Organizaciones sociales consideraron que la postulación del aún embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, como aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refleja “un profundo desprecio a los derechos humanos” por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Ante la integración de Medina Mora en la terna propuesta por el mandatario federal al Senado de la República para designar al nuevo ministro, decenas de agrupaciones civiles de derechos humanos consideraron que de los candidatos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Medina Mora, éste último “tiene una trayectoria política que imposibilita que sea un ministro independiente del Poder Ejecutivo y está implicado en diversos casos graves de violaciones a derechos humanos”. Tras criticar que Peña Nieto no integró a ninguna mujer en su terna, las organizaciones consideraron preocupante que “la lógica detrás de la terna actual deje ver la intencionalidad no de consolidar la independencia de la SCJN sino de avanzar intereses del Poder Ejecutivo dentro de ese órgano garante de la Constitución”, aún cuando se avecinan otros dos procesos de relevo en el máximo tribunal de justicia del país. En un comunicado, la organizaciones hicieron un breve recuento del pasado de Medina Mora en el ejercicio de cargos públicos durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón. Con Salinas, recordaron, formó parte del equipo de asesores en la negociación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los temas de agricultura, normas, prácticas desleales de comercio, inversión y reglas de origen. “Fue partícipe en la estructuración de este instrumento internacional que ha sido sistemáticamente denunciado por organizaciones campesinas por generar condiciones de pobreza e inequidad en el campo mexicano”, acusaron. Ese antecedente es grave para las organizaciones, toda vez que en tribunales federales se litigan casos “que confrontan la visión privatizadora del campo respaldada por el TLCAN con el derecho a construir un proyecto de desarrollo que sean sustentable y respetuoso de la cultura y los pueblos originarios”, así como temas relacionados con la siembra de transgénicos y las violaciones a derechos humanos cometidas por la minería. En su paso como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox, Eduardo Medina Mora fue señalado por violaciones a derechos humanos por casos como el del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, donde participaron 2 mil 500 elementos de la policía estatal y de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP). De ese operativo, el saldo fue de dos jóvenes asesinados, 207 detenidos, entre ellos 47 mujeres, de las cuales 26 denunciaron tortura sexual y 11 litigan su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Otro momento de infausta memoria, según los denunciantes, fue el de la represión a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en noviembre de 2006, a cargo de la PFP de Medina Mora. En el sexenio de Felipe Calderón, como procurador general de la República, Medina Mora se declaró incompetente para conocer las denuncias de las mujeres de Atenco, a pesar del señalamiento a agentes federales. Las organizaciones recordaron que al frente de la PGR, el funcionario interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Peor aún, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), su gestión fue la que “más recomendaciones recibió por parte de dicho organismo público de derechos humanos, en comparación con sus antecesores”. Tras señalar que “Medina Mora dejó la PGR en medio del caos desatado por la llamada guerra contra la delincuencia impulsada en el sexenio de Felipe Calderón”, los activistas de derechos humanos retomaron también su pasado ligado “al sector empresarial y corporativo”, como director adjunto y corporativo de Planeación Estratégica de Grupo Desc SA de CV –hoy grupo Kuo–, dedicada a la industria farmacéutica, petroquímica y química. “En el contexto de la puesta en marcha de la reforma energética y frente al creciente descontento de un amplio sector de la población que ve en los tribunales federales un medio para impugnar la reforma y sus consecuencias, resulta preocupante que sea postulado como ministro alguien que en algún momento ha tenido intereses en el ramo de la industria petroquímica, siendo que al máximo tribunal le corresponderá, con toda seguridad la resolución de casos que tienen que ver con la aplicación de dicha reforma”, advirtieron las organizaciones en su comunicado. Y no fue todo, en su opinión el exprocurador no cumple con uno de los requisitos para ser ministro de la SCJN, marcados por el artículo 95 fracción V de la Constitución federal: la obligatoriedad de haber vivido en el territorio nacional los últimos dos años. Es una “situación que incumple el hoy candidato Medina Mora al residir en el extranjero desde noviembre de 2009, fecha en que fue nombrado como embajador de México en el Reino Unido y posteriormente en los Estados Unidos”, alertaron. Según su consideración, “la postulación de Medina Mora en la terna de candidatos a ocupar la plaza del ministro de la SCJN evidencia un profundo desprecio a los derechos humanos por parte de la Presidencia de la República, quien parecería impulsar un perfil policiaco y protector de los intereses corporativos al interior del máximo tribunal”. Al puntualizar que la trayectoria del embajador es “incompatible con los derechos humanos”, las organizaciones civiles llamaron a los integrantes del Senado de la República a utilizar “como criterio de selección los estándares más altos en materia de derechos humanos”. El documento lo firmaron Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Justicia, Género y Derechos Humanos; así como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, de la Montaña Tlachinollan, Fray Francisco de Vitoria, de las Mujeres, Agustín Pro Juárez, Fray Juan de Larios y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
También se sumaron al llamado el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Fundación para el Estado de Derecho, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Casa del Migrante de Saltillo, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Documenta y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
El Banco de México (Banxico) informó al Senado de la República que debido a un “entorno externo menos favorable”, a la disminución de la producción petrolera y a la debilidad en la demanda interna, el Producto Interno Bruto (PIB) del país registrará una disminución en los pronósticos de su crecimiento para situarse entre 2.5% y 3.5% en 2015, menor al 3 a 4% que pronosticó en diciembre de 2014. Asimismo, el banco central estimó que este año se registrarán déficits en la balanza comercial de 6 mil millones de dólares y de 28.7 mil millones de dólares en la cuenta corriente, así como un menor número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Calculó en 3% la inflación en los próximos meses y pronosticó que cerrará en el mismo nivel a finales de año. Banxico afirmó que decidió disminuir sus previsiones “a causa del deterioro del entorno externo y la evolución de los mercados financieros en México y la caída significativa de los precios del petróleo”. Sobre la severa disminución del presupuesto público en 2015, anunciada por el gobierno federal, Banxico consideró que se trata de “una medida política adecuada” porque, junto con una política monetaria congruente, “fortalecen los fundamentos de la economía interna y contribuyen a generar un entorno propicio para mayor crecimiento con inflación baja”. Mayor recaudación en 2014: SAT Por otra parte, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) envió al Senado su informe sobre ingresos tributarios obtenidos en 2014. Registró un incremento de 6.1%en términos reales en los ingresos tributarios. La recaudación por IVA registró un aumento de 15.2% por la homologación de la tasa general en las fronteras y la eliminación de la tasa cero en productos no alimenticios, mientras que el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto Empresarial de Tasa Unica (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) registraron un descenso de 2.5%.
El SAT informó que el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a “la comida chatarra”, refrescos, combustibles fósiles y carbonos elevó la recaudación a 51.7%. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Un video que circula en las redes sociales vincula a presuntos elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila, y del Ejército Mexicano en la aparente ejecución de civiles. El Gobierno de Ruben Moreira Valdez, a través de su Secretario de Gobierno Víctor Zamora Rodríguez., acusó a “narcoreporteros” de dar difusión a la grabación y aseguró que tiene una lista de periodistas que supuestamente cobran al crimen organizado. “Todos los videos que se han presentado de los Gates son falsos, ya los analizamos. Hay una campaña de Los Zetas y seguidores contra los grupos tácticos de Coahuila, yo no sé si quieren que regrese el crimen organizado al estado y que no podamos salir a las calles como lo hacíamos antes”, comentó el día de ayer en entrevista con medios Zamora Rodríguez. El funcionario estatal afirmó que “hay una campaña en contra de los grupos tácticos, de algunos medios de comunicación, de algunos periodistas. Yo tengo las ‘narconóminas’ y las voy a entregar a la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada]”. “Es un evento del Ejército a donde acudimos nosotros después a prestar auxilio, nada más”, dijo el Secretario de Gobierno de Coahuila. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) tiene el registro de mil cinco quejas contra corporaciones como el Grupo de Armado de Tácticas Especiales (GATE), Grupo Operativo de Reacción Metropolitana (GROM) y Policía Operativa, todas pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad que se han presentado de 2012 a 2015. El día de ayer, eurodiputados que participan en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea externaron su preocupación por los casos de desaparición forzada y el incremento de la violencia en nuestro país. Sin embargo, más preocupante aún, coincidieron, son los altos niveles de impunidad y la poca confianza que los mexicanos tiene en sus autoridades. En Europa, admitió la Diputada alemana Franziska Keller en entrevista para SinEmbargo, existen violaciones a los derechos humanos principalmente de migrantes africanos o de minorías étnicas. Pero en México, dijo, la situación es más grave, hay más violencia y hay más casos como el de Ayotzinapa, sin que se castigue a los responsables. En la grabación difundida esta semana, con duración de poco más de un minuto, se distingue a varios sujetos con los uniformes del Ejército y de los GATES alrededor de una camioneta gris con dos personas, al parecer muertas y tiradas a un costado. -“¡Quítamelos de aquel lado para romperles su madre!”, grita uno de los supuestos elementos de seguridad. Inmediatamente se escuchan detonaciones. -“Todavía está vivo”, “Todavía está vivo uno ahí adentro jefe”, dice otro. -¡Al tiro, güey!, alerta otra voz. -“Quítale los botones, güey, quítale los botones”, ordena uno de los presuntos elementos de seguridad. Posteriormente, se puede apreciar la sombra de un sujeto que abre la puerta de la camioneta, se escucha una voz: ¡Bájalo!, la de otro más que dice “Bájalo a la verga” y después los sonidos de una ráfaga más. Los elementos rondan la camioneta y otra persona avisa: “¡Voy a matar a este güey!” “¡Mátalo a la verga!”, se le dice y una detonación más se escucha.
El video se corta y posteriormente graba el interior del vehículo sin que se aprecie alguien adentro para después enfocar los cuerpos ensangrentados que están tirados en el suelo desde que inició la grabación. VÍDEO:
El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha equivocado la estrategia. Su decisión de hacer del Ejército una víctima ha resultado contraproducente para esa fuerza armada, para él como jefe militar y para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las celebraciones del Ejército por los 102 años de su creación eran una oportunidad para que su Alto Mando tomara la iniciativa y pusiera el ejemplo a sus hombres en momentos en que están perdiendo la batalla en amplios sectores de la opinión pública nacional. En lugar de convencer con la verdad y la transparencia para posibilitar la justicia, el general se ha empeñado en hacer del Ejército una víctima, colocándolo en una aparente debilidad. Cuando habló por la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, el 13 de este mes, se refirió a una acción concertada en contra de sus hombres. Dijo que había “quienes quieren separar al Ejército del pueblo”. Pero aclaró que eso era imposible porque bastaba fijarse en la piel de los soldados mexicanos para darse cuenta que son del mismo pueblo. El color de la piel no dice nada de la cercanía o lejanía de los militares con la gente. Todos aquellos que han sido víctimas de militares desde hace décadas saben que ese argumento es, por lo menos, retórico. En la lógica de la discordia, el general no dio nombres o perfiló siquiera quienes están detrás de esa supuesta inquina. Una semana después, este jueves 19, en la conmemoración del Día del Ejército, abundó en la lógica de la victimización. Dijo que se acusa al Ejército sin pruebas serias o sin que se hayan acabado los procesos judiciales, “para tratar de desprestigiarnos y con ello dañar la confianza en nosotros depositada”. Cienfuegos sabe que se engaña a sí mismo. México es un país en el que los jueces no se han atrevido a investigar la línea de mando para sancionar a los militares culpables de graves violaciones a los derechos humanos. Y con esa línea discursiva, el secretario quiere dar la vuelta a la batalla por la verdad y el establecimiento de responsabilidades. Es una batalla para la que esta generación de militares no está preparada y mucho menos dispuesta a dar, como ocurrió con los mandos militares que estuvieron al frente de la guerra sucia, en los años 60 y 70 del siglo pasado. En esa época de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones graves de derechos humanos, los militares hablaron de “enemigos de la patria”. Ninguno de los responsables fue castigado, haciendo de la impunidad su principal herencia. Más de tres décadas después, ante la masacre cometida por militares de presuntos delincuentes civiles en Tlatlaya o las dudas por la actuación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el general secretario optó por el discurso de la victimización, luego de un fallido intento de encubrir a sus hombres en el caso de la matanza ocurrida en el Estado de México, en junio del año pasado. Dice que los militares no han sido ajenos “a las reflexiones” de la sociedad sobre hechos como Tlatlaya y Ayotzinapa. Más que reflexiones son exigencias de que se esclarezca la verdad y se sancione a todos los responsables, no sólo a los militares de más bajo rango. La victimización sólo exacerba. La respuesta inmediata de quienes apoyan a los familiares de los normalistas fue lanzar piedras y bombas caseras al cuartel de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, tal y como ocurrió en diciembre pasado contra las instalaciones del 41 Batallón de Infantería en Iguala. La radicalización en Guerrero es un pulso para el Ejército. No es con discurso de víctima como debe responder. Mucho menos la puerta falsa de la represión. Para no dejarse entrampar, el Ejército no tiene más que esclarecer y sancionar donde tenga que sancionar; dar el paso histórico de dejar de encubrir.
A la luz de esas actuaciones, el discurso de la victimización como estrategia afecta más la imagen del Ejército, mina la credibilidad de Alto Mando y ahonda la molestia en contra del gobierno de Peña Nieto, sobre todo cuando éste se empeña en defender lo indefendible al asegurar, como lo dijo este 19 de febrero, que el Ejército mexicano “está por encima de cualquier sospecha o duda”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS).
Legisladores de dicho partido promueven el programa de vales de medicinas del gobierno federal.
La senadora Ninfa Salinas participa en un nuevo spot que promueve el programa federal de vales de medicinas, relanzado por el Partido Verde donde difunde informes legislativos. Dicha campaña fue bajada el 29 de diciembre pasado por orden del Tribunal Electoral por afectar la equidad en el proceso electoral. La hija del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego dice en el comercial: “Habrá vales de medicina en el IMSS, aprobamos un punto de acuerdo para que el Seguro Social inicie un programa de vales a partir del 15 de marzo de este año”, afirma “Falta mucho por hacer, pero las senadoras del Verde logramos lo que proponemos”. Se trata de nueva cuenta de publicidad contratada por los legisladores y el partido político. Al concluir el mensaje aparecen los logos del PVEM y de la 62 Legislatura del Senado de la República. El diario Reforma informó que este jueves arrancó el llamado periodo de intercampañas, en el que está prohibido hacer referencias a candidatos o precandidatos y pedir el voto. Además, entre esta fecha y el 5 de abril, todos los partidos políticos tendrán el mismo tiempo en las pautas de radio y televisión.
Además de estos mensajes pagados, el Partido Verde comenzó a transmitir un nuevo spot dentro de la pauta que le asigna el INE en el que aparece el senador y vocero de ese instituto político, Carlos Puente donde asegura haber cumplido con propuestas como los vales de medicina en el IMSS y en el ISSSTE. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Hasta ahora el INE ha dado "nula respuesta"y sólo se han tomado "medidas parciales", señaló el panista, en referencia a que sólo se quitó el logotipo "Mover México" de las cajas.
Es preocupante que el programa de entrega de televisiones digitales, como parte del apagón analógico, se haga de cualquier manera en este año electoral, consideró Marco Antonio Adame, secretario de Acción de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, indicó que el programa del gobierno federal se lleva a cabo con “discrecionalidad”, y además con “montos elevados, 17 mil millones de pesos”, así como con información insuficiente, por lo que urgió que se retire de forma temporal, hasta que pase la jornada electoral. Resaltó que el programa “no tiene un padrón propio de beneficiarios” y “se utiliza información electoral para convocar a los beneficiarios y no se tiene un seguimiento de ellos”. Lamentó que pese a la denuncia pública, en el Instituto Nacional Electoral hay “nula respuesta”. Propuso que posteriormente se retome el programa pero “con reglas claras, sin afectar la meta de arribar al cambio digital que el país necesita”. Adame apunó que su partido abrió la página telesporvotos.mx, donde reciben testimonios de los ciudadanos, sobre las irregularidades del programa. Agregó que en su partido están en espera de reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong “para hablar sobre el tema y canalizar legítima preocupación”. Recalcó que “hay una denuncia pública y no hemos quitado el dedo del renglón, y también nuestro representante ante el INE ha presentado ya formalmente una denuncia pormenorizada que está en proceso”.
Consideró que hasta ahora el INE “ha tomado medidas parciales, como la de retirar el lema de ‘Mover a México’ que es absolutamente insuficiente y que además está controvertida esa decisión. Hoy se sigue utilizando, se siguen distribuyendo las televisiones”. ENTREVISTA:
En abril de 2013, la dirigencia del PAN reveló una operación en el estado de Veracruz para sumar votos al tricolor, con ayuda de funcionarios de la Sedesol. Uno de los operadores priistas está de vuelta: ¡y en la Sedesol de Veracruz!
En abril de 2013, a menos de tres meses de la celebración de las elecciones locales en Veracruz, fijadas para el 7 de julio de ese año, el Pacto por México, suscrito por los principales partidos políticos y el gobierno federal, se fracturó. Motivo principal: una estructura paralela del PRI, conformada por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, operaba a favor del tricolor en la entidad, junto con funcionarios del gobierno de Javier Duarte. Todo lo descubrió y denunció ante la PGR el Partido Acción Nacional. “Ladrones electorales”, calificaron los panistas. Tras descubrirse la operación priista, Ranulfo Márquez Hernández fue removido de su cargo como delegado de la Sedesol en Veracruz. Sin embargo, no pasaron ni dos años, y este personaje está de vuelta.
Márquez Hernández ahora es el titular de la Sedesol en Veracruz. Apenas el lunes pasado, se sentó atrás del presidente Enrique Peña Nieto, en un acto de la Cruzada contra el Hambre, en San Andrés Tuxtla, ahí donde el mandatario se enredó con la referencias a la cálida acogida de que fue objeto.
Bomba política 17 de abril 2013. En conferencia de prensa, el dirigente del PAN, Gustavo Madero, presentó un conjunto de grabaciones en las que se escucha a funcionarios y exfuncionarios de los tres niveles de gobierno, así como a candidatos y representantes del PRI, como parte activa en por lo menos ocho reuniones del llamado “Grupo Boca del Río”. Las llamadas fueron realizadas entre el domingo 3 de febrero y el domingo 7 de abril del año 2013. En ellas se escuchan cómo organizan y evalúan durante horas las estrategias y procedimientos para la utilización masiva de las estructuras, recursos, padrones de beneficiarios… de los programas sociales del gobierno federal como Oportunidades o el Seguro Popular. El PAN obtuvo 13 horas de grabaciones de las cuales aproximadamente dos horas y media son con video y el resto solo registran el audio del lugar.
Lo que se escucha dejó al descubierto el uso de recursos gubernamentales puestos al servicio del PRI para las elecciones de Veracruz en julio 2013:
18 de abril 2013. Rosario Robles destituyó a seis funcionarios de la Sedesol, “personas que se desprende directamente estuvieron involucrados en estos hechos”: *Felipe Sosa Hernández, coordinador operativo de la dependencia. *Heli César Mendoza y Raúl Molina, jefes de zona. *Graciela Tejeda, enlace operativo del programa “65 y más”. *Jesús Balbuena Buenrostro, enlace operativo del programa “Oportunidades”. *Mariano Molina, supervisor de “Oportunidades”.
En el caso del delegado de la dependencia en Veracruz, Ranulfo Márquez Hernández, fue separado “provisionalmente de su cargo, mientras las autoridades competentes realizan la investigación conducente”, dijo Robles:
La investigación que refirió Robles fue a partir de la denuncia presentada en la PGR, por el PAN, el 16 de abril 2013, contra el gobernador Javier Duarte y 57 funcionarios federales y estatales, por uso indebido y desvío de recursos públicos para favorecer a los candidatos del PRI. Madero reclamó airadamente a Peña lo que había ocurrido. En una carta, el panista le dijo al presidente: “Los compromisos democratizadores y reformadores …del Pacto por México… no se están acatando ni por los funcionarios federales de su gobierno ni por los gobernadores de los estados donde gobierna su partido. Cada día, tenemos más evidencias de que en los 14 estados donde se llevarán a cabo elecciones este año se están utilizando estructuras, recursos y programas federales para impulsar a candidatos del PRI. Es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Rosario Robles, y del gobierno del estado de Veracruz representado por Javier Duarte”. Una de las exigencias del dirigente de Acción Nacional fue que: 1. Se integre con rapidez y eficiencia la averiguación previa derivada de la denuncia penal que… se presentó en contra de diversos funcionarios federales y estatales, ante la Procuraduría General de la República. Asimismo, urgió que “se destituya de inmediato a los funcionarios federales directamente involucrados en los hechos denunciados: a) Paula Hernández Olmos. Coordinadora Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en Veracruz b) Héctor Pablo Ramírez Puga, Director General de Liconsa. c) Héctor Eduardo Velasco Monroy, Director General de Diconsa. d) Ranulfo Márquez Hernández. Delegado de Sedesol en el Estado de Veracruz. e) Alejandro Baquedano Sánchez, Coordinador del Programa Oportunidades en el Estado de Veracruz. f) Gonzalo Morgado Huesca. Delegado del ISSSTE en la misma entidad. A la PGR también llegó la denuncia del PRD, pero se interpuso contra Rosario Robles y el gobernador Duarte.
En abril 2013, en Noticias MVS primera emisión, hablaron los líderes del PAN y PRD:
Fractura del Pacto La madrugada del 23 de abril 2013, la Presidencia de la República emitió un comunicado. “En días recientes los dirigentes de los partidos políticos nacionales que participan en el Pacto por México han expresado diferencias, que son del conocimiento público”, refirió la comunicación desde Los Pinos. El presidente Enrique Peña Nieto decidió suspender de manera temporal todas las actividades públicas del Pacto por México, para abrir un espacio al diálogo, que permita superar los “desencuentros”. El mandatario pospuso en ese momento el acto programado a las 10:00 horas en el Palacio Nacional, en donde se pretendía presentar la reforma financiera. Lo anterior, luego de que el PAN informó que no estaría presente en los actos del Pacto. El PRD hizo lo mismo. Ambos volvieron a la mesa con el gobierno federal, hasta el 7 de mayo, luego de que se firmó un adéndum al Pacto por México. El día de la firma, el líder del PRI, César Camacho, pidió no generalizar las denuncias sobre priistas que operan elecciones con recursos públicos y llamó a castigar a quien lo haga. “Quien la haga que la pague”, sentenció.
Unos días antes de la fractura, el 19 de abril -dos días después de la denuncia de Acción Nacional-, Peña Nieto arropó a Rosario Robles, con una frase: “no te preocupes, hay que aguantar“:
”Los delegados los nombré yo” Robles fue cuestionada el 23 de abril, al comparecer por el caso Veracruz, en el Senado. Fernando Yunes Márquez, senador del PAN, le preguntó directamente: “¿por qué se nombró a Ranulfo Márquez como delegado de Sedesol en Veracruz, saber si fue propuesta del gobernador del estado o qué cualidades se vio en dicha persona?”. Rosario respondió: “Hasta ahorita no hay un solo elemento que impida que un delegado pertenezca a un partido político… todos los delegados que a nosotros nos entregaron la renuncia, pertenecían al Partido Acción Nacional… nadie tiene derecho a desacreditarlos, nadie tiene derecho a ponerlos en juicio, lo que habla es su labor, no su militancia partidaria y mal caeríamos en ese tipo de juicios que no tienen nada que ver”. “Los delegados los nombré yo en atribución de mis facultades… son nombramientos firmados por mí y los asumo plenamente”, refirió sobre los funcionarios que terminó removiendo, tras conocerse su operación a favor del PRI en Veracruz. El regreso de Ranulfo Tras ser removido de su cargo como delegado de la Sedesol, en abril 2013, Ranulfo volvió a ocupar un cargo este 2015, en la misma dependencia, pero ya no en el gobierno federal, sino en el de Veracruz. El jueves 8 de enero, Javier Duarte tomó protesta a seis nuevos funcionarios, entre ellos Márquez Hernández.
En 2010, Ranulfo era dirigente estatal del PRI. Desde ese puesto, propuso al hoy ex gobernador veracruzano, Fidel Herrera, para ocupar la Presidencia de la República. Además, afirmó que el PRI de Veracruz respaldaría “económica y moralmente” a Fidel, si él decidiera buscar la precandidatura de su partido y “sacar al PAN de Los Pinos”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Diputados del Parlamento Europeo cuestionaron de forma directa a senadores mexicanos sobre el proceso de investigación en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, durante la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) México-Unión Europea. Los eurodiputados también cuestionaron sobre la situación de los derechos humanos en México, específicamente sobre la impunidad que rodea los casos de la desaparición de normalistas en Iguala, y el asesinato de los activistas Bety Cariño y el finlandés Jyri Jakkola, quienes fueron ultimados el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, Oaxaca. “En el Parlamento Europeo estamos muy interesados en que se resuelva el caso Iguala, creen ustedes evitar que esto se vuelva a producir otra vez, lo entiendo perfectamente es comprensible. Y también reclamar justicia y castigar aquellos que han perpetrado esto y que no es repitan casos semejantes en el futuro”, dijo la eurodiputada Gesine Meissner. La Diputada Pina Picierno cuestionó a los senadores mexicanos por qué las autoridades mexicanas rechazaron la tesis de los peritos argentinos, con el fin de señalar que se trata de un caso cerrado. “Queremos saber por qué se ha rechazado la tesis de los peritos argentinos que dicen que los restos encontrados no son los de los estudiantes. Con todos estos argumentos yo insisto, rechazo la idea de que Iguala sea un caso aislado, no me parece un caso aislado”, dijo. En respuesta, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguraron que existen problemas de desaparición forzada, violencia e inseguridad en el país, pero indicaron que están en marcha diversas reformas en materia de derechos humanos y reformas al sistema penal que buscan reducir la injusticia y la impunidad. El Senador priísta Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, explicó a los eurodiputados que la PGR ha hecho una investigación “profunda, seria y con toda la tecnología al alcance” para dar con los responsables de los hechos en Iguala. Ofreció a los eurodiputados presentar un video completo sobre la investigación que realizó la PGR que arrojó la responsabilidad del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, que estaban vinculados al crimen organizado, sin embargo al no tener preparado el audiovisual, éste no se proyectó. Y mostraron el mismo video visto por todos los mexicanos: el de la Procuraduría General de la República con la “verdad histórica”.
La “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, Procurador, fue ampliamente rechazado por los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre pasado. Fue rechazado además por organizaciones internacionales y mexicanas.
Omar Fayad aseguró a los eurodiputados que hay quienes le han dado falsas expectativas a los papás de los normalistas y así les dan falsas esperanzas sin sustento. El Diputado español Agustin Díaz de Mera respondió a Fayad que tiene plena certeza de que las autoridades de México pueden hacer una investigación profunda, pero urgió a tener resultados ya. A pesar de ello, el Diputado priista dio los mismos argumentos que el Procurador General de Justicia de México, Jesús Murillo Karam, el pasado 27 de enero ante los medios.
“Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan. En ese orden. Es la verdad histórica, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy por el Ministerio Público de la Nación que ha solicitado imposición de las penas más altas que la legislación propone.”, dijo en ese entonces Murillo Karam. VÍDEO:
Finalmente la eurodiputada Franziska Keller sostuvo que “hemos visto a raíz del caso Iguala que existen problemas de las armas y el tráfico de armas, incluyo tráfico de armas alemanas que llegan a México queremos que las armas no lleguen a manos de los criminales”. ADIÓS TLATLAYA Antes, al abrir los trabajos de la reunión de la Comisión, la Diputada Teresa Jiménez-Becerril Barrio del Partido Popular, hizo una tibia crítica a la violación de derechos humanos en México y centró su discurso en la necesidad de ampliar los mecanismos de cooperación política y comercial entre ambas regiones. Jiménez-Becerril Barrio es criticada, desde tiempo atrás, por tener una posición suave frente al Gobierno de México por ser asistente permanente de eventos organizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy, la legisladora no dijo una sola palabra respecto a la violación sistemática de derechos humanos, las desapariciones forzadas, el asesinato de periodistas o la masacre de civiles a manos del personal del Ejército en Tlatlaya, Estado de México. Aunque sí se refirió de forma somera a la desaparición de 43 estudiantes la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, hecho que ha trascendido las fronteras mexicanas e incluso mereció una condena de parte del Parlamento Europeo, por los hechos sucedidos el pasado 26 de septiembre en la ciudad guerrerense de Iguala. De acuerdo con organizaciones internacionales como Human Right Watch y Amnistía Internacional, México vive una crisis de derechos humanos y se niega a reconocerlo. “Está en este momento están en nuestra mente y en nuestro corazón los padres de los muchachos desaparecidos en Iguala. Quienes se dirigen a nosotros y se dirigen al pueblo y a los gobernantes y senadores y representantes mexicanos, y no solo ellos, hay tantas personas en México exigiendo esa justicia que merecen”, afirmó. La presidenta de la CPM en el Parlamento Europeo sostuvo que la Unión Europea reconoce a México como un país que ejerce un liderazgo en el área. Dijo no entender por qué fuera de las fronteras de México trascienden solo las noticias negativas y no todos los atractivos que ofrece el país. “No todo son sombras en este cielo compartido entre México y la Unión Europea”, dijo en su discurso de apertura de los trabajos bilaterales. “Crítica sí, duda sí, pero constructiva. No estamos aquí para darle lecciones a nadie. Estamos aquí para compartir nuestros problemas y ver como los podemos resolver mejor”, afirmó la legisladora española.
La eurodiputada Teresa Jiménez-Becerril indicó que la inseguridad y la impunidad “lastran” los esfuerzos que México está haciendo por mantener su posición de liderar con el contexto internacional. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA. LINK: http://www.sinembargo.mx/19-02-2015/1256507.
El recorte al gasto anunciado por la Secretaría de Hacienda afectará a la inversión pero no es incierto el efecto que tendrá en el crecimiento económico del país en este año, indica el #SemáforoEconómico.
El indicador de inversión está en amarillo desde diciembre de 2008, debido a que, desde entonces, no se ha logrado la meta de invertir al menos 24% del Producto Interno Bruto (PIB), indica el #SemáforoEconómico del del Observatorio económico México ¿Cómo Vamos?. El grupo de expertos del Observatorio estiman que los recientes recortes anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) para el ejercicio fiscal 2015 en respuesta a la caída de los precios del petróleo podrán disminuir aún más el valor del indicador de inversión del #SemáforoEconómico, ya que, al menos uno de cada cinco pesos de inversión del país se explica por la derrama de recursos públicos. La SHCP anunció el pasado 30 de enero un recorte al presupuesto federal por 124.3 mil millones de pesos, equivalente al 0.7% del PIB El recorte se centra en Pemex, que tendrá que reducir su presupuesto en 62 mil millones de pesos. En palabras de Miriam Grunstein, profesora del CIDE y experta de México ¿Cómo Vamos?, “los recortes tendrán que afectar la inversión, porque en PEMEX hay pocos lugares más donde se pueda recortar”. En este sentido se pronunció también el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, quien afirmó que “dado que la mayor parte va hacia Pemex (…) difícilmente podría estimarse que no [se afectará la inversión]”. Sin embargo, los expertos del Observatorio no se ponen de acuerdo sobre si la disminución de la inversión afectará el crecimiento para 2015, puesto que, durante el año pasado, la inversión pública tuvo incrementos altísimos de acuerdo con la SHCP, sin que ello significara que la economía se detonara. Es incierto qué efecto tendrán esas reducciones en el crecimiento económico porque, al parecer, muchas inversiones tenían escaso valor presente neto positivo. Francisco Lelo de Larrea, subdirector de estudios económicos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y experto de México ¿Cómo Vamos? subrayó que el recorte no afectará el crecimiento puesto que “algunos proyectos de inversión en realidad eran elefantes blancos”. El profesor e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Isaac Katz, opinó en el mismo sentido y afirmó que “el gasto del gobierno es muy poco productivo”. La duda que tienen los expertos sobre el impacto que tendrá el recorte en el crecimiento sólo demuestra la poca confianza que se tiene en que las inversiones de gobierno sean verdaderamente efectivas promoviendo el desarrollo económico, lo que llama la atención sobre la imperante necesidad de crear mecanismos para evaluar, de forma más detallada, la calidad de las inversiones que se realizan con fondos públicos.
Académicos y expertos de México ¿Cómo Vamos? estiman que continuaremos viendo el #SemáforoEconómico en su indicador de inversión en amarillo, o incluso en rojo, a raíz de los recortes presupuestales, pero se muestran inciertos sobre el color que tome el semáforo en su variable de crecimiento económico.
El observatorio económico México ¿cómo vamos? es una iniciativa de un grupo plural de expertos en economía y política pública comprometidos con impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Desde nuestras instituciones, entre las que destacan universidades como Anáhuac, CIDE, COLMEX, ITAM, ITESM y UNAM y centros de investigación como IMCO, México Evalúa, CIDAC Y CEESP diseñamos una herramienta para identificar cómo va avanzando nuestra economía llamada #SemáforoEconómico. El #SemáforoEconómico le da seguimiento al cumplimiento de metas puntuales en bienestar, productividad, inversión y competencia que deben lograrse para que México crezca. El #SemáforoEconómico está disponible en versión nacional y para cada entidad federativa en www.mexicocomovamos.mx y en el twitter @mexicocomovamos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: #SemáforoEconómico: ¿Cómo afecta el recorte al gasto a la inversión?
"Decidimos levantarnos de la sesión en protesta por el nivel de deterioro institucional y la falta de imparcialidad que como en ninguna época, se vive en esta institución clave de la democracia mexicana", afirman. El miércoles en el instituto se quedaron sólo representantes del PRI-PVEM y Nueva Alianza.
Comunicado conjunto de los Representantes del PAN, PRD, MORENA, PT, MOVIMIENTO CIUDADANO, Partido Humanista y PES ante el Consejo General del INE, así como de los Consejeros del Poder Legislativo del PAN, PRD, MC y PT: Este día 7 partidos políticos de los 10 que tienen representación en el consejo general del INE: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Morena, Partido Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Humanista, Partido Encuentro Social, y sus respectivos consejeros legislativos, decidimos levantarnos de la sesión en protesta por el nivel de deterioro institucional y la falta de imparcialidad que como en ninguna época, se vive en esta institución clave de la democracia mexicana. Tras la posposición de los proyectos de acuerdo para reglamentar la imparcialidad del uso de los recursos públicos y para garantizar el uso legal y no electoral de los programas sociales, decidimos no participar en una instancia en la que se ha perdido incluso el respeto por la deliberación y la crítica de los representantes de los partidos y consejeros del poder legislativo. Pero nuestra protesta no se circunscribe sólo a éstos resolutivos, es el resultado de una ya larga lista de hechos que señalan acciones y omisiones, que a ciencia y paciencia de la mayoría de los integrantes del Consejo General del INE, han violentado los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, así como máxima publicidad. El hecho más preocupante es la existencia de un bloque de consejeros al servicio del PRI- gobierno, que está haciendo prevalecer criterios y decisiones parciales en diversas resoluciones tanto de los comités como dentro del pleno del Instituto. Ello tiene diversas manifestaciones y una de ellas es la integración y desempeño de la Comisión de Quejas y Denuncias, convertida en un órgano de consigna del oficialismo, donde se ha instalado la censura a contenidos de los promocionales de partidos, en sentido totalmente distinto al objeto de su creación. La facciosa integración de los OPLES para favorecer al PRI; las decisiones en materia de radio y televisión que impusieron bloqueos estatales y restringieron el monitoreo a la cobertura de medios sobre campañas, constituyen decisiones que han venido a afectar seriamente la equidad del proceso electoral 2015. La omisión del INE con relación a la actuación impune del Partido Verde Ecologista de México, en un acumulado de violaciones a la legislación electoral que van desde el gasto excesivo e indebido de compra de propaganda electoral disfrazada de informes legislativos, la publicidad de cineminutos hasta hoy sin sanción, y el uso ilegal del padrón electoral y los programas sociales del Gobierno Federal. La fiscalización como eje central de la reciente reforma electoral, ha sido desdeñada por el INE al no designar al nuevo titular del órgano especializado y por el contrario mantener a una persona objetada por la mayoría de los partidos y los consejeros legislativos.
Por todas estas razones exigimos que el INE retome sus principios rectores, en el que destaca el de imparcialidad, como base para la celebración de comicios confiables. VÍDEO:
El jueves, representantes de 7 partidos abandonaron la sesión porque 6 de los 11 consejeros evitaron la discusión de reglas para que los programas sociales no se utilicen con fines electorales y los gobiernos ejerzan los recursos públicos con imparcialidad.
Es un momento complicado en el Instituto Nacional Electoral. Pero hay que asumir que cada vez que arranca un proceso electoral, la intensidad del debate político se incrementa y el Consejo General del INE -donde están representados todos los partidos- no solamente no escapa a ese fenómeno, sino que lo condensa; es un lugar donde las discusiones se dan en público, donde se toman las decisiones del arbitraje electoral, es un lugar refractario de intensidad política, expuso el consejero presidente de ese instituto, Lorenzo Córdova, luego de que el jueves, 7 de los 10 partidos se levantaran de la mesa. Los representantes de los partidos acusaron al INE de retardar una semana la discusión sobre acuerdos referentes a la imparcialidad con la que deben conducirse los servidores públicos durante las campañas; y otro sobre la gestión y administración de los programas sociales durante las campañas electorales. En entrevista para Noticias MVS primera emisión, reconoció que, por parte de esos 7 partidos que se levantaron de la mesa, “hay preocupaciones a las que no podemos ser ajenos, no podemos obviar”. Todo esto ocurre en un contexto en el que el INE tiene un déficit de credibilidad pública, aceptó Córdova. “Estoy haciendo lo que puedo”, respondió al ser interrogado sobre si él debería reencauzar el INE. “Soy el primero, lo dije… que el INE tiene un déficit de credibilidad pública y que el INE tiene que construirse la credibilidad. Y creo que el INE en su rol de árbitro tiene que ser muy enérgico para conducir la vida política, el debate político, particularmente durante las elecciones”, subrayó el presidente del instituto. Recordó que casos como Pemexgate y Los Amigos de Fox, “con toda la polémica que se abrió, con todas las acusaciones que se le hicieron al IFE por una presunta parcialidad, son también los momentos de mayor fortaleza. Un árbitro tiene que ser un árbitro que centre su fortaleza sin duda en el rigor en la aplicación de la ley, pero también en su inflexibilidad, y por supuesto su no pasividad frente a eventuales violaciones de la ley”. Es un órgano muy complicado, pero evidentemente “tenemos un tramo de reconstrucción de credibilidad muy importante por procesar”. Aseveró que en el INE “quienes tomen las decisiones no deben estar actuando para proteger o validar intereses de alguna de las partes en contienda. No somos, no debemos ser correas de transmisión”.
No obstante, a los partidos hay que atenderlos, para poder seguir siendo un interlocutor confiable, pero además un árbitro, que es un rol fundamental en el proceso electoral, finalizó Córdova. ENTREVISTA:
En el TEPJF desconocen qué tipo de gasto representaron los 6 millones 809 mil 718 pesos que se usaron después de la elección presidencial.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron, esta madrugada, que el Instituto Nacional Electoral reúna la información necesaria para determinar qué tipo de gasto representan los más de 6.8 millones pesos erogados por el PRI, después de las elecciones de 2012, a través de las tarjetas Monex Recompensa, cantidad que distribuyó entre el personal que contrató. “Sin mayor explicación determinó asignar como gastos ordinarios a nivel federal la cantidad dispuesta de los monederos electrónicos con posterioridad a la etapa de campaña electoral sin considerar los gastos que el señalado ente político también erogó para las campañas electorales de esas entidades federativas, por lo que en ese sentido se considera que el ahora Consejo General del Instituto Nacional Electoral de manera fundada y motivada debe señalar el tipo de gasto a que corresponde la diferencia existente entre el monto al que ascendió el gasto para la campaña electoral federal y la cantidad total dispuesta de las tarjetas de prepago, para lo cual deberá tener en consideración los contratos y recibos presentados por el Partido Revolucionario Institucional, en relación a los procesos electorales locales del Distrito Federal y de Jalisco”, expuso el secretario de Estudio y Cuenta, Daniel García Hernández. Los magistrados avalaron esa instrucción al INE y dieron su punto de vista sobre el tema. Manuel González Oropeza expuso: “Todos estos gastos que fueron por un monto aproximado hasta de 66 mil 326 millones de pesos aproximadamente, son calificados como gastos de campaña… todos estos gastos se dispersaron en tarjetas… se distribuyeron a las personas de la estructura, como se denomina por el partido, todos aquellos representantes del partido ante las casillas en las labores de capacitación, pero todas al interior del partido… Sin embargo, como bien se dice en la cuenta, posteriormente al día de la jornada electoral la Comisión Bancaria y de Seguros apreció que había siete millones que no se identificaban claramente con los montos aludidos. Y el Instituto Federal Electoral, automáticamente, cargó esos 7 millones a los gastos de campaña federal, pero no encontramos ninguna justificación o explicación de por qué tenía que haberse depositado o cargado hacia la cuenta federal. Por todas estas razones y las que obvio repetir porque ya se dio cuenta de ellas, votaré a favor de este proyecto”. Constancio Carrasco Daza abundó: “Es muy complejo, lo digo respetuosamente, a partir de un acto jurídico de esta naturaleza que obra en el expediente poder coincidir en que estas cantidades o este flujo de cantidades que se dispersaron a través de las tarjetas de Banca Monex a la estructura del partido político, cómo coincidir a partir de este acervo probatorio, que fueron o revelaban o podía o puede llegar advertirse un acto de naturaleza distinta al mutuo con intereses y prestación de servicios, concretamente que eso constituía un verdadero donativo o una aportación, porque para que así fuera, debería o no podía determinarse si tenemos un acto jurídico como el que se ofreció en su defensa por el Partido Revolucionario Institucional, eso es lo complejo”. La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa sintetizó el asunto: “Los 7 millones que acredita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se dispusieron del 27 de junio al 4 de julio, es eso lo que está resolviéndose, la autoridad electoral lo que hace con esa cifra es considerarla dentro de los gastos ordinarios del partido político aporta a la autoridad administrativa electoral contratos y recibos de su personal operativo o de operación a nivel nacional, por esos 50 millones, equivalente a 50 millones, y con eso reporta y acredita el gasto de los 50 millones para la operación regional. Pero la autoridad electoral determina que esos 50 millones también corresponden a lo que acredita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de disposición con corte al 27 de junio. Aceptado por todos y no controvertido, queda firme. Está acreditado el gasto de 50 millones para la campaña federal, acreditado con contratos y recibos y también acreditado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la disposición de un monto por los 50 millones que se asume que es para la campaña federal… “¿Qué nos está proponiendo el Magistrado Carrasco y con lo que estoy absolutamente de acuerdo? Instituto Federal Electoral, los 7 millones que tú consideraste ordinarios, en gastos ordinarios y federales, que para mí es un error lo que hizo el Instituto Federal Electoral, para mí es una equivocación que hay que corregir del Instituto Federal Electoral, no tenía por qué ni ponerlos ordinario, sino en campaña, y si ya está acreditado y aceptado que de los 66 millones, 50 fueron para la federal y los 50 millones que se dispusieron en Monex, luego entonces el Instituto Federal Electoral tendrá que corregir y decir que esos 7 millones no son ni de la campaña federal ni gastos, son de campaña, no son ordinarios, pero no son de la campaña federal porque ya los 50 millones que acreditó el partido y que aceptó la autoridad están firmes”. Por su parte, el magistrado Flavio Galván Rivera abundó: “La autoridad tuvo por comprobado que el Partido Revolucionario Institucional celebró contratos que ascienden a un total de 50 millones 18 mil 300 pesos, y tuvo a la vista, están en los anexos de los expedientes 32 contratos de prestación de servicios celebrados entre las personas que fungieron como enlaces estatales y que ello fue por un importe de 6 millones 080 mil pesos en el orden federal. “Por lo que hace a los coordinadores territoriales el partido presentó 11 contratos por un monto de 6 millones 234 mil 400 pesos y 156 contratos de enlaces distritales por un valor de 6 millones 363 mil 900 pesos. “Por otra parte, presentó 7 mil 184 contratos de representantes generales por un importe de 31 millones 340 mil pesos, que hacen un total de 50 millones 18 mil 300 pesos para la elección federal. “Por cuanto hace a la elección local se aportó también como elemento probatorio 12 mil 855 contratos con personas que fungieron como representantes de casilla en el procedimiento electoral local en el Distrito Federal, lo cual ascendió a un monto de 7 millones 713 mil pesos. “Por otra parte, se presentaron 1 mil 038 contratos celebrados con personas que fungieron como representantes generales en el proceso electoral local también del Distrito Federal que ascendió a la cantidad de 2 millones 595 mil pesos, y mil contratos de representantes generales para el proceso electoral local en el estado de Jalisco por un total de seis millones de pesos, lo que hace una cantidad total de 16 millones 308 mil, que sumados a los otros 50 millones dan el total de la cantidad mutuada. “Esto demuestra de manera fehaciente que el dinero recibido en mutuo se utilizó para pagar los servicios personales de lo que el partido político denomina “su estructura” para la jornada electoral y la etapa de campaña electoral. “Si esto fue dispuesto a través de tarjetas que se usaron de manera indistinta, no hubo o cuando menos no está acreditado en autos, una clasificación de tarjetas para el gasto federal y tarjetas para el gasto local, son indistintas, es difícil saber exactamente cuánto fue dispuesto para la campaña federal y cuánto para la campaña local en el Distrito Federal, y cuánto para la campaña en el estado de Jalisco. “Sin embargo, haciendo el total de operaciones para saber de cuánto se dispuso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una investigación que hizo esta institución nos lleva a la conclusión de que al 27 de junio de 2012, fecha en que concluyó la campaña electoral, se habían dispuesto, de los 66 millones, 50 millones 508 mil 891. “Y ante la continuación de la revisión de la disposición de esos 66 millones, al 4 de julio de 2012 se advirtió un incremento de 6 millones 809 mil 718, para hacer un monto total de 57 millones 318 mil 609″, precisó. A su vez, Pedro Esteban Penagos López matizó el tema: “El problema de cómo determinar en qué se gastó la diferencia de los 6 millones de pesos… hay que solamente determinar en qué se aplicó ese remanente de 6 millones 809 mil 718 pesos. Para mí todo está debidamente aclarado, determinado, como mencioné con anterioridad, no se demuestra en el expediente no queda demostrado la coacción o compra de votos, el contrato de mutuo es legal, el gasto está reconocido por el Partido Revolucionario Institucional y no hay otro tipo de financiamiento, desde luego, paralelo al que está reconocido”.
El magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos precisó que el INE “debe de reclasificar y emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que determine cuál fue el origen y cuál fue el destino de estos 6 millones 800 mil pesos. Esto es la única obligación que se le impone al instituto hoy INE”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
La Auditoría Superior de la Federación determinó que la lucha contra el crimen es cada vez más ineficiente: en 2013, subió el número de casos sin resolver.
El combate al crimen organizado es cada vez más ineficiente: en 2013, subió el número de casos sin resolver, las sentencias condenatorias fueron minoría y más del 90% de las órdenes de aprehensión no se cumplieron. Son los hallazgos hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras el análisis de desempeño de dos áreas clave en el combate al narcotráfico: la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), ambos de la Procuraduría General de la República (PGR). En el caso de la SEIDO, la auditoría alertó sobre una baja sostenida de la eficacia para resolver los casos que se inician en los últimos años. De las siete mil 352 averiguaciones que se abrieron en el 2013, solo fueron resueltas dos mil 71, es decir el 28.2 por ciento de los casos. Un año antes, el nivel de eficacia de la SEIDO para “despachar” las averiguaciones superaba el 30% según los auditores. A lo anterior se suma el hecho de que de las 781 averiguaciones previas consignadas ante un juez, apenas el 19.5% de ellas terminó con sentencia condenatoria en un juzgado en el 2013. Los jueces, añade la auditoría, negaron más del 35% de las 363 órdenes de aprehensión que la SEIDO solicitó en el 2013. Peor aún, es que de las 225 que si concedieron, fueron cumplimentadas apenas el 9.3 por ciento. El tema más preocupante, según el documento, es que la PGR no tiene un indicador establecido para evaluar si el número de órdenes rechazadas es o no un problema. La ASF emitió cinco recomendaciones a la subprocuraduría para corregir esta situación, las cuales van desde el análisis para identificar las causas en la caída de eficacia y establecer contra medidas, hasta el establecimiento de los indicadores de medición adecuados. Poca inteligencia Por separado, se aplicó una auditoría de desempeño al CENAPI, cuya responsabilidad es el análisis de datos y generación de inteligencia que facilite el combate al crimen organizado. Los auditores concluyeron que en el 2013 el CENAPI generó 781 productos de inteligencia, cifra que apenas representa el 63 por ciento de la meta programada de generar mil 240 documentos de esta naturaleza en ese año. “Se considera necesario que el CENAPI refuerce sus actividades relacionadas con la generación de productos de inteligencia para fortalecer el diseño de estrategias para desarticular a la delincuencia organizada” establecieron los auditores en su dictamen. Por otro lado, la auditoría evidenció que de las 8 mil 705 solicitudes de información ordinarias que hizo el Ministerio Público Federal al CENAPI, mil 451 fueron respondidas después de siete días hábiles, situación contraria a la de los protocolos y que atenta en contra de la eficacia de las indagatorias.
Al respecto, el CENAPI informó a la ASF en un oficio fechado en octubre del año pasado, que sus oficinas serán desconcentradas en las 32 delegaciones estatales de la PGR, para que haya una operación más efectiva. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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