Además, rechazó que la investigación se realice por el delito de homicidio calificado, cuando se trató de un acto de tortura y ejecución extrajudicial.
En un comunicado, la familia señaló que el expediente judicial de Julio César siempre ha estado incompleto y las averiguaciones previas mal integradas; el caso había sido olvidado, la investigación global ha estado plagada “de inconsistencias, omisiones y una total ausencia de investigación científica imparcial”, por lo que considera que al intentar esclarecer el asesinato de Julio César y completar el eslabón que falta a las investigaciones de la tragedia ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre la PGR pretenda dar por cerrado el caso Ayotzinapa.
“Luego de 5 meses sin prestar la menor atención al esclarecimiento de la tortura y ejecución de Julio César Mondragón Fontes, ahora la PGR pretende dar por resuelto el crimen con una acción sumaria, efectista y de impacto mediático y, por tanto, dejar sin sustento una de las ‘Razones por las que no se puede cerrar el caso Ayotzinapa’. Sin embargo, esta pretensión es débil por cuanto las técnicas de tortura que fueron utilizadas para despojar a Julio de su rostro son enseñadas, mecanizadas y planificadas. Hay un entrenamiento en ello. La agresión que padeció el normalista no es producto del impulso individual ni pudo haber sido realizada por una sola persona”, indicó la familia.
En la carta difundida por el centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, que lleva el acompañamiento a los parientes del joven mexiquense que fue desollado, la familia criticó que la Procuraduría rompiera el acuerdo que suscribió con las familias de los normalistas de informarles primero de los acontecimientos antes de divulgarlos en la prensa.
“Repudiamos la forma en que la Procuraduría General de la República ha manejado las investigaciones en torno al homicidio de nuestro familiar. La PGR detuvo el 26 de febrero del 2015 al policía municipal de Iguala Luis Francisco Martínez Díaz, a quien le atribuye la responsabilidad directa y absoluta de la tortura y homicidio de Julio César. Esta versión ha sido ya difundida por medios de comunicación, que han tomado los dichos de la PGR como ciertos e incontrovertibles, a pesar de desconocer el cauce legal que sigue el caso”, indicó.
La familia (esposa, tíos, hermano y amigos de Julio César) indicó que en Guerrero sólo existen dos averiguaciones previas, una por homicidio calificado y otra por delincuencia organizada, “que no corresponden a la naturaleza de los sucesos”, y que esas averiguaciones previas, “para colmo, no tienen investigación ni seguimiento jurídico ético, serio y científico por parte del Estado”.
La familia acusó a la PGR de “cortar todo contacto” con ellos, de negarles información y de preferir a medios masivos de comunicación para anunciar los resultados de sus investigaciones, a pesar de que habían pactado que respetaría a las víctimas.
Señaló que de pronto, sin haber aclarado en ninguna conferencia o comunicado el cruento homicidio de Julio César, la dependencia presentó a una persona como un asesino solitario.
“La PGR, con toda intención, nos ha hecho a un lado y ha dado un sesgo político al caso de Julio César para conseguir que sea cerrado lo más pronto posible. El modelo de actuación elegido por las autoridades está plagado de inconsistencias y sólo se alcanza a vislumbrar una respuesta al vapor vertida a la opinión pública aprovechando, incluso, el cambio de Jesús Murillo Karam al frente de la PGR”, señaló.
Luego de señalar las inconsistencias, el entorpecimiento de las investigaciones, y el maltrato de las autoridades, señaló al gobierno de Enrique Peña Nieto como “corresponsable por participación u omisión en el homicidio”.
Exigieron al presidente y a la nueva procuradora, Arely Gómez, que respete los acuerdos de informar primero a la familia, que realice correctamente la investigación, que acepte las observaciones de expertos internacionales, que repare el daño a la familia y que en las leyes mexicanas sean revisadas los conceptos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas.
“(Exigimos) que la PGR retome el caso de nuestro querido Julio César, pero esta vez lo haga con la técnica y la ciencia que hasta la fecha no ha querido o no ha podido aplicar en este desarrollo. La detención de Luis Francisco Martínez Díaz, quien se desempeñaba como policía municipal de Iguala no resuelve el crimen cometido contra Julio César Mondragón. Es la investigación seria y profunda así como el enjuiciamiento y la aportación de pruebas en el proceso penal, lo que llevará al esclarecimiento de los hechos y del grado de responsabilidad y participación que esta persona tiene en ellos”, indicó.
FUENTE:PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
