 101: El gobierno propone mantener reservas sobre información “que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria” hasta que “se extingan las causas que dieron origen a su clasificación”.
El PRD considera que tal redacción “abre la posibilidad de permanecer reservados de manera atemporal o permanente”.
–Artículo 113: Es considerada por el PAN y el PRD una de las grandes diferencias porque PRI y Partido Verde plantean mantener reservada la información que “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, así como aquella que “pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales”.
El gobierno busca eliminar en estos casos la llamada “prueba del daño” para mantener la reserva.
–Artículo 115: El borrador originalmente consensuado con organizaciones ciudadanas y expertos prohíbe invocar reservas “cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas así por la autoridad competente” o “se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables”.
La propuesta gubernamental busca que los organismos garantes no sean los que determinen la existencia de violaciones graves a derechos humanos. Esta es una de las grandes diferencias con la Procuraduría General de la República y el gobierno federal.
–Artículo 149: El gobierno propone acotar la “prueba de interés público” en información cuando exista una colisión de derechos.
–Artículos 207 y 210 en materia de sanciones: El gobierno se opone a la imposición de sanciones cuando se declare inexistencia de la información, cuando el sujeto obligado deba generarla o cuando se clasifique información como reservada “sin que se cumplan con las características señaladas por la ley”.
PAN-PRD irían a la Corte
En su documento Posicionamiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los senadores del PRD que participaron en la negociación –Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Isidro Pedraza y Armando Ríos Piter– admiten que hubo grandes avances que hoy están en riesgo.
Uno de esos avances es que “se precisó que por violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad y actos de corrupción no podrá reservarse información por ningún sujeto obligado”.
Otro es que se crea un Sistema Nacional de Transparencia y se incorpora como sujetos obligados a los partidos y agrupaciones políticas, sindicatos y autoridades del ámbito laboral.
Para el PRD, la modificación de más de 80 artículos y la eliminación del capítulo “Denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados” son “ampliamente regresivas y rompen el consenso con las organizaciones sociales especialistas en el tema, académicos, órganos garantes, así como senadores y senadoras”.
En lo concerniente a transparencia en el sector de hidrocarburos, el pleno de los consejeros del IFAI advirtió el miércoles 11 que debe estar incluido porque uno de los compromisos asumidos fue “publicar como mínimo contratos con las empresas extractivas”.
Legisladores del PAN, como Roberto Gil Zuarth, y del PRD que participaron en la negociación plantearon desde el martes 10 que podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que el PRI y el Partido Verde insistan en aprobar “una ley regresiva que nacerá con un problema de legitimidad”.
Gil Zuarth acusó al PRI y al PVEM de pretender “crear opacidades por mayoría” que obligarán a la oposición a plantear el recurso de anticonstitucionalidad ante la SCJN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió de nueva cuenta la colaboración del gobierno federal para evitar que en las elecciones de junio próximo se postulen candidatos vinculados con la delincuencia organizada.
Según el panista, es el gobierno, no los partidos, el que cuenta con la información y la inteligencia para proporcionar los datos y alertas para “poder actuar con oportunidad” y evitar casos como el de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, acusado de la presunta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Cada partido está haciendo su proceso de alertas tempranas, advertencias, monitoreo, rastreo para garantizar que todos nuestros candidatos sean gente honorable, pero no es suficiente lo que hagamos los partidos a título individual, ni siquiera es suficiente lo que hagamos los partidos con el Instituto Nacional Electoral (INE)”, puntualizó en conferencia de prensa.
Añadió: “Sí estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero desde ahorita advertimos que es insuficiente”.
El pasado domingo 15, en una gira por León, Guanajuato, el panista pidió al INE atender puntos fundamentales para “blindar” las elecciones del 7 de junio, a fin de evitar la penetración del crimen organizado.
Madero llamó a blindar el proceso electoral contra recursos de procedencia ilícita, contra la participación de candidatos vinculados con la delincuencia organizada y contra el uso de programas sociales como parte de las campañas, en ese orden.
Esas propuestas, dijo, rebasan la relación de INE-partido, y ahora debe hacerse en una mesa tripartita: gobierno federal, fuerzas políticas y el órgano autónomo.
“Esto es lo que fue expuesto de mi parte y quedó recogido. El INE respondió en voz de su presidente que para el diálogo y la comunicación de cualquier tipo, ellos estarían puestos”, abundó en esa ocasión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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