La inseguridad pública, el precio del petróleo, la debilidad en el mercado interno, la inestabilidad financiera internacional y la política fiscal que se está instrumentando afectarán el crecimiento, indican analistas.
Analistas consultados por el Banco de México (Banxico) redujeron sus expectativas de crecimiento económico para este año de 3.29% a 3.08%, revela la Encuesta sobre las Expectativas Febrero 2015. Los analistas consideran que los principales factores que afectarán el crecimiento de la economía nacional son: los problemas de inseguridad pública (24% de las respuestas y el de mayor frecuencia por décimo quinto mes consecutivo), el precio de exportación del petróleo (16% de las respuestas), la debilidad en el mercado interno (13% de las respuestas), la inestabilidad financiera internacional (12% de las respuestas) y la política fiscal que se está instrumentando (10% de las respuestas). Además, los analistas consultados por el Banxico mejoraron sus expectativas de inflación general y subyacente para este año y mantuvieron una percepción positiva respecto al clima de negocios y de inversión en el país. De acuerdo con la encuesta, la expectativa de la inflación general para el año en curso es de 3.11%, luego del 3.20% reportado el mes previo, mientras que los pronósticos de inflación para el próximo año pasaron de 3.49 a 3.46% en el periodo de referencia.
En cuanto a la inflación subyacente, la expectativa de los especialistas para 2015 es de 2.90 por ciento frente al 2.93 por ciento previo, en tanto que para el próximo año el dato pasó de 3.12 a 3.13 por ciento. ENCUESTA:
El operativo inició en 2009; el escándalo estalló en 2011; pero tiene como antecedente unos cursos de capacitación que dio la ATF, cuando la PGR era encabezada por Eduardo Medina Mora.
El gobierno de Estados Unidos capacitó a agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en rastreo e identificación de armas de fuego, a la par que realizaba operativos para introducir armas de manera ilegal a territorio mexicano, con el propósito de localizar a capos del crimen organizado, en operaciones como “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso”. Los cursos de capacitación que dio la Agencia Norteamericana de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (la ATF por sus siglas en inglés) ocurrieron cuando la PGR era encabezada por Eduardo Medina Mora, hoy aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Documentos entregados vía transparencia por la Procuraduría a la Primera Emisión de Noticias MVS, muestran que funcionarios de este organismo asistieron a seis cursos y seminarios relacionados con redes de tráfico de armas. Hasta ahora, el gobierno mexicano ha insistido en que desconocía de los operativos “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso”, con los cuales se introdujeron armas de fuego de forma ilegal a territorio mexicano. La ATF, en sus oficinas en Phoenix, Arizona, orquestó las estrategias “Receptor abierto” o “Rápido y Furioso”, entre otras, que consistieron en vigilar la ruta de trasiego de armas y dejar cruzar con libertad a los traficantes, con el objetivo de localizar a grandes capos de la droga en México. Hay evidencia de que las armas que “se dejaron caminar”, como se llamó a esa táctica, fueron usadas por el crimen organizado en México incluso contra civiles, como lo reveló la cadena Univisión, en el caso de la masacre de Villas de Salvárcar, Chihuahua, en enero de 2010, cuando sicarios irrumpieron en una fiesta de estudiantes y asesinaron a 16 personas e hirieron a otras 12. El operativo “Receptor abierto” se llevó a cabo entre 2006 y 2008, y “Rápido y Furioso” entre el otoño de 2009 y el año 2011. Los procuradores en ese periodo fueron Eduardo Medina (entre 2006 y septiembre de 2009); Arturo Chávez Chávez (de 2009 a 2011), y Marisela Morales (de 2011 a 2012).Pero el equipo del entonces presidente, Felipe Calderón, negó hasta el final de su mandato haber tenido conocimiento de ese tipo de operaciones. Cuando Eduardo Medina Mora era procurador, agentes a su cargo recibieron seis capacitaciones de la ATF, sobre rastreo e identificación de armas. El primer curso fue en 2008, con el nombre “Identificación de Armas“, cuyo objetivo fue “conocer técnicas nuevas, proyectos de investigación, protocolos de procedimiento, nueva tecnología, etcétera, relacionados con la balística“, de acuerdo con una base de datos elaborada por la propia PGR. En ese mismo año, la ATF vigiló el tráfico de armas de una red de compra ilegal, liderada por un hombre llamado Alejandro Medrano, quien antes había colaborado con esa dependencia en el operativo “Receptor Abierto”, según un reporte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. También en 2008, la PGR participó en dos seminarios “Sobre Tráfico de Armas”, y en un taller más acerca del mismo tema. Las tres capacitaciones tenían el objetivo de “conocer las actividades ilícitas de grupos criminales, que enfocan sus acciones en el tráfico de armas”. Las últimas dos capacitaciones reconocidas por la PGR ocurrieron en 2009. Oficiales de la ATF proporcionaron el curso “Reconstrucción de Matrículas de Armas de Fuego”, que tenía el objeto de “conocer las técnicas y herramientas para investigar, identificar y documentar armas de fuego y explosivos comerciales y militares, con la finalidad de que éstos puedan ser rastreados”. Y el curso “Tráfico de Armas en la Frontera Norte”, que pretendía que los funcionarios de la PGR conocieran “las principales técnicas y procedimientos que son utilizados para el trasiego de armas, en la frontera norte de México”… “Rápido y Furioso” se hizo público hasta enero de 2011, cuando funcionarios de la ATF revelaron su inconformidad con las tácticas usadas, luego de conocerse el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, baleado en diciembre de 2010 con una de las armas que se habían “dejado caminar”. Como resultado del operativo “Rápido y Furioso”, se recuperaron 128 armas, en los estados de Guerrero, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California, entre noviembre 2009 y enero de 2010, de acuerdo con el informe del Congreso de Estados Unidos. Los casos de trasiego vigilado de armas han levantado polémica en ambas naciones. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama tuvo que hacer uso de su “fuero” o “privilegio ejecutivo”, para negar información oficial sobre esa operación, con lo que protegía a su procurador, Eric Holder, quien ha negado conocer los detalles de “Rápido y Furioso”. En México, la ex procuradora, Marisela Morales, apoyó la versión de que el gobierno mexicano jamás fue notificado de las operaciones en las que se “dejaron caminar” armas: “Nos enteramos precisamente en el momento en el que estaba siendo publicado en diversos medios de comunicación, hasta ese momento fue que nosotros tuvimos conocimiento de este operativo, antes de eso nunca tuvimos conocimiento,. y por eso a raíz de esta comunicación fue que se iniciaron varias averiguaciones previas”. Por su parte, el entonces secretario de gobernación, Alejandro Poiré, respaldó esta postura: “Por supuesto que no teníamos conocimiento de los aspectos que se mencionan sobre la autorización presunta de trasiego de armas como parte de esa operación y que, por supuesto que se hubiésemos tenido noticia al respecto, lo hubiésemos impedido y lo hubiésemos reclamado al respecto”. Dolia Estévez, corresponsal de Noticias MVS, habló con el ex jefe de la ATF en Phoenix, Arizona, William Newell, quien le dijo que un integrante de la PGR había estado en sus oficinas regionales, donde le contó de “Rápido y Furioso”, en 2009. Se trataba de Carlos Fernando Luque Ordoñez, enviado por el ex procurador mexicano, Eduardo Medina Mora. En respuesta, Medina Mora señaló que la operación había ocurrido después de dejó la PGR y que la cooperación con ATF se amplió desde el año 2005. También dijo que esa colaboración fue sólo en el rastreo del número de serie de las armas aseguradas en México. Antes de ser procurador, Eduardo Medina Mora dirigió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y hoy es uno de los candidatos que componen la terna, enviada por Presidencia, para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Este dos de marzo, en su comparecencia ante el Senado, negó que hubiera tenido conocimiento de operaciones que dejaron caminar armas a México de forma ilegal: “Cuando yo fui procurador… jamás se autorizó ninguna operación de entrega controlada de armas. Se establecieron elementos de cooperación para la identificación de los números de serie de las armas decomisadas en México”. El operativo “Receptor Abierto” se realizó desde que Medina Mora fue procurador y, aunque la operación “Rápido y Furioso” se lanzó en la gestión de Arturo Chávez Chávez, la capacitación de funcionarios mexicanos, en labores de rastreo de armas, ocurrió desde el periodo de Medina Mora.
El Senado tendrá que decidir entre el ex procurador o los magistrados Felipe Alfredo Barrera y Horacio Hernández Orozco, para ocupar un lugar en el máximo tribunal del país por un periodo de 15 años. VÍDEO:
Un documento del Departamento de Justicia, revela que Medina Mora -propuesto por EPN para ser Ministro de la Corte- sabía del trasiego vigilado de armas a México; en 2007, fue informado sobre ello, por un agregado de ATF en México.
Durante la investigación que condujo el Congreso de EU sobre Rápido & Furioso en 2011 Y 2012, salió a relucir un documento que dio cuenta de una reunión entre el entonces Procurador Eduardo Medina Mora (2006-2009), y su contraparte estadounidense Michael Mukasey, el 16 de noviembre de 2007, en Washington, en la que abordaron el tema de la “entrega vigilada” de armas de fuego de alto poder de EU a contrabandistas mexicanos. Así lo revela el memorando denominado Reunión del Procurador General con el Procurador General Mexicano Medina Mora, con fecha 16 de noviembre de 2007. El memorando, que está parcialmente censurado, dice lo siguiente:
“De particular importancia, recientemente el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) ha trabajado conjuntamente con México en el primer intento por tener una entrega vigilada de armas que están siendo contrabandeadas a México por grandes traficantes de armas. Mientras que los primeros intentos de estas entregas controladas no han tenido éxito, la investigación prosigue, y a la ATF le gustaría ampliar la posibilidad de estas investigaciones conjuntas y entregas controladas dado que sólo entonces será posible investigar a redes completas de contrabandistas de armas, en lugar de arrestar simplemente a un solo traficante. Con ese fin, es esencial que una unidad mexicana que haya pasado los exámenes de confianza (vetted) sea asignada a trabajar con la ATF en este asunto. El agregado de la ATF en la Ciudad de México ha informado al Procurador Medina Mora sobre estos intentos de entregas controladas [de armas de fuego], y le ha subrayado la importancia de que sean asignadas tales unidades con exámenes de confianza verificados”.
El memorando fue anexado como documentación probatoria #230 al informe del Congreso de EU titulado R&F: La Anatomía de una Operación Fallida, hecho público el 31 de julio de 2012. Medina Mora, actual embajador de México en Washington, fue propuesto por el Presidente Enrique Peña a Ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero su nombramiento aún no ah sido ratificado por el Senado mexicano. Como demuestra el reporte, el trasiego vigilado de armas a México de la ATF no empezó en 2010 con Rápido y Furioso. Con la anuencia de la PGR, entre 2006 y 2011 la ATF realizó una serie de operativos basados en el mismo modus operandi de R&F. Estos operativos se desarrollaron bajo el Proyecto Gunrunner (Contrabandista de armas) de la ATF cuyo presunto objetivo es reducir el flujo de armas a México en colaboración con la PGR. En febrero de 2009, Medina Mora designó como agregado de la PRG en Phoenix a Carlos Fernando Luque Ordoñez, quien tenía un puesto directivo en el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), rama de inteligencia de la PGR. En marzo de 2011, William Newell, agente especial a cargo de la oficina de la ATF en Phoenix, corroboró que Medina había enviado a Luque a Phoenix “para coordinar con la ATF todo lo relacionado R&F”. Newell me dijo que Luque trabajaba físicamente en las oficinas de la ATF en Phoenix. El informe del Inspector General del Departamento de Justicia de 2012, identifica a Newell como el principal responsable del fracaso de la operación Rápido y Furioso. A principios de 2011, cuando estalló el escándalo, Luque seguía asignado en las oficinas de la ATF en Phoenix. A mediados de 2011, regresó a la capital mexicana de donde, según fuentes de la ATF, fue enviado como representante de México ante la EUROPOL en Bélgica. En entrevista para la revista PODER en 2008, tres años antes de que estallara el escándalo de R&F, Newell me dijo que las oficinas centrales en Washington de la ATF están priorizando a Phoenix, recanalizando recursos financieros y humanos. Michael Sullivan (director de la ATF, 2006-2009) y Medina Mora tienen una buen amistad. Se reúnen y hablan frecuentemente. Ambos reconocen el problema del tráfico de armas. En 2012, Paul Pelletier, abogado de Newell, declaró a Univisión que Phoenix era la única división en EU que tenía un representante de la PGR en sus oficinas en Arizona. A ese representante de la PGR lo mantuvieron al tanto de todos los detalles de Rápido y Furioso. En septiembre de 2013, meses después de asumir el cargo de Embajador aquí en Washington, le pedí a Medina Mora su reacción a lo dicho por Newell en cuanto a que no solamente estaba enterado del operativo, sino que envió a Carlos Luque como agregado de la PGR en Phoenix para coordinar todo lo relacionado a Rápido y Furioso desde las oficinas de la ATF. “No es así”, me respondió, “La operación ocurrió después de que yo dejé la titularidad de la PGR”.
Lo cierto es que, como lo evidencia el memorando, Medina Mora no sólo tenía conocimiento sobre los operativos de la ATF de “trasiego vigilado” de armas de fuego de alto poder a México desde 2007, sino que dio su anuencia para que se condujeran conjuntamente con la PGR. VÍDEO:
MÉXICO, D.F: Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad Pública, aseguró que la detención de Omar Treviño Morales “El Z-42” fue “un golpe al corazón” del cártel de “Los Zetas”. De acuerdo con el funcionario, no existe un sucesor de Treviño Morales y la organización delictiva está en riesgo de desaparecer. “No hay quien se perfile, yo creo que como se señaló, fue un golpe al corazón de esta organización, no me sorprendería que se vaya a diluir”, declaró en entrevista con Primero Noticias, de Televisa. Rubido descartó que la detención de Treviño Morales desate violencia contra la sociedad; sin embargo, advirtió que sí podrían desatarse luchas en el interior del mencionado grupo criminal.
El funcionario precisó que “El Z-42” operaba en San Pedro Garza, Nuevo León, así como en la región norte de Coahuila: “Se movía con una gran discreción, no se exponía”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Senadores recibieron este mediodía alrededor de 20 mil firmas de rechazo al posible nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Resultado de una consulta impulsada desde la plataforma abierta change.org, académicos, investigadores, cineastas y activistas entregaron a legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PD) y del Partido del Trabajo (PT) las firmas recabadas. La iniciativa, impulsada por Alejandro Madrazo Lajous, Catalina Pérez Correa González y Jorge Javier Romero Vadillo, busca frenar lo que se considera un inminente acuerdo de las bancadas del PRI, PVEM y un bloque del PAN para elegir al actual embajador de México en Estados Unidos. “Un personaje como Medina Mora en la Corte es una muy mala idea. Su desempeño en el Cisen, la SSP y PGR se dio en los años en los que se deterioró el sistema de justicia y no dan para que cumpla con los requisitos constitucionales del Artículo 95, que dice que tiene que destacarse por su capacidad, su buen desempeño y por su probidad”, acusó Romero. En el acto de recepción de las firmas, el senador del PAN, Javier Corral, denunció, sin decir nombres, que exministros de la Corte han acudido al Senado para cabildear a favor de la candidatura de Medina Mora. “Es un mensaje brutal para la carrera judicial. Van por todo, van por la Corte y eso va a ser una tragedia para el país”, expuso.
Hoy la Comisión de Justicia sesionará para emitir el dictamen de elegibilidad sobre la terna enviada por el presidente Enrique Peña Nieto y que está integrada por Medina Mora, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Como parte del proceso para registrarse como candidato a una diputación plurinominal del partido Movimiento Ciudadano (MC), el exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó este jueves un documento en el que da cuenta de su situación patrimonial. En su cuenta de Twitter @m_ebrard, el exmandatario capitalino publicó la foto de un texto legible con fecha 5 de marzo de 2015, donde destaca que sus ingresos al mes no rebasan los 150 mil pesos. Según Ebrard, no tiene auto ni casa propios, y dice tener en arrendamiento un vehículo Chrysler Jeep modelo 2013. El expresidente de la Red Global de Ciudades Seguras de la ONU informó sobre una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito American Express; sin adeudos, sin créditos, ni inversiones a plazo, y destacó que no está sujeto a ningún procedimiento administrativo o jurisdiccional, “en ninguna instancia de carácter federal o local”. En su documento, enviado a la Comisión Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de MC, precisó que no posee bienes inmuebles y sus tres últimos domicilios han sido rentados, y por el actual paga 80 mil pesos mensuales. “Me dedico a servicios profesionales (consultarías y conferencias). Los ingresos obtenidos variables no rebasan los 150 mil pesos mensuales. Tengo cuenta bancaria en el banco Ixe Banorte. “En relación a vehículos automotores tengo en arrendamiento el vehículo Chrysler Jeep modelo 2013 y mi esposa tiene en propiedad una camioneta Mazda modelo 2010 y una Suburban 2009″, detalló. Ayer, Marcelo Ebrard desmintió que hubiera viajado en jets privados a Las Vegas, Atlanta y Nueva Jersey, como difundió el diario El Universal, e incluso publicó una carta del capitán Joel Lozano, director general de la empresa AeroJL, en la que éste niega que el exmandatario capitalino realizara dichos viajes a bordo de sus aviones. En su cuenta de Twitter subrayó: “Increíble diario serio publique versión falsa para desprestigiar a los adversarios del régimen, caso de el universal con Joel Ruiz hoy”. “… muy lamentable sostenga el universal que ese día estuve en Las Vegas, reitero: NUNCA he estado ahí”.
Y acusó que esa información representa “una calumnia” FUENTe: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
La captura no significa el fin del crimen organizado en Michoacán, sostuvo el periodista de 'Proceso' y autor del libro "Las batallas de Michoacán...".
La detención de “La Tuta” resultó ser muy propicia, por no decir coincidentemente muy benéfica, en un momento del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se dan unos cambios en el sistema judicial y de procuración, cuando se está anunciando la creación de una fiscalía en lugar de la Procuraduría General de Justicia (PGR), señaló el periodista José Gil Olmos, autor de “Las batallas de Michoacán. Autodefensas el proyecto colombiano de Peña Nieto”. En entrevista para Aristegui CNN, comentó que la detención “les viene a dar como aire fresco, una bocanada de aire fresco ante una situación que los estaba agobiando, sobre todo con las críticas a nivel internacional en materia de derechos humanos, el gobierno está siendo muy criticado”. Subrayó que la detención se presenta “cuando se está por nombrar al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre los cuales está Eduardo Medina Mora… cuando Enrique Peña Nieto tiene su más baja aceptación ciudadana, la más baja de los últimos presidentes, cuando él decía que con la reformas estructurales iba a ser el presidente reformador de México, como cuando Carlos Salinas, en 1993 o 94, dijo que México iba a pasar a ser del primer mundo”. En el momento en que están agarrando a “La Tuta”, en ese mismo momento “ya se está formando la nueva línea, los Templarios que salieron de Michoacán a esconderse o quizá hasta tomar unas vacaciones a Jalisco y Colima, que están regresando, los que se quedaron en Michoacán y que forman parte de otros grupos pequeños y que se han ido ya ampliando, como los Viagras o el H3, la hermandad tres, después de La Familia, los Caballeros Templarios y seguiría esta nueva generación y otros grupos que se están organizando en Michoacán”. El periodista aseveró que en estos momentos “no vemos grandes decomisos en Michoacán, ni de marihuana ni de amapola y menos de las metanfetaminas o drogas sintéticas, me parece muy bien que hayan agarrado a “La Tuta”, que hayan quitado la estructura de mando y quitándole territorio que tenían bajo su control a los Caballeros Templarios, pero yo no veo que la estrategia del gobierno vaya hacia las bases, vaya hacia los pueblos, comunidades, donde realmente hasta es aspiracional ser Caballero Templario”. Su libro Olmos dijo que en su libro refleja que “históricamente Michoacán se ha ido formando por productores de droga, después comercializadores y al final en esto que le llamamos el crimen organizado”. Indicó que “tenemos una muy buena imagen de las autodefensas. Antes del 2013 ya había autodefensas en Puebla, Veracruz, Estado de México. Las autodefensas como una expresión social de hartazgo frente a la violencia, a la seguridad y el poder del crimen organizado. La gente decide salir de manera muy espontánea”. Gil Olmos indicó que los que salieron a organizarse, no era el ciudadano común y corriente, era el ranchero que incluso tienen recursos económicos, no es el personaje típico. Y además tienen armas.” Por tal motivo, “en el libro trato de hacer una investigación histórica, saber por qué pasó en Michoacán lo que pasó. Veíamos a las autodefensas actuar, tenían recursos, cómo es que tenían además dinero, le pagaban a la gente participaba y estaban protegidos por Ejército y Policía Federal” Reveló que Guillermo Valencia, presidente municipal de Tepalcatepec, “cuando yo saqué varias notas en la revista Proceso diciendo que era acusado como Caballero Templario, él fue a la revista y me dijo: yo quiero platicar con usted, dice esto pero en realidad los que me están diciendo que soy Templario, son los Hermanos Farías. El primer dato que me da es: en 2012 con el apoyo del gobierno se empiezan a organizar las autodefensas, de hecho querían que yo fuera el vocero, antes de José Manuel Mireles, Mireles aparece meses después de febrero de 2013. Luego me dijo: hay testigos, como presidente municipal que yo recogí de que en noviembre de 2012 estuvo aquí en la plaza Diamante de Tepalcatepec y también en la Ruana, estuvo un señor que los estuvo ayudando, el señor se llama Oscar Naranjo, el general de Colombia, él estuvo aquí y hubo todo un operativo para que llegara y se reunió con el Abuelo y Uriel y otras autodefensas y él los estuvo apoyando, de hecho el 24 de febrero 2013 que es cuando irrumpen en la escena, los ganaderos hacen una especie de celebración por el día de la bandera, quien llega esa tarde a darles las armas fueron militares, llegaron en camionetas y les dieron las armas. “Este dato es un giro, me ayudó a entender cosas que no entendía”, afirmó. El año pasado los autodefensas fueron convertidos en Fuerza Rural y, “José Manuel Mireles e Hipólito Mora que les resultaban un estorbo para seguir con este proceso de domesticación, porque no eran dóciles, los detienen y los meten a la cárcel”.
“Me parece que los anulan de muchas maneras, lo llevan en el caso de Mireles a miles de kilómetros de Michoacán a una cárcel de alta seguridad y las últimas noticias que tenemos es que probablemente es que si lo suelten, pero una vez que ya no tengan o no provoquen ruido y eso sería después de las elecciones, quizá los veamos hasta julio o agosto”, aseveró. ENTREVISTA:
Fue detenido la madrugada del miércoles en San Pedro Garza García, en Nuevo León, donde tenía uno de sus domicilios.
El líder de Los Zetas, Óscar Omar Treviño Morales, de 38 años de edad y originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tenía un perfil “extremadamente violento” y se le vincula con hechos como el incendio del Casino Royale, en Monterrey, ocurrido en 2011, y la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Así lo dio a conocer el comisionado Monte Alejandro Rubido, el miércoles, previo a la presentación del “Z-42″. El funcionario detalló que la madrugada del miércoles, fuerzas federales encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, a Treviño Morales, hermano del ex líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, quien fue detenido en 2013. La organización delincuencial que encabezaba, se dedicó al tráfico de drogas, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, tráfico de personas y de armas, y llegó a expandirse a algunos países de Centroamérica. Rubido señaló que Omar Treviño tenía un “perfil extremadamente violento, es uno de los 122 objetivos prioritarios fijados por el Gobierno de la República y considerado uno de los principales generadores de las pugnas entre los grupos delictivos en las entidades de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León“. El “Z-42″ inició en sus actividades delictivas bajo la tutela de su hermano Miguel Ángel y se le señala como responsable de varios secuestros y asesinatos, además del trasiego de droga a los Estados Unidos y del tráfico de armas hacia territorio nacional. En 2008, el Gobierno de los Estados Unidos ofreció 5 millones de dólares por información que permitiera su captura. Por su parte, la Procuraduría General de la República, ofreció también una recompensa de 30 millones de pesos por datos que llevaran a su detención. En el año 2010, tras una ruptura al interior de la organización de la que formaban parte, los hermanos Treviño Morales, se incorporaron al grupo encabezado por Heriberto Lazcano. Un año más tarde, Omar Treviño se desempeñaba como coordinador financiero y administrador general de la organización delictiva. Tras la muerte de Heriberto Lazcano, Miguel Ángel Treviño, asumió el mando del grupo delincuencial, lo que le permitió a su hermano Omar, fortalecerse y posicionarse en la segunda posición de mando. Después de la detención de Miguel Ángel Treviño, por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México en 2013, Oscar Omar Treviño asumió el mando de la organización y con ello, la coordinación de sus jefes regionales. “Por su perfil extremadamente violento, no logró el reconocimiento que tenía su hermano al interior de la organización, por lo que enfrentó la oposición de algunos operadores locales que buscaban independizarse, situación que derivó en mayores enfrentamientos al interior del grupo criminal”, apuntó el comisionado. Información de inteligencia refiere que el líder zeta mantuvo como centros de operaciones las ciudades de Nuevo Laredo, en Tamaulipas; Piedras Negras, en Coahuila, y Anáhuac, en Nuevo León. Tras la captura de Miguel Ángel, se derivaron diversas líneas de investigación, una de las más sólidas era la vinculada con Carlos Arturo Jiménez Encinas, encargado de las finanzas del grupo delincuencial. Fuerzas federales ubicaron varios domicilios en que Jiménez Encinas hacía visitas frecuentes en la zona metropolitana de Monterrey. En paralelo, se contaba con información de que Omar Treviño Morales se mantenía en una zona de movilidad que comprendía la región fronteriza de Nuevo Laredo hasta Piedras Negras y algunos municipios de Coahuila en las regiones Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales. El gobierno federal determinó que su objetivo se manejaba con un grupo de seguridad reducido con la finalidad de intentar pasar desapercibido. La madrugada del miércoles (poco después de las 3 de la mañana) al existir condiciones para proceder con su detención y evitar un enfrentamiento se coordinaron dos operativos simultáneos. El primero de ellos, en el cual se capturó, sin realizar un solo disparo, a Omar Treviño Morales, en las inmediaciones de la calle vía Colatina, de la colonia Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, cuando se disponía a ingresar a su domicilio. En el segundo operativo, en la calle San Agustín, Jardines del Campestre, del mismo municipio, se detuvo al operador financiero de la organización, Carlos Arturo Jiménez Encinas, de 42 años de edad y originario de Monclova, Coahuila.
Omar Treviño está vinculado a diversas averiguaciones previas por delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN
Fuentes de inteligencia militar revelaron a Reporte Indigo que Omar Treviño Morales ‘Z-42’ llegó hace seis meses a Nuevo León para reorganizar al Cártel de Los Zetas. La detención ocurre a un par de días de arrancar las campañas electorales en el estado.
La detención de Omar Treviño Morales “Z-42”, líder del Cártel de Los Zetas, en una residencia de San Pedro, confirma que el municipio está vulnerable a los cárteles de la droga. La entidad ha sido históricamente controlada por el Cártel de los Beltrán Leya y el Cártel de Sinaloa. Las organizaciones delictiva intentan operar en tierras sampetrinas, que alguna vez fue considerado un “territorio neutro” por el exmunícipe Mauricio Fernández, quien nuevamente es candidato del PAN a la alcaldía. Una fuente de alto grado militar informó que Omar Treviño Morales tendría seis meses de haber llegado a Nuevo León con la convicción de apoderarse de esta plaza, incluso entrar a operar en el municipio de San Pedro, uno de los más ricos de México y residencia de empresarios. “Quería entrar a San Pedro, pero no lo logró por la detención que realizamos”, presumió la fuente. Omar, quien se convirtió en el líder absoluto de Los Zetas tras la captura en el 2013 de su hermano Miguel Treviño Morales “Z-40”, fue detenido en una vivienda marcada con el número 514 de la calle Vía Collatina, en la colonia Fuentes del Valle, en San Pedro. Trascendió que la casa habría sido rentada o vendida por la conductora de televisión, Mizada Mohamed, pero no fue confirmado ni negado por alguna autoridad. Se informó que ayer alrededor de las 4:00 horas, un comando conformado por 15 unidades de la Secretaría de Marina y Ejército Mexicano arribó a la residencia. Ahí, las fuerzas federales sorprendieron a Omar Treviño Morales en un cuarto de la vivienda, cuando éste se encontraba dormido. La fuente reveló que la acción se llevó por un seguimiento de inteligencia, que habría arrojado información de la presencia de Treviño Morales en la casa. Dicha información llevó a que las fuerzas castrenses montaran un operativo para esperar el arribo del “Z-42”, quien “brincaba” de un domicilio a otro entre varios que tenía en el área metropolitana de Nuevo León. Sobre todo al sur de Monterrey. El operativo se extendió en cateos y detenciones en otras casas ubicadas en San Pedro y Monterrey, entre ellas las colonias Misiones y La Herradura. Tras tomar el liderazgo del grupo criminal, “Z-42” estuvo en una reunión con capos de otros cárteles para buscar una alianza que reconfiguraría todo el mapa del narcotráfico en México. La supuesta reunión se habría celebrado en Piedras Negras, Coahuila, con la asistencia de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación; Vicente Carrillo Fuentes, del Nuevo Cártel de Juárez, y Omar Treviño Morales. El reacomodo de cárteles Reporte Indigo adelantó que el crimen organizado se reorganiza de manera discreta en el estado. Habitantes de sectores vulnerables aseguran que es imposible que este reacomodo pase desapercibido para las autoridades estatales, por las nuevas pintas distribuidas en varias zonas en el sur, norponiente y centro de Monterrey. “‘Territorio Cártel del Golfo NL’, ‘Puro Sinaloa’ y ‘CDG NL’”, son las pintas que surgieron de manera repentina, aseguran vecinos entrevistados por Reporte Indigo. Aseguran que hay acercamiento de integrantes de estas células delincuenciales con los jóvenes para reclutarlos con un salario de entre 7 a 10 mil pesos, incluso están instalando casas de seguridad en los sectores. “Ofrecen trabajo en los cárteles, pero ya de una manera más ‘sordeada’ (discreta), y la indicación es no llamar mucho la atención y sin andar de ‘paletoso’ (ostentoso) por las calles con las armas”, dice Martín, un joven de 15 años de la colonia Lomas Modelo. Al preguntarle sobre la vigilancia de autoridades policiales, respondió que es poca. “No llegan hasta acá (la parte alta de la colonia) Fuerza Civil”, dijo el joven. Por información que llevara a la captura de Omar Treviño Morales se ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos en México, y de 5 millones de dólares en Estados Unidos. Omar Treviño Morales es señalado como responsable de la violencia en el norte del país. Cae con operador financiero Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, calificó a Omar Treviño Morales como un delincuente extremadamente violento. Se le atribuye el atentado del Casino Royal, miles de muertes y los reciente hechos violentos al norte de México. En particular, se le relaciona con el secuestro y muerte de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Junto con Treviño Morales fue capturado su operador financiero, identificado como Rodolfo Cambell.
Fue detenido en otra casa en la colonia Jardines del Campestre, sobre la calle San Agustín, en San Pedro. También apresaron a cuatro líderes de plaza en Matamoros, Reynosa, Laredo y Monterrey. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: JESÚS PADILLA.
Una cuarta parte de las sillas del Congreso de la Unión quedaron vacías. A pocos meses de las elecciones, los legisladores ‘chapulines’ ya saltaron antes de tiempo de su cargo para buscar un nuevo puesto en el gobierno
Los políticos “chapulines” del Congreso ya casi terminan de dar el brinco para participar en la jornada electoral del 7 de junio y han “vaciado” en una cuarta parte al Poder Legislativo. Desde diciembre pasado, fecha en que comenzó a moverse el ambiente político para buscar un lugar en los congresos locales, las alcaldías o alguna gubernatura en las próximas elecciones, un total de 91 diputados y 16 senadores han pedido licencia. De ellos, 22 diputados y cinco senadores se reincorporaron a sus actividades por no conseguir la nominación al cargo que buscaban. Pero además, desde el inicio de la LXII Legislatura en septiembre del 2012, un 26 por ciento de los legisladores federales, entre diputados y senadores, han abandonado el Congreso de la Unión. Algunos de ellos han salido de sus actividades legislativas para incorporarse a otras tareas de gobierno y no necesariamente a la búsqueda de un nuevo cargo de elección popular. Por ejemplo Arely Gómez González, senadora con licencia que hoy es la nueva titular de la Procuraduría General de la República; o Héctor Gutiérrez de la Garza, quien se integrará como a una subsecretaría en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, la mayoría de los legisladores que dejaron su curul, sí buscarán conquistar un nuevo cargo de elección popular. ‘Chapulines’ para toda ocasión Los políticos “chapulines” han sido un fenómeno común en todas las Legislaturas del Congreso de la Unión, aunque en algunas más que en otras. De acuerdo con cifras del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, en lo que va de la un total de 214 legisladores federales pidieron licencia. De ellos, 50 han reincorporado a sus actividades, por lo que la licencia se concretó en 164 casos; esto representa un 26 por ciento de los 628 miembros del Congreso de la Unión. Esta cifra abarca el periodo entre el 1 de septiembre del 2012 y hasta el 3 de marzo del 2015. En la Legislatura anterior, la LXI, la cifra fue mucho mayor, por tratarse de elecciones presidenciales. Entre el 1 de septiembre del 2009 y el 31 de agosto del 2012, el número de licencias totales fue de 529, entre diputados y senadores. De ellos, 202 se reincorporaron, por lo que la cantidad total de legisladores que dejaron su cargo fue de 327. Es decir, un 52 por ciento de los legisladores electos abandonaron su cargo. En la LX Legislatura, del 2006 al 2009, cuando hubo elecciones intermedias como las que habrá este mes de junio, un total de 320 legisladores federales pidieron licencia, pero 105 regresaron a sus cargos. En total, 215 licencias se concretaron. Varios legisladores han dejado su lugar en el Congreso de la Unión para perseguir otro cargo de elección popular que se votará este mes de junio, como una diputación local o una alcaldía, pero habrá quienes buscarán una gubernatura. La maquinaria que producirá más gobernadores se encuentra en el Senado. Desde diciembre pasado, 16 senadores pidieron licencia, de los que 14 pretendían alcanzar una nominación para ser candidatos a alguna de las nueve gubernaturas que estarán en juego. Solo en dos casos se trató de licencias ajenas al proceso electoral. Una, la de Arely Gómez, hoy procuradora general de la República; y la otra de Jorge Emilio González (PVEM), quien argumentó “motivos personales” para pedir licencia. De los 14 que querían ser gobernadores, nueve alcanzaron su cometido. Los otros cinco se reincorporaron al Senado, al no ser nominados por su partido como candidatos. Quienes tuvieron que regresar son Isaías González Cuevas (PRI), que pretendía ser candidato a la gubernatura de Baja California Sur; Ernesto Gándara Camou (PRI), que quería serlo en Sonora; Socorro Sofío Ramírez (PRD), en Guerrero; y Cristina Díaz Salazar y Marcela Guerra (PRI), quienes perseguían la candidatura a Nuevo León. Nueve de los senadores que pidieron licencia sí serán candidatos a la gubernatura de sus estados. Se trata de los priistas Ivonne Álvarez García, que irá por Nuevo León; Ricardo Barroso Agramont, por Baja California Sur; Claudia Pavlovich Arellano, por Sonora; y José Ascención Orihuela, por Michoacán. Además están los panistas Jorge Luis Preciado, quien irá a Colima; Luisa María Calderón, a Michoacán; Francisco Domínguez Servién, a Querétaro; Carlos Mendoza Davis, a Baja California Sur; y Sonia Mendoza Díaz, a San Luis Potosí. Y aunque no ha pedido licencia, a esta lista se sumará Layda Sansores, hoy senadora por el PT y que será candidata de Morena a la gubernatura de Campeche. En el caso de la Cámara de Diputados, solo dos legisladores con licencia serán candidatos a una gubernatura. Se trata de Jorge Rosiñol Abreu (PAN) y Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), que competirán por el estado de Campeche. Varios de los gobernadores en funciones hoy día, formaron parte de la LXI Legislatura. Ellos son los exsenadores Fernando Ortega, hoy gobernador de Campeche; Guillermo Padrés, de Sonora; Eduardo Calzada, de Querétaro; Gabino Cué, de Oaxaca; Rafael Moreno Valle, de Puebla; Carlos Lozano, de Aguascalientes. A la LXI Legislatura también perteneció Javier Duarte de Ochoa, hoy primer mandatario de Veracruz. Los que regresaron > Isaías González Cuevas (PRI) Buscaba ser candidato a la gubernatura de Baja California Sur > Ernesto Gándara Camou (PRI) Buscaba ser candidato a la gubernatura de Sonora > Marcela Guerra (PRI) Buscaba ser candidato a la gubernatura de Nuevo León > Socorro Sofío Ramírez (PRD) Buscaba ser candidato a la gubernatura de Guerrero > Cristina Díaz Salazar (PRI) Buscaba ser candidato a la gubernatura de Nuevo León
Los que se quedaron > Ivonne Álvarez García (PRI) Irá por la gubernatura de Nuevo León > Ricardo Barroso Agramont(PRI) Irá por la gubernatura de Baja California Sur > Claudia Pavlovich Arellano(PRI) Irá por la gubernatura de Sonora > José Ascención Orihuela(PRI) Irá por la gubernatura de Michoacán > Jorge Luis Preciado (PAN) Irá por la gubernatura de Colima > Luisa María Calderón (PAN) Irá por la gubernatura de Michoacán > Francisco Domínguez Servién (PAN) Irá por la gubernatura de Querétaro > Carlos Mendoza Davis (PAN) Irá por la gubernatura de Baja California Sur > Sonia Mendoza Díaz (PAN) Irá por la gubernatura de San Luis Potosí En contra de los 'chapulines' Aunque común, la práctica de retirarse de un cargo político antes de concluirlo es propiciada por el propio diseño del sistema político mexicano. Expertos en el tema han considerado que la ambición de los políticos por consolidar su carrera los obliga a abandonar un puesto para conseguir otro, pues no tienen oportunidad de crecer en un solo lugar. Sin embargo, una encuesta de Parametría revela que la mayor parte de la población está en contra de esta práctica. “A pesar de que la ley electoral solo prohíbe a los gobernadores y al Jefe de Gobierno buscar contender para ser diputados o senadores durante el periodo de su encargo, en la opinión pública, esta práctica no es bien vista”, señala la encuesta. De acuerdo con el trabajo de la consultora, dado a conocer en su Carta Paramétrica, un 62 por ciento de la población está en contra de que una persona que fue electa para un cargo de elección popular renuncie antes de haber concluido su periodo. Esta cifra contrasta con el 14 por ciento de personas que dijeron estar de acuerdo con este cambio. Un 60 por ciento dijo que no votaría por un candidato que haya renunciado a su cargo, contra un 21 por ciento que sí lo haría. Además, un 46 por ciento se mostró a favor de que exista una campaña que invite a no votar por los funcionarios chapulines. Esta pregunta fue realizada por Parametría para medir el impacto que podría tener la campaña #NOVotesporChapulines lanzada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que surgió a raíz de la petición de licencia de casi todos los delegados en el Distrito Federal para buscar otros cargos. A este rechazo de los políticos chapulines se unió también la jerarquía católica. A través de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México criticó que los políticos “salten” de un lugar a otro. “A fin de alcanzar un ‘hueso’ y para seguir viviendo del presupuesto, funcionarios locales y representantes populares comenzaron a brincar para asegurar su nombre en boletas electorales o en las listas de los partidos”, expuso la Arquidiócesis. Los 'eternos' legisladores Hay políticos que, sin importar si piden licencia o no, tienen un lugar asegurado en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en los congresos locales. Son quienes tienen mayor experiencia legislativa en el país, aunque eso implique “saltar” de una Cámara a otra en diferentes periodos. Arely Madrid Tovilla Diputada del PRI. Ha sido diputada federal cinco veces; una vez senadora y una más, diputada local. En total, reúne 23 años de experiencia legislativa. Alberto Anaya Gutiérrez Diputado del PT. Ha sido diputado federal en cuatro periodos y senador en dos. Tiene 21 años de experiencia legislativa. Armando Neyra Chávez Senador del PRI. Ha sido diputado federal cinco veces; una, diputado local, y lleva tres años como senador. En total acumula 21 años en el Poder Legislativo. Eloy Cantú Segovia Diputado del PRI. El legislador ha sido tres veces diputado federal y dos veces senador. Ha pasado, en total, 21 años en alguna actividad legislativa. Joel Ayala Almeida Senador del PRI. El también líder de los burócratas ha sido tres veces diputado federal y dos veces senador. En conjunto, suman 18 años en el Congreso de la Unión. Javier Corral Jurado Senador por el PAN. El legislador ha sido dos veces diputado federal, dos veces senador y una, diputado local. En total, son 18 años de trabajo en el Legislativo. Carlos Romero Deschamps Senador por el PRI. El también líder de los trabajadores petroleros ha estado tres veces en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. Tiene 18 años en el Congreso. Héctor Larios Córdova Senador del PAN. El legislador ha sido dos veces diputado federal, dos veces senador y una, diputado local. También cuenta con 18 años en el Legislativo. Jesús Murillo Karam,
del PRI, hoy titular de la SEDATU. Ha sido diputado federal en tres ocasiones y senador dos veces. Reúne, en total, 14 años en el Congreso de la Unión. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas que contiene puntos contrarios a garantizar el derecho humano al agua, de acuerdo con organizaciones.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas que contiene puntos contrarios a garantizar el derecho humano al agua y cuyos preceptos derivarían en un aumento en las tarifas a consumidores, lo que afectaría sobre todo a los sectores más vulnerables, explican especialistas. Luego de declararse en sesión permanente, horas después de haber recibido la propuesta, los integrantes de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos iniciaron una discusión para que el dictamen fuera votado hasta el 10 de marzo y evitar la premura en el análisis. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría y en respuesta, los 10 diputados del PRD y Morena abandonaron la discusión, pero finalmente el dictamen fue aprobado en lo general con 31 votos. Para especialistas como Claudia Campero, consultora de Blue Planet Project, se trata de una legislación que contraviene el derecho al agua y significa “un paso adicional” para beneficiar al sector privado que ha ganado espacio de acción desde 1994. El diputado de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que esta iniciativa significa “la privatización del sector” porque si bien “la iniciativa se basa en grandes obras, no se dice que todo ello será mediante el pago de los usuarios”. Uno de los fervientes defensores de la iniciativa fue el diputado priísta Kamel Athie Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, quien insistió en que la iniciativa contempla medidas de prevención de contaminación y prevé sanciones que van desde la suspensión de actividades o clausurar obras de infraestructura temporal o definitivamente, revocar concesiones hasta multas que irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo. En medio de la rapidez con la que los legisladores aprobaron el dictamen en un solo día, y prevén presentarlo al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, la sociedad civil reclama participación. A través de una carta firmada por más de 40 organizaciones civiles, solicitan a los diputados la organización de audiencias públicas a fin de consultar la opinión de los especialistas e implicados, pues “sólo escuchando las voces de todos los actores será posible construir una iniciativa de Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua bajo los estándares más altos”. Las controversias De acuerdo con Claudia Campero, uno de los aspectos más preocupantes se refiere al lineamiento de las “causas de utilidad pública”, lo que deja a las comunidades con “menos posibilidades de defensa”.
Entre las causas de utilidad pública establecidas en el artículo 8 están:
El trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros
El uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos.
La adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, así como la adquisición y aprovechamiento de instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que tales obras requieren.
Esto generaría más problemas en materia territorial, como ya ha sucedido en casos que incluyen grandes represas que se utilizan para la generación de energía y la provisión de agua y que han buscado “desalojar a comunidades”. Sin embargo, hasta el momento los comuneros han defendido su territorio con los preceptos legales disponibles. Pero con esta nueva ley “se otorgaría a los consorcios que están operando y distribuyendo el agua, una facilidad para pasar encima de los derechos territoriales de la comunidad”, insiste Campero. En esto coinciden más de 40 organizaciones civiles como entro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social DECIDES, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, entre otras, al señalar que la legislación “podría afectar de manera directa a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables”. Las organizaciones civiles exigen respeto y garantía al derecho a la consulta previa, libre e informada conforme mandata el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque “hacer lo contrario es incurrir en responsabilidad internacional”.
Además, según los expertos, el “trasvase” genera desequilibrios ambientales y resulta ineficiente para los ciudadanos y favorecedor para los particulares, pero la ley lo define así:
En artículo 116. Trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, que realiza la Federación, los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.
El trasvase puede ser: Directo. El que realizan los asignatarios o concesionarios con autorización de la Comisión. Indirecto. El que efectúa la Federación en beneficio de los concesionarios con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada.
En el artículo 24 se establece que los estados, el Distrito Federal y los municipios cuentan con atribuciones como: – Estimular y fortalecer las capacidades administrativa, técnica y de gestión, así como la autosuficiencia financiera, de los prestadores de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; – Certificar, incentivar y promover la profesionalización, especialización, tecnificación, calidad, autosuficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. De acuerdo con el diputado Arturo Cruz Ramírez, del PRD, dijo esta disposición no generará las condiciones para un efectivo acceso al agua y saneamiento, sino que “de implementarse propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua, sin considerar al ciudadano”. Claudia Campero, advierte la “autosuficiencia” significa que con las tarifas se pueda recuperar la inversión. Pero “invertir en agua es bastante caro y la experiencia nacional e internacional dice que requiere de una inversión pública para poder garantizar el financiamiento”. Por ende, al buscar la autosuficiencia financiera, las tarifas aumentarían.
La ley también pretende incentivar que los particulares inviertan en los sistemas de aguas en el país a través de estas disposiciones:
Artículo 129. Para lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal
La Comisión podrá celebrar contratos de obra pública y servicios. Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal y la prestación de los servicios asociados a esta, y otorgar concesión total o parcial para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta.
La ley también determina un Mínimo vital, es decir, el volumen de agua para consumo personal y doméstico que se otorga con la periodicidad que permite al individuo cubrir sus necesidades básicas, fijado 50 litros diarios por persona.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció jurisprudencia al respecto, al considerar que se requiere de entre 50 y 100 litros de agua por persona y por día para garantizar el derecho al agua. Esto luego de que resolvió un amparo presentado por un habitante de Xochitepec, Morelos en noviembre pasado. El dictamen íntegro:
Tanto el Verde como las cadenas cinematográficas desacataron la orden de la autoridad electoral.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó multar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 35.7 millones de pesos por desacatar la orden de retirar de los complejos cinematográficos los denominados “cineminutos”; la multa será discutida este viernes en la sesión del Consejo General del organismo electoral. El pasado lunes, los integrantes de la comisión también determinaron multar a las empresas Cinemex y Cinépolis con siete millones 10 mil pesos cada una. La consejera electoral Beatriz Galindo informó que se realizó una investigación exhaustiva de este caso, luego de que el 31 de diciembre pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó aplicar medidas cautelares contra los “cineminutos”, pero las cadenas cinematográficas desacataron la orden de la autoridad electoral. En el mes de enero, la comisión ordenó nuevamente a las empresas dejar de trasmitir los spots del PVEM, pero hicieron caso omiso.
En tanto que el PVEM, para evadir la orden del instituto, únicamente modificó sus spots y eliminó la leyenda “El verde sí cumple”. GRÁFICO:
