MÉXICO, D.F: Algunas de las industrias más mortíferas del mundo encontraron en México un sólido aliado para frenar los intentos de regularlas a nivel internacional, y más particularmente en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y en la Dirección General de Reglas de Comercio Internacional (DGRCI) de la Secretaría de Economía (SE), denunciaron hoy organizaciones de la sociedad civil. Así, en julio de 2011, el titular de la DGRCI, Juan Antonio Dorantes Sánchez, envió una carta a la delegación australiana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) –y a nombre del gobierno mexicano–, para cuestionar su decisión de cubrir 80% de las cajetillas de cigarros con advertencias de salud y fotos de las 21 enfermedades ligadas al consumo de tabaco, el cual cobra 6 millones de vida al año. “Es un empaquetado genérico, sencillo, que deja muy poco espacio para la marca”, señaló Erick Ochoa, director de iniciativas para el control del tabaco en la Fundación Interamericana del Corazón México. Para la industria, añadió, “el empaquetado es la publicidad, y un estudio demuestra que un niño sabe diferenciar las distintas marcas de cigarros”. En la OMC, Dorantes Sánchez aseveró a sus homólogos australianos que “México no tiene evidencia científica ni técnica de las influencias del embalaje sobre el comportamiento del consumidor”, y afirmó que además la regulación del empaquetado podría molestar el libre comercio. Si bien esta reserva quedó sin consecuencia en Australia, las organizaciones denunciaron que la representación de México ante la OMC repitió los mismos argumentos que la industria tabacalera, además de que en el país los pictogramas ocupan apenas 30% de la cajetilla. Así, en su último informe anual, Philip Morris International afirmó que si bien “apoya las advertencias de salud para informar a los consumidores de los riesgos de fumar”, “nos oponemos a advertencias excesivamente grandes, como de 50% o más de la cajetilla”. Y, con el mismo argumento que el avanzado por Dorantes Sánchez a nombre de México, PMI aseveró: “Aumentar de manera desproporcionada el tamaño de las advertencias no reduce el consumo, pero estas advertencias de salud sí impiden nuestra capacidad de competir en el mercado al dejar un espacio insuficiente para nuestros logotipos y diseños de empaquetados”. Según el mismo informe, Philip Morris International vendió 34 mil 600 millones de cigarros en 2013 en México –3% más que en 2012–, a raíz de lo cual controló 90% del sector formal del tabaco en el país. Sus ingresos netos en 2013 se elevaron a 80 mil millones de dólares, según el mismo informe. En septiembre de este año, la compañía transnacional recuperó 20% de acciones que había comprado Grupo Carso –propiedad del magnate Carlos Slim– por 703 millones de dólares, a raíz de lo cual “PMI es ahora el dueño de 100% de su negocio mexicano del tabaco”, se felicitó la empresa. Y si bien Dorantes Sánchez afirmó no tener pruebas científicas sobre la influencia de los paquetes sobre el comportamiento del consumidor, el gobierno estadunidense por su parte comprobó que durante décadas la industria tabacalera llevó a cabo campañas publicitarias –entre otras mediante el diseño de sus cajetillas y el engaño de los cigarros “light”– con un claro enfoque hacia los jóvenes. El pasado 29 de abril, una Corte de Illinois impuso una multa de 10 mil millones de dólares a Philip Morris, decisión que apeló el gigante del tabaco. Instancias internacionales Si bien las tabacaleras utilizan a ciertos gobiernos como México –pero también Honduras, Ucrania o República Dominicana– para frenar la regulación internacional del tabaco, también actúan por sí mismas, alzando su derecho a la propiedad intelectual en el marco del libre comercio. Así, en octubre de 2012 la tabacalera demandó a Australia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), así como a Noruega ante la Corte de Justicia Europea de la Asociación de Libre Comercio de los Estados. Pero un caso emblemático fue el de Uruguay. En 2009, el gobierno de Tabaré Vázquez adoptó una serie de disposiciones mediante las cuales se cubrió 80% de las cajetillas de cigarros con pictogramas de advertencia y se obligó a las marcas a tener un solo color, en el marco de una lucha contra el tabaquismo iniciada en 2003 y que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un primer tiempo, la filial uruguaya de Philip Morris, Abal Hermanos, interpuso una demanda ante la Suprema Corte de Justicia para eliminar la obligación de imprimir “las imágenes impactantes diseñadas específicamente para generar sensaciones de repulsión, disgusto e incluso horror”. En la demanda, formulada en febrero de 2010, Abal Hermanos afirmó que la función de los pictogramas consistía en “destruir la buena fe” de las marcas que comercializa sin “fomentar políticas de salud legítimas”. La tabacalera argumentó entre otros que la medida atentaba a sus derechos de propiedad, de libertad industrial y comercial, a su propiedad intelectual, así como a su libertad de expresión. Sin embargo, según la última Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos que se publicó en 2009, en Uruguay 44.6% de los fumadores “han pensado dejar de fumar debido a las advertencias sanitarias de las cajillas”. Al ver su demanda desechada por el mayor órgano jurídico de Uruguay, la tabacalera desplazó el pleito de Montevideo a Washington, sede del Banco Mundial, y más particularmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Ahí, PMI se apoyó sobre un viejo tratado firmado entre Uruguay y Suiza en 1988 para obligar el CIADI a aceptar su demanda, petición a la que accedió el órgano en febrero de 2013, pese a los intentos de Uruguay para invalidarla con el argumento que la salud representa un “bien supremo no negociable”. En mayo pasado, Apro entrevistó a Winston Abarca, ministro de Salud en el gobierno de José Mujica, quien lamentó: “Nosotros en el gobierno queremos que la gente deje de fumar por su salud, mientras que a Philip Morris le conviene que continúe por sus ganancias”. El caso sigue abierto en el Banco Mundial y, al declararse a favor de la tabacalera, el órgano internacional obligaría a Uruguay a pagar 25 millones de dólares a Philip Morris. Y no sólo eso: de forma unilateral y sin advertir a las autoridades, Philip Morris cerró su planta de fábrica de cigarros en Uruguay el 21 de octubre de 2011 y despidió 62 de sus 90 empleados, argumentado que “las políticas antitabaco hacían el negocio poco rentable”. La tabacalera reubicó su fábrica en Argentina, desde donde Uruguay importa ahora las marcas de cigarros que pertenecen a Philip Morris. Grasoso negocio de la chatarra En diciembre de 2012 cambió la administración mexicana y gran parte de los altos funcionarios, pero se mantuvo en puesto Dorantes Sánchez, con el apetito intacto de derrocar las barreras al libre comercio. El 17 de junio pasado dirigió una carta al representante de Ecuador ante el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en la que denunció la nueva normatividad en materia de empaquetado de la administración de Rafael Correa. El gobierno ecuatoriano obliga a imprimir en el frente de los empaquetados el “semáforo”, el cual informa de la cantidad de azúcar, grasa y sal de los alimentos a través de un esquema de colores: verde, cuando la cantidad es saludable; amarillo cuando hay que tomar precaución, y rojo cuando representa una alerta. “Es un sistema muy sencillo de entender y leer, incluso para un niño, y estuvo promovido por miles de organizaciones de la Consumers International”, declaró el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, al precisar que el semáforo recibió el aval de la Fundación Mundial de la Obesidad, del relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Salud y entra en el marco del Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en Niños y Adolescentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Pero, según la Secretaría de Economía, el semáforo bloquea de manera inútil el comercio, ya que afirmó a la delegación ecuatoriana que “México considera que el sistema gráfico de Ecuador carece de respaldo científico”. Parece que los funcionarios consideran al etiquetado vigente en México más adecuado. Según Castillo, estuvo diseñado por las propias empresas productoras de comida chatarra con el visto bueno de la Cofepris, y es totalmente incomprensible y engañoso, tal como lo señala de manera regular El Poder del Consumidor. En entrevista con Apro, Castillo pone el ejemplo de una botella de 600 mililitros de Coca Cola. El refresco contiene el equivalente a 12 cucharadas de azúcar y el etiquetado menciona “60% del requerimiento diario” el cual, según la Cofepris, es de 90 gramos de azúcar por día. Sin embargo, la OMS recomienda que para una dieta normal no se debe exceder 10 cucharadas de azúcar al día y, según Castillo, el organismo internacional “está hablando de reducir el máximo tolerable a cinco cucharadas al día, lo cual implica que a partir de esta cantidad se notan daños a la salud”. Y denunció abiertamente a la Cofepris por ocultar la información y hacer el juego de las empresas. “En el momento que Cofepris no invita al Instituto Nacional de Salud Pública o la academia de medicina para determinar sus medidas, demuestra que invita a las corporaciones”, aseveró, al añadir que “en el país con el mayor consumo de refresco por persona, la gente tiene derecho a tener información accesible sobre la calidad de este producto y lo que contiene” “La gente está muy mal informada. En nuestros talleres preguntamos a las madres de familia que mencionen un cereal y te responde Zucaritas o Choko Crispies. Cuando en realizad es harina refinada con 30 o 40% del peso en azúcar. Aparte tiene colorantes artificiales asociados con hiperactividad. No mencionan avena ni amaranto”, observó. Según su informe del cuarto trimestre de 2014, publicado el pasado miércoles, la empresa FEMSA –el mayor embotellador de productos Coca Cola en el mundo y dueño de las tiendas Oxxo, entre otros— registró un crecimiento de 2.1% en sus ingresos en 2014, con el cual concluyó el año con un balance consolidado de 35 mil 641 millones de pesos. Su rival, PepsiCo –dueña de Pepsi, Sabritas, Gamesa, Quaker o Gatorade, entre muchos otros–, afirmó en su último informe que registró un crecimiento de 4% en 2013, con ingresos netos de 66 mil 415 millones de dólares a nivel internacional. Transgénicos, bienvenidos Al importar maíz y productos derivados de Estados Unidos, México se convierte en consumidor de transgénicos, afirmó el vocero de Greenpeace, Raúl Estrada. Todavía en Ecuador, como también en otros 64 países, el gobierno obligó a las marcas a indicar en los empaquetados si los productos contienen transgénicos. Y otra vez Dorantes Sánchez denunció un atentado al libre comercio, “argumentando costos adicionales y obstáculos innecesarios”, informó Estrada, al añadir que “en el punto 2.22 del documento enviado al gobierno de Ecuador se asegura que no existe diferencia alguna en la composición proteínica, nutrimental, toxicológica o alergénica de los organismos genéticamente modificados”. Según Dorantes Sánchez, la ausencia de un consenso científico sobre el potencial peligro de los transgénicos “no justifica un trato diferenciado” en el etiquetado. Sin embargo, de acuerdo con Estrada el consumidor tiene el derecho de decidir si quiere ingerir un alimento con transgénicos o no. La Cofepris decidió: no lo sabrá. Para desventura de la industria transgénica, un conjunto de asociaciones de la sociedad civil reunidas en Colectiva AC impiden la comercialización de semillas de maíz transgénico en México desde septiembre de 2013, a raíz de una medida precautoria que dictó el Juzgado 12 en Materia Civil del Distrito Federal. Las transnacionales –Monsanto, Dow Agroscience, Syngenta y PHI México–, pero también las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente (Sagarpa y Semarnat) desplegaron un arsenal jurídico masivo para ganar el juicio de demanda colectiva. Desde septiembre de 2013, no menos de 12 tribunales fueron convocados para lidiar con las 72 impugnaciones y 22 juicios de amparo que interpusieron las codemandadas para derrumbar la medida precautoria. René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas AC, informó hoy a Apro que la organización ya ganó 14 amparos, y espera ganar dos más mañana viernes 27. También informó que el juez Jaime Manuel Marroquín Zaleta –que la empresa transgénica Monsanto trató de botar del proceso judicial— demandó en una sentencia dejar de lado las impugnaciones y abrir el juicio para llevar a cabo la discusión de fondo. “La aplicación de los principios jurídicos cobra especial relevancia por la trascendencia de la cuestión que se pretende someter a debate: la posible liberación de transgénicos, porque a juicio de este tribunal debe considerarse de orden público y de interés general”, advierte la sentencia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
Mientras que Estados Unidos liberó la velocidad de su conexión a Internet, México es colocado en el último lugar en acceso a banda ancha de la OCDE. La meta de poner online a millones de mexicanos se ve cuesta arriba.
La implementación de una verdadera banda ancha en México parece un camino cuesta arriba. Apenas hace un mes, México fue exhibido como el país con menor acceso a banda ancha entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las cifras de las autoridades no dejan lugar a dudas: solo el 16 por ciento de la población ha tenido acceso al programa México Conectado, principal bandera del actual Gobierno Federal para lograr el acceso de los habitantes a Internet de banda ancha. De los 65 mil 149 sitios que el gobierno ha logrado conectar en el país, solo 4 de cada 10 tienen acceso a Wi-Fi público. Esta situación se agrava con la decisión que tomó el pasado 29 de enero la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés), en una controvertida votación de tres a dos, de aumentar el umbral de la velocidad de banda ancha. Estas nuevas regulaciones, aunadas a las bajas cifras de logros actuales, los precios y la mala calidad del servicio, elevan la cuesta en el camino del país a una mejor conectividad. Una meta compleja El gobierno mexicano tiene durante este año la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). En esta iniciativa multilateral, los gobiernos de 63 países miembros trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción, y usar la tecnología como habilitador de esta apertura. “En México, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un espacio de diálogo e intercambio de ideas que, en colaboración con la sociedad civil, permite que el gobierno asuma compromisos para transformar la calidad de vida de las personas”, refiere la página de Internet de la iniciativa. La meca de este programa es el portal gob.mx, el cual hasta ahora solo contiene información de la Presidencia de la República. Estados Unidos nos rebasa El 30 de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que había logrado, con un mes de antelación, la meta de 2014 de conectar 65 mil sitios públicos a Internet de banda ancha. El mapa de acceso a estos sitios actualizado por esa dependencia muestra que, actualmente, solo 28 mil 142 de éstos ofrecen Wi-Fi público, es decir, de acceso para la población. Lo demás son servicios regulares de conexión que tienen las dependencias federales en sus oficinas, como se desprende del desglose de cada uno de los “sitios conectados”. El proyecto forma parte del programa México Conectado, que busca lograr la inclusión de este tipo en 250 mil lugares públicos, “incluyendo escuelas, clínicas y hospitales en todo el país”, dijo en diciembre pasado el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, en una comparecencia en la Cámara de Diputados. El mapa de los lugares conectados muestra que las compañías pertenecientes al consorcio Televisa han sido las más beneficiadas por estos contratos. En conjunto, Megacable, Operbes y Iusacell operan 24 mil 480 de estos espacios, es decir, más de una tercera parte. Le siguen en importancia GSAT Comunicaciones, con 8 mil 697, Grupo Pegaso, con 5 mil 62 y Telecomm Atlas, con 4 mil 134. Telmex, Axtel y Cablevisión tienen la menor cantidad de contratos, con 3 mil 135, 3 mil 345 y 938 respectivamente. Estos logros, sin embargo, están lejos de eliminar a México de su puesto como el peor conectado de la OCDE. Y poco ayudan las nuevas disposiciones tomadas el 29 de enero por la Comisión Federal de Comunicaciones Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés), el principal socio comercial del país. El organismo espejo del Instituto Federal de Telecomunicaciones en ese país otorgó mayor poder para que los proveedores de servicios de Internet mejoren su servicio, lo cual deja a México aún por debajo de los estándares internacionales en conectividad. Hasta la semana pasada, un usuario en Estados Unidos que pudiera descargar de Internet a 4 megabits por segundo se consideraba poseedor de banda ancha. Ahora, este mismo usuario debe poder hacerlo a 25 megabits por segundo y 3 megabits para cargar contenido desde sus aparatos electrónicos a la red. Con esto, de los 19 millones que antes no tenían banda ancha en EU, ahora serán 55 millones, esto es, el 17 por ciento de la población, según datos oficiales de la FCC. El diario The Guardian publicó que las decisiones de esta Comisión han provocado una polémica con las principales proveedoras del servicio: Verizon, Comcast y AT&T, la misma que adquirió en México primero a Iusacell y luego Nextel el 26 de enero, tres días antes del cambio en la regulación estadounidense. La reacción de la industria en EU ha sido una crítica al aumento de la velocidad, con una postura basada en que la FCC “ignora el uso que le dan al Internet los usuarios en EU”. Efectos negativos La decisión de EU de aumentar del umbral de la velocidad de banda ancha pone énfasis sobre la diferencia que hay en Méxco entre la velocidad que compran los usuarios cuando firman el contrato y la que verdaderamente reciben en sus hogares La decisión que tomaron los comisionados de telecomunicaciones en Estados Unidos la finales de enero de este año es una mala noticia para México. En principio, confirma los datos de la OCDE sobre la baja velocidad de banda ancha en el país, la peor entre todos los miembros, 16 lugares por debajo del promedio de los países que pertenecen a esta organización.
Además pone énfasis sobre la diferencia entre la velocidad que compran los usuarios cuando firman el contrato y la que verdaderamente reciben en sus hogares. Con esto, disminuye los resultados del programa México Conectado, principal bastión de la actual administración federal en materia de conectividad que ayude a una mejora en la calidad de vida de la población. Los especialistas Rolando Alamilla y Radamés Camargo, de la consultora The Competitive Intelligen Unit, consideraron que el promedio de la OCDE es de una velocidad efectiva de descarga equivalente a una cuarta parte de lo que ofrecen los operadores, es decir, que no supera los 10 megabits por segundo. Esta estadística en México decae de 11 megabits por segundo ofrecidos a nunca más de cuatro logrados en la práctica. “El hecho de que uno de los países pertenecientes a esta organización haya elevado el techo de velocidad de descarga, empujará a la alza la cifra promedio para el resto los países miembros”, escribieron los analistas. Esto pone a México “en un estado de mayor rezago en el tema conectividad y demuestra la incapacidad que ha tenido el mercado para alcanzar los estándares tecnológicos que predominan en el mundo”, determinaron. El Internet no es para todos Los resultados del programa México Conectado, hasta ahora una cuarta parte de la meta que se impuso el actual gobierno para 250 mil sitios públicos, han sido principalmente en escuelas, centros de salud, centros comunitarios y oficinas de gobierno. Al cierre del año pasado, apenas el uno por ciento de los sitios conectados eran lugares abiertos, de acuerdo con las cifras oficiales que ha divulgado la SCT. Esto significa que en el país solamente se han colocado antenas Wi-Fi libres para acceso de la población en 650 espacios en los 32 estados del país, es decir, en menos de 20 espacios públicos por cada entidad. La SCT divulgó el 31 de enero un boletín en el que anunció que estos espacios beneficiaban a 18 millones de mexicanos, en voz de la Coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Mónica Aspe Bernal. Estas cifras reconocen que apenas el 16 por ciento de la población ha obtenido acceso, el cual está repartido en el 96 por ciento de los municipios, la mayoría de los cuales coinciden con los sitios donde se ha concentrado la Cruzada contra el Hambre, el principal proyecto social del actual sexenio. Este promedio está muy por debajo de otras ciudades como Nueva York, que este año tendrá red inalámbrica gratuita en toda la ciudad, Santiago de Chile, que contará con 100 espacios públicos con Internet, o Buenos Aires, que terminará el 2015 con 78 espacios. El precio anunciado por el Internet de banda ancha también es el más caro de la OCDE. Un estudio presentado a la Cámara de Diputados por el exdiputado Rodrigo Pérez-Alonso antes de la reforma en telecomunicaciones ya mostraba que el precio mensual por cada megabit de Internet en 2010 era de 41.98 pesos. Mientras, en Corea del Sur, el país con el Internet más veloz del mundo, apenas pagaban 1.76 dólares mensuales.
El informe de la SCT de diciembre pasado reconoció que en el país existe una “brecha digital”, pero las regulaciones actuales aún no muestran presiones sobre las compañías para mejorar la velocidad ni bajar los precios. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
La extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito, la participación ciudadana en el nuevo Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y que el Tribunal de Justicia Administrativa investigue y sancione los casos graves, así como aumentar a cinco años la prescripción de los ilícitos, son parte de los primeros acuerdos de PRI, PAN y PRD para aprobar una nueva ley de combate a la corrupción. El perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, confió en que el martes próximo se elabore con esas coincidencias el dictamen para ser votado el jueves 26 en el pleno. Durante la sesión de hoy de la comisión, la secretaría técnica dio a conocer los temas en que ya existe coincidencia y destacó que sigue como punto de conflicto la exigencia de PAN y PRD para que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado por el Senado de la República. El coordinador de los panistas, Ricardo Anaya, insistió en que no votarán los cambios constitucionales en materia de combate a la corrupción si el PRI no acepta la ratificación del encargado de la SFP por parte del Senado. Otro punto de desencuentro es el rechazo del PRI a crear dos nuevas leyes: una en materia de corrupción y otra de responsabilidades administrativas. El partido en el poder pretende que ambos temas se incluyan en una sola norma. A su vez, el PRD había sostenido que no iría con los cambios si no se incluía la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito, pero este punto ya fue avalado por el PRI, e incluso forma parte del documento que hoy se distribuyó durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Entre las coincidencias dadas a conocer este día destaca que se faculte al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que investigue y sancione las faltas administrativas graves. Además, el que se expida una ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional para Combatir la Corrupción. El sistema anticorrupción tendrá la participación de por lo menos cinco integrantes: el auditor superior de la Federación, el titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y como nuevo elemento el PRI aceptó a un representante del Comité de Participación Ciudadana. La reforma en materia de combate a la corrupción considera la modificación de varios artículos de la Constitución, por lo que su aval requiere el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de ahí que PRD, PRI y PAN deban ceder en sus posiciones, pues ningún partido logra por sí solo la mayoría absoluta. Auditorías “en tiempo real” Otro de los temas en que ya existe consenso es en que la ASF realice auditorías en “tiempo real” y en que pueda auditar órganos autónomos e incluso fiscalizar fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados. También se aceptó que la ASF pueda promover acciones ante las autoridades competentes derivado de la fiscalización en tiempo real, pues en la actualidad este organismo audita acciones ejercidas dos años atrás. Igualmente, PRI, PAN y PRD han coincidido en que la Cámara de Diputados designe, con dos terceras partes de los presentes, a los titulares de los órganos de control interno de las entidades autónomas; incluso se les cambiaría el nombre por “auditoría preventiva y contraloría interna”. En las reformas también se prevé la propuesta de Enrique Peña Nieto dada a conocer hace un par de semanas y que consiste en que los servidores públicos no sólo presenten su declaración patrimonial, además su declaración de intereses, es decir, que reporten si tienen vínculos con alguna empresa y que los actos de su cargo público pudieran beneficiar a la rama privada de la que forman parte o tienen relación. Por último, a la ASF se le otorga la facultad de denunciar ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y ejercitar demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por faltas graves de servidores públicos e incluso particulares.
En los subsecuentes días los partidos políticos seguirán negociando los puntos en que los que aún no hay consenso; en tanto, el IFAI y organismos de la sociedad civil recibirán un documento con los primeros acuerdos alcanzados. FUENTE:. PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Diputados de PRD y PAN se pronunciaron en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que esta madrugada exculpó a Enrique Peña Nieto y los partidos PRI y PVEM de triangular recursos para la campaña presidencial de 2012, rebasar el tope de campaña y utilizar recursos de procedencia desconocida. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, expresó: “Definitivamente no estamos de acuerdo con el fondo de esa resolución”, aunque respetamos las decisiones del TEPJF. Como se recodará, fue el PAN el que en junio de 2012 presentó la primera denuncia y evidencias de tarjetas emitidas, a petición del PRI, por el banco Monex para ofrecerlas a cambio de votos. Luego de dos años, los magistrados electorales desestimaron las acusaciones y dijeron que aunque no se rebasó el tope de campaña, sí se comprobó que las tarjetas fueron utilizadas para el pago de operadores como parte de sus gastos electorales. “Nosotros sostenemos nuestra postura, y está planteada en nuestra denuncia que presentamos hace más de un año. La seguimos sosteniendo como millones de mexicanos”, aclaró. Ricardo Anaya también dijo que “hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral para que debata el tema de la entrega de televisores y vales de medicina, así como cualquier otro asunto que pueda implicar la intervención del gobierno con recursos públicos para las campañas electorales”. A su vez, el exsecretario general del PRD y actual diputado federal, Alejandro Sánchez Camacho, anunció que recurrirá a organismos internacionales, pues no está de acuerdo con la resolución del TEPJF, aunque no aclaró cuándo ni ante cuáles instancias acudirá. En tanto, el presidente de la comisión especial Monex de la Cámara de Diputados, Roberto López Suárez, adelantó que en su informe final darán vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues tienen evidencias de que sí hubo triangulación de recursos, además de que el PRI no ha aclarado de dónde salió el dinero que depositó en las tarjetas Monex. López Suárez calificó de “desfachatez” la actuación de los magistrados del Tribunal Electoral, pues según ellos sólo se pudo comprobar el uso de tarjetas Monex en dos entidades: Jalisco y Distrito Federal, “cuando nosotros comprobamos que fue en 17 estados, que hubo 25 tipos de tarjetas, además de la triangulación”. Luego dijo que en dos semanas presentarán el informe final, en donde se revelarán nombres de quienes participaron en la triangulación y prueba plena de la participación de cuando menos tres instituciones de crédito: Bancomer, Banamex y Monex. “El origen de los recursos todavía no se ha aclarado por parte del PRI, no ha dicho de dónde sacaron el dinero. Además, nosotros sostenemos que fue utilizado para la compra de votos, y no como dijo el PRI, que fue para la operación electoral. Tenemos evidencia testimonial que sostiene nuestro dicho”, alertó López Suárez. “¿Qué sigue ahora para nosotros? Presentar el informe final en donde daremos a conocer la lista de los involucrados en la triangulación de los recursos, son recursos de procedencia dudosa. Lo que hoy hizo el Tribunal fue que se voló la barda y actuó de manera cínica”, acusó.
Peor aún, sentenció el legislador perredista y diputado federal, pues “esta resolución sienta un precedente para las próximas elecciones de este año, y es que ahora con la intervención de bancos, empresas fantasma y dinero triangulado se pueden ganar gubernaturas, diputaciones y presidencias municipales. Eso es lo que nos preocupa, que ya se sentó ese antecedente”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Con 95 votos a favor y una abstención, así como advertencias por el incremento de irregularidades en los comicios, el Senado de la República eligió a Santiago Nieto Castillo, exmagistrado electoral regional en Toluca, como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República. El titular de la Fepade durará en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018 y podrá ser removido libremente por el titular de la PGR o, en su caso, por el futuro Fiscal General de la República. Nieto Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, exjefe de la Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y exmagistrado regional de 2008 a 2013. A nombre del PRI, el senador Enrique Burgos García advirtió que en la reforma político-electoral se le dotó a la Fepade de las herramientas necesarias para cumplir con su función de investigar, perseguir y sancionar los delitos electorales. El PAN, que votó también a favor, consideró que existe una “situación compleja” en materia electoral, según la senadora María del Pilar Ortega Martínez, quien criticó la impunidad existente. “Exigimos que el titular de la Fepade actúe con plena autonomía e independencia”, advirtió la panista. Por su parte, Dolores Padierna, del PRD, afirmó que el nuevo reto de la Fepade es darle curso a las quejas que interpongan candidatos y partidos políticos en los comicios federales de este 2015.
Padierna recordó en su intervención que desde su creación, hace 20 años, la Fepade ha iniciado 14 mil 300 investigaciones, pero sólo 60 han tenido algún resultado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Cuando lo dijo fue tachado de loco. Hoy, los hechos le dan la razón a José Manuel Mireles, fundador del grupo de autodefensas de Michoacán. Los líderes de Los Caballeros Templarios tienen su bastión económico en la franja costera de aquel estado.
Cuando José Manuel Mireles intentó avanzar sobre los municipios costeros de Michoacán para ir contra las células de Los Caballeros Templarios que aún seguían operando en esa zona, fue catalogado como “un loco” por los asesores del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Hubo nerviosismo en la cúpula federal y se ordenó la inmediata anulación del fundador de los grupos de autodefensa. Los informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) apuntaban que en la zona de Lázaro Cárdenas no había células actuantes del crimen organizado, las que insistían en perseguir los grupos de autodefensa. “No hay vestigios de actividad criminal en el puerto, ni en los municipios costeros”, subrayaba el informe que llegó a las manos del secretario de Gobernación. Por eso, el estado decidió ir contra el fundador de los grupos de civiles armados. La decisión de encarcelar a Mireles surgió en el momento en que advirtió que tomaría el puerto de Lázaro Cárdenas y toda la zona costera del estado. El líder de los autodefensas aseguró que sus informes apuntaban hacia una intensa actividad criminal en esa parte de Michoacán, donde los sicarios actuaban en completa impunidad y hasta con tolerancia de las autoridades locales y estatales. El tiempo le dio la razón. Casi ocho meses después del intento de toma al puerto michoacano -ya sin la oposición del que fuera comisionado para la seguridad del estado, Alfredo Castillo-, Fuerzas Federales al mando del General Felipe Gurrola ingresaron a la franja costera de la entidad. Encontraron un paraíso intocado del crimen organizado. El operativo –diseñado en base a datos obtenidos de los grupos de autodefensa que siguen actuantes en la entidad- logró el decomiso de 62 inmuebles propiedad de integrantes del grupo criminal, que presuntamente eran utilizados para diversas actividades delictivas. Ese es el golpe más fuerte a la estructura financiera del cartel michoacano en los últimos ocho meses. De acuerdo a los datos que inicialmente proporcionaron los grupos de autodefensa a las Fuerzas Federales que ingresaron al estado con el Plan Michoacán, la mayoría de los jefes de plaza del cártel de Los Caballeros Templarios invertían su ilícitas ganancias principalmente en bienes raíces, no en las operaciones financieras ni en la supuesta compra de dólares u oro sobre las que se había desplegado una unidad de inteligencia de la SHCP. Lo sabían Desde febrero del 2014, un grupo de inteligencia de las autodefensas habría entregado al Gobierno Federal una lista con la ubicación de las propiedades de los principales jefes del cártel michoacano, detallando el sitio geográfico, la forma de procedencia y hasta el valor estimado del inmueble. Se remarcó con rojo –dijo un autodefensa- aquellos lugares en donde se habían cometido delitos, pero se hizo hincapié en que el crimen organizado optaba por invertir “a la segura” en bienes raíces. Luego de ver que el Gobierno Federal no se decidía a ir contra la estructura financiera del cártel michoacano, Mireles insistió en avanzar sobre los municipios en donde las propiedades de los jefes de plaza eran de todos los vecinos conocidas. El convencimiento general que existe entre los hombres que se mantienen alzados y en armas en los municipios del sur de Michoacán, es que a Mireles se le negó el trofeo que significaba para el movimiento de las autodefensas el decomiso de las propiedades del crimen organizado en la zona costera del estado. Reparan la omisión El operativo en la costa michoacana, donde también participaron las policías estatales del gobernador Salvador Jara, en realidad se diseñó con información que la Federación mantenía en su poder desde hace más de 8 meses, cuando los grupos de autodefensa de José Manuel Mireles indicaron las propiedades desde donde actuaban las células delictivas. No se sabe de manera oficial las causas por las que las Fuerzas Federales dilataron casi un año para entrar a las zonas señaladas por los autodefensas como los puntos de organización y del cartel michoacano, pero la irrupción en la zona costera ha redituado logística y mediáticamente al Plan Michoacán. Tras el despliegue en la zona de la costa, el que se centró en los municipios de Aquila y Coahuayana, se logró el aseguramiento de cuatro hoteles, tres complejos turísticos en zona de playa, dos centros de espectáculos, una hacienda, dos estaciones de servicio de gasolina, tres ranchos, una huerta platanera, terrenos, casas habitación y residencias de lujo, algunas de ellas con albercas, sótanos y compartimientos secretos de diferentes dimensiones. También se decomisó un hato de 100 cabezas de ganado de distintas razas. Trascendió que varios de los inmuebles sobre los que ya actúa el Servicio de Administración de Bienes Asegurados de SHCP fueron despojados entre los años del 2009 al 2011 por el crimen organizado a sus legítimos propietarios, algunos de los cuales fueron secuestrados y posteriormente ejecutados. De ello siempre tuvo conocimiento la Procuraduría de Justicia de la entidad.
Tras el operativo, también fueron detenidas ocho personas que al parecer colaboraban con las células del crimen organizado en la zona, algunas de la cuales habían solicitado ingresar a la policía estatal y otras más intentaron formar parte de los grupos de autodefensa en el municipio de Aquila, con la intención de infiltrar el movimiento armado que se alzó contra la delincuencia. A los detenidos se les incautó droga y equipo de radio comunicación. El monto de lo incautado en bienes inmuebles se estima entre los 800 a los mil millones de pesos, donde –apuntan los informes de los grupos de autodefensa- estaban invertidas las utilidades de diversos líderes del cartel que siguen operando en la zona, tras el bajo perfil al que se han obligado desde el surgimiento del grupo civil armado. El bastión de Los Templarios Mireles señaló estos municipios como los principales bastiones económicos > Aquila > Coahuayana > Chinicuila > Aguililla > Coalcomán Vuelven al origen Habitantes de la comunidad indígena de Sevina, en Michoacán mantienen un bloqueo por la tala ilegal que se realiza en la zona. Esta fue la principal razón por la que los civiles se levantaron en armas en 2012. Alrededor de 700 hectáreas de bosque han sido devastadas.
Por esto, la comunidad indígena se dispone a presentar una denuncia ante el Registro Agrario y el Gobierno del Estado. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Partidos acusan al PRI y PVEM de no querer discutir controles para el uso electoral de programas sociales.
Por segundo día consecutivo, siete de los 10 partidos representados en el Instituto Nacional Electoral (INE) abandonaron en señal de protesta el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Social y Partido Humanista formaron parte de la disidencia. El reclamo se debió a la decisión de diferir por una semana la discusión de dos acuerdos para promover mayores controles al uso electoral de programas sociales. Uno trata sobre las normas legislativas de imparcialidad en el uso de recursos y el otro acuerdo es para pedir a los ejecutivos en todos los niveles que los programas no se desvíen con fines electorales. Al tomar la palabra, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello explicó que hubo “legítimas diferencias” entre los integrantes del Consejo y advirtió que los temas serán discutidos el próximo 25 de febrero. Acusa inequidad
Al salir del salón de sesiones, el representante del PRD Pablo Gómez dijo a los medios que “no estamos de acuerdo en que de manera autoritaria, impositiva, saquen del orden del día los temas donde se establecen regulaciones a efecto de garantizar la equidad en la contienda e impedir que los programas sociales sean utilizados en favor del partido en el gobierno y su adlátere, el (partido) Verde”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
SILAO, Gto: El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, calificó como “una burla” la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el caso Monex. “Es una prueba más de que en México las instituciones están secuestradas y no hay estado de derecho”, dijo el tabasqueño, luego de que los siete magistrados del TEPJF determinaron que el PRI no incurrió en compra o coacción del voto mediante la entrega de tarjetas Monex en la elección presidencial de 2012. De gira por esta capital, el tabasqueño soltó: “Imagínense, después de dos años que salgan los magistrados a decir que en la elección ni el PRI, ni Peña Nieto compraron votos… son unos corruptos, los tienen bien maiceados, no hay democracia en México”. Esta madrugada, la sala Superior del TEPJF concluyó que los recursos erogados por el PRI a través de las tarjetas Monex deben ser contabilizados como gastos de campaña y no como gasto ordinario, como en su momento determinó el Instituto Federal Electoral (IFE). De acuerdo con los magistrados, los 66.3 millones de pesos entregados mediante dichas tarjetas no fueron utilizados para la compra del voto y sólo ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar el destino de 6.8 millones de pesos que clasificó como gastos ordinarios y fueron erogados por el Revolucionario Institucional en fecha posterior al día de la elección, a través de las tarjetas. Ante ese fallo, López Obrador sostuvo que el panorama de la elección del próximo 7 de junio “es el mismo porque van a querer seguir haciendo fraudes, comprando votos”. Agregó: “No les tenemos ninguna confianza a los consejeros del INE, del TEPJF, ni a los ministros de la Corte, ni a los diputados, ni a los senadores. Toda esa estructura de poder está al servicio de una minoría de mafiosos”. No obstante, destacó que la lucha por la transformación del país con la sociedad “sigue, a pesar de esa mafia”. Luego preguntó: “¿Ustedes creen que (Enrique) Peña representa al pueblo de México? ¿Ustedes creen que el gobernador de Guanajuato (Miguel Márquez) representa a los ciudadanos del estado? No, son representantes de la mafia del poder, la minoría rapaz que se beneficia de Guanajuato y del país, pero no hay una representación del pueblo en las instituciones”. Sobre una posible participación de Marcelo Ebrard en las postulaciones de Morena para los distintos cargos de elección popular, el excandidato presidencial sólo comentó: “el lunes”. Después explicó: “Ya nosotros iniciamos el proceso de selección, lo que no se sabe es que los primeros lugares para las diputaciones plurinominales se van a elegir a partir de 3 mil militantes de Morena: mil 500 mujeres, mil 500 hombres, que en asambleas democráticas fueron propuestos para cada distrito. (Son) cinco y cinco para cada distrito, como son 300 distritos, son 3 mil”. Añadió que el proceso del próximo lunes 23 se efectuará mediante insaculación. “No hay ninguna imposición de nada, no entrarán familiares, ni amigos, ni gente vinculada a la mafia del poder para representar a Morena, es un proceso nunca visto, nunca hecho en México”. Y tras reiterar que el PRI y el PAN son y harán las mismas trampas electorales, López Obrador sostuvo que Guanajuato tiene varios “monumentos a la corrupción” erigidos por panistas, entre los que mencionó los terrenos adquiridos en el sexenio de Juan Manuel Oliva para la instalación de la fallida refinería Bicentenario. Pero el monumento mayor es la casa del expresidente Vicente Fox, “que tanto ha cambiado a partir de que ocupó Los Pinos”, soltó.
Remató: “Cuídense de Fox, ustedes que van (a San Cristóbal). Cuídense porque les puede robar la cartera si se reúnen con él”, aconsejó a los reporteros. FUENTE: PROCESO. AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Organizaciones sociales consideraron que la postulación del aún embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, como aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refleja “un profundo desprecio a los derechos humanos” por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Ante la integración de Medina Mora en la terna propuesta por el mandatario federal al Senado de la República para designar al nuevo ministro, decenas de agrupaciones civiles de derechos humanos consideraron que de los candidatos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Medina Mora, éste último “tiene una trayectoria política que imposibilita que sea un ministro independiente del Poder Ejecutivo y está implicado en diversos casos graves de violaciones a derechos humanos”. Tras criticar que Peña Nieto no integró a ninguna mujer en su terna, las organizaciones consideraron preocupante que “la lógica detrás de la terna actual deje ver la intencionalidad no de consolidar la independencia de la SCJN sino de avanzar intereses del Poder Ejecutivo dentro de ese órgano garante de la Constitución”, aún cuando se avecinan otros dos procesos de relevo en el máximo tribunal de justicia del país. En un comunicado, la organizaciones hicieron un breve recuento del pasado de Medina Mora en el ejercicio de cargos públicos durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón. Con Salinas, recordaron, formó parte del equipo de asesores en la negociación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los temas de agricultura, normas, prácticas desleales de comercio, inversión y reglas de origen. “Fue partícipe en la estructuración de este instrumento internacional que ha sido sistemáticamente denunciado por organizaciones campesinas por generar condiciones de pobreza e inequidad en el campo mexicano”, acusaron. Ese antecedente es grave para las organizaciones, toda vez que en tribunales federales se litigan casos “que confrontan la visión privatizadora del campo respaldada por el TLCAN con el derecho a construir un proyecto de desarrollo que sean sustentable y respetuoso de la cultura y los pueblos originarios”, así como temas relacionados con la siembra de transgénicos y las violaciones a derechos humanos cometidas por la minería. En su paso como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox, Eduardo Medina Mora fue señalado por violaciones a derechos humanos por casos como el del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, donde participaron 2 mil 500 elementos de la policía estatal y de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP). De ese operativo, el saldo fue de dos jóvenes asesinados, 207 detenidos, entre ellos 47 mujeres, de las cuales 26 denunciaron tortura sexual y 11 litigan su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Otro momento de infausta memoria, según los denunciantes, fue el de la represión a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en noviembre de 2006, a cargo de la PFP de Medina Mora. En el sexenio de Felipe Calderón, como procurador general de la República, Medina Mora se declaró incompetente para conocer las denuncias de las mujeres de Atenco, a pesar del señalamiento a agentes federales. Las organizaciones recordaron que al frente de la PGR, el funcionario interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Peor aún, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), su gestión fue la que “más recomendaciones recibió por parte de dicho organismo público de derechos humanos, en comparación con sus antecesores”. Tras señalar que “Medina Mora dejó la PGR en medio del caos desatado por la llamada guerra contra la delincuencia impulsada en el sexenio de Felipe Calderón”, los activistas de derechos humanos retomaron también su pasado ligado “al sector empresarial y corporativo”, como director adjunto y corporativo de Planeación Estratégica de Grupo Desc SA de CV –hoy grupo Kuo–, dedicada a la industria farmacéutica, petroquímica y química. “En el contexto de la puesta en marcha de la reforma energética y frente al creciente descontento de un amplio sector de la población que ve en los tribunales federales un medio para impugnar la reforma y sus consecuencias, resulta preocupante que sea postulado como ministro alguien que en algún momento ha tenido intereses en el ramo de la industria petroquímica, siendo que al máximo tribunal le corresponderá, con toda seguridad la resolución de casos que tienen que ver con la aplicación de dicha reforma”, advirtieron las organizaciones en su comunicado. Y no fue todo, en su opinión el exprocurador no cumple con uno de los requisitos para ser ministro de la SCJN, marcados por el artículo 95 fracción V de la Constitución federal: la obligatoriedad de haber vivido en el territorio nacional los últimos dos años. Es una “situación que incumple el hoy candidato Medina Mora al residir en el extranjero desde noviembre de 2009, fecha en que fue nombrado como embajador de México en el Reino Unido y posteriormente en los Estados Unidos”, alertaron. Según su consideración, “la postulación de Medina Mora en la terna de candidatos a ocupar la plaza del ministro de la SCJN evidencia un profundo desprecio a los derechos humanos por parte de la Presidencia de la República, quien parecería impulsar un perfil policiaco y protector de los intereses corporativos al interior del máximo tribunal”. Al puntualizar que la trayectoria del embajador es “incompatible con los derechos humanos”, las organizaciones civiles llamaron a los integrantes del Senado de la República a utilizar “como criterio de selección los estándares más altos en materia de derechos humanos”. El documento lo firmaron Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Justicia, Género y Derechos Humanos; así como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, de la Montaña Tlachinollan, Fray Francisco de Vitoria, de las Mujeres, Agustín Pro Juárez, Fray Juan de Larios y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
También se sumaron al llamado el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Fundación para el Estado de Derecho, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Casa del Migrante de Saltillo, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Documenta y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
El Banco de México (Banxico) informó al Senado de la República que debido a un “entorno externo menos favorable”, a la disminución de la producción petrolera y a la debilidad en la demanda interna, el Producto Interno Bruto (PIB) del país registrará una disminución en los pronósticos de su crecimiento para situarse entre 2.5% y 3.5% en 2015, menor al 3 a 4% que pronosticó en diciembre de 2014. Asimismo, el banco central estimó que este año se registrarán déficits en la balanza comercial de 6 mil millones de dólares y de 28.7 mil millones de dólares en la cuenta corriente, así como un menor número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Calculó en 3% la inflación en los próximos meses y pronosticó que cerrará en el mismo nivel a finales de año. Banxico afirmó que decidió disminuir sus previsiones “a causa del deterioro del entorno externo y la evolución de los mercados financieros en México y la caída significativa de los precios del petróleo”. Sobre la severa disminución del presupuesto público en 2015, anunciada por el gobierno federal, Banxico consideró que se trata de “una medida política adecuada” porque, junto con una política monetaria congruente, “fortalecen los fundamentos de la economía interna y contribuyen a generar un entorno propicio para mayor crecimiento con inflación baja”. Mayor recaudación en 2014: SAT Por otra parte, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) envió al Senado su informe sobre ingresos tributarios obtenidos en 2014. Registró un incremento de 6.1%en términos reales en los ingresos tributarios. La recaudación por IVA registró un aumento de 15.2% por la homologación de la tasa general en las fronteras y la eliminación de la tasa cero en productos no alimenticios, mientras que el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto Empresarial de Tasa Unica (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) registraron un descenso de 2.5%.
El SAT informó que el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a “la comida chatarra”, refrescos, combustibles fósiles y carbonos elevó la recaudación a 51.7%. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Un video que circula en las redes sociales vincula a presuntos elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila, y del Ejército Mexicano en la aparente ejecución de civiles. El Gobierno de Ruben Moreira Valdez, a través de su Secretario de Gobierno Víctor Zamora Rodríguez., acusó a “narcoreporteros” de dar difusión a la grabación y aseguró que tiene una lista de periodistas que supuestamente cobran al crimen organizado. “Todos los videos que se han presentado de los Gates son falsos, ya los analizamos. Hay una campaña de Los Zetas y seguidores contra los grupos tácticos de Coahuila, yo no sé si quieren que regrese el crimen organizado al estado y que no podamos salir a las calles como lo hacíamos antes”, comentó el día de ayer en entrevista con medios Zamora Rodríguez. El funcionario estatal afirmó que “hay una campaña en contra de los grupos tácticos, de algunos medios de comunicación, de algunos periodistas. Yo tengo las ‘narconóminas’ y las voy a entregar a la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada]”. “Es un evento del Ejército a donde acudimos nosotros después a prestar auxilio, nada más”, dijo el Secretario de Gobierno de Coahuila. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) tiene el registro de mil cinco quejas contra corporaciones como el Grupo de Armado de Tácticas Especiales (GATE), Grupo Operativo de Reacción Metropolitana (GROM) y Policía Operativa, todas pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad que se han presentado de 2012 a 2015. El día de ayer, eurodiputados que participan en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea externaron su preocupación por los casos de desaparición forzada y el incremento de la violencia en nuestro país. Sin embargo, más preocupante aún, coincidieron, son los altos niveles de impunidad y la poca confianza que los mexicanos tiene en sus autoridades. En Europa, admitió la Diputada alemana Franziska Keller en entrevista para SinEmbargo, existen violaciones a los derechos humanos principalmente de migrantes africanos o de minorías étnicas. Pero en México, dijo, la situación es más grave, hay más violencia y hay más casos como el de Ayotzinapa, sin que se castigue a los responsables. En la grabación difundida esta semana, con duración de poco más de un minuto, se distingue a varios sujetos con los uniformes del Ejército y de los GATES alrededor de una camioneta gris con dos personas, al parecer muertas y tiradas a un costado. -“¡Quítamelos de aquel lado para romperles su madre!”, grita uno de los supuestos elementos de seguridad. Inmediatamente se escuchan detonaciones. -“Todavía está vivo”, “Todavía está vivo uno ahí adentro jefe”, dice otro. -¡Al tiro, güey!, alerta otra voz. -“Quítale los botones, güey, quítale los botones”, ordena uno de los presuntos elementos de seguridad. Posteriormente, se puede apreciar la sombra de un sujeto que abre la puerta de la camioneta, se escucha una voz: ¡Bájalo!, la de otro más que dice “Bájalo a la verga” y después los sonidos de una ráfaga más. Los elementos rondan la camioneta y otra persona avisa: “¡Voy a matar a este güey!” “¡Mátalo a la verga!”, se le dice y una detonación más se escucha.
El video se corta y posteriormente graba el interior del vehículo sin que se aprecie alguien adentro para después enfocar los cuerpos ensangrentados que están tirados en el suelo desde que inició la grabación. VÍDEO:
El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha equivocado la estrategia. Su decisión de hacer del Ejército una víctima ha resultado contraproducente para esa fuerza armada, para él como jefe militar y para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las celebraciones del Ejército por los 102 años de su creación eran una oportunidad para que su Alto Mando tomara la iniciativa y pusiera el ejemplo a sus hombres en momentos en que están perdiendo la batalla en amplios sectores de la opinión pública nacional. En lugar de convencer con la verdad y la transparencia para posibilitar la justicia, el general se ha empeñado en hacer del Ejército una víctima, colocándolo en una aparente debilidad. Cuando habló por la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, el 13 de este mes, se refirió a una acción concertada en contra de sus hombres. Dijo que había “quienes quieren separar al Ejército del pueblo”. Pero aclaró que eso era imposible porque bastaba fijarse en la piel de los soldados mexicanos para darse cuenta que son del mismo pueblo. El color de la piel no dice nada de la cercanía o lejanía de los militares con la gente. Todos aquellos que han sido víctimas de militares desde hace décadas saben que ese argumento es, por lo menos, retórico. En la lógica de la discordia, el general no dio nombres o perfiló siquiera quienes están detrás de esa supuesta inquina. Una semana después, este jueves 19, en la conmemoración del Día del Ejército, abundó en la lógica de la victimización. Dijo que se acusa al Ejército sin pruebas serias o sin que se hayan acabado los procesos judiciales, “para tratar de desprestigiarnos y con ello dañar la confianza en nosotros depositada”. Cienfuegos sabe que se engaña a sí mismo. México es un país en el que los jueces no se han atrevido a investigar la línea de mando para sancionar a los militares culpables de graves violaciones a los derechos humanos. Y con esa línea discursiva, el secretario quiere dar la vuelta a la batalla por la verdad y el establecimiento de responsabilidades. Es una batalla para la que esta generación de militares no está preparada y mucho menos dispuesta a dar, como ocurrió con los mandos militares que estuvieron al frente de la guerra sucia, en los años 60 y 70 del siglo pasado. En esa época de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones graves de derechos humanos, los militares hablaron de “enemigos de la patria”. Ninguno de los responsables fue castigado, haciendo de la impunidad su principal herencia. Más de tres décadas después, ante la masacre cometida por militares de presuntos delincuentes civiles en Tlatlaya o las dudas por la actuación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el general secretario optó por el discurso de la victimización, luego de un fallido intento de encubrir a sus hombres en el caso de la matanza ocurrida en el Estado de México, en junio del año pasado. Dice que los militares no han sido ajenos “a las reflexiones” de la sociedad sobre hechos como Tlatlaya y Ayotzinapa. Más que reflexiones son exigencias de que se esclarezca la verdad y se sancione a todos los responsables, no sólo a los militares de más bajo rango. La victimización sólo exacerba. La respuesta inmediata de quienes apoyan a los familiares de los normalistas fue lanzar piedras y bombas caseras al cuartel de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, tal y como ocurrió en diciembre pasado contra las instalaciones del 41 Batallón de Infantería en Iguala. La radicalización en Guerrero es un pulso para el Ejército. No es con discurso de víctima como debe responder. Mucho menos la puerta falsa de la represión. Para no dejarse entrampar, el Ejército no tiene más que esclarecer y sancionar donde tenga que sancionar; dar el paso histórico de dejar de encubrir.
A la luz de esas actuaciones, el discurso de la victimización como estrategia afecta más la imagen del Ejército, mina la credibilidad de Alto Mando y ahonda la molestia en contra del gobierno de Peña Nieto, sobre todo cuando éste se empeña en defender lo indefendible al asegurar, como lo dijo este 19 de febrero, que el Ejército mexicano “está por encima de cualquier sospecha o duda”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS).
Legisladores de dicho partido promueven el programa de vales de medicinas del gobierno federal.
La senadora Ninfa Salinas participa en un nuevo spot que promueve el programa federal de vales de medicinas, relanzado por el Partido Verde donde difunde informes legislativos. Dicha campaña fue bajada el 29 de diciembre pasado por orden del Tribunal Electoral por afectar la equidad en el proceso electoral. La hija del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego dice en el comercial: “Habrá vales de medicina en el IMSS, aprobamos un punto de acuerdo para que el Seguro Social inicie un programa de vales a partir del 15 de marzo de este año”, afirma “Falta mucho por hacer, pero las senadoras del Verde logramos lo que proponemos”. Se trata de nueva cuenta de publicidad contratada por los legisladores y el partido político. Al concluir el mensaje aparecen los logos del PVEM y de la 62 Legislatura del Senado de la República. El diario Reforma informó que este jueves arrancó el llamado periodo de intercampañas, en el que está prohibido hacer referencias a candidatos o precandidatos y pedir el voto. Además, entre esta fecha y el 5 de abril, todos los partidos políticos tendrán el mismo tiempo en las pautas de radio y televisión.
Además de estos mensajes pagados, el Partido Verde comenzó a transmitir un nuevo spot dentro de la pauta que le asigna el INE en el que aparece el senador y vocero de ese instituto político, Carlos Puente donde asegura haber cumplido con propuestas como los vales de medicina en el IMSS y en el ISSSTE. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Hasta ahora el INE ha dado "nula respuesta"y sólo se han tomado "medidas parciales", señaló el panista, en referencia a que sólo se quitó el logotipo "Mover México" de las cajas.
Es preocupante que el programa de entrega de televisiones digitales, como parte del apagón analógico, se haga de cualquier manera en este año electoral, consideró Marco Antonio Adame, secretario de Acción de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, indicó que el programa del gobierno federal se lleva a cabo con “discrecionalidad”, y además con “montos elevados, 17 mil millones de pesos”, así como con información insuficiente, por lo que urgió que se retire de forma temporal, hasta que pase la jornada electoral. Resaltó que el programa “no tiene un padrón propio de beneficiarios” y “se utiliza información electoral para convocar a los beneficiarios y no se tiene un seguimiento de ellos”. Lamentó que pese a la denuncia pública, en el Instituto Nacional Electoral hay “nula respuesta”. Propuso que posteriormente se retome el programa pero “con reglas claras, sin afectar la meta de arribar al cambio digital que el país necesita”. Adame apunó que su partido abrió la página telesporvotos.mx, donde reciben testimonios de los ciudadanos, sobre las irregularidades del programa. Agregó que en su partido están en espera de reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong “para hablar sobre el tema y canalizar legítima preocupación”. Recalcó que “hay una denuncia pública y no hemos quitado el dedo del renglón, y también nuestro representante ante el INE ha presentado ya formalmente una denuncia pormenorizada que está en proceso”.
Consideró que hasta ahora el INE “ha tomado medidas parciales, como la de retirar el lema de ‘Mover a México’ que es absolutamente insuficiente y que además está controvertida esa decisión. Hoy se sigue utilizando, se siguen distribuyendo las televisiones”. ENTREVISTA:
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