Esta mañana, el Consejo Democrático Magisterial Poblano, el Movimiento Autónomo Indígena Zapatista y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, advirtieron de la posible detención de los profesores Ramiro Arciga Martínez y Noemí Orea Moreno, quienes recibieron una orden judicial para comparecer este lunes ante el Ministerio Público de la Federación, sin que el citatorio señale claramente las causas o delitos que se les imputan.
Esto a pesar que Arciga y Orea Moreno, del Consejo Democrático en Puebla, interpusieron un amparo para evitar su posible detención.
En rueda de prensa, denunciaron que primero les quitaron sus fuentes de trabajo, al ser cesados de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y ahora son perseguidos y amenazados en su libertad.
En esta represión contra el profesor de Tehuacán, señalaron que el gobierno del estado jugaría un papel clave en la represión.
Por lo tanto, las organizaciones sociales temen que exista una detención del maestro Arciga, quien fue uno de los 41 profesores cesados por no aplicar la prueba Enlace.
Arciga y Orea, junto a 16 profesores, interpusieron una demanda ante el Tribunal de Arbitraje del Estado por el despido injustificado contra la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En su intervención, el maestro Miguel Guerra, de la disidencia magisterial, declaró que en Puebla se está viviendo un régimen de excepción, ilegal, sin respeto a la vida mucho menos a los derechos humanos.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: YADIRA LLAVEN ANZURES.
Manlio Fabio Beltrones indicó que se tomó la decisión con el objetivo de aclarar las dudas y que se deje atrás la desinformación surgida en este tema.
Los grupos parlamentarios decidieron este lunes 9 de marzo diferir el debate y la discusión del dictamen de la Ley General de Aguas, que mañana martes se votaría en el Pleno, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.
El también coordinador del grupo del PRI señaló que se tomó la decisión de posponerla el tiempo que sea necesario para que se aclaren las dudas y que se deje atrás la desinformación surgida en este tema.
Horas antes del anuncio, el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Kamel Athié Flores, desmintió que el líquido se vaya a privatizar, ya que el tema es considerado como un asunto de seguridad de nacional y por lo tanto está bajo la rectoría del Estado.
“Realmente aquí se ha hecho un abuso de las mentiras diciendo que el agua se va a privatizar, lejos de eso en la propia ley (General de Aguas) se considera el tema como de seguridad nacional, así lo está manifestando la ley y así está considerado”, acotó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Expuso que la iniciativa de la Ley General de Aguas no toca de ninguna manera los artículos 27 constitucional, donde queda intocable la propiedad de las aguas en favor de la nación, ni el el 115 constitucional, que le da a los municipios el privilegio de abastecer de agua a sus habitantes, ni tampoco se toca la Ley de Bienes Nacionales, que sería “el otro instrumento mediante el cual se pudiera privatizar el líquido”, argumentó.
Athié Flores afirmó que el dictamen de la citada legislación se trabajó desde hace dos años mediante reuniones con los representantes de diferentes sectores que involucran al sector agua, así como cinco foros que organizó la Cámara de Diputados.
Comentó que esta iniciativa de ley que reglamentará la reforma constitucional, que se hizo el 8 de febrero de 2012, reconoce el agua como derecho humano y tiene el aval del PAN y del PVEM.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN
"Queda el rayito de que la terna fuera desechada y eso hablaría muy bien del Senado, de que estaría escuchando el descontento", aseveró el ex Consejero de la Judicatura Federal
Si el Senado designa esta semana al embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, “será un triunfo para un grupo político, pero eso no le hace bien ni al grupo político ni a la Corte, ni a México, porque los nombramientos deben estar ajenos a cualquier consideración de este orden partidista o político “, sostuvo Mario Melgar Aladid, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En entrevista para Aristegui CNN, señaló que el proceso de elección del nuevo ministro se ubica en dos vías: una, la de carácter institucional , la que tiene que ver con lo que la Constitución establece, las normas, el marco normativo de, la asignación de los ministros de la Corte; y luego otra vía, que sería la personal en el caso específico de las propuesta que ha formulado el presidente para ocupar la vacante que dejó el fallecimiento del ministro Sergio Valls”.
Aseveró que “el sistema de designación es perverso porque va en contra de algo que la Constitución trata de preservar, que es la independencia y autonomía judicial, la independencia de los juzgadores al llevar a los integrantes de una terna a un examen que practica el Senado”.
Llevar el asunto al Senado ”ha inhibido, desde el 95 a la fecha, que algunos juristas destacados participen en la contienda, porque no les parece, como no les es oportuno o lastima su prestigio profesional, que vayan a ser reprobados por un grupo de senadores que no saben realmente de qué se trata cuando estamos hablando de un juez constitucional, que es algo muy complejo, hay un problema que se tendrá que resolver pronto, para que se elija por la vía directa”, aseveró.
“El sistema es perverso, atenta contra la independencia judicial, (no obstante) es conveniente que participe el Senado, porque permite el equilibrio de poderes”, agregó.
Comentó que no es necesario que se dé “un abanico de opciones al Senado, basta que el presidente haga muy bien su tarea, tiene todos los elementos para allegarse de toda la información de quién puede ser”.
Pero “no se hizo bien esa tarea, que es elemental y uno esperaría que la Presidencia de la República le diera cuenta a la propia Corte y al Senado para saber sobre qué terreno se pisa”.
Por lo que “ahora nos encontramos con muchas sorpresas, una de ellas es que los magistrados no tenían la menor idea de que iban a ser designados, cuando se propone a alguien, lo mínimo, por respeto personal, es preguntarle si aceptarían la postulación”.
“Estamos viendo nuevamente a un funcionario público de muy alto nivel, como es el embajador de México en Estados Unidos, la embajada más importante de México en el mundo, es la que está en Washington, y el representante de México en ese país va a saltar directamente, si es aprobado, de ese cargo al de ministro de la Corte”, expuso.
“Lo que la reforma del 95 trató de evitar , por ello es que no pueden los gobernadores, no pueden los secretarios de Estado, los diputados o senadores, ser directamente ministros después de haber ostentado estos cargos, para evitar algo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Cámara de Diputados y en el Senado, en que tenemos estos chapulines que van de un cargo a otro y así se la van brincando”, remarcó.
Melgar Aladid también dijo que “el tema de si el embajador Medina Mora cumple o no el requisito, es discutible, porque hay quienes pensamos que no, porque la Constitución dice muy claramente que debió haber residido los dos años anteriores en la República Mexicana, que no es el caso, se da la interpretación diciendo que la embajada es territorio mexicano y que ahí tiene su domicilio”.
Sin embargo, para haber viajado a Estados Unidos tuvo que haber obtenido un visado como diplomático, para residir con el permiso de ese país, explicó.
Entonces “me parece que no cumple, e interpretar esas leyes es algo que técnicamente no es conveniente”.
También recordó que “hay otro requisito que es subjetivo pero importante: que los candidatos para ser ministros deben gozar de buena reputación, no me atrevería a decir que Medina Mora no tiene una buena reputación pero sí señalaría que un número importante de personas se han opuesto, argumentando que su desempeño como procurador general de la República, no fue bueno”.
El elemento personal a señalar es que su relación muy cercana con el presidente, hace que se convierta en un nombramiento político, aseveró.
“No se han tomado en cuenta a muchos otros juristas mexicanos que son magníficos y que no hubieran recibido reproches, y el lugar lo ocupa alguien de un grupo político”, señaló.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Se incluye infraestructura, explotación, distribución y cobro de agua potable. La madrugada del miércoles Hacienda modificó la iniciativa de dictamen de Ley Nacional de Aguas, señala el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Cambió el orden de los artículos, dice.
El porcentaje en que la iniciativa privada participará en los proyectos de infraestructura, explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable al usuario final será decidido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como se define en el dictamen de la Ley General de Aguas promovido por el gobierno federal a través de PRI y PAN en la Cámara de Diputados.
‘‘La intervención de las empresas en los proyectos hidráulicos se remite a un reglamento interno de la Conagua que no conocen los legisladores, porque no se nos permite acceder a él’’, cuestionó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).
Adiciones nocivas
El legislador explicó, en entrevista, que si bien él participó por acuerdo de su grupo parlamentario en las negociaciones iniciales para la iniciativa –la cual se dictaminó la semana pasada–, el gobierno de Enrique Peña Nieto introdujo adiciones al texto original que van hacia la privatización del agua en México.
‘‘Pudimos lograr algunos acuerdos, como sacar todo un capítulo sobre la fractura hidráulica, pero de último momento cambiaron el dictamen; incluso intervino la Secretaría de Hacienda para modificar la iniciativa y el PRD no puede acompañar ese documento’’, dijo.
–¿Qué introdujo Hacienda en el dictamen?
–Ocurrió en la madrugada del miércoles. El proyecto de dictamen lo circularon a altas horas de la noche y todavía Hacienda presentó sus consideraciones. Eliminó, por ejemplo, todo lo relacionado con la acuacultura e incluso el orden y redacción de los artículos, con lo que se altera el sentido de la iniciativa para abrir el sector del agua a la iniciativa privada.
‘‘Se elevan las concesiones de 25 a 35 años y eso no garantiza el derecho humano al agua; por eso no podemos votar esa ley en la sesión de este martes. Es una ley nociva que da entrada a las empresas en asignaciones directas. Si bien logramos la obligación de informar semestralmente el padrón de concesionarios, se nos impidió (realizar) cambios de fondo.’’
–¿Y qué fue lo que se modificó del proyecto de la Conagua?
–Que se suprimiera todo el capítulo de fracturación hidráulica, pero aun así, PRI y PAN introdujeron la figura de ‘‘uso industrial’’ del agua para la extracción de hidrocarburos.
–Los trasvases, ¿cómo afectarán regiones abundantes en agua, como Tabasco?
–Trasladar volúmenes de agua de una cuenca abundante a otra con escasez será necesario, pero no por el capital privado; en la ley eso no queda regulado. Por eso dejamos la negociación, ya que no vamos a avalar una ley que es nociva para la sociedad.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.
MÉXICO, D.F: Ante la violencia que azota al país, el expresidente Vicente Fox sugirió al gobierno mexicano dialogar con el crimen organizado para encontrar un camino de paz.
“La estrategia tiene que ser de gran inteligencia, tiene que ser de una búsqueda para terminar la violencia sin provocar violencia. Yo creo firmemente, inclusive lo he llegado a mencionar, en que se puede dialogar hasta con los criminales, todo ser humano es rescatable, todo ser humano merece una segunda oportunidad, creo que se debe hacer una estrategia en ese sentido”, destacó el exmandatario.
Respecto a si se debiera pactar con el crimen organizado, Fox respondió que “es un asunto complicado, pero cito ejemplos: el problema de Libia, de alguna manera están haciéndose negociaciones y sosteniendo diálogo, ahora sí que como dijo Napoleón los tambores sonando y el diálogo caminando; tiene que encontrarse la armonía, la paz social”.
Y enfatizó que las recientes detenciones de los líderes del crimen organizado como Servando Gómez Martínez La Tuta y Omar Treviño El Z-42, no garantizan que se acabe la inseguridad.
“Este es el escenario único donde los seres humanos damos nuestro mejor rendimiento, entonces avanzar hacia la tranquilidad, hacia paz y armonía sobre cualquier vehículo, es un bien superior que debemos de buscar”, agregó el exmandatario.
El expresidente sostuvo que la estrategia de seguridad debe cambiar ya que la violencia no se pueda acabar a golpes y palazos.
Fox comentó que los que se van al lado del crimen es porque no tuvieron la oportunidad de participar en música, en una orquesta sinfónica, de tener un empleo y una ocupación productiva, de tener un ingreso para sostener a su familia, un espacio en la universidad.
“Mientras no proveamos estos mínimos necesarios de oportunidades a todo mundo en México, seguiremos en esta confrontación”, afirmó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: A las 8:00 de la mañana, vecinos de las colonias Acacias, Crédito Constructor y La Florida decidieron cancelar las pipas de agua tratada que compraban con sus propios recursos para no dejar morir el arbolado de Río Mixcoac.
Desde hace meses, el gobierno capitalino había suspendido el programa de riego en el sector que esta mañana despertó con 300 árboles menos de los 855 que están próximos a ser talados para avanzar en los trabajos de construcción del doble túnel que se proyecta construir en la zona.
“Los estaban matando de sed”, dice Susana Kanahuati, urbanista vecina del sur de la ciudad que participaba en las colectas de colonos para mantener con vida el arbolado.
Sin aviso previo de que había llegado la fecha de la devastación, alrededor de 50 camiones de redilas se posicionaron por la madrugada en la vialidad, a la que arribaron varias cuadrillas de trabajadores cargando motosierras, cuerdas y otros implementos que convirtieron lo que hasta ayer fue área verde en improvisado aserradero, con custodio policiaca.
La inconformidad ciudadana por lo ocurrido motivó que vecinos de la zona cerraran un tramo de la avenida con los troncos aserrados y, para las 8:00 de la mañana posicionaron la etiqueta #RíoMixcoac en redes sociales entre los 10 temas nacionales, y convocaron a una manifestación.
Desde las 11:00 de la mañana, varias decenas de vecinos expresaron su inconformidad, a pesar de que ayer ya habían sido replegados por un contingente de granaderos cuyas acciones se repitieron hoy, aumentando el grado de agresividad mientras embestían a las familias que se dieron cita en el sector con todo y niños.
El sector es de alta plusvalía y forma parte de la delegación Benito Juárez, uno de los municipios con mayor calidad de vida del país.
En diferentes grupos, algunos colonos permanecían en el camellón mientras que otros decidieron cerrar la vialidad, no sin antes calcular que el cierre evitara afectar el flujo vial por una de las calles que conectan las colonias del norte del sector con La Florida.
De nada les sirvió la previsión pues si hasta entonces permanecían bajo vigilancia policial, la llegada de los granaderos inició la confrontación poco después del mediodía.
Rápidamente, los hombres que estaban presentes rodearon a las mujeres y niños que participaban, mientras la fila de granaderos avanzaba, sin toletes, pero con escudos empujaban, como suele hacerlo ese cuerpo policiaco, pateando a los manifestantes por debajo de los escudos hasta orillarlos a la banqueta, donde permanecieron encapsulados.
“Es una canallada”, consideró el activista Daniel Gershenson que, indignado por “el ecocidio”, acusa la brutalidad gubernamental, “la forma más cobarde de imponer un proyecto”.
Los capitalinos con Atlacomulco
La tala nocturna de cientos de árboles, coincidentemente ejecutada en plena contingencia ambiental, forma parte del proyecto de construcción de un doble túnel deprimido que medirá alrededor de 1.1 kilómetros y es considerada desde ya, como la obra emblemática que se plantea la administración de Miguel Ángel Mancera.
Para Daniel Gershenson, detrás de eso están los negocios inmobiliarios que en los últimos años han devastado áreas verdes para construir las megaobras viales, primero con el Segundo Piso del Periférico; luego, con la Supervía; posteriormente con los trazos del Metrobús y, ahora, con el doble túnel.
Calculado por revistas del sector inmobiliario desde hace al menos cuatro años, el doble túnel pretende detonar un corredor inmobiliario que, por lo pronto, asignó la obra sin transparencia, pues los vecinos debieron hacerlo con una solicitud de información y, ante la resistencia del gobierno capitalino que finalmente se vio obligado a informar por instrucción del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal.
El resultado de la transparencia fue que la obra será realizada por la misma empresa que construyó el Segundo Piso del Periférico, la Torre del Senado de la República y algunos puentes en Acapulco, en los tres casos con malos resultados. Se trata de Grupo Indi y subsidiarias, que dirige Manuel Muñozcano, ampliamente favorecido con contratos de obra durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.
El consorcio se completa con La Peninsular, constructora de Grupo Hermes, de Carlos Hank González, cuyo Grupo Financiero Interacciones, funge como aseguradora de la obra.
Desde hace dos años los vecinos sabían de la obra y enviaron a sus representantes vecinales a investigar. Nunca tuvieron resultados, hasta que en noviembre, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que estaba por iniciar la construcción.
Al confrontar a sus representantes, éstos nunca dieron información y resultó que habían firmado documentos en nombre de los vecinos, aun cuando la Ley de Participación Ciudadana no los faculta para eso, explica Susana Kanahuati.
Fue entonces cuando empezaron a promover las solicitudes de información, y ya enterados a tramitar un amparo. En trámites y denuncias estaban cuando anoche se realizó la tala de lo que estiman, fueron unos 300 árboles.
Sin embargo, se espera que en las próximas horas las cuadrillas continúen lo que han iniciado, pues el plan oficial contempla la desaparición de 855 árboles. De ahí que, por la mañana, surgiera la confusión sobre la cantidad que se aserró en las primeras horas del día.
En el proyecto también se contempla un parque lineal, que sin embargo, no contempla árbol adulto pues las raíces comprometen el túnel, explica Kanahuati.
Los entrevistados acusan que hay proyectos más amigables con el ambiente, pero que no generan el dinero que hay en estas obras. Gershenson lo expresa así:
“Pretenden compensar el ecocidio con parques de bolsillo, de florecitas desechables y pasto. Los responsables del medio ambiente en realidad sirven para gestionar las obras, en su tiempo Claudia Sheimbaun, luego, Marta Delgado y ahora, Tania Müller… son una misma escuela”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Alejandro González Iñárritu declaró en una entrevista para el diario italiano La Repubblica que en México “el Estado es la corrupción”.
Según el cineasta, en este país “cualquier persona se encuentra con posibilidades de ser secuestrada”.
“Puedo volar a donde quiera, pero no puedo cortar mis raíces pues parece que hoy en día la corrupción ha llegado a los niveles más básicos de la vida.
“(En México) antes secuestraban a los ricos, pero actualmente lo hacen con quien vende verduras o refrescos”, dijo el ganador del Óscar como Mejor Director por la película Birdman.
“Los gobiernos ya no forman parte de la corrupción. El Estado es la corrupción”, sentenció.
Durante la entrevista que se centró en su próxima película donde trabaja a lado del también ganador del Óscar, Emmanuel El Chivo Lubezki, González Iñárritu sostuvo que México tiene miedo pues ya no se sabe en quién confiar.
El cineasta afirmó que experimenta un miedo similar al que dan los lobos. “Tenemos miedo porque no los vemos. Podemos ir a un lugar a presentar una denuncia y el lobo puede estar ahí, pero no lo ves. Vivimos en una estepa”, destacó.
González Iñárritu ya había causado polémica tras sus polémicas declaraciones en la más reciente entrega del Óscar, en donde hizo votos por que los mexicanos “podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La esperanza de los mexicanos que han sido protagonistas de abusos y delitos se extingue. La legislación que vendría a apoyar el proceso de reparación del daño está rezagada. La mayoría de los estados y sus autoridades muestran poco interés en resolver el problema.
La principal deuda histórica que tiene el Estado mexicano con la protección y atención a las víctimas de este país está muy lejos de saldarse.
La debilidad institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la falta de voluntad política de los estados para homologar la Ley General de Víctimas han incinerado las esperanzas que tienen los mexicanos por alcanzar la justicia y la reparación del daño.
En este juego de deslindes de competencias y responsabilidades entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales son las víctimas las que salen con la peor parte.
El riesgo de una revictimización de las víctimas es muy grande.
Un reclamo que no se escucha
A dos años de haber entrado en vigor la Ley General de Víctimas (LGV), existe un importante rezago en la conformación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, instancia superior para atender el principal reclamo que existe en la sociedad mexicana.
Pero la omisión principal se encuentra en los estados en la creación de las comisiones estatales de atención a víctimas de delitos y de la violación de sus derechos humanos.
El último reporte sobre el proceso de armonización de la Ley General de Víctimas en las entidades federativas ofrece resultados –más que lamentables- hirientes.
A casi un año de haberse vencido el plazo legal para aterrizar la Ley General de Víctimas, existen 10 estados que ni siquiera han comenzado el proceso para homologar su legislación como establece la LGV.
Quince estados tienen a medias este proceso de armonización y 7 entidades pueden decir que cuentan con una comisión estatal de víctimas operando, un registro y un fondo de reparación.
“La deuda con las víctimas es enorme”, reconoce Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la instancia que creó el gobierno mexicano para atender esta problemática.
“Como Estado mexicano hemos fallado a las víctimas y reconocer la deuda histórica que tiene el Estado mexicano requiere de mucha valentía.
“El Estado debe de asumir la responsabilidad de no haber garantizado estos derechos (la seguridad, la justicia y la verdad ) y reparar”, refiere.
Sin recursos no hay leyes
La Ley General de Víctimas fue aprobada en el Congreso el 30 de abril de 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, pero entró en vigor hasta 8 meses después, cuando el presidente priista Enrique Peña Nieto ordenó -en enero de 2013- desistirse de la controversia que había presentado en su momento el mandatario panista.
La nueva legislación fue reformada en mayo de 2013.
En los artículos transitorios se otorgaba un plazo de un año –que se vencía en mayo del 2014- para que los estados cambiaran sus leyes para adaptarse a la LGV.
Ningún gobierno estatal cumplió dentro del tiempo legal.
El último reporte de la CEAV exhibe como los estados que ni siquiera han comenzado el proceso de actualización de la nueva Ley a Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Hay 15 estados que registran avances en la armonización, pero su proceso está a medias: algunos tienen comisiones estatales de atención, pero carecen de fondo de reparación.
En esta situación se encuentran los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Nuevo León.
También en esta lista está Puebla, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Para la CEAV en este momento solo 7 estados son los que han cumplido con la correcta armonización de la Ley General de Víctimas.
En esta lista se encuentra Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa.
Es decir: tienen una comisión de atención a víctimas autónoma, operan un registro estatal y cuentan con un fondo de reparación del daño.
Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente del CEAV, dice que es la falta de recursos la principal excusa que han ofrecido los estados para no cumplir con la Ley General de Víctimas.
“Yo creo que no puedes poner como excusa la falta de recursos para atender una deuda tan grave, tan importante para la ciudadanía y tan sensible”, comenta el comisionado.
Sin registro de los desaparecidos
La omisión de los estados en el cumplimiento de la LGV ha impedido la operación plena del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se supone es la máxima instancia del gobierno mexicano para atender este reclamo ciudadano.
Una de las principales obligaciones que tienen las comisiones estatales de atención a víctimas son alimentar el Registro Nacional de Víctimas y atender los casos de víctimas del delito del fuero común.
Entre los estados que no han iniciado el proceso de armonización de la Ley General de Víctimas sobresalen los casos de Distrito Federal y del Estado de México, que son los más grandes del país.
“Los que menos se han adaptado es curiosamente el Distrito Federal, que es un estado pionero en atención pero que no tiene una comisión ejecutiva, no tiene fondo y no tiene un registro de víctimas propio donde se reúnan a las víctimas”, explica Rochín del Rincón.
“El Estado de México tampoco se ha armonizado siendo que es una de las instituciones que tiene buena atención con un centro estatal de víctimas”.
Entre los estados cumplidos hay casos especiales como el de Nuevo León, que sí tienen ya instalada una comisión ejecutiva para la Atención de Víctimas, sin embargo ésta no es autónoma y la creación del fondo de reparación del daño está en proceso.
Es el mismo caso de los estados Tamaulipas y Durango, que ya tienen operando comisiones sin embargo estas dependen de las procuradurías estatales.
Existen además estados que han aprobado sus legislaciones en homologación con la Ley General de Víctimas, pero que no han publicado sus legislaciones.
En esta situación se encuentran entidades como Baja California Sur, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Los estados de Michoacán y Guerrero, en los últimos dos meses, aprobaron su legislación en base a una Ley Modelo de la CEAV.
Expedientes del incumplimiento
Hace 6 meses se publicó que en la CEAV no estaban conformados ni el Fondo ni tampoco el Registro Nacional de Víctimas como lo establece la LGV desde hace un año.
Los plazos se habían vencido y los estados habían incumplido con la homologación aprovechando la poca fuerza institucional que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Nosotros hemos tratado dentro de nuestras facultades de señalar públicamente el incumplimiento, pero claramente ha sido insuficiente”, reconoce Rochín del Rincón, comisionado presidente del CEAV.
“A veces cuesta semanas para que te den una reunión, pero al final te la dan”.
Rochín del Rincón asegura no hay justificación para que los estados no tengan sus comisiones ejecutivas estatales instaladas antes de que concluya el primer semestre.
El presidente comisionado de la CEAV se compromete que al término del primer semestre de este año el 80 por ciento de los estados tendrán instalados sus comisiones de atención a víctimas.
“Este año, en este semestre, debemos de tener las comisiones ejecutivas funcionando por lo menos en un 80 por ciento”, asegura.
Los estados –de acuerdo a la LGV- le toca atender a las víctimas del fuero común y están obligados a tener un registro de víctimas y un fondo de reparación del daño.
La CEAV hace dos meses apenas pudo reactivar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y entregó hace un mes el primer apoyo a una víctima de la violación de sus derechos humanos.
Los derechos de las víctimas en los estados donde no han adaptado sus leyes no están garantizados porque no pueden recurrir directamente a la CEAV.
Esto porque los comisionados aprobaron el año pasado una resolución que impide que las víctimas del fuero local soliciten el apoyo de la CEAV para inscribirse en el Registro Nacional de Víctimas.
“Nosotros por nuestras competencias sólo atendemos casos de víctimas del delito y derechos humanos del fuero federal”, dice Rochín del Rincón.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
El observatorio de medios del ITESO creó un apartado electoral para vigilar las campañas de este 2015, ya inmersas en un nuevo marco jurídico. En el análisis hasta ahora, Sofía Paláu Cardona, coordinadora del proyecto, señala que las coberturas mediáticas se inclinan por lo polémico.
“Los spots no describen a un político sino que presentan una proyección de la imagen que quiere dar de sí mismo”, expresó Bernardo Masini Aguilera, profesor en lingüística del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en el primer foro del Observatorio Q ITESO: Análisis crítico de medios, celebrado el 25 de febrero pasado.
Desde el observatorio de medios de la casa de estudio de corte jesuita se prepara un seguimiento a las que serán las primeras elecciones tras la reforma político-electoral –publicada desde el 9 de julio de 2014 en el estado de Jalisco.
Con un nuevo marco normativo, y con el empleo de diversas actividades mediáticas en busca de la obtención del voto, desde el observatorio académico se ha propuesto seguir cada una de las acciones de los candidatos a diferentes cargos de elección popular en Jalisco, poniendo así los comicios bajo una lupa crítica.
“¿Qué dicen los medios de las elecciones intermedias en Jalisco?”, cuestiona el monitoreo semanal de Q ITESO sobre lo que hasta ahora han sido las precampañas, iniciadas el 28 de diciembre pasado, y lo que se denomina como “intercampañas”.
Dicho monitoreo se divide en tres apartados que dan seguimiento a las notas periodísticas y artículos de opinión alrededor de los partidos políticos, candidatos e incluye el quehacer de la autoridad electoral, en el caso local el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco.
En entrevista con Reporte Indigo, Sofía Paláu Cardona, coordinadora de Q ITESO, habla del origen de la propuesta y explica cuáles son las temáticas que ya se analizan.
“Igual que en el 2012, armamos un proyecto de investigación y de difusión sobre la campaña, empezamos a trabajar con el arranque del semestre (escolar) y la primera etapa todavía la estamos trabajando, tiene que ver con las precampañas”, explicó Paláu Cardona.
Son siete las líneas de investigación que se están revisando en el marco del periodo electoral, que incluyen rubros como la relación temas-actores, cobertura y tratamiento en las primeras planas de los diarios locales.
Además, análisis de los spots publicitarios, cumplimiento o incumplimiento del marco normativo, cambios en el sistema de medios, publicación de encuestas en los medios y redes sociales y mundos virtuales.
También hay análisis de la encuesta del propio observatorio, basado en los electores y las audiencias del contenido electoral que ya invade los distintos medios de comunicación.
De entrada, el grupo disciplinario trabaja con un monitoreo diario que se realiza con siete periódicos locales, los cuales dan un primer acercamiento al tratamiento que éstos tienen con la coyuntura electoral.
“Ese trabajo de las precampañas se está publicando, todos los días a las nueve de la mañana, en la pagina del Q ITESO. Es el primer nivel, la información en compendio, si alguien tiene interés en darle seguimiento a las campañas puede revisar eso”, señaló la académica.
Precampañas marginales
Algunos de los datos que ya han arrojado las investigaciones académicas del monitoreo es que, al menos en el tratamiento de las primeras planas, el tratamiento del periodo de precampañas ha sido poca, según la entrevistada.
“La prensa no le está dando, o no le dio, suficiente cobertura al tema de las precampañas. Había muy poquitas notas, prácticamente pasó desapercibido en términos de cobertura de la prensa.
“En primeras planas no estaba presente o muy marginalmente. Eso es lo más destacable del primer informe, poca cobertura”, refirió Paláu Cardona.
En el caso del seguimiento al cumplimiento de la normatividad y lo que los medios generan, aunque la académica reconoce que por parte de la prensa, radio y televisión sí se da seguimiento a dicho rubro, éste se empaña con la búsqueda de los datos morbosos o el sensacionalismo y la polémica.
“Pareciera que la cobertura está más puesta en términos de aquello que es escandaloso, de aquello que genera visiones de escándalo negativas o, digamos, que generan nota y en ese sentido general venta de periódicos, por ahí anda el trabajo”, expuso Sofía Paláu.
Además se muestra un trabajo de monitoreo de los spots publicitarios de los tres principales precandidatos, hoy candidatos, por Guadalajara
Del PAN, Alfonso Petersen; del PRI, Ricardo Villanueva; y de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro.
“Hay una visión, todavía muy general, respecto como se presentan frente a los medios y los públicos en estos pequeños spots: Ricardo Villanueva dándose a conocer, Petersen hablando de lo que lo respalda para contender por la presidencia municipal de Guadalajara
“Y Alfaro más con una mirada a futuro, que serían los tres mensajes que están haciendo circular”, concluyó Paláu Cardona sobre el tema.
Por ahora el trabajo presentado por el observatorio electoral de Q ITESO es preliminar, aunque ya se muestran algunas investigaciones e informaciones que dan muestra del tratamiento mediático del tema. Su trabajo principal será en el periodo de las campañas, que inician el próximo 5 de abril.
Un informe recargado
Aunque ya experimentados con el seguimiento en el 2012, la académica reconoció que apenas se están calentando motores y experimentando con las nuevas reglas electorales, en específico, con el periodo previo a las campañas, es decir, con las precampañas y las “intercampañas”.
Explicó que los resúmenes semanales apenas son informes piloto que serán referente para lo que reporte Q ITESO en un trabajo más elaborado sobre el contexto electoral de Jalisco. Son apenas cuatro informes semanales los que ya se han presentado.
“La idea es que tanto estudiantes como profesores, logremos pilotear nuestras metodologías para que ya en abril, cada semana, entreguemos un informe de lo que está pasando ya en las campañas”, agregó.
Más allá del monitoreo mediático también se busca la generación de lo que Q ITESO llama audiencias críticas, por medio de tres foros abiertos al público en general que se llevan a cabo en las instalaciones del ITESO.
Ya se tuvo un primer foro en el que se analizaron los spots publicitarios, el siguiente versará sobre el cumplimiento o incumplimiento de los nuevos marcos normativos de la ley electoral y se finalizará con la revisión de las encuestas de opinión que se generan.
“Están participando 18 estudiantes de licenciatura, que son de las licenciaturas de Periodismo y Comunicación Pública, en Ciencias de la Comunicación, en Diseño, en Ciencias Políticas, y Relaciones Internacionales. Además participa un estudiante de la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, participamos 14 profesores”, relató Paláu Cardona.
Hasta ahora, por medio de su página web, el observatorio electoral ya ha presentado pruebas piloto sobre investigaciones realizadas del periodo de las precampañas.
Hasta el momento van cuatro documentos presentados, de las siete distintas líneas de investigación, y se estarán presentando posteriormente los de otras investigaciones previas.
“Está previsto que al término del proyecto cada una de las líneas de investigación formule un pequeño artículo y eso va a constituir nuestro libro, que siempre publicamos cada año.
“Va a estar centrado en ese tema, en las elecciones. Va a ver un informe general, al final”, comentó la coordinadora de Q ITESO.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.
MÉXICO, D.F: La alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez, fue atacada esta noche por un comando.
Presuntamente, desconocidos abrieron fuego contra la edil mientras viajaba a bordo de su camioneta, la cual era escoltada por otros dos vehículos.
El incidente ocurrió poco después de las 20:00 horas mientras Salazar circulaba por la calle González y 21 de la zona centro, en esa ciudad fronteriza, según autoridades de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas.
Una fuente municipal indicó que la alcaldesa resultó ilesa debido a que la camioneta Chevrolet Tahoe de reciente modelo en la que viajaba es blindada.
Además, el convoy que custodiaba a Salazar Vázquez estaba conformado por al menos ocho escoltas.
Versiones no confirmadas indican que los atacantes lograron huir por calles de la colonia Obrera, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ni los panistas se salvan del gobernador de Puebla… Conflictos en la Universidad de las Américas (Udla) por presuntas anomalías administrativas originaron varias demandas entre directivos de la institución y funcionarios de esa entidad. Es un pleito entre panistas: el rector Luis Ernesto Derbez –quien fuera canciller del gobierno foxista– encabeza a los primeros y el gobernador Rafael Moreno Valle a los segundos. Como están denunciados ante la Procuraduría poblana por presuntos delitos en la Fundación Udla, los académicos solicitaron un amparo federal, describiendo las amenazas y el “tormento” al que los sometió la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado, que depende de Moreno Valle.
MÉXICO, D.F: El gobernador de Puebla y prospecto presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Moreno Valle, protagoniza otro escándalo: es acusado de tormento, amenazas de muerte y desaparición forzada contra la cúpula de la Universidad de las Américas (Udla), una de las instituciones educativas de excelencia en México.
La imputación la hace otro prominente panista: el excanciller Luis Ernesto Derbez, rector de esa institución con sede en Puebla, quien asegura que Moreno Valle pretende destituir de su cargo a él y a otros cuatro altos directivos, cancelarles su cédula profesional y “silenciar nuestro espíritu crítico del sistema”.
Los cinco afectados solicitaron, el 2 de diciembre de 2014, la protección de la justicia federal contra los actos de Moreno Valle y otras autoridades estatales, como el procurador de Justicia y el secretario de Seguridad Pública, así como del secretario de Educación Pública federal, Emilio Chuayffet.
El rector de la Udla afirma que, el 26 de noviembre, él y los otros directivos se reunieron con los miembros de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, que depende de Moreno Valle, quienes les exigieron renunciar voluntariamente a sus cargos o serían obligados mediante campañas de desprestigio por corrupción, desaparición y hasta asesinato.
“Lo anterior en virtud de que, según palabras de la Junta, nosotros somos ‘la moneda de cambio’ ¿De qué? Aún no lo sabemos”, asegura Derbez en la demanda de amparo que está en curso y de la que Proceso tiene copia.
Sin embargo, Derbez y los otros directivos están denunciados ante la Procuraduría de Justicia de Puebla por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, exceso de facultades y simulación de sesiones de la Fundación de la Udla, denunciada por Guillermo Jenkins Landa, exmiembro del patronato de ésta.
Al mismo tiempo, la Junta que preside José Gustavo Garmendia Domínguez –amigo de Moreno Valle– se niega a investigar las irregularidades supuestamente cometidas por los integrantes del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que también financia a la Udla, entre ellos el desvío de millones de dólares para inversiones ajenas a su objeto social (Proceso 1965).
Justamente por estas irregularidades en el manejo de la Fundación Jenkins es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presuntamente le retiró el registro como donataria certificada para deducir impuestos y su patrimonio se ha desplomado.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
Incapaz de hacer justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, a finales del año pasado el presidente Enrique Peña Nieto se sintió acorralado y tuvo que firmar un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir asistencia técnica. El director del Centro Prodh, Mario Patrón Sánchez, quien firmó el documento en representación de los familiares y las víctimas, considera que el gobierno puede pagar altos costos políticos si descalifica a los especialistas –como al equipo forense argentino o el comité contra las desapariciones de la ONU– o no cumple sus indicaciones.
MÉXICO, D.F: La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de manera directa en el caso Ayotzinapa, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), revela lo lejos que está el gobierno de Enrique Peña Nieto de librarse del escrutinio internacional por los abusos cometidos en México.
Integrado por los prestigiados especialistas en derecho penal y derechos humanos Claudia Paz y Paz, Francisco Cox Vidal, Alejandro Valencia Villa, Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristáin, el GIEI inició sus trabajos el domingo 1.
En Atyotzinapa tuvieron un acercamiento con padres y madres de los estudiantes desaparecidos, de los heridos y de los tres fallecidos, así como sus representantes legales; en el Distrito Federal se reunieron con la nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, y con Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El GIEI se conformó a partir de un acuerdo de asistencia técnica entre el organismo regional y el Estado mexicano. Su operación es una muestra de “cómo la CIDH está viendo a México, como un país que pasa por una grave crisis de derechos humanos”, advierte Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a las familias de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado.
En entrevista, Patrón Sánchez reflexiona sobre los alcances del acuerdo de asistencia técnica firmado por representantes de Peña Nieto en noviembre del año último, y acerca de los riesgos políticos de no atender las observaciones de los expertos independientes.
El director del Centro Prodh, también firmante del convenio internacional, resalta que los hechos de Iguala son tan graves que “por primera vez la CIDH manda un grupo de expertos con unas amplias facultades y posibilidades”, en un hecho “sin precedentes”.
Si bien la Comisión Internacional otorgó una asistencia similar para el caso de la muerte de la activista Digna Ochoa, en esta ocasión el resultado de las indagatorias del GIEI “es vinculatorio en la medida en que fue el propio Estado quien asume su compromiso de someterse a ese mecanismo de escrutinio. Los padres lo solicitan, ellos (los integrantes del gobierno de Peña Nieto) dicen que sí y se fue construyendo”, relata Patrón Sánchez.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
La descalificación de última hora para evitar que el constructor Tuffy Gaber Flores participara hoy en la elección del nuevo presidente de la cámara confronta al gremio de los constructores del país.
Entre polémica y protestas la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción elegirá hoy a Gustavo Arballo como nuevo presidente nacional de la CMIC.
El viernes, de último momento, el constructor de Yucatán, Tuffy Gaber Flores, fue excluido de la contienda por la presidencia del consejo directivo de la CMIC.
La descalificación de la planilla de Gaber Flores –que concretó la cúpula de la CMIC– deja el camino libre para que el constructor tapatío Gustavo Arballo gane la elección y sustituya en la presidencia a Luis Zárate Rocha.
La descalificación de la candidatura de Gaber Flores ha provocado inconformidad principalmente entre las delegaciones estatales de la CMIC.
“Consideramos violatorio a nuestro derecho constitucional y a toda ley regulatoria de las empresas de la construcción el coartar con argumentos oscuros la participación de socios de nuestra cámara de aspirar a dirigir y mejorar en lo posible las condiciones y beneficios de los asociados”, señala una de las cartas de protesta dirigidas a la presidencia de la CMIC y de las cuales Reporte Indigo tiene una copia.
Los agremiados inconformes solicitan a Zárate Rocha que se reordene y reacomode el proceso para que se dé en la transparencia y dignidad que le ha caracterizado como presidente.
“Generando con esta acción una fuerte falla estructural y de imagen de la Cámara al denotarse favoritismo paternalista para unos de los candidatos”, explica el documento.
Los constructores aclaran en su inconformidad que es indispensable hacer una elección transparente para no manchar la imagen de la CMIC.
Registro negado
El pasado 5 de marzo, la Cámara Mexicana de Industria y la Construcción negó el registro a Tuffy Gaber Flores para contender por la presidencia de esta organización.
Reporte Indigo tiene una copia de escrito negándole la inscripción de la planilla del empresario constructor.
El documento firmado por Humberto Ibarrola Díaz, copiado a Zárate Rocha, argumentó que Gaber no contaba con los números de aspirantes a cargos que cuenta el Consejo Ejecutivo.
Según el documento, la CIMC se acogió a los artículos 38, 39, 40 y 48 de los estatutos internos de esta organización.
Tuffy Gaber lleva 25 años en la cámara y el empresario de Yucatán ya presidió la CMIC en su estado. Además fue secretario de la misma organización a nivel nacional entre 2008 y 2012.
Por otra parte, la candidatura de Gustavo Arballo es impulsada por el ahora presidente de la CMIC, Luis Zárate, pero también por empresas como ICA, que están involucradas en obras polémicas en México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
La nueva legislación General de Aguas ha dividido a los diputados. La iniciativa hecha por el tricolor abre las puertas a la concesión de servicios para la provisión del líquido. Para la izquierda este es el primer paso a la privatización.
Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados podría votar la nueva Ley General de Aguas, una regulación que permitirá a los particulares tener acceso a la concesión de servicios para la provisión de agua, así como para utilizar el recurso para otros fines, como el fracking.
El dictamen de la iniciativa será discutido por el pleno en San Lázaro, y desde su debate en comisiones tuvo mucha polémica, debido a la oposición de la izquierda, que argumenta se trata del primer paso para permitir la privatización del recurso.
Actualmente, la provisión de agua a la población se encuentra en manos del Estado. Se trata de un tema federal, en manos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y provisto directamente a los ciudadanos por organismos de agua estatales y municipales que son los encargados de proveer y cobrar por el servicio.
Esta situación podría cambiar si la nueva Ley es aprobada por el Congreso de la Unión.
Las bancadas de izquierda y organismos ciudadanos se han pronunciado en contra de la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales pues consideran que se trata de abrir la puerta a la privatización del servicio de agua.
La discusión del tema ocurrió de forma apresurada en San Lázaro. Apenas el 26 de febrero los diputados priistas presentaron la iniciativa y ya para el 3 de marzo, cinco días después, el dictamen fue aprobado por las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y Recursos Hidráulicos.
Al día siguiente, 40 organizaciones civiles y ciudadanos enviaron una carta a los diputados para pedir que el debate de esta Ley se abra a la sociedad.
“Queremos recordarle que la legitimidad del Estado mexicano y por ende la legitimidad de todas las autoridades en el país depende directamente del respeto, protección, promoción y garantía que se le dé a los derechos humanos.
“La satisfacción y garantía del derecho humano al agua en México impone importantes retos para el Estado mexicano, por lo cual la Ley General de Aguas, que debe ser expedida a la brevedad, debe ser construida con la mayor participación ciudadana posible, con el mayor conocimiento científico y bajo los más altos estándares”, señala la misiva.
La ley
> La nueva Ley de Aguas Nacionales establece la obligación de los municipios de proveer el servicio de agua a los ciudadanos y señala que, para ello, podrá valerse de concesiones a particulares que pueda otorgar el Ejecutivo federal.
> En su artículo 65, la nueva legislación autoriza a los municipios a prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, “de forma coordinada y asociada, por sí, o a través del otorgamiento de concesiones”.
> Las concesiones para la “explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales”, tendrán una vigencia mínima de cinco años y una máxima de 30 años, y podrán ser objeto de prórroga por el mismo término, si se cumple con todos los requisitos.
> El proyecto de Ley establece una serie de castigos para quien incumpla las disposiciones legales y señala, en su artículo 258, que “para hacer cumplir sus determinaciones, las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública”.
> Dichas concesiones podrán transmitirse por herencia, es decir, por “vía sucesoria de las personas físicas”; por convenio; o por resolución judicial.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Tras la reciente captura del Z-42, el control de Los Zetas muy probablemente quede en manos de El Kelín, cuyo mayor mérito sería haber firmado la paz con su acérrimo rival: el Cártel del Golfo. Si bien los reacomodos de la banda criminal tienen nerviosas a las autoridades de los estados del noreste mexicano –temen un repunte de la violencia–, agencias estadunidenses afirman que la agrupación dirigida antes por Heriberto Lazcano ya no representa un peligro real. Está debilitada y dividida, afirman. Y toda la ventaja, como se ha vuelto costumbre, será para el Cártel de Sinaloa.
WASHINGTON: Tras la captura de Óscar Omar Treviño Morales, El Z-42, agencias de inteligencia de Estados Unidos consideran que Rogelio González Pizaña, El Kelín o Z-2, es el relevo natural en el liderazgo del cártel de Los Zetas, agrupación a la cual ven disminuida y sin posibilidades de volver a ser lo que era.
Sin embargo, las autoridades de Nuevo León y Coahuila temen que esta detención agudice las luchas internas del grupo criminal y la violencia repunte en dichas entidades.
Treviño Morales, de 38 años, fue arrestado el miércoles 4 cuando llegaba a su casa en el municipio de San Pedro Garza García, el de mayor ingreso per cápita de América Latina. Había adquirido su residencia en ese lugar –presuntamente por más de un millón de dólares– hace un año, y desde hacía seis meses la resguardaban halcones, denunciaron vecinos.
“Los informes de inteligencia que tenemos sobre Los Zetas indican que sería El Kelín quien reemplace al Z-42 como líder de la agrupación”, comenta a Proceso un efectivo de una de las agencias de seguridad del gobierno estadunidense, quien tomó la llamada telefónica del corresponsal a condición del anonimato.
Y agrega: “Pero desde la caída de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, Los Zetas dejaron de ser un cártel con poder y control territorial. Omar Treviño Morales intentó recuperar lo perdido y no lo logró; por eso creemos que difícilmente podrá volver a ser la organización tan temida que fue antes”.
De acuerdo con un correo electrónico enviado al corresponsal por otro agente de inteligencia de Estados Unidos –quien también pidió omitir su nombre–, Los Zetas llevan mucho tiempo operando como una agrupación “satélite”, sin el dominio que poseían antaño.
Según los informes de inteligencia de las agencias estadunidenses, Los Zetas son ahora un “grupo criminal pequeño” que se dedica más a la extorsión, el secuestro y la eliminación por encargo de miembros de otras agrupaciones que trafican drogas al menudeo. “Dejaron de ser una amenaza para los intereses del tráfico de drogas de grupos como el Cártel de Sinaloa, por ejemplo”, enfatiza el mensaje electrónico enviado al corresponsal.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
Legisladores, especialistas en Derecho y al menos 20 mil firmantes de una petición formal entregada al Senado repudian la inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna de la cual saldrá el próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Coinciden en que –además de su cuestionada trayectoria y su nexo con Televisa–, su imposición por parte del Ejecutivo acabará de trastocar el ya de por sí frágil equilibrio de poderes en el país. Para el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, la terna de Enrique Peña Nieto “tiene una clarísima dedicatoria y sería ingenuo suponer que de resultar electo (Medina Mora) vaya a poder cortar el cordón umbilical con el Ejecutivo”.
MÉXICO, D.F: El amplio repudio a la propuesta de que Eduardo Medina Mora participe en la terna de la cual saldrá un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a la plataforma de internet change.org –dedicada a promover iniciativas ciudadanas– a reunir en tres días 20 mil firmas de ciudadanos y académicos que rechazan al ahora diplomático.
Las firmas fueron entregadas el jueves 5 al Senado de la República, cuya Comisión de Justicia había aceptado ese mismo día la terna enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para elegir a un ministro de la SCJN que ocupe la plaza vacante tras el fallecimiento de Sergio Valls en diciembre del año pasado.
Los cuestionamientos a Medina Mora –quien tiene la simpatía de la bancada del PRI y de un sector de la del PAN– pasan la factura a una trayectoria transexenal asociada a numerosos escándalos por violaciones a los derechos humanos, acciones contra la progresividad de derechos y mal manejo administrativo, así como por sus nexos e inversiones en Televisa, empresas del sector energético e inmobiliario y, finalmente, por sus posturas plegadas a las de la Iglesia Católica.
Tanto las 20 mil firmas como muchos otros cuestionamientos ventilados la semana anterior en los medios de comunicación pusieron el acento en la inelegibilidad del hombre –habilitado al vapor como diplomático en el sexenio calderonista–, por carecer de buena reputación, fama pública y desempeño con honorabilidad y competencia en su trayectoria, requisitos establecidos para el cargo de ministro de la SCJN en el Artículo 95 de la Constitución.
La fracción V de dicho artículo fue invocada desde mediados del mes pasado –cuando Peña Nieto envió su propuesta al Senado– a propósito del requisito de residencia; a esto se han referido constitucionalistas como Elisur Arteaga (Proceso 1999).
Embajador desde 2009 en el Reino Unido y a partir de 2013 en Estados Unidos, Medina Mora llevaba casi seis años fuera del país. El Artículo 95 establece una residencia mínima de dos años en México previos a la elección como ministro.
Respecto a la residencia, el también constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se dice convencido de que el espíritu del legislador se dirige a que quien asuma como ministro viva, conozca y esté familiarizado con la situación del país, por lo cual no se satisface la exigencia constitucional que pretende evitarse con la Ley del Servicio Exterior que establece como domicilio el último ocupado durante la estancia en el país.
Además, en su paso por diferentes instituciones públicas, Medina Mora fue y es objeto de severas críticas, recuerda Carrancá en entrevista. En alusión a las organizaciones de la sociedad civil, los 20 mil firmantes, subraya las numerosas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR), cuando Medina Mora fue titular de estas instancias.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCIA.
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