La esperanza de los mexicanos que han sido protagonistas de abusos y delitos se extingue. La legislación que vendría a apoyar el proceso de reparación del daño está rezagada. La mayoría de los estados y sus autoridades muestran poco interés en resolver el problema.
La principal deuda histórica que tiene el Estado mexicano con la protección y atención a las víctimas de este país está muy lejos de saldarse.
La debilidad institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la falta de voluntad política de los estados para homologar la Ley General de Víctimas han incinerado las esperanzas que tienen los mexicanos por alcanzar la justicia y la reparación del daño.
En este juego de deslindes de competencias y responsabilidades entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales son las víctimas las que salen con la peor parte.
El riesgo de una revictimización de las víctimas es muy grande.
Un reclamo que no se escucha
A dos años de haber entrado en vigor la Ley General de Víctimas (LGV), existe un importante rezago en la conformación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, instancia superior para atender el principal reclamo que existe en la sociedad mexicana.
Pero la omisión principal se encuentra en los estados en la creación de las comisiones estatales de atención a víctimas de delitos y de la violación de sus derechos humanos.
El último reporte sobre el proceso de armonización de la Ley General de Víctimas en las entidades federativas ofrece resultados –más que lamentables- hirientes.
A casi un año de haberse vencido el plazo legal para aterrizar la Ley General de Víctimas, existen 10 estados que ni siquiera han comenzado el proceso para homologar su legislación como establece la LGV.
Quince estados tienen a medias este proceso de armonización y 7 entidades pueden decir que cuentan con una comisión estatal de víctimas operando, un registro y un fondo de reparación.
“La deuda con las víctimas es enorme”, reconoce Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la instancia que creó el gobierno mexicano para atender esta problemática.
“Como Estado mexicano hemos fallado a las víctimas y reconocer la deuda histórica que tiene el Estado mexicano requiere de mucha valentía.
“El Estado debe de asumir la responsabilidad de no haber garantizado estos derechos (la seguridad, la justicia y la verdad ) y reparar”, refiere.
Sin recursos no hay leyes
La Ley General de Víctimas fue aprobada en el Congreso el 30 de abril de 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, pero entró en vigor hasta 8 meses después, cuando el presidente priista Enrique Peña Nieto ordenó -en enero de 2013- desistirse de la controversia que había presentado en su momento el mandatario panista.
La nueva legislación fue reformada en mayo de 2013.
En los artículos transitorios se otorgaba un plazo de un año –que se vencía en mayo del 2014- para que los estados cambiaran sus leyes para adaptarse a la LGV.
Ningún gobierno estatal cumplió dentro del tiempo legal.
El último reporte de la CEAV exhibe como los estados que ni siquiera han comenzado el proceso de actualización de la nueva Ley a Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Hay 15 estados que registran avances en la armonización, pero su proceso está a medias: algunos tienen comisiones estatales de atención, pero carecen de fondo de reparación.
En esta situación se encuentran los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Nuevo León.
También en esta lista está Puebla, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Para la CEAV en este momento solo 7 estados son los que han cumplido con la correcta armonización de la Ley General de Víctimas.
En esta lista se encuentra Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa.
Es decir: tienen una comisión de atención a víctimas autónoma, operan un registro estatal y cuentan con un fondo de reparación del daño.
Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente del CEAV, dice que es la falta de recursos la principal excusa que han ofrecido los estados para no cumplir con la Ley General de Víctimas.
“Yo creo que no puedes poner como excusa la falta de recursos para atender una deuda tan grave, tan importante para la ciudadanía y tan sensible”, comenta el comisionado.
Sin registro de los desaparecidos
La omisión de los estados en el cumplimiento de la LGV ha impedido la operación plena del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se supone es la máxima instancia del gobierno mexicano para atender este reclamo ciudadano.
Una de las principales obligaciones que tienen las comisiones estatales de atención a víctimas son alimentar el Registro Nacional de Víctimas y atender los casos de víctimas del delito del fuero común.
Entre los estados que no han iniciado el proceso de armonización de la Ley General de Víctimas sobresalen los casos de Distrito Federal y del Estado de México, que son los más grandes del país.
“Los que menos se han adaptado es curiosamente el Distrito Federal, que es un estado pionero en atención pero que no tiene una comisión ejecutiva, no tiene fondo y no tiene un registro de víctimas propio donde se reúnan a las víctimas”, explica Rochín del Rincón.
“El Estado de México tampoco se ha armonizado siendo que es una de las instituciones que tiene buena atención con un centro estatal de víctimas”.
Entre los estados cumplidos hay casos especiales como el de Nuevo León, que sí tienen ya instalada una comisión ejecutiva para la Atención de Víctimas, sin embargo ésta no es autónoma y la creación del fondo de reparación del daño está en proceso.
Es el mismo caso de los estados Tamaulipas y Durango, que ya tienen operando comisiones sin embargo estas dependen de las procuradurías estatales.
Existen además estados que han aprobado sus legislaciones en homologación con la Ley General de Víctimas, pero que no han publicado sus legislaciones.
En esta situación se encuentran entidades como Baja California Sur, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Los estados de Michoacán y Guerrero, en los últimos dos meses, aprobaron su legislación en base a una Ley Modelo de la CEAV.
Expedientes del incumplimiento
Hace 6 meses se publicó que en la CEAV no estaban conformados ni el Fondo ni tampoco el Registro Nacional de Víctimas como lo establece la LGV desde hace un año.
Los plazos se habían vencido y los estados habían incumplido con la homologación aprovechando la poca fuerza institucional que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Nosotros hemos tratado dentro de nuestras facultades de señalar públicamente el incumplimiento, pero claramente ha sido insuficiente”, reconoce Rochín del Rincón, comisionado presidente del CEAV.
“A veces cuesta semanas para que te den una reunión, pero al final te la dan”.
Rochín del Rincón asegura no hay justificación para que los estados no tengan sus comisiones ejecutivas estatales instaladas antes de que concluya el primer semestre.
El presidente comisionado de la CEAV se compromete que al término del primer semestre de este año el 80 por ciento de los estados tendrán instalados sus comisiones de atención a víctimas.
“Este año, en este semestre, debemos de tener las comisiones ejecutivas funcionando por lo menos en un 80 por ciento”, asegura.
Los estados –de acuerdo a la LGV- le toca atender a las víctimas del fuero común y están obligados a tener un registro de víctimas y un fondo de reparación del daño.
La CEAV hace dos meses apenas pudo reactivar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y entregó hace un mes el primer apoyo a una víctima de la violación de sus derechos humanos.
Los derechos de las víctimas en los estados donde no han adaptado sus leyes no están garantizados porque no pueden recurrir directamente a la CEAV.
Esto porque los comisionados aprobaron el año pasado una resolución que impide que las víctimas del fuero local soliciten el apoyo de la CEAV para inscribirse en el Registro Nacional de Víctimas.
“Nosotros por nuestras competencias sólo atendemos casos de víctimas del delito y derechos humanos del fuero federal”, dice Rochín del Rincón.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
El observatorio de medios del ITESO creó un apartado electoral para vigilar las campañas de este 2015, ya inmersas en un nuevo marco jurídico. En el análisis hasta ahora, Sofía Paláu Cardona, coordinadora del proyecto, señala que las coberturas mediáticas se inclinan por lo polémico.
“Los spots no describen a un político sino que presentan una proyección de la imagen que quiere dar de sí mismo”, expresó Bernardo Masini Aguilera, profesor en lingüística del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en el primer foro del Observatorio Q ITESO: Análisis crítico de medios, celebrado el 25 de febrero pasado.
Desde el observatorio de medios de la casa de estudio de corte jesuita se prepara un seguimiento a las que serán las primeras elecciones tras la reforma político-electoral –publicada desde el 9 de julio de 2014 en el estado de Jalisco.
Con un nuevo marco normativo, y con el empleo de diversas actividades mediáticas en busca de la obtención del voto, desde el observatorio académico se ha propuesto seguir cada una de las acciones de los candidatos a diferentes cargos de elección popular en Jalisco, poniendo así los comicios bajo una lupa crítica.
“¿Qué dicen los medios de las elecciones intermedias en Jalisco?”, cuestiona el monitoreo semanal de Q ITESO sobre lo que hasta ahora han sido las precampañas, iniciadas el 28 de diciembre pasado, y lo que se denomina como “intercampañas”.
Dicho monitoreo se divide en tres apartados que dan seguimiento a las notas periodísticas y artículos de opinión alrededor de los partidos políticos, candidatos e incluye el quehacer de la autoridad electoral, en el caso local el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco.
En entrevista con Reporte Indigo, Sofía Paláu Cardona, coordinadora de Q ITESO, habla del origen de la propuesta y explica cuáles son las temáticas que ya se analizan.
“Igual que en el 2012, armamos un proyecto de investigación y de difusión sobre la campaña, empezamos a trabajar con el arranque del semestre (escolar) y la primera etapa todavía la estamos trabajando, tiene que ver con las precampañas”, explicó Paláu Cardona.
Son siete las líneas de investigación que se están revisando en el marco del periodo electoral, que incluyen rubros como la relación temas-actores, cobertura y tratamiento en las primeras planas de los diarios locales.
Además, análisis de los spots publicitarios, cumplimiento o incumplimiento del marco normativo, cambios en el sistema de medios, publicación de encuestas en los medios y redes sociales y mundos virtuales.
También hay análisis de la encuesta del propio observatorio, basado en los electores y las audiencias del contenido electoral que ya invade los distintos medios de comunicación.
De entrada, el grupo disciplinario trabaja con un monitoreo diario que se realiza con siete periódicos locales, los cuales dan un primer acercamiento al tratamiento que éstos tienen con la coyuntura electoral.
“Ese trabajo de las precampañas se está publicando, todos los días a las nueve de la mañana, en la pagina del Q ITESO. Es el primer nivel, la información en compendio, si alguien tiene interés en darle seguimiento a las campañas puede revisar eso”, señaló la académica.
Precampañas marginales
Algunos de los datos que ya han arrojado las investigaciones académicas del monitoreo es que, al menos en el tratamiento de las primeras planas, el tratamiento del periodo de precampañas ha sido poca, según la entrevistada.
“La prensa no le está dando, o no le dio, suficiente cobertura al tema de las precampañas. Había muy poquitas notas, prácticamente pasó desapercibido en términos de cobertura de la prensa.
“En primeras planas no estaba presente o muy marginalmente. Eso es lo más destacable del primer informe, poca cobertura”, refirió Paláu Cardona.
En el caso del seguimiento al cumplimiento de la normatividad y lo que los medios generan, aunque la académica reconoce que por parte de la prensa, radio y televisión sí se da seguimiento a dicho rubro, éste se empaña con la búsqueda de los datos morbosos o el sensacionalismo y la polémica.
“Pareciera que la cobertura está más puesta en términos de aquello que es escandaloso, de aquello que genera visiones de escándalo negativas o, digamos, que generan nota y en ese sentido general venta de periódicos, por ahí anda el trabajo”, expuso Sofía Paláu.
Además se muestra un trabajo de monitoreo de los spots publicitarios de los tres principales precandidatos, hoy candidatos, por Guadalajara
Del PAN, Alfonso Petersen; del PRI, Ricardo Villanueva; y de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro.
“Hay una visión, todavía muy general, respecto como se presentan frente a los medios y los públicos en estos pequeños spots: Ricardo Villanueva dándose a conocer, Petersen hablando de lo que lo respalda para contender por la presidencia municipal de Guadalajara
“Y Alfaro más con una mirada a futuro, que serían los tres mensajes que están haciendo circular”, concluyó Paláu Cardona sobre el tema.
Por ahora el trabajo presentado por el observatorio electoral de Q ITESO es preliminar, aunque ya se muestran algunas investigaciones e informaciones que dan muestra del tratamiento mediático del tema. Su trabajo principal será en el periodo de las campañas, que inician el próximo 5 de abril.
Un informe recargado
Aunque ya experimentados con el seguimiento en el 2012, la académica reconoció que apenas se están calentando motores y experimentando con las nuevas reglas electorales, en específico, con el periodo previo a las campañas, es decir, con las precampañas y las “intercampañas”.
Explicó que los resúmenes semanales apenas son informes piloto que serán referente para lo que reporte Q ITESO en un trabajo más elaborado sobre el contexto electoral de Jalisco. Son apenas cuatro informes semanales los que ya se han presentado.
“La idea es que tanto estudiantes como profesores, logremos pilotear nuestras metodologías para que ya en abril, cada semana, entreguemos un informe de lo que está pasando ya en las campañas”, agregó.
Más allá del monitoreo mediático también se busca la generación de lo que Q ITESO llama audiencias críticas, por medio de tres foros abiertos al público en general que se llevan a cabo en las instalaciones del ITESO.
Ya se tuvo un primer foro en el que se analizaron los spots publicitarios, el siguiente versará sobre el cumplimiento o incumplimiento de los nuevos marcos normativos de la ley electoral y se finalizará con la revisión de las encuestas de opinión que se generan.
“Están participando 18 estudiantes de licenciatura, que son de las licenciaturas de Periodismo y Comunicación Pública, en Ciencias de la Comunicación, en Diseño, en Ciencias Políticas, y Relaciones Internacionales. Además participa un estudiante de la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, participamos 14 profesores”, relató Paláu Cardona.
Hasta ahora, por medio de su página web, el observatorio electoral ya ha presentado pruebas piloto sobre investigaciones realizadas del periodo de las precampañas.
Hasta el momento van cuatro documentos presentados, de las siete distintas líneas de investigación, y se estarán presentando posteriormente los de otras investigaciones previas.
“Está previsto que al término del proyecto cada una de las líneas de investigación formule un pequeño artículo y eso va a constituir nuestro libro, que siempre publicamos cada año.
“Va a estar centrado en ese tema, en las elecciones. Va a ver un informe general, al final”, comentó la coordinadora de Q ITESO.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.
MÉXICO, D.F: La alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez, fue atacada esta noche por un comando.
Presuntamente, desconocidos abrieron fuego contra la edil mientras viajaba a bordo de su camioneta, la cual era escoltada por otros dos vehículos.
El incidente ocurrió poco después de las 20:00 horas mientras Salazar circulaba por la calle González y 21 de la zona centro, en esa ciudad fronteriza, según autoridades de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas.
Una fuente municipal indicó que la alcaldesa resultó ilesa debido a que la camioneta Chevrolet Tahoe de reciente modelo en la que viajaba es blindada.
Además, el convoy que custodiaba a Salazar Vázquez estaba conformado por al menos ocho escoltas.
Versiones no confirmadas indican que los atacantes lograron huir por calles de la colonia Obrera, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ni los panistas se salvan del gobernador de Puebla… Conflictos en la Universidad de las Américas (Udla) por presuntas anomalías administrativas originaron varias demandas entre directivos de la institución y funcionarios de esa entidad. Es un pleito entre panistas: el rector Luis Ernesto Derbez –quien fuera canciller del gobierno foxista– encabeza a los primeros y el gobernador Rafael Moreno Valle a los segundos. Como están denunciados ante la Procuraduría poblana por presuntos delitos en la Fundación Udla, los académicos solicitaron un amparo federal, describiendo las amenazas y el “tormento” al que los sometió la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado, que depende de Moreno Valle.
MÉXICO, D.F: El gobernador de Puebla y prospecto presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Moreno Valle, protagoniza otro escándalo: es acusado de tormento, amenazas de muerte y desaparición forzada contra la cúpula de la Universidad de las Américas (Udla), una de las instituciones educativas de excelencia en México.
La imputación la hace otro prominente panista: el excanciller Luis Ernesto Derbez, rector de esa institución con sede en Puebla, quien asegura que Moreno Valle pretende destituir de su cargo a él y a otros cuatro altos directivos, cancelarles su cédula profesional y “silenciar nuestro espíritu crítico del sistema”.
Los cinco afectados solicitaron, el 2 de diciembre de 2014, la protección de la justicia federal contra los actos de Moreno Valle y otras autoridades estatales, como el procurador de Justicia y el secretario de Seguridad Pública, así como del secretario de Educación Pública federal, Emilio Chuayffet.
El rector de la Udla afirma que, el 26 de noviembre, él y los otros directivos se reunieron con los miembros de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, que depende de Moreno Valle, quienes les exigieron renunciar voluntariamente a sus cargos o serían obligados mediante campañas de desprestigio por corrupción, desaparición y hasta asesinato.
“Lo anterior en virtud de que, según palabras de la Junta, nosotros somos ‘la moneda de cambio’ ¿De qué? Aún no lo sabemos”, asegura Derbez en la demanda de amparo que está en curso y de la que Proceso tiene copia.
Sin embargo, Derbez y los otros directivos están denunciados ante la Procuraduría de Justicia de Puebla por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, exceso de facultades y simulación de sesiones de la Fundación de la Udla, denunciada por Guillermo Jenkins Landa, exmiembro del patronato de ésta.
Al mismo tiempo, la Junta que preside José Gustavo Garmendia Domínguez –amigo de Moreno Valle– se niega a investigar las irregularidades supuestamente cometidas por los integrantes del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que también financia a la Udla, entre ellos el desvío de millones de dólares para inversiones ajenas a su objeto social (Proceso 1965).
Justamente por estas irregularidades en el manejo de la Fundación Jenkins es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presuntamente le retiró el registro como donataria certificada para deducir impuestos y su patrimonio se ha desplomado.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
Incapaz de hacer justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, a finales del año pasado el presidente Enrique Peña Nieto se sintió acorralado y tuvo que firmar un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir asistencia técnica. El director del Centro Prodh, Mario Patrón Sánchez, quien firmó el documento en representación de los familiares y las víctimas, considera que el gobierno puede pagar altos costos políticos si descalifica a los especialistas –como al equipo forense argentino o el comité contra las desapariciones de la ONU– o no cumple sus indicaciones.
MÉXICO, D.F: La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de manera directa en el caso Ayotzinapa, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), revela lo lejos que está el gobierno de Enrique Peña Nieto de librarse del escrutinio internacional por los abusos cometidos en México.
Integrado por los prestigiados especialistas en derecho penal y derechos humanos Claudia Paz y Paz, Francisco Cox Vidal, Alejandro Valencia Villa, Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristáin, el GIEI inició sus trabajos el domingo 1.
En Atyotzinapa tuvieron un acercamiento con padres y madres de los estudiantes desaparecidos, de los heridos y de los tres fallecidos, así como sus representantes legales; en el Distrito Federal se reunieron con la nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, y con Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El GIEI se conformó a partir de un acuerdo de asistencia técnica entre el organismo regional y el Estado mexicano. Su operación es una muestra de “cómo la CIDH está viendo a México, como un país que pasa por una grave crisis de derechos humanos”, advierte Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a las familias de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado.
En entrevista, Patrón Sánchez reflexiona sobre los alcances del acuerdo de asistencia técnica firmado por representantes de Peña Nieto en noviembre del año último, y acerca de los riesgos políticos de no atender las observaciones de los expertos independientes.
El director del Centro Prodh, también firmante del convenio internacional, resalta que los hechos de Iguala son tan graves que “por primera vez la CIDH manda un grupo de expertos con unas amplias facultades y posibilidades”, en un hecho “sin precedentes”.
Si bien la Comisión Internacional otorgó una asistencia similar para el caso de la muerte de la activista Digna Ochoa, en esta ocasión el resultado de las indagatorias del GIEI “es vinculatorio en la medida en que fue el propio Estado quien asume su compromiso de someterse a ese mecanismo de escrutinio. Los padres lo solicitan, ellos (los integrantes del gobierno de Peña Nieto) dicen que sí y se fue construyendo”, relata Patrón Sánchez.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
La descalificación de última hora para evitar que el constructor Tuffy Gaber Flores participara hoy en la elección del nuevo presidente de la cámara confronta al gremio de los constructores del país.
Entre polémica y protestas la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción elegirá hoy a Gustavo Arballo como nuevo presidente nacional de la CMIC.
El viernes, de último momento, el constructor de Yucatán, Tuffy Gaber Flores, fue excluido de la contienda por la presidencia del consejo directivo de la CMIC.
La descalificación de la planilla de Gaber Flores –que concretó la cúpula de la CMIC– deja el camino libre para que el constructor tapatío Gustavo Arballo gane la elección y sustituya en la presidencia a Luis Zárate Rocha.
La descalificación de la candidatura de Gaber Flores ha provocado inconformidad principalmente entre las delegaciones estatales de la CMIC.
“Consideramos violatorio a nuestro derecho constitucional y a toda ley regulatoria de las empresas de la construcción el coartar con argumentos oscuros la participación de socios de nuestra cámara de aspirar a dirigir y mejorar en lo posible las condiciones y beneficios de los asociados”, señala una de las cartas de protesta dirigidas a la presidencia de la CMIC y de las cuales Reporte Indigo tiene una copia.
Los agremiados inconformes solicitan a Zárate Rocha que se reordene y reacomode el proceso para que se dé en la transparencia y dignidad que le ha caracterizado como presidente.
“Generando con esta acción una fuerte falla estructural y de imagen de la Cámara al denotarse favoritismo paternalista para unos de los candidatos”, explica el documento.
Los constructores aclaran en su inconformidad que es indispensable hacer una elección transparente para no manchar la imagen de la CMIC.
Registro negado
El pasado 5 de marzo, la Cámara Mexicana de Industria y la Construcción negó el registro a Tuffy Gaber Flores para contender por la presidencia de esta organización.
Reporte Indigo tiene una copia de escrito negándole la inscripción de la planilla del empresario constructor.
El documento firmado por Humberto Ibarrola Díaz, copiado a Zárate Rocha, argumentó que Gaber no contaba con los números de aspirantes a cargos que cuenta el Consejo Ejecutivo.
Según el documento, la CIMC se acogió a los artículos 38, 39, 40 y 48 de los estatutos internos de esta organización.
Tuffy Gaber lleva 25 años en la cámara y el empresario de Yucatán ya presidió la CMIC en su estado. Además fue secretario de la misma organización a nivel nacional entre 2008 y 2012.
Por otra parte, la candidatura de Gustavo Arballo es impulsada por el ahora presidente de la CMIC, Luis Zárate, pero también por empresas como ICA, que están involucradas en obras polémicas en México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
La nueva legislación General de Aguas ha dividido a los diputados. La iniciativa hecha por el tricolor abre las puertas a la concesión de servicios para la provisión del líquido. Para la izquierda este es el primer paso a la privatización.
Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados podría votar la nueva Ley General de Aguas, una regulación que permitirá a los particulares tener acceso a la concesión de servicios para la provisión de agua, así como para utilizar el recurso para otros fines, como el fracking.
El dictamen de la iniciativa será discutido por el pleno en San Lázaro, y desde su debate en comisiones tuvo mucha polémica, debido a la oposición de la izquierda, que argumenta se trata del primer paso para permitir la privatización del recurso.
Actualmente, la provisión de agua a la población se encuentra en manos del Estado. Se trata de un tema federal, en manos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y provisto directamente a los ciudadanos por organismos de agua estatales y municipales que son los encargados de proveer y cobrar por el servicio.
Esta situación podría cambiar si la nueva Ley es aprobada por el Congreso de la Unión.
Las bancadas de izquierda y organismos ciudadanos se han pronunciado en contra de la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales pues consideran que se trata de abrir la puerta a la privatización del servicio de agua.
La discusión del tema ocurrió de forma apresurada en San Lázaro. Apenas el 26 de febrero los diputados priistas presentaron la iniciativa y ya para el 3 de marzo, cinco días después, el dictamen fue aprobado por las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y Recursos Hidráulicos.
Al día siguiente, 40 organizaciones civiles y ciudadanos enviaron una carta a los diputados para pedir que el debate de esta Ley se abra a la sociedad.
“Queremos recordarle que la legitimidad del Estado mexicano y por ende la legitimidad de todas las autoridades en el país depende directamente del respeto, protección, promoción y garantía que se le dé a los derechos humanos.
“La satisfacción y garantía del derecho humano al agua en México impone importantes retos para el Estado mexicano, por lo cual la Ley General de Aguas, que debe ser expedida a la brevedad, debe ser construida con la mayor participación ciudadana posible, con el mayor conocimiento científico y bajo los más altos estándares”, señala la misiva.
La ley
> La nueva Ley de Aguas Nacionales establece la obligación de los municipios de proveer el servicio de agua a los ciudadanos y señala que, para ello, podrá valerse de concesiones a particulares que pueda otorgar el Ejecutivo federal.
> En su artículo 65, la nueva legislación autoriza a los municipios a prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, “de forma coordinada y asociada, por sí, o a través del otorgamiento de concesiones”.
> Las concesiones para la “explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales”, tendrán una vigencia mínima de cinco años y una máxima de 30 años, y podrán ser objeto de prórroga por el mismo término, si se cumple con todos los requisitos.
> El proyecto de Ley establece una serie de castigos para quien incumpla las disposiciones legales y señala, en su artículo 258, que “para hacer cumplir sus determinaciones, las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública”.
> Dichas concesiones podrán transmitirse por herencia, es decir, por “vía sucesoria de las personas físicas”; por convenio; o por resolución judicial.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Tras la reciente captura del Z-42, el control de Los Zetas muy probablemente quede en manos de El Kelín, cuyo mayor mérito sería haber firmado la paz con su acérrimo rival: el Cártel del Golfo. Si bien los reacomodos de la banda criminal tienen nerviosas a las autoridades de los estados del noreste mexicano –temen un repunte de la violencia–, agencias estadunidenses afirman que la agrupación dirigida antes por Heriberto Lazcano ya no representa un peligro real. Está debilitada y dividida, afirman. Y toda la ventaja, como se ha vuelto costumbre, será para el Cártel de Sinaloa.
WASHINGTON: Tras la captura de Óscar Omar Treviño Morales, El Z-42, agencias de inteligencia de Estados Unidos consideran que Rogelio González Pizaña, El Kelín o Z-2, es el relevo natural en el liderazgo del cártel de Los Zetas, agrupación a la cual ven disminuida y sin posibilidades de volver a ser lo que era.
Sin embargo, las autoridades de Nuevo León y Coahuila temen que esta detención agudice las luchas internas del grupo criminal y la violencia repunte en dichas entidades.
Treviño Morales, de 38 años, fue arrestado el miércoles 4 cuando llegaba a su casa en el municipio de San Pedro Garza García, el de mayor ingreso per cápita de América Latina. Había adquirido su residencia en ese lugar –presuntamente por más de un millón de dólares– hace un año, y desde hacía seis meses la resguardaban halcones, denunciaron vecinos.
“Los informes de inteligencia que tenemos sobre Los Zetas indican que sería El Kelín quien reemplace al Z-42 como líder de la agrupación”, comenta a Proceso un efectivo de una de las agencias de seguridad del gobierno estadunidense, quien tomó la llamada telefónica del corresponsal a condición del anonimato.
Y agrega: “Pero desde la caída de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, Los Zetas dejaron de ser un cártel con poder y control territorial. Omar Treviño Morales intentó recuperar lo perdido y no lo logró; por eso creemos que difícilmente podrá volver a ser la organización tan temida que fue antes”.
De acuerdo con un correo electrónico enviado al corresponsal por otro agente de inteligencia de Estados Unidos –quien también pidió omitir su nombre–, Los Zetas llevan mucho tiempo operando como una agrupación “satélite”, sin el dominio que poseían antaño.
Según los informes de inteligencia de las agencias estadunidenses, Los Zetas son ahora un “grupo criminal pequeño” que se dedica más a la extorsión, el secuestro y la eliminación por encargo de miembros de otras agrupaciones que trafican drogas al menudeo. “Dejaron de ser una amenaza para los intereses del tráfico de drogas de grupos como el Cártel de Sinaloa, por ejemplo”, enfatiza el mensaje electrónico enviado al corresponsal.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
Legisladores, especialistas en Derecho y al menos 20 mil firmantes de una petición formal entregada al Senado repudian la inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna de la cual saldrá el próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Coinciden en que –además de su cuestionada trayectoria y su nexo con Televisa–, su imposición por parte del Ejecutivo acabará de trastocar el ya de por sí frágil equilibrio de poderes en el país. Para el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, la terna de Enrique Peña Nieto “tiene una clarísima dedicatoria y sería ingenuo suponer que de resultar electo (Medina Mora) vaya a poder cortar el cordón umbilical con el Ejecutivo”.
MÉXICO, D.F: El amplio repudio a la propuesta de que Eduardo Medina Mora participe en la terna de la cual saldrá un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a la plataforma de internet change.org –dedicada a promover iniciativas ciudadanas– a reunir en tres días 20 mil firmas de ciudadanos y académicos que rechazan al ahora diplomático.
Las firmas fueron entregadas el jueves 5 al Senado de la República, cuya Comisión de Justicia había aceptado ese mismo día la terna enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para elegir a un ministro de la SCJN que ocupe la plaza vacante tras el fallecimiento de Sergio Valls en diciembre del año pasado.
Los cuestionamientos a Medina Mora –quien tiene la simpatía de la bancada del PRI y de un sector de la del PAN– pasan la factura a una trayectoria transexenal asociada a numerosos escándalos por violaciones a los derechos humanos, acciones contra la progresividad de derechos y mal manejo administrativo, así como por sus nexos e inversiones en Televisa, empresas del sector energético e inmobiliario y, finalmente, por sus posturas plegadas a las de la Iglesia Católica.
Tanto las 20 mil firmas como muchos otros cuestionamientos ventilados la semana anterior en los medios de comunicación pusieron el acento en la inelegibilidad del hombre –habilitado al vapor como diplomático en el sexenio calderonista–, por carecer de buena reputación, fama pública y desempeño con honorabilidad y competencia en su trayectoria, requisitos establecidos para el cargo de ministro de la SCJN en el Artículo 95 de la Constitución.
La fracción V de dicho artículo fue invocada desde mediados del mes pasado –cuando Peña Nieto envió su propuesta al Senado– a propósito del requisito de residencia; a esto se han referido constitucionalistas como Elisur Arteaga (Proceso 1999).
Embajador desde 2009 en el Reino Unido y a partir de 2013 en Estados Unidos, Medina Mora llevaba casi seis años fuera del país. El Artículo 95 establece una residencia mínima de dos años en México previos a la elección como ministro.
Respecto a la residencia, el también constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se dice convencido de que el espíritu del legislador se dirige a que quien asuma como ministro viva, conozca y esté familiarizado con la situación del país, por lo cual no se satisface la exigencia constitucional que pretende evitarse con la Ley del Servicio Exterior que establece como domicilio el último ocupado durante la estancia en el país.
Además, en su paso por diferentes instituciones públicas, Medina Mora fue y es objeto de severas críticas, recuerda Carrancá en entrevista. En alusión a las organizaciones de la sociedad civil, los 20 mil firmantes, subraya las numerosas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR), cuando Medina Mora fue titular de estas instancias.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCIA.
MÉXICO, D.F: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano implementar un régimen de visitas para que Maude Versini pueda convivir con los hijos que procreó con el exgobernador Arturo Montiel.
En su resolución cautelar, el organismo advierte que los menores están en “situación de riesgo de daño irreparable”.
Por lo tanto, pide a las autoridades mexicanas permitir a Versini visitar a sus hijos en condiciones adecuadas, sin restricciones y en un ambiente de normalidad.
La CIDH pide al Estado mexicano “tome las medidas necesarias para proteger el derecho a la familia, la integridad física y psíquica de los niños”.
De acuerdo con el periódico Reforma, el gobierno mexicano tiene veinte días para responder a la solicitud de la CIDH.
Versini interpuso una demanda ante la CIDH el 15 de octubre de 2013; en diciembre pasado, se reunió con sus tres hijos en Toluca, Estado de México, después de tres años de no convivir con ellos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
(07 de marzo, 2015).- En Puebla se registran en promedio cada año, 48 muertes, 84 hospitalizaciones y hasta 7 mil consultas por enfermedades relacionadas al daño ambiental, según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAE). “Dichas muertes se podrían evitar si existiera una regulación en cuanto a fabricas, sincronización de semáforos, regular a empresas mineras y brindarle seguridad y protección a quienes viven cerca de las empresas que explotan el suelo, sin embargo Moreno Valle no lo hizo, ni lo hará, porque no representa ganancia alguna para él”, comenta la ambientalista Susana Zepeda.
Los problemas que genera el cambio climático en Puebla, no sólo están relacionados con el medio ambiente, sino además, con temas sociales, económicos, de calidad de vida e incluso, de inseguridad, afirma José Ignacio Rojas González, coordinador de la iniciativa Punto Focal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En enero pasado, el gobernador poblano Rafael Moreno Valle afirmó “Puebla necesitaba desde hace mucho incrementar su patrimonio ecológico y generar espacios de recreación, hemos construido políticas ambientales, con el objetivo de duplicar las áreas verdes y realizar labores de mantenimiento permanente en los espacios públicos donde los ciudadanos disfruten entornos saludables y seguros”, agregando “el cuidado de los recursos naturales debe trascender las diferencias ideológicas y nos debe unir”.
El ingeniero en ecología Juan Manuel Aguilar de la Peña explica “si bien es cierto que los poblanos estamos inmersos en una crisis ambiental, no todos nos damos cuenta de ello. Algunos ciudadanos podrían ya estar sufriendo y pagando los estragos de ciertas complicaciones en su salud, su economía o su bienestar, pero no aciertan a explicarse las causas reales de su adversa situación y por ello frecuentemente orientan sus reacciones en sentido distinto al de su adecuado manejo”.
“Las autoridades estatales poblanas si bien conocen la existencia de instrumentos normativos para la prevención y atención de los problemas ambientales, tampoco aciertan a explicarse las causas de los problemas y su potencial de crecimiento, a juzgar por el rezago del desempeño ambiental existente en todo el estado”, agrega Aguilar de la Peña.
Además señala que “en Puebla estamos viviendo una crisis ambiental que no quiere ser percibida por quien debiera estar interesado en conocer su dimensión actual y sus tendencias, me refiero al gobierno estatal. Los problemas ambientales concretos de cada localidad en cada municipio pueden trascender y están trascendiendo a regiones dentro del territorio poblano, dada la complejidad de los procesos naturales y humanos en juego. Sin embargo la actitud asumida por las autoridades estatales principalmente, ha sido omisa en términos de incluir la variable ambiental en todas sus iniciativas, planes y programas de acción”.
Según la investigadora social Margarita de la O, “Moreno Valle es el destructor de Puebla en todos los rubros, en el ambiental lleva récord, su presunción ante la gran cantidad de construcciones no le ha permitido ver el grado de daño que le ha provocado. Protegido por la coartada de ‘desarrollo’, son impuestos proyectos hidroeléctricos, mineros y carreteros, sin dejar de contar el gasoducto, que pasa por Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, y que ponen en inminente riesgo la vida de cientos de pobladores indígenas, campesinos y finalmente del ecosistema entero”.
“A Moreno Valle le importan los negocios con las grandes empresas, que son las beneficiarias de todos estos proyectos, a costa del despojo, deterioro del tejido social e incluso la muerte de niños y ancianos, si se pudiera sancionar por ‘deuda ecológica’ al gobernador poblano se le impondría cadena perpetua, él es como esa plaga que entra a un ecosistema y lo va carcomiendo poco a poco, hasta desaparecerlo”, puntualiza de la O.
También comenta “el único proyecto ‘ecológico’ de Moreno Valle fue un parque, en donde invirtió 163 millones de pesos, no para construcción, sino remodelación, el cual finalmente resultó un fraude. La zona no duró ni dos días sin baches, los problemas de inundación cerca del lago continuaron como antes; se dio la privatización de los baños públicos y ahora se paga una cuota, el pasto luce descuidado y abandonado. Una exorbitante cantidad para un fracaso de proyecto que los ciudadanos tendrán que pagar”.
Zepeda afirma “Puebla es uno de los territorios mexicanos que padecerán cada día más el cambio climático y la variabilidad climática, debido a elementos ambientales y socioeconómicos, como lo son, riesgos hidrometeorológicos, esto puede provocar la pérdida de vidas humanas o daños materiales de importancia, este fenómeno lo puede provocar los daños y afectaciones de las hidroeléctricas; la sobreexplotación del suelo, producto de actividades como la minería o la implementación de gasoductos; el rezago social, principal en las zonas indígenas cuyo principal problema es la discriminación, que trae consigo rechazo, falta de apoyos gubernamentales, pobreza y hambre”.
“Al gobernador de Puebla lo que menos le interesa es el tema ecológico, es un rubro que le es indiferente, aún cuando los poblanos estén en inminente riesgo de muerte. Cuando Greenpeace reveló los altos niveles de contaminación del Río Atoyac en Puebla y aseguró que podrían provocar cáncer a los humanos, esto debido a que no existían políticas públicas que funcionaran. Es claro que Moreno Valle no está interesado, porque este daño lo han causado precisamente las empresas mineras, hidráulicas, y cualquier otra que maneje residuos tóxicos, y que seguramente serán justificadas, asegurando que han levantado la economía poblana”, comenta Zepeda.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.
El sacerdote J. Jesús Alfredo Gallegos es mejor conocido por su apodo de ‘padre pistolas’. El aguerrido clérigo habla sin tapujos de la situación del país y se declara un convencido de que todos los mexicanos deberían andar siempre armados.
Tan indómito como dicharachero, al sacerdote de Chucándiro no lo ha podido doblegar nadie. Ni la dura disciplina del cardenal Alberto Suárez Inda, ni –en su momento- los intentos de soborno de Nazario Moreno, el jefe de Los Templarios.
Al padre J. Jesús Alfredo Gallegos le preocupan otras cosas: le duele la desigualdad, la corrupción, el desamor del gobierno por su pueblo, el hoyo en el que está sumido el país.
El “padre pistolas” tiene bien claras sus prioridades, asegura que a sus 64 años de edad es tiempo de preocuparse más por la próstata que por las reacciones que pueden tener sus opiniones públicas.
No le da miedo decir lo que piensa. Por eso no se limita al hablar. Dice lo que siente. Es llano y directo. No oculta su desconfianza en los políticos tanto como no niega que le gusten las mujeres, aunque aclara “a ninguna le he agarrado las nalgas, ni le he faltado al respeto”.
El apodo de “padre pistolas” lo tiene desde muchacho, cuando era párroco de Parácuaro.
“Desde niño cargué pistola y rifle. En el seminario no, porque no me lo permitieron, y ahora, como soy del México profundo y ando en puro pinche rancho pistolero, tengo que andar armado. En un rancho si no tienes pistola te roban tus vacas y se cogen a tu mujer, a tus hijas… y hasta a ti”.
La fama del padre J. Jesús Gallegos ha trascendido a la par de sus “sermones incendiarios” que son dardos punzantes para el sistema político mexicano. Él mismo reconoce que no se separa nunca de su pistola .45 con dos cargadores abastecidos al cinto, que al igual que los rezos a Dios y a la Virgen de Guadalupe, dice, lo libran de todo mal.
El “padre pistolas” nació el 9 de julio de 1951 en la localidad de Tarimoro, Guanajuato. Desde muy niño le nació la vocación religiosa. En 1966, se incorporó al seminario en donde estuvo 12 años, para luego sumarse a los misioneros Combonianos, donde definió su causa “Ad Gentes”, traducida en trabajo al servicio de los más necesitados.
Llegó de manera “temporal” a Acámbaro, Guanajuato, en donde –con el cariño de la gente- permaneció 25 años. Posteriormente fue cambiado, como castigo, a la comunidad de Chucándiro, Michoacán.
Todos lo conocen más por su apodo que por su nombre de pila. Después de todo, el nombre se lo pusieron, pero el apodo se lo ganó.
El título de “padre pistolas” se remonta a cuando una vez Cruz Lizárraga lo invitó a cantar en una kermés en el pueblo de Parácuaro.
“Allí había un muchacho homosexual que se llamaba Miguel Malangón”, cuenta el clérigo con un brillo especial en los ojos, “me comenzó a dedicar canciones, y decía: ‘Esta canción es para el padre del pistolón… Ahora, esta canción es para el padre pistolas que esta reguapo´, y entonces toda la gente me comenzó a decir así, y así se me quedó”.
No era santo de su devoción
El “padre pistolas” deja ver que el excomisionado Alfredo Castillo nunca fue santo de su devoción. Lo dice claro y fuerte.
“Yo lo vengo diciendo desde hace meses: ese comisionado que mandaron, nomás vino a robar, ¿dónde están los millones de dólares? ¿Dónde están las miles de toneladas de fiero que iban a vender? ¿A nombre de quien están esas minas que les quitó al narco? El padre Goyo, que es igual o más hocicón que yo, pos’ se apendejó. Porque de paso, fue el comisionado el que lo mandó a la banca”.
Con índice de fuego
La fama de J. Jesús Alfredo Gallegos no es fortuita. Es el único sacerdote de la Iglesia Católica en México, y posiblemente en el mundo, que sin dejar de lado su espiritualidad y bondad social, trae pistola y reconoce la necesidad del uso de armas.
Siempre es necesaria una pistola, asegura.
“En todo el mundo está permitido usar un arma, menos en México. Si anduviéramos armados, estos cabrones (el crimen organizado) no se nos acercaban tanto, ni nos andaban secuestrando. A lo mejor no es una solución, pero si la policía está coludida con los narcos, y tú le hablas a la policía y los primeros que llegan son los narcos y te joden, ¿qué confianza se puede tener en la policía?”.
El culpable de la creciente ola de inseguridad en todo el país, es el Estado, dice sin titubeos. Si a la gente se le permitiera armarse, los delincuentes se la pensarían dos veces antes de atacar.
“Pero desde Echeverría para acá, nos desarman, no nos dejan ni un cortauñas. El año antepasado llego el Ejército, casa por casa, se llevó todas las pistolas y rifles que encontraron, sin orden judicial, cuando el artículo 14 constitucional dice que nadie puede ser molestado en su domicilio en sus propiedades o en su vehículo. Ese es el estado de derecho del que hablan los políticos”.
Reflexiona. Se queda silencio. Repasa en su cabeza lo que acaba de decir. Se envalentona y sigue: “Por eso no me quieren a mí, porque siempre alguien se molesta cuando me preguntan cosas y yo doy unas respuestas muy claras. Se molestan mucho cuando digo que la gente me dice que el día de las elecciones van a tachar las boletas y vas a escribir: ‘Chinguen a su madre’, porque están hasta el gorro de los políticos”.
Para el “padre pistolas” lo más triste de todo es que en México el gobierno tiene en la miseria a los campesinos.
“En lugar de pagar a 7 mil pesos la tonelada de maíz y sorgo, nos la pagaron a 4 mil pesos hace dos años, y ahora a mil 900 pesos. En cambio, el fertilizante está por las nubes. Se quedaron descapitalizados. Les pusieron en la madre a todos los pobres campesinos. Por eso dicen que les van a rayar la madre el día que voten. No quieren saber de ningún partido”, recalca.
Ni con Dios ni con el Diablo
El padre Gallegos, al lado del padre Gregorio López, son los únicos dos sacerdotes que abiertamente han cuestionado la intervención del Gobierno Federal en Michoacán.
El “padre pistolas” no se ha querido involucrar con los grupos de autodefensa. Los dos sacerdotes tiene contacto, pero a la distancia.
“Me mandó llamar el padre Goyo López, el padre de Apatzingán. Pobrecito, me mandó una camioneta blindada con 10 cabrones. Yo dije, ¿qué voy a hacer para allá?, yo en primer lugar defiendo mi sacerdocio a como dé lugar”. Es su forma de decir que declinó involucrarse con el grupo de civiles armados.
Aunque reconoce que el brote de las autodefensas en Michoacán fue una reacción natural de la gente. El pueblo tuvo que recurrir a su derecho a portar armas para defenderse de la delincuencia. Él cree en una autodefensa personal, hay algo de empatía con el movimiento, pero con sus asegunes.
“Yo celebro mis misas y confieso, y escribo y digo sermones muy bonitos, soy un hombre espiritual, respetuoso, no me emborracho, no robo, y si soy malhablado es porque nos hacen encabronar”.
El “padre pistolas” asegura que siempre se ha mantenido lejos de las tentaciones. Cuenta que en su momento Nazario Moreno Gonzalez, “El Chayo”, jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, le manaba mensajes “tentadores” ofreciéndole sobornos y placeres.
“Me mandaba unas muchachas guapas, para tentarme. Me ofrecía dinero para mis obras y unas mujeres muy guapas que me iban a buscar para llevarme a pasear, pero con la gracia de Dios nunca caí en el pecado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Ocurre con tanta frecuencia que mucha gente ya no le da importancia. No denuncia. No se queja. Ni siquiera hay cifras confiables al respecto. Es la tortura. Juan Méndez, relator de la ONU, investigó esta problemática en México el año pasado, recogió testimonios y este lunes 9 presentará su informe en Ginebra. Golpes, toques eléctricos, asfixia, violaciones tumultuarias, presión psicológica son, de acuerdo con el documento, instrumentos cotidianos de las autoridades para obtener confesiones o, peor aún, para intimidar a periodistas o activistas sociales. Y el Protocolo de Estambul sigue sin aplicarse en el país…
BRUSELAS: “La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El relator especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad, y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas.
“La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Esto se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la posibilidad del Ministerio Público de ampliar el plazo de detención (‘retención’) previo a la presentación judicial.”
Los párrafos anteriores forman parte del reporte dedicado a México que este lunes 9 presentará en Ginebra, Suiza, Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y el cual se deriva de la visita que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014.
La presentación del documento –que incluye recomendaciones al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto– ocurrirá durante el vigesimoctavo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El reporte de 22 páginas –copia del cual obtuvo Proceso– abunda en cuestionamientos a las autoridades mexicanas por su ineficiencia en la prevención, investigación y sanción de la tortura, la cual es utilizada “para castigar a los detenidos y extraer confesiones o información incriminatoria”, se explica.
En el reporte se dice que es “dificultoso” conocer el número real de casos de tortura en el país, pues no hay un registro nacional y cada estado dispone de sus propios datos; además, muchos casos no se denuncian “por temor a represalias o desconfianza, y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”, señala.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) informó que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, 14 elementos de la Policía Federal, y de éstos fueron consignados ante el juez Séptimo de Distrito en la entidad, 13 implicados en el secuestro de un empresario de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
De la indagatoria se desprende que un grupo de policías federales acudió al establecimiento comercial de la víctima, ubicado en Matamoros, Tamaulipas con el argumento de que había personas armadas, por lo que le ordenaron que los acompañara.
Lo despojaron de su cartera, del teléfono celular y emprendieron la marcha por carretera, hasta que lo bajaron de la unidad para cambiarlo a otra, privándolo de la libertad por varias horas.
Por lo anterior, la delegación estatal recibió la denuncia por parte de familiares y trabajadores del empresario. Posteriormente el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó el apoyo a la propia Policía Federal para localizar a la víctima y detener a los probables responsables.
Al realizar diversos patrullajes en Reynosa, un hombre abordó a los elementos federales para informarles que en la calle Pico Broad esquina con carretera Reynosa-San Fernando, estaba un hombre pidiendo ayuda, siendo éste la víctima del secuestro.
Al continuar con las investigaciones, los elementos de la Policía Federal destacamentados en Reynosa, Tamaulipas encontraron indicios en la comisión del delito, por lo que los detuvieron y pusieron a disposición del agente del Ministerio Público Federal.
Derivado de las declaraciones de los testigos, la víctima, así como de los elementos federales, se les fincó la probable responsabilidad en el delito de secuestro, por lo que una vez agotadas las diligencias de ley, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noreste, de Tepic, Nayarit, donde se encuentran a disposición del juez Séptimo quien determinará su situación jurídica.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Integrantes de la organización civil Letra S, junto con familiares y amigos de Óscar Ramírez Siordia, sentenciado a 27 años y medio de prisión por el delito de homicidio calificado en contra de su pareja, presentaron esta mañana la campaña #JusticiaParaOscarR para denunciar la discriminación de la que fue objeto debido a su orientación sexual.
A casi cinco años del encarcelamiento de Oscar, demandaron la “justa revisión del caso” en apego a los mandatos constitucionales del respeto a los derechos al debido proceso y a la no discriminación y trato igualitario ante la ley.
A fin de garantizar investigaciones y procesos judiciales libres de prejuicios derivados de la orientación sexual o la identidad de género de las personas, la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas, cuerpo de abogados defensores de Óscar, solicitó la atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un comunicado, destacaron que la campaña #JusticiaParaOscarR pretende dar visibilidad y subrayar la relevancia pública del caso, ya que el de Óscar no es el único caso producto de los prejuicios homofóbicos de jueces y agentes de investigación.
“Cuando el sistema de justicia penal se encuentra ante casos de homicidios de personas homosexuales, de inmediato el prejuicio se activa y se califica en automático como ‘crimen de tipo pasional’, lo que lleva a incriminar a las parejas o amantes de las víctimas, como le sucedió a Óscar”, detallaron.
La mañana del 7 de julio de 2010, al acudir al departamento de Jacobo, su pareja por más de cinco años, Óscar, de 23 años de edad, encontró el cuerpo sin vida y de inmediato llamó a la policía y a los familiares de la víctima.
Óscar fue llevado al Ministerio Público en calidad de testigo y de ahí pasó a la calidad de probable responsable. Las autoridades alegaron aparentes contradicciones en su declaración debido a que él vio al victimario en el departamento de su pareja el día en que fue asesinada.
Cuando Noé fue detenido, un mes después del hecho, declaró haber actuado solo y confesó que luego de atacar a la víctima extrajo algunos objetos de su domicilio. Además refirió no conocer a Óscar.
En su declaración confesó haber tenido una cita con Jacobo para sostener relaciones sexuales a cambio de un pago. Noé confirmó que Óscar salió del departamento poco tiempo después de haber llegado él con Jacobo. Ya estando solo con la víctima, Noé decidió no cumplir con el acuerdo y, en cambio, lo golpeó y sometió físicamente para dejarlo tendida en el suelo y llevarse una laptop y un celular.
Los promotores de la campaña sostuvieron que a pesar de esta confesión, la juez 49 Penal en el Distrito Federal que dictó la sentencia desestimó la declaración de Noé y determinó que ambos actuaron en complicidad, como sostuvo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), con base en estudios periciales mal elaborados y sin cadena de custodia, así como interpretaciones indebidas de la necropsia.
Sobre los supuestos motivos que los llevaron a cometer el crimen, el expediente asienta que “el único dato que se tiene” es que fueron de “carácter pasional”, juicio basado solo en la oriental sexual real o percibida de los involucrados.
Por todas estas irregularidades se interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia, que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ante los hechos, en julio de 2014 se presentó una demanda de amparo directo por violaciones a los derechos constitucionales a un debido proceso, a la no discriminación y al principio de igualdad en función de la orientación sexual, violándose los artículos 1, 14, 17 y 20 de nuestra Constitución.
Las organizaciones e instituciones acompañantes de Oscar consideran que se trata de un caso emblemático que debe ser valorado en función del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género dado a conocer por la SCJN en agosto de 2014.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
México fue uno de los 30 países citados ayer por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos debido a la violación de las garantías fundamentales en el país.
México y Venezuela son los principales países de América Latina que le preocupan a Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Ambas naciones fueron citadas “con preocupación” por Al Hussein en su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado ayer en Ginebra, Suiza.
El comisionado habló específicamente del caso mexicano y del venezolano, en donde la violencia ha trastocado las garantías fundamentales de los ciudadanos.
De acuerdo con un comunicado de la ONU, Zeid señaló que México es un ejemplo de la forma en que la violencia criminal sin control puede amenazar los avances democráticos.
El diplomático agregó que “son inquietantes” los vínculos entre el crimen organizado, las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y federales.
“La desaparición de 43 estudiantes en Iguala está lejos de ser un caso aislado, pero desafía a las autoridades a tomar medidas decisivas para poner fin a la impunidad y evitar esos crímenes”, precisó.
Venezuela en la mira
Con respecto a Venezuela, que ayer conmemoró la muerte de Hugo Chávez en medio de una crisis económica aguda, el Alto Comisionado destacó las duras respuestas del gobierno a las críticas y a las manifestaciones.
Agregó que “el uso letal de la fuerza contra los manifestantes es alarmante” y se dijo consternado por las detenciones de líderes de oposición.
EU no se salva
El representante de la ONU también pidió a Estados Unidos respetar los derechos humanos en su lucha contra el “extremismo violento”.
“Las operaciones antiterroristas que no son específicas, que son desproporcionadas, brutales y mal supervisadas, violan las mismas normas que buscamos defender”, aseguró Zeid.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
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