VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El exgobernador tabasqueño Andrés Granier Melo ganó otro amparo, ahora por uso de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR) por un monto de 35 millones de pesos. Este es el segundo amparo que gana el exmandatario priista en una semana. El pasado 26 de febrero se le concedió el recurso en contra del delito de defraudación fiscal por presuntamente falsear declaración de impuestos en 2011, al pagar sobreingresos de dos millones 831 mil pesos 665 pesos y no por cinco millones 140 mil 919 pesos que realmente obtuvo ese año. La defensa de Granier Melo, según cita el diario Tabasco Hoy, había presentado ante un juez de distrito un recurso para derogar el artículo 400 Bis del Código Penal Federal que señala que el delito de lavado de dinero es considerado como grave. El juez rechazó la petición interpuesta en el juicio de amparo número 1715-2013, pero le otorgó un recurso para echar abajo el auto de formal prisión en contra del exgobernador dictado por el juez Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales del DF, Raúl Angulo Garfias, el primero de julio del 2013. El asunto fue turnado al Juzgado Cuarto de Distrito de Tabasco bajo la causa penal 74-2014, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde se explica que este delito se da cuando alguien, con conocimiento de que procede de actividad ilícita, oculta el origen, destino y localización del mismo, lo que no aplica a Granier Melo, pues fue un servidor público y el dinero que manejó salió de las arcas del gobierno. Lo anterior se refuerza con el amparo que hace unos días un juez federal concedió al empresario Gastón Azcárraga Andrade, en contra la acusación de lavado de dinero, lo cual habría sentado precedente. Si los amparos concedidos a Granier Melo quedan firmes, el exmandatario libraría las acusaciones del gobierno federal por defraudación fiscal y lavado de dinero; y sólo quedarían los dos que tiene en el fuero común por peculado y ejercicio indebido del servicio público. El gobierno del estado presentó denuncia penal por peculado en contra de Granier Melo por presunto desvío de más de dos mil millones de pesos de la cuenta pública 2012, último año de su sexenio, la cual fue reprobada por el Congreso local por una faltante superior a los cinco mil millones de pesos. La demanda por ejercicio indebido del servicio público es por la presunta desaparición de 196 millones de pesos del sector salud. En noviembre pasado, durante su segundo informe, el gobernador Arturo Núñez Jiménez señaló que la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado) había abierto 64 averiguaciones previas contra exfuncionarios granieristas, para reclamar 10 mil millones de pesos desaparecidos. Sin embargo, hasta ahora sólo hay encarcelados cinco por el mega saqueo a Tabasco: El propio Granier Melo; su exsecretario de Finanzas, José Manuel Saiz Pineda; el exdirector de Contabilidad Gubernamental, Leoncio Lorenzo Gómez y Clisceria Rodríguez Alvarado, extitular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), así como el empresario Martín Medina Sonda, ligado a Saiz Pineda. Hace unos días Clisceria Rodríguez ganó un amparo contra el delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual se encuentra en revisión, pero de quedar firme obtendría su libertad, como la excajera de Finanzas, Esperanza Mayo, y la exdirectora de Servicios al Público de la Policía Estatal de Caminos (PEC), Rosa Mélida López Villanueva, que fueron liberadas por falta de pruebas para procesar.
El secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, comentó que los amparos que gana Granier Melo son por denuncias del gobierno federal, pero las que enfrenta del fuero común por peculado y ejercicio indebido del servicio público “están bien sustentadas”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARMANDO GÚZMAN.
Ciudad de México, 4 de marzo: La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la nueva Ley General de Aguas, la cual ha sido calificada por organizaciones civiles como un intento gubernamental para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la técnica del fracking para extracción de shale gas, y con beneficios adicionales para empresas comercializadoras y hasta constructoras. Las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado aprobaron con 31 votos de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), un dictamen que nunca fue consensuado con las organizaciones de la sociedad civil. Cabe mencionar que no se registraron votos en contra ni abstenciones porque los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abandonaron la sesión con el argumento de que no podían convalidar este despojo a los mexicanos. “Muchos pensaban que lo peor que el PRI podía hacer era mandar a Carmen Salinas de plurinominal, pero de verdad es 100 veces peor lo que están haciendo aquí. Carmen Salinas es una niña de pecho comparada con lo que ustedes están haciendo en esta Cámara de Diputados el día de hoy”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena. Uno de los que abandonó la sesión fue el propio presidente de la Comisión de recursos Hidráulicos, el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa. Los legisladores denunciaron que el dictamen aprobado este miércoles no fue elaborado por los legisladores, sino que fue enviado directamente desde las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). También acusaron un albazo de parte del PRI y del PAN, porque el dictamen fue distribuido a los legisladores de oposición apenas dos horas antes de que iniciara la reunión de las comisiones unidas. Más importante aún, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que el dictamen “pretende concesionar los trasvases (infraestructura para desviar agua de una cuenca a otra) a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como grupo HIGA, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas, como es el caso del pueblo Yaqui [en Sonora] y el Acueducto Independencia [en Monterrey, Nuevo León]”. ACUSAN PRIVATIZACIÓN DEL AGUA Los diputados de oposición rechazaron la nueva Ley General de Aguas, la cual acusaron de ser privatizadora, donde desaparece de facto el derecho humano al agua al considerarlo una mercancía. La Diputada perredista Aleida Alavez aseguró que el dictamen elimina el ámbito de la asignación (sólo se queda para suministro de agua potable) y se sustituye por el de concesión, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de la concesión por 30 años. “No podemos permitir que la iniciativa privada controle a quién se le da el vital líquido, de acuerdo a su situación económica”, afirmó la también vicepresidenta de la Cámara de Diputados. La oposición detalló que no se incluyeron 10 puntos básicos que eran demandas de diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras de pueblos originarios: * Reconocimiento de los derechos preferentes sobre el agua que tienen los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. *Garantizar la participación social amplia en todos los órganos y organismos de administración y gestión del agua. *Garantizar el derecho humano al agua y sus mecanismos de exigibilidad. *Contar con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados. *Establecer las áreas de importancia sociohídricoambiental, particularmente la protección de los humedales. *Incluir los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas, así como las evaluaciones de costo-beneficio sociohídricoambiental. *Garantizar presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua, equivalente al 0.7% del PIB y 5% del presupuesto anual. *Incluir el régimen de asignaciones aún vigente y limitar el régimen de concesiones. *Prohibir las transferencias y otorgarlas sólo por cinco años prorrogables de acuerdo con la disponibilidad del agua y condiciones ambientales del entorno y cuando exista estrés hídrico se cancelarán las concesiones y permisos. *Crear la Procuraduría de Justicia Hídrica y la Contraloría Social, así como evitar que la Conagua tenga más atribuciones que las que debe tener un órgano desconcentrado.
El dictamen aprobado por unanimidad fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se espera que sea discutido y aprobado este jueves en la sesión del Pleno de San Lázaro. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA. LINK: http://www.sinembargo.mx/04-03-2015/1270849.
Ciudad de México, 4 mar: Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, se trató de escapar por los túneles subterráneos de drenaje de la ciudad de Mazatlán. Servando Gómez, “La Tuta”, de Los Caballeros Templarios, usaba como escondite cuevas remotas en la sierra. Al final, los dos capos mexicanos fueron encontrados en el último año y hoy le llegó también la hora a Omar Treviño Morales, el “Z-42″, cabeza visible de Los Zetas, arrestado en el estado norteño de Nuevo León. ¿Suficiente para terminar con el imperio de terror, dinero e influencias del crimen organizado en México? Algunos lo ponen en duda.
“La delincuencia organizada, en especial el narcotráfico, actúa como un corporativo. El ‘Z-42′ era uno de los cinco mandos más fuertes de Los Zetas pero desaparece él y en automático asume otro”, dijo a dpa Emilio Vizarretea, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En los dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, diez grandes capos de las organizaciones más poderosas o más violentas de México fueron apresados o encontraron la muerte en operativos federales. “La Tuta” cayó apenas el viernes pasado, hoy fue detenido Treviño. Para el especialista Edgardo Buscaglia, son sólo golpes de efecto. Los gobiernos mexicanos detienen a “más y más capos y las mafias crecen más y más” porque no se confisca el dinero de las mafias que alimentan la corrupción política, cuestionó en su cuenta de Twitter. Desde que asumió Peña Nieto como sucesor del conservador Felipe Calderón (2006-2012), el primero en caer preso fue en julio de 2013 Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40″, el sanguinario jefe de Los Zetas apodado también “El Judas”. También se acabó la leyenda de Nazario Moreno González, “El más loco”, el jefe de Los Caballeros Templarios que adoctrinaba con la Biblia en la mano a sus secuaces en Michoacán y que pereció en marzo del año pasado en un operativo. Otros de los arrestados fueron Vicente Carrillo Fuentes, el “Viceroy”, de la dinastía histórica que comandó el cártel de Juárez, y se detuvo, entre otros, a Héctor Beltrán Leyva, conocido como “El H”. A cambio hizo su aparición sangrienta en escena el cártel Guerreros Unidos, acusado de haber asesinado e incinerado a 43 estudiantes de una escuela rural del magisterio de Ayotzinapa en alianza con policías. En cuanto a nombres Peña Nieto puede estar contento. Pero, igual que con Calderón, el desmantelamiento de las estructuras operativas y financieras de los cárteles no parece ir al mismo ritmo que la captura de líderes.
“Obviamente, la detención de La Tuta y del Z-42 en la última semana generan una buena impresión. Son buenos resultados, no lo podemos escatimar, pero no es su suficiente”, dijo Vizarretea.
En su opinión, ha habido mejor coordinación y logros en materia de inteligencia en la región del norte del país, donde actúan Los Zetas, que en la zona del Pacífico y sur. La estrategia de Calderón “era muy dispersa, muy genérica y aquí pareciera ser que se precisaron los objetivos”, dijo Vizarretea, pero “se necesita bajar al segundo nivel y nos estamos quedando con la parte superior, con los liderazgos”. Además, “aunque se ha estado trabajando el asunto de las operaciones financieras y de la logística de estos grupos, todavía no se entra realmente a tomarlo de manera simultánea, que sería lo más eficaz”, indicó. En su opinión, una estrategia desde varios ángulos tendría más impacto incluso en la opinión pública, ya que “se están generando ciertas críticas, cierta suspicacia de que se estuvieran dejando cabos sueltos que llevaran a no erradicar completamente” las operaciones de estos grupos. Mientras tanto, José Reveles experto en temas de narcotráfico afirmó a EFE que estas detenciones “no sirven para nada porque al final el negocio sigue, no importa quién esté al frente”. Si el Gobierno no hace el “resto de la tarea” en contra de los cárteles, es decir, atacar el tema monetario, “quitarle los millones, la complicidad de los municipios y las armas”, no se logrará avanzar contra este mal, agregó. En opinión del académico y también especialista en temas de Seguridad, Javier Oliva, este es “el gran talón de aquiles, que no se ataque el dinero”.
“Resulta inexplicable que no se avance mucho en esa lógica”, apuntó, pues “en cualquier parte del mundo”, mientras no persigas el lavado de dinero esto va a seguir continuando. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN/ Andrea Sosa Cabrios y Paula Escalada Medrano. LINK: http://www.sinembargo.mx/04-03-2015/1270845.
MÉXICO, D.F: Germán Martínez, expresidente del Partido Acción Nacional (PAN), aconsejó a Gustavo Madero romper con la organización secreta de ultraderecha El Yunque, porque es una “servidumbre fanática” que “atenta contra la democracia”. “El Yunque está bastante debilitado. Perdieron poder e influencia. Es el momento para que Gustavo Madero pinte una raya definitiva con ellos, y el PAN deseche esa servidumbre fanática. El Yunque busca adormecer las virtudes cívicas y no confía en la libertad”. En su artículo de los martes en el diario “Reforma”, el presidente del PAN en el sexenio de Felipe Calderón y ahora aliado de Madero, hace una disección de la ideología, métodos y prácticas de El Yunque, cuya existencia e influencia en ese partido se la confirmó el exsecretario de Gobernación Carlos Abascal. “Pocos días antes de morir Carlos Abascal Carranza me aseguró: ‘no pertenezco al yunque, pero tengo ascendencia en él…’. Estoy seguro que el católico fiel y secretario de Gobernación de Vicente Fox no me engañó con su afirmación; primero, porque la mentira no era su divisa y, segundo, porque al mismo tiempo me reveló, con absoluta claridad, lo que al interior del PAN se comentaba entre murmuraciones: ese grupo extremista y ultraderechista sí existe. La pregunta hoy es: ¿el yunque tiene candidatos?, ¿jugará electoralmente en las próximas elecciones?, ¿todavía tiene influencia?, ¿pesa?, ¿ya es un simple testimonio?” Sobre lo que le contó Abascal sobre El Yunque, Martínez detalla: “Un día le pregunté expresamente por El Yunque. Sin sorprenderle mi curiosidad, imperturbable, extremadamente delgado y postrado en un sillón desde donde se veía el jardín de su casa, apenas interrumpido por algunos espasmos en el pecho, justificó y amparó a los grupos que al interior del PAN abanderan convicciones religiosas; pero al mismo tiempo condenó la violencia, incluso la verbal, fomentada por los radicalismos. Y aceptó, lo recuerdo puntualmente, que los dogmas pueden engendrar totalitarismos.” Martínez, quien como dirigente nacional del PAN llamó a “guanajuatizar “México”, reflexiona: “Quizá el problema del yunque no es qué piensa, sino cómo quiere imponer ese pensamiento. Las objeciones pueden ser al fondo de una idea del yunque, pero sobre todo, lo condenable es la manera como ese grupo intenta hacer valer su credo. Su método ataca el corazón de una de las cualidades del sistema democrático: la deliberación pública de las razones políticas. Argumentar no es ni será su signo, ellos saben acatar y someter”. Agrega: “El Yunque afecta y atenta contra la democracia porque en sesiones secretas jura defender su verdad, sin importar la verdad del otro. No reconoce al distinto. No es condenable porque defienda la vida o el respeto a un credo religioso, sino porque considera prescindibles, y por tanto expulsables de la vida nacional, a quienes no participan de sus mandamientos.” Expone: “La obediencia incondicional a unos jefes sin rostro, la secrecía total de sus polémicas internas, la inamovilidad de su pensamiento y conducta, y, por si fuera poco, la confusión enorme entre conquistar el reino de Dios y construir bienes públicos terrenales, hacen de esos grupos, como de cualquier otro fundamentalista, un peligro para la convivencia social plural, tolerante y pacífica.” Y enseguida pregunta: “¿Por qué? Por un dato relevante: los extremistas se reservan el derecho a emprender una ‘guerra justa’ contra lo que ellos consideran pecaminoso o maléfico, aunque esa decisión haya sido adoptada por una mayoría en las urnas o por las instituciones de la República. El Yunque no repudia la sedición.” Por ello, aconseja a Madero aprovechar la debilidad de El Yunque para romper con esta organización: “Madero debería hacer suscribir a todos los candidatos un compromiso -categóricamente humanista- contra la discriminación de la comunidad homosexual. Es hora de que el PAN modernice sus conceptos de dignidad personal y de familia. ¿Más papistas que el Papa? ¡Su Santidad Francisco los acaba de admitir en una audiencia en el Vaticano!”
Argumenta: “Los radicales conservadores deben huir de una derecha liberal. ¿Están encontrando acomodo con algún presidenciable, en el Partido Humanista o en el Movimiento Ciudadano? No lo sé. Pero El Yunque debe acabar de salir del PAN, porque no habla de frente. No es como Carlos Abascal Carranza que intentó, siempre y genuinamente, comprender al diferente, y cuando te decía su verdad, te miraba a los ojos…” FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
MÉXICO, D.F: El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, tiene ante sí el reto de aclarar lo sucedido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y si no lo logra, será repudiada al igual que su antecesor, Jesús Murillo Karam. A través de sus cuentas en redes sociales, el tabasqueño también preguntó si sería mucho pedir a la procuradora “que castigue a los delincuentes de cuello blanco que gozan de impunidad por ser miembros de la mafia del poder”. Y recalcó que si no aclara lo sucedido realmente con los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y no se hace valer la justicia, “en poco tiempo, en dos o tres meses estará siendo repudiada, al igual que su antecesor, acusada de cómplice de EPN y de su banda. Ya la gente no acepta la simulación, quiere la verdad”, escribió a través de Facebook. En Twitter, el dos veces excandidato presidencial por la izquierda planteó que tampoco debería causar sorpresa la nominación de Eduardo Medina Mora como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues “la mafia manda”. “¿Por qué extrañarse que Arely Gómez y Medina Mora vayan a la PGR y a la Corte, acaso no es la mafia la que manda? Mejor ayuda al cambio”, tuiteó. Por la tarde, de visita en el municipio mexiquense de Teoloyucan, López Obrador dijo que la única diferencia entre la actual procuradora y su antecesor es que la primera pertenece a Televisa, al grupo de Emilio Azcárraga Jean, y el segundo al círculo de Manlio Fabio Beltrones. Ahí también dijo tener convicciones y autoridad moral para sacar adelante al país, a diferencia de Peña Nieto, quien “encarna la corrupción”. En entrevista, al ser cuestionado sobre qué mensaje enviaría a los priistas en su 86 aniversario, respondió: “¡Que ya dejen de robar!”.
Luego afirmó que Peña Nieto “sólo es un delincuente de cuello blanco”, aunque se reúna con la realeza británica. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: Los familiares de los mineros de Pasta de Conchos sepultados en una explosión el 19 de febrero de 2006, se sumaron este miércoles a los cuestionamientos por la candidatura de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A unos días de que el pleno del Senado vote el nombramiento de quien ocupará el lugar del fallecido ministro Sergio Valls, familiares de las víctimas acusaron a Medina Mora de obstruir la justicia en el caso de Pasta de Conchos, cuando fungió como titular de la PGR, de ahí que los deudos se vieron obligados a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un comunicado firmado en la Región Carbonífera de Coahuila, la Organización Familia Pasta de Conchos descalificó al actual embajador de México en Estados Unidos para ser miembro de la SCJN, “pues carece de la autoridad moral para la defensa y promoción de los derechos humanos”. Al anunciar que sus consideraciones las harán del conocimiento del panista Roberto Gil Zuarth, que preside la Comisión de Justicia, y al resto de los senadores, la organización recordó que en 2008, siendo titular de la PGR, Medina Mora rechazó la recomendación 64/2008 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “en la que se concluyó el ejercicio indebido de la función pública y la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, atribuibles a servidores públicos de la PGR, en perjuicio de los mineros del carbón fallecidos en la mina Pasta de Conchos y de sus familias”. También señala que de acuerdo con la investigación realizada por el organismo público, entonces presidido por José Luis Soberanes, “la CNDH demostró que el Ministerio Público de la Federación, responsable de la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, no actuó con diligencia para la pronta, completa y debida procuración de justicia”, lo que permitió llevar el caso ante la CIDH. Los deudos de Pasta de Conchos acusan que Peña Nieto no atendió la recomendación de la CNDH de saca de la reserva la averiguación previa, “ni agotó las diligencias de investigación pendientes que estaban a su alcance (planteadas por su propios peritos en materia de incendios y explosivos), ni mucho menos investigó las irregularidades y omisiones en la práctica de los trámites necesarios para esclarecer los hechos”. Para la organización de familiares, la omisión de Medina Mora evitó “llegar a la verdad de lo acontecido “y el rescate de las víctimas, amén de que “la dilación de la justicia abrió un compás para que la empresa Industrial Minera México, de manera unilateral, y cuando ya se habían recuperado dos cuerpos, cancelara las labores de rehabilitación de la mina y el rescate emprendido de los cuerpos de los mineros”.
El rechazo a la recomendación de la CNDH, recuerdan los familiares, derivó en la prolongación del sufrimiento de los deudos “al no poder enterrar a nuestros muertos luego de 108 meses de la tragedia”; así como la “increíble e infundada tolerancia hacia la empresa responsable de la mayor tragedia minera de los tiempos recientes”, en tanto que su inacción propició “la impunidad, hasta hoy, de los probables responsables”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Ciudad de México 4 de marzo: El Edil de Puerto Vallarta, Jalisco, Ramón Guerrero Martínez, conocido como “El Mochilas” por su gusto a viajar, organizó para la noche de este miércoles un baile gratuito que contó con la participación de las bandas El Recodo y Los Recoditos, sin embargo, el costo total del evento está estimado en 2 millones de pesos. Regidores de oposición denunciaron que no existe una autorización del Ayuntamiento para el evento y dijeron que se trata de una incongruencia cuando en su discurso el Edil ha dicho que no hay dinero. “No está presupuestado ni sabemos de cuál partida se va a erogar este gasto, y por supuesto que es incongruente e ilógico a los problemas económicos del municipio”, refirió Humberto Muñoz Vargas, regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en declaraciones a medios. El panista acusó al Edil de decir “que no hay dinero en las arcas municipales” para no pagar juicios y laudos, a proveedores y atender servicios públicos que presentan deficiencias. Advirtió que aunque se argumente que las bandas fueron patrocinadas “habría que saber a cambio de qué, qué están comprometiendo con ello”. Para la regidora Susana Carreño, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), todas las decisiones que le conciernen al Cabildo se han tomado a espaldas de los ediles. ”Las finanzas del municipio están deterioradas”, comentó a la prensa. El evento tuvo lugar a horas de que Guerrero Martínez, militante del partido Movimiento Ciudadano, pidió licencia a su cargo para contender por una Diputación local. La licencia fue concedida la noche de ayer por una mayoría absoluta del Cabildo y será efectiva a partir de las 23:30 horas del viernes 6 de marzo.
Por medio de las redes sociales del Ayuntamiento circula la invitación al concierto dio inicio a a las 20:00 horas de este miércoles en la Unidad Deportiva “La Lija”.
Algunos medios locales, que citan fuentes del Ayuntamiento, han referido que el monto por la contratación de los grupos será cubierto por patrocinadores. Sin embargo, ningún representante del gobierno de Ramón Guerrero ha precisado cómo serán cubierto los dos millones de pesos. El gobierno de Guerrero Martínez ha sido criticado por el autoritarismo del Edil así como por la opacidad con la que han sido manejados los recursos públicos. En agosto de 2014, la Regidora Susana Mendoza dijo que el Alcalde de Vallarta tomó “una serie de decisiones que tiene que ver con el patrimonio de Puerto Vallarta [y] hasta este momento no sabemos a cuánto asciende la deuda”. En tanto, el Regidor Humberto Gómez Arévalo, actualmente en calidad de desaparecido, renunció el año pasado a su filiación al Movimiento Ciudadano para ser independiente. En declaraciones realizadas en abril del año pasado, el funcionario dijo que Roberto Guerrero “es autoritario y quiere gobernar con amenazas”. El Alcalde de Vallarta también ha sido reconocido por su gusto de viajar. De acuerdo con datos del Ayuntamiento, publicados por el diario Mural en mayo de 2014, gasto desde el inicio de su gestión y hasta esa fecha 292 mil pesos en 17 vuelos privados que oscilaron entre los 16 a los 38 mil pesos. Todos los viajes se catalogaron como “privados” y fueron incluidos dentro del apartado Quinto, inciso “S”, donde se desglosaron los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados. El diario refirió que el 30 de julio de 2014 pasado registró dos vuelos a la capital jalisciense, ambos bajo el concepto de “Reunión de seguridad pública con el Gobierno del Estado”, siendo uno de estos el más caro, por 38 mil 51 pesos. El nombre de Guerrero Martínez también salió a relucir a la escena pública cuando se dio a conocer que su ex secretario particular, Oscar Pérez, contrató a las mujeres que asistieron a la fiesta realizada en una lujosa mansión en Puerto Vallarta que se llevó a cabo en enero de 2014 y a la que asistieron dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN). La filtración de un video de esa reunión ocasionó la salida de Luis Alberto Villarreal García y Jorge Villalobos Seáñez, de coordinación de la bancada panista en San Lazaro. Reporte Índigo publicó que un personaje con presuntas implicaciones criminales llamado Edelmiro Sánchez Hernández fue, supuestamente, uno de los organizadores de la fiesta panista en Puerto Vallarta, Jalisco. De acuerdo con los reportes, él y Walter Frank, cercano al Alcalde de Movimiento Ciudadano en Vallarta, habrían organizado la pachanga de los “diputables”. Frank es amigo del Alcalde de Movimiento Ciudadano, Ramón Demetrio Guerrero, y también es contratista del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. De acuerdo con un reporte del diario Vallarta Uno, el contratista habría pagado cinco mil pesos a cada bailarina para “tratar bien” a los panistas. Un empleado de Reglamentos Municipales del PAN local fue quien llevó a las chicas a la Villa Balboa y quien las recibió fue Edelmiro Sánchez Hernández.
A las mujeres les quitaron bolsas y celulares y se los devolvieron a la salida de la residencia. Según ese diario local, la trampa fue orquestada por el entonces secretario particular de Ramón Guerrero, Oscar Pérez, el contratista Walter Frank y Edelmiro Sánchez. LOS OTROS FESTEJOS Ayer se hizo público que el Edil de Saltillo, Coahuila, Isidro López Villarreal, convirtió la explanada de la Presidencia Municipal en un patio de fiestas, en horario laboral. Durante la celebración de su cumpleaños 59, el Presidente municipal utilizó personal de la Policía Preventiva para vigilar su festejo, de acuerdo con Zócalo. Los centros comunitarios cerraron sus puertas como en día inhábil para que su personal acudiera al festejo. Empleados y directivos de las áreas de Desarrollo Social, Tesorería, Salud Pública y el DIF Saltillo también dejaron sus puestos para acudir al festejo del Edil. La banda “La Machaca” se encargó de amenizar la fiesta. Se repartieron tres pasteles gigantes y refrescos para todos los asistentes. El Alcalde dijo primero no estar enterado de su festejo. Pero al llegar a la Presidencia Municipal, de acuerdo con el periódico Zócalo, se dirigió directamente a la explanada en lugar de llegar a sus oficinas, para dar un mensaje a quienes acudieron al festejo. De acuerdo con versiones, regidores del Partido Acción Nacional (PAN) se cooperaron para los gastos y para movilizar a los asistentes. Algunas áreas de atención ciudadana dejaron de funcionar para agasajar al edil. Otro caso es el de Hilario ‘Layín’ Ramírez Villanueva, Alcalde San Blas, Nayarit, quien ha sido ampliamente criticado ya que el domingo pasado, durante un largo festejo, bailó con distintas mujeres que se encontraban presentes pero a una de ellas le levantó el vestido delante de una multitud; y no fue una, sino tres veces, a pesar de que desde la primera vez la mujer se bajó la prenda en señal de rechazo a la actitud del funcionario. Ramírez Villanueva festejó su cumpleaños con una celebración valuada en unos 15 millones de pesos. Se trata del mismo político “ciudadano” que aceptó el pasado mes de junio, cuando aún no era reelecto, que robó dinero de las arcas municipales durante su mandato. “¡Que le robé a la Presidencia! ¡Sí le robé, sí le robé, sí le robé! Pero poquito porque está bien pobre. No’más una rasuradita, una rasuradita”, dijo. Pese a estas declaraciones, el pasado 7 de julio fue electo nuevamente para el cargo. El polémico Alcalde se festejó su cumpleaños 44 en su rancho del poblado de Huaristemba. Dispuso 50 mil cartones de cerveza cuyo costo se estima en al menos 13 millones de pesos y 50 reses para birria, equivalentes a 600 mil pesos, según calculó el periódico Reforma. El diario, supo que Ramírez Villanueva gastó por concepto de meseros y mobiliario 250 mil pesos y 1.2 millones de pesos para que la Banda El Recodo amenizara el evento. Reforma publicó que el evento tuvo un costo de 15 millones de pesos, lo que es cercano a los 15.9 millones de pesos que recibe el municipio de San Blas, Nayarit, para seguridad. Pero el Alcalde se defendió y dijo que sus amigos costearon la celebración y que no utilizó dinero del erario público. UN SISTEMA POLÍTICO PODRIDO El sistema político en México está caduco y el de los alcaldes es un ejemplo de la falta de compromiso democrático y cultura cívica, plantearon analistas y activistas consultados por SinEmbargo, y quienes analizaron los recientes escándalos protagonizados por los munícipes de San Blas, Nayarit y de Saltillo, Coahuila. Para los académicos y representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), los alcaldes y autoridades locales son un ejemplo no sólo de que el sistema está corrompido sino de que sus excesos son producto de años de impunidad y de la falta de Estado de Derecho. “Son como emperadores romanos de pueblo que creen que pueden hacer lo que sea”, afirmó Jorge González de León, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). José Fernández Santillán, doctor en Historia de la Ideas por la Universidad de Turín y actual profesor–investigador del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México, expuso que si bien el comportamiento de los alcaldes de San Blas, Nayarit y Saltillo, Coahuila es lamentable, hay una opinión pública vigilante. “Antes, este tipo de actos no se conocía, o se sabía mucho después. Hoy, los funcionarios públicos ya saben a lo que están expuestos. Ya hay un contrapeso ganado después del Movimiento de 1968”. Fernández Santillán planteó que ese contrapeso no debe limitarse al escándalo. “La opinión pública no sólo debe señalar. Debe exigir que se aplique la ley. El final de este tipo de escándalo debe ser el castigo. Al final, se trata de actos inmorales o de corrupción”, dijo.
Para el politólogo Enrique Toussaint, la descomposición del sistema político mexicano ha llegado a un grado en el que el abanico de abusos es cada vez más amplio y con tintes de cinismo más marcados. Para este analista formado en la Universidad de Guadalajara impera “un discurso deplorable” que ya no resistirá más porque ha tocado fondo de manera dramática y vergonzosa. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/04-03-2015/1270437.
La actitud paterna y consentidora del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello con las evidentes ilegalidades electorales del Partido Verde, ha exhibido su absoluta incapacidad para dirigir el INE. El académico que fuera crítico acérrimo del gobierno en programas de radio, convertido ahora en comparsa del sistema político mexicano, es blanco de todas las críticas y los partidos en bloque le exigen su renuncia. ¿Para qué queremos un órgano electoral tan caro que no funciona cuando debe funcionar? ¿De que nos sirve un Consejero Presidente que no es capaz de aplicar la ley ni dirigir debidamente una de las instituciones más cuestionadas? Si no puede, ¿por qué Lorenzo Córdova Vianello no renuncia a su cargo? Tal vez, el hijo del gran intelectual Arnaldo Córdova, — qué poco tiene que ver con su padre biológico y mucho con su padre no biológico José Wolndenberg— ya se acostumbró al buen billete que recibe por fingir que dirige el INE. Y es que no es para menos. Los mexicanos debemos comprender que el señor Córdova Vianello de cada 10 pesos que recibe como presupuesto para el INE, seis son para sueldos. En total han sido destinados 13 mil 216 millones de pesos este año, un 30 por ciento más que en 2009 cuando también hubo elecciones intermedias. Tenemos los Consejeros Electorales mejor pagados del mundo para que finalmente estén haciendo ya, unas elecciones sucias como las anteriores donde no fueron capaces de detener el fraude electoral orquestado por el PRI y Monex o cuestionar los excesos del mismo partido en los topes electorales, que se supone todos deben respetar, de lo contrario recibirán las sanciones correspondientes que marca la ley. ¿Y por qué no se va Lorenzo Córdova Vianello? pues porque recibe un sueldo mensual nada despreciable de 182 mil 212 pesos más bonos, prestaciones y todo tipo de beneficios. El señor Córdova Vianello se está acostumbrando a servirse con cuchara grande. A dos meses de haberse creado el INE, solicitó una ampliación presupuestal de 230 millones de pesos para “enfrentar las nuevas atribuciones derivadas de la Reforma Electoral”. De ese dinero, 90 millones concretamente son “gastos” que tiene que hacer en el 2015, gastos que no incluyen detener las flagrantes violaciones a la ley cometidas por el partido Verde Ecologista. Dicho esto, podemos comprender perfectamente la permanencia absurda del Consejero Presidente en el INE. Lo que no se comprende tan fácilmente es la complicidad que Córdova Vianello tiene con el Partido Verde del niño Verde que no es niño ni verde, para ofrecerle absoluta impunidad en las múltiples y permanentes violaciones a la Ley Federal Electoral que viene cometiendo hace meses. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y su aliado el Revolucionario Institucional (PRI) llevan miles de spots en medios de comunicación, particularmente con la complicidad de Televisa y sus subsidiarias y aliados y por supuesto, con el Grupo México a través de los llamados cineminutos que no son más que propaganda electoral disfrazada, también los anuncios en las estaciones de las líneas 3 y 4 del Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal y los miles de espectaculares y mamparas distribuidos en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Tlaxcala, Nuevo León, Chihuahua, México, Sinaloa, San Luis Potosí, Puebla y Chihuahua, así como en el Distrito Federal. Todos hemos visto los excesos del Verde Ecologista y el PRI, menos Lorenzo Córdova Vianello que prefiere fingir indiferencia y nos ofrece un espectáculo esperpéntico de parcialidad. El Partido Verde ha cometido ya un fraude frente a la mirada cómplice del INE. El silencio de Córdova Vianello lo ha convertido en cómplice y en el artífice de este atentado contra la igualdad de la competencia política prevista en la ley. Pero la Ley Federal Electoral se la pasan por el arco del triunfo el Verde y el PRI, por eso adquieren tiempos en radio y televisión disfrazados de informes legislativos y realizan actos anticipados de campaña. El Partido Verde ha violado además el artículo 134 constitucional difundiendo propaganda personalizada y usando parcialmente los recursos públicos. El INE no solamente ha sido omiso ante las violaciones graves y reiteradas a la legislación electoral, sino que le ha otorgado una carta abierta de impunidad para seguir operando con toda tranquilidad. Si Córdova Vianello hiciera bien su trabajo, ya habría descalificado para contender en las próximas elecciones al partido propiedad del niño verde y Televisa, pero como tenemos un Consejero Presidente que sencillamente prefiere nadar de “muertito”, pues no veremos lo que corresponde, sino más y más impunidad que invitará no solo al Verde, sino a todos los partidos a seguir violando la ley. El otro órgano de adorno que tenemos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institución que ni siquiera ha tenido la capacidad de hacer cumplir al Verde las resoluciones. Insisto de qué sirven estas instituciones que no actúan, cómplices del Poder Ejecutivo. Necesitamos urgentemente una reforma del sistema electoral de este país, pero una reforma de verdad, no a modo para beneficiar al partido en el poder y sus partidos comparsas. La parcialidad de Córdova Vianello y su falta de actuación, han cambiado el color del INE que a partir de ahora es Verde y le ha hecho un daño irreparable a la equidad e igualdad electoral. ¿Con qué calidad moral el INE supervisará los próximos comicios?…
Las próximas elecciones empiezan mal. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
Pese a tratarse de un penal federal de máxima seguridad, la cárcel del Altiplano deja mucho que desear: algunos de sus reclusos de mayor peligrosidad, quienes supuestamente están aislados –destacadamente El Chapo Guzmán– mantienen comunicación entre sí y con el resto de los reos, y hasta se dan el lujo de organizarlos, sea para llevar a efecto una huelga de hambre (en julio pasado), sea para escribir y firmar una carta destinada a la CNDH y a la opinión pública. Guzmán Loera y 139 internos más lanzan fuertes quejas contra el director técnico de la cárcel, a quien acusan de corrupción y malos tratos.
MÉXICO, D.F: Hace un año Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los dos líderes del poderoso Cártel de Sinaloa, fue capturado e internado en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya, Estado de México. Ahí le fueron impuestos el uniforme caqui y el número 3578. Se halla en el módulo 1, en la zona de Tratamientos Especiales, donde están los presos de mayor peligrosidad. Se supone que ahí se aplica un dispositivo de seguridad muy riguroso y el capo –considerado por la administración antidrogas estadunidense (DEA) como el más poderoso del mundo– está aislado del resto de los reclusos. Se supone que está neutralizado. Se supone. Pero en sólo siete meses El Chapo ha violado dos veces el supuesto cerco de máxima seguridad. En julio pasado organizó junto con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie –antiguo sicario del Cártel de los Beltrán Leyva– una huelga de hambre masiva en la cárcel. Y el pasado 25 de febrero, tras semanas de organización, formó parte de una nueva rebelión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1. La huelga en la cual participaron más de mil internos (Proceso 1968) tuvo origen en presuntas violaciones a sus derechos: condiciones insalubres, comida podrida, mala atención médica y ningún respeto a los horarios de visita familiar o íntima, entre otros. En su momento el gobierno federal intentó minimizar los hechos. El pasado 25 de febrero, tres días después del primer aniversario de su reaprehensión, El Chapo y 139 presos más del Altiplano sumaron fuerzas y denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presuntos malos tratos y venta de prebendas por parte del director técnico del penal, Librado Carmona García. Entre los quejosos, además del Chapo, están su hermano Miguel Ángel Guzmán Loera; La Barbie; los viejos capos Miguel Ángel Félix Gallardo y Pedro Díaz Parada; Rogaciano Alba; Ramón Alcides Magaña, El Metro; Javier Torres Félix, El JT; así como sus otrora enemigos Héctor Beltrán Leyva; Mario Alberto Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, exlíder del Cártel del Golfo; Teodoro García Simental, exlugarteniente de los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana; y Sigifredo Nájera, El Canicón…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2000 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
MÉXICO, D.F: El viernes 27 de febrero los poderes de Los Pinos y Televisa se unieron para darle forma a una estrategia mediática que ya se conoce como “la caja china” y que consiste en crear una distracción en la opinión pública mientras el gobierno peñista toma decisiones claves y trascendentes para el país pero que sólo beneficia a unos cuantos. Desde la madrugada de ese día el propio gobierno se encargó de filtrar la detención de Servando Gómez La Tuta, el único cabecilla de los Caballeros Templarios, para colocarla en todos los medios como la noticia más importante del día y de los subsecuentes días, alejando los reflectores de la decisión de imponer en puestos claves en el sistema judicial a dos miembros de la familia Televisa: Arely Gómez en la PGR y Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Al día siguiente la estrategia siguió con el “Tuta tour”. Desde la oficina de la Presidencia llamaron a distintos medios para llevar a los fotógrafos a recorrer unas cuevas ubicadas en los linderos de los municipios de Tumbiscatío y Arteaga, donde supuestamente se escondía. Fue la misma estrategia mediática que usaron cuando detuvieron al Chapo Guzmán, mostrando el lugar donde fue capturado y luego exhibido ante los fotógrafos, ya socavado, en el hangar de la Procuraduría General de la República, antes de ser trasladado a un penal de alta seguridad. La desconfianza social en Peña Nieto, reconocida por él mismo en una entrevista al Financial Times en su reciente gira a Inglaterra, y sobre todo su relación con Televisa desde que era candidato, nos hace cuestionar si de verdad La Tuta fue detenido ese día o si se armó una estrategia desde Los Pinos para hacernos creer eso y darle un impulso a la figura ya disminuida del jefe templario que ya se encontraba huyendo a salto de mata, haciendo a un lado en la agenda mediática la propuesta de incluir en el sistema judicial a dos personajes relacionados con la televisora. Bernardo Gómez, vicepresidente de la empresa, es amigo cercano de Medina Mora, quien fue el director del Cisen y titular de la PGR. Mientras que Leopoldo Gómez, el otro vicepresidente de Televisa es el hermano de Arely Gómez. En un artículo publicado en el diario Milenio el martes, Leopoldo Gómez dice que en el periodismo moderno no debe haber estas sospechas pues cada quien tiene su carrera y nunca, nunca, ha habido una vinculación entre sus respectivas carreras. ¿Pero qué tan moderno es el periodismo de Televisa que el conductor estrella del noticiero nocturno, Joaquín López-Dóriga, fue quien anunció la llegada de Arely Gómez a la PGR y no el gobierno federal? ¿Cuál es el periodismo moderno de esta empresa que hizo un contrato con Peña Nieto para llevarlo a la presidencia? ¿O acaso el periodismo moderno de Televisa fue haber participado en la historia aviesa de la detención de Florance Cazzes en una puesta en escena del exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna? En política no hay coincidencias, dice el viejo dicho. Menos cuando en un solo día el gobierno hace un show mediático con la detención de un delincuente al que ponen como el “más peligroso del país” con discursos de todos los representantes del gobierno federal que fueron replicados en la primeras planas de los periódicos y en las noticieros de radio y televisión, casi al mismo tiempo que dan a conocer las nuevas propuestas para integrar a dos personajes como Arely Gómez y Eduardo Medina Mora en puestos claves en la procuración de justicia. El sábado 28, fue clara la estrategia mediática para posicionar la noticia de la captura del jefe templario para restarle reflectores a otras noticias más importantes y trascendentes. Salvo un diario, todos los de circulación nacional tenían en sus portadas la imagen de La Tuta, quedaba a un lado la decisión del gobierno de cederle a Televisa dos espacios fundamentales en la procuración de justicia. Ese mismo día, en helicópteros de la Policía Federal, un grupo de reporteros y fotógrafos invitados a realizar el “Tuta tour” fueron llevados a las cuevas del Diablo, recorrieron el lugar donde supuestamente se escondió un tiempo el jefe de los Caballeros Templarios, ofreciéndoles la historia oficial de la persecución del “Profe” por más de dos años, hasta que lo agarraron en Morelia cuando se quería hacer una cirugía plástica en el rostro desgajado y en la voz atiplada que ya era reconocida en sus famosos videos.
La caja china-michoacana había funcionado mientras el presidente Peña Nieto viajaba a Londres a tratar de componer su imagen denostada y en los niveles más bajos de la aceptación ciudadana. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOÉS GIL OLMOS.
El del 24 de febrero fue un acto de barbarie contra los maestros disidentes de Guerrero que no debe quedar impune, claman los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. El gremio está indignado por la muerte del profesor Claudio Castillo Peña y por las maestras golpeadas y violadas. Rotas las negociaciones desde ese día, el 27 de febrero un grupo de mentores increpó en Teloloapan al gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez: “¡Asesino, lárgate de aquí!”.
CHILPANCINGO, GRO: La noche del 24 de febrero, efectivos de la Policía Federal (PF) arremetieron con todo contra los maestros disidentes que demandaban en Acapulco reconocimiento de plazas y certeza laboral. En la trifulca murió Claudio Castillo Peña, un profesor jubilado que padecía una discapacidad por poliomielitis; además hubo 106 detenidos, al menos 30 heridos y una decena de desaparecidos. En la brutal represión, según los testimonios recabados por Proceso, los uniformados abusaron sexualmente de cuatro mujeres por lo menos, entre ellas una embarazada. Su intención era, dicen, amedrentarlas para que jamás volvieran a protestar. Los crímenes y excesos de la PF son una muestra de la estrategia de “cero tolerancia” a manifestaciones anunciada desde hace meses por el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez y funcionarios federales ante la crisis político-social que se vive en la entidad luego de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, asegura la dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Y agrega: a las autoridades les provoca terror el movimiento social generado por el desconocimiento de más de 20 mil plazas docentes y administrativas en la entidad. Desde el 1 de enero, en un acto público, Ortega Martínez les advirtió a los miembros de las organizaciones sociales que apoyan el movimiento de los padres de normalistas de Ayotzinapa que “no fueran ingenuos” porque hay quienes están dispuestos a dar la orden de reprimir las protestas, las cuales, aseguró, estaban llegando al límite de la tolerancia. El 24 de febrero la amenaza de represión se cumplió. Ese día más de 5 mil integrantes del magisterio institucional y disidente marcharon juntos en la Zona Diamante del puerto de Acapulco, donde bloquearon durante más de seis horas el bulevar de las Naciones para exigir certeza laboral, pago de salarios y justicia por el caso Ayotzinapa. Castillo Peña, un emblemático profesor jubilado de 65 años, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y originario de la región de Tierra Caliente pero radicado en el puerto, murió a causa de los golpes de los uniformados federales, quienes también humillaron y violaron a cuatro mujeres, e incluso se lanzaron contra los reporteros. No querían que se grabara la brutal agresión. La protesta comenzó cerca de las nueve de la mañana del 23 de febrero y subió de tono por la tarde, cuando las autoridades estatales y federales se negaron a instalar una mesa de negociación como se habían comprometido por escrito el día 11. El propósito era negociar para evitar que se redujeran las plazas y se regularizara el pago a docentes y trabajadores administrativos con más de 10 años de antigüedad. La reunión se pactó ese día –el 11 de febrero– después de una protesta que incluyó la toma del aeropuerto internacional Juan N. Álvarez. El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, se comprometió a seguir analizando la problemática para el 23 de febrero, pero no acudió a la cita “por motivos de agenda”. Eso molestó a los manifestantes, que decidieron tomar nuevamente el aeropuerto. José Antonio Cabrera Méndez, comisario de la PF y jefe regional en Acapulco, declaró: “Al aeropuerto de plano no pasan. Esa es una postura: paso al aeropuerto no hay. No necesitamos la agresión”. La represión Alrededor de las 19:30 horas, el muro policiaco se mantenía para impedir la toma del aeropuerto. Al frente del bloque magisterial varias mujeres no dejaban de lanzar consignas pese a la caminata realizada a pleno sol. El alumbrado público del bulevar fue interrumpido y apareció un autobús Futura de la línea Estrella Blanca al lado de los manifestantes. De repente se lanzó contra los uniformados y enseguida se desató la represión. “Al principio pensamos que eran compañeros que venían a apoyar, pero el autobús no frenó su marcha y después de que se dirigió hacia los policías regresó en reversa hacia nosotras. Corrimos sobre el bulevar y todo fue caos y confusión”, asegura una maestra. Otra narra el momento en que los uniformados detuvieron al profesor Castillo Peña, quien alentaba a sus compañeros desde una camioneta blanca de doble cabina, y comenzaron a tundirlo a golpes. “Yo estaba con otra compañera y otro compañero a bordo de la camioneta del sonido junto al profesor Castillo Peña cuando los federales nos rodearon. Comenzaron a romper los vidrios con los toletes y con vulgaridades nos exigían que bajáramos del vehículo.” “Ora sí, pinche viejo, hijo de tu puta madre… Sigue gritando”, decían los policías mientras golpeaban al luchador social, quien murió a causa de “traumatismo torácico provocado por objeto contundente”, según la necropsia. Tenía las costillas fracturadas y las astillas óseas perforaron los pulmones, indica un informe de la Fiscalía General del Estado consultado por Proceso. La noche del mismo 24 de febrero, el comisionado general de la PF, Enrique Galindo, señaló que el profesor Castillo Peña murió por el “aplastamiento de un neumático” derivado de un hecho distinto al desalojo. Sin embargo, una profesora, quien pide omitir su identidad, tiene una versión distinta: “Yo vi cómo los federales se llevaron arrastrando a golpes al maestro y me siento culpable porque no pude hacer nada. No pude ni gritarles que lo dejaran y a ellos tampoco les importó que fuera una persona mayor, indefensa”. Ella y otra compañera permanecieron en la camioneta aun cuando los federales intentaron voltearla. Uno de ellos incluso dijo a los otros policías que se detuvieran porque había niños dentro del vehículo. “Yo les dije que no había niños, pero sí una mujer de edad avanzada. Los uniformados respondieron: dejen que se bajen y también pártanles su madre”. Sin embargo, un oficial protegió a las dos mujeres, mientras sus compañeros le insistían que las golpeara. Las dos mujeres bajaron y se dirigieron a la explanada del Fórum Mundo Imperial donde se encontraban otros profesores; incluso entraron al inmueble, propiedad del empresario Juan Antonio Hernández Venegas, para protegerse. “Parecían perros de caza” Eran 50 personas, entre niños, hombres y mujeres, las que se refugiaron en la cocina. Minutos después llegó un hombre con un grupo de policías federales y ordenó que se las llevaran. Un profesor suplicó que dejaran salir a las mujeres y a los niños, pero los federales lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Uno de los uniformados ayudó al grupo a salir, mientras sus compañeros insistían en que los golpearan. Pero él los sacó del Fórum y los llevó del otro lado de la calle, donde se encuentra una tienda de autoservicio de la cadena Chedraui. Ahí se escondieron en los refrigeradores y bodegas. La mujer recuerda que el gerente del local bajó las cortinas para impedir el ingreso a los federales, quienes desde afuera gritaban: “¡Se los va a cargar la verga. Les va a pasar lo de los pinches ayotzinapos!”. La mayoría de los manifestantes pudo escapar del lugar con ayuda de familiares y amigos que llegaron en sus autos. “Nos querían destrozar, parecían perros de caza. Hasta ahora no puedo dormir porque a cada momento recuerdo las horribles escenas, sobre todo la forma como golpearon hasta matar al maestro Claudio Castillo, y la impotencia de no poder hacer nada por él me pone muy mal”, expresa la mujer entrevistada. A pesar de que la razia se enfocó en los hombres, en un principio fueron detenidas varias mujeres. Algunos testigos refieren cuatro casos de violación, pero otros dicen que “fueron más las mujeres violadas”. Una maestra fue encapsulada. Los policías le golpearon la cabeza, le alzaron la blusa y le bajaron el pantalón. “Era indignante ver cómo mujeres policías ayudaban a sus compañeros a someter y desnudar a las profesoras”, señala uno de los testigos. Dice que les golpeaban los glúteos, los pechos y los genitales con sus toletes. Los federales les introducían los dedos en la vagina. A varias se las llevaron a los callejones para violarlas; incluso abusaron de una embarazada, comenta uno de los testigos. Los dirigentes de la CETEG decidieron hacer público el caso de los abusos sexuales porque, comentan, “este tipo de aberraciones no pueden quedar impunes”. No obstante, las afectadas aún no superan el trauma, por lo que no han presentado las denuncias, sostiene Manuel Salvador Rosas, vocero de la Comisión Política de la organización. El mensaje del gobierno federal es claro, dice uno de los entrevistados: “romper el espíritu de las mujeres y debilitar el movimiento a través del terror”. Hasta el momento, el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez y las autoridades federales que actuaron en conjunto para desalojar a los maestros se muestran indiferentes frente al crimen del profesor Castillo Peña y las maestras ultrajadas. Ortega Martínez incluso celebró la actuación de la PF, pues, dijo, obró con “absoluta pulcritud” al evitar que los manifestantes irrumpieran en el aeropuerto o trataran de boicotear el torneo Mextenis que se celebra en la Zona Diamante del puerto. “Atentaron contra la economía de Acapulco y del estado en general, creando una situación en la que nosotros ya no podíamos seguir manteniendo el clima de tolerancia y sensatez”, expresó Ortega en un comunicado. Con la agresión del 23 de febrero se rompió el dialogo entre autoridades y el magisterio. Cuatro días después, docentes y normalistas increparon al mandatario durante una gira en la cabecera municipal de Teloloapan.
“¡Asesino, lárgate de aquí!”, le gritaron más de 200 manifestantes que irrumpieron en un acto oficial. Ortega tuvo que retirarse. Iracundos, los maestros clamaban justicia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
El instituto les dará, a ambas empresas, constancias de participación en el proceso de licitación de 246 frecuencias, para formar las dos nuevas cadenas de televisión abierta digital.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) acordó entregar a Cadena Tres y Grupo Radio Centro las constancias de participación en el proceso de licitación de 246 frecuencias para formar dos cadenas de televisión abierta digital con cobertura nacional. En entrevista con Notimex, el integrante del pleno del órgano regulador, Fernando Borjón, comentó: “El jueves pasado votamos la emisión de constancias para que se notifique a las empresas, es decir, cumplieron todos los requisitos satisfactoriamente” para ser considerados formalmente participantes y continuar en el proceso. De acuerdo con el calendario del proceso de licitación, entre el 5 y 9 de marzo, el Instituto debe realizar la notificación de las respectivas constancias de participación a los interesados que hayan cumplido con todos los requisitos previstos en las bases de licitación. La siguiente etapa será la apertura de los sobres que contienen las Ofertas de Cobertura y Económica de los participantes, lo cual se llevará a cabo el próximo 11 de marzo, en tanto que la emisión del fallo deberá ser a más tardar el día 19 de este mismo mes. El pasado 20 de noviembre, el Instituto dio a conocer que Cadena Tres, Grupo Radio Centro y Centro de Información Nacional de Estudios Tepeyac eran los tres postores que presentaron sus propuestas de cobertura y económica para la licitación de frecuencias de televisión. Sin embargo, la empresa Centro de Información Nacional de Estudios Tepeyac presentó ante el Ifetel su desistimiento de continuar en el proceso de licitación, por así convenir a sus intereses. “Prácticamente no hay riesgo de que esto se declare desierto, salvo que pase algo raro, estos interesados ya presentaron garantías, si a estas alturas no tuvieran una posición válida pierden 415 millones de pesos. Quiero pensar que si han seguido todo el proceso tienen posiciones válidas, por eso no veo que eso pase”, enfatizó el funcionario mexicano en el marco del Mobile World Congress (MWC). El valor mínimo de referencia para cada una de las cadenas de televisión abierta digital es de 830 millones de pesos, en tanto que los interesados en el proceso de licitación presentaron una garantía de seriedad por 415 millones de pesos por cada propuesta. En la resolución mediante la cual el Instituto fijó estos valores, estimó que a los nuevos jugadores en el mercado de la televisión abierta les tomará alrededor de cinco años para obtener de forma gradual hasta 8.5 por ciento de los ingresos totales de la industria. Subrayó que las estimaciones son conservadoras y consideran que el o los agentes económicos iniciarán sus operaciones sin participación alguna o limitada, aunado a que enfrentarán altos costos de producción o adquisición de contenido, e incursionarán en un mercado con barreras a la entrada y altos niveles de concentración.
Y es que, la estructura y las barreras a la entrada que caracterizan el mercado de televisión abierta comercial limitan las alternativas de contenidos audiovisuales y fuentes de información para la población y permiten restringir la oferta de servicios de publicidad. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Hay dudas sobre el acueducto, por lo que queremos estudiarlo, dijo Alberto Fernández, presidente de Coparmex de Nuevo León. Mencionó que cuentan con un grupo de abogados que analiza junto con ellos el proyecto.
El líder de la Coparmex en Nuevo León, Alberto Fernández Martínez, se manifestó por parar temporalmente el proyecto del Acueducto Monterrey VI hasta que se aclaren todas las dudas e irregularidades que existen en el proyecto que costaría hasta 47 mil millones de pesos. “Más que querer parar el proyecto, lo que queremos es estudiar, debatir todos los puntos que hay pendientes. Hay demasiadas preguntas, desde que está involucrado Grupo Higa, si hay o no hay agua. Hay problemas o preguntas básicas. Hay estudios que dicen que el cálculo de la necesidad de agua están completamente inflados. Hay estudios que dicen que no. Hay estudios que dicen que no va a haber agua aunque hagamos el acueducto”, señaló. “Entonces, necesitamos sentarnos a realmente analizar, abrir la información, a discutirlo y de perdida tomarnos unos 10 meses, para parar el proyecto temporalmente hasta tener todas las dudas muy claras“, aseveró. El empresario consideró que “un proyecto de esta magnitud, a largo plazo, no se puede tomar una decisión de corto plazo, con tanta duda”. Adelantó que en una conferencia de prensa, este miércoles, revelarán estudios que no se hicieron o se hicieron a medias, entre otras irregularidades.
“Nuestra postura es más bien de cuestionar. Queremos que nos clarifiquen estos puntos. Estar seguros de por qué se está haciendo… del mismo proceso de licitación, no es posible que una sola opción se haya tomado en un proyecto de esta magnitud. Estamos muy preocupados… hay mucha información reservada de una obra pública de este tamaño, creemos que no es justo, que la ciudadanía tiene que tener la posibilidad de estudiar, de abrir la información, de poder dialogar, para estar seguros que es la mejor opción para Nuevo León”, sostuvo. VÍDEO:
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