Déficit de credibilidad en el INE, reconoce Córdova

El jueves, representantes de 7 partidos abandonaron la sesión porque 6 de los 11 consejeros evitaron la discusión de reglas para que los programas sociales no se utilicen con fines electorales y los gobiernos ejerzan los recursos públicos con imparcialidad.

Es un momento complicado en el Instituto Nacional Electoral.

Pero hay que asumir que cada vez que arranca un proceso electoral, la intensidad del debate político se incrementa y el Consejo General del INE -donde están representados todos los partidos- no solamente no escapa a ese fenómeno, sino que lo condensa; es un lugar donde las discusiones se dan en público, donde se toman las decisiones del arbitraje electoral, es un lugar refractario de intensidad política, expuso el consejero presidente de ese instituto, Lorenzo Córdova, luego de que el jueves, 7 de los 10 partidos se levantaran de la mesa.

Los representantes de los partidos acusaron al INE de retardar una semana la discusión sobre acuerdos referentes a la imparcialidad con la que deben conducirse los servidores públicos durante las campañas; y otro sobre la gestión  y administración de los programas sociales durante las campañas electorales.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión,  reconoció que, por parte de esos 7 partidos que se levantaron de la mesa, “hay preocupaciones a las que no podemos ser ajenos, no podemos obviar”.

Todo esto ocurre en un contexto en el que el INE tiene un déficit de credibilidad pública, aceptó Córdova. 

“Estoy haciendo lo que puedo”, respondió al ser interrogado sobre si él debería reencauzar el INE.

“Soy el primero, lo dije… que el INE tiene un déficit de credibilidad pública y que el INE tiene que construirse la credibilidad. Y creo que el INE en su rol de árbitro tiene que ser muy enérgico para conducir la vida política, el debate político, particularmente durante las elecciones”, subrayó el presidente del instituto.

Recordó que casos como Pemexgate y Los Amigos de Fox, “con toda la polémica que se abrió, con todas las acusaciones que se le hicieron al IFE por una presunta parcialidad, son también los momentos de mayor fortaleza. Un árbitro tiene que ser un árbitro que centre su fortaleza sin duda en el rigor en la aplicación de la ley, pero también en su inflexibilidad, y por supuesto su no pasividad frente a eventuales violaciones de la ley”.

Es un órgano muy complicado, pero evidentemente “tenemos un tramo de reconstrucción de credibilidad muy importante por procesar”. 

Aseveró que en el INE “quienes tomen las decisiones no deben estar actuando para proteger o validar intereses de alguna de las partes en contienda. No somos, no debemos ser correas de transmisión”. 


No obstante, a los partidos hay que atenderlos, para poder seguir siendo un interlocutor confiable, pero además un árbitro, que es un rol fundamental en el proceso electoral, finalizó Córdova.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Monexgate: no cuadran las cuentas del PRI en 2012

En el TEPJF desconocen qué tipo de gasto representaron los 6 millones 809 mil 718 pesos que se usaron después de la elección presidencial.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron, esta madrugada, que el Instituto Nacional Electoral reúna la información necesaria para determinar qué tipo de gasto representan los más de 6.8 millones pesos erogados por el PRI, después de las elecciones de 2012, a través de las tarjetas Monex Recompensa, cantidad que distribuyó entre el personal que contrató.

“Sin mayor explicación determinó asignar como gastos ordinarios a nivel federal la cantidad dispuesta de los monederos electrónicos con posterioridad a la etapa de campaña electoral sin considerar los gastos que el señalado ente político también erogó para las campañas electorales de esas entidades federativas, por lo que en ese sentido se considera que el ahora Consejo General del Instituto Nacional Electoral de manera fundada y motivada debe señalar el tipo de gasto a que corresponde la diferencia existente entre el monto al que ascendió el gasto para la campaña electoral federal y la cantidad total dispuesta de las tarjetas de prepago, para lo cual deberá tener en consideración los contratos y recibos presentados por el Partido Revolucionario Institucional, en relación a los procesos electorales locales del Distrito Federal y de Jalisco”, expuso el secretario de Estudio y Cuenta, Daniel García Hernández.

Los magistrados avalaron esa instrucción al INE y dieron su punto de vista sobre el tema.

Manuel González Oropeza expuso: “Todos estos gastos que fueron por un monto aproximado hasta de 66 mil 326 millones de pesos aproximadamente, son calificados como gastos de campaña… todos estos gastos se dispersaron en tarjetas… se distribuyeron a las personas de la estructura, como se denomina por el partido, todos aquellos representantes del partido ante las casillas en las labores de capacitación, pero todas al interior del partido… Sin embargo, como bien se dice en la cuenta, posteriormente al día de la jornada electoral la Comisión Bancaria y de Seguros apreció que había siete millones que no se identificaban claramente con los montos aludidos. Y el Instituto Federal Electoral, automáticamente, cargó esos 7 millones a los gastos de campaña federal, pero no encontramos ninguna justificación o explicación de por qué tenía que haberse depositado o cargado hacia la cuenta federal. Por todas estas razones y las que obvio repetir porque ya se dio cuenta de ellas, votaré a favor de este proyecto”.

Constancio Carrasco Daza abundó: “Es muy complejo, lo digo respetuosamente, a partir de un acto jurídico de esta naturaleza que obra en el expediente poder coincidir en que estas cantidades o este flujo de cantidades  que se dispersaron a través de las tarjetas de Banca Monex a la estructura del partido político, cómo coincidir a partir de este acervo probatorio, que fueron o revelaban o podía o puede llegar advertirse un acto de naturaleza distinta al mutuo con intereses y prestación de servicios, concretamente que eso constituía un verdadero donativo o una aportación, porque para que así fuera, debería o no podía determinarse si tenemos un acto jurídico como el que se ofreció en su defensa por el Partido Revolucionario Institucional, eso es lo complejo”.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa sintetizó el asunto: “Los 7 millones que acredita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se dispusieron del 27 de junio al 4 de julio, es eso lo que está resolviéndose, la autoridad electoral lo que hace con esa cifra es considerarla dentro de los gastos ordinarios del partido político aporta a la autoridad administrativa electoral contratos y recibos de su personal operativo o de operación a nivel nacional, por esos 50 millones, equivalente a 50 millones, y con eso reporta y acredita el gasto de los 50 millones para la operación regional. Pero la autoridad electoral determina que esos 50 millones también corresponden a lo que acredita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de disposición con corte al 27 de junio. Aceptado por todos y no controvertido, queda firme. Está acreditado el gasto de 50 millones para la campaña federal, acreditado con contratos y recibos y también acreditado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la disposición de un monto por los 50 millones que se asume que es para la campaña federal…

“¿Qué nos está proponiendo el Magistrado Carrasco y con lo que estoy absolutamente de acuerdo? Instituto Federal Electoral, los 7 millones que tú consideraste ordinarios, en gastos ordinarios y federales, que para mí es un error lo que hizo el Instituto Federal Electoral, para mí es una equivocación que hay que corregir del Instituto Federal Electoral, no tenía por qué ni ponerlos ordinario, sino en campaña, y si ya está acreditado y aceptado que de los 66 millones, 50 fueron para la federal y los 50 millones que se dispusieron en Monex, luego entonces el Instituto Federal Electoral tendrá que corregir y decir que esos 7 millones no son ni de la campaña federal ni gastos, son de campaña, no son ordinarios, pero no son de la campaña federal porque ya los 50 millones que acreditó el partido y que aceptó la autoridad están firmes”. 

Por su parte, el magistrado Flavio Galván Rivera abundó: “La autoridad tuvo por comprobado que el Partido Revolucionario Institucional celebró contratos que ascienden a un total de 50 millones 18 mil 300 pesos, y tuvo a la vista, están en los anexos de los expedientes 32 contratos de prestación de servicios celebrados entre las personas que fungieron como enlaces estatales y que ello fue por un importe de 6 millones 080 mil pesos en el orden federal.

“Por lo que hace a los coordinadores territoriales el partido presentó 11 contratos por un monto de 6 millones 234 mil 400 pesos y 156 contratos de enlaces distritales por un valor de 6 millones 363 mil 900 pesos.

“Por otra parte, presentó 7 mil 184 contratos de representantes generales por un importe de 31 millones 340 mil pesos, que hacen un total de 50 millones 18 mil 300 pesos para la elección federal.

“Por cuanto hace a la elección local se aportó también como elemento probatorio 12 mil 855 contratos con personas que fungieron como representantes de casilla en el procedimiento electoral local en el Distrito Federal, lo cual ascendió a un monto de 7 millones 713 mil pesos.

“Por otra parte, se presentaron 1 mil 038 contratos celebrados con personas que fungieron como representantes generales en el proceso electoral local también del Distrito Federal que ascendió a la cantidad de 2 millones 595 mil pesos, y mil contratos de representantes generales para el proceso electoral local en el estado de Jalisco por un total de seis millones de pesos, lo que hace una cantidad total de 16 millones 308 mil, que sumados a los otros 50 millones dan el total de la cantidad mutuada.

“Esto demuestra de manera fehaciente que el dinero recibido en mutuo se utilizó para pagar los servicios personales de lo que el partido político denomina “su estructura” para la jornada electoral y la etapa de campaña electoral.

“Si esto fue dispuesto a través de tarjetas que se usaron de manera indistinta, no hubo o cuando menos no está acreditado en autos, una clasificación de tarjetas para el gasto federal y tarjetas para el gasto local, son indistintas, es difícil saber exactamente cuánto fue dispuesto para la campaña federal y cuánto para la campaña local en el Distrito Federal, y cuánto para la campaña en el estado de Jalisco.

“Sin embargo, haciendo el total de operaciones para saber de cuánto se dispuso, la Comisión Nacional Bancaria y de  Valores, una investigación que hizo esta institución nos lleva a la conclusión de que al 27 de junio de 2012, fecha en que concluyó la campaña electoral, se habían dispuesto, de los 66 millones, 50 millones 508 mil 891.

“Y ante la continuación de la revisión de la disposición de esos 66 millones, al 4 de julio de 2012 se advirtió un incremento de 6 millones 809 mil 718, para hacer un monto total de 57 millones 318 mil 609″, precisó. 

A su vez, Pedro Esteban Penagos López matizó el tema: “El problema de cómo determinar en qué se gastó la diferencia de los 6 millones de pesos… hay que solamente determinar en qué se aplicó ese remanente de 6 millones 809 mil 718 pesos. Para mí todo está debidamente aclarado, determinado, como mencioné con anterioridad, no se demuestra en el expediente no queda demostrado la coacción o compra de votos, el contrato de mutuo es legal, el gasto está reconocido por el Partido Revolucionario Institucional y no hay otro tipo de financiamiento, desde luego, paralelo al que está reconocido”. 


El magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos precisó que el INE “debe de reclasificar y emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que determine cuál fue el origen y cuál fue el destino de estos 6 millones 800 mil pesos. Esto es la única obligación que se le impone al instituto hoy INE”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desde 2013, la eficacia y la inteligencia contra el crimen va a la baja: ASF

La Auditoría Superior de la Federación determinó que la lucha contra el crimen es cada vez más ineficiente: en 2013, subió el número de casos sin resolver.

El combate al crimen organizado es cada vez más ineficiente: en 2013, subió el número de casos sin resolver, las sentencias condenatorias fueron minoría y más del 90% de las órdenes de aprehensión no se cumplieron.

Son los hallazgos hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras el análisis de desempeño de dos áreas clave en el combate al narcotráfico: la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia  (CENAPI), ambos de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el caso de la SEIDO, la auditoría alertó sobre una baja sostenida de la eficacia para resolver los casos que se inician en los últimos años. De las siete mil 352 averiguaciones que se abrieron en el 2013, solo fueron resueltas dos mil 71, es decir el 28.2 por ciento de los casos.

Un año antes, el nivel de eficacia de la SEIDO para “despachar” las averiguaciones superaba el 30% según los auditores.

A lo anterior se suma el hecho de que de las 781 averiguaciones previas consignadas ante un juez, apenas el 19.5% de ellas terminó con sentencia condenatoria en un juzgado en el 2013.

Los jueces, añade la auditoría, negaron más del 35% de las 363 órdenes de aprehensión que la SEIDO solicitó en el 2013. Peor aún, es que de las 225 que si concedieron, fueron cumplimentadas apenas el 9.3 por ciento.

El tema más preocupante, según el documento, es que la PGR no tiene un indicador establecido para evaluar si el número de órdenes rechazadas es o no un problema.

La ASF emitió cinco recomendaciones a la subprocuraduría para corregir esta situación, las cuales van desde el análisis para identificar las causas en la caída de eficacia y establecer contra medidas, hasta el establecimiento de los indicadores de medición adecuados.

Poca inteligencia

Por separado, se aplicó una auditoría de desempeño al CENAPI, cuya responsabilidad es el análisis de datos y generación de inteligencia que facilite el combate al crimen organizado.

Los auditores concluyeron que en el 2013 el CENAPI generó 781 productos de inteligencia, cifra que apenas representa el 63 por ciento de la meta programada de generar mil 240 documentos de esta naturaleza en ese año.

“Se considera necesario que el CENAPI refuerce sus actividades relacionadas con la generación de productos de inteligencia para fortalecer el diseño de estrategias para desarticular a la delincuencia organizada” establecieron los auditores en su dictamen.

Por otro lado, la auditoría evidenció que de las 8 mil 705 solicitudes de información ordinarias que hizo el Ministerio Público Federal al CENAPI, mil 451 fueron respondidas después de siete días hábiles, situación contraria a la de los protocolos y que atenta en contra de la eficacia de las indagatorias.


Al respecto, el CENAPI informó a la ASF en un oficio fechado en octubre del año pasado, que sus oficinas serán desconcentradas en las 32 delegaciones estatales de la PGR, para que haya una operación más efectiva.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.

Los diputados se repartieron 125 mdp y no explican para qué

La Auditoría Superior de la Federación encontró que dinero destinado a equipar el recinto de la Cámara de Diputados se utilizó para estéticas, obsequios, eventos o el pago de telefonía.

Los diputados mexicanos se repartieron al menos 125 millones de pesos (250 mil pesos cada uno) por concepto de “subvención especial a los grupos parlamentarios”; y otros 193 –asignados a la Cámara de Diputados para la operación y el equipamiento de la sede legislativa–a se utilizaron en conceptos que nada tienen que ver con ese fin, tales como telefonía, la organización de eventos, obsequios, papelería y hasta el pago de estéticas, según encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el Informe de la Cuenta Pública 2013, el órgano fiscalizador señaló que para el ejercicio fiscal de ese año se autorizaron 500 millones de pesos para la conservación de la sede de la Cámara de Diputados, pero 49.2% de esos recursos se gastaron en otras cosas y se desviaron al gasto corriente.

Entre esos gastos se encuentran 47 millones para Comunicación Social, 25 millones para alquileres y arrendamiento, 14 millones para telefonía convencional, 8 millones para eventos, otros ocho para viáticos, seis millones para papelería, 4.6 para alimentos, 582 mil pesos para servicios postales, 89 mil para obsequios o 140 mil pesos para estética y peluquería.

Pero además de eso, la ASF identificó 16 partidas que sumaron un presupuesto de 74 millones de pesos que no se ejercieron y, por lo tanto, los diputados decidieron transferirlo a otras partidas.

“No es posible evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar si los recursos se ejercieron en trabajos legislativos por lo que persiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos por concepto de Subvenciones, sobre todo si se considera que dicho concepto tuvo ampliaciones presupuestarias netas en el ejercicio de 2013 por 308,136.0 miles de pesos que representaron un 35.4% adicional al presupuesto originalmente asignado”.

Asimismo, la Auditoría cuestionó la omisión del Senado de la República, que se negó a entregar los comprobantes de gastos de más de mil 200 millones de pesos que fueron ejercidos de forma discrecional en 2013.

“La documentación que sustenta la aplicación de los recursos no fue proporcionada a la ASF, por tanto, no se pudo comprobar si estos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, indicó la ASF, de acuerdo con un reporte del diario Reforma. 

Asignaciones a grupos parlamentarios

En el Senado, la Auditoría se enfocó en analizar los recursos que recibieron los grupos parlamentarios que ascendieron a 1,209 millones 580 mil pesos y también encontró que “no se pudo comprobar si éstos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”.

“dada la limitada rendición de cuentas que presenta la citada partida, no se pudo comprobar que los recursos transferidos se ejercieron en los conceptos para los cuales fueron autorizados; además de que, al no ser comprobados adquieren el carácter de ingresos gravables por lo que se debió efectuar la retención del Impuesto Sobre la Renta correspondiente”.

A este informe sobre la Cuenta Pública 2013 los legisladores todavía pueden hacer aclaraciones.

La ASF insistió que, en ambos casos, las Cámaras deben justificar cada caso en los que reciben recursos, lo que incluye los gastos por viajes, que de no tratarse de algún asunto legislativo debe considerarse como parte del ingreso del diputado o senador y por tanto, ser objeto de impuestos.


Este es el informe de la ASF sobre el gasto en la Cámara de Diputados:

ASF Diputados by http://www.animalpolitico.com:

  ASF Diputados

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

En estados del país, desvíos de recursos y “simulación espantosa”: ASF

Anuncia la presentación de denuncias de hechos contra servidores públicos.

La falta de control y planeación financiera en los estados, provocó que se hayan endeudado, traspasen fondos de una cuenta a otra, o “programas de estos cubren otros”, detalló Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación, quien el miércoles entregó los resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, detalló que hay comportamientos recurrentes, y “se ve que no se acaba de corregir, o no se acaba de entender o no se quiere corregir”.

“Esto es recurrente, se está señalando año con año, y tenemos los mismos problemas, el mismo origen, ¿qué es lo que pasa?”, preguntó.

La deficiente planeación financiera implica “un gasto excesivo, gasto corriente, una falta de recaudación adecuada, requiere tener mayor cuidado esto, porque obliga a los estados a que se vayan endeudando conforme se los aprueban“. En ese sentido, celebró que se haya aprobado una ley que acote la forma como se endeudan estados y municipios. 

“Obviamente que se van a ver más limitados y van a estar en situación más crítica en virtud de los escasos que tendremos no este, el año próximo, por la falta de recursos del petróleo y algunas otras cosas”, abundó.

Apuntó que recursos que fueron desviados -es decir, que se destinaron para fines diferentes-, en algunos estados los reintegraban a los fondos federales, pero después volvían a sacar esos recursos.

“Ocurría que una vez que nos mostraban el depósito a la cuenta, un estado de cuenta del banco, lo solventábamos nosotros (la ASF), sin embargo, en algunos estados lo volvían a sacar después de haber sido solventado. Es una simulación espantosa que ahora está provocando la presentación, por parte de nosotros, de denuncias de hechos, contra los servidores”, indicó el auditor. 

Era una práctica “bastante extendida” en un buen número de estados, que “yo creo que está detenida ahora, porque no estamos solventando por el simple hecho de que reintegren el dinero a la cuenta, ahora hasta que nos demuestren que el dinero se utilizó en el programa para el que se autorizó. Entonces, si no me demuestran que utilizaron esto en salud, seguridad, sigue pendiente la observación”, agregó.

Sobre el subejercicio, expuso que los recursos que no se gastan en el año, deberían reintegrarse a la Tesorería de la Federación, pues hay una parte importante que corresponde al gasto federalizado, recursos para grandes fondos en educación salud, seguridad, que no son gastados y se quedan para el año siguiente, y se pueden gastar sin ser fiscalizados. 

Un ejemplo: Michoacán, Veracruz y Morelos, en 2013, no ejercieron entre el 68 y el 78 por ciento de los recursos federales que les fueron otorgados a través del Fondo de Asignaciones para la Seguridad Pública, según la ASF.

De las 10 mil 861 observaciones presentadas el miércoles por la ASF, la mayor parte se concentran en salud, desarrollo social, fondo para la educación y seguro popular.

El órgano fiscalizador ordenó mil 321 acciones de responsabilidad administrativa en contra de funcionarios; la ASF podría presentar hasta 150 denuncias penales por presunto quebranto.


En tanto, sobre la condonación de impuestos del SAT, Portal mencionó en MVS que “hubo diversas reuniones… no nos han convencido que la forma como se aplicó fue la correcta”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Que se investigue y se esclarezca cualquier incidente que involucre al Ejército: Cienfuegos

El general aclaró que deben ser las autoridades judiciales competentes las que determinen las responsabilidades, en caso de que militares violen normas.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, afirmó que el Ejército Mexicano será la instancia más interesada que sea investigado a fondo y se esclarezca plenamente “cualquier incidente que involucre la participación de personal militar”.

Durante la ceremonia por el CII aniversario de la creación del Ejército, afirmó que  México ha vivido situaciones sensibles que han despertado el pensar y sentir de la sociedad, y las Fuerzas Armadas no han quedado exentas de dichas reflexiones, pues en ocasiones se les ha señalado sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias, para tratar de desprestigiarlas y con ello dañar la confianza que se ha depositado en ellas.

“Quiero ser enfático, nos queda claro que esa obligación, que esa exigencia es de todos sin excepción: respetar la ley, los preceptos jurídicos y las decisiones jurisdiccionales”, declaró.

Sin embargo el titular de la Sedena subrayó: “Pongamos las cosas en claro: deben ser las autoridades judiciales competentes las que determinen las responsabilidades que conforme a Derecho correspondan”.

Añadió que no hay una voluntad de violentar el Estado de derecho, “por el contrario, mantenemos el compromiso irrenunciable de actuar con legalidad y transparencia, respetando estrictamente las determinaciones legislativas y judiciales y promoviendo el respeto a los derechos humanos”.

Los militares llevan presente en todo momento que “cada mexicano debe estar en el centro de nuestro accionar, resguardando su seguridad y tranquilidad, respetando sus derechos fundamentales”, abundó el general Cienfuegos Zepeda.


Mencionó que en 2014 se redujo en 60.6 por ciento la cifra de quejas sobre violaciones a derechos humanos, y se comprometió a que con lealtad, honor y compromiso, las Fuerzas Armadas seguirán cumpliendo a México.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ejército Mexicano, por encima de cualquier sospecha: Peña Nieto

Las fuerzas armadas mantienen una "autoridad moral y la alta estima social que los ha distinguido durante 102 años de servicio ejemplar", dijo el presidente.

La honorabilidad del Ejército mexicano, como institución al servicio de México, está por encima de cualquier sospecha, dijo el presidente Enrique Peña Nieto.

En la ceremonia conmemorativa del Día del Ejército el Presidente afirmó que las Fuerzas Armadas demuestran todos los días su solidez institucional y reafirman su lealtad al país, además de que confió en que los soldados seguirán renovándose ante cualquier desafío y reforzarán su compromiso con los derechos humanos.

Las declaraciones del mandatario federal se dan después de varios meses en que el Ejército Mexicano ha sido cuestionado  por hechos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa, donde se les acusa de violaciones graves a los derechos humanos.

En el Campo Marte, Peña Nieto enfatizó que los soldados son garantes del México libre y soberano que se ha edificado con el trabajo de varias generaciones, y los convocó a seguir salvaguardando los intereses nacionales y enriqueciendo la historia de honor y heroísmo.

El mandatario expresó que de esa forma “mantendrán la autoridad moral y la alta estima social que los ha distinguido durante 102 años de servicio ejemplar y de lealtad incondicional al pueblo mexicano”.

Aseguró que la grandeza y el prestigio del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea son firmes y permanentes, y que “todos hemos sido testigos del compromiso social, la vocación de servicio y el profundo amor a México de nuestros soldados y marinos”.

Respaldo

Acompañado de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Peña Nieto agregó que “todos hemos constatado su respaldo a las mejores causas de nuestra sociedad y sus invaluables contribuciones a la construcción de un mejor país”.

Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas “reconozco en ustedes a mexicanos ejemplares, a mujeres y hombres valientes, leales y patriotas”, asimismo como “personas de carne y hueso, con alma, mente y corazón, con sueños y esperanzas, que ponen lo mejor de sí para cumplir las misiones que tienen encomendadas”.


Enfatizó que las Fuerzas Armadas han pasado lista de presente en la lucha contra el crimen organizado y que no han dudado en contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad interior, en favor de las familias y comunidades de distintas regiones del país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se privatiza el servicio de Intendencia del IMSS en Puebla; dejaría sin empleo a 3 mil empleados

Por la privatización del servicio, a partir del 1 de marzo desaparecerá la rama de Intendencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tan sólo en Puebla dejaría a más de 3 mil trabajadores sin empleo, algunos con 25 años de antigüedad y a mitad de un proceso de recategorización.

Por tal razón, esta mañana un centenar de empleados de los hospitales de San Alejandro, La Margarita, San José, y de Traumatología y Ortopedia, los más grandes en la entidad, se presentaron ante las oficinas del Sindicato de la Sección 1 del IMSS.

La finalidad fue dialogar con el dirigente sindical, el médico Francisco Javier Torres Zenteno, para que salga a la defensa de los trabajadores, como ocurrió en Fresnillos, Zacatecas, donde pudieron parar los despidos y abusos.


“Si estamos unidos, lograremos que en Puebla también se frenen los despidos y las recontrataciones sin antigüedad”, dijo una de las afectadas, quien pidió el anonimato para evitar represalias.

FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: YADIRA LLAVEN ANZURES.

Madre pierde a su hijo en un Liverpool porque le niegan médicos; la multa: 30 mil pesos

Un bebé de ocho meses de gestación falleció luego de que personal de seguridad privada de la tienda departamental Liverpool no permitió el ingreso de paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil, y de Seguridad Pública del municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Los hechos ocurrieron la noche del martes pasado. Protección Civil municipal recibió el reporte y acudió a la tienda, pero personal de seguridad privada les impidieron el paso por órdenes de la gerencia, informó a medios locales el titular de la dependencia, Luis Enrique López Anaya.

El funcionario explicó que la mujer presentaba abundante sangrado y que las medidas restrictivas implementadas por la tienda pusieron también en riesgo su vida. Aunque señaló que no existen elementos para asegurar que el bebé falleció por la falta de atención oportuna.

Por su parte, el Secretario de Gobierno estatal, Jorge López Portillo Tostado, informó que la empresa será multada con 30 mil pesos, por haber impedido el paso a las unidades médicas para que atendieran la emergencia, mientras que la investigación del caso será realizada por la Procuraduría General de Justicia del estado.

“La referencia la hizo la Unidad Municipal de Protección Civil de San Juan del Río, que fue quien tomó conocimiento de los tiempos. El municipio tiene cierta capacidad de intervención, efectivamente se aplica una multa de 30 mil pesos, pero en virtud de que hubo un fallecimiento, la Procuraduría toma conocimiento del caso, y habiendo denuncia, se actuará en consecuencia”.

Si la investigación arroja que la tienda es culpable, la sanción será mayor y correrá por parte del estado.

“En virtud de que hay la presunción de que la propia empresa cerró el local, e impidió el paso de algunos servicios de emergencia […] la sanción va a ser estatal en caso de comprobarse”.

En tanto, Liverpool aseguró que personal médico de una compañía privada auxilió a la mujer de 26 años que se encontraba en el baño de la tienda departamental.

Dijo que los paramédicos de la empresa privada, en una ambulancia Beyen, ingresaron al lugar, pero cuando llegaron el bebé ya había fallecido, por lo que se dedicaron a atender a la mujer, quien fue trasladada a un hospital.

Posteriormente llegaron las unidades de emergencia del municipio y se les impidió la entrada a la tienda bajo el argumento de que seguridad privada ya había resguardado todo el establecimiento.

Finalmente López Portillo indicó que el Ministerio Público de la entidad determinará si la muerte del bebé fue por aborto o por la falta de atención médica oportuna.


MUJER ASESINADA EN LIVERPOOL DEL DF

Este caso se suma al ocurrido el 15 de noviembre del año pasado cuando una mujer  fue asesinada en Liverpool del Centro Comercial Perisur, en el Distrito Federal.  Su nombre era Angélica Trinidad Romero Severiano.

Los familiares acudieron directamente a la tienda departamental en donde se les dijo Romero Severiano había muerto por atragantamiento y un paro cardiaco, de acuerdo al dictamen elaborado por el doctor Mariano Espinosa Morales, quien fue contratado por la empresa.

El cuerpo de la joven presentaba muestras de golpes, principalmente en la cabeza, “sin embargo los directivos de la tienda, lejos de llamar a las autoridades iniciaron una serie de turbias maniobras para tratar de deslindarse del crimen”. Omar Robles, primo de la empleada asesinada, narró que “la empresa contrató a un médico particular para que expidiera un certificado de defunción, consignando como causa de muerte un infarto fulminante. Además, dio fé de que el lugar de su muerte fue su domicilio particular, no la tienda; después solicitaron a funerales Gris con ubicación en la delegación Tlalpan, que retiraran el cuerpo y lo cremaran”.

Desde la primera semana de diciembre, usuarios de Internet difundieron que la tienda intentó “tapar” el homicidio de la mujer de 24 años. Inclusive se publicó la fotografía de la supuesta acta de defunción.

Rodolfo Ríos Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), informó en conferencia de prensa sobre la detención del presunto homicida de la trabajadora de limpieza de la tienda.

El Procurador señaló al auxiliar de mantenimiento de la tienda departamental Marco Antonio Ochoa Almazán, quien presuntamente sostenía una relación sentimental con la víctima. El presunto responsable del asesinato fue arrestado en la colonia El Mirador, en la delegación Tlalpan.


El funcionario dijo que los empleados de la tienda, incluido el gerente, también eran investigados.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-02-2015/1256172.

SAT “perdonó” mil 123 mdp en multas y recargos a Sabritas, Gamesa, Scotiabank: ASF

Durante el 2013, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó mil 123 millones de pesos a grandes empresas por concepto de “multas y recargos”, reveló la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

En ese año, el SAT perdonó a Sabritas la cantidad de 929.49 millones de pesos, mientras que a Gamesa le indultó 150.45 millones. No sólo fueron estas empresas, también resultó beneficiada la desarrolladora de parques industriales ProLogis a quien le fueron perdonadas dos deudas; la primera por un monto de 9.34 millones de pesos y la segunda por 5.49 millones de pesos.

Por si fuera poco, a Scotiabank Inverlat le eximió el pago de 28.82 millones de pesos lo que, de acuerdo con la ASF, “actúa en perjuicio de la hacienda pública”.

Según la ASF, del total de personas morales se identificó que 36 empresas integran 50.2% de las condonaciones autorizadas por más de 80 mil millones de pesos y se ubican en los siguientes sectores:

La banca comercial ocupa 13% de estas condonaciones, le siguen los medios de comunicación con 11.6%; enseguida están las comercializadoras con 6%, las empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones con 5.2%, las compañías cementeras con 3.8%, así como el sector metalúrgico y acerero con 3.4%.

El sector farmacéutico abarca 2.7%, las empresas automotrices 2.3%, las petroleras extranjeras 1.4%; mientras que las de la construcción abarcan apenas 0.8% de las deudas perdonadas por la autoridad recaudatoria.

El universo de empresas contribuyentes está compuesto por 41 mil 399 compañías privadas o públicas que solicitaron el beneficio de la condonación en términos del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, de las que se identificaron 350 mil 550 operaciones para la condonación de créditos fiscales y contribuciones omitidas.

Como se aprecia, los sectores con mayores beneficios del programa “Ponte al Corriente” corresponden a la banca comercial, televisoras y alimentos, con un 29.6% de la condonación total.


La ASF pidió a la Cámara de Diputados analizar y evaluar el impacto real e integral que generan los programas de condonación en la captación de recursos públicos. Agregó que en caso de que se presenten nuevos programas de este tipo, la Cámara Baja debe participar de forma “preactiva”, a fin de que éstos logren incentivar el saneamiento fiscal de los contribuyentes y se mejore el comportamiento tributario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.

Desnuda ASF fraude masivo en Cruzada contra el Hambre

MÉXICO, D.F: A través de cinco convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos (UAEM y Uaemor, respectivamente), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza la experredista Rosario Robles, encubrió un fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), que costó al erario no menos de 845 millones de pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoría 13-0-20100-12-0269 demuestra que, a través de esquemas de subcontrataciones en forma de ‘pirámide invertida’, las universidades pagaron cantidades millonarias para proyectos mal o de plano no realizados, recursos que terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a los contratos.

Lo anterior resultó posible gracias al pago por adelantado por parte de la Sedesol y a la “falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas” de la dependencia a cargo de Robles Berlanga.

Así, el 15 de abril de 2013, la Sedesol suscribió un anexo técnico con la UAEM por un monto de 159 millones 850 mil pesos, con el objetivo de “sensibilizar” a 500 mil madres en la alimentación sana, realizar un evento ferial para “construir alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno” y “promover a la CNcH”.

La Sedesol prácticamente firmó un cheque en blanco a la UAEM, ya que “no se establecieron las condiciones, términos y especificaciones” en el convenio y la institución académica, a su vez, pagó a cuatro proveedores para que realizaran los servicios, “sin firmar contrato” ni contar con estudio de mercado.

Para “integrar” a 500 mil madres de 11 distintos estados a la Cruzada, la UAEM planeaba distribuir a cada una de ellas una despensa y entregar 14 mil 500 playeras con el logotipo de la CNcH, y más de 10 mil gorras en eventos para los que se preveía la compra de 250 mil globos o 450 reproductores de DVD, entre otros.

La adjudicación de 18 millones de pesos recayó en una empresa la cual, a su vez, subcontrató a otra firma, Dumago Systems, para entregar los “kits” a los coordinadores del programa de red nutricional.

Sin embargo, según la auditoría, estas oficinas apenas recibieron 40 mil de las 500 mil despensas previstas en el programa.

Asimismo, la UAEM contrató a tres empresas para “diseñar e implementar redes nutricionales y evento ferial”. Dos de estas empresas –en las cuales figura otra vez Dumago Systems– tenían el mismo domicilio fiscal y sus representantes legales eran hermanos.

A raíz del pago, la otra empresa, Advanced Computer Knowledge, envió 14 millones de pesos en tres pagos diferidos a Esger, Servicios y Construcciones SA.

Con el fin de “promover la Cruzada” y “concienciar a los jóvenes respecto del problema del hambre”, la UAEM pagó 75 millones de pesos a una empresa, sin contrato, la cual organizó un concierto de rock en el Auditorio Nacional el 30 de abril de 2013 –lo que implicó un sobrepago de 29 millones respecto del convenio firmado con la Sedesol.

Esta empresa, a su vez, entregó 9 millones de pesos a Esger, Servicios y Construcciones SA el 8 de julio de 2013.

La ASF presumió entonces un daño al erario por 147 millones 715 mil pesos, y subrayó que la Sedesol “omitió supervisar, dar seguimiento y vigilar la prestación de los servicios convenidos”.

El 2 de enero de 2013, la Sedesol encargó a la UAEM operar el Proyecto de Acompañamiento de la Población de Jornaleros Agrícolas, que consistía en instalar 838 “ventanillas” y asistir a los trabajadores, razón por la que entregó por adelantado 60 millones de pesos.

La UAEM, a su vez, contrató a una empresa para llevar a cabo esa instalación, pero de las 838 ventanillas previstas, aquella empresa sólo instaló 590, y además la Universidad no utilizó la totalidad de estas ventanillas, lo que generó “pagos por servicios no utilizados y subutilizados” por 13 millones de pesos.

La consentida

El 6 de mayo de 2013, la Sedesol firmó un convenio con la Uaemor por 697 millones de pesos, el cual consistió en abastecer de equipo a los promotores al interior de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales.

La Uaemor subcontrató a su vez a cinco empresas –a pesar de que el convenio lo prohibía expresamente y que los contratos resultaron fraudulentos–, una de las cuales resultó ser otra vez Dumago Systems, y presentó posteriormente las facturas a la Sedesol por un servicio que nunca se realizó.

Entre los 396 millones de pesos que costó el abastecimiento de los promotores de la Cruzada destacan las compras por 57 millones de pesos de “vasos de plástico duro color”, 10 millones en “gorras brigadistas”, 13 millones en “porta-credenciales”, 96 millones de “tornilleros / de color impreso” y 79 millones “en paliacates”.

Estos artículos, estimó la ASF, “no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que son: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en pobreza multidimensional”.

La Sedesol, por su parte, “no localizó el expediente” y el director del almacén general afirmó que “desconoce quién y cómo se realizó la entrega de los 31 millones de bienes”, mientras que las delegaciones de la dependencia federal en el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Distrito Federal, Hidalgo o Puebla, entre otras, encontraron diversos pretextos para justificar la ausencia de documentación que comprobara la recepción de los artículos.

De las cuatro empresas que “ganaron” las licitaciones (sin contrato), una no declaró sus ganancias en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y mintió sobre sus domicilios, mientras que su representante legal era el hermano del representante legal de otra empresa ganadora, la cual tampoco declaró el monto del contrato en su ISR.

Es más: ambas empresas, con vínculo familiar, transfirieron un total de 194 millones de pesos a la ya mencionada Esger Servicios y Construcciones SA.

Los demás anexos del contrato involucraron un contrato de 33 millones de pesos a Dumago Systems por la realización de asesorías “que no correspondían con los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”; el pago de 239 millones a una empresa con un domicilio falso, la cual transfirió a su vez 160 millones a Esger Servicios y Construcciones, así como un contrato por 29 millones a una tercera empresa, que terminó entregando 26 millones, en siete pagos, a… ¡Esger Servicios y Construcciones SA!

En total, esta misteriosa empresa recibió, de los cinco proveedores contratados por la Uaemor, nada menos que 416 millones de pesos, casi 60% del monto total de los convenios que firmó la Sedesol con las universidades en el marco de la Cruzada contra el Hambre.


Y de los 993 millones de pesos auditados por la ASF en estos convenios, cerca de 845 millones resultaron en un “probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

México pide tomar medidas para evitar ser refugio de grupos terroristas

WASHINGTON: Durante su participación en la Cumbre Internacional contra el Extremismo (CIE), organizada por el gobierno de Estados Unidos, la administración de Enrique Peña Nieto propuso tomar medidas para prevenir que esta zona sea refugio de terroristas.

“Debemos tomar medidas para evitar que nuestros territorios pudieran ser utilizados para dar refugio o brindar cualquier apoyo al terrorismo”, pidió el secretario de Gobernación de México, Miguel Osorio Chong.

El Departamento de Estado pidió a Osorio Chong limitar su participación a dos minutos, debido a la intervención de Barack Obama; no obstante, el funcionario mexicano utilizó 3 minutos con 24 segundos para manifestar:

“Expreso nuestra profunda solidaridad con los familiares de las víctimas del terrorismo y de toda forma de violencia, México condena firmemente estos actos inhumanos”.

La aportación del gobierno mexicano a esta cruzada mundial encabezada por Estados Unidos e integrada por 60 países se limitó a recomendar el uso de las nuevas tecnologías.

“México está convencido de que la respuesta a este desafío debe tener, además de una acción efectiva inmediata, un importante componente de prevención”, añadió Osorio Chong.

Según el Secretario de Gobernación, la propuesta mexicana contribuirá a que los grupos extreminstas no cuenten con un entorno propio para sus objetivos, ni para reclutar seguidores.

En conclusión, el gobierno de México manifestó que es obligación nacional y colectiva combatir a la amenaza del terrorismo: “Lo haremos a fin de responder a las amenazas a la seguridad internacional, en el marco del Estado de derecho, bajo un enfoque de cooperación multilateral y de respeto a los derechos humanos”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Ejército realiza operaciones “antinarco”en 12 estados y violencia no baja

En un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se reveló que, actualmente, el Ejército mantiene 12 operaciones estratégicas contra el narcotráfico y el crimen organizado, para apoyar en labores de seguridad de 11 estados que solicitaron presencia militar.


La Octava Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas, es una de las más importante en dicha operación, pues aquí se han asegurado cerca de 4 mil 916 armas fuego, se han liberado 980 víctimas de secuestro y se han detenido a 2 mil 807 presuntos criminales.

Por su parte, los militares adscritos a la 22 Zona Militar, en Santa María Rayón, Estado de México, continúan con sus labores de combate, a pesar de que este batallón estuvo involucrado en la masacre de Tlatlaya.

Mientras, elementos de la 27/25 Zona Militar, en El Ticui y Chilpancingo, Guerrero, también continúan sus labores normales a través del programa Guerrero Seguro.

Estados inseguros, la contradicción

Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Morelos, Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas, son los estados que solicitaron el apoyo de la SEDENA. Por esta razón, mantienen acuerdos de cooperación para “resguardar” la seguridad de estas entidades.


No obstante, las entidades con alto índice de muertes, desapariciones y secuestros, son precisamente las anteriores. Situación que no ha sido controlada siquiera por la presencia de las fuerzas castrenses, sino que por el contrario ha ido en aumento.

A pesar de ello, la SEDENA insiste en que su “actuación en la materia es solamente a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles encargadas de esta actividad y sin sustituirlas en sus funciones”.

Esta dependencia también indicó que las 12 operaciones están orientadas a reducir la ola de violencia, con lo cual se resguardan instalaciones estratégicas, se realizan tareas de erradicación e intercepción de cargamentos de droga; en conjunto, se busca la aplicación correspondiente de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Asimismo, apunta que también se encargan de apoyar en la seguridad pública de las entidades que lo solicitan; sin embargo, constitucionalmente, el Ejército no está facultado para operar en esta materia, sino en hechos exclusivos de Seguridad Nacional, como en el caso de amenazas externas a la paz nacional.


En México, se viven entonces, medidas excepcionales pues el Ejército opera libremente a lo largo del todo el país, sin que la violencia disminuya; además, la estrategia de los elementos castrenses ha consistido en combatir a civiles -como en Tlatlaya-, y no a ejércitos.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Más de 11 mil mdp, ‘borrados’ de la educación básica y normal por desvíos

Pese a la reforma educativa, distintos estados gastaron cantidades millonarias en comisionados sindicales, negociaciones con gobiernos y hasta pagos a centros que nada tienen que ver con la enseñanza.

En 2013, un año después de la Reforma Educativa, el gobierno federal asignó 325 mil 297 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), de los que más de 11 mil millones de pesos se ejercieron para el pago de plazas a comisionados sindicales, bonos derivados de las negociaciones con gobiernos estatales, compensaciones discrecionales, y hasta pagos a centros de trabajo no educativos, entre otras irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la Cuenta Pública.

Estos 11 mil 366 millones de pesos que “se ejercieron incorrectamente” equivalen a cinco veces el presupuesto asignado al Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, la mitad de lo destinado a Oportunidades en el rubro educativo o 10 veces lo etiquetado para la entrega de laptops a niños de quinto y sexto de primaria.

En el ejercicio de dichos recursos se detectó el pago de 134 mil 349 plazas a personal que no labora en los centros de trabajo en losque supuestamente están registrados. De esas plazas, 90% están en dos estados: Oaxaca (65.5%) y Michoacán (23.4%) . Ambas entidades, señala el reporte, “se han caracterizado por presentar un alto nivel de opacidad y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo”.

Este es el fondo que entrega la mayor cantidad de recursos a las entidades federativas, pero su asignación ha sido cuestionada por la Auditoría Superior en análisis anteriores, debido a la opacidad con que se maneja cuentas.

Coahuila, Estado de México, Michoacán y Veracruz recibieron 4 mil 109 millones de pesos durante 2013, pero los depositaron en cuentas bancarias distintas al Fondo de Aportaciones, informa la Cuenta Pública entregada el martes 18 de febrero en la Cámara de Diputados.

Aunque la reforma educativa fue la primera de las modificaciones estructurales en la administración del presidente Enrique Peña Nieto para que el Estado recuperara “la rectoría de la educación”, en 2013 continuaron las prácticas discrecionales e irregulares por montos millonarios y de manera generalizada.

En 20 entidades federativas se destinaron mil 343 millones de pesos al pago de “prestaciones, compensaciones, bonos o estímulos estatales locales derivados de las negociaciones de los gobiernos estatales con las secciones sindicales”. Mientras que el pago a comisionados sindicales representó un gasto de mil 273 millones de pesos en 26 entidades.

En Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Tamaulipas y Tlaxcala gastaron 702 millones de pesos a los pagos de “compensaciones discrecionales a empleados sin mediar lineamientos, evaluaciones o comprobación que justifiquen su entrega”.

Además del gasto millonario, la Auditoría Superior concluye que el Fondo de Aportaciones  no impacta en la mejoría de la educación, pues “84.4% de las entidades no se implementaron medidas de mejora para dar cumplimiento a los objetivos para los que se destinan los recursos del fondo”. Además, “existen deficiencias en los indicadores educativos en la mayoría de las entidades federativas como son prueba ENLACE, cobertura, eficiencia terminal, entre otros”.


¿Caja chica?

En el desglose del informe de la Cuenta Pública se detectaron más irregularidades con montos menores con respecto a otros rubros, pero no menos graves y que ponen en evidencia el uso de este fondo como una caja chica.

Entre las anomalías están: pagos indebidos a personas que desempeñaron cargos de elección popular (12 millones de pesos); pagos a trabajadores adscritos a centros de trabajo no localizados y clausurados (49 millones de pesos); a trabajadores comisionados a otras dependencias (37 millones de pesos); pago de impuestos estatales sobre nómina por (35 millones de pesos); pagos a personal de honorarios que realizaron funciones no financiables con el fondo (29 millones de pesos)

También, 538 millones de pesos fueron ocupados para “pagos indebidos de nómina del ejercicio 2012 con recursos de 2013, en Chiapas, Colima y el Distrito Federal.

Las administraciones de Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas “efectuaron pagos en centros de trabajo que no tuvieron vinculación con la educación básica o normal”, por un total de 137 millones de pesos.

La Auditoría encontró que en 10 entidades pagaron “a terceros institucionales” 68 millones de pesos, mientras que de 162 millones de pesos ni siquiera se pudo determinar el destino .

Ante estas irregularidades, el FAEB será sustituido por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a partir del ejercicio fiscal de 2015, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagará la nómina de los estados conforme a los datos del censo educativo elaborado por el INEGI.

Para la Auditoría Superior, esto “representa una gran oportunidad para reorganizar al sistema educativo básico en su conjunto y abatir las debilidades que se han generado en la operación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal”.


Este es el informe de la ASF sobre el FAEB:

ASF FAEB:

  ASF FAEB

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

El TEPJF exonera al PRI por caso Monex

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que el PRI no incurrió en delito alguno por la entrega de tarjetas Monex durante las elecciones de 2012.

Por decisión unánime, los siete magistrados del TEPJF determinaron que el PRI no incurrió en compra o coacción del voto mediante la entrega de dichas tarjetas.

De acuerdo con los magistrados, los 66.3 millones de pesos entregados mediante dichas tarjetas no fueron utilizados para la compra del voto.

Esta madrugada, el TEPJF concluyó que ese dinero no tiene un origen ilegal ni un destino ilícito.

Hace dos años, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano impugnaron la resolución del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) que exoneró al PRI y a su candidato presidencial de ese entonces, Enrique Peña Nieto, de haber incurrido en delitos electorales por la entrega de dichas tarjetas.

Roberto López Suárez, presidente de la Comisión de Investigación del caso Monex, denunció que Peña Nieto gastó 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos, 13 veces más del tope permitido por la ley electoral.


En enero de 2013, el IFE confirmó que el PRI sí utilizó tarjetas Monex y empresas para “dispersar” 70 millones de pesos; no obstante, por mayoría de votos, declaró infundada la queja presentada por los partidos de oposición.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Presidencia recrimina a la SCT por proyecto gerencial del nuevo aeropuerto

MÉXICO, D.F: Francisco Pantoja, secretario particular adjunto de la presidencia de la República, cuestionó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por realizar una adjudicación directa “que supera por mucho los montos permitidos en la legislación vigente” en el documento para la gerencia de proyectos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Sin explicar jurídica o técnicamente la razón de realizar una adjudicación directa, y no una licitación, se adjudica un contrato de Gestión de Proyectos -a Parsons International- que supera por mucho los montos permitidos en la legislación vigente para la excepción a licitaciones, con el argumento de tratarse de cuestiones propias de Seguridad Nacional”, censura Pantoja en una carta que fue publicada este jueves por el periódico Reforma.

En la misiva fechada el pasado 20 de enero, el secretario particular adjunto de la presidencia de la República señala que “sin argumentos sólidos” fueron excluidas empresas nacionales del proyecto.

El pasado tres de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el proyecto del NAICM en la el que se invertirían 169 mil millones de pesos y sería financiada en su primera etapa exclusivamente con recursos federales, y 71 mil millones provendrán de créditos bancarios y emisiones de bonos.


No obstante, en enero pasado, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray anunció el recorte al gasto federal por124 mil millones de pesos, mismo que incluye al NAICM.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ordenan a la PGR hacer pública averiguación del caso Ayotzinapa

Por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar la versión pública de la indagatoria sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de tres más el pasado 26 de septiembre.

El pleno del órgano de transparencia decidió por unanimidad, revocar la respuesta de la PGR a un particular a quien le indicó que la información está reservada por tratarse de una averiguación previa en trámite, en la que diversas personas y funcionarios públicos han sido consignados y están sujetos a proceso penal.

La PGR, que preside Jesús Murillo Karam, señaló al requirente que existen dos indagatorias por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y los diversos que pudiesen acreditarse pero se negó a proporcionarle la información debido a que la averiguación previa está en trámite.

Sin embargo, la comisionada ponente Areli Cano recordó que la PGR no puede invocar el carácter de reservado cuando se trata violaciones graves a los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Por su parte, el comisionado Joel Salas refirió que el pasado 27 de enero la PGR dio su informe final en el que señala que en la averiguación previa se investigaron delitos distintos a la desaparición forzada y que aún está pendiente analizar todas las constancias para verificar si es posible imputar este delito.

“De inmediato surgieron denuncias sobre la ausencia de pruebas jurídicas y científicas contundentes, así como que de los padres de familia no fueron informados de las conclusiones reportadas, tal como se había comprometido” la PGR, apuntó el comisionado.

Por ello pidió que toda autoridad involucrada en el caso cumpla con el principio de máxima publicidad y divulgue la información generada.

Salas expresó su confianza en que los legisladores protegerán los avances de más de una década en materia de transparencia y evitarán retrocesos o propuestas en la ley secundaria “que vayan en contra del espíritu de la reforma constitucional”.

En su oportunidad, la comisionada Patricia Kurczyn recordó que el caso Ayotzinapa ha lastimado a la sociedad mexicana y del mundo, por lo que no puede pasar desapercibida una resolución tendiente a revisar este grave problema de violación a los derechos humanos.

El comisionado Oscar Guerra insistió en que esta información debe conocerse y que el acceso a ésta debe ser visto como un derecho humano. Aclaró que el Ifai no pretende invadir ninguna otra competencia en ese ámbito como podría ser el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Creo que no hay invasión de competencias, se habla de la posibilidad de que la comisión en algún momento se viese presionada por este Instituto si nosotros hiciéramos una calificación del acontecimiento en que cayera como de violación grave de derechos humanos, creo que no es, ni tiene que ser el caso”, afirmó.

En tanto, el comisionado Eugenio Monterrey defendió el hecho de que la sociedad pueda observar, protegiendo los datos personales de cualquier investigación, la procuración y la administración de la justicia.

“Ese es el verdadero efecto de aplicar, por parte del organismo garante, esta excepción a la reserva”, explicó.

Tras presentar sus argumentos, los comisionados determinaron revocar la respuesta de la PGR e instruirle a entregar al particular una versión pública de la averiguación solicitada.

En dicha versión se deberán omitir los datos personales de los presuntos responsables, las víctimas, sus familiares, testigos o terceros relacionados con la indagatoria, así como los nombres de los agentes del Ministerio Público y servidores públicos con funciones operativas.

Los nombres que no podrán ser protegidos son los de aquellos servidores públicos que presuntamente participaron en esos hechos y que ya son públicos, además de que han sido puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional.

La resolución del IFAI se da a dos semanas de que el instituto instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar fotografías y registros tomados a los normalistas por el Ejército mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014, así como informes sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes.


El plazo para que la Sedena proporcione dicha información vence el próximo viernes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.