Desde el 2013, el Consejo de la Judicatura de Jalisco instauró un programa para combatir la corrupción al interior del Poder Judicial. Cinco jueces inhabilitados y cerca de 50 burócratas ha sido el saldo hasta el primer semestre del 2014. Rezago en la administración de justicia es la queja más común contra juzgadores.
Un juicio mercantil derivó en uno penal, en la cárcel, y hasta en la presentación ante la prensa de una pareja señalada de fraude, aun cuando su defensa ha aportado pruebas periciales para probar su inocencia, avaladas por el Ministerio Público, pero que un juez estatal se niega a tomar en cuenta.
En diciembre del 2014, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín en el que informó sobre la detención de Miguel Ángel Larios Cervantes, de 60 años, y de su esposa María Concepción Escalante Herrera, de 59, ambos residentes del fraccionamiento Santa Fe, en el municipio de Zapopan.
La dependencia detalló en su comunicado que la pareja había sido aprehendida en Baja California por contar con dos órdenes de aprehensión, una de ellas emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del municipio de La Barca, quien los inculpó de fraude.
Larios y Escalante fueron trasladados a Jalisco. La Fiscalía los recibió y luego los encarceló en la prisión municipal de La Barca.
La defensa de la pareja ha alegado la inocencia de la misma, y ha dicho que, quien ha acusado a sus clientes, tramó una historia de falsedades, a la que presuntamente se ha sumado el propio juez, Ramón Alvarado Becerra.
Alvarado Becerra tiene apenas unos meses en el cargo. El 21 de octubre del año pasado fue nombrado Juez Mixto de La Barca por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
Como funcionario público, había sido también visitador adjunto de la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).
Y más: el abogado del denunciante es Jorge Vejar Orozco, un exagente del Ministerio Público, que salió de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco por señalamientos de corrupción.
Uno de ellos se documenta bien en la recomendación 18/2000 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por detención arbitraria y tortura. El ex agente del MP aprobó la detención ilegal de un grupo de personas.
Un préstamo imposible de pagar
Miguel Ángel Larios Cervantes y su esposa conocieron a José Luis Jiménez Anaya en el 2007. Al paso del tiempo, la pareja le pidió a Jiménez un préstamo de 3.5 millones de pesos, sabiendo que éste era agiotista.
Los meses pasaron y el matrimonio no pagaba. José Luis prefirió presentar una demanda mercantil ante el Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial de Jalisco.
La demanda fue admitida el 4 de enero de 2011; se registró con el número de expediente 4806/2010, en el cual se detalla que se emitieron cinco pagares a favor de Miguel Ángel Larios, que suman un total de 3.5 millones de pesos; también se establecía el pago mensual de 2.5 por ciento por intereses.
El 14 de julio del 2011, el usurero citó a Miguel Ángel Larios en una de sus oficinas, en la calle Agricultores del fraccionamiento Prados de Guadalupe, en Tepeyac.
Eran cerca de las 11:30 horas de ese día cuando Jiménez le dio a firmar una hoja a Larios, para comprometerse a pagar 4.5 millones de pesos. La discusión inició.
“De aquí no sales hijo de puta, firma la hoja culero, si no, ten por seguro que vas a amanecer encobijado”, fueron las palabras que supuestamente le dijo el agiotista a Miguel Ángel Larios, según consta en la denuncia penal que presentó éste último en agosto de aquel año por el delito de privación de la libertad.
De acuerdo con la declaración, José Luis Jiménez le pedía a Larios, para saldar la deuda, su casa de la colonia Colomos Patria, en el municipio de Zapopan.
Para no seguir recibiendo golpes, el hombre accedió, pero le dijo que tenía que llamar a su esposa. Al hacerlo, le pidió ayuda a ella. Las torretas de la policía lo salvaron.
Después de ese episodio, la pareja se fue a vivir a San Diego, California.
Deudas y compras
Paralelo a la golpiza, José Luis Jiménez sacó un as que tenía bajo la manga. Presentó una denuncia de hechos ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial, con sede en el municipio de La Barca.
Declaró que Miguel Ángel, el mismo hombre que le debía 3.5 millones de pesos, le había vendido después una casa de 4 millones de pesos en La Barca.
Según el usurero, su deudor usó documentos falsos, como escrituras ante un Notario Público y un certificado de gravamen del Registro Público de la Propiedad, para validar que era el supuesto propietario de la finca.
La denuncia por fraude específico por suplantación de identidad fue admitida por el juez Alvarado Becerra.
El delito está contemplado dentro del artículo 252 del Código Penal del Estado de Jalisco, y establece penas que van de los 4 a los 10 años de prisión.
En noviembre del año pasado, al momento de cruzar la frontera de Estados Unidos con México, la pareja fue detenida, y luego, encerrada en la cárcel de La Barca. Desde ahí enfrenta el proceso penal 20/2012.
En la investigación se advierte que sí, que los documentos que presentó el agiotista son falsos. El notario público y el funcionario del Registro Público de la Propiedad que declararon, reiteraron que los papeles y firmas no son reales.
La defensa de la pareja solicitó un peritaje externo con un especialista en la materia, Eleazar Navarro, pilar de las ciencias forenses en la entidad.
El experto confirmó de nuevo: los documentos de papel y las firmas son falsos. Los abogados defensores pidieron un incidente de libertad.
Y el Ministerio Público dijo al juez que tomaba como propio el estudio hecho por el especialista, apegándose a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala tal decisión.
Pero el juez se negó. Dijo que no se trataba de un peritaje colegiado (hecho por la defensa, la parte acusadora y el Ministerio Público), reclasificó el delito como fraude por suplantación (de identidad) y dictó el auto de formal prisión.
Los defensores presentaron una queja contra el juez ante el Consejo de la Judicatura de Jalisco, y un par de denuncias más: una contra Jiménez Anaya, por uso de documentos falsos, falsedad de declaraciones, y otra hacia el juzgador por delitos cometidos en la administración de justicia.
Los regaños e inhabilitaciones
En abril del 2013, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco anunció la puesta en marcha de un programa anticorrupción, para documentar casos de irregularidades cometidos por funcionarios públicos del poder judicial de la entidad.
A través de denuncias anónimas, vía telefónica o por correo electrónico, la Judicatura estatal fue conociendo de casos de servidores públicos involucrados en presunta corrupción.
En el primer año, la dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura local recibió 432 quejas; de esas fueron resueltas 406. Y en los primeros meses del 2014, esa misma área había recibido 124 quejas.
De acuerdo con Carlos Arias Madrid, responsable de esa oficina del Consejo de la Judicatura, la mayoría de las quejas son contra los jueces de primera instancia, por un motivo principal, el rezago en la administración de justicia.
En lo que lleva el programa, cinco jueces han sido inhabilitados y casi 50 burócratas del poder Judicial de Jalisco han sido amonestados.
Un caso emblemático fue el de Mario Hernández Martínez, quien era juez desde 1998 y a quien un error le costó el cargo el año pasado.
Hernández fue Juez Tercero en Materia Penal con sede en Puente Grande hasta mayo del 2014.
En el 2006 calificó una detención como legal cuando no lo era; después se dio cuenta del error y quiso subsanarlo: Era muy tarde. La persona a la que perjudicó con esa falla pasó casi siete años preso. En 2013, la Judicatura estatal se percató del hecho y destituyó a Hernández un año después.
En 2013 también, el Consejo de la Judicatura de Jalisco inhabilitó al Juez Primero de lo Penal en Puerto Vallarta, Miguel Valenzuela, y al Juez Mixto en Lagos de Moreno, José Ávalos Pelayo.
El primero –quien también fue presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco– fue cesado por la Judicatura porque dictó una sentencia a favor de dos presuntos secuestradores. Y el segundo, fue retirado del cargo por tardar hasta ocho meses en resolver una orden de aprehensión.
El sistema de justicia en Jalisco –que todavía no da el paso decisivo hacia la oralidad en los juicios– se presta a cualquier tipo de corrupción. Sólo en los juzgados penales se acumulan más de mil casos cada año.
Jalisco aún no da el paso decisivo hacia la oralidad en los juicios, y en los juzgados penales se acumulan más de mil casos cada año.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MAURICIO FERRER.
Después de un año, esta semana finalmente se discutirá en el Congreso la Ley General de Transparencia, sin embargo, no todos ven claro los detalles de esta propuesta. Conoce ocho puntos que, de acuerdo a organizaciones civiles, representan fallas en la legislación.
La reforma constitucional en materia de transparencia aprobada en febrero de 2014 está en peligro.
Lo ven así, por lo menos, que 303 organizaciones civiles mexicanas y extranjeras.
Esta semana el Senado discutirá un proyecto de ley secundaria que debió estar aprobado desde el 7 de febrero, pero aún no ha pasado siquiera por la cámara de origen.
La iniciativa contraviene, en opinión de estos colectivos integrados por expertos, el espíritu de la reforma constitucional de una máxima publicidad.
El viraje se dio luego de que la consejería jurídica de la Presidencia presentó 81 reservas al proyecto de Ley General de Transparencia.
Se encaminan, principalmente, a incluir más asuntos reservados, eliminar la necesidad de justificación para negar entrega de documentos y datos, además de cerrar, desde la ley, algunos asuntos vitales como las violaciones graves a los derechos humanos o la información sobre la explotación de hidrocarburos.
La divulgación de un comunicado conjunto, liderado por el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, con el apoyo del propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya tuvo un primer resultado.
Desde este lunes los funcionarios de presidencia, los legisladores y los ciudadanos debaten en el Senado la inclusión o no de estas reservas en el proyecto final que aprobarán los Senadores y pasará luego a la Cámara baja.
En entrevistas para Reporte Indigo, algunos de los autores de este pronunciamiento conjunto explican por qué decidieron concentrarse en estos ocho puntos en la batalla por eliminar las reservas y buscar que la “máxima confidencialidad” no se convierta en la regla.
1. Sanciones que limitan el derecho de acceso a la información
Omar Rábago
Director Ejecutivo
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
“El artículo 208 de la iniciativa menciona la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los sujetos garantes (como el IFAI) cuando sus decisiones de abrir información generen daños que pudieran afectar a los funcionarios de las dependencias afectadas.
Al ser tan ambiguo el término de generar daño, no explica en qué consiste ni sus alcances, puede hacer que los órganos garantes tengan miedo a dar acceso a la información.
No queda claro qué proceso se va a seguir, pero estamos temiendo que cualquier funcionario afectado acuda al poder judicial a pedir un amparo contra el IFAI diciendo que le fue generado un daño.
Aquí va a primar el miedo de los funcionarios públicos de ser sancionados, van a darle la vuelta al tema para que no se difunda y no puedan resultar afectados.
Estas sanciones no estaban previstas en la iniciativa pero fueron incluidas en las reservas que presentó la consejería jurídica (de la Presidencia), pero no se especifican los montos”.
2. La desaparición de la obligación de generar la información
Renata Terrazas
Investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas Fundar
“Los argumentos de consejería jurídica y el Partido Revolucionario Institucional son que al mantener la redacción como está, la propuesta terminaría obligando a que las autoridades ejercieran facultades que no ejercieron.
Quieren eliminar que el Órgano Interno de Control obligue a generar información, con el pretexto de que estarían teniendo más trabajo.
No es un doble trabajo, es algo que en principio debieron haber hecho. La autoridad debe decir: no se llama así el documento que tiene la información que estás pidiendo pero te damos una opción.
No podemos tener el discurso de que no se hizo, queremos que por lo menos se generen documentos importantes.
Esta garantía es una de las pocas cosas que viene tal cual en el texto constitucional, que se debe documentar todo acto de la autoridad.
Entre 2010 y 2014 las dependencias federales negaron más de 30 mil solicitudes de información declarando inexistencia. Las más frecuentes fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de la Función Pública.
Lo que hacía el órgano garante (IFAI) era resolver que hicieras una búsqueda exhaustiva.
Buscamos que exista la obligación de generar la información. La importancia de esto es muy básico: ¿Cómo garantizar el acceso a la información si no hay información; cómo un acto de autoridad puede ser legal y legítimo si no existe un documento que lo avale?”
3 Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad
Ana Lorena Delgadillo
Directora
Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
“Como está establecido actualmente en la ley, permite que el IFAI se pronuncie en un caso a priori sobre si hay violaciones graves a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Esta determinación no tiene ninguna consecuencia jurídica más que preservar un derecho más inmediato de dar el acceso a la información.
En la propuesta de la nueva ley, se le quita al IFAI esta facultad. Será obligatorio que lo determinen la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con la CIDH el problema es el tiempo que toma para dar una determinación de tal magnitud. Simplemente para ser admitido un caso puede tomar hasta cuatro años.
Esto quitaría el efecto de que en graves violaciones a derechos humanos pueda haber una vigilancia o control ciudadano de lo que se está haciendo en la investigación, un escrutinio público.
Si te van a dar acceso cuando ya haya una determinación de un juez, pierdes un espacio de oportunidad para incidir.
La intención es que hay una afectación general, un control de cómo se está abordando la investigación.
Con la CNDH también toma años. Por ejemplo, en la recomendación sobre el caso de la matanza de migrantes en San Fernando, la CNDH no calificó el caso como violaciones graves, no se pronunció sobre dos derechos fundamentales, que son a la integridad y a la vida.
Esto te limita ya de fondo porque no hay como accionar el derecho de acceso a la información
¿Qué va a pasar cuando le pida a la CNDH información de investigación en curso que ellos están haciendo? Serían juez y parte”.
4. Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas
Edna Jaime
Directora México Evalúa
“Incluir la causal de estabilidad económica para negar información es abrir mucho la puerta a la reserva. Debe quedar establecido con mucha precisión cual es la información que se va a limitar, que sea excepcional.
Es legítimo y válido que se solicite una prueba de daño. ¿Cuántas cosas no influyen en la estabilidad económica bajo control y no del Estado mexicano?
Estas reservas buscan diluir la fuerza de la reforma constitucional. Deben quedar claras cuáles serían las razones para reservar información.
La propuesta de la consejería jurídica es que se haga una prueba de daño en la segunda instancia, es decir, cuando el ciudadano pida un recurso de revisión.
Muchos solicitantes no van a una segunda instancia y es importante una argumentación sustantiva, una explicación de por qué generar información sobre un asunto puede causar un daño.
Para esto es importante una Ley de Archivos, para que todo acto de autoridad quede bien documentado, que no quede a discreción del funcionario público. Siendo así el caso es muy difícil justificar la no existencia de la información.
Es muy frecuente que aleguen seguridad nacional sin argumentos. En los casos de reserva necesita una prueba, las reservas son excepcionales y debe estar sustentada, aunque en la práctica no son excepcionales”.
5. Eliminación de la prueba de daño
Omar Rábago
Director ejecutivo
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
“Cuando se habla de la prueba de daño, los sujetos obligados no tendrán que valorarlo. Esto evita justificar la decisión a los que se les niega la información.
Estamos hablando de la valoración también, tiene que haber una reflexión, un análisis de la información, que no es propiedad de los funcionarios.
Tendría que darse la máxima publicidad o justificar por qué. Con las reservas se elimina por completo la prueba de daño. Las últimas modificaciones son regresivas. Tuvimos una muy buena reforma constitucional, seguida de una mala reglamentación secundaria.
En términos de derechos humanos la progresividad es importante.
Se puede negar la información sin que haya un proceso de reflexión y análisis antes, sin que haya una justificación.
Lo ganado en la prueba de daño se eliminaría por completo y podría dar pie y la información n se niegue como regla no como excepción”.
6. Intervención ampliada del Consejero Jurídico
Alejandro González Arreola Presidente
Gestión Social y Corporativa
“La reforma constitucional planteaba solamente algunos puntos de excepción para reservar información, que tenían que ver con seguridad nacional, estabilidad económica y financiera.
Sólo facultaba a la consejería jurídica para sustentar, presentar la causal de reserva e impugnar ante el IFAI alguna disposición.
Ahora se está planteando que la consejería jurídica pueda dar cauce a peticiones de inconstitucionalidad de gobiernos estatales, municipales y congresos de los estados.
El análisis de las organizaciones es que ninguno de éstos tiene ninguna acción o tema referido a estabilidad económica ni seguridad nacional.
La consejería estaría funcionando como una especie de gestor. Esto va más allá de sus atribuciones y abre la posibilidad a tener una interpretación laxa del término seguridad nacional a otros como la seguridad pública.
En la ley debe quedar establecido a que se refieren con seguridad nacional y estabilidad económica.
Como copresidentes de la Alianza para el Gobierno Abierto junto al gobierno federal durante este año, desde Gesoc expresamos la preocupación de organizaciones de la sociedad civil y el IFAI.
A pesar de que en la elaboración de la iniciativa hubo un consenso, lo que ha hecho la consejería jurídica representa un retroceso”.
7. Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos
María Colín
Asesora jurídica Greenpeace México
“Si se revisa la Ley de Hidrocarburos, el tercer capítulo es de la información obtenida de las actividades de reconocimiento y exploración.
Este capítulo pareciera que está generando un régimen de transparencia aparte de lo que es la Ley de Transparencia.
Se dice que la Comisión Nacional de Hidrocarburos garantizará la confidencial de la información.
En el artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos, faculta en materia de transparencia a la Secretaría de Energía, pero no menciona gran cosa, esencialmente son números muy básicos.
No vas a obtener una concesión completa, sólo estadísticas del proceso de licitación, bases, reglas, números de contratos. Son cifras rudas, muy generales.
Veo muy difícil que te den interpretación de datos sísmicos o algo más profundo, diferente a los puros listados. La información del contratista no va a ser accesible al público.
El criterio que permea en materia de hidrocarburos es confidencialidad ante todo y luego ya vemos.
Se está violando el principio de la máxima publicidad, porque todo el matiz de esa ley va reiteradamente a la confidencialidad.
La Ley marco es la de transparencia, no se debe garantizar la máxima confidencialidad sino la máxima publicidad. Eso en la práctica no está sucediendo”.
8. Se elimina la obligación de transparentar listado cancelaciones tributarias
Juan Pardinas
Director general Instituto Mexicano para la Competitividad
“Ha habido una serie de malentendidos. En apariencia las condonaciones, esto es, los privilegios fiscales a contribuyentes al Impuesto Sobre la Renta -que son motivo de irritación de los contribuyentes en el país- van a ser públicas.
No se van a hacer pública las exenciones, como el Impuesto al Valor Agregado en la compra de libros y revistas.
No parece un tema grave que no se hagan públicos porque no privilegia un sector o una empresa.
La discusión de los últimos días con el poder ejecutivo da la apariencia de que no hay ninguna objeción en hacer públicas la condonaciones fiscales.
Con la nueva legislación los gobiernos estatales no nos podrían echar para atrás el requerimiento de conocer lo que se les ha condonado.
Cuando se litigó el caso Yo Contribuyente (para conocer el listado de condonaciones de congresos estatales) el argumento, bastante pedestre, fue que la ley no diferenciaba entre personas morales empresas y públicas, por lo cual los obligaba a guardar la información.
Tendrá que quedar muy claro en la leu que las condonaciones van a ser transparentes.
El principio de justicia de un sistema fiscal es que todos pagamos en forma equivalente a nuestro ingreso, justamente con estas condonaciones era legalizar la evasión y protegerlos con el velo de la opacidad.
Por lo menos ante la luz pública va a haber información, hay que ver cómo se va a publicar, si por solicitud de información.
Si el Servicio de Administración Tributaria ha hecho tanto énfasis en difundir nombres que no han estado al día con sus obligaciones fiscales, también tendrían que publicar la lista de los que perdonaron. Lo deseable sería que no tuviera que mediar una solicitud de información”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
CHIHUAHUA, Chih: Un grupo de choque identificado con el gobierno estatal irrumpió la concentración masiva del movimiento Unión Ciudadana, con palos y gas lacrimógeno. Agredieron a mujeres, hombres, adultos mayores y representantes de medios de comunicación que se encontraban en el evento ciudadano.
A las 16:30 horas estaba convocada la gente para dar inicio la reunión masiva de Unión Ciudadana, pero desde las 10:00 horas, los dirigentes fueron alertados de la colocación de un gran templete justo frente a la puerta de Palacio de Gobierno, donde se colocarían los integrantes del movimiento.
Además colocaron camiones oficiales de Gobierno en la plaza Mayor, frente al palacio, para no dar espacio a la manifestación en contra de la corrupción del gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Alrededor de las 14:00 horas, un grupo de hombres robustos, intentó bajar al senador Javier Corral Jurado del templete, pero lo defendió otro grupo del movimiento, lo que dio origen a una serie de jaloneos.
Los hombres también intentaron quitar al abogado Jaime García Chávez, quien interpuso la demanda penal contra el gobernador ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero no lo lograron. Sin embargo, jalaron a hombres y mujeres.
Jóvenes, mujeres y dirigentes de Unión Ciudadana, se apoderaron del templete mientras que el grupo de choque jaloneaba una piñata con la cara del gobernador y cuerpo de cerdo, para evitar que la llevaran al templete. Le arrancaron una pata y una mano.
Cuando inició el evento con más de mil personas y el conductor tomó el micrófono, se apersonaron los enviados que gritaban “Duarte, Duarte, Duarte”, para provocar e insultar a los del movimiento concentrado. Junto con esa acción, elevaron el sonido de la música en la plaza Mayor para ahogar la voz de los manifestantes. Primero era un sonido y luego llegó el grupo La Consentida, que tocó casi sin público, pues era un evento no programado.
Con palos, el grupo dirigido por la lideresa de colonia apodada “La Negra Tomasa”, lanzó golpes contra los asistentes, varios de ellos adultos mayores. Un grupo de Unión Ciudadana se replegó para hacerlos para atrás, mientras gente cercana a gobierno alertaba que tenían un grupo de antimotines en un sótano abajo del edificio Héroes de la Revolución.
Cuando uno de los adultos mayores se cayó, una alidada de La Negra Tomasa, se burlaba porque le enterró la punta de una sombrilla negra.
Se cayeron varias personas y el grupo aprovechaba para darles palazos, la policía no aparecía y los agentes de Vialidad sólo eran espectadores.
Luego de más de media hora, llegó un par de agentes y controlaron al grupo provocador, que intentaba bajar del templete a los de Unión Ciudadana y correr a los participantes que habían llegado de la capital Juárez, Cuauhtémoc, Parral, Camargo, Jiménez, Ojinaga y Madera, varios de ellas víctimas de violencia y del sistema.
Casi al finalizar la agresión, jóvenes que iban con la Negra Tomasa, lanzaron gas lacrimógeno contra los participantes de Unión Ciudadana y contra la prensa.
La reunión anticorrupción continuó: “Nadie sabe para quién trabaja”, advirtió el senador Javier Corral, al hacer referencia que desde la noche el gobernador mandó instalar el templete sobre el que estaban plantados.
Y Víctor Quintana Silveyra, dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que esa era su primer triunfo, la toma del templete, del lugar asignado para la manifestación ciudadana que les intentaron arrebatar.
La estudiante Sofía García tomó el micrófono para externar el hartazgo de varios jóvenes y refirió que la agresión que acababan de recibir sólo es una prueba del tipo de gobierno que hay en Chihuahua.
Respaldada por un grupo de jóvenes que organizan las manifestaciones por Ayotzinapa, otra estudiante llamada Mariana lamentó la situación que acababan de vivir, que calificó como triste y deprimente, pero advirtió que no los van acallar.
“Señor gobernador: ni con sus acarreados, ni con sus come lonches, lo va a lograr”, expresión que arrancó el grito de “Ayotzi vive, la lucha sigue”.
Y cuestionó a los provocadores en qué calle viven. “Porque en la calle donde yo vivo, hay gente pidiendo dinero por hambre, en la calle que yo vivo los jóvenes no pueden estudiar lo que quieren ni cómo quieren. A nosotros nos preguntan que si no nos da miedo andar aquí, y sí , sí nos da miedo, pero nos da más miedo formar una familia y tener hijos para que vivan en un lugar como éste”.
“Vete Duarte, Vete Duarte”, era el grito recurrente.
Víctor Quintana pidió un minuto de silencio por el asesinato del activista y ex alcalde de Villa Ahumada, Alberto Almeida Fernández, a quien mataron en Juárez esta semana.
“Este templete es nuestra primera victoria (…) ¿qué tan débil es Duarte que tiene que mandar a provocadores de tercera? Unión Ciudadana es el sueño compartido, el poder está aquí, con nosotros, sientan el palpitar de Chihuahua”, dijo Quintana.
Luego tomó el micrófono Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del movimiento estatal de mujeres y exdiputada federal, quien recordó que en Chihuahua permanece la impunidad de hace más de dos décadas y tampoco se reconoce la problemática de las personas desaparecidas, que en Chihuahua suman más de mil 500.
“Todo México es un cementerio”, refirió y dijo que en Chihuahua además no hay separación de poderes, hay una sumisión total de los poderes Judicial y Legislativo hacia el Ejecutivo, que ha impuesto hasta magistrados y aun así “se presume la cultura de la legalidad”.
Mencionó a los derechohumanistas y agradeció su lucha porque no se dejan amedrentar, como las organizaciones que defienden a las mujeres, a las familias de personas desaparecidas, indígenas, el campo, entre otros.
Javier Corral indicó que estaban viviendo un momento contradictorio en la vida de Chihuahua porque habiendo varios signos ominosos, de éste se levanta una esperanza con la gente que está decidida a decir “ya basta” por los abusos del gobernador.
“Qué poco conoce Duarte a la gente de Chihuahua, pensaba que con La Negra Tomasa nos iba a correr. Desde anoche mandó tomar la plaza, pero nadie sabe para quién trabaja. Utilizó hasta niños para traerlos a la plaza y trata de sofocar y sabotear. Cerró 20 cuadras a la redonda y siguen cerradas; mandó traer porros para desalojarnos del templete y luego utilizó ala gente más humilde para provocar”, detalló.
Y enfatizó: “Ha mostrado el miedo que nos tiene a todos juntos. Cuando un gobierno muestra su miedo, es porque está a punto de caer”.
Recordó que ese movimiento, Unión Ciudadana, abraza la batalla contra la corrupción que se ha encarnado en la figura de Duarte, porque Chihuahua ha visto cómo se enriquece, ya que el caso de Unión Progreso sólo es la punta del iceberg.
“Hace ocho años no tenía Duarte registro de exportación a Estados Unidos, ahora es uno de los ganaderos con más exportaciones. Es donde está el temor de Duarte. Si alguien sabe todo lo que ha hecho es él, y sabe que los sabemos. Sabe que no tiene escapatoria. Va a ir a la cárcel por sus fechorías”, señaló Corral.
Y la gente respondió: “Fuera Duarte, fuera Duarte”.
El sacerdote Javier “El Pato” Ávila, quien es parte del consejo directivo de Unión Ciudadana en Bocoyna, envió un mensaje: “Mi solidaridad con ustedes. El funeral de un amigo en la sierra me impide estar con ustedes. Aunque Duarte se me enoje, estoy con ustedes”.
Jaime García Chávez cerró el evento y también lamentó la situación del grupo de choque y explicó que decidieron no irse a otro lugar, porque si lo hubieran hecho, la libertad de todos estaría pisoteada “y el pueblo de Chihuahua no está para eso”.
“Esto es muy grave, entre ellos está la Negra Tomasa y nosotros nos tuvimos que cuidar porque la policía está protegiendo a aquel grupo (…) Duarte se tiene que ir, en estos momentos es el emblema de la corrupción política. Chihuahua no quiere corrupción, quiere que sus recursos de utilicen en las necesidades del pueblo, por eso Duarte tiene mido y con Enrique Peña Nieto y Murillo Karam, hizo un pacto de corrupción”.
Posteriormente colocaron en la puerta de palacio de gobierno, un Bando Solemne para explicar la situación por la que pasa Chihuahua y al concluir, quebraron la piñata de donde salieron billetes de juguete, como simbolismo del dinero público que está en el Banco Progreso.
Javier Corral anunció que interpondrán una denuncia por lesiones, ya que hubo mujeres fuertemente golpeadas, por personas que fueron enviadas por Duarte.
Lamentó que hasta el Canal del Congreso esté censurado, luego de que acusó en tribuna los actos de intimidación que ha tenido luego de denuncias actos de corrupción contra Duarte y Peña Nieto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
MÉXICO, D.F: La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, pidió al juez que lleva su caso que le conceda gozar de prisión domiciliaria en un departamento con un valor de 2.5 millones de dólares.
El diario Reforma publica hoy que el inmueble se ubica en el edificio de Camino Alto Lerma número 13 en la colonia San Mateo Tlaltenango, en la delegación Cuajimalpa, localizado en el exclusivo Club de Golf Bosques de Santa Fe.
El departamento es de 711 metros cuadrados de construcción con un costo aproximado de 2.5 millones de dólares y fue adquirido el 7 de septiembre de 2005 por Comercializadora TTS de México, una de las inmobiliarias de la familia Gordillo, en 1.2 millones de dólares, más 50 mil dólares por una acción del club del golf que forma parte del desarrollo, según estipula el contrato.
La maestra argumenta que es una adulta mayor con un estado de salud crítico y no puede ser atendida adecuadamente en prisión y por ello pretende vivir en ese lugar.
El lugar se localiza en un edificio de cuatro plantas, con lobby, mezzanine, sala de cine, cava, bodegas y un área común que incluye además un jardín con kiosco y bancas.
El complejo cuenta con canchas de tenis y futbol, albercas, andadores y espacios verdes con una superficie de más de 100 hectáreas.
Si el juez Alejandro Caballero Vértiz autoriza el traslado, Gordillo tendrá limitaciones propias de la prisión domiciliaria como que no podrá salir de un perímetro determinado y deberá permanecer en el inmueble y sus áreas comunes vigiladas permanentemente por agentes federales.
Al respecto, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a un juez federal declarar infundada la petición de prisión domiciliaria de Elba Esther Gordillo.
La dependencia alega que al menos uno de sus estudios clínicos “puede no ser cierto” y que los informes médicos oficiales demuestran que el estado de salud de la maestra es estable.
El pasado 18 de febrero, la PGR entregó un escrito al juez Alejandro Caballero en el cual explica su oposición a la prisión domiciliaria.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
CANCÚN, Q. Roo: Andrés Manuel López Obrador calificó a Marcelo Ebrard como una “buena persona” y justificó que Morena no pudo postularlo como candidato a diputado federal porque el proceso de selección en ese partido ya iba muy adelantado.
“(Marcelo Ebrard) es buena persona, cada quien toma sus decisiones. Nosotros ya teníamos el proceso (de selección de candidatos) muy adelantado”, dijo el exjefe de Gobierno del Distrito Federal al concluir un deslucido mitin en el parque de Las Palapas de Cancún, que estuvo semivacío.
Sin embargo, aclaró que Morena no hace invitaciones particulares para incorporarse a este partido.
“Nosotros no hacemos invitaciones particulares, las puertas de Morena están abiertas a todos los ciudadanos, hombres y mujeres de buena voluntad. No hacemos invitaciones selectivas. Solamente nos reservamos el derecho de admisión si quieren entrar Salinas, Fox, Calderón, Peña Nieto”.
López Obrador defendió a Ebrard -ahora candidato de Movimiento Ciudadano- al señalar que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “le echan la culpa” al experredista por dar la información sobre la Casa Blanca de las Lomas.
“Están muy enojados con Marcelo, Peña y Chong y toda esa maleantada”, sostuvo el excandidato presidencial.
Por otra parte, luego de que el INE retiró un spot de su partido, el tabasqueño acusó al instituto de estar “maiceado” y al servicio de la mafia del poder.
Según, explicó, los argumentos de la denuncia es que en el spot de Morena que el voto por Morena sí vale, “pero la verdad lo que no les gusta del spot, aunque no lo dicen, es que advierte ahí, que nosotros dijimos que tiempo es que nos iban a llevar al despeñadero, eso es lo que les molesta, la frase del despeñadero, ese es todo el asunto”.
Agregó que en esta ocasión “la mafia del poder” usó al PVEM para impugnar el spot de Morena.
Adelantó que modificarán el spot con el fin de ponerlo otra vez al aire.
Pide libertad de presos políticos
Cuando ya había concluido su discurso, López Obrador recordó de último momento hacer un pronunciamiento por los presos políticos de la isla de Holbox y de Felipe Carrillo Puerto.
El líder de Morena pidió la libertad de estas personas que, según él, fueron detenidas de manera injusta.
Sin embargo, no hizo referencia a otros cuatros activistas detenidos -una de ellas militante de Morena- que fueron detenidos en Cancún, al participar en una marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En su discurso tampoco hizo alusión directa al gobernador Roberto Borge Angulo.
Militantes reclamaron a López Obrador la nominación como candidata a diputada de representación proporcional de Lourdes Cardona, hija de la exdiputada local y tres veces regidora, Latifa Musa, quien aprobó en días pasados en el cabildo local el aumento a las tarifas del transporte urbano y el nuevo Plan de Desarrollo Urbano, que permite la construcción de proyectos en zonas protegidas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Con 35 años de carrera política a cuestas, Marcelo Ebrard toca de nuevo la puerta a otra ideología. Tras renunciar al PRD, irá por una diputación plurinominal con Movimiento Ciudadano
Después de encumbrarse con el PRD, el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón se prepara para jugar su quinto partido.
Inició con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que hoy detesta y al que renunció tras casi 15 años de militancia y varios cargos.
Fue postulado y ganó una diputación federal con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el que no militaba, para luego declararse independiente.
Luego creó en 1999 el Partido del Centro Democrático (PCD) junto con Manuel Camacho Solís.
En el 2005 recibió el respaldo de algunos miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para su candidatura rumbo a la jefatura de Gobierno del DF, se adhirió al partido y el pasado viernes lo dejó.
Ahora se enfila al Partido Movimiento Ciudadano.
En la carta de renuncia que entregó el pasado viernes al presidente del PRD nacional, Carlos Navarrete, Ebrard se asume claramente confrontado con el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y con el presidente del país, Enrique Peña Nieto.
Sus peores momentos
Ebrard atraviesa por una de las peores crisis de su historia política. Incluso, de nuevo se habla de la posibilidad de que pise la cárcel por supuestos errores cometidos durante su ejercicio público.
En el 2004 también enfrentó turbulencia política y fue removido del cargo de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) por el entonces presidente, Vicente Fox.
La decisión se dio luego de que agentes de la Policía Federal murieron en el poblado de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, sin que la policía preventiva a su cargo pudiera hacer nada para evitarlo.
En septiembre pasado, cuando la Contraloría General del Distrito Federal dio a conocer la lista del primer bloque de funcionarios inhabilitados por presuntas irregularidades cometidas en la Línea 12, Reporte Indigo publicó que podría ser la tumba política de Ebrard.
Y es que hoy, el ex jefe de Gobierno enfrenta de nueva cuenta la posibilidad de tener que rendir cuentas ante la justicia, debido al cúmulo de anomalías detectadas en lo que fue la obra cumbre de su sexenio.
El próximo destino
Marcelo se prepara para jugar su quinto partido como abanderado plurinominal de Movimiento Ciudadano, partido cuyos diputados han mostrado mayor vehemencia en su defensa, aún más que los propios perredistas.
Para muestra las participaciones del legislador local, Cuauhtémoc Velasco Oliva, y en el Congreso de la Unión, Ricardo Mejía Berdeja.
Este último, incluso, lo habría ayudado para ingresar sin ser invitado a la reunión de la Comisión que investiga el uso y destino de los recursos federales de la Línea 12. Aquella que terminó entre manoteos y empujones.
Luego vinieron los elogios de Dante Delgado, presidente nacional del Movimiento Ciudadano hacia la figura de Marcelo Ebrard, de quien dijo “fue un jefe de Gobierno excepcional”, frase con la que le abrió oficialmente las puertas de su partido.
Mientras Ebrard aclara su panorama político, el jurídico avanza a sus propios tiempos.
El martes de la semana pasada el expediente de Enrique Horcasitas Manjarrez y la Línea 12 recibió un “anexo”… Se prepara la consignación, según las fuentes, de cuatro exservidores. Uno, muy cercano al ex jefe de Gobierno.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Aunque Alfredo Castillo ya no está comisionado en Michoacán, en el estado aún permanecen 106 funcionarios federales de su primer círculo. Ellos, ahora operan en el Órgano Implementado del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad.
Aún cuando ya no está, el excomisionado Alfredo Castillo sigue presente en Michoacán.
Su mano sigue gobernando a través de los funcionarios que formaron su primer círculo de contacto y que a la fecha mantienen el control de la administración económica y política del estado.
Además, son los pilares del gobierno estatal que intenta conducir el sustituto Salvador Jara.
Al frente del grupo que una vez fue la comisión de seguridad para Michoacán se encuentra Carlos Hugo Castellanos Becerra, quien fuera el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, y que encabezó el proyecto político de la Federación para designar candidatos a cargos de elección popular por parte del PRI.
La orden presidencial del 22 de enero pasado que disolvió las funciones del comisionado como enviado de la Federación, no ha menguado la operatividad de los 106 funcionarios federales leales a Castillo, quienes ahora operan bajo la figura denominada Órgano Implementado del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad.
Funcionarios estatales reconocen que dentro del aparato de gobierno de Jara siguen siendo los integrantes del equipo de Castillo quienes mantienen las directrices de la administración estatal.
El gobernador sustituto no tiene presencia de mando dependencias como la Secretaria de Seguridad Pública, Procuraduría de Justicia del Estado o Secretaria de Finanzas. Allí las instrucciones las sigue dando el Gobierno Federal.
La mayoría de los 106 funcionarios que se integraron a la comisión de Alfredo Castillo -cuyos datos de identidad fueron protegidos por el IFAI a petición de la propia Secretaria de Gobernación- son originarios del Estado de México, con cercanos lazos de amistad hacia el presidente Enrique peña Nieto.
El secreto mejor guardado
En no menos de 27 solicitudes de información que se han presentado por parte de periodistas independientes ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se ha patentado la negativa oficial para dar a conocer el presupuesto de gastos de la Comisión para el Desarrollo de Michoacán, así como el perfil profesional de los que conformaron ese organismo.
El argumento de la negativa de información de la Secretaría de Gobernación (Segob) es que esa información “puede comprometer la seguridad y el orden público, en este caso para el estado de Michoacán, así como poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona, la cual se actualiza en el asunto que nos ocupa, puesto que la información solicitada por el requirente versa sobre fichas curriculares de servidores públicos, cuya información pone en riesgo su persona”.
En una respuesta entregada a Reporte Indigo por parte del IFA, fechada el 09 de octubre del 2014, en el documento signados por Alejandro Galván Illanes, director de proyectos y secretario del comité técnico de información de la Segob, no solo se ratifica la confidencialidad de los datos solicitados, sino que se advierte “del Daño Probable, Daño Presente y Daño Especifico”, si se llega a publicar información, obtenida por otras vías.
A la fecha, la Secretaría de Gobernación se ha negado a dar a conocer cuántos de los funcionarios que integraron la Comisión de Seguridad para Michoacán han dejado de trabajar en ese encargo. Las fuentes al interior del gobierno estatal de Michoacán son las que indican que al menos el 98 por ciento de los funcionarios que llegaron con Alfredo Castillo siguen activos en sus cargos, ratificados por el gobernador Salvador Jara Guerrero.
Costo de la comisión
La mayoría de los 106 funcionarios federales que llegaron tras la integración de la Comisión para el Desarrollo de Michoacán siguen cobrando sus sueldos. Solamente 11, entre ellos el propio Alfredo Castillo, han dejado de percibir sus salarios.
De cualquier forma, la federación sigue pagando casi 8 millones de pesos en esa nómina.
El equipo de Elite
Todos los funcionarios que se sumaron a la comisión para la seguridad de Michoacán ya habían sido colaboradores de Alfredo Castillo, desde el tiempo en el que pasó por la Procuraduría de Justicia del Estado de México, hasta su rápido desempeño en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
> Carlos Hugo Castellanos
Primero fue Secretario de Seguridad Pública y ahora encabeza el Órgano Implementado del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad de Michoacán. Castellanos conoce a Castillo desde que fue director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría de Justicia en el Estado de México.
> Bernardo Téllez Duarte
Es secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en su momento sirvió a Castillo como director de planeación en la Procuraduría de Justicia mexiquense, y también fue subprocurador de Verificación en Profeco.
> Jaime Rodríguez Aguilar
Es subprocurador de justicia de Morelia, trabaja al servicio de Castillo desde que estuvo al frente de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla.
> José Juan Monroy García
Es subprocurador de justicia en Lázaro Cárdenas, trabajó con Castillo como Fiscal Regional de Texcoco y como subdelegado de la PGR en el Estado de México.
> Jesús Isaac Acevedo Román
Es subsecretario de prevención y reinserción social del gobierno de Michoacán, trabaja con el hoy ex comisionado desde estuvo al frente de la fiscalía regional de Nezahualcóyotl.
> Adolfo Eloy Peralta Mora
Se encuentra al mando de la Subsecretaría de Seguridad Pública del gobierno de Michoacán, trabajó llegó con Castillo luego de colaborar como director de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México.
> Victorino Porcayo Domínguez
Es subprocurador de justicia en Apatzingán, quien conoció a Castillo siendo responsable de la Fiscalía Regional de Atlacomulco.
> José Ramón Ávila Farca
Es subprocurador de justicia para la zona de Zitácuaro, es viejo amigo del excomisionado desde que colaboró con él como fiscal especial para delitos dolosos cometidos por cuerpos policiacos de la procuraduría de justicia del Estado de México, y luego como director general de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamientos de la Profeco.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: Guillermina de la Torre Malváez, madre del exdirigente priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de liderar una red de prostitución, fue incluida por el PRI para una diputación federal.
De la Torre aparece en el lugar número 10 de la lista que el Revolucionario Institucional aprobó este fin de semana para una candidatura plurinominal.
En la lista de la Cuarta Circunscripción también están la actriz Carmen Salinas, Fernando Espino Arévalo, líder del Metro, y Mauricio López, actual dirigente del PRI-DF.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La aprehensión de Servando Gómez, La Tuta, está lejos de acabar con el crimen organizado que medra y desangra Michoacán. Los negocios ilícitos y jugosos son muchos ahí: producción y trasiego de drogas sintéticas, explotación de la producción minera, extorsión, secuestro… Ya hay varios grupos que se disputan la Tierra Caliente y la calentarán más en los próximos meses con sus feroces disputas.
MÉXICO, D.F: Con la captura de Servando Gómez Martínez, La Tuta, El Profe o El Viejo Feo, la madrugada del 27 de febrero, Los Caballeros Templarios dejan una herencia peligrosa: el surgimiento de nuevos grupos y el regreso de los antiguos cárteles, como el de Sinaloa o Los Zetas, los cuales buscan controlar el territorio de la Tierra Caliente michoacana, estratégico para la producción y trasiego de drogas.
Uno de estos nuevos grupos es La Nueva Línea, integrado en su mayoría por extemplarios quienes se habían refugiado temporalmente en Colima y Jalisco, revelan fuentes de inteligencia de la Policía Federal, habitantes de la región y exintegrantes de las Fuerzas Rurales.
La captura de La Tuta, de 49 años, se da en el momento más bajo de percepción ciudadana en torno a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, luego de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y por el estancamiento de la economía. Es una bocanada de aire fresco y un distractor en medio de los duros cuestionamientos que desde la ONU hasta Europa se han hecho al gobierno peñista por la constante violación de los derechos humanos y la espiral de violencia en todo el país.
La Tuta –considerado por el gobierno federal “el criminal más buscado de México”, luego de la detención hace un año de Joaquín El Chapo Guzmán, cabeza del Cártel de Sinaloa– deja una estela de grupos del crimen organizado que se reacomodan para dominar la región michoacana de Tierra Caliente.
La captura de Gómez Martínez tuvo lugar en Morelia, informó el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, la noche del 27 de febrero. Pero según testigos, el jefe templario fue sorprendido en una casa de la tenencia de Morelos, en las afueras de la capital michoacana.
De acuerdo con la versión oficial, la vivienda donde fue detenido La Tuta está en el número 52 de la calle José Araizabal, colonia Oviedo Mota de Morelia, detrás de la Casa de Gobierno. En esa misma colonia hace un año fue capturado otro líder templario: Dionisio Loya Plancarte, El Tío.
Gómez Martínez fue detenido luego de varios meses durante los cuales su organización criminal recibiera fuertes golpes y tras de que cayeran otros de sus capos; las autoridades ofrecían por él una recompensa de 30 millones de pesos.
Visiblemente delgado, Gómez fue trasladado a la Ciudad de México para rendir declaración en la Procuraduría General de la República (PGR) y luego lo llevaron al penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Durante su gestión como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, cargo que dejó hace unas semanas, Alfredo Castillo dijo una y otra vez que La Tuta estaba en permanente huida, con su estructura desmantelada; que vivía en cuevas y su detención era cosa de días.
Sin embargo Castillo dejó el cargo con La Tuta en libertad, pese a la caída de casi todos sus cómplices.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J. Y JOSÉ GIL OLMOS.
Mientras con una mano el gobierno federal colocaba en la PGR al alfil de Televisa, con la otra ofrecía el prototípico show mediático –la captura del capo de moda– a la manera de una operación distracción. Nadie más apropiado para esto último que La Tuta. La trayectoria delictiva de Servando Gómez Martínez, el jefe de Los Caballeros Templarios detenido el 27 de febrero en Morelia, es una muestra de la tragedia de Michoacán. Formado como maestro rural, tomó el camino más corto hacia el poder y el dinero: el narcotráfico. Pronto destacó en La Familia Michoacana y después participó en la fundación de Los Caballeros Templarios, con mucho las organizaciones delictivas más poderosas que hayan asolado la entidad. Pero sin duda la peculiaridad de este jefe criminal fue su facilidad para utilizar medios de comunicación como la televisión y el internet para hacerse propaganda y atacar a sus enemigos.
MÉXICO, D.F: El pueblo de Arteaga, Michoacán, donde nació y se crió Servando Gómez Martínez, La Tuta, es una tierra de montes áridos y abrojos que por muchos años estuvo abandonada, hasta que la industria minera china descubrió ricos yacimientos de hierro.
Cuando ya era maestro rural –de donde le viene su apodo de El Profesor–, Gómez Martínez encontró el más socorrido atajo hacia el poder y el dinero que se conoce en el estado: el narcotráfico. Comenzó con la venta de mariguana y en unos años escaló a la jefatura del grupo criminal más poderoso que ha tenido Michoacán en medio siglo: Los Caballeros Templarios.
Extraoficialmente se calcula que en 2013 la banda obtuvo ganancias de 31 mil millones de pesos, tomando en cuenta sus diversos delitos: tráfico de estupefacientes, extorsiones, secuestros y negocios con los empresarios chinos, según se desprende de informes del gobierno de Fausto Vallejo y declaraciones del entonces comisionado para el desarrollo integral del estado, Alfredo Castillo.
Luis Felipe Gómez Martínez, El Güicho –hermano de El Profesor, La Tuta o El Viejo–, detenido en agosto de 2014, les contó a fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) cómo Servando cambió los salones de clase por el narcotráfico:
“Cuando tenía como 19 años se juntó con su esposa y se fue a vivir por Quiroga, donde dio clases, ya que es maestro normalista. Cuando se separó, se fue a vivir al rancho de su papá, llamado Medina, el cual se encuentra a las afueras de Arteaga. Ahí durante dos años cultivó papaya, jitomate y maíz.
“Después se fue a trabajar a unos ranchos de maestro y regresó posteriormente al pueblo –prosiguió El Güicho–. Tiempo después me di cuenta que tuvo un problema con una persona de apellido Barragán, quien cuando fue detenido dijo que en un rancho había un sembradío de mota y que era de mi hermano, pero yo creí que era mentira, que
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J. Y JOSÉ GIL OLMOS
Reportes del Cisen advierten que tras la captura de Servando Gómez, ‘La Tuta’, en Michoacán se generará un ajuste de las células del crimen organizado, sin la posibilidad de que desaparezca el fenómeno del trasiego de drogas. El cártel Jalisco Nueva Generación sería el que tomaría el control de la zona.
Tras la detención de Servando Gómez Martínez, quien hasta la noche del jueves 26 de febrero era el jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, se presume que el control de las rutas del narcotráfico en la entidad pudiera ser asumido por el cártel Jalisco Nueva Generación, que intentaba mantener su presencia en la geografía estatal desde hace más de cinco años.
El cártel de Jalisco -que de acuerdo a informes de la PGR es liderado por Nemesio Oseguera Cervantes y mantiene vínculos con algunos grupos de civiles armados en la entidad- es el principal grupo que disputaba el control del tráfico de drogas a Los Templarios.
Datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) apuntan a la posibilidad de que en Michoacán, sin la resistencia de Servando Gómez, se genere en los próximos días un reacomodo de las células del crimen organizado, sin la posibilidad de que desaparezca el fenómeno del trasiego de drogas.
El reacomodo natural que se espera de las células del crimen organizado en Michoacán, revelaron funcionarios del Cisen, podría ser violento, en la medida de la resistencia con que se busquen sostener los reductos de Los Caballeros Templarios que siguen presentes en por lo menos 7 municipios de la zona sur del estado.
Fuentes del gobierno estatal de Michoacán apuntan hacia el convencimiento de que con la captura de Servando Gómez queda totalmente desarticulado el cártel de Los Templarios. Presumen que las células criminales podrían disolverse, enfrentar al cártel de Jalisco o sumarse a ese grupo para continuar con su sobrevivencia en la actividad delictiva.
No se sabe a ciencia cierta el número de miembros que sobreviven en Los Templarios, pero se estima que al menos son unos 500 a 800 templarios que se mantienen activos en todo el estado de Michoacán.
Un cártel conocido
El cártel que tras la detención de Servando Gómez, “La Tuta”, podría quedarse con el control de las rutas del narcotráfico en Michoacán, no es ajeno a la entidad.
Tiene presencia en la zona limítrofe con Jalisco, en donde se asentó a principios de la década de 1990, cuando un grupo de familias sembraban y vendían mariguana compradores foráneos.
A finales del año 2004, Jalisco Nueva Generación comenzó a ser perseguido violentamente por el grupo armado de Los Zetas; la razón era la negativa de comercializar con el cártel del Golfo parte de la mariguana que se cosechaba en la zona sur del estado, la que desde entonces ya estaba comprometida con el cártel del Pacifico.
El grupo que inicialmente integró el cártel de Jalisco estaba integrado por Nemesio Oseguera Cervantes, José González Valencia, Rogelio Guízar Camorlinga, Gerardo Mendoza y Domingo Sandoval, todos con el apoyo del cártel de Sinaloa, que les suministraba armas y hombres para sus movimientos logísticos, según datos de la PGR.
Hacia finales del 2008, el grupo que inicialmente fundó el cártel de Jalisco –llamado nueva generación por ser todos los fundadores hijos de comercializadores de mariguana- se desmembró. Se declararon la guerra entre ellos.
Tras la separación del grupo fundador del cártel de Jalisco, Oseguera Cervantes asumió el control de los municipios de Coalcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Aquila, Chinicuila, y Buenavista Tomatlán, en la zona limítrofe de Michoacán con Jalisco, manteniendo el control del cártel. En tanto, que Domingo Sandoval y Gerardo Mendoza se mantuvieron independientes, y a ellos se les atribuye una relación de apoyo para algunos de los grupos de autodefensa.
La estrella del General
Apenas el pasado 27 de enero, el General Felipe Gurrola -recién nombrado encargado de la seguridad de Michoacán- anunció que la detención de Servando Gómez seguía siendo prioridad.
Gurrola no solo anunció la persecución del jefe de Los Caballeros Templarios, también adelantó su obligación de ir tras un grupo de “cinco o seis personas” que se movían entorno “La Tuta” y que de esa forma seguían manteniendo el control de algunas células criminales en la zona de Tierra Caliente.
Apenas se reunió con los mandos federales que operaban en Michoacán, el General diseñó una estrategia para dar con la captura del jefe de Los Templarios, del que se decía de manera oficial que se encontraba remontado en la zona serrana, viajando entre los municipios de Tumbiscatío, Tepalcatepec, Aquila, Arteaga y Coalcomán.
En el operativo para la captura de Servando Gómez no se contó con la participación de las Fuerzas de Seguridad Pública del gobierno de Michoacán. La detención fue ejecutada por elementos de Federales, quienes desde hacía al menos una semana estaban tras la pista del jefe de los Caballeros Templarios.
De la detención de “La Tuta” no fue informada en forma inmediata al gobernador Salvador Jara. El titular del ejecutivo estatal fue notificado del resultado del operativo federal una vez que se dio cuenta de ese hecho en las redes sociales de algunos periodistas y medios de información nacional.
¿Los nuevos dueños?
El cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo aliado del cártel de Sinaloa y tiene presencia en:
Jalisco
Colima
Nayarit
Guanajuato
Querétaro
Zacatecas
Sinaloa
Sonora
Baja California
> La alianza
La alianza del cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación data de los últimos meses del 2006, cuando éstos últimos vendieron sus servicios como su brazo armado a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Entonces, crearon lo que en aquel tiempo se conoció como “Los Mata-Zetas”.
Solo poco más de un mes
Más allá de la vacante que deja, la captura de “La Tuta” representa un triunfo para el General Felipe Gurrola Ramírez, quien el pasado 22 de enero fue asignado por el presidente Enrique Peña Nieto como Alto Mando Especial para el combate a la delincuencia organizada.
Gurrola Ramírez logró en poco más de un mes lo que en su momento el Comisionado Federal, Alfredo Castillo Cervantes, no pudo hacer en un año: dar con el paradero del narcotraficante más buscado de México, por cuya captura se alzaron los grupos de autodefensa bajo el mando de José Manuel Mireles Valverde.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
