Promete transparencia y apertura

Arely Gómez, cuyo nombramiento al frente de la PGR será ratificado por el Senado este martes, aseguró que el cambio en la administración no traerá carpetazo en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Oceanografía.

Arely Gómez, quien fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto para sustituir a Jesús Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), ofreció una institución abierta y transparente.

Gómez, cuyo nombramiento será ratificado por el Senado este martes, aseveró que la transparencia y rendición de cuentas son dos de sus principales convicciones, por lo que se comprometió a mantener una política de gobierno abierto en la dependencia.

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, donde su ratificación fue aprobada por unanimidad, Arely Gómez se refirió a los cuestionamientos que ha tenido su nombramiento como procuradora general de la República por sus vínculos familiares con Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa.

“Quiero decir que mi hermano ha trabajado en diferentes lugares, algunos en el sector público y siempre lo ha hecho con la misma autonomía que yo. Nuestras trayectorias no tienen vinculación alguna.

“Los únicos intereses reales que quiero defender en la Procuraduría General de la República son los de la sociedad mexicana, a la cual he servido con probada honestidad”, aseguró Arely Gómez.

La senadora con licencia expuso que reforzará los protocolos de investigación en materia de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, y comentó que la PGR será defensora de los derechos humanos.

Aseveró, además, que el cambio en la administración de la PGR no traerá el carpetazo en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Oceanografía, sino que se agotarán todas las líneas de investigación. 

Comparecen propuestos a la SCJN

Los tres aspirantes propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto para ocupar la silla vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparecieron ayer ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza acudieron ante senadores a expresar su visión de la SCJN y a responder preguntas de los legisladores y organizaciones civiles, que hicieron llegar sus cuestionamientos al Senado.

Fuentes Barrera, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, afirmó que la SCJN tiene que hacer valer los derechos de la ciudadanía y ofreció hacer pública su declaración patrimonial.

Hernández Orozco, magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se pronunció por utilizar términos jurídicos sencillos para que sea fácil la difusión de la ley y se dijo a favor de la igualdad sustantiva en materia de derechos humanos.

Del mismo modo, ofreció hacer pública su declaración patrimonial, de impuestos y de intereses.

Finalmente, Medina Mora Icaza, actual embajador de México en Estados Unidos, se dijo sorprendido por su nominación, cuando los senadores le cuestionaron sobre su pasado como director del CISEN.

Medina Mora Icaza afirmó que la Constitución debe servir para proteger la libertad y la dignidad de las personas.

Una vez que pasen el filtro de la Comisión de Justicia, los tres aspirantes comparecerán ante el pleno del Senado, donde el ganador deberá ser electo por las dos terceras partes de los legisladores presentes al momento de la sesión.

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Medio ambiente, víctima de la ordeña clandestina

Los derrames que causan el robo de hidrocarburos han hecho de Jalisco uno de los estados más contaminados, según un inventario de Pemex Refinación. El impacto equivale a haber vaciado 3 mil 600 tinacos de combustible en el entorno.

Una de las actividades del crimen organizado que trae consigo un impacto medioambiental muy importante en Jalisco, aunque generalmente desapercibido, es el robo de hidrocarburo. 

Este tema suele abordarse más bien desde los ámbitos de la seguridad pública, lo económico y el peligro que causa a los vecinos cercanos a las tomas clandestinas. 

Jalisco se ha vuelto ya el quinto estado del país con la mayor superficie contaminada por los derrames de hidrocarburo que generan las tomas clandestinas.

Se estima una superficie contaminada de 27 mil 919 metros cuadrados, según un reporte de la Coordinación de Enlace de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SIPA), de Petróleos Mexicanos (Pemex) Refinación. 

Autoridades federales han identificado, inclusive, la afectación de tierras de cultivo en Jalisco por estos hechos.

Lo que se explica por la localización y trazo de los ductos de Pemex, y en los puntos que seleccionan las células delictivas para intervenirlos, usualmente en páramos sin desarrollo urbanístico, donde no sean llamativos, aunque tampoco muy alejados de los núcleos de ciudad. 

Solo hay cuatro estados con una situación peor a la de Jalisco por el nivel de contaminación que han alcanzado a causa de estas sustracciones ilegales, y son –todo en metros cuadrados: Veracruz, con 676 mil 70, el estado más afectado por esa actividad ilícita; Puebla, con 187 mil 564; Nuevo León, con 77 mil 212, y Sinaloa, con 31 mil 181. 

Cohabitar con derrames

No todas las tomas clandestinas, sin embargo, terminan provocando una situación nociva al medio ambiente en el país.

En este Inventario de Sitios Contaminados, obtenido por transparencia, de la Coordinación de Enlace de SIPA, están integrados 393 eventos donde sí se identificó el daño ecológico. 

En el inventario con que cuenta Pemex Refinación los datos más antiguos se remontan a 1997, mientras que los más actuales al 2013, si bien el documento fue proporcionado en noviembre de 2014, no sin precisar que era la única información que tenía en su posesión. 

Para ponerlo en perspectiva, tan sólo del año 2000 al 2014 (al 13 de agosto) esa misma autoridad tuvo conocimiento de 10 mil 627 tomas clandestinas en todo el país. 

Los grupos delictivos en Jalisco que se han concentrado en el robo de este producto a Pemex han generado 31 incidentes con consecuencias ambientales negativas para el estado y sus habitantes. 

Esto lo coloca como la cuarta entidad federativa con más de estos hechos contaminantes, aunque durante ese gran periodo de 2000 al 2014 esa instancia de Pemex supo de al menos 681 tomas clandestinas en total en territorio jalisciense. 

En ese sentido, los tres estados del país con más eventos nocivos para su ecosistema provocados por tomas clandestinas, son: Veracruz, con 70; Guanajuato, con 46, y Sonora, con 34. 

No sorprende que Jalisco figure también entre los estados donde se ha identificado una de las mayores cantidades de hidrocarburo liberado afectando el entorno,  con 3 millones 653 mil 983 litros. 

Esta medición del Inventario de Sitios Contaminados considera tanto gasolina Magna y Premium, como diesel, e incluso crudo cuando se ve involucrado. 

Un volumen derramado como ese en el espacio natural que cohabitan los jaliscienses, requeriría de vaciar pacientemente, uno tras otro, más de 3 mil 600 tinacos de hidrocarburo. 

Pero es también más del doble de las incautaciones que logró la Fiscalía General estatal en todo un año (un millón 347 mil litros de hidrocarburo), y muy cerca de lo que logró asegurar la Policía Federal  con todo su despliegue nacional: 5.7 millones de litros, según los últimos informes anuales de ambas instancias.   

Hay únicamente un estado con más hidrocarburo derramado por tomas clandestinas  que Jalisco, y es Tamaulipas, con 5 millones 791 mil 994 litros; a nivel nacional la contaminación inventariada se causó por la fuga de 24 millones 784 mil 177 litros.  

En todos estos datos se ha dejado fuera otros 95 eventos considerados en el Inventario de Pemex, pero en los que se especificó que el origen de la fuga no fue el hurto de combustible, sino otras causas como corrosión de materiales, golpes con maquinaria, etcétera. 

El impacto de las tomas

Entre los municipios de Jalisco donde existe la presencia de grupos delictivos dedicados a la sustracción ilegal de hidrocarburo, Tala es el más contaminado por los efectos de estas tomas clandestinas, según lo muestra la información de Pemex. 

Con una superficie contaminada de 12 mil 839 metros cuadrados por estos derrames, es también, de hecho, el municipio en donde se ha identificado la mayor cantidad de hidrocarburo que ha escapado al entorno por la acción criminal, con un millón 506 mil 216 litros. 

Tala no es, sin embargo, el municipio con la incidencia más alta de tomas clandestinas en Jalisco, pero es el tercero, con 128 en el lapso citado de 2000 al 2014 (el primer sitio lo tiene Zapotlanejo, donde esta actividad delictiva dio lugar a 161 de estos ataques a los ductos de Pemex). 

En el Inventario de Sitios Contaminados por la sustracción de hidrocarburo, el segundo municipio de Jalisco con un ecosistema más impactado es Atotonilco el Alto, con una superficie de 11 mil 961 metros cuadrados, la cual recibió 196 mil 300 litros de hidrocarburo fugados. 

Ese municipio es el cuarto en la entidad con más tomas clandestinas en el mismo periodo referido: 67. 


El tercer municipio más contaminado por este tipo de hechos ilícitos es Tlajomulco de Zúñiga, perteneciente al Área Metropolitana de Guadalajara.

Posee una área de mil 470 metros cuadrados en esa condición, a causa del millón 113 mil 782 litros de hidrocarburo que quedó expuesto en su ambiente. 


Tlajomulco es, de hecho, el segundo municipio del estado con el mayor derrame de hidrocarburo por tomas clandestinas, con ese más de un millón de litros.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.

Misión de CIDH, oportunidad para PGR 'de remendar' errores: AI

El trabajo en México del grupo interdisciplinario de la CIDH representa la oportunidad para el Estado mexicano “de remendar algunos errores y deficiencias” en la investigación del caso Ayotzinapa, dijo Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI.

México, DF. El trabajo en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representa la oportunidad para el Estado mexicano, en particular la Procuraduría General de la República (PGR), “de remendar algunos errores y deficiencias que se han tenido en la investigación del caso de los normalistas de Ayotzinapa”.

Así lo consideró Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, quien agregó que la presencia de este grupo de expertos en el país brindará soluciones o piezas concretas de consejo que sean de relevencia para el caso Iguala, Guerrero, lugar donde hace cinco meses fueron agredidos por policías municipales los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, lo que dejó tres jóvenes asesinados y 43 desaparecidos.

Por ello, el activista exigió al gobierno federal permitir que el grupo independiente de la CIDH –que ayer inició sus labores en México para analizar este caso— pueda realizar sus trabajos de forma libre, independiente y sin obstáculos.

El que este grupo esté en el país “es un llamado de atención sobre cómo se han hecho las cosas en materia de procuración de justicia no sólo en el caso Ayotzinapa, sino en diversos casos de violaciones a los derechos humanos. Es importante recalcar que las instancias internacionales entran cuando los Estados son incapaces de dar una solución efectiva a los problemas que tienen frente a sí. Es por ello que México ha tenido tanto escrutinio, consejos y recomendaciones por parte de la comunidad internacional”.

Entrevistado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tras su participación en un foro sobre las decisiones judiciales en torno a la problemática de la tribu yaqui y el Acueducto Independencia, en Sonora, Quiroz indicó que AI da la bienvenida al grupo de expertos de la CIDH y exhorta al gobierno de Enrique Peña Nieto que les permita trabajar de manera independiente y sin trabas, además que se les brinde toda la información que requieran.


“En caso de que producto de su trabajo –dijo— haya críticas o señalamientos en torno a alguna deficiencia del trabajo del Estado, es necesario que éstas se tomen en cuenta de manera constructiva y positiva y no sean vistas con rechazo o como un ataque a la actual administración federal”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO

Fondos de pensiones financian deuda del gobierno federal: Consar

México, DF. Pese a una mayor diversificación de las carteras de inversión de los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefores) mantienen concentrados 2 billones 114 mil 87.9 de pesos en instrumentos de deuda del gobierno, deuda privada nacional y acciones de empresas extranjeras.

De acuerdo con datos revelados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) poco más de la mitad, 50.3 por ciento de los 2 billones 410 mil 210 millones de pesos acumulados para las pensiones de los trabajadores mexicanos, se ha utilizado para financiar deuda del gobierno federal. Los valores públicos emitidos llegaron a enero pasado a 1 billón 227 mil 928.6 millones de pesos, lo que representa el 28 por ciento de la deuda interna del gobierno federal.

“En general, la cartera de las Siefores ha mostrado una tendencia hacia una mayor diversificación. Destaca, por su peso relativo, el caso de los valores gubernamentales: mientras que en 2008 el 68.3 por ciento de los recursos del SAR se invertían en este tipo de instrumentos, el porcentaje comparable a enero de 2015 fue de 50.3 por ciento”, indicó la Consar.

Adicionalmente, 478 mil 477.16 millones de pesos de los fondos para las pensiones de los trabajadores mexicanos han sido utilizados en bonos de deuda emitidos por empresas que operan en el país y representan el 19.6 por ciento del saldo total de los recursos manejados por las 11 Siefores que operan en el mercado.

En tercer sitio se encuentra la adquisición de acciones (renta variable) de empresas en el extranjero para lo cual se utilizaron poco más de 407 mil 682 millones de pesos. Este tipo de inversiones de los fondos de jubilación ocupa el tercer sitio con 16.7 por ciento del total.

“Cabe señalar que bajo el marco actual del régimen de inversión vigente, existe todavía espacio para mantener una tendencia de mayor diversificación en los próximos años. No obstante, es importante reconocer que para algunas Afores que presentan mayores grados de diversificación, los límites actuales de inversión en valores extranjeros (que requiere cambio de ley) y en renta variable (cambio regulatorio) podrían resultar más adelante en un impedimento hacia una mayor diversificación”, advirtió la Consar.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.

Asesinan en Morelia a hermano de diputada federal panista

MÉXICO, D.F: Rigoberto Álvarez, hermano de la diputada federal panista Berenice Álvarez Tovar, fue asesinado en Morelia, Michoacán.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, Álvarez fue interceptado por dos personas cuando salía de una tienda de conveniencia de la cadena Oxxo.

Álvarez, de 35 años de edad, conducía un automóvil modelo Fusion de color blanco. El homicidio ocurrió en la zona de Altozano, una de las más exclusivas de Morelia.

En su cuenta oficial de Twitter, el expresidente Felipe Calderón escribió al respecto: “Mis más sinceras condolencias a la Diputada Federal del PAN Berenice Álvarez, cuyo hermano fue hoy cobardemente asesinado en Michoacán”.

Aparte, la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados difundió un comunicado que expresa:


“Elevamos una enérgica condena por el crimen cometido en contra de Rigoberto Ordaz Álvarez y exigimos a las autoridades realizar una investigación pronta y expedita, para dar con los responsables de este hecho”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La CDHEC exige al gobierno de Coahuila procesar a 8 GATES por tortura y asesinato

SALTILLO, Coah: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) exigió al gobierno estatal detener y procesar al menos a ocho efectivos del cuerpo de élite Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATES) por los delitos de tortura, desaparición forzada y asesinato.

Los GATES, que forman parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de Coahuila, han sido denunciados en Monclova, Piedras Negras y Saltillo por cometer diversos delitos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.

El cuerpo policiaco mantiene más de 100 expedientes en su contra en la CDHED. Las últimas semanas se documentó que participaron en al menos tres ejecuciones extrajudiciales.

El caso más evidente de desaparición forzada, tortura y asesinato fue documentado en el expediente CDHEC/085/2013/MON/AOE, caso que obligó a la CDHED a emitir la recomendación 6/2015, que consta de 57 hojas y cuya copia obtuvo Proceso.

El expediente se abrió a petición de los familiares de Juan Carlos Moreno Zavala, de 24 años de edad, quien desapareció la segunda quincena de junio del 2013, después de ser detenido por ocho efectivos del grupo GATE en Monclova, Coahuila.

Después de su detención, los familiares acudieron al cuartel general de cuerpo de élite, pero les negaron que lo hubiesen detenido, a pesar de que ahí se encontraba la camioneta donde viajaba Juan Carlos.

La familia interpuso una denuncia ante las autoridades estatales y una queja ante la comisión estatal de derechos humanos.

En respuesta a la denuncia, elementos del cuerpo policiaco comenzaron a intimidar y amenazar a la familia. Acudieron a sus domicilios, estacionaban sus camionetas y reproducían a todo volumen en sus estéreos “narcocorrido” dedicados al Cártel de Golfo.

El pasado 24 de febrero, después de dos años de investigación sobre el caso de Moreno Zavala, la CDHEC dio a conocer al público parte de la Recomendación 06/2015.

El expediente concluyó que “Juan Carlos Moreno Zavala fue detenido por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales del estado de Coahuila entre las 11:00 y 11:45 horas del 19 de junio de 2013”.

Agrega que Juan Carlos circulaba a bordo de una camioneta roja sobre el Boulevard Morelos casi esquina con Avenida República del Salvador, a la altura de la Cruz Roja de Monclova.

Tras ser interceptado, los efectivos policiacos lo bajaron de su vehículo, lo golpearon con sus armas y lo obligaron a subir a una de sus unidades para llevárselo al cuartel de la referida corporación. “Donde se encontraban más personas detenidas, lugar donde lo golpearon”, señala el expediente del organismo.

En el cuartel se encontraban alrededor de ocho detenidos. Los Gates los mantenían amarrados de cabeza de un árbol en el patio del cuartel. Uno de ellos narró los siguientes hechos a los investigadores del organismo:
“Después eran separados y torturados individualmente y que el miércoles 19 de junio de 2013, sin recordar exactamente la hora, mientras él se encontraba colgado de los pies, comenzó a escuchar mucho escándalo, al tiempo que los elementos que lo torturaban dejaron de golpearlo y escucho que uno de los elementos gritaba que se les había ido Carlos porque se les pasó la mano”.

Los efectivos del cuerpo de élite golpearon y colocaron bolsas de plástico en la cabeza a Moreno Zavala, quien también sufrió descargas eléctricas en los testículos.

“Uno de los elementos gritaba: ya se nos fue Carlos jefe, se nos pasó la mano y no está respirando, le voy a hablar a una ambulancia que al cabo yo me aviento la mula”.

Su superior le contestó: “No seas pendejo, ¿y qué les vamos a decir? ¿Qué lo estábamos torturando y que se nos pasó la mano?, no ahorita vemos a dónde tiramos al perro”.

Después de la muerte, bajaron del árbol donde estaban colgados todos los detenidos, los juntaron y los encerraron en un cuarto. A partir de la muerte de Juan Carlos los dejaron de torturar.

Minutos después, los detenidos escucharon que arribó al cuartel una ambulancia de la Cruz Roja. Los testigos vieron que se llevaron a alguien, pero no supieron quién era, pues lo llevaban tapado.

El cadáver de Juan Carlos apareció un mes después, tres horas más tarde de cuando la esposa llamó a una cadena de noticias de Saltillo para contar el caso. Al final la afligida mujer hizo el siguiente comentario al gobernador: “Rubén Moreira diles a tus sicarios de los Gates que me regresen el cuerpo de mi marido para darle cristiana sepultura”.

Una llamada anónima alertó que el cuerpo estaba en una fosa séptica de la antigua zona de tolerancia de Monclova. Fue encontrado descuartizado dentro de una bolsa negra. Después de la autopsia se concluyó que murió el mismo día que quedó detenido. La causa oficial de su fallecimiento: “Muerte por asfixia”.

La recomendación concluye: “Por la violación al derecho a la libertad personal, en su modalidad de desaparición forzada o involuntaria de personas en que incurrieron en perjuicio del agraviado citado, con base en los expuesto en la presente Recomendación, a efecto de que, previa substanciación del procedimiento, se les imponga la sanción que en derecho corresponda a los referidos elementos”.

Otro caso que ya es investigado por la Comisión fue presentado por el empresario Lorenzo Meneras, quien tuvo que huir de Michoacán por el acoso de la delincuencia organizada y se fue a radicar a la ciudad fronteriza de Piedras Negras.

La denuncia de Maneras ante la CDHEC precisó que el pasado 21 de enero su hijo Lorenzo Alexander Menera Ochoa, de 16 años estudiante de en Eagle Pass, Texas, salió de su domicilio en un auto modelo 2014 a comprar uno tacos.

Esa noche su hijo desapareció y su automóvil fue localizado abandonado por en un lote baldío cerca de la escuela Cecati de Piedras Negras. Dos días después, el 23 de enero, localizaron unos cuerpos, entre ellos Alexander, a un costado del camino viejo al Moral, a la altura del ejido El Centinela.

Después del crimen, el empresario relató que anteriormente, el 18 de diciembre de 2014, recibió una amenaza en su negocio, donde presuntamente miembros del Cártel del Golfo y los Caballeros Templarios le demandaron una cuota de un millón de pesos.

La investigación de las autoridades involucró a su hijo con grupos delictivos, por lo cual el empresario contrató a detectives privados para que realizaran una investigación.

La investigación privada arrojó que efectivos del GATE fueron quienes le dispararon un balazo en la espalda afuera del Cecati al joven estadounidense y herido fue subido a otro vehículo, según relataron varios alumnos.

Para intimidar a los testigos, los elementos policiacos entraron a la institución para interrogar y amenazar a los estudiantes que habían visto los hechos, y debido a ello el Director del Cecati tuvo que pedir a los elementos que se retiraran.

La autopsia de Alexander arrojó que tenía un disparo por la espalda y el tiro de gracia en la cabeza, pero el segundo disparo fue omitido por las autoridades.

Además de esos casos, la organización de Familias Unidas de Piedras Negras y la Región de los Cinco Manantiales tiene registradas 60 desapariciones forzadas atribuidas al grupo GATE.

La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila tiene abiertos 101 expedientes contra el cuerpo policiaco de élite.


Sin embargo, la administración de Rubén Moreira rechaza las denuncias contra la agrupación policiaca y asegura que quienes atacan al cuerpo de seguridad son pagados por el narcotráfico.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.

Las otras víctimas de la barbarie: 281 mil 418 personas han sido desplazados por la violencia

(01 de marzo, 2015).- Los estragos de la violencia en el país parecen interminables. De acuerdo a cifras presentadas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) durante los últimos 4 años, 281 mil 418 personas tuvieron que desplazarse de sus lugares de origen debido al recrudecimiento de los actos violentos.

Esta organización señaló que el fenómeno de desplazamiento forzoso se registró en 14 estados de la república, incluyendo Guerrero, Oaxaca y Michoacán; estos identificados como las entidades con mayores índices en el problema. La Comisión aclaró que las cifras difundidas representan una aproximación, ya que, explicó, en la mayoría de los desplazamientos se ven involucrados núcleos familiares pequeños , quienes abandonan sus comunidades sin ser registrado el hecho.

La organización puntualizó que un tercio del total de personas desplazadas corresponde a 141 casos en los que se presentan desplazamientos masivos. En este sentido detalló que de estos casos la cifra de desplazados asciende a 89 mil 859 personas, de los cuales 21% son de Guerrero, 14% de Oaxaca, 14% de Michoacán, 12 % de Sinaloa y 10% de Chiapas.

Cabe mencionar que se entiende por desplazamiento masivo cuando se registra un movimiento simultáneo de 10 o más familias de una misma comunidad. En referencia a las cifras registradas durante 2014 y los dos primeros meses de 2015, la organización informó que se han presentado 9 mil 89 casos del fenómeno de desplazamiento forzoso, de los cuales 23 fueron de movimientos masivos.

Ante estas cifras la Comisión exhortó al gobierno federal a reconocer la problemática y demandó que se atienda a las víctimas de esta situación. Asimismo, comentó que durante la realización de su trabajo como representante de las víctimas ha podido dar cuenta de la falta de voluntad y capacidad por parte de los gobiernos locales para proteger y dar certeza en el cumplimiento de los derechos.


En tal sentido la CMDPDH pidió a Peña Nieto solicitar la intervención del relator de la ONU en materia de desplazamientos forzosos, pues ya que, la visita de este representante podrá ayudar a la mejor comprensión y atención del problema por parte de las autoridades del país.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 (OAXACA).
AUTOR: REDACCIÓN.

Peña rechaza influencia de Televisa en relevo de la PGR

MÉXICO, D.F: El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseveró que Arely Gómez, a quien propuso como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene una carrera profesional independiente a su hermano Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias de Televisa.

Peña Nieto también defendió la reputación profesional de Eduardo Medina Mora, a quien propuso como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Ambos tienen merecimientos para ocupar las responsabilidades para las cuales han sido postulados y será el Senado quien tenga la definición sobre este tema”, declaró en una entrevista durante su gira por Londres.

El pasado 26 de febrero, cerca de la medianoche, Televisa anunció la salida de Jesús Murillo Karam de la PGR; el anuncio provocó cuestionamientos de especialistas respecto a un posible conflicto de interés por la cercanía de Arely Gómez con la televisora.

Esta mañana el periódico Reforma consigna que Peña Nieto defendió la independencia de Arely Gómez y también a Medina Mora, quien también ha sido cuestionado por su cercanía con Televisa, así como su escasa experiencia para asumir el cargo de ministro de la SCJN.


“Lo que yo he sopesado es que son dos personajes diferentes, a lo mejor, que se encontraron en algún momento en alguna tarea que coincidentemente les tocó asumir en un periodo de su derrotero profesional, pero ambos son personajes muy acreditados en el servicio público, con amplia experiencia, con haber cumplido con tareas de importancia, de relevancia en el ámbito de procuración de justicia, en el ámbito del poder judicial”, añadió Peña Nieto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Proceso, enemigo de Peña Nieto: Nuño

MÉXICO, D.F: Corrupción, represión, impunidad e ineptitud marcan el gobierno de Enrique Peña Nieto, expuestos sólidamente en El regreso autoritario del PRI, libro de Arturo Rodríguez García, pero también es nítido ya el sello de su relación con los medios: privilegios para los aliados, represalias para los enemigos.

Esos vicios de la incultura priista que ha infectado casi todo, notoriamente a los principales partidos y a las instituciones nacionales –y ahora Televisa como garante de la justicia–, no desaparecerán obviándolos, sino exponiéndolos para no volvernos cínicos, sobre todo los que somos periodistas.

Lo hace Arturo Rodríguez García con El regreso autoritario del PRI. Inventario de una nación en crisis, y lo hace también el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, quien en el prólogo del libro cuenta un episodio emblemático de la relación del gobierno de Peña con el semanario fundado por Julio Scherer García.

En noviembre del 2012, unos días antes de la toma de posesión de Peña, Aurelio Nuño Mayer, miembro del equipo de transición del presidente electo y actual jefe de la Oficina de la Presidencia, se reunió con el director de Proceso en el restaurante Lipp, del hotel JW Marriot.

“Sin clientela a esa hora, la ríspida conversación no tuvo más testigos que los propios interlocutores”, inicia el relato de Rodríguez Castañeda.

–¿Cómo ven a Proceso? –pregunté para entrar al único tema posible entre ambos.

–Lo vemos como lo que son: enemigos políticos del gobierno que viene… Cada domingo recibimos Proceso sobre el escritorio. Acaso leemos la portada y la hacemos a un lado. Sabemos, sin leer el contenido, lo que dicen. No sorprenden a nadie.

No podía creer el grado de intolerancia que demostraban las palabras de Nuño. ¿Hacer periodismo crítico e independiente lo convierte a uno en enemigo del gobierno?

–No acepto esos términos –le dije–. Somos periodistas, no somos políticos y no aspiramos al poder…

–Son enemigos del presidente Peña Nieto. Hicieron todo lo posible para que no alcanzara el triunfo electoral.

–Puedes decir cualquier cosa –lo interrumpí–. Que nos excedemos, si así lo quieres ver, que somos radicales. ¿Pero enemigos del presidente? Por favor…

–¿Y qué dices de aquella portada de Proceso cuando la muerte de la esposa del entonces gobernador Peña Nieto, “las dudas” a las que se refirieron? El presidente no lo perdona.

–Por eso, Aurelio, pueden llamarnos excesivos, pero no pueden darnos trato de enemigos políticos…

–Para nosotros, eso son. Pero… hasta con los enemigos puede uno entenderse.

Nos retiramos. Su café y mi agua mineral quedaron sin tocar.

Por supuesto, el gobierno de Peña Nieto y Proceso nunca se han entendido.

Hasta ahí el relato de ese encuentro que hace el director de la revista, quien enseguida, luego de un tercio del gobierno de Peña, rubrica:

“Aquel episodio auguraba lo que vendría. Y lo que vino y está presente en el México de hoy es el autoritarismo del que da cuenta el libro de Arturo Rodríguez.”

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Carta abierta de Lorenzo Córdova a los 10 partidos

El domingo regresaron a la mesa del Consejo General representantes de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Humanista y Encuentro Social, pero se mantuvo la ausencia del de la Revolución Democrática, del Trabajo y Morena.

“Permítanme hacer una convocatoria a todos los partidos, a los 10 partidos políticos nacionales, a renovar el compromiso democrático, a revisar y atenernos estrictamente a la ley. Aceptar los errores y corregir anomalías lo más pronto posible.

Es una convocatoria a que mandemos todos, una señal de concordia justo en estos tiempos difíciles de irritación y desconfianza, incluso respecto de la política. Lo dije y lo reitero: sólo a las corrientes más antidemocráticas conviene la interrupción del diálogo y de los trabajos en el INE y la suspensión de las elecciones”, manifestó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en una carta que envió a todos los partidos políticos.

“Estoy convencido que restablecer la plenitud del consejo es nuestra mutua obligación. Todos los consejeros vamos a redoblar esfuerzos para que así sea. Los convoco de aquí en adelante a una conversación abierta, todo lo franca que sea posible y todo lo ríspida que sea necesaria, pero que necesita hoy más que nunca, la recreación de nuestro pluralismo y la confianza colectiva  en el futuro político y pacífico de nuestra sesión”, indicó.

Esto, luego de que desde hace 10 días, 7 de 10 partidos se ausentaron de la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en protesta porque consideraron que un bloque de consejeros favorece, con sus decisiones, al PRI y al Partido Verde.

El domingo ya estuvieron presentes representantes de 7 de los 10 partidos; sólo continuaron ausentes el PRD, PT y Morena.


“Quiero agradecer que en ningún momento, se haya interrumpido la disposición al diálogo en estos días por parte de ninguno de los diez partidos políticos, han sido días de una intensa interlocución con todas la fuerzas políticas en lo individual y en lo colectivo por parte del Instituto Nacional Electoral y de su Presidencia”, comentó Córdova.

Carta del consejero presidente:

Carta Abierta 10 Partidos by Aristegui Noticias:

  Carta Abierta 10 Partidos

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU apoya a través de la Iniciativa Mérida a policías vinculados con el crimen

Una serie de cables desclasificados muestran que los recursos del gobierno estadounidense han ayudado a fortalecer a las agencias gubernamentales mexicanas relacionadas con organizaciones delictivas.

El gobierno de Estados Unidos ha conocido de casos específicos de mandos policiales en México presuntamente relacionados con el crimen organizado pero no han evitado que los recursos de la Iniciativa Mérida se entreguen a esos sospechosos de actividades delictivas, según información obtenida de archivos desclasificados del gobierno estadounidense.

Los cables obtenidos por el National Security Archive muestran que los funcionarios de Estados Unidos en México reciben, de forma regular, datos sobre los vínculos criminales pero al mismo tiempo, a través de la Iniciativa Mérida, el paquete de asistencia antidrogas por el que el gobierno estadounidense ha gastado alrededor de 2.5 mil millones de dólares desde 2008, Washington proporciona equipo, apoyo y entrenamiento a dependencias comprometidas.

Por ejemplo, el cable 20100226 indica que en febrero de 2010 funcionarios del consulado de Estados Unidos en Monterrey tenían información sobre el vínculo entre el jefe de investigaciones estatales de Coahuila, Héctor Santos Saucedo, con el grupo criminal de Los Zetas, pero en ese momento, agentes de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) entrenaban y extendieron el apoyo a policías de esa entidad y a agentes de investigación.

Según el reporte de Jesse Franzblau, investigador del NSA, mientras las leyes estadounidenses prohíben explícitamente proporcionar asistencia a personas y unidades extranjeras implicadas en violaciones sistemáticas de derechos humanos, los informes sobre la implementación de los programas de la Iniciativa Mérida revelan que los vínculos entre instancias policiales y de gobierno con el crimen organizado son generalmente pasados por alto, ignorados u ocultados del escrutinio público, mientras el dinero sigue fluyendo.

Los recursos de la Iniciativa Mérida ayudan a fortalecer a las agencias gubernamentales mexicanas relacionadas con organizaciones delictivas, según lo muestran los datos de diferentes cables desclasificados como los 20091030 y 20091103.

Otro caso es el de Nuevo León. Funcionarios del área de Asuntos de Narcóticos de la embajada de Estados Unidos (NAS, por sus siglas en inglés) entrenaban a policías de Coahuila y Nuevo León (20090908) cuando la embajada de Estados Unidos informaban a su país que el sistema de seguridad de esa entidad “se encontraba comprometido” (20100521) y que el gobernador admitía que funcionarios estatales y de la policía habían sido elegidos por los Zetas (20100323).

Pese a ello, el cable (20091124) muestra cómo los programas de apoyo a esas instituciones de seguridad estatales continuaron aún cuando los oficiales de la DEA informaron que había oficiales de Nuevo León que otorgaban protección y apoyo a organizaciones delictivas.

Otros documentos generados por agencias estadounidenses para informar sobre la implementación de la Iniciativa Mérida muestran que los vínculos con organizaciones criminales se dan en todos los niveles del gobierno mexicano, incluyendo funcionarios militares e investigadores federales.

La embajada de Estados Unidos informó en junio de 2009 sobre el arresto de tres funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) junto con 10 soldados, ocho de los cuales eran oficiales subalternos, por vínculos con el crimen organizado. Según la información que recibió el gobierno estadounidense en el cable (20090626), los arrestos fueron una muestra de la infiltración Zeta en los más altos niveles de gobierno y de cómo “la infiltración del cártel en las fuerzas federales de seguridad sigue siendo un problema”.


El análisis completo (en inglés) de Jesse Franzblau sobre el apoyo de EU a México pese a la información sobre los vínculos de autoridades con criminales puedes leerlo aquí.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Detienen a dos funcionarios de Oaxaca por el homicidio de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola

La Procuraduría estatal capturó a principios de este 2015 a Elías Cruz Merino, quien fungía como regidor de educación de dicho ayuntamiento, y a Faustino Vázquez Martínez, oficial del registro civil municipal por participar en una emboscada contra grupos civiles.

A cuatro años y 11 meses del ataque paramilitar en el que perdieron la vida los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola –perpetrado el 27 de abril de 2010 en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca–, la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad capturó a principios de este 2015 a Elías Cruz Merino, quien fungía como regidor de educación de dicho ayuntamiento, y a Faustino Vázquez Martínez, oficial del registro civil municipal, por su presunta participación en la emboscada que, además, dejó 10 personas con lesiones de arma de fuego.

Estos dos funcionarios del municipio de Juxtlahuaca, explicó Karla Michelle Salas –defensora de la Barra de Abogados Democráticos, agrupación que asiste legalmente a los deudos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola–, fueron señalados por testigos directos como miembros del contingente armado que, en abril de 2010, atacó el autobús en el que viajaban miembros de distintos grupos civiles rumbo a San Juan Copala, poblado indígena oficialmente adscrito a Juxtlahuaca, y que vive asolado por distintas organizaciones políticas, agrarias y criminales desde el año 2006, cuando se declaró como “municipio autónomo”, emulando los poblados de la zona zapatista en Chiapas.

“La emboscada de 2010 contra la caravana de grupos civiles que viajaba a San Juan Copala, y en la que iban Bety Cariño y el ciudadano finlandés Jyri Jaakkola, se atribuye a una agrupación priista denonimada Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui, Ubisort –detalló la abogada–, y de hecho, fue con el líder de esa agrupación, Rufino Juárez, con el que en ese momento se tuvo que negociar para que permitieran el rescate de tres periodistas de la revista Contralínea, quienes viajaban junto con la caravana, y que huyendo de las balas se habían internado en la sierra.”
Rufino Juárez, abundó, fue detenido hace tres años por su participación en otros homicidios, “y actualmente también enfrenta proceso penal por el asesinato de Bety y Jyri, como autor intelectual y material, pero faltaban otras 13 órdenes de aprehensión por cumplir, dos de las cuales finalmente fueron concretadas este año: la primera, el 22 de enero, fue la del regidor de educación de Juxtlahuaca, Elías Cruz Merino, quien, además, es hijo del actual líder de la Ubisort. Y la segunda captura se logró el 19 de febrero, se trata de Faustino Vázquez Martínez, quien fue detenido en su trabajo, en el registro civil de dicho municipio”.

Ambos funcionarios, destacó la abogada, habían sido identificados desde hace dos años como integrantes del grupo que perpetró la emboscada contra la caravana civil, “pero todo ese tiempo las autoridades de Oaxaca se habían negado a detenerlos, incluso, ya con una orden de aprehensión en su contra, habían participado en actos públicos con altos funcionarios de la administración estatal, y no los arrestaron sino hasta ahora”.

–A casi cinco años del ataque, ¿se va avanzando, ahora, en la construcción de la justicia en este caso? –se pregunta a la abogada.

–Estas detenciones son un avance, sí; y también es un avance el que esté por iniciar el juicio contra los responsables que ya están detenidos (la audiencia para el juicio contra Rufino Juárez será el 14 de abril próximo)… Pero las cosas en el terreno no han mejorado: Ubisort sigue manteniendo el control territorial y militar de la zona triqui en Oaxaca y, a la fecha, no hay persona, incluidos agentes del Estado, policías o ministeriales, que puedan ingresar sin autorización previa de los dirigentes de este grupo paramilitar. De hecho, ésta ha sido la justificación que han dado las autoridades para no detener a otro de los implicados, Antonio Cruz, alias El Pájaro. La autoridad dice que no lo puede detener porque se mantiene dentro de la zona y ellos no pueden entrar.

La abogada pone un ejemplo del control de Ubisort en Juxtlahuaca: “Dos días después de que fue detenido Elías Cruz Merino, es decir, el 24 de enero, el hermano de este sujeto, contra el que también hay orden de aprehensión, y otro grupo de paramilitares, se presentaron en las casas de dos testigos, para advertirles que tenían que cambiar su declaración o, de lo contrario, lo pagarían con la vida… estos dos testigos, junto con sus familias, tuvieron que ser extraídos de la comunidad y resguardados en un lugar secreto, para garantizar su seguridad. Y no fue con el apoyo de las autoridades, en Oaxaca no hay un mecanismo de asistencia a testigos en riesgo, así que fue la red de apoyo civil que se ha tejido la que permitió darles a estas personas un lugar seguro dónde permanecer, así como alimentos y asistencia.”


De hecho, debido a las amenazas lanzadas contra estos testigos, debió aplicarse un mecanismo jurídico conocido como “desahogo de prueba anticipada”, que permitió que rindieran su testimonio aún cuando, formalmente, no ha iniciado el juicio contra los detenidos por la emboscada del 24 de abril de 2010.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

No estaba dispuesto a aceptar veto de Mancera: Ebrard sobre su salida del PRD

Por las investigaciones de la Línea 12 del Metro, Ebrard podría verse involucrado en un procedimiento en su contra, sobre lo que dijo que responderá a las autoridades, pese al fuero que conseguiría como diputado de Movimiento Ciudadano.

El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, renunció al PRD, luego de que el partido no lo incluyera en las listas de diputados plurinominales, por un supuesto veto del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.

“Lo que sí ya no estoy dispuesto a aceptar es que haya habido un veto en mi contra, que se acreditó, porque fue esto hablado en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, y se me dijo que tenía yo que hablar con el jefe de Gobierno para poder ser candidato, si no, no”, expuso en entrevista para la primera emisión de Noticias MVS.

Eso, apuntó, lo dijo el presidente del PRD, Carlos Navarrete. “Por esa razón pensé que pues ya el ciclo en ese partido político, para mí ya se terminó. Presenté mi renuncia el día viernes en consecuencia. El día sábado hicimos un convenio con Movimiento Ciudadano, no me afilio a Movimiento Ciudadano, lo hice como ciudadano, voy a participar en la cuarta circunscripción para estar en la Cámara de Diputados”. 

“Alguien dirá: ah, es que el señor quiere fuero. No me interesa el fuero, simplemente no estoy sujeto a ningún procedimiento”, comentó.

“Podría tenerlo (el procedimiento en su contra) en el futuro, y decía yo el sábado que no me interesa el fuero. Ya entregué una carta al Movimiento Ciudadano en este sentido es decir, si tienes algún procedimiento al que tengas que responder, hay que responder, el fuero es muy mala idea… No me interesa o no estoy buscando el fuero primordialmente, sino la participación política, no me parece que sea justo, en todo caso que la gente lo decida, no quienes están en el poder”, finalizó.

Ebrard aseguró que en 10 años en el PRD “no se me puede señalar algún acto que haya yo cometido, que sea una deslealtad, o motivo para que se me impida la participación política, como fue el caso ahora, recientemente, justo de la selección de candidatos para la Cámara de Diputados, la próxima legislatura”.


Además, “he tenido diferencias muy de fondo con el PRD desde la firma del Pacto por México”, recordó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Prensa de EU vincula captura de ‘La Tuta’ con reacomodo de Murillo y Arely Gómez

La captura de Servando Gómez Martínez, "La Tuta", representa un "ayuda" para el gobierno de Enrique Peña Nieto en momentos en que lucha por contener la indignación pública.

Para algunos diarios extranjeros la detención de Servando “La Tuta” Gómez Martínez, líder de la organización criminal Los Caballeros Templarios, representa un “raro estímulo” para el asediado gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya credibilidad ha sido severamente mermada por la desaparición de 43 normalistas, y los escándalos de corrupción y tráfico de influencias. Otros medios sugieren que el golpe contra La Tuta puede ser una distracción mediática en la primera reorganización del gabinete.

Los Ángeles Times dice que el arresto de la Tuta representa un “raro estímulo” para el “asediado” presidente Enrique Peña Nieto. Dice que también el viernes el “acosado” procurador General Jesús Murillo Karam “fue forzado a renunciar después de meses de criticas virulentas” de que malogró la investigación del secuestro y presunto asesinato de 43 normalistas.

La corresponsal en México del diario angelino, Tracy Wilkinson, observa que se trata de la primera reorganización del gabinete peñista, el cual ha estado batallando para restaurar su credibilidad después de una serie de “apabullantes controversias“, incluidos alegatos de conflicto de interés que tocan al Presidente y su primer círculo.

Dice que Murillo Karam se convirtió en el “pararrayos” de cuestionamientos sobre la política gubernamental en materia de seguridad, violencia y corrupción.

Se espera que su sucesor sea la Senadora Arely Gómez, una vieja militante del PRI, de quien se sabe tiene vínculos familiares con el “poderoso cuasi-monopolio televisivo Televisa”. Dice que “algunos ya cuestionan la capacidad de Gómez para ser imparcial.”

Murillo, continúa Los Angeles Times, se convirtió en “fuente de indignación” popular, como quedó evidenciado en el hashtag “ya me cansé”, que se volvió viral cuando cortó abruptamente una conferencia de prensa sobre los 43 estudiantes con esa frase. Su frase “… fue reflejo de la insensibilidad que él, y por extensión el gobierno, mostraron hacia los estudiantes provenientes de familias pobres, rurales y mayormente de izquierda”.

La nota concluye diciendo que el gobierno de EPN enfrenta su peor crisis política desde que tomó posesión hace dos años y se halla bajo presión para hacer cambios significativos que pudieran restablecer la confianza pública. “La tasa de aprobación del EPN está en su peor nivel. Pero (EPN) ha resistido escuchar las demandas”.

Arely Gómez, aliada política de EPN, con escasa experiencia

Por su parte, The New York Times en nota titulada “Captura de Capo, Mini Victoria para México,” también vincula la detención de La Tuta con el reacomodo de Murillo Karam, al observar que el hoy ex procurador fue “agudamente criticado” por el manejo de varios casos de alto perfil. Comenta que Arely Gómez, una “popular senadora” del partido de EPN, “tiene poca experiencia en temas del crimen organizado”.

Para el diario, los casos de Tlataya y los 43 normalistas, exhibieron la falta de credibilidad de Murillo Karam. Fue criticado por aceptar inicialmente la explicación del ejercito sobre la matanza de 22 personas en Tlataya, versión que fue cuestionada por medios de comunicación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En cuanto a los 43, dice que Murillo primero descartó el caso por presuntamente tratarse de un delito del orden común, pero luego reculó y dio la versión de que fueron detenidos por la policía local, entregados a un grupo criminal, asesinados y quemados, todo por órdenes del alcalde de Iguala. Sin embargo, dice The New York Times, “los críticos observan que la investigación dependió demasiado en confesiones”.

La nota del diario neoyorquino dice que la salida de Murillo de la PGR se da en momentos en que entrará en vigor una nueva ley que separará el cargo del gabinete presidencial y lo someterá a la ratificación del Senado.

The New York Times dice que es improbable que la detención de La Tuta regrese la paz a Michoacán, donde el debilitamiento de Los Caballeros Templarios por parte de las fuerzas de seguridad fragmentó a los grupos criminales, y provocó guerras territoriales y la diversificación a otros delitos como secuestro y extorsión.

The New York Times dice que este “patrón” se ha reproducido en todo México después de que grandes capos son capturados o muertos, como el caso de El Chapo Guzmán, líder del poderoso cartel de Sinaloa.


Finalmente, el diario inglés The Guardian coincide en decir que la captura de La Tuta representa un “ayuda” para Peña Nieto en momentos en que lucha por contener la indignación pública por la violencia, la corrupción e impunidad después del secuestro y presunta masacre de 43 normalistas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EPN ve un México “plagado de desconfianza”: ‘Financial Times’

La crisis de confianza es también “una oportunidad”, pues “estamos a tiempo para mostrar resultados, para ofrecer beneficios a los mexicanos. Soy optimista”.

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que “México está plagado de ‘incredulidad y desconfianza’”, y que existe “sospecha y duda” por el tema de las casas que adquirieron él, su esposa y miembros de su gabinete con contratistas del gobierno, pero aseveró que ese asunto ha sido “satanizado”:

“Les puedo decir que entendemos”, dijo el presidente en entrevista con el diario británico Financial Times, en referencia al titular que le dedicó hace unas semanas el semanario británico The Economist: “El Presidente no entiende que no entiende”.

“Hoy hay sin duda, una sensación de incredulidad y desconfianza [...] ha habido una pérdida de confianza y esto se ha demostrado en la sospecha y la duda”, dijo Peña en su “confesión más sincera desde la desaparición y la sospecha de asesinato de 43 estudiantes”, escribió la periodista Jude Weber en el Financial.

Peña Nieto dijo que está comprometido a luchar contra la corrupción de manera “mucho más eficaz” y a terminar con ”el estigma” de que los políticos de México está considerados como ladrones.

Expresó su compromiso para que termine de concretarse un “innovador” sistema anticorrupción, diseñado para que los funcionarios públicos rindan cuentas. “El gran desafío” es la correcta implementación de tal sistema, subrayó.

Y lo es porque, como lo dice el Financial Times citando al intelectual Gabriel Zaid, la corrupción “no es una característica desagradable del sistema; es el sistema”.

En la entrevista, Peña Nieto detalló su estrategia de cinco puntos: (1) reforzar el estado de derecho; (2) mantener la estabilidad macroeconómica; (3) implementar las reformas para que sus beneficios lleguen a la gente; (4) ajustar el gasto público para centrarlo en la inversión, y (5) el desarrollo de zonas económicas especiales en los estados afectados por conflictos y en los más pobres de México.


EN otro tema, EPN aceptó que las elecciones de 2015 “pondrán a prueba la confianza en él y en su gobierno”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jueces, en el ojo de la justicia

Desde el 2013, el Consejo de la Judicatura de Jalisco instauró un programa para combatir la corrupción al interior del Poder Judicial. Cinco jueces inhabilitados y cerca de 50 burócratas ha sido el saldo hasta el primer semestre del 2014. Rezago en la administración de justicia es la queja más común contra juzgadores.

Un juicio mercantil derivó en uno penal, en la cárcel, y hasta en la presentación ante la prensa de una pareja señalada de fraude, aun cuando su defensa ha aportado pruebas periciales para probar su inocencia, avaladas por el Ministerio Público, pero que un juez estatal se niega a tomar en cuenta.

En diciembre del 2014, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín en el que informó sobre la detención de Miguel Ángel Larios Cervantes, de 60 años, y de su esposa María Concepción Escalante Herrera, de 59, ambos residentes del fraccionamiento Santa Fe, en el municipio de Zapopan.

La dependencia detalló en su comunicado que la pareja había sido aprehendida en Baja California por contar con dos órdenes de aprehensión, una de ellas emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del municipio de La Barca, quien los inculpó de fraude.

Larios y Escalante fueron trasladados a Jalisco. La Fiscalía los recibió y luego los encarceló en la prisión municipal de La Barca.

La defensa de la pareja ha alegado la inocencia de la misma, y ha dicho que, quien ha acusado a sus clientes, tramó una historia de falsedades, a la que presuntamente se ha sumado el propio juez, Ramón Alvarado Becerra.

Alvarado Becerra tiene apenas unos meses en el cargo. El 21 de octubre del año pasado fue nombrado Juez Mixto de La Barca por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 

Como funcionario público, había sido también visitador adjunto de la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

Y más: el abogado del denunciante es Jorge Vejar Orozco, un exagente del Ministerio Público, que salió de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco por señalamientos de corrupción.

Uno de ellos se documenta bien en la recomendación 18/2000 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por detención arbitraria y tortura. El ex agente del MP aprobó la detención ilegal de un grupo de personas.

Un préstamo imposible de pagar

Miguel Ángel Larios Cervantes y su esposa conocieron a José Luis Jiménez Anaya en el 2007. Al paso del tiempo, la pareja le pidió a Jiménez un préstamo de 3.5 millones de pesos, sabiendo que éste era agiotista.

Los meses pasaron y el matrimonio no pagaba. José Luis prefirió presentar una demanda mercantil ante el Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial de Jalisco.

La demanda fue admitida el 4 de enero de 2011; se registró con el número de expediente 4806/2010, en el cual se detalla que se emitieron cinco pagares a favor de Miguel Ángel Larios, que suman un total de 3.5 millones de pesos; también se establecía el pago mensual de 2.5 por ciento por intereses.

El 14 de julio del 2011, el usurero citó a Miguel Ángel Larios en una de sus oficinas, en la calle Agricultores del fraccionamiento Prados de Guadalupe, en Tepeyac. 

Eran cerca de las 11:30 horas de ese día cuando Jiménez le dio a firmar una hoja a Larios, para comprometerse a pagar 4.5 millones de pesos. La discusión inició.

“De aquí no sales hijo de puta, firma la hoja culero, si no, ten por seguro que vas a amanecer encobijado”, fueron las palabras que supuestamente le dijo el agiotista a Miguel Ángel Larios, según consta en la denuncia penal que presentó éste último en agosto de aquel año por el delito de privación de la libertad.

De acuerdo con la declaración, José Luis Jiménez le pedía a Larios, para saldar la deuda, su casa de la colonia Colomos Patria, en el municipio de Zapopan.

Para no seguir recibiendo golpes, el hombre accedió, pero le dijo que tenía que llamar a su esposa. Al hacerlo, le pidió ayuda a ella. Las torretas de la policía lo salvaron.

Después de ese episodio, la pareja se fue a vivir a San Diego, California.

Deudas y compras

Paralelo a la golpiza, José Luis Jiménez sacó un as que tenía bajo la manga. Presentó una denuncia de hechos ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial, con sede en el municipio de La Barca.

Declaró que Miguel Ángel, el mismo hombre que le debía 3.5 millones de pesos, le había vendido después una casa de 4 millones de pesos en La Barca.

Según el usurero, su deudor usó documentos falsos, como escrituras ante un Notario Público y un certificado de gravamen del Registro Público de la Propiedad, para validar que era el supuesto propietario de la finca.

La denuncia por fraude específico por suplantación de identidad fue admitida por el juez Alvarado Becerra. 

El delito está contemplado dentro del artículo 252 del Código Penal del Estado de Jalisco, y establece penas que van de los 4 a los 10 años de prisión.

En noviembre del año pasado, al momento de cruzar la frontera de Estados Unidos con México,  la pareja fue detenida, y luego, encerrada en la cárcel de La Barca. Desde ahí enfrenta el proceso penal 20/2012.

En la investigación se advierte que sí, que los documentos que presentó el agiotista son falsos. El notario público y el funcionario del Registro Público de la Propiedad que declararon, reiteraron que los papeles y firmas no son reales.

La defensa de la pareja solicitó un peritaje externo con un especialista en la materia, Eleazar Navarro, pilar de las ciencias forenses en la entidad.

El experto confirmó de nuevo: los documentos de papel y las firmas son falsos. Los abogados defensores pidieron un incidente de libertad. 


Y el Ministerio Público dijo al juez que tomaba como propio el estudio hecho por el especialista, apegándose a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala tal decisión.

Pero el juez se negó. Dijo que no se trataba de un peritaje colegiado (hecho por la defensa, la parte acusadora y el Ministerio Público), reclasificó el delito como fraude por suplantación (de identidad) y dictó el auto de formal prisión.

Los defensores presentaron una queja contra el juez ante el Consejo de la Judicatura de Jalisco, y un par de denuncias más: una contra Jiménez Anaya, por uso de documentos falsos, falsedad de declaraciones, y otra hacia el juzgador por delitos cometidos en la administración de justicia. 

Los regaños e inhabilitaciones

En abril del 2013, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco anunció la puesta en marcha de un programa anticorrupción, para documentar casos de irregularidades cometidos por funcionarios públicos del poder judicial de la entidad.

A través de denuncias anónimas, vía telefónica o por correo electrónico, la Judicatura estatal fue conociendo de casos de servidores públicos involucrados en presunta corrupción.

En el primer año, la dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura local recibió 432 quejas; de esas fueron resueltas 406. Y en los primeros meses del 2014, esa misma área había recibido 124 quejas.

De acuerdo con Carlos Arias Madrid, responsable de esa oficina del Consejo de la Judicatura, la mayoría de las quejas son contra los jueces de primera instancia, por un motivo principal, el rezago en la administración de justicia.

En lo que lleva el programa, cinco jueces han sido inhabilitados y casi 50 burócratas del poder Judicial de Jalisco han sido amonestados. 

Un caso emblemático fue el de Mario Hernández Martínez, quien era juez desde 1998 y a quien un error le costó el cargo el año pasado.

Hernández fue Juez Tercero en Materia Penal con sede en Puente Grande hasta mayo del 2014. 

En el 2006 calificó una detención como legal cuando no lo era; después se dio cuenta del error y quiso subsanarlo: Era muy tarde. La persona a la que perjudicó con esa falla pasó casi siete años preso. En 2013, la Judicatura estatal se percató del hecho y destituyó a Hernández un año después.

En 2013 también, el Consejo de la Judicatura de Jalisco inhabilitó al Juez Primero de lo Penal en Puerto Vallarta, Miguel Valenzuela, y al Juez Mixto en Lagos de Moreno, José Ávalos Pelayo.

El primero –quien también fue presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco– fue cesado por la Judicatura porque dictó una sentencia a favor de dos presuntos secuestradores. Y el segundo, fue retirado del cargo por tardar hasta ocho meses en resolver una orden de aprehensión. 

El sistema de justicia en Jalisco –que todavía no da el paso decisivo hacia la oralidad en los juicios– se presta a cualquier tipo de corrupción. Sólo en los juzgados penales se acumulan más de mil casos cada año.


Jalisco aún no da el paso decisivo hacia la oralidad en los juicios, y en los juzgados penales se acumulan más de mil casos cada año.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MAURICIO FERRER.