Representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); PODER; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, informaron que ante las repercusiones que tendrán las reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, violentando derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales firmados por México, determinaron exponer el problema en una audiencia pública que se realizará el próximo 20 de marzo en la sede de la CIDH en Washington, durante su 154 periodo de sesiones.
Los defensores enlistaron algunos de los puntos de mayor preocupación que genera la reforma energética, entre ellos los referentes a la propiedad de la tierra, violación al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, riesgos de contaminación del ambiente y las amenazas para los activistas y comunidades que se opongan a la operación de las empresas privadas.
Juan Antonio López, de ProDESC, destacó que al convertirse la extracción de hidrocarburos y la producción de energía eléctrica en un asunto de utilidad pública, en los hechos “se sobreponen sobre cualquier derecho humano reconocido en tratados internacionales”, dando prioridad, por ejemplo, a empresas mineras “que tradicionalmente han sido violadoras de derechos humanos”.
López alertó que el diseño de la nueva Ley Minera “permitirá evitar juicios con ejidos y comunidades, y podrán iniciar procesos ante la Secretaría de Economía para ocupar las tierras sin el consentimiento de las asambleas comunitarias, por lo que difícilmente permitirá la consulta previa e informada”.
En el contexto de las discusiones sobre las modificaciones a la Ley General de Aguas, advirtió que mientras ello ocurre, las reformas previamente aprobadas permiten a mineras y empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos, a través del llamado fracking, “utilizar toda el agua que necesiten sin necesidad de tener una concesión especial”, en detrimento de las comunidades cercanas a esos proyectos extractivos.
El activista de ProDESC puntualizó que la reforma energética dio respuesta a una de las principales preocupaciones que planteaban los inversionistas extranjeros para invertir. “Ellos pedían mayor seguridad en la tenencia de la tierra, y con los procedimientos incluidos de constitución de servidumbre u ocupación temporal, así como los mecanismos de mediación, ya no es necesario respetar los usos y costumbres de los ejidos agrarios o indígenas, dejándolos en indefensión, de manea que el derecho a la consulta previa es enunciativo”, explicó.
Aroa de la Fuente, de Fundar, recordó la opacidad en la que se condujeron los legisladores para aprobar la reforma energética, así como la ausencia de sustento en sus argumentos sobre los supuestos impactos en la sociedad y las comunidades donde se explotarán los energéticos.
Luego de señalar que en la asignación de las rondas cero y uno “la Secretaría de Energía ya violó los derechos a la consulta” dispuestos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apuntó que resulta evidente un “debilitamiento de la política pública en materia de hidrocarburos y electricidad, que ya no es para defensa del interés público sino de las empresas privadas”.
Entre los asuntos que ponen en evidencia lo anterior, enlistó la promoción del fracking contra los daños ambientales y la contaminación de grandes cantidades de agua, ya comprobados, y la renta de tierras por tres a cinco años de parte de empresas privadas, dejando “toda la contaminación y los tóxicos en las poblaciones”. Y aun cuando se promueve que habrá ganancias para las comunidades, de 3% a 3.5% de las utilidades de las empresas, “está comprobado en Estados Unidos que 80% de los pozos fracturados y perforados no resultan comercialmente viables, por lo que son abandonados”, abundó.
Sobre el fondo que se creará para destinarlo a estados y municipios, De la Fuente resaltó que “es una figura para convencer y forzar a las comunidades para que permitan la presencia de empresas privadas y controlar a la sociedad con el fin de que no pongan obstáculos”.
Advirtió que la medida de coerción se apuntala con la creación de la Gendarmería, que tiene como “uno de sus objetivos defender a las empresas privadas frente a cualquier acto en contra. Sabemos que los actores opositores somos nosotros, las organizaciones sociales, y las comunidades que se niegan a los proyectos, no al narco ni a otras cosas”, apuntó.
Bettina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec –procesada penalmente por oponerse a la construcción de un parque eólico en esa región–, se refirió a la ausencia de una consulta previa e informada a las comunidades indígenas en torno de los megaproyectos.
Tras señalar que la consulta está siendo aplicada por las secretarías de Gobernación y Energética, puntualizó que “no es previa, libre informada ni de buena fe, y constituye un experimento de cómo se implementarán estos ejercicios de ahora en adelante”.
Phil Bloomer, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, dijo que su organización ha presentado cuestionarios a unos cien países y 180 empresas sobre las medidas específicas para garantizar que respeten los derechos humanos, por lo que recomendó presionar a los gobiernos para que no se violen lo derechos fundamentales.
En ese sentido, Fernanda Hopenhaym, de PODER, señaló que algunas de las empresas que buscan participar en la extracción de hidrocarburos “cargan con un historial de violaciones a derechos humanos”.
Ante el escenario que se avecina en México y los efectos negativos en las comunidades más pobres del país, Santiago Aguirre, del Centro Prodh, sostuvo que para “enfrentar el despojo” se requiere explorar mecanismos internacionales, hacer investigación corporativa y litigar la reforma energética en tribunales.
Por ello, sostuvo, el Centro Prodh, Fundar, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Greenpeace México promovieron una audiencia para abordar el asunto en la CIDH.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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