El relator especial resumió en algunos párrafos lo que viven muchas de las personas que son detenidas en México.
“Las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos.
“La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas”, expone el informe.
Méndez va más allá. Detalla que entre los métodos de tortura que se aplican están los golpes con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos eléctricos, generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con trapos en la boca; desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos.
Esta situación empeora cuando se trata de una mujer. En ese caso, la tortura sexual incluye desnudez forzada, insultos, humillaciones verbales, manoseos en senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación sexual reiterada y por varias personas.
Cuando son víctimas de este tipo de tortura, las mujeres frecuentemente son revictimizadas si presentan denuncias o se someten a exámenes médicos.
Méndez sostuvo que estas acciones han costado la vida a algunas personas.
“El relator especial conoció casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas padecidas, y casos donde la tortura acompaña ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, indica el informe.
Además, el relator recibió “preocupantes testimonios” relativos a las excesivas demoras, errores, falta de información, estigmatización y hostigamiento que reciben los familiares de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda e identificación de restos.
Ante la ONU, Méndez informó que en México, la mayor parte de las personas que son víctimas de torturas y maltratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados.
Además, llama la atención sobre los “numerosos casos donde personas sin aparente vinculación con las conductas delictivas investigadas reportan haber sido detenidas, forzadas a firmar declaraciones bajo tortura y, en casos, sentenciadas con base en esas declaraciones”, se lee en el documento.
Todo esto, según el relator de las Naciones Unidas ocurre en total impunidad, sin que los torturadores sean castigados.
“El derecho a la reparación integral para las víctimas de tortura y malos tratos es ilusorio ya que apenas existen casos de víctimas que hayan sido compensadas, asistidas médica y psicológicamente o rehabilitadas en conformidad con estándares internacionales”, denuncia Méndez.
El relator indica que no se conoce el número de personas que han sido torturadas en México porque no se tiene una base de datos sobre el tema, y porque pocas veces se denuncia, por miedo a las represalias o por la ineficiencia del sistema de justicia en sí mismo.
“Existen fallas estructurales, repetidas a nivel federal y estatal, que potencian esta impunidad. Los ministerios públicos son reticentes a investigar las denuncias (…) También hay una tendencia por parte de los ministerios públicos, jueces y comisiones de derechos humanos a calificar conductas constitutivas de tortura con tipos penales de menor gravedad, como abuso de autoridad, lesiones o ejercicio indebido de servicio público”, acusa el informe.
El calvario de quienes sufren tortura no termina al ser entregados a las autoridades judiciales.
Méndez refiere también lo que ocurre durante el seguimiento judicial de los casos donde a veces, incluso, no se tiene acceso a un defensor legal.
“El Relator Especial constató diversos casos en los que las víctimas de tortura y malos tratos no accedieron pronta y confidencialmente a una defensa adecuada desde la detención, en contravención de estándares internacionales y la legislación nacional. Las personas suelen no ver o conocer al abogado o defensor público hasta la primera declaración ante el Ministerio Público, y a veces incluso hasta la presentación ante el juez”, explica.
En ocasiones, dice el relator, incluso la defensa de oficio presencia la firma de declaraciones del detenido obtenidas mediante la tortura y ni siquiera se identifica ante el detenido. En otros casos, los defensores deciden no presentar quejas por la tortura para acelerar el proceso.
Primero detienen y luego investigan
Todos los cuerpos de policía del país, incluyendo a las fuerzas armadas, ejercen la tortura sobre las personas detenidas, esto en medio de un “régimen de excepción constitucional y legal” que afecta a quienes son acusados de un delito, señala el informe.
Méndez expone que de acuerdo a testimonios recabados en varias partes del país, es posible decir que la tortura y los malos tratos son generalizados en el país.
“La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El relator especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de la libertad, y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas”, se lee en el texto.
La mayoría de las víctimas de tortura, sostiene, son detenidas por su presunta relación con la delincuencia organizada en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”.
Contrario a lo que se establece en la Constitución Política, comenta Méndez, hay una tendencia a “detener para investigar, en lugar de investigar para detener”.
De acuerdo con sus cifras, en el 2012 se emitieron 6 mil 824 órdenes de aprehensión, pero se llevaron a cabo 72 mil 994 detenciones sin orden de aprehensión. En el 2013, las cifras fueron de 5 mil 539 órdenes y 42 mil 080 detenciones, hechas con un escaso control sobre la legalidad de esas detenciones.
Para fortalecer la desaparición de la tortura en México, el relator especial de la ONU recomendó a México reconocer públicamente la dimensión de la impunidad de la tortura y “enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado”
Se debe castigar, además, toda represalia contra las personas que denuncien torturas y garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral, entre otras medidas.
Gobierno de México se defiende
Durante la sesión en la que se presentó el informe sobre tortura, el embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negó que la tortura sea generalizada en el país.
“No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, señaló Lomónaco.
El embajador pidió que los informes de la ONU incluyan “todos los puntos de vista”, y comentó que el país ha realizado varios cambios legales que permiten combatir la tortura en México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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