MÉXICO, D.F: El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, rechazó que el nombre de Marcelo Ebrard pudiera aparecer en las listas del partido, debido a que ninguna “tribu” propuso su candidatura a diputado federal plurinominal, y estas posiciones ya se votaron desde el domingo anterior.
En entrevista después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, aclaró que por lo anterior también será imposible que ocurra el domingo 22, cuando se realice la segunda parte del Consejo Nacional electivo en la Ciudad de México para completar la lista de 95 distritos pendientes de mayoría que no se aprobaron el fin de semana anterior.
Navarrete consideró que si Ebrard Casaubón quiere ser candidato de distrito por mayoría relativa, debería formalizarlo al Consejo Estatal en el Distrito Federal y ante el Consejo Nacional del partido.
En otras palabras, deberá formalizar su petición y hacer lo que no hizo el fin de semana pasado en el Consejo Nacional: cabildear entre las “tribus” perredistas.
Sin embargo, en el caso de las plurinominales, dijo, “nadie promovió esa candidatura –de Marcelo Ebrard–. Nadie convenció al Consejo de votarla, nadie hizo un esfuerzo por agrupar a un número de consejeros que sostuviera esa candidatura y, reitero, una y otra vez, en el PRD sólo los consejeros eligen a los candidatos”, indicó.
También rechazó que apartar a Marcelo Ebrard haya sido idea del actual jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien no está afiliado al PRD.
Navarrete además rechazó las versiones de perredistas, como Agustín Guerrero, quienes acusaron a la burocracia perredista de no apoyar la candidatura de Ebrard.
El líder del PRD dijo que se trató de un caso en el que nadie apoyó su candidatura, como el de otros 143 perredistas, donde finalmente sólo quedaron 31 candidatos.
Actualmente, indicó, están prolongando los consejos estatales para que elijan a los candidatos a gobernadores en Baja California Sur, Nuevo León, Colima, Sonora y San Luis Potosí.
Asimismo, están preparando la sesión de Consejo Estatal del Distrito Federal para el sábado 21, donde se elegirán a los candidatos a jefes delegacionales y asambleístas.
Respecto de cómo será el saldo de las elecciones intermedias para el PRD, Navarrete comentó que espera obtener por lo menos el porcentaje histórico del partido en elecciones intermedias, de 15.6%.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Docentes, policías, ciudadanos, transportistas. En Oaxaca todos protestan, incluso los niños toman las calles para quejarse de sus maestros paristas.
En Oaxaca todos protestan contra todos. Lo hacen los maestros del CNTE, que tienen tomados desde meses edificios públicos inconformes por la reforma educativa.
También los policías estatales, amotinados desde hace dos semanas en un cuartel policiaco reclamando mejores salarios.
No se diga los transportistas y los taxistas que se enfrentan de manera violenta en las calles de esta ciudad del sur de México.
El colmo de las protestas ocurrió ayer cuando escolares de un pueblo de Oaxaca, San Jacinto Amilpas, salieron a las calles para protestar contra sus maestros paristas que tienen tomadas sus escuelas en la localidad de San Jacinto Amilpas.
El grupo de alumnos de secundaria, primaria y preescolar tomaron una de las la calle ubicadas frente al Poder Judicial de la Federación para exigir a las autoridades el desalojo de los profesores paritas.
Los niños protestan en contra de la protesta de sus profesores.
Hoy en Oaxaca –a cargo del gobernador Gabino Cué- lo que impera es el caos, el desgobierno y la impunidad.
El día ayer se cumplieron 17 días el amotinamiento que mantienen policías estatales de Oaxaca que protestan para mejorar sus salarios y prestaciones.
Los agentes policiacos –que algunos estiman en 2 mil efectivos- están atrincherados desde el 30 de enero en un cuartel policiaco de Santa María Coyotepec.
El día de ayer se venció el ultimátum que fijó el gobierno de Gabino Cué para que los policías levantaran el paro y se presentaran a trabajar en las instalaciones del estadio de futbol Benito Juárez.
Muy pocos lo hicieron.
El Gobierno de Oaxaca ha advertido que iniciará un procedimiento para sancionar a los policias “paristas”, que ayer continuaban con el control de las instalaciones policiacas e incluyendo armando y equipamiento.
En un intento por resolver el conflicto, el gobierno de Cué anunció el incremento de un 10 por ciento en los sueldos que reciben los elementos policiacos.
Hay una fuerte tensión en estos momentos en Oaxaca por la posibilidad de un desalojo violento de la protesta de los policías.
La semana pasada la Policía Federal intentó un desalojo de las instalaciones tomadas por los efectivos estatales, sin embargo la acción dejó varios heridos y enfrentamiento a balazos entre los elementos.
Miguel Ángel Muñoz, vocero del estado de Oaxaca, ha dicho que buscan una solución pacífica de este conflicto que ya se prolonga por más de 2 semanas.
Hasta anoche el cuartel seguía tomado por los policías “paristas”.
La mesa de negociación, en la que participa Arturo Peimbert, defensor de derechos humanos de Oaxaca, no ha logrado que los agentes estatales levanten el paro.
En las dos semanas en que los policías no han estado en las calles se han registrado en Oaxaca 11 ejecuciones sin que las autoridades policiacas hayan intervenido.
La vigilancia en Oaxaca en estos días de paro ha estado cargo de agentes de tránsito, que han tomado las funciones de seguridad que dejaron los elementos policiacos.
El conflicto con los policías se suma a las movilizaciones que a diario en Oaxaca realizan profesores del CNTE, que la semana pasada llevaron a cabo el plantón de tres días en la Ciudad de México en avenidas como Paseo de la Reforma para protestar en contra de la reforma educativa.
Los transportistas también están inconformes.
Ayer miembros de la Alianza Mexicana d Transportistas protestaron contra el alza en el combustible y la orden de renovar su flotas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Casi la mitad de los presos en el país no reciben visitas durante su estancia en la cárcel. El vergonzoso sistema de revisión a las mujeres, los engorrosos trámites y la corrupción orillan al detenido a resignarse a purgar su sentencia sin el apoyo directo de su núcleo social.
La sobrepoblación, el disimulo de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) y la falta de modernización en políticas de prevención y readaptación social, han hecho del sistema penitenciario mexicano uno de los más terribles del mundo.
Las cárceles en el país se han convertido en verdaderas zonas del olvido.
De acuerdo a datos oficiales del sistema penitenciario federal y de los estados, de los 327 mil 479 presos, entre hombres y mujeres, que se registran en México poco menos de la mitad reciben visitas frecuentes de familiares y amigos.
Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal, de la población carcelaria que abarrota los centros penitenciarios federales del país, solamente el 14 por ciento mantiene visitas familiares constantes.
El 32 por ciento recibe visitas de familiares en forma esporádica, el 11 por ciento de los presos son visitados en forma muy escasa y el 43 por ciento se considera abandonado por sus familias.
En las cárceles de jurisdicción estatal, la historia no es distinta. El abandono de los presos por parte de sus familias es notorio. Solo el 55 por ciento de los internos reciben visitas de familiares y amigos en forma regular.
El 28 por ciento de los presos reciben visitas en promedio cada 2 a 5 meses, mientras que el 18 por ciento de la población carcelaria se considera abandonado.
Cárceles Federales
14%
de los presos mantiene visitas familiares constantes
32%
de los reos recibe visitas de familiares en forma esporádica
11%
de los presos son visitados en forma muy escasa
43%
de los reclusos se considera abandonado por sus familias
Cárceles Estatales
55%
de los internos recibe visitas de familiares y amigos en forma regular
28 %
de los presos reciben visitas en promedio cada 2 a 5 meses
18 %
de los reos se considera abandonado
Sentencia en solitario
El abandono de los presos en México es propiciado por el propio sistema carcelario. El vergonzoso sistema de revisión a las mujeres, los engorrosos trámites para permitir visitas y la corrupción en la mayoría de las cárceles -en donde se cobra el acceso a las visitas- terminan por orillar al recluso a resignarse a purgar su sentencia sin el apoyo directo de su núcleo social.
A diferencia de las cárceles federales, en las prisiones estatales, el abandono de las familias a los internos se atribuye a la falta de recurso.
El 98 por ciento de las familias que son contactadas por el Departamento de Trabajo Social de las cárceles argumentan no tener recursos para visitar a su interno.
En las cárceles federales, es el propio sistema el que se encargar de desalentar a la familia a la deserción, mediante un trato violento y ofensivo a las visitas. Las revisiones denigrantes y excesivas son lo de menos.
El sistema penitenciario federal -las cárceles que fueron creadas para albergar a los presos con menor posibilidad de readaptación social y más elevado nivel de peligrosidad para la población-, alberga en sus 12 penitenciarías de máxima seguridad a 57 mil 793 internos, la mayoría de ellos acusados de delitos narcotráfico y delincuencia organizada.
Otros 229 mil 361 internos están confinados actualmente en 443 cárceles de mediana y mínima seguridad, bajo la tutela de los gobiernos de los estados. En el Distrito Federal operan 10 centros penitenciarios que albergan a una población estimada en 40 mil 325 internos, entre hombres y mujeres.
En ninguna de las cárceles de México existe un programa que aliente a los familiares de los internos a visitarlos en prisión. La CNDH ha recibido casi 73 quejas de familiares de internos tan solo en los últimos 24 meses.
Aseguran que se les niega la visita familiar, pero la dependencia ha sido omisa. Tampoco se ha querido atender el problema de maltrato al interior de las cárceles federales.
Las temibles Zonas de Olvido
Las Zonas del Olvido, a las que en el código de la cárcel se les nombra como ZO, no existen oficialmente dentro del esquema penitenciario mexicano, pero son áreas que operan en todas las cárceles del país, incluidos los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).
Allí son enviados todos los reos que más allá de representar un riesgo a la población de presos, ya son un estorbo a los administradores de carcelarios.
Las ZO de las cárceles estatal son áreas por lo general ubicadas en un extremo de la prisión, en donde no hay vigilancia de cámaras y la presencia de los custodios es mínima.
El número de celdas oscila entre 5 a 12, y por lo general están sobrepobladas. Se carece de servicios de agua y drenaje. No hay posibilidad de servicios médicos y se permite que prevalezca la ley del más fuerte.
A diferencia de las cárceles estatales, en los CEFERESOS las ZO son también llamadas áreas de “Tratamientos Especiales”. Ahí son módulos de 8 celdas. Los allí confinados pasan las 24 horas del día encerrados. Durante todo el día no hay actividades recreativas ni de distracción. Está prohibido hablar. Los reos no tienen acceso a una vista más allá de las cuatro paredes que se alzan en un espacio de 3 por 2 metros.
Los reos que son enviados a las Zonas de Olvido, en cualquier cárcel de México, no tienen ningún tipo de comunicación libre con el exterior. Se les restringe el derecho al contacto con sus familias a una llamada telefónica, monitoreada –escuchada por los guardias penitenciarios- cada 15 días. El correo es permitido previa revisión del área de custodia.
A la fecha, las cárceles federales del país en conjunto enfrentan al menos 654 amparos contra incomunicación de sus presos. En los últimos 5 años, los jueces han otorgado la protección de la justicia en al menos 159 casos, para que los reos federales no sean privados de su derecho a la comunicación, pero las direcciones de los CEFERESOS no acatan la disposición, bajo el argumento de la máxima seguridad de la prisión.
Actualmente, al menos 2 mil 178 reos federales y estatales viven en Zonas de Olvido, la mayoría de ellos a causa de su conducta violenta o reincidente en algunos delitos cometido dentro de la prisión.
Existen presos dentro del sistema penitenciario nacional –principalmente en las cárceles federales- que ya han roto cualquier tipo de récord en materia de aislamiento. En algunos casos hay presos que tienen de 10 a 15 años sin estar en contacto físico con algún familiar o amigo.
La mayoría de los internos que se suicidan o mueren dentro de las prisiones de México, al menos así lo revelan las cifras de los últimos dos años, son los reos que están asignados a las Zonas de Olvido. En las cárceles federales, las agresiones provienen de los propios custodios.
Zonas de Olvido
> Por lo general están sobrepobladas
> Se carece de servicios de agua y drenaje
> No hay posibilidad de servicios médicos
> Se permite que prevalezca la ley del más fuerte
> No tienen ningún tipo de comunicación libre con el exterior
> Se les restringe el derecho al contacto con sus familias a una llamada telefónica, monitoreada, cada 15 días
> El correo es permitido previa revisión del área de custodia
Olvidados entre los olvidados
Otra forma de olvido son los presos que son enviados a los centros de rehabilitación psicosocial, donde el trato es inhumano para aquellos reos que sus conductas diarias son motivadas por una disfunción en su proceso de pensamiento y que no pueden ser sometidos a un tratamiento de readaptación social “normal”.
Solo en el Distrito Federal, en el Centro Varonil de Rehabilitación Social (CEVAREPSI) se tienen una población de 349 internos, quienes actúan fuera de la realidad, tras haber perdido la razón. El dato medular de estos reos no es en sí la perdida la razón, si no el momento en que la perdieron.
La mayoría de los internos del CEVAREPSI perdieron la razón estando en prisión. Los primeros meses de aislamiento o de tratamiento en áreas especiales de las cárceles del Distrito Federal hicieron que esos internos se desconectaran de la realidad, haciéndose candidatos a un tratamiento formalmente especial.
Se han detectado casos en los que la autoridad penitenciaria ha decidido el traslado de internos del fuero común al CEVAREPSI tras detectar actos de violación tumultuaria en contra de algunos de los recién llegados, quienes no fueron valorados en forma adecuada y fueron internados en pabellones violentos por decisiones administrativas.
De los reos que se encuentran internados en el CEVAREPSI, solamente el 8 por ciento de ellos recibe la visita de sus familiares. Un 92 por ciento de los internos en ese centro se considera “no apto para el trato social” por disposición médica. Hay presos que ya tienen 8 años en esa condición, y aún le quedan por cumplir al menos 20 años de prisión.
En el ámbito federal, el Centro Federal de Readaptación Psico Social (CEFEREPSI) es la instancia que alberga a los reos federales afectados de la psique.
Actualmente ese centro federal mantiene una población de 477 internos. El 90 por ciento se encuentran en el olvido por parte de sus familiares. Las visitas en esa cárcel federal a los reos se dosifican con mayor rigurosidad que en los otros centros federales, toda vez que a la valoración del CTI, se le debe agregara la opinión psiquiátrica y del área de custodia y seguridad.
Los Consejos Técnicos Interdisciplinarios
La decisión de mandar a un reo a la Zona del Olvido, siempre y cuando cumpla con los cuatro requisitos fundamentales para ello, que son: ser sentenciado, reincidente, violento y sin visitas, no depende de una sola persona. Ni siquiera un juez es el que determina sobre ello. Es un grupo de funcionarios carcelarios los que deciden la vida de un reo dentro de la cárcel.
El llamado CTI –Consejo Técnico Interdisciplinario- sesiona al menos dos veces por semana en los CEFERESOS, en las cárceles estatales sesiona una vez cada 15 días.
Allí se toman acuerdos entre los encargados de las áreas de la cárcel para decidir a qué reo se le envía a aislamiento permanente. El aislamiento puede ser solo un castigo temporal, pero por lo general, y en la mayoría de los casos, es una decisión permanente.
En las cárceles federales, no importa que el reo no cumpla con el requisito de ser sentenciado antes de ser enviado a aislamiento. Los procesados reciben el mismo tratamiento que los reos sentenciados. De hecho, las estadísticas oficiales apuntan que actualmente en los CEFERESOS son más los reos procesados que se mantienen en “tratamientos especial” frente a los reos con sentencia firme.
También corresponde al CTI -el que asume funciones propias de los jueces bajo cuya responsabilidad se encuentran los reos procesados- determinar las condiciones de vida dentro de la cárcel para los reos que violentan el reglamento de la prisión en la que se encuentren.
En los CEFERESO el CTI impone actualmente sanciones de aislamiento que van de 10 hasta 130 días a los reos violentos. El castigo del asilamiento se puede repetir indefinidamente cada vez que se vence el plazo.
Por la aprobación de los integrantes del CTI pasan las solicitudes de mejora intra carcelaria de los reos, las que con frecuencia son negadas. Pasando por encima de los jueces, los miembros del CTI son los autorizan servicios médicos, traslados, alimentación, actividades de esparcimiento, acceso al trabajo, tratamientos especializados de psiquiatría, atención geriátrica y hasta derecho a la visita familiar –incluyendo la visita íntima- para los reos.
El 98 por ciento de los amparos que presentan los reos, al considerar que sus garantías individuales se han violentado dentro de la prisión, marcan como autoridad responsable a los CTI, sobre los cuales, pese a que en el 37 por ciento de los casos los jueces han dado la razón a los reos, la CNDH no ha emitido una sola recomendación contra esa instancia. Tampoco ninguna judicial en el país ha dictaminado como ilegal o legal la figura de la CTI dentro del sistema penitenciario de México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: “No se puede quedar aquí señora, su vida corre peligro”, dijo amablemente un policía del Distrito Federal a Regina Gómez Dantés, la madrugada del pasado viernes. Ante la mirada incrédula de la mujer, el uniformado precisó: “Un coche la puede atropellar o alguien que no está de acuerdo con usted le puede hacer algo”.
La mujer de 55 años y cuerpo delgado estaba sola frente a la embajada de Estados Unidos en México, ubicada sobre el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.
En sus manos sostenía una cartulina, cuyo mensaje repudiaba el asesinato del mexicano Antonio Zambrano Montes a manos de la policía de Pasco, en Washington, el pasado martes 10.
Tres días después, el lunes por la madrugada, la mujer volvió al mismo sitio, con el mismo cartel. “¿Llamó a más gente? ¿Van a venir más?”, le preguntaron preocupados los policías.
Ella los miró a través de sus lentes y les contestó: “No, soy ciudadana mexicana y estoy expresando mi opinión sobre lo que pasó en Estados Unidos, que se me hace bestial”.
Gómez Dantés, quien se definió como “la reaccionaria” de su familia por su forma de vivir, vestirse, hablar –se le escapa el “o sea” a cada rato– y por entregar su “voto útil” al candidato presidencial Vicente Fox en 2000, aseveró que se plantó ahí para “sacar todo de mi sistema: el cinismo, la impunidad, la corrupción… Quizá la edad me hace más sensible”.
También regresó este martes con dos banderas de México colgadas en su espalda como símbolo de que “en este lugar se necesita ayuda”.
Pero a diferencia del viernes, esta vez un pequeño grupo de granaderos la rodeó. Su jefe, “muy alterado”, le dijo que no podía estar ahí. Ella les exigió presentar un reglamento, un código o cualquier documento que se lo prohibiera.
El jefe perdió la paciencia, así que cuatro mujeres –una “muy agresiva”– la obligaron a trasladarse hacia la banqueta central de la avenida, poniendo un carril de automóviles y una ciclovía entre ella y el edificio sede en México de la mayor potencia mundial.
La cartulina de Regina Gómez tenía dos consignas, una de cada lado. La primera, en español, decía: “¡Qué vergüenza Enrique Peña Nieto, (canciller José Antonio) Meade, a todos ustedes! No saben pelear por los paisanos. Ambos gobiernos facilitan todo a los familiares. Pero el asesinato ha quedado sin consecuencia. ¿Y los otros 69? Beasts, brainless, murderers (Bestias, sin cerebros, asesinos)”.
La otra, en inglés, planteó: “Ustedes son asesinos, bestias. Obama: te estás poniendo ciego y eso te hace cómplice. Más de 70 mexicanos asesinados por la policía estadunidense. Ni uno de ellos ha sido arrestado, juzgado, sentenciado, multado, suspendido. Hubiera sido un ciudadano estadunidense asesinado por un policía mexicano en plena luz del día, ustedes hubieran enviado su ejército entero”.
Impulsiva
Cuando vio el video del asesinato de Zambrano Montes el pasado jueves, casi no pudo dormir. “Me dije: ¡Órale, vámonos! Y a las seis estaba aquí”, recordó con tono rápido, Regina “Impulsiva” Gómez, como ella misma se presentó.
El viernes, el lunes y hoy permaneció frente a la embajada de las seis a las diez de la mañana. Si bien pasaron miles de personas por este tramo de la avenida, ni ella ni su cartel recibieron gran atención. Sólo algunos le mostraron señales de apoyo y de aprobación.
Hoy un joven con traje, camisa y corbata “a la súper moda”, no mayor de 23 años de edad y con el cabello levantado, le gritó: “¿No tiene más que hacer, señora?”. La policía a su lado aprovechó el evento: “Hágale caso al joven”.
Ella respondió: “Es muy triste que al joven, que a lo mejor mañana va a estar en el gobierno, o (se ríe) en la Cancillería como embajador, le valga gorro el asesinato de un mexicano en otro país. ¡Está joven! Muy respetable su opinión, pero me entristece”, explicó.
Regina se dijo indignada por la reacción del gobierno mexicano quien el mismo jueves condenó el asesinato “de manera enérgica” –aunque en un comunicado– y propuso ayuda a la familia de la víctima.
“Cumplió con los mexicanos como si fuera un trámite. ‘Vamos a decir que condenamos’, y ya. O sea, no hace nada. Ante un asesinato, hacen una condena enérgica. Es todo”, lamentó.
–¿Qué hubiera sido preferible?
–Podrían ir a la ONU, ante la corte de La Haya, llamar a otros países para condenar, ¿no? Si el asesinato hubiera sido en México a plena luz del día, hubieran llamado a todo el mundo para decir que México es un país bárbaro, salvaje.
Estela del cansancio
El video en el que los policías de Pasco dispararon a muerte a Zambrano sorprendió a Regina Gómez en medio de otra iniciativa: desde hace dos semanas, todos los días se despierta a las 05:30 de la madrugada –excepto miércoles y fin de semana–, para ir de su domicilio en Mixcoac hasta la Estela de Luz, frente a las rejas del Bosque de Chapultepec.
En ese lugar saca un rotafolios de 25 fojas en el que escribe “todo lo que me tiene hasta aquí del país, del gobierno, de los mexicanos: la corrupción, la impunidad, la falta de justicia para los pobres o un metal mal cortado en la banca que hace que ¡Bolas!, me caigo”, explicó.
Ahora Regina Gómez se enfrenta a un dilema entre su rotafolios y su cartel. “Estoy pensando en ir dos días allá, dos días acá”, dijo pensativa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE (REPORTAJE ESPECIAL).
PUEBLA, Pue: El asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marcel Chalreo, anunció que llevarán los casos de presos políticos de Puebla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos de manifestación y de expresión que ha cometido el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Chalreo acudió a los penales de San Miguel y de Cholula, donde se encuentran encarcelados algunos de los líderes sociales, entre ellos el dirigente de la Unión Popular 28 de Octubre, Rubén Sarabia, Simitrio; el alcalde auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes, y el abogado Adán Xicale.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Río de Janeiro, Brasil, dijo que también visitó a otras personas encarceladas en Oaxaca y Guerrero por participar en luchas y movimientos sociales.
En el caso de Puebla, Chalreo calificó el caso del líder de los vendedores ambulantes, Rubén Sarabia, como un encarcelamiento “arbitrario, anticonstitucional e ilegal”.
Simitrio fue encarcelado el 19 de diciembre, supuestamente por violentar su preliberación, pero ya cuando estaba en el reclusorio le abrieron otros procesos judiciales, entre ellos uno por narcomenudeo.
No obstante, su encarcelamiento se atribuye a que la organización 28 de Octubre se sumó a las marchas para protestar contra la represión en Chalchihuapan, el encarcelamiento de opositores a un parque en Cholula y contra los cambios legislativos que afectaron a las Juntas Auxiliares.
El abogado brasileño manifestó que en los casos que reportan en esta entidad ha podido confirmar que se trata de una situación “gravísima”, donde el gobierno cometió violaciones a los derechos civiles de manifestación y expresión, que ocasionaron que decenas de personas se encuentren actualmente en la cárcel o sujetas a procesos judiciales.
Además de expresar la solidaridad de las organizaciones con los activistas poblanos, indicó que su tarea en Puebla es preparar un informe que derive en denuncias en instancias internacionales para que intervengan a favor de la liberación de personas que han sido encarceladas de manera injusta.
“La primera iniciativa será presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero si es necesario elevarlo a Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo llevaremos”, precisó.
Una vez que se fundamenten los casos que se han presentado en esta entidad, señaló que la CIDH podría iniciar un juicio administrativo y emitir una condena en contra del gobierno mexicano, que es firmante del Pacto de San José Costa Rica.
Aparte, Rita Amador, esposa de Simitrio, dijo que también llevarán el caso del líder de la organización 28 de Octubre ante Amnistía Internacional, por todas las violaciones que se han cometido en su reaprehensión y en la fabricación de delitos en contra de Sarabia y de su hijo, como una forma de castigar la solidaridad que mostró la organización con los movimientos sociales de Puebla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto eximió de toda culpa a elementos de la Marina, Ejército y Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, e insistió que se trató de un hecho cometido por “el crimen organizado en colusión con autoridades locales”.
En respuesta a las preguntas sobre el tema que enviaron diputados federales al Ejecutivo el pasado 6 de noviembre, como parte de su segundo informe, el mexiquense aclaró que las fuerzas federales actuaron 10 días después de los hechos, cuando el gobierno de Guerrero solicitó su ayuda.
“La Procuraduría General de la República (PGR) no pudo atraer la investigación hasta que así lo solicitó el gobierno del estado”, respondió Peña a través de la Secretaría de Gobernación.
En el segundo párrafo del texto sostiene que los hechos “realizados por el crimen organizado en colusión con autoridades locales” han generado indignación entre los mexicanos, y “en respuesta el gobierno ha redoblado sus esfuerzos para garantizar la plena vigencia del estado de derecho”.
Una de las medidas, recuerda, es crear policías estatales únicas, “lo que permitiría pasar de más de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal”.
En el documento, Peña Nieto también destaca que envió una iniciativa “para facultar” al Congreso a expedir una “ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”. Lo que se busca con ella es actuar “de manera oportuna y temporal” cuando existan indicios sólidos de que existen autoridades locales involucradas con el crimen, apunta.
Luego destaca la inexistencia de una ley sobre la desaparición forzada: “Debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la PGR, relacionadas no sólo con el asunto de Iguala, sino con otros asuntos similares en proceso de investigación, se están aplicando los protocolos internacionales en cuanto a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas”.
Con esas declaraciones el Ejecutivo federal pretende convencer a los legisladores de que su gobierno no ha tenido descuidos en cuanto a la falta de protocolos aplicados sobre desaparición forzada, “por lo tanto no se considera que exista omisión alguna”.
A la vez que llegó la respuesta de Peña Nieto a los legisladores, el pleno de la Cámara exhortó a la Comisión de Justicia para que inicie el análisis y discusión de diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada se han presentado en la actual legislatura.
Niegan información Tlatlaya
En el segundo caso más grave de violaciones a los derechos humanos ocurrido en 2014, la PGR rechazó informar sobre ese tema a la comisión especial que indaga la ejecución sumaria de al menos ocho personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.
El director de Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la dependencia, Jorge Nader, se negó a proporcionarle información a Margarita Tapa Fonllenm, presidenta de la comisión e integrante del PRD, quien solicitó información sobre los militares que participaron en los hechos.
El funcionario estableció que las investigaciones sobre el caso Tlatlaya “son de carácter no sólo confidencial, sino reservado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Retiene y condiciona la entrega de su quincena a trabajadora de Fundación UNAM. Le exigió llenar el Formato EDD, usado para prevenir lavado de dinero y financiamiento ilegal.
Recibir un salario de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso bajo la lupa de Banamex, el intermediario que paga la nómina de esa institución, a una trabajadora que, por lo pronto, se quedó sin salario por decisión del banco.
Banamex sometió a controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como los que aplica a personas políticamente expuestas, a una trabajadora de la Fundación UNAM que este martes acudió a retirar a la ventanilla de una sucursal 9 mil pesos, el pago de su quincena.
Cada quincena retiro toda mi nómina del banco porque en el pasado tuve problemas al hacerlo en el cajero automático, que en alguna ocasión me dio menos de lo debido, dijo la trabajadora de la Fundación UNAM, que pidió no ser citada por su nombre.
Cuando estaba en la ventanilla, el cajero puso de repente cara de sorpresa, me dijo que había un problema y me pidió que pasara al área de atención al cliente, añadió.
Lo hizo. La responsable de atención al cliente de la sucursal introdujo los datos de la trabajadora en el sistema informático. Hay un candado que impide completar la operación, le informó. Tiene que llenar un formato y, si todo está bien, podrá retirar su dinero en 72 horas, añadió la ejecutiva bancaria.
El documento que recibió la trabajadora de la Fundación UNAM –que tiene entre sus patronos a Alfredo Harp Helú, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banamex– es conocido como Formato EDD. Es un documento utilizado para los procesos de identificación de clientes y forma parte de las prácticas del banco para evitar y prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o ser utilizado para movilizar recursos de origen ilícito por parte de personas políticamente expuestas, es decir, altos funcionarios del servicio público.
Hasta el cierre de la edición, Banamex no respondió a una solicitud de este diario para que expusiera su versión.
Para poder retirar el pago de su quincena, la trabajadora de la Fundación UNAM fue requerida de proporcionar al banco, según el formato que posee este diario, información como nombre completo, número de cuenta y de teléfono, que Banamex ya debería tener, puesto que se trata de una de sus clientas.
Adicionalmente, debe entregar información precisa sobre: fecha, nombre, país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, número de teléfono y domicilio de sus dependientes económicos. En el formato que debe llenar para poder retirar su quincena, el banco pide que identifique el nombre de la empresa donde labora (otro dato que debe tener, puesto que se trata de un pago de nómina), antiguedad, domicilio del empleador, teléfono de oficina; informar al banco si tiene alguna otra actividad económica y si la cuenta va a ser utilizada para manejar recursos de alguna embajada, consulado o misión diplomática.
En el formato la usuaria debe dar al banco puntual cuenta del origen de sus ingresos y patrimonio; sus inversiones, si ha recibido una herencia o vendido alguna propiedad.
Todos esos datos para retirar el importe de su quincena.
Tengo la cuenta Perfiles de Banamex desde hace cuatro años. Sólo la utilizo para recibir mi salario de la Fundación UNAM, aunque tengo también tarjetas de crédito de Banamex, dijo la trabajadora.
“Hoy (ayer) que fui como cada quincena a retirar mi sueldo me dijeron que había un problema, que debía llenar el formato y esperar 72 horas para poder disponer de mi dinero y eso si ‘todo estaba bien’, como me dijeron en la sucursal”, narra.
Además me dijeron que personal del banco va a ir a investigarme a mi casa. Me pregunto: ¿para qué quieren hacerlo? y si legalmente pueden hacerlo, expuso.
La trabajadora aseguró que al comunicarse con personal de Banamex que lleva las cuentas desde donde se distribuye la nómina de la Fundación UNAM, fue informada de que el procedimiento al que fue sometida será aplicado a todos los cuentahabientes.
El banco, al no ser el empleador de la trabajadora, no cuenta con facultad legal para retener el salario. Las retenciones salariales sólo pueden ser: por impuestos, seguridad social o pensiones alimentarias, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Pero en todo caso, sólo pueden ser realizadas por el patrón y no por el intermediario para el pago de la nómina.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
OAXACA, Oax: Después de 17 días de amotinamiento, los policías estatales inconformes anunciaron el fin del paro de labores que iniciaron el 30 de enero y que llevó a la renuncia de Alberto Esteva Salinas al frente de la SSP.
Sin embargo, será este miércoles a las 7:00 horas cuando los uniformados entreguen el cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública donde se encuentran 3 mil 434 armas largas y cortas, alrededor de 500 mil cartuchos de diferentes calibres, así como equipo táctico y vehículos de la corporación.
En rueda de prensa realizada esta noche, los policías inconformes confirmaron el fin del paro de labores y, una vez que entreguen el cuartel a funcionarios del gobierno estatal, reiniciarán los patrullajes que venían realizando.
Esta decisión ocurrió luego del ultimátum del gobernador Gabino Cué, quien amagó con iniciar procedimientos administrativos o la baja definitiva si los paristas no se reincorporaban hoy a sus tareas de seguridad.
Hasta las seis de la tarde, el gobierno estatal afirmó que 201 agentes estatales se acogieron al llamado de Cué Monteagudo.
Sin embargo, otro grupo se mantuvo atrincherado en el cuartel de la SSP hasta las 21:30 horas, desde donde anunciaron el fin a su movimiento tras lograr un aumento de 10%.
No obstante, el pago de las quincenas no laboradas y la cancelación de órdenes de aprehensión quedaran a criterio de las autoridades.
Por ello la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dio por concluida su etapa de mediación y anunció que pasará a una etapa de revisión del caso, a fin de emitir un informe especial sobre las condiciones en que operan las fuerzas de seguridad pública en la entidad.
El ombudsman aclaró que decidió intervenir al percatarse de que el paro policial podría escalar en gravedad, inclusive hasta poner en riesgo la paz social en el estado, luego de los enfrentamientos entre las policías Estatal y Federal, que dejaron alrededor de 10 heridos, ocho detenidos y cinco retenidos.
El gobierno estatal mencionó que los elementos que atendieron este exhorto suscribieron una carta compromiso, “donde aceptan ceñirse a la legalidad y acatar lo dispuesto en la Constitución General de la República, en la particular del estado, así como la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
MÉXICO, D.F: Expreso mis reflexiones y divergencias en torno al artículo de Armando Bartra Votar o no votar: ¿he ahí el dilema? (La Jornada, 8 de febrero de 2015). Coincido con el breve diagnóstico que inicia su texto, al considerar que el gobierno de Peña Nieto ha colapsado.
No creo que pueda sustentarse, en cambio, que la renuncia del presidente haya sido la “bandera más flameante” del movimiento nacional por la vida de los jóvenes de Ayotzinapa.
Más bien constituyó una consigna que cobra fuerza entre algunos contingentes que participan en las marchas solidarias, la cual no necesariamente se formula como una demanda orgánica de los padres, normalistas y maestros de Guerrero, quienes se han centrado en la aparición con vida de los 43 jóvenes estudiantes, en el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, en la exigencia de investigar a los militares y al entorno político más allá de Iguala y Cocula.
Tampoco puede afirmarse que una demanda generalizada del movimiento surgido en torno a la normal de Ayotzinapa sea no votar. Muchos agrupamientos sociales y comunidades en Guerrero y en el país, eso sí, han decidido instalar gobiernos autónomos que respondan a los intereses de los pueblos.
No puede afirmarse, como lo hace Bartra, que el movimiento en favor de una nueva Constitución está compuesto de “personajes principalmente de la izquierda eclesial”. Quienes asistimos el 5 de febrero a la reunión que echó a andar un proceso en esa dirección pudimos constatar la variedad de organizaciones y personas que participan en el esfuerzo, donde se distinguió la intensa actividad de numerosos jóvenes procedentes de todo el país. Identificarla con una asamblea de un “comité de honorables”, de “personalidades esclarecidas”, de “minorías politizadas”, de “vanguardistas doctrinarios”, es una falta a la verdad. Hubo un presídium conformado por personas conocidas públicamente, pero también por representantes de organizaciones y de numerosos estados de la República. El diagnóstico que se expuso en la reunión sobre el Estado mexicano fue fundado básicamente en la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (enelvolcan.com/ número 34, noviembre-diciembre de 2014), en la que se sostiene la existencia de un desvío de poder que da lugar a un Estado criminal.
Dicho cuestionamiento al Estado y a sus corruptas y desfondadas instituciones es considerado por Bartra una “radicalización discursiva” y, todavía más, señala que éste “cuestionamiento integral” al sistema político mexicano dio un supuesto “respiro a Peña” y un “segundo aire al sistema”. Lo paradójico es que la Constituyente no ha planteado, como tal, una posición de boicot a las elecciones, e incluso ese punto del debate se dejó para que tuviera lugar en marzo.
No obstante, el enojo y regaño que proyecta esa interpretación radica en que el movimiento de padres, estudiantes y eventuales constituyentes, de acuerdo con Bartra, no va en la dirección políticamente correcta para el cambio de régimen: esto es, la combinación de elecciones y movilización social, como ha ocurrido –se afirma– en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, no se hace un análisis de mayor calado para explicar lo realmente acontecido en estos tres casos, esto es, las previas y francas rupturas del sistema político imperante por la irrupción de masivos movimientos indígenas, revoluciones ciudadanas o de naturaleza cívico-militar que desde abajo impusieron nuevas reglas del juego y se trasformaron, con esa fuerza inicial, en poderosas y enraizadas opciones electorales.
Además, no todos los procesos electorales tienen un carácter decisivo. Las elecciones de este año en el México de los crímenes de Estado son elecciones intermedias que evidentemente no traerán un cambio notable en la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales, gubernaturas y otros cargos de elección popular. Tampoco se vislumbra una transformación de la naturaleza autoritaria, clientelar, corrupta y tramposa del sistema electoral mismo, con la coacción de la ciudadanía por patrones y sicarios, la compra del voto con dinero en efectivo, despensas, cemento o tarjetas de prepago, las encuestas que no miden sino norman intenciones de voto, la dictadura mediática que construye y destruye candidatos y que, de paso, se embolsa exorbitantes sumas de dinero; además de las autoridades y tribunales electorales omisos a cumplir con sus obligaciones y cómplices de esas prácticas de corrupción extendida y masiva.
Es verdad que no se trata de renunciar a ninguna forma de lucha social, incluyendo la electoral, ni al partido como instrumento organizativo al servicio de la trasformación social, siempre y cuando elecciones y partido tengan en los trabajadores y los pueblos su propósito y razón de ser. El fallecido presidente Hugo Chávez participó en los múltiples procesos electorales con abiertas posiciones socialistas, que refrendó en el último periodo 55% del electorado, con 80% de participación ciudadana.
Bartra subraya la falta de coordinación entre movimientos sociales y organizaciones electorales, como si no existiera en México una historia de varias décadas de luchas democráticas que establecieron por la vía del voto “gobiernos de izquierda” en varios estados de la República, incluyendo la capital, los que se corrompieron hasta perder su fisonomía, e incluso sus principios fundacionales, y no se distinguieron precisamente por ser ejemplos de cambio de régimen (Guerrero, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas); la profusión de críticas se hace como si no hubieran tenido lugar singulares procesos ciudadanos en defensa del voto, administrados finalmente por sus dirigentes en función de sus intereses personales, partidarios o de grupo, olvidando, de paso, los más de 600 muertos del PRD, entre las filas de los más pobres, principalmente.
Las izquierdas electorales mexicanas, pese a las traumáticas experiencias de 1988 y 2006, y sin que mediara una autocrítica sobre su actuación en esas coyunturas, no se organizaron ni tampoco organizaron a la sociedad para revertir el fraude que venía preparándose meses antes de las elecciones de 2012; entrampadas en la institucionalidad de la que forman parte, asumieron nuevamente –sin fundamento alguno– actitudes triunfalistas, mientras sus intelectuales, muchos de ellos ahora en Morena, perdieron el sentido de la crítica hacia su candidato a la Presidencia, sus posiciones equívocas en temas fundamentales y el contenido ambivalente de una campaña salvada no del todo por la irrupción juvenil del YoSoy132, que vino a darle una impronta inesperada. Esa izquierda que se alejó de los movimientos sociales importantes, como el de los pueblos indígenas (al que traicionó), o el que se pronuncia contra la renovada guerra sucia, o el que denuncia la abierta injerencia de Estados Unidos en nuestro país, firmó “pactos de civilidad” en 2012, a sabiendas de que los operativos fraudulentos de Peña Nieto estaban en marcha, y actuó durante la campaña muy amorosamente indulgente con grupos empresariales, clericales y con priistas recientemente conversos, entre ellos nada menos que quien en 1988 operó la “caída del sistema”; y otro caso significativo de acomodo fue el de quien fungió como subsecretario de Gobernación y hoy es gobernador de Tabasco.
Que Andrés Manuel López Obrador “lleva 10 años recorriendo el país, dialogando con la gente y creando una organización de ciudadanos”, como dice Bartra, no me queda duda. La pregunta es si esta organización de ciudadanos se ha enraizado en los movimientos populares y de resistencia, aparte de dedicarse a construir estructuras para el nuevo partido político, con sus eventuales prerrogativas económicas nada desdeñables y sus políticos profesionales que van conformando esa estructura partidaria. Si tomamos en cuenta el perfil de algunos precandidatos, como el secretario de Salud del gobierno de Aguirre, o el del empresario que ha militado en partidos de todo color y que en Morelos pretende ser gobernador por Morena, surgen algunas dudas. Según se ha venido conociendo, en otros estados los precandidatos o candidatos de Morena para las elecciones de este año son empresarios o “personalidades”, “gente famosa”, sin ninguna trayectoria de lucha ni relacionados orgánicamente con ningún movimiento social, mientras las plurinominales serán rifadas “para inhibir la ambición de la condición humana”. ¿Es con este tipo de candidaturas y procedimientos fortuitos que se pretende cambiar al mal gobierno y elegir uno bueno? ¿Que se busca crear poder popular abajo? ¿Es realmente Morena partido-movimiento?
Claro que todos quisiéramos para México potentes organizaciones sociales unificadas a organizaciones políticas que se ganen el apoyo masivo en las urnas porque no abandonan la calle; esta combinación que Bartra considera invencible y visionaria, verso y prosa. Desgraciadamente, no es el caso.
Pero el divorcio no provino del movimiento social que ha estado resistiendo, con muchos costos en vidas humanas, presos y desaparecidos, la criminalidad del poder y el embate de las corporaciones, que incluyen ambos al crimen organizado. La responsabilidad del rechazo al régimen de partidos de Estado, cada vez más extendida, recae en quienes no han sabido ganarse la confianza masiva de la ciudadanía a partir de su compromiso con las luchas populares del día a día, y no sólo para las coyunturas electorales, como la que ahora se aproxima.
Sin esperar a salvadores providenciales, los pueblos se organizan y buscan maneras inéditas de lucha y resistencia. Sin comparaciones que extrapolan situaciones, geografías, personajes y condiciones históricas disímiles, me pregunto: ¿Es realmente el dilema en México votar o no votar en este año 2015? No lo creo. Sin embargo, están en todo su derecho quienes quieren organizarse nuevamente por esa vía, y me refiero especialmente a las bases de Morena, siempre y cuando, se espera, sea por el bien del país y por las transformaciones de fondo que México necesita. El tiempo lo dirá.
En lo que sí coincido plenamente con Bartra es en el clamor que ha dado la vuelta al mundo: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS.
Las anomalías administrativas, así como el amiguismo y nepotismo en que incurrió Yoloxóchitl Bustamante cuando dirigió el Politécnico, no sólo arruinaron su proyecto de reformar la institución: contribuyeron a desatar el conflicto interno que, pese a la renuncia de ella y de 24 directores de plantel, todavía no se resuelve.
MÉXICO, D.F: Como directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez contrató de manera discrecional a su exmarido y a su yerno, asignándoles pagos mensuales muy superiores al salario bruto de los investigadores mejor remunerados de la institución.
Desde el inicio de su gestión, Bustamante recibió una y otra vez observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por prácticas irregulares; fue acusada por investigadores, catedráticos y alumnos de beneficiar a sus allegados con cargos directivos para los que no eran aptos y sus excesos detonaron un movimiento estudiantil que, a cuatro meses de su renuncia, no termina de resolverse.
A través de solicitudes de acceso a la información fue posible obtener los contratos que por adjudicación directa suscribió el Canal Once, la televisora del IPN, con el exmarido de Bustamente Díez, Ernesto Humberto Lammoglia Ruiz.
El caso de Lammoglia no es el único de ese tipo registrado durante la administración de Bustamante Díez. La hija de ambos, Xanat Lammoglia Bustamante, es pareja y socia de José Andrés Amaya Romero, quien fue contratado personalmente por la hoy exdirectora del IPN como asesor.
Xanat y José Andrés son dueños de la empresa Bala Studio, cuya razón social no pudo ser localizada como tal. Dicha empresa se dedica al diseño decorativo cuya peculiaridad es la producción de “muebles eróticos”.
Con una larga trayectoria en la radio, dedicado a dar consejos y presentar temas de salud mental, en abril de 2012 Ernesto Lammoglia salió de Radio Fórmula, donde conducía el programa Lammoglia, la familia y usted. En aquel espacio y en Canal Once se presentó como médico cirujano y especialista en psiquiatría, aunque los contratos no registran profesión ni especialidad.
Al consultar el Registro Nacional de Profesiones, el doctor Lammoglia sólo aparece con cédula de médico cirujano, egresado en 1966 del IPN, pero no hay registro de su especialidad.
Así que el exesposo de Bustamente Díez fue contratado por ella sin especialidad legalmente registrada ni certificación, obteniendo ingresos tres veces superiores a los investigadores mejor pagados del IPN, es decir, los de tiempo completo…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1998 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Después de ser investido como candidato a jefe delegacional en Cuauhtémoc –elección clave en el Distrito Federal– por el partido Morena, el zacatecano Ricardo Monreal tiene claridad en lo que representa esta posición en su carrera política:
“Sé que en este proyecto de Morena me juego todo mi capital político, porque también puede representar mi tumba o, si ganamos y hacemos un buen gobierno, estaremos participando en el 2018 por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal”, indica en entrevista con Apro.
Durante un recorrido por tres colonias de la demarcación días antes de formalizarse su candidatura –acto que se realizó el sábado 14–, Monreal insiste en que tiene claridad en los riesgos en esta contienda.
“Lo que nos motiva y por lo que aceptamos es por un cambio verdadero”, señala al echar mano de una frase del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Enseguida asegura que no participa para obtener un cargo político, sino por la transformación de las instituciones.
“El país está en una profunda decadencia, en una crisis sistémica con una clase política pusilánime, mediocre, corrupta que no está al nivel, a la altura de las exigencias de un país que reclama justicia, combate a la corrupción, que reclama por qué se han profundizado los niveles de desigualdad, pobreza e impunidad”, denuncia.
Luego Monreal destaca los rezagos en la demarcación, que calificó como de abandonos de los delegados, el aumento de la inseguridad pública de manera preocupante y una corrupción desmedida.
“Donde quiera te hablan de la corrupción, de cómo todos los servicios se cobran, limpia, permisos, uso de suelo, seguridad, todo le cuesta al ciudadano, entonces se ha llegado a encarecer mucho el servicio público, y el hecho de que la gente está muy agraviada por todo esto se debe a una desviación de los principios que caracterizan a la izquierda”, acusa.
Contra el clientelismo del PRD
Monreal, quien ha vivido en la demarcación desde hace varios años, asegura que en sus recorridos por las colonias la gente se quejó del uso de programas sociales con fines electorales por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ni siquiera atiende las demandas ciudadanas y, es más, tampoco recibe a los vecinos en los comités perredistas delegacionales.
Luego comenta la importancia de la delegación, que abarca desde el Templo Mayor hasta las sedes del Ejecutivo Federal, Palacio Nacional, jefe de gobierno local, plaza del Zócalo, el Senado, la Asamblea de Representantes, todo el sector financiero y el poder eclesiástico, incluida la Catedral Metropolitana.
Además, casi 50% de monumentos y museos se concentran en esa demarcación que cuenta con 2 mil 600 millones de presupuesto anual, 600 mil electores y por ella transitan diariamente 4 millones y medio de personas. Por eso, considera “clave” esta elección.
No obstante, celebra que perredistas de base se estén sumando a su campaña, así como miembros de Nueva Alianza (Panal), aunque la cúpula de esta última fuerza política ya realizó un acuerdo con el PRD capitalino para ir en alianza tanto en Cuauhtémoc como en Iztapalapa.
–¿Crees que se aliaron por temor a Morena?
–Sí, sin duda. Van a dos delegaciones a frenarnos y obviamente en esas dos demarcaciones hay alianza PRD-Panal. En el pasado me parecería imposible. Hasta el año pasado se sentían muy seguros. Yo creo que se están llevando una sorpresa.
–¿Crees que a Morena le va a ir bien en el DF?
–Yo creo que Morena va a ser la primera fuerza en el DF. Sin duda. Y creo que vamos a salir bien. Es un momento clave para todos. Es como una bola de nieve que se va formando y aumentando cada día. Nosotros vamos a construir una fuerza política sobre los escombros de la corrupción. Vamos a tener que destruir la corrupción que se ha anidado en muchos lugares de las delegaciones porque se han entronizado grupos políticos. No va a ser fácil. –acota.
El apoyo de Torres
A la campaña de Monreal se sumó el exdelegado y asambleísta Agustín Torres después de una fractura con Izquierda Democrática Nacional (IDN), la corriente liderada por René Bejarano, del PRD. Esto, para Monreal, significa que le están pegando “en la espina dorsal” a este grupo perredista.
En entrevista, Torres aclara por qué su rompimiento con Bejarano:
“Siento que ha habido una deformación de todos estos principios. Una pérdida de valores. Y cuándo empiezo a ver esto… Esto ya se descompuso, es el poder por el poder y a repartir el cargo a los amigos”, acusa.
Además de percibir la compra de votos internos o la intromisión del jefe de gobierno Miguel Angel Mancera en este proceso electoral, mediante Héctor Serrano, aspirante a diputado federal, Agustín Torres sostiene que el PRD “ya se perdió”.
También comenta que no quiso ser cómplice del partido. Y en el proceso electoral interno, por la candidatura, acusa, el delegado le cerró el paso y apoyó a José Luis Muñoz.
“Mi preocupación era que si es Muñoz no ganamos. Ya lo medí –en encuestas– y sus negativos son altos”, indicó para agregar que éste se desgastó como delegado. Ahí se dio la ruptura con Bejarano, comenta. Y decidió apoyar a Monreal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para expresarle su preocupación y rechazo por las declaraciones emitidas en un comunicado por parte de la dependencia en respuesta a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) el pasado 13 de febrero.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) entre otras organizaciones, le pidieron a Osorio Chong que se pronuncie públicamente sobre la importancia de las recomendaciones, así como que exprese claramente su voluntad para cumplir con las mismas.
Las organizaciones firmantes aseguran que las recomendaciones emitidas por la ONU “están apegadas a la realidad”.
“Hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas (nacional y transnacional) es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una Ley General contra la Desaparición Forzada”.
El mismo día que la ONU emitió las recomendaciones, la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación emitió un boletín cuyo último párrafo señala:
Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención.
Es por ello que las organizaciones acusan que esta respuesta no sólo no toma en cuenta la realidad, sino que “viene en un contexto de incumplimientos en el proceso ante el Comité”
El Estado mexicano presentó de manera tardía e incompleta tanto su informe inicial como las respuestas a la lista de cuestiones emitida por el CED. La tardanza en la presentación del informe y la ausencia de respuesta a los requerimientos del Comité fueron registradas en el último informe de actividades de este órgano. De igual forma, el Comité ha solicitado hacer una visita a México, solicitud a la que el Estado ha negado respuesta.
Finalmente le piden a Osorio Chong que convoque, a la brevedad, “a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores involucrados, para avanzar el proceso de cumplimiento de las recomendaciones”.
También exigen que se garantice la seguridad de las personas que denuncian casos de desapariciones y haya justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares y que durante el proceso del cumplimiento de las recomendaciones, se garantice la participación efectiva de familiares y organizaciones de la sociedad civil.
MÉXICO SE NIEGA A RECONOCER CRISIS
Este mismo día la organización Amnistía Internacional dijo que la respuesta del gobierno de México al informe del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) revela que no quiere reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos que vive el país y las fallidas estrategias de seguridadrespuesta del gobierno de México al informe del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) revela que no quiere reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos que vive el país y las fallidas estrategias de seguridad.
“El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, en sus observaciones finales sobre México, determinó que las desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes. El CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno”, recordó la organización.
“Sorprendentemente, pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano contestó a las conclusiones al decir que ‘no aportan elementos adicionales’ para abordar el problema”, dijo.
“El gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en relación con estas recomendaciones puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta el país “, manifestó la organización.
“Amnistía Internacional está profundamente preocupada de que la declaración del gobierno implique un rechazo de las recomendaciones del CED. Con más de 23 mil casos no resueltos de desapariciones, muchos de ellos, casos de desapariciones forzadas cometidas por la policía y las fuerzas militares, las autoridades deberían aceptar asistencia especializada y constructiva proporcionada por los expertos de la ONU”.
“El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, en sus observaciones finales sobre México, determinó que las desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes. El CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno”, recordó la organización.
“Sorprendentemente, pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano contestó a las conclusiones al decir que ‘no aportan elementos adicionales’ para abordar el problema”, dijo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1254084.
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