El IMSS promovió a dos funcionarios que fueron acusados en Estados Unidos de estar relacionados con una red de ‘moches’.
El IMSS tiene una forma poco convencional de castigar la corrupción dentro del organismo federal.
Dos funcionarios sospechosos de estar relacionados en una red de “moches” denunciada en una Corte de los Estados Unidos han sido promovidos por la actual dirección del IMSS.
En lugar de ser investigados por esta denuncia de sobornos, los doctores Rafael Rodríguez Cabrera y Juan Carlos de la Fuente recientemente fueron ascendidos dentro del organigrama del IMSS.
Hoy Rodríguez Cabrera es director de Salud en el Trabajo, mientras que De la Fuente recién fue nombrado director del Hospital Magdalena de las Salinas, que recibe el mayor presupuesto de las unidades médicas de alta especialización.
Rodríguez Cabrera se desempeñó como director general del Hospital Magdalena de las Salinas durante el 2003 y 2009, tiempo en que una empresa de Estados Unidos pagó sobornos a funcionarios de este hospital para conseguir contratos para el suministro de productos ortopédicos.
Es el mismo caso de De la Fuente, quien ocupó la dirección general del Hospital Lomas Verdes en el tiempo en que la compañía Orthofix International realizó pagos en efectivo, regalos, paquetes de viajes y hasta rentó un automóvil para ganar licitaciones de productos de ortopedia.
El soborno de los ‘chocolates’
En el 2012, la Securities and Exchange Commission (SEC) presentó una denuncia contra Orthofix International por violaciones a las leyes federales de valores.
La denuncia contra la empresa se radicó en la Corte de Distrito de los Estados Unidos de Texas en la división Sherman por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por parte de la empresa Orthofix International N.V.
La empresa, según la demanda de la SEC, pagó “moches” a directivos del IMSS para conseguir contratos para el suministro de dispositivos médicos ortopédicos en este hospital.
La denuncia sostiene que entre el 2003 y 2010, la empresa subsidiaria en México de Orthofix, Promeca, S.A. de C.V., pagó casi 317 mil dólares a funcionarios del IMSS para conseguir los contratos para el suministro de productos de ortopedia.
Los empleados de la empresa y los funcionarios del IMSS llamaban a estos pagos “chocolates”.
Los sobornos fueron registrados en los libros de la compañía como gastos de capacitación, promociones y adelantos a ejecutivos de Promeca.
Los “moches” incluían dinero en efectivo (entre el 5 y el 10 por ciento del monto total del contrato) además de regalos, paquetes de viajes y hasta la renta de un automóvil a un funcionario del IMSS.
La empresa Orthofix admitió ante la Corte de los Estados Unidos haber sobornado a los funcionarios del IMSS y fue multada por 7.4 millones de dólares.
Los sobornos a los directivos del IMSS representaron para la empresa ganar contratos en ese periodo por 8.7 millones de dólares.
Más de la mitad, 4.9 millones de dólares, se aclara en la demanda, resultaron ser ganancias ilícitas por parte de la empresa norteamericana.
En la denuncia no se menciona los nombres de Rafael Rodríguez Cabrera y Juan Carlos de la Fuente, entonces directores de los hospitales que beneficiaron a la empresa mexicana subsidiaria de Orthofix.
Pero en la denuncia sí se especifica que los funcionarios que recibieron los sobornos eran directivos de estos hospitales responsables de la compra de dispositivos médicos.
Los sobornos se realizaron durante el tiempo en que Rodríguez Cabrera y De la Fuente se desempeñaron como directores de los hospitales de alta especialidad.
Reclama el IMSS daños por sobornos
El IMSS hasta el momento no ha aclarado los nombres de los funcionarios involucrados en este caso.
Lo que sí hizo el año pasado fue presentar una demanda en la misma Corte de Texas en contra de la empresa Orthofix International, N.V.
En la denuncia, radicada bajo el número 4:14-cv-00638-ALM, el IMSS reclama una reparación por los daños que provocó la compañía al haber sobornado a sus funcionarios.
El IMSS alega que el pago de sobornos que realizó la empresa norteamericana a sus funcionarios ocasionó que los montos de contratos se elevaran.
“La empresa Orthofix corrompió y sobornó a funcionarios del IMSS con fondos extraídos de la inaudita ganancia que Orthofix estaba extrayendo de los contratos con el IMSS obtenidos a través de sobornos”, aclara la denuncia de la cual Reporte Indigo tiene una copia.
“El precio del contrato, por lo tanto, se infló al menos en la cuantía de los sobornos. Como mínimo ese monto representó un daño económico para el IMSS”.
Según el IMSS, lo que hizo la empresa Orthofix es equiparable a una actividad de delincuencia organizada incluyendo fraude postal, electrónico, violaciones a la Ley de Viajes y lavado de dinero.
“Las prácticas corruptas de Orthofix violentaron los procesos de contratación del IMSS y la capacidad del proveedor de atención médica para evaluar imparcialmente proveedores de dispositivos médicos. Debido a que los contratos de Orthofix eran, en esencia, no competitivos como resultados de los sobornos, el IMSS pagó un precio inflado artificialmente por los bienes y servicios prestados”.
La denuncia del IMSS contra la empresa norteamericana no se ha resuelto.
Pero hasta el momento el IMSS no ha informado sobre las sanciones que impuso a los funcionarios involucrados en este caso de sobornos que se llevó a cabo en los hospitales que eran dirigidos por los doctores Juan Carlos de la Fuente y Rafael Rodríguez Cabrera, recientemente promovidos por las autoridades del Instituto.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
martes, 10 de marzo de 2015
Los Zetas: La tríada de la brutalidad
MONTERREY, N.L: Óscar Omar Treviño Morales, conocido como El Z-42, integró junto con su hermano Miguel Ángel, El Z-40, y Heriberto Lazcano, El Lazca, una triada que asoló el norte del país con matanzas y violencia brutal, lo que obligó a la sociedad a enfrentar un nuevo grado de horror.
El Z-42 fue detenido el miércoles 4 por la mañana, cuando llegaba a su residencia marcada con el número 514 de la calle Vía Collatina, en la exclusiva colonia Fuentes del Valle –ubicada en el municipio de San Pedro, conurbado a Monterrey.
Ese mismo día, Monte Alejandro Rubido García, vocero de seguridad del gobierno federal, presentó al capo en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México. Ahí dijo que las autoridades le seguían la huella desde febrero, cuando fue detectado en casas de seguridad de la zona debido a las visitas que recibía de Carlos Arturo Jiménez, contador del cártel.
Desde que rompieron con el Cártel del Golfo y se independizaron en 2010, Los Zetas desataron la peor crueldad que se hubiera visto en el narcotráfico mexicano.
Los jefes históricos de ese cártel fueron El Lazca y El Z-40. Lazcano supuestamente fue abatido el 7 de diciembre de 2012 y Miguel Ángel Treviño fue capturado el 15 de julio de 2013 en Anáhuac (norte de Nuevo León). Su hermano José Treviño fue detenido y sentenciado en Texas a 20 años de cárcel por lavado de dinero.
Después de eso, Óscar Omar Treviño asumió la dirigencia de la banda. Pero su imperio fue tan violento…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2001 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
El Z-42 fue detenido el miércoles 4 por la mañana, cuando llegaba a su residencia marcada con el número 514 de la calle Vía Collatina, en la exclusiva colonia Fuentes del Valle –ubicada en el municipio de San Pedro, conurbado a Monterrey.
Ese mismo día, Monte Alejandro Rubido García, vocero de seguridad del gobierno federal, presentó al capo en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México. Ahí dijo que las autoridades le seguían la huella desde febrero, cuando fue detectado en casas de seguridad de la zona debido a las visitas que recibía de Carlos Arturo Jiménez, contador del cártel.
Desde que rompieron con el Cártel del Golfo y se independizaron en 2010, Los Zetas desataron la peor crueldad que se hubiera visto en el narcotráfico mexicano.
Los jefes históricos de ese cártel fueron El Lazca y El Z-40. Lazcano supuestamente fue abatido el 7 de diciembre de 2012 y Miguel Ángel Treviño fue capturado el 15 de julio de 2013 en Anáhuac (norte de Nuevo León). Su hermano José Treviño fue detenido y sentenciado en Texas a 20 años de cárcel por lavado de dinero.
Después de eso, Óscar Omar Treviño asumió la dirigencia de la banda. Pero su imperio fue tan violento…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2001 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
La historia negra de Medina Mora
MÉXICO, D.F: La trayectoria de Eduardo Medina Mora engloba los más oscuros episodios de la historia reciente del país: espionaje político, represión a movimientos sociales, militarización de policías, fabricación de culpables, carpetazo a tragedias multitudinarias, acuerdos internacionales que inundaron de armas el país y manipulación de testigos protegidos con fines políticos y electorales.
Propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Medina Mora y el mandatario tiene un punto de convergencia que si bien designa una pequeña comunidad mexiquense, es el símbolo de la brutalidad policiaca y militar de la que ambos son responsables: San Salvador Atenco.
Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y Medina Mora titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, cuando en 2006 se lanzó el operativo policiaco-militar que devino en la muerte de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad; la detención de 207 habitantes de la comunidad; la expulsión de cinco extranjeros y las agresiones sexuales contra 26 mujeres.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la SCJN determinaron (recomendación 38/2006 y dictamen 3/2006, respectivamente) que en el operativo se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Si bien señalaron a mandos medios y bajos de los dos órdenes de gobierno, establecieron que Medina Mora participó en la planeación del desalojo.
Así se inauguró el sexenio mexiquense de Peña Nieto y comenzaba el breve paso de Medina Mora por la SSP, que continuaría con el rompimiento del movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril de 2006, que resultó en la muerte de dos obreros.
Una vez más la SSP de Medina Mora se vio señalada por violaciones a los derechos humanos, luego de que la CNDH emitiera la recomendación 37/2006 por esos hechos…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2001 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE Y ARTURO RODRÍGUEZ (REPORTAJE ESPECIAL)
Propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Medina Mora y el mandatario tiene un punto de convergencia que si bien designa una pequeña comunidad mexiquense, es el símbolo de la brutalidad policiaca y militar de la que ambos son responsables: San Salvador Atenco.
Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y Medina Mora titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, cuando en 2006 se lanzó el operativo policiaco-militar que devino en la muerte de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad; la detención de 207 habitantes de la comunidad; la expulsión de cinco extranjeros y las agresiones sexuales contra 26 mujeres.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la SCJN determinaron (recomendación 38/2006 y dictamen 3/2006, respectivamente) que en el operativo se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Si bien señalaron a mandos medios y bajos de los dos órdenes de gobierno, establecieron que Medina Mora participó en la planeación del desalojo.
Así se inauguró el sexenio mexiquense de Peña Nieto y comenzaba el breve paso de Medina Mora por la SSP, que continuaría con el rompimiento del movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril de 2006, que resultó en la muerte de dos obreros.
Una vez más la SSP de Medina Mora se vio señalada por violaciones a los derechos humanos, luego de que la CNDH emitiera la recomendación 37/2006 por esos hechos…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2001 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE Y ARTURO RODRÍGUEZ (REPORTAJE ESPECIAL)
Medina Mora liberó 73 mdd a Raúl Salinas de Gortari
MÉXICO, D.F: Como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora liberó 73 millones de dólares asegurados por la dependencia a Raúl Salinas de Gortari.
Tan sólo cinco días antes de abandonar la titularidad de la dependencia, el 2 de septiembre de 2009 Medina Mora dejó sin efecto el aseguramiento a las cuentas de Salinas de Gortari, que presuntamente pertenecían a la denominada “partida secreta” de la presidencia de la República.
El periódico Reforma publica este martes que Medina Mora retiró el aseguramiento dictado en noviembre de 2002 y febrero de 2001 por el Juzgado Noveno de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal.
“Las sentencias no precisan el destino del dinero una vez que fue desasegurado”, cita el diario, que añade: “El caso de peculado fue resuelto en definitiva hasta el 12 de diciembre de 2014, cuando fue absuelto de ese delito el contador Juan Manuel Gómez Gutiérrez. Es decir, la PGR de Medina Mora levantó indebidamente el aseguramiento del dinero un lustro antes de que el juicio concluyera” .
Este martes el pleno del Senado designará al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Eduardo Medina Mora es la carta fuerte de la presidencia de la República para ocupar el lugar vacante en el máximo tribunal del país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Tan sólo cinco días antes de abandonar la titularidad de la dependencia, el 2 de septiembre de 2009 Medina Mora dejó sin efecto el aseguramiento a las cuentas de Salinas de Gortari, que presuntamente pertenecían a la denominada “partida secreta” de la presidencia de la República.
El periódico Reforma publica este martes que Medina Mora retiró el aseguramiento dictado en noviembre de 2002 y febrero de 2001 por el Juzgado Noveno de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal.
“Las sentencias no precisan el destino del dinero una vez que fue desasegurado”, cita el diario, que añade: “El caso de peculado fue resuelto en definitiva hasta el 12 de diciembre de 2014, cuando fue absuelto de ese delito el contador Juan Manuel Gómez Gutiérrez. Es decir, la PGR de Medina Mora levantó indebidamente el aseguramiento del dinero un lustro antes de que el juicio concluyera” .
Este martes el pleno del Senado designará al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Eduardo Medina Mora es la carta fuerte de la presidencia de la República para ocupar el lugar vacante en el máximo tribunal del país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
¿El fin del terror?
Las detenciones de Servando Martínez y Omar Treviño, jefes de los dos cárteles más sanguinarios que han existido en México, significan para las autoridades el final de las organizaciones que lideran... al menos tal y como se conocen hasta ahora.
Tan efímero como violento
El 10 de marzo del 2011, los michoacanos se despertaron con una noticia que no parecía grave: En decenas de puentes peatonales, escuelas y edificios públicos en todo el estado se habían colgado mantas con las que se anunciaba el nacimiento de la organización Los Caballeros Templarios.
Era el cártel que supliría a la cada vez más débil organización criminal de La Familia Michoacana.
Lo que decían las mantas no tomó por sorpresa a nadie.
Hacía poco más de 7 años, el 4 de marzo del 2004, el mismo cártel de La Familia Michoacana había anunciado su nacimiento de la misma forma.
En el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se atribuyó el hecho solo a un cambio de patente en el control de las rutas del narcotráfico en Michoacán.
Ni siquiera entre los funcionarios de campo del Cisen desplegados en Michoacán se sospechó los extremos de violencia a los que llevaría esa organización a todo el estado.
Era una escisión de La Familia Michoacana que estaba integrándose como cártel, se dijo en los informes oficiales en marzo del 2011. No habría una transición violenta, dijeron.
Ahora se sabe que estaban muy lejos de la realidad.
Los fundadores del cártel de los Templarios -entre ellos Nazario Moreno, “El Chayo”; Enrique Plancarte Solís, “La chiva”; Servando Gómez Martínez, “La Tuta, y Dionisio Loya Plancarte, “El tío”- emprendieron una guerra a muerte contra el cártel que los vio nacer como organización criminal, La Familia Michoacana.
Desconocieron a su antiguo jefe Jesús Méndez Vargas, “El chango”, y decidieron comprar todo el estado.
En el cuarto aniversario del nacimiento formal de Los Templarios, esa organización criminal fue declarada formalmente desarticulada. El anuncio de su eliminación fue hecho por el mando especial de la Federación para la seguridad de Michoacán, el general Felipe Gurrola Ramírez.
La desarticulación del cártel -uno de los más efímeros, pero también uno de los más violentos en la historia del narcotráfico mexicano- costó la muerte de al menos 56 marinos, 65 soldados, 32 policías federales, 6 policías ministeriales, 7 agentes de la PGR, 17 policías estatales, 29 policías municipales, 37 autodefensas, así como mil 370 civiles ajenos a la confrontación.
Del bando criminal, en cuatro años de una guerra abierta, perdieron la vida al menos 782 presuntos miembros.
El precio del cártel
No se tiene cuantificado el costo económico que representó a la Federación el combate al cártel de Los Caballeros Templarios en los últimos cuatro años, pero se habla extraoficialmente de al menos unos 3 mil millones de pesos, y la movilización de casi 18 mil elementos de tropas de diversas corporaciones de seguridad.
Al costo económico que ha significado esta organización criminal se debe sumar el costo social.
No solo por el encarcelamiento de más de 600 personas vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, sino por los casi 230 funcionarios estatales y municipales que fueron sometidos a proceso por corrupción, al mantener tratos económicos con el cártel.
La operatividad impune de Los Templarios en el estado de Michoacán también deja como saldo negro la desaparición de por lo menos mil 130 personas, las que se presume fueron “levantadas” y llevadas a cualquiera de las fosas clandestinas que exprofeso proliferaron en todo el suelo michoacano.
A la fecha existen 2 síndicos, 11 directores municipales de seguridad pública, 3 subdirectores de seguridad pública municipal, 8 policías ministeriales, 29 policías estatales y 150 policías municipales sometidos a proceso por haber colaborado con el cártel en la desaparición de personas.
A Los Caballeros Templarios se le atribuye una de las más grandes narco fosas que se han encontrado en el país, en los últimos 10 años. La que se encontró a zona limítrofe de Michoacán y Jalisco, en la localidad de La Barca, en donde se encontraron los cuerpos de 76 personas, cuya magnitud llamó la atención de la DEA, la que presumió allí la presencia de dos de sus agentes desaparecidos.
El costo político
Ninguno de los cárteles de las drogas actuantes en el país había sido tan proclive a la injerencia en asuntos de gobierno.
Desde que nació, el cártel de Los Templarios manifestó su interés por relacionarse con estos temas.
Los sobornos a funcionarios de todos los niveles en Michoacán todavía son investigados por el Gobierno Federal.
Esa relación perversa entre el narco y las esferas de gobierno le significaron PRI michoacano una de sus peores desgracias.
El encarcelamiento del gobernador interino Jesús Reyna García y la renuncia obligada del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa, tienen hoy al tricolor de espaldas en el inicio de la contienda electoral para renovar la gubernatura.
Al encarcelamiento de Reyna García, se debe sumar el procesamiento del exdiputado local José Trinidad Martínez Pasalagua.
También, el de los alcaldes de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio; el de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza; el de Aguililla, Jesús Cruz Valencia.
En la suma está la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda; la de Pátzcuaro, Salma Karrúm Cervantes, además del presidente municipal Numarán, José Luis Madrigal y el de Charapan, Simón Vicente Pacheco.
Principio del fin
La detención de “ La Tuta”, ocurrida la madrugada del viernes 27 de febrero del 2015, apuntó hacia la declaración oficial de disolución total del cártel que por casi 4 años mantuvo bajo su poder no solo el tráfico de drogas, sino el control de los gobiernos estatal y municipales de Michoacán, así como la economía de las principales regiones del estado.
El alto mando encargado de la seguridad en Michoacán, señaló que después de Servando Gómez ya no hay quien pudiera mantener una reorganización del cártel. Todos los que tenían don de mando dentro de esa organización criminal ya están anulados. La mayoría fueron abatidos en enfrentamientos y solo algunos permanecen en cárceles de alta seguridad.
Solo queda por detener a Homero González Rodríguez, “El gallito”, quien es considerado por los órganos de inteligencia del gobierno mexicano como el sucesor natural en el liderazgo del cártel, por ser primo de Nazario Moreno González, “El Chayo”.
La lógica del General
Para el alto mando militar asignado como enlace para la seguridad de Michoacán, Felipe Gurrola, el cártel de Los Caballeros Templarios se encuentra totalmente desarticulado
“No tenemos indicios de que ese cártel exista como organización delictiva, que podamos ubicar”, dijo el general Gurrola. “Podría haber en algún lugar, un reducto, pero no como organización criminal. Como cártel, Los Templarios están desmantelados en un 90 por ciento”.
Frente a la posibilidad de que los dos jefes de plaza que faltan por capturar puedan reorganizar al cártel Gurrola fue claro: “es difícil que alguien se haga cargo de una organización que no existe, es difícil que alguien se haga cargo de algo que no tiene presencia, como el cártel de Los Templarios”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Tan efímero como violento
El 10 de marzo del 2011, los michoacanos se despertaron con una noticia que no parecía grave: En decenas de puentes peatonales, escuelas y edificios públicos en todo el estado se habían colgado mantas con las que se anunciaba el nacimiento de la organización Los Caballeros Templarios.
Era el cártel que supliría a la cada vez más débil organización criminal de La Familia Michoacana.
Lo que decían las mantas no tomó por sorpresa a nadie.
Hacía poco más de 7 años, el 4 de marzo del 2004, el mismo cártel de La Familia Michoacana había anunciado su nacimiento de la misma forma.
En el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se atribuyó el hecho solo a un cambio de patente en el control de las rutas del narcotráfico en Michoacán.
Ni siquiera entre los funcionarios de campo del Cisen desplegados en Michoacán se sospechó los extremos de violencia a los que llevaría esa organización a todo el estado.
Era una escisión de La Familia Michoacana que estaba integrándose como cártel, se dijo en los informes oficiales en marzo del 2011. No habría una transición violenta, dijeron.
Ahora se sabe que estaban muy lejos de la realidad.
Los fundadores del cártel de los Templarios -entre ellos Nazario Moreno, “El Chayo”; Enrique Plancarte Solís, “La chiva”; Servando Gómez Martínez, “La Tuta, y Dionisio Loya Plancarte, “El tío”- emprendieron una guerra a muerte contra el cártel que los vio nacer como organización criminal, La Familia Michoacana.
Desconocieron a su antiguo jefe Jesús Méndez Vargas, “El chango”, y decidieron comprar todo el estado.
En el cuarto aniversario del nacimiento formal de Los Templarios, esa organización criminal fue declarada formalmente desarticulada. El anuncio de su eliminación fue hecho por el mando especial de la Federación para la seguridad de Michoacán, el general Felipe Gurrola Ramírez.
La desarticulación del cártel -uno de los más efímeros, pero también uno de los más violentos en la historia del narcotráfico mexicano- costó la muerte de al menos 56 marinos, 65 soldados, 32 policías federales, 6 policías ministeriales, 7 agentes de la PGR, 17 policías estatales, 29 policías municipales, 37 autodefensas, así como mil 370 civiles ajenos a la confrontación.
Del bando criminal, en cuatro años de una guerra abierta, perdieron la vida al menos 782 presuntos miembros.
El precio del cártel
No se tiene cuantificado el costo económico que representó a la Federación el combate al cártel de Los Caballeros Templarios en los últimos cuatro años, pero se habla extraoficialmente de al menos unos 3 mil millones de pesos, y la movilización de casi 18 mil elementos de tropas de diversas corporaciones de seguridad.
Al costo económico que ha significado esta organización criminal se debe sumar el costo social.
No solo por el encarcelamiento de más de 600 personas vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, sino por los casi 230 funcionarios estatales y municipales que fueron sometidos a proceso por corrupción, al mantener tratos económicos con el cártel.
La operatividad impune de Los Templarios en el estado de Michoacán también deja como saldo negro la desaparición de por lo menos mil 130 personas, las que se presume fueron “levantadas” y llevadas a cualquiera de las fosas clandestinas que exprofeso proliferaron en todo el suelo michoacano.
A la fecha existen 2 síndicos, 11 directores municipales de seguridad pública, 3 subdirectores de seguridad pública municipal, 8 policías ministeriales, 29 policías estatales y 150 policías municipales sometidos a proceso por haber colaborado con el cártel en la desaparición de personas.
A Los Caballeros Templarios se le atribuye una de las más grandes narco fosas que se han encontrado en el país, en los últimos 10 años. La que se encontró a zona limítrofe de Michoacán y Jalisco, en la localidad de La Barca, en donde se encontraron los cuerpos de 76 personas, cuya magnitud llamó la atención de la DEA, la que presumió allí la presencia de dos de sus agentes desaparecidos.
El costo político
Ninguno de los cárteles de las drogas actuantes en el país había sido tan proclive a la injerencia en asuntos de gobierno.
Desde que nació, el cártel de Los Templarios manifestó su interés por relacionarse con estos temas.
Los sobornos a funcionarios de todos los niveles en Michoacán todavía son investigados por el Gobierno Federal.
Esa relación perversa entre el narco y las esferas de gobierno le significaron PRI michoacano una de sus peores desgracias.
El encarcelamiento del gobernador interino Jesús Reyna García y la renuncia obligada del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa, tienen hoy al tricolor de espaldas en el inicio de la contienda electoral para renovar la gubernatura.
Al encarcelamiento de Reyna García, se debe sumar el procesamiento del exdiputado local José Trinidad Martínez Pasalagua.
También, el de los alcaldes de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio; el de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza; el de Aguililla, Jesús Cruz Valencia.
En la suma está la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda; la de Pátzcuaro, Salma Karrúm Cervantes, además del presidente municipal Numarán, José Luis Madrigal y el de Charapan, Simón Vicente Pacheco.
Principio del fin
La detención de “ La Tuta”, ocurrida la madrugada del viernes 27 de febrero del 2015, apuntó hacia la declaración oficial de disolución total del cártel que por casi 4 años mantuvo bajo su poder no solo el tráfico de drogas, sino el control de los gobiernos estatal y municipales de Michoacán, así como la economía de las principales regiones del estado.
El alto mando encargado de la seguridad en Michoacán, señaló que después de Servando Gómez ya no hay quien pudiera mantener una reorganización del cártel. Todos los que tenían don de mando dentro de esa organización criminal ya están anulados. La mayoría fueron abatidos en enfrentamientos y solo algunos permanecen en cárceles de alta seguridad.
Solo queda por detener a Homero González Rodríguez, “El gallito”, quien es considerado por los órganos de inteligencia del gobierno mexicano como el sucesor natural en el liderazgo del cártel, por ser primo de Nazario Moreno González, “El Chayo”.
La lógica del General
Para el alto mando militar asignado como enlace para la seguridad de Michoacán, Felipe Gurrola, el cártel de Los Caballeros Templarios se encuentra totalmente desarticulado
“No tenemos indicios de que ese cártel exista como organización delictiva, que podamos ubicar”, dijo el general Gurrola. “Podría haber en algún lugar, un reducto, pero no como organización criminal. Como cártel, Los Templarios están desmantelados en un 90 por ciento”.
Frente a la posibilidad de que los dos jefes de plaza que faltan por capturar puedan reorganizar al cártel Gurrola fue claro: “es difícil que alguien se haga cargo de una organización que no existe, es difícil que alguien se haga cargo de algo que no tiene presencia, como el cártel de Los Templarios”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
‘Todos torturan’
Para el relator especial de la ONU sobre la tortura, todos los cuerpos de seguridad del país ejercen esta práctica. En su informe destaca que además lo hacen con impunidad.
En su informe sobre México, el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan E. Méndez, pintó prácticas en la procuración de justicia que son desoladoras para el país.
El relator especial resumió en algunos párrafos lo que viven muchas de las personas que son detenidas en México.
“Las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos.
“La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas”, expone el informe.
Méndez va más allá. Detalla que entre los métodos de tortura que se aplican están los golpes con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos eléctricos, generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con trapos en la boca; desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos.
Esta situación empeora cuando se trata de una mujer. En ese caso, la tortura sexual incluye desnudez forzada, insultos, humillaciones verbales, manoseos en senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación sexual reiterada y por varias personas.
Cuando son víctimas de este tipo de tortura, las mujeres frecuentemente son revictimizadas si presentan denuncias o se someten a exámenes médicos.
Méndez sostuvo que estas acciones han costado la vida a algunas personas.
“El relator especial conoció casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas padecidas, y casos donde la tortura acompaña ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, indica el informe.
Además, el relator recibió “preocupantes testimonios” relativos a las excesivas demoras, errores, falta de información, estigmatización y hostigamiento que reciben los familiares de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda e identificación de restos.
Ante la ONU, Méndez informó que en México, la mayor parte de las personas que son víctimas de torturas y maltratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados.
Además, llama la atención sobre los “numerosos casos donde personas sin aparente vinculación con las conductas delictivas investigadas reportan haber sido detenidas, forzadas a firmar declaraciones bajo tortura y, en casos, sentenciadas con base en esas declaraciones”, se lee en el documento.
Todo esto, según el relator de las Naciones Unidas ocurre en total impunidad, sin que los torturadores sean castigados.
“El derecho a la reparación integral para las víctimas de tortura y malos tratos es ilusorio ya que apenas existen casos de víctimas que hayan sido compensadas, asistidas médica y psicológicamente o rehabilitadas en conformidad con estándares internacionales”, denuncia Méndez.
El relator indica que no se conoce el número de personas que han sido torturadas en México porque no se tiene una base de datos sobre el tema, y porque pocas veces se denuncia, por miedo a las represalias o por la ineficiencia del sistema de justicia en sí mismo.
“Existen fallas estructurales, repetidas a nivel federal y estatal, que potencian esta impunidad. Los ministerios públicos son reticentes a investigar las denuncias (…) También hay una tendencia por parte de los ministerios públicos, jueces y comisiones de derechos humanos a calificar conductas constitutivas de tortura con tipos penales de menor gravedad, como abuso de autoridad, lesiones o ejercicio indebido de servicio público”, acusa el informe.
El calvario de quienes sufren tortura no termina al ser entregados a las autoridades judiciales.
Méndez refiere también lo que ocurre durante el seguimiento judicial de los casos donde a veces, incluso, no se tiene acceso a un defensor legal.
“El Relator Especial constató diversos casos en los que las víctimas de tortura y malos tratos no accedieron pronta y confidencialmente a una defensa adecuada desde la detención, en contravención de estándares internacionales y la legislación nacional. Las personas suelen no ver o conocer al abogado o defensor público hasta la primera declaración ante el Ministerio Público, y a veces incluso hasta la presentación ante el juez”, explica.
En ocasiones, dice el relator, incluso la defensa de oficio presencia la firma de declaraciones del detenido obtenidas mediante la tortura y ni siquiera se identifica ante el detenido. En otros casos, los defensores deciden no presentar quejas por la tortura para acelerar el proceso.
Primero detienen y luego investigan
Todos los cuerpos de policía del país, incluyendo a las fuerzas armadas, ejercen la tortura sobre las personas detenidas, esto en medio de un “régimen de excepción constitucional y legal” que afecta a quienes son acusados de un delito, señala el informe.
Méndez expone que de acuerdo a testimonios recabados en varias partes del país, es posible decir que la tortura y los malos tratos son generalizados en el país.
“La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El relator especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de la libertad, y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas”, se lee en el texto.
La mayoría de las víctimas de tortura, sostiene, son detenidas por su presunta relación con la delincuencia organizada en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”.
Contrario a lo que se establece en la Constitución Política, comenta Méndez, hay una tendencia a “detener para investigar, en lugar de investigar para detener”.
De acuerdo con sus cifras, en el 2012 se emitieron 6 mil 824 órdenes de aprehensión, pero se llevaron a cabo 72 mil 994 detenciones sin orden de aprehensión. En el 2013, las cifras fueron de 5 mil 539 órdenes y 42 mil 080 detenciones, hechas con un escaso control sobre la legalidad de esas detenciones.
Para fortalecer la desaparición de la tortura en México, el relator especial de la ONU recomendó a México reconocer públicamente la dimensión de la impunidad de la tortura y “enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado”
Se debe castigar, además, toda represalia contra las personas que denuncien torturas y garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral, entre otras medidas.
Gobierno de México se defiende
Durante la sesión en la que se presentó el informe sobre tortura, el embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negó que la tortura sea generalizada en el país.
“No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, señaló Lomónaco.
El embajador pidió que los informes de la ONU incluyan “todos los puntos de vista”, y comentó que el país ha realizado varios cambios legales que permiten combatir la tortura en México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
En su informe sobre México, el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan E. Méndez, pintó prácticas en la procuración de justicia que son desoladoras para el país.
El relator especial resumió en algunos párrafos lo que viven muchas de las personas que son detenidas en México.
“Las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos.
“La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas”, expone el informe.
Méndez va más allá. Detalla que entre los métodos de tortura que se aplican están los golpes con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos eléctricos, generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con trapos en la boca; desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos.
Esta situación empeora cuando se trata de una mujer. En ese caso, la tortura sexual incluye desnudez forzada, insultos, humillaciones verbales, manoseos en senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación sexual reiterada y por varias personas.
Cuando son víctimas de este tipo de tortura, las mujeres frecuentemente son revictimizadas si presentan denuncias o se someten a exámenes médicos.
Méndez sostuvo que estas acciones han costado la vida a algunas personas.
“El relator especial conoció casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas padecidas, y casos donde la tortura acompaña ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, indica el informe.
Además, el relator recibió “preocupantes testimonios” relativos a las excesivas demoras, errores, falta de información, estigmatización y hostigamiento que reciben los familiares de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda e identificación de restos.
Ante la ONU, Méndez informó que en México, la mayor parte de las personas que son víctimas de torturas y maltratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados.
Además, llama la atención sobre los “numerosos casos donde personas sin aparente vinculación con las conductas delictivas investigadas reportan haber sido detenidas, forzadas a firmar declaraciones bajo tortura y, en casos, sentenciadas con base en esas declaraciones”, se lee en el documento.
Todo esto, según el relator de las Naciones Unidas ocurre en total impunidad, sin que los torturadores sean castigados.
“El derecho a la reparación integral para las víctimas de tortura y malos tratos es ilusorio ya que apenas existen casos de víctimas que hayan sido compensadas, asistidas médica y psicológicamente o rehabilitadas en conformidad con estándares internacionales”, denuncia Méndez.
El relator indica que no se conoce el número de personas que han sido torturadas en México porque no se tiene una base de datos sobre el tema, y porque pocas veces se denuncia, por miedo a las represalias o por la ineficiencia del sistema de justicia en sí mismo.
“Existen fallas estructurales, repetidas a nivel federal y estatal, que potencian esta impunidad. Los ministerios públicos son reticentes a investigar las denuncias (…) También hay una tendencia por parte de los ministerios públicos, jueces y comisiones de derechos humanos a calificar conductas constitutivas de tortura con tipos penales de menor gravedad, como abuso de autoridad, lesiones o ejercicio indebido de servicio público”, acusa el informe.
El calvario de quienes sufren tortura no termina al ser entregados a las autoridades judiciales.
Méndez refiere también lo que ocurre durante el seguimiento judicial de los casos donde a veces, incluso, no se tiene acceso a un defensor legal.
“El Relator Especial constató diversos casos en los que las víctimas de tortura y malos tratos no accedieron pronta y confidencialmente a una defensa adecuada desde la detención, en contravención de estándares internacionales y la legislación nacional. Las personas suelen no ver o conocer al abogado o defensor público hasta la primera declaración ante el Ministerio Público, y a veces incluso hasta la presentación ante el juez”, explica.
En ocasiones, dice el relator, incluso la defensa de oficio presencia la firma de declaraciones del detenido obtenidas mediante la tortura y ni siquiera se identifica ante el detenido. En otros casos, los defensores deciden no presentar quejas por la tortura para acelerar el proceso.
Primero detienen y luego investigan
Todos los cuerpos de policía del país, incluyendo a las fuerzas armadas, ejercen la tortura sobre las personas detenidas, esto en medio de un “régimen de excepción constitucional y legal” que afecta a quienes son acusados de un delito, señala el informe.
Méndez expone que de acuerdo a testimonios recabados en varias partes del país, es posible decir que la tortura y los malos tratos son generalizados en el país.
“La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El relator especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de la libertad, y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas”, se lee en el texto.
La mayoría de las víctimas de tortura, sostiene, son detenidas por su presunta relación con la delincuencia organizada en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”.
Contrario a lo que se establece en la Constitución Política, comenta Méndez, hay una tendencia a “detener para investigar, en lugar de investigar para detener”.
De acuerdo con sus cifras, en el 2012 se emitieron 6 mil 824 órdenes de aprehensión, pero se llevaron a cabo 72 mil 994 detenciones sin orden de aprehensión. En el 2013, las cifras fueron de 5 mil 539 órdenes y 42 mil 080 detenciones, hechas con un escaso control sobre la legalidad de esas detenciones.
Para fortalecer la desaparición de la tortura en México, el relator especial de la ONU recomendó a México reconocer públicamente la dimensión de la impunidad de la tortura y “enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado”
Se debe castigar, además, toda represalia contra las personas que denuncien torturas y garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral, entre otras medidas.
Gobierno de México se defiende
Durante la sesión en la que se presentó el informe sobre tortura, el embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negó que la tortura sea generalizada en el país.
“No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, señaló Lomónaco.
El embajador pidió que los informes de la ONU incluyan “todos los puntos de vista”, y comentó que el país ha realizado varios cambios legales que permiten combatir la tortura en México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
“Votar en Guerrero equivale a apoyar al narco”: vocero de padres de los 43
CHILPANCINGO, Gro: Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes y magisterio disidente marcharon esta tarde para reiterar su exigencia de justicia y el llamado a no votar en este proceso electoral, con el argumento de que los políticos representan los intereses de la delincuencia organizada.
Cerca de las 11:30 horas, al menos dos mil manifestantes partieron en marcha del norte al sur de esta capital sobre un carril de la autopista Del Sol y realizaron dos mítines: el primero frente al cuartel de la 35 Zona Militar y el otro en la sede del Congreso estatal.
La protesta fue pacífica y se enfocó en insistir en el llamado a la sociedad para que no participe en este proceso electoral, pues los inconformes denunciaron que los candidatos de todos los partidos políticos, no representan a la sociedad sino a la delincuencia.
“En estas elecciones votar por cualquier político es apoyar al narco”, aseguró Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, quien dijo que a casi seis meses de lucha se mantienen firmes en la exigencia de justicia “con coraje y dignidad”.
Por su parte, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Reyes Ramos Guerrero, reiteró el apoyo del magisterio al movimiento de Ayotzinapa, insistió en exigir certeza laboral y económica para personal docente y administrativo, y demandó justicia por el caso del asesinato del profesor jubilado Claudio Castillo y las mujeres que fueron violadas durante el desalojo realizado por la Policía Federal en el puerto de Acapulco.
A su paso, los manifestantes llamaron “asesinos” a militares, en referencia al caso Ayotzinapa, y calificaron de “delincuentes” a los diputados de la LIX legislatura que encabeza el perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes del grupo criminal Los Ardillos, quienes operan impunemente en los municipios de Quechultenango y Mochitlán, en la región Centro de la entidad.
La protesta se registra en el contexto de las campañas a gobernador que se han eclipsado por el caso Ayotzinapa y los escándalos de corrupción y nexos de la delincuencia protagonizados por la clase política de la entidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Cerca de las 11:30 horas, al menos dos mil manifestantes partieron en marcha del norte al sur de esta capital sobre un carril de la autopista Del Sol y realizaron dos mítines: el primero frente al cuartel de la 35 Zona Militar y el otro en la sede del Congreso estatal.
La protesta fue pacífica y se enfocó en insistir en el llamado a la sociedad para que no participe en este proceso electoral, pues los inconformes denunciaron que los candidatos de todos los partidos políticos, no representan a la sociedad sino a la delincuencia.
“En estas elecciones votar por cualquier político es apoyar al narco”, aseguró Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, quien dijo que a casi seis meses de lucha se mantienen firmes en la exigencia de justicia “con coraje y dignidad”.
Por su parte, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Reyes Ramos Guerrero, reiteró el apoyo del magisterio al movimiento de Ayotzinapa, insistió en exigir certeza laboral y económica para personal docente y administrativo, y demandó justicia por el caso del asesinato del profesor jubilado Claudio Castillo y las mujeres que fueron violadas durante el desalojo realizado por la Policía Federal en el puerto de Acapulco.
A su paso, los manifestantes llamaron “asesinos” a militares, en referencia al caso Ayotzinapa, y calificaron de “delincuentes” a los diputados de la LIX legislatura que encabeza el perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes del grupo criminal Los Ardillos, quienes operan impunemente en los municipios de Quechultenango y Mochitlán, en la región Centro de la entidad.
La protesta se registra en el contexto de las campañas a gobernador que se han eclipsado por el caso Ayotzinapa y los escándalos de corrupción y nexos de la delincuencia protagonizados por la clase política de la entidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Hipólito Mora negocia candidatura con Movimiento Ciudadano
MÉXICO, D.F: Hipólito Mora, excomandante de las Fuerzas Rurales de La Ruana, adelantó que el partido Movimiento Ciudadano le ofreció una candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal.
Mora dijo que no le entusiasma el cargo, pero que lo aceptó “sólo pensando en la gente que más lo necesita”.
En entrevista con Grupo Fórmula, Mora adelantó que tiene programado reunirse este día con el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.
“No tengo ganas de ser diputado, son una manada de rateros, pero la gente me está presionando mucho para que me meta a la política”, argumentó Mora.
Ayer en la noche, Hipólito Mora dejó el penal de Mil Cumbres, después de estar dos meses internado, acusado de homicidio calificado.
Mora y los 26 hombres que fueron encarcelados junto con él se enfrentaron con el grupo liderado por Luis Antonio Torres “El Americano”, que dejó un saldo de 11 muertos.
En la entrevista concedida esta mañana, Mora arremetió contra “El Americano” y sus simpatizantes, a quienes llamó “una manada de asesinos”.
También se lanzó en contra de Alfredo Castillo, el excomisionado federal en Michoacán, a quien tildó de “basura”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Mora dijo que no le entusiasma el cargo, pero que lo aceptó “sólo pensando en la gente que más lo necesita”.
En entrevista con Grupo Fórmula, Mora adelantó que tiene programado reunirse este día con el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.
“No tengo ganas de ser diputado, son una manada de rateros, pero la gente me está presionando mucho para que me meta a la política”, argumentó Mora.
Ayer en la noche, Hipólito Mora dejó el penal de Mil Cumbres, después de estar dos meses internado, acusado de homicidio calificado.
Mora y los 26 hombres que fueron encarcelados junto con él se enfrentaron con el grupo liderado por Luis Antonio Torres “El Americano”, que dejó un saldo de 11 muertos.
En la entrevista concedida esta mañana, Mora arremetió contra “El Americano” y sus simpatizantes, a quienes llamó “una manada de asesinos”.
También se lanzó en contra de Alfredo Castillo, el excomisionado federal en Michoacán, a quien tildó de “basura”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
“No existen condiciones para reducir impuestos”: Videgaray
MÉXICO, D.F: Si bien el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, ha insistido en que no habrá alza ni se crearán nuevos gravámenes, hoy aseguró que no existen condiciones para reducir los impuestos.
En entrevista con Radio Fórmula, el encargado de la política fiscal del país precisó: “Tenemos menos ingresos como país, el gobierno federal, los estados, tendremos menores ingresos en el futuro en el 2016, probablemente hasta 2017”.
La razón, explicó, es la caída de los ingresos petroleros, los cuales han descendido de un promedio de 90 dólares por barril hace unos meses a menos de 50 dólares, ante la excesiva oferta en los mercados internacionales. De hecho, la tercera parte de las finanzas públicas del país provienen del petróleo.
Videgaray fue menos optimista y de plano sentenció que “las condiciones no mejorarán por lo menos en los próximos dos años”. Luego, soltó que ante la caída del precio del petróleo será necesario realizar más ajustes al presupuesto en el 2016 porque es necesario “gastar menos y gastar mejor”.
Eso sí, se reservó a opinar sobre el ajuste a la baja del pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, el cual ronda en el rango de 3.2% a 4.2%, según la estimación oficial.
No obstante, el Banco de México (Banxico) redujo su pronóstico a una tasa ubicada entre 2.5% y 3.5%… Lejos de lo que Hacienda prevé.
El funcionario aprovechó también para minimizar la depreciación del peso ante el dólar, que hasta al cierre de esta jornada, se cotizó en 15.78 pesos en ventanillas bancarias.
“Lo que estamos viendo, más que una depreciación del tipo de cambio mexicano, es un fortalecimiento del dólar estadunidense frente al resto de las economías del mundo, incluyendo la mexicana”, explicó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
En entrevista con Radio Fórmula, el encargado de la política fiscal del país precisó: “Tenemos menos ingresos como país, el gobierno federal, los estados, tendremos menores ingresos en el futuro en el 2016, probablemente hasta 2017”.
La razón, explicó, es la caída de los ingresos petroleros, los cuales han descendido de un promedio de 90 dólares por barril hace unos meses a menos de 50 dólares, ante la excesiva oferta en los mercados internacionales. De hecho, la tercera parte de las finanzas públicas del país provienen del petróleo.
Videgaray fue menos optimista y de plano sentenció que “las condiciones no mejorarán por lo menos en los próximos dos años”. Luego, soltó que ante la caída del precio del petróleo será necesario realizar más ajustes al presupuesto en el 2016 porque es necesario “gastar menos y gastar mejor”.
Eso sí, se reservó a opinar sobre el ajuste a la baja del pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, el cual ronda en el rango de 3.2% a 4.2%, según la estimación oficial.
No obstante, el Banco de México (Banxico) redujo su pronóstico a una tasa ubicada entre 2.5% y 3.5%… Lejos de lo que Hacienda prevé.
El funcionario aprovechó también para minimizar la depreciación del peso ante el dólar, que hasta al cierre de esta jornada, se cotizó en 15.78 pesos en ventanillas bancarias.
“Lo que estamos viendo, más que una depreciación del tipo de cambio mexicano, es un fortalecimiento del dólar estadunidense frente al resto de las economías del mundo, incluyendo la mexicana”, explicó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
Xóchitl va por la Miguel Hidalgo
La ex comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, durante el sexenio de Vicente Fox, contenderá por la delegación Miguel Hidalgo en las próximas elecciones.
Haber renunciado a sus aspiraciones de encabezar una candidatura a diputada federal por el PAN no impidió a Xóchitl Gálvez Ruiz entrar a la próxima contienda electoral.
La ex comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el sexenio de Vicente Fox fue designada como candidata a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo.
A través de su cuenta de Twitter, Juan Molinar adelantó la información surgida de la Comisión Política del PAN, que se reunió ayer en sesión en la sede nacional del partido blanquiazul.
“En Comisión Política #PAN aprobamos a Xóchitl Gálvez como candidata a delegada en Miguel Hidalgo”, escribió el panista en su perfil.
Demetrio Sodi, quien era otro de los fuertes candidatos del PAN a esa demarcación para las elecciones del próximo 7 de junio, se quedó en el camino.
Polémica nominación
A finales de febrero, un grupo encabezado por líderes del PAN en la Miguel Hidalgo amenazó con abandonar el partido si “imponen” a Xóchitl Gálvez como candidata por la vía de la designación.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Haber renunciado a sus aspiraciones de encabezar una candidatura a diputada federal por el PAN no impidió a Xóchitl Gálvez Ruiz entrar a la próxima contienda electoral.
La ex comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el sexenio de Vicente Fox fue designada como candidata a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo.
A través de su cuenta de Twitter, Juan Molinar adelantó la información surgida de la Comisión Política del PAN, que se reunió ayer en sesión en la sede nacional del partido blanquiazul.
“En Comisión Política #PAN aprobamos a Xóchitl Gálvez como candidata a delegada en Miguel Hidalgo”, escribió el panista en su perfil.
Demetrio Sodi, quien era otro de los fuertes candidatos del PAN a esa demarcación para las elecciones del próximo 7 de junio, se quedó en el camino.
Polémica nominación
A finales de febrero, un grupo encabezado por líderes del PAN en la Miguel Hidalgo amenazó con abandonar el partido si “imponen” a Xóchitl Gálvez como candidata por la vía de la designación.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Se perfila elección de Medina Mora como ministro de la Corte
México, DF. En la sesión de este día el pleno del Senado elegirá al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustituir a Sergio Armando Valls Hernández, todo indica que se decidirán los legisladores del PRI, PVEM, Panal y el PAN por Eduardo Medina Mora para ocupar el cargo.
En la Gaceta del Senado está agendado como dictamen para votación y discusión la elección del magistrado de la terna propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, que la integran los magistrados Felipe Alfredo Fuentes y Horacio Armando Hernández, así como el embajador Eduardo Medina.
A pesar de las críticas que han expresado la barra de abogados, el propio Poder Judicial, intelectuales, académicos, personalidades, organizaciones civiles e incluso la entrega a la Cámara Alta de más de 24 mil firmas en contra de que se ratifique a Medina Mora, esta mañana PRI, Verde, Panal y el PAN lo respaldarán para llegar a la Corte.
El Senado tiene 30 días para ratificar la propuesta del Ejecutivo, y han corrido ya 22 días, de no hacerlo en este lapso el Ejecutivo lo puede designar.
El PRD y el PT han manifestado que votarán en contra de la elección de Medina Mora como ministro de la Corte debido a los señalamientos y recomendaciones que recibió de la CNDH y de la Auditoría Superior de la Federación, además de que consideran que no es la persona que reúna los atributos para ser ministro de la Corte.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS/ANDREA BECERRIL.
Asesinan a niña de 2 años en ajuste de cuentas en León
LEÓN, Gto: Una niña de dos años y dos hombres murieron asesinados en un presunto ajuste de cuentas ligado a la distribución de drogas en un domicilio del barrio del Coecillo que ya había sido reportado a las autoridades como un lugar en el que se vendían estupefacientes.
Sólo en el fin de semana se cometieron nueve asesinatos en esta ciudad.
De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las cinco de la tarde de este lunes tres hombres armados y encapuchados llegaron hasta la vivienda ubicada en la calle San Ignacio, en El Coecillo, e ingresaron al lugar.
Sacaron a la fuerza a un hombre y le dispararon en plena calle.
La víctima fue identificada como Juan Ismael López Mendoza, de 25 años.
Después de esta ejecución, los hombres regresaron al domicilio y dispararon contra otro hombre –un tío de Juan Ismael–, una mujer y una niña de dos años; en la agresión, el varón y la menor fallecieron.
La mujer quedó lesionada de una mano.
De acuerdo con versiones de algunos vecinos, este domicilio es conocido como un lugar donde presuntamente se venden o distribuyen drogas.
De los nueve homicidios ocurridos en las últimas horas, cuatro fueron cometidos el sábado pasado.
Dos hombres fueron ejecutados también por hombres armados en un domicilio de la calle Guyana, en la salida de León a Cuerámaro. Una de las víctimas había sido procesada por delitos contra la salud.
Un comerciante fue encontrado muerto y atado en el interior de la cajuela de un Jeep en la colonia La Piscina. Tenía disparos en el tórax y la cabeza.
Ese mismo día, un joven fue asesinado al salir de su casa cuando iniciaba una riña con integrantes de varias pandillas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Sólo en el fin de semana se cometieron nueve asesinatos en esta ciudad.
De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las cinco de la tarde de este lunes tres hombres armados y encapuchados llegaron hasta la vivienda ubicada en la calle San Ignacio, en El Coecillo, e ingresaron al lugar.
Sacaron a la fuerza a un hombre y le dispararon en plena calle.
La víctima fue identificada como Juan Ismael López Mendoza, de 25 años.
Después de esta ejecución, los hombres regresaron al domicilio y dispararon contra otro hombre –un tío de Juan Ismael–, una mujer y una niña de dos años; en la agresión, el varón y la menor fallecieron.
La mujer quedó lesionada de una mano.
De acuerdo con versiones de algunos vecinos, este domicilio es conocido como un lugar donde presuntamente se venden o distribuyen drogas.
De los nueve homicidios ocurridos en las últimas horas, cuatro fueron cometidos el sábado pasado.
Dos hombres fueron ejecutados también por hombres armados en un domicilio de la calle Guyana, en la salida de León a Cuerámaro. Una de las víctimas había sido procesada por delitos contra la salud.
Un comerciante fue encontrado muerto y atado en el interior de la cajuela de un Jeep en la colonia La Piscina. Tenía disparos en el tórax y la cabeza.
Ese mismo día, un joven fue asesinado al salir de su casa cuando iniciaba una riña con integrantes de varias pandillas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Para Washington, “La Tuta” es “narcoterrorista”
EL PASO, TEXAS: Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, podría ser el primer capo mexicano juzgado por narcoterrorismo en Estados Unidos. Entre varios cargos, Washington le imputa ese delito y podría pedir su extradición, asientan documentos obtenidos por Proceso.
La acusación formal interpuesta en 2009 en Nueva York contra La Tuta –número 1,09-CR-00944-JGK– le achaca la violación de las secciones 959, 960 (A) (3) y 960 (b) (10) (b) del título 21 del Código de Estados Unidos: “para juzgar a terroristas o fuerzas armadas”.
En la sección 960 se acusa a Gómez Martínez de distribución de cocaína mediante “una importación ilegal a los Estados Unidos por agua, en violación del código 960 del título 21 del Código de los Estados Unidos”.
Ese delito es descrito como “violación de un grupo terrorista extranjero o personas terroristas y grupos”, y la figura se ha usado para juzgar talibanes, a las Autodefensas Unidas de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero nunca a un miembro de los cárteles mexicanos de la droga…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2001 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS CHAPARRO.
La acusación formal interpuesta en 2009 en Nueva York contra La Tuta –número 1,09-CR-00944-JGK– le achaca la violación de las secciones 959, 960 (A) (3) y 960 (b) (10) (b) del título 21 del Código de Estados Unidos: “para juzgar a terroristas o fuerzas armadas”.
En la sección 960 se acusa a Gómez Martínez de distribución de cocaína mediante “una importación ilegal a los Estados Unidos por agua, en violación del código 960 del título 21 del Código de los Estados Unidos”.
Ese delito es descrito como “violación de un grupo terrorista extranjero o personas terroristas y grupos”, y la figura se ha usado para juzgar talibanes, a las Autodefensas Unidas de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero nunca a un miembro de los cárteles mexicanos de la droga…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2001 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS CHAPARRO.
Liberan a uno de los cuatro mineros secuestrados en Guerrero
CHILPANCINGO, Gro: Juan Carlos Peña, uno de los cuatro trabajadores de la empresa canadiense Gold Corp secuestrados el jueves 5, fue liberado el pasado fin de semana.
De acuerdo con reportes oficiales, la víctima regresó por sus propios medios a su domicilio ubicado en Carrizalillo, en las inmediaciones de la mina Los Filos-El Bermejal, en el municipio de Eduardo Neri, región Centro de la entidad.
Hasta el momento, autoridades estatales y directivos de la minera mantienen hermetismo total en torno del caso, al parecer para ocultar las presiones de integrantes del narcotráfico que mediante acciones violentas extorsionan a empresas que explotan minerales en la franja denominada “El cinturón de oro”, localizado en la rivera del emblemático río Balsas.
El pasado jueves 5 se dio a conocer que un grupo de sujetos armados interceptó a cuatro trabajadores de la minera canadiense y se los llevó por la fuerza.
Según las investigaciones preliminares, Juan Carlos Merino González, Mauricio Gatica Peña, Juan Carlos Peña y una cuarta persona de la cual se desconoce su nombre, son originarios del poblado de Carrizalillo.
Obligados por ese plagio y las constantes presiones del narcotráfico, directivos de la empresa canadiense Gold Corp se reunieron el sábado 7 con autoridades estatales en el puerto de Acapulco.
Ese mismo día, uno de los cuatro mineros privados de su libertad fue liberado con visibles huellas de tortura. Las autoridades sólo esperan que se restablezca para que declare ante el Ministerio Público del fuero común, debido a que la Fiscalía General del estado (FGE) integró la averiguación previa BRA/SC/709/2015 por “la posible” privación ilegal de la libertad de los cuatro empleados.
Reportes oficiales consultados por Apro refieren que el poblado de Carrizalillo, lugar considerado como un corredor de droga que conecta la zona del río Balsas con la Sierra de la entidad, es controlado por un sujeto identificado como El Peña, jefe de una célula delincuencial presuntamente al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Pese a que los ataques de la delincuencia contra empresas mineras en el estado se han convertido en una constante, los directivos de los corporativos extranjeros y autoridades de los tres niveles de gobierno han ocultado los hechos, pero en reuniones privadas los empresarios han denunciado la dramática situación que afecta directamente a los trabajadores.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
De acuerdo con reportes oficiales, la víctima regresó por sus propios medios a su domicilio ubicado en Carrizalillo, en las inmediaciones de la mina Los Filos-El Bermejal, en el municipio de Eduardo Neri, región Centro de la entidad.
Hasta el momento, autoridades estatales y directivos de la minera mantienen hermetismo total en torno del caso, al parecer para ocultar las presiones de integrantes del narcotráfico que mediante acciones violentas extorsionan a empresas que explotan minerales en la franja denominada “El cinturón de oro”, localizado en la rivera del emblemático río Balsas.
El pasado jueves 5 se dio a conocer que un grupo de sujetos armados interceptó a cuatro trabajadores de la minera canadiense y se los llevó por la fuerza.
Según las investigaciones preliminares, Juan Carlos Merino González, Mauricio Gatica Peña, Juan Carlos Peña y una cuarta persona de la cual se desconoce su nombre, son originarios del poblado de Carrizalillo.
Obligados por ese plagio y las constantes presiones del narcotráfico, directivos de la empresa canadiense Gold Corp se reunieron el sábado 7 con autoridades estatales en el puerto de Acapulco.
Ese mismo día, uno de los cuatro mineros privados de su libertad fue liberado con visibles huellas de tortura. Las autoridades sólo esperan que se restablezca para que declare ante el Ministerio Público del fuero común, debido a que la Fiscalía General del estado (FGE) integró la averiguación previa BRA/SC/709/2015 por “la posible” privación ilegal de la libertad de los cuatro empleados.
Reportes oficiales consultados por Apro refieren que el poblado de Carrizalillo, lugar considerado como un corredor de droga que conecta la zona del río Balsas con la Sierra de la entidad, es controlado por un sujeto identificado como El Peña, jefe de una célula delincuencial presuntamente al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Pese a que los ataques de la delincuencia contra empresas mineras en el estado se han convertido en una constante, los directivos de los corporativos extranjeros y autoridades de los tres niveles de gobierno han ocultado los hechos, pero en reuniones privadas los empresarios han denunciado la dramática situación que afecta directamente a los trabajadores.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
lunes, 9 de marzo de 2015
Amnistía pide a México hacer frente a la tortura generalizada entre las fuerzas de seguridad
Amnistía Internacional pidió a las autoridades del gobierno mexicano hacer frente a la “práctica repugnante” de la tortura que de acuerdo al informe divulgado este lunes por Naciones Unidas es utilizada de manera generalizada entre la policía y las fuerzas de seguridad.
Asimismo indicó que el Presidente Enrique Peña Nieto no puede alegar desconocimiento sobre el tema y por el contrario “debe aceptar y actuar sobre todas las recomendaciones de la ONU”.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, detalló este día ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en México los funcionarios no investigan las denuncias de víctimas de tortura y cómo los médicos forenses que trabajan para el gobierno a menudo ignoran señales de tortura al aplicar el exámenes médicos y psicológicos especializados para casos de tortura de la Procuraduría General de la República (PGR).
“No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, sostuvo Lomónaco. “Esta aseveración tampoco se corresponde con el resto del contenido del informe”, agregó.
Erika Guevara-Rosas dijo que la nueva Procuradora Arely Gómez González tiene la oportunidad de tomar una postura firme sobre la tortura. “Ella debe garantizar que las víctimas tengan acceso a exámenes médicos adecuados, por parte de los expertos forenses oficiales autónomos de la Procuraduría General de la República, como la ONU lo ha señalado hoy”, dijo
Amnistía indicó que ”la policía y los soldados recurren a prácticas de tortura para castigar o extraer confesiones falsas o información de las y los detenidos en su llamada guerra contra las drogas”.
“Con frecuencia, las víctimas se ven obligadas a firmar declaraciones bajo tortura y en muchos casos están condenadas únicamente sobre la base de esas declaraciones. Cuando se practican exámenes médicos forenses, por lo general no cumplen las normas internacionales establecidas en el Protocolo Estambul”, mencionó la organización en referencia al informe.
Por ello, Amnistía pidió al gobierno mexicano garantizar que los médicos forenses realicen exámenes inmediatos, imparciales y exhaustivos a cualquier persona que alega tortura. También exhortó a las autoridades a aceptar los informes forenses de expertos independientes como prueba válida en casos judiciales.
Recordó que Ángel fue asfixiado, humillado y golpeado por soldados durante su detención en una base militar. “Fueron necesarios cinco años para que Ángel tuviera un examen forense médico adecuado en respuesta a sus denuncias de tortura. El examen fue llevado a cabo por un experto forense independiente después de que las autoridades no tomaron medidas”, indicó.
Con respecto a Claudia Medina mencionó que fue torturada con violencia sexual a manos de infantes de marina. “Las autoridades se han mostrado renuentes a investigar sus denuncias, y el gobierno no le da un acceso adecuado para acceder al servicio forense oficial. La única prueba forense de la tortura proviene de dos exámenes independientes”, detalló.
“Después del largo proceso que tenía que pasar, sentí la necesidad de ser una activista de los derechos humanos, para demostrarles que no soy una criminal, como las autoridades me han retratado. No voy a permitir que una sola mujer más sea torturada en México “, Claudia Medina dijo a Amnistía Internacional.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-03-2015/1275630.
Asimismo indicó que el Presidente Enrique Peña Nieto no puede alegar desconocimiento sobre el tema y por el contrario “debe aceptar y actuar sobre todas las recomendaciones de la ONU”.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, detalló este día ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en México los funcionarios no investigan las denuncias de víctimas de tortura y cómo los médicos forenses que trabajan para el gobierno a menudo ignoran señales de tortura al aplicar el exámenes médicos y psicológicos especializados para casos de tortura de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Este informe vital y mordaz de un experto de la ONU sobre la tortura destaca una cultura de la impunidad y la brutalidad a la cual le hemos estado haciendo campaña durante años. El Presidente Enrique Peña Nieto no puede alegar desconocimiento sobre este tema. Por el contrario, se debe aceptar y actuar sobre todas las recomendaciones de la ONU establecidas en el informe del Relator Especial”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.Sin embargo, tras ser presentado el informe especial, el embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, respondió de inmediato que eso es una “falacia” y “no corresponde con la realidad”.
“No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, sostuvo Lomónaco. “Esta aseveración tampoco se corresponde con el resto del contenido del informe”, agregó.
Erika Guevara-Rosas dijo que la nueva Procuradora Arely Gómez González tiene la oportunidad de tomar una postura firme sobre la tortura. “Ella debe garantizar que las víctimas tengan acceso a exámenes médicos adecuados, por parte de los expertos forenses oficiales autónomos de la Procuraduría General de la República, como la ONU lo ha señalado hoy”, dijo
Amnistía indicó que ”la policía y los soldados recurren a prácticas de tortura para castigar o extraer confesiones falsas o información de las y los detenidos en su llamada guerra contra las drogas”.
“Con frecuencia, las víctimas se ven obligadas a firmar declaraciones bajo tortura y en muchos casos están condenadas únicamente sobre la base de esas declaraciones. Cuando se practican exámenes médicos forenses, por lo general no cumplen las normas internacionales establecidas en el Protocolo Estambul”, mencionó la organización en referencia al informe.
Por ello, Amnistía pidió al gobierno mexicano garantizar que los médicos forenses realicen exámenes inmediatos, imparciales y exhaustivos a cualquier persona que alega tortura. También exhortó a las autoridades a aceptar los informes forenses de expertos independientes como prueba válida en casos judiciales.
“Las investigaciones sobre las denuncias de tortura en México están plagadas de defectos. Las directrices internacionalmente acordadas, tales como el Protocolo de Estambul sobre la manera de investigar la tortura son ignoradas rutinariamente y con frecuencia las víctimas tienen que esperar meses o años para ser examinados. La documentación de la tortura es el primer paso para romper el muro de la impunidad”, dijo Erika Guevara Rosas.Amnistía mencionó que en los últimos meses ha hecho campaña por la justicia para Ángel Colón y Claudia Medina, ambos de los cuales fueron torturados para extraer confesiones falsas, en incidentes separados.
Recordó que Ángel fue asfixiado, humillado y golpeado por soldados durante su detención en una base militar. “Fueron necesarios cinco años para que Ángel tuviera un examen forense médico adecuado en respuesta a sus denuncias de tortura. El examen fue llevado a cabo por un experto forense independiente después de que las autoridades no tomaron medidas”, indicó.
Con respecto a Claudia Medina mencionó que fue torturada con violencia sexual a manos de infantes de marina. “Las autoridades se han mostrado renuentes a investigar sus denuncias, y el gobierno no le da un acceso adecuado para acceder al servicio forense oficial. La única prueba forense de la tortura proviene de dos exámenes independientes”, detalló.
“Después del largo proceso que tenía que pasar, sentí la necesidad de ser una activista de los derechos humanos, para demostrarles que no soy una criminal, como las autoridades me han retratado. No voy a permitir que una sola mujer más sea torturada en México “, Claudia Medina dijo a Amnistía Internacional.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-03-2015/1275630.
Medina Mora ocultó desde PGR datos sobre García Luna, Fox, Robles, Gordillo… hasta 2022
Durante su gestión como Procurador General de la República, de 2006 a 2009, Eduardo Medina Mora fue el protagonista principal de uno de los episodios de “confrontación” entre una institución pública y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) por ocultamiento de datos, se desprende de la “Información Relevante” en los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal.
Quien ahora está en la terna para ocupar una de la sillas de Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo una posición férrea para negar la información concerniente a la Guerra contra el Crimen Organizado, emprendida por el entonces Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, lo que ha impedido, hasta ahora, conocer datos fundamentales como el número de víctimas mortales y desaparecidos; además de la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados.
Apegado a la reforma del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) –enviada al Congreso de la Unión por el entonces Presidente Calderón Hinojosa -, Eduardo Medina Mora logró clasificar información de averiguaciones previas hasta 2022. Sobre todo, las concernientes a Genaro García Luna, quien en ese entonces era Secretario de Seguridad Pública.
En octubre de 2008, Lorena González Hernández, un elemento en activo de la Policía Federal Preventiva (PFP), estuvo involucrada en el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario homónimo, en la banda de secuestradores “La Flor”. Ella usaba el sobrenombre “La Lore”. En este caso, era esencial conocer si al propio Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se le seguían averiguaciones previas.
Pero la PGR de Medina Mora clasificó la información hasta 2020.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó en contra de Genaro García Luna en marzo de 2013 una denuncia ante la PGR por el caso Florance Cassez después de que la SCJN consideró que en 2005, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) hizo un montaje televisivo para detener a la ciudadana francesa, acusada de secuestro.
Por ahora, no es posible saber si la PGR abrió averiguaciones previas debido a la clasificación realizada en 2008 por Eduardo Medina Mora.
Con el apego al mismo marco legal, la PGR bajo la responsabilidad de Eduardo Medina Mora, se negó a brindar las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox, los procesos penales ligados con Elba Esther Gordillo, entonces dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, así como las denuncias en contra de Rosario Robles (hoy Secretaria de Desarrollo Social) y el empresario Carlos Ahumada Kurtz (quien purgó cinco años de prisión por un fraude multimillonario en contra de la Delegación Gustavo A. Madero y fue conocido por aparecer en un video en el que le entrega un maletín con billetes a René Bejarano).
OCULTAR, OCULTAR, OCULTAR
Publicada el 23 de enero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al artículo 16 del CFPP le otorgó a todas las averiguaciones previas “carácter estrictamente reservado”. Sólo permite tener acceso a aquéllas en que no hay ejercicio de la acción penal, después de pasados cuando menos tres años y hasta el plazo de doce, contados a partir de que han quedado concluidas.
En febrero del mismo año, se efectuó la “Mesa de Análisis sobre las Reformas al Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales”. Ahí, especialistas en Transparencia y Rendición de Cuentas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, y comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), así como del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), alertaron sobre los riesgos que implicaba la enmienda, impulsada por Felipe Calderón Hinojosa. Resaltaron que la reforma iba a permitir el ocultamiento de datos y la PGR ya era muestra de ello.
En la ocasión, Juan Pablo Guerrero Amparán, Comisionado del IFAI, expuso que la reforma “pasó por debajo de la mesa”, pero a partir de su aprobación, la PGR cambió de manera significativa en el acatamiento de resoluciones del IFAI con relación a la entrega de información de averiguaciones previas. En el foro, al que asistieron decenas de personas, Guerrero Amparán, dijo que la enmienda ocurrió “en un contexto político claramente impulsado por la opacidad y la resistencia a rendir cuentas”.
Hoy, para los especialistas Héctor Rubio y Alejandro González, de la organización Gestión Social (GESOC), con esta reforma se empezó a caminar en sentido contrario del marco normativo de la Transparencia mexicana, logrado por las Organizaciones no Gubernamentales con la promulgación de una Ley General que dio origen al IFAI, cuando cambió el siglo.
Uno de los consultores de las reformas que se le hicieron al CFPP que permitió a la PGR clasificar información, fue el abogado Humberto Castillejos Cervantes, según su currícula pública. Hoy es consejero jurídico de la Presidencia de la República y senadores del PAN y PRD sostienen que promocionó 80 modificaciones a la Ley General de Transparencia que implican “un serio retroceso” a la normativa.
VELO A LA INFORMACIÓN
SinEmbargo revisó los expedientes clasificados en la PGR en la gestión de Eduardo Medina Mora. El 019/FECCI/08 indica que las averiguaciones previas por delitos cometidos por servidores públicos están clasificados hasta el 29 de septiembre de 2020. La Procuraduría cuenta con una Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución, pero su información también está bajo candado. En este caso, es hasta el 2021.
Ello significa que no es posible saber qué funcionarios del aparato de Seguridad delinquieron mientras se ejercía la política que permitió la batalla en contra del crimen organizado, capítulo que activistas de la defensa de los Derechos Humanos en México han calificado como uno de los peores “traumas sociales” de la Historia moderna.
En el apego al artículo 16 de Eduardo Medina Mora no fue tan rígido en otro casos. Si bien la PGR se negó a brindar información en determinados asuntos; sí lo hizo en el caso de Laura Elena Zúñiga Huízar, ganadora del certamen “Nuestra Belleza Sinaloa”, quien fue detenida en Zapopan, Jalisco, en diciembre de 2008, por el Ejército Mexicano. Estaba en compañía de siete hombres que portaban armas de alto calibre y miles de dólares en efectivo.
Laura Elena Zúñiga y los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y luego, trasladados a la SIEDO (hoy SEIDO). Permanecieron bajo arraigo durante 40 días. Ella quedó en libertad porque el Ministerio Público no reunió suficientes pruebas en su contra. Su caso fue conocido porque la PGR envió boletines en los que brindaba detalles de la averiguación previa.
Coronada en julio de 2008 como “Nuestra Belleza Sinaloa”, Laura Elena Zúñiga había declarado que deseaba realizar una carrera como modelo; pero después de los acontecimientos de Zapopan prefirió retirarse de la escena pública.
UN ACCIDENTADO CAMINO
Eduardo Medina Mora integra la terna propuesta por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para ser ministro de la SCJN; pero enfrenta una serie de señalamientos documentados por organizaciones civiles y legisladores. En la página Change.org, los activistas y políticos mantienen una petición para que decline.
“La postulación de Medina Mora a la terna de candidatos a ocupar la plaza de ministro de la SCJN evidencia un profundo desprecio a los derechos humanos por parte de la Presidencia de la República, quien parecería querer impulsar un perfil policiaco y protector de los intereses corporativos al interior del máximo tribunal que le garantice llevar a cabo, con la menor resistencia posible, un proyecto de nación que es incompatible con los derechos humanos”, suscribieron más de 20 organizaciones en un comunicado que en estos momentos circula en las redes sociales y los medios informativos.
Los críticos de su postulación señalan su desempeño como Procurador. Según ellos, Medina Mora asignó elementos de la PGR a la operación Rápido y Furioso, estrategia del Gobierno de Estados Unidos que permitió el ingreso de armas a México que al final, fueron usados por cárteles del Narcotráfico. También recuerdan que en 2006, tres mujeres otomíes fueron acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación, lo que llevó a la organización Amnistía Internacional a calificarlas como “presas de conciencia”. Después de cuatro años, fueron liberadas y declaradas inocentes.
Por el caso, la CNDH emitió una recomendación, misma que fue rechazada por la PGR.
Por su gestión en la PGR, Medina Mora también es señalado por el operativo en el que fueron detenidos 38 funcionarios estatales y municipales en Michoacán, en 2009, lo que se conoció como el “Michoacanazo”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-03-2015/1276065
Quien ahora está en la terna para ocupar una de la sillas de Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo una posición férrea para negar la información concerniente a la Guerra contra el Crimen Organizado, emprendida por el entonces Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, lo que ha impedido, hasta ahora, conocer datos fundamentales como el número de víctimas mortales y desaparecidos; además de la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados.
Apegado a la reforma del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) –enviada al Congreso de la Unión por el entonces Presidente Calderón Hinojosa -, Eduardo Medina Mora logró clasificar información de averiguaciones previas hasta 2022. Sobre todo, las concernientes a Genaro García Luna, quien en ese entonces era Secretario de Seguridad Pública.
En octubre de 2008, Lorena González Hernández, un elemento en activo de la Policía Federal Preventiva (PFP), estuvo involucrada en el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario homónimo, en la banda de secuestradores “La Flor”. Ella usaba el sobrenombre “La Lore”. En este caso, era esencial conocer si al propio Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se le seguían averiguaciones previas.
Pero la PGR de Medina Mora clasificó la información hasta 2020.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó en contra de Genaro García Luna en marzo de 2013 una denuncia ante la PGR por el caso Florance Cassez después de que la SCJN consideró que en 2005, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) hizo un montaje televisivo para detener a la ciudadana francesa, acusada de secuestro.
Por ahora, no es posible saber si la PGR abrió averiguaciones previas debido a la clasificación realizada en 2008 por Eduardo Medina Mora.
Con el apego al mismo marco legal, la PGR bajo la responsabilidad de Eduardo Medina Mora, se negó a brindar las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox, los procesos penales ligados con Elba Esther Gordillo, entonces dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, así como las denuncias en contra de Rosario Robles (hoy Secretaria de Desarrollo Social) y el empresario Carlos Ahumada Kurtz (quien purgó cinco años de prisión por un fraude multimillonario en contra de la Delegación Gustavo A. Madero y fue conocido por aparecer en un video en el que le entrega un maletín con billetes a René Bejarano).
OCULTAR, OCULTAR, OCULTAR
Publicada el 23 de enero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al artículo 16 del CFPP le otorgó a todas las averiguaciones previas “carácter estrictamente reservado”. Sólo permite tener acceso a aquéllas en que no hay ejercicio de la acción penal, después de pasados cuando menos tres años y hasta el plazo de doce, contados a partir de que han quedado concluidas.
En febrero del mismo año, se efectuó la “Mesa de Análisis sobre las Reformas al Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales”. Ahí, especialistas en Transparencia y Rendición de Cuentas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, y comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), así como del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), alertaron sobre los riesgos que implicaba la enmienda, impulsada por Felipe Calderón Hinojosa. Resaltaron que la reforma iba a permitir el ocultamiento de datos y la PGR ya era muestra de ello.
En la ocasión, Juan Pablo Guerrero Amparán, Comisionado del IFAI, expuso que la reforma “pasó por debajo de la mesa”, pero a partir de su aprobación, la PGR cambió de manera significativa en el acatamiento de resoluciones del IFAI con relación a la entrega de información de averiguaciones previas. En el foro, al que asistieron decenas de personas, Guerrero Amparán, dijo que la enmienda ocurrió “en un contexto político claramente impulsado por la opacidad y la resistencia a rendir cuentas”.
Hoy, para los especialistas Héctor Rubio y Alejandro González, de la organización Gestión Social (GESOC), con esta reforma se empezó a caminar en sentido contrario del marco normativo de la Transparencia mexicana, logrado por las Organizaciones no Gubernamentales con la promulgación de una Ley General que dio origen al IFAI, cuando cambió el siglo.
Uno de los consultores de las reformas que se le hicieron al CFPP que permitió a la PGR clasificar información, fue el abogado Humberto Castillejos Cervantes, según su currícula pública. Hoy es consejero jurídico de la Presidencia de la República y senadores del PAN y PRD sostienen que promocionó 80 modificaciones a la Ley General de Transparencia que implican “un serio retroceso” a la normativa.
VELO A LA INFORMACIÓN
SinEmbargo revisó los expedientes clasificados en la PGR en la gestión de Eduardo Medina Mora. El 019/FECCI/08 indica que las averiguaciones previas por delitos cometidos por servidores públicos están clasificados hasta el 29 de septiembre de 2020. La Procuraduría cuenta con una Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución, pero su información también está bajo candado. En este caso, es hasta el 2021.
Ello significa que no es posible saber qué funcionarios del aparato de Seguridad delinquieron mientras se ejercía la política que permitió la batalla en contra del crimen organizado, capítulo que activistas de la defensa de los Derechos Humanos en México han calificado como uno de los peores “traumas sociales” de la Historia moderna.
En el apego al artículo 16 de Eduardo Medina Mora no fue tan rígido en otro casos. Si bien la PGR se negó a brindar información en determinados asuntos; sí lo hizo en el caso de Laura Elena Zúñiga Huízar, ganadora del certamen “Nuestra Belleza Sinaloa”, quien fue detenida en Zapopan, Jalisco, en diciembre de 2008, por el Ejército Mexicano. Estaba en compañía de siete hombres que portaban armas de alto calibre y miles de dólares en efectivo.
Laura Elena Zúñiga y los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y luego, trasladados a la SIEDO (hoy SEIDO). Permanecieron bajo arraigo durante 40 días. Ella quedó en libertad porque el Ministerio Público no reunió suficientes pruebas en su contra. Su caso fue conocido porque la PGR envió boletines en los que brindaba detalles de la averiguación previa.
Coronada en julio de 2008 como “Nuestra Belleza Sinaloa”, Laura Elena Zúñiga había declarado que deseaba realizar una carrera como modelo; pero después de los acontecimientos de Zapopan prefirió retirarse de la escena pública.
UN ACCIDENTADO CAMINO
Eduardo Medina Mora integra la terna propuesta por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para ser ministro de la SCJN; pero enfrenta una serie de señalamientos documentados por organizaciones civiles y legisladores. En la página Change.org, los activistas y políticos mantienen una petición para que decline.
“La postulación de Medina Mora a la terna de candidatos a ocupar la plaza de ministro de la SCJN evidencia un profundo desprecio a los derechos humanos por parte de la Presidencia de la República, quien parecería querer impulsar un perfil policiaco y protector de los intereses corporativos al interior del máximo tribunal que le garantice llevar a cabo, con la menor resistencia posible, un proyecto de nación que es incompatible con los derechos humanos”, suscribieron más de 20 organizaciones en un comunicado que en estos momentos circula en las redes sociales y los medios informativos.
Los críticos de su postulación señalan su desempeño como Procurador. Según ellos, Medina Mora asignó elementos de la PGR a la operación Rápido y Furioso, estrategia del Gobierno de Estados Unidos que permitió el ingreso de armas a México que al final, fueron usados por cárteles del Narcotráfico. También recuerdan que en 2006, tres mujeres otomíes fueron acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación, lo que llevó a la organización Amnistía Internacional a calificarlas como “presas de conciencia”. Después de cuatro años, fueron liberadas y declaradas inocentes.
Por el caso, la CNDH emitió una recomendación, misma que fue rechazada por la PGR.
Por su gestión en la PGR, Medina Mora también es señalado por el operativo en el que fueron detenidos 38 funcionarios estatales y municipales en Michoacán, en 2009, lo que se conoció como el “Michoacanazo”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-03-2015/1276065
Ordenan liberar a Hipólito Mora y su grupo
MÉXICO, D.F: Luego de poco más de dos meses de permanecer en la cárcel acusados de homicidio calificado, el exlíder de autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, y 26 de sus hombres fueron puestos en libertad.
La Séptima Sala Penal de Supremo Tribunal de Justicia del Estado revocó el auto de formal prisión en su contra por falta de pruebas.
A través de la cuenta personal de Facebook del excomandante de Fuerzas Rurales de La Ruana, se informó:
“Hoy día 09 de marzo del 2015 a las 6:30 pm saldrá Hipólito Mora y su grupo de autodefensas de la ruana, de cerezo de mil cumbres, estén pendientes de la noticia. El pueblo de la ruana los espera con gusto y júbilo” (sic).
Alrededor de las 20:00 horas apareció otro mensaje, al parecer escrito por el propio Mora Chávez:
“Muchisimas gracias a todos por su apoyo, les agradecemos por lo que han hecho por apoyarnos, gracias por confiar, por su honestidad y constancia, no los defraudare atte. Hipolito Mora”.
De acuerdo con el punto tres de la resolución de la Séptima Sala del Tribunal, “se acreditó la legítima defensa de los imputados en los hechos del pasado 16 de diciembre en La Ruana”.
Aquel día, Hipólito y los 26 hombres que fueron encarcelados junto con él, se enfrentaron con el grupo liderado por Luis Antonio Torres, El Americano, lo que dejó un saldo de 11 muertos, entre ellos el hijo mayor de Mora.
Pasadas las exequias de las 11 víctimas –cinco del lado de Hipólito Mora y seis del Americano– el 27 de diciembre Mora se entregó a las autoridades junto con 26 de sus hombres, confiando en que sería liberado de inmediato pero no fue así. Todos recibieron orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y fueron recluidos en el penal de Mil Cumbres.
El Americano y nueve de sus hombres, de 24 que contaban con orden de aprehensión, se entregaron el 30 de diciembre y también recibieron el auto de formal prisión. Según las autoridades michoacanas, las órdenes contra quienes no se entregaron siguen vigentes.
Esta es la segunda vez que Hipólito Mora es encarcelado y liberado por falta de pruebas. El año pasado fue aprehendido, acusado de coparticipar en el homicidio de Rafael Sánchez Moreno, El Pollo, y José Luis Torres Castañeda, Nino Torres, ambos autodefensas del grupo de El Americano.
Fueron encontrados calcinados en una comunidad de Buenavista Tomatlán el 8 de marzo de 2014.
Mora fue detenido el 11 de marzo, ocho días después le dictaron formal prisión y lo recluyeron en el Cereso “David Franco Rodríguez”. Dos meses después, el 16 de mayo, Plácido Torres Pineda, magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Supremo de Michoacán, revocó el auto de formal prisión dictado en su contra y ordenó su libertad inmediata.
Igual que en esta ocasión, el Tribunal determinó que no existían elementos suficientes de prueba para iniciarle un proceso penal por el delito de homicidio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Séptima Sala Penal de Supremo Tribunal de Justicia del Estado revocó el auto de formal prisión en su contra por falta de pruebas.
A través de la cuenta personal de Facebook del excomandante de Fuerzas Rurales de La Ruana, se informó:
“Hoy día 09 de marzo del 2015 a las 6:30 pm saldrá Hipólito Mora y su grupo de autodefensas de la ruana, de cerezo de mil cumbres, estén pendientes de la noticia. El pueblo de la ruana los espera con gusto y júbilo” (sic).
Alrededor de las 20:00 horas apareció otro mensaje, al parecer escrito por el propio Mora Chávez:
“Muchisimas gracias a todos por su apoyo, les agradecemos por lo que han hecho por apoyarnos, gracias por confiar, por su honestidad y constancia, no los defraudare atte. Hipolito Mora”.
De acuerdo con el punto tres de la resolución de la Séptima Sala del Tribunal, “se acreditó la legítima defensa de los imputados en los hechos del pasado 16 de diciembre en La Ruana”.
Aquel día, Hipólito y los 26 hombres que fueron encarcelados junto con él, se enfrentaron con el grupo liderado por Luis Antonio Torres, El Americano, lo que dejó un saldo de 11 muertos, entre ellos el hijo mayor de Mora.
Pasadas las exequias de las 11 víctimas –cinco del lado de Hipólito Mora y seis del Americano– el 27 de diciembre Mora se entregó a las autoridades junto con 26 de sus hombres, confiando en que sería liberado de inmediato pero no fue así. Todos recibieron orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y fueron recluidos en el penal de Mil Cumbres.
El Americano y nueve de sus hombres, de 24 que contaban con orden de aprehensión, se entregaron el 30 de diciembre y también recibieron el auto de formal prisión. Según las autoridades michoacanas, las órdenes contra quienes no se entregaron siguen vigentes.
Esta es la segunda vez que Hipólito Mora es encarcelado y liberado por falta de pruebas. El año pasado fue aprehendido, acusado de coparticipar en el homicidio de Rafael Sánchez Moreno, El Pollo, y José Luis Torres Castañeda, Nino Torres, ambos autodefensas del grupo de El Americano.
Fueron encontrados calcinados en una comunidad de Buenavista Tomatlán el 8 de marzo de 2014.
Mora fue detenido el 11 de marzo, ocho días después le dictaron formal prisión y lo recluyeron en el Cereso “David Franco Rodríguez”. Dos meses después, el 16 de mayo, Plácido Torres Pineda, magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Supremo de Michoacán, revocó el auto de formal prisión dictado en su contra y ordenó su libertad inmediata.
Igual que en esta ocasión, el Tribunal determinó que no existían elementos suficientes de prueba para iniciarle un proceso penal por el delito de homicidio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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