La participación política de Hipólito Mora como candidato a diputado federal no significa una renuncia al movimiento de los grupos de autodefensa, él mismo ha reconocido que su aspiración es para fortalecer el levantamiento armado.
Aún mareado por el salto de la oscuridad de su celda a los reflectores mediáticos, el recién liberado líder de los grupos de autodefensa de La Ruana, Hipólito Mora Chávez, no ceja en su empeño de ser candidato plurinominal a la cámara federal de diputados.
En el PRI, PAN y PRD le han cerrado los espacios, pero entre los llamados “partidos chicos” comenzó la puja para fichar al que saben con alto capital político.
En primera instancia Mora Chávez desechó la oferta presentada por el coordinador en Michoacán del Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada, quien –en una actitud llena de soberbia- le aventó la oferta para incluirlo en la quinta posición.
El líder de las autodefensas no aceptó y optó por reunirse con el coordinador nacional de ese partido, Dante Delgado, a fin de buscar una mejor posición.
Por su parte, el Partido Encuentro Social, dijo el presidente de ese organismo en Michoacán, se mantiene a la espera “para mejorar la oferta” que finalmente le pudiera hacer a Hipólito Mora el partido Movimiento Ciudadano, a fin de que sea diputado por el naciente partido que en Michoacán no alcanza a completar el 100 por ciento de las candidaturas a las 113 alcaldías.
La dirigencia estatal del PT, también con el ánimo de poder alcanzar una votación que le permita mantenerse dentro de las prerrogativas económicas oficiales, no ha descartado la posibilidad de ofrecer algunas posiciones dentro de la lista plurinominal de candidatos a diputado federal para los integrantes del movimiento de autodefensas.
El PT –señalaron fuentes oficiales al interior del comité directivo estatal- ya inició también negociaciones con Hipólito Mora, a fin de que este sea candidato directo a la diputación federal por el distrito de Apatzingán, además de buscar la postulación de algunos de los hombres de ese grupo de autodefensas para que sean candidatos a las alcaldías de los municipios de la zona de Tierra Caliente.
Por su parte, la dirigencia estatal del Partido Humanista también inició el acercamiento con los representantes del fundador del movimiento armado de La Ruana, a fin de ofertarle una propuesta de inclusión en las candidaturas plurinominales. El partido Humanista es el único organismo que también ha tendido lazos hacia el grupo de Luis Antonio Torres González “El Americano”, para cubrir sus candidaturas.
Mora, trascendió al interior del partido Movimiento Ciudadano, no aceptó la quinta posición en la lista plurinominal, porque el coordinador estatal de ese organismo, Daniel Moncada, no valoró en su justa dimensión la figura política que ahora representa el excarcelado líder de las autodefensas. El coordinador estatal fue tajante en su oferta. Presentó un “tómalo o déjalo”, lo que hizo que Mora optara por negociar con el coordinador nacional.
Apenas hace una semana, cuando Mora se encontraba recluido en la cárcel estatal de Mil Cumbres, en Morelia, uno de sus abogados se acercó al comité estatal del Partido Encuentro Social, a fin de ofertar la candidatura del líder de las autodefensas, garantizando un repunte considerable en la votación del partido que lo acogiera.
La primera negociación se hizo con el comité directivo estatal del Partido Encuentro Social, de acuerdo a la versión emitida por el presidente de ese organismo en la entidad, Rubén Pérez Hernández, quien confirmó que ese partido le ofrecería la primera posición en la lista de la V circunscripción.
Hipólito sí quiere
A unas horas de haber alcanzado la libertad, luego que un magistrado del poder judicial de Michoacán estableciera que no había conducta ilícita en Hipólito Mora que acreditara su permanencia en prisión, el líder de las autodefensas reconoció que sí “hay la propuesta” para ser candidato a diputado federal, refiriendo como su opción el partido Movimiento Ciudadano.
Hipólito Mora no habló de que uno de sus abogados es el que ha tendido los lazos para negociar con algunas dirigencias estatales su participación como candidato del partido político que acepte el abanderamiento. El único requisito que se ha solicitado a las organizaciones políticas es que vaya en una posición segura para ser diputado.
El abogado que le ha negociado su participación política es Gabriel Torres, el que mantuvo un acercamiento con Movimiento Ciudadano, partido que aún no define si cede la primera diputación plurinominal.
“Voy a seguir en pláticas con el Movimiento Ciudadano, y si llegamos a un acuerdo le voy a entrar”.
El tema de la participación política de Hipólito como candidato a diputado federal no significa una renuncia al movimiento de los grupos de autodefensa. Él mismo ha reconocido que su aspiración para ser candidato es para fortalecer el movimiento armado, toda vez que no está todo resuelto en Michoacán, pese a que se habla del exterminio del cartel delincuencial contra el que se alzaron él y miles de hombres.
El líder de La Ruana aseguró que de llegar a ser diputado, por el partido que sea, no hará que se olvide de los grupos de autodefensa.
“No, si me lanzo es precisamente por eso, porque aquí en Michoacán y en otras partes del país se necesitan personas que alcen la voz, que no se dejen intimidar por nadie. La gente me ha pedido que me meta a la política, que me meta allí”, eso es lo que lo mueve.
Es un tema de oportunismo: Sandoval
Para el diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, lo que está haciendo el Movimiento Ciudadano y el Partido Encuentro Social, al tratar de fichar a Hipólito Mora como su candidato, es solo un tema de oportunismo.
“Son partidos que no lograran la votación necesaria y tratan de subsistir a como dé lugar colgándose de figuras mediáticas importantes”, dice.
Recordó que “el PT es el único partido que mantiene una alianza de unidad y entendimiento con los grupos de autodefensa, no de ahora, sino de hace años”. Por esa razón es que el Partido del Trabajo ha optado por abanderar las candidaturas de líderes de autodefensas a las alcaldías de Aquila y Coahuayana, las únicas que están confirmadas al momento.
El PT, aseguró, está vinculado con el movimiento de las autodefensas desde hace años. La unidad entre la insurgencia y los candidatos del movimiento no se ha dado a partir de los votos que el partido pudiera necesitar.
Se prende el estado
A menos de 12 horas de que se diera la liberación del líder de las autodefensas de La Ruana y uno de los hombres más cercanos a José Manuel Mireles Valverde, los grupos de civiles armados que se han desmovilizado, salieron de nueva cuenta a las calles, carreteras y caminos de al menos ocho municipios de Michoacán.
Pese a que el Gobierno Federal ha dicho en repetidas ocasiones, desde el mes de mayo del año pasado a través de diversos funcionarios públicos de primer nivel, que las autodefensas no existen, la muestra de su persistencia se dio la madrugada de este martes, cuando nuevas barricadas comenzaron a aparecer en diversas localidades.
Unas de las barricadas más importantes de los grupos de autodefensa que se vieron alentadas con la puesta en libertad de Hipólito Mora, fueron las del municipio de Uruapan, las que a media noche comenzaron a concentrarse con la intención de tomar el control de la seguridad pública de la tercera ciudad más importante de la entidad.
Elementos del Ejército Mexicano se desplazaron desde Morelia hacia el municipio de Uruapan para llevar a cabo una operación de desarme de los ciudadanos que retornaron a las posiciones de vigilancia. Oficialmente no se habla de detenidos, pero se estima que al menos 200 hombres armados fueron retirados de la vía pública.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: La empresa MVS emprendió una campaña en la que, sin mencionarla por su nombre, acusa a la periodista Carmen Aristegui de “abuso de confianza”.
Esta mañana, la cadena difundió un comunicado y anuncios en sus espacios noticiosos para deslindarse de la plataforma de filtraciones periodísticas Méxicoleaks, en la que participa Arsitegui.
“MVS Radio nunca tuvo conocimiento de negociaciones, encuentros o posibles alianzas con iniciativas u organización alguna, por lo que lamentamos y condenamos el uso de nuestra marca ‘Noticias MVS’”, censura la empresa.
Y advierte: “Noticias MVS, tomará las medidas pertinentes y necesarias a fin de que sus recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales, no sean utilizados para fines distintos para los que fueron creados y sirvan a intereses particulares que nada tienen que ver con el periodismo que realiza la empresa”.
Al aire, Carmen Aristegui, titular del espacio matutino de MVS Noticias, se limitó a mencionar que continuará ejerciendo el periodismo.
Ayer fue presentada la plataforma Méxicoleaks, en la que participan ocho medios, incluida la revista Proceso. Dicho proyecto ofrece la posibilidad a los ciudadanos de enviar documentos de interés público de manera segura y anónima por internet, los cuales recibirán posteriormente un riguroso tratamiento periodístico.
Entre los medios participantes se encuentran: Animal Político, Aristegui Noticias, Emeequis, Periodistas de a Pie, Másde131, R3D y PODER.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO, Gro: La precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, fue encontrada decapitada.
El hallazgo se registró ayer por la noche sobre un camino de terracería que conduce al poblado de Oxtotitlán, indica un reporte oficial al que Proceso tuvo acceso.
El cadáver fue cubierto con una manta; junto a él, sus victimarios dejaron un mensaje:
“Esto le va a pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear, putos chaqueteros. Atte. Puro Rojo ZNS”.
La precandidata perredista fue interceptada por un comando que la privó de su libertad el lunes por la tarde, cuando se desplazaba junto a miembros de su equipo en las inmediaciones del crucero que conduce a la comunidad de Tecoanapa, sobre la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo.
Apenas el sábado pasado, Aidé Nava González se había registrado para ser considerada candidata por el PRD para presidenta municipal y, al parecer, contaba con el apoyo de todas las corrientes de su partido.
Hace nueve meses, el 28 de junio de 2014, el esposo de Aidé Nava, exalcalde perredista en el periodo 2009-2012, Francisco Quiñónez Ramírez, fue asesinado en la entrada a la ciudad.
El ataque contra Quiñónez Ramírez, quien iba acompañado de Nava González, ocurrió en el lugar conocido como Tierras Prietas, ubicado entre el crucero a Tecoanapa y un módulo de seguridad en Barranca Honda.
Antes, el 11 de octubre de 2012, el hijo de la pareja perredista, Francisco Quiñónez Nava, fue secuestrado. Se supo que sus captores pedían 300 mil pesos por su liberación; el joven permanece en calidad de desaparecido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció la toma de tribunas y movilizaciones en las calles para frenar la Ley General de Aguas.
Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, rechazó la legislación que se detuvo en el Congreso de la Unión, por ser “privatizadora” y afectar a la población en su acceso básico al líquido.
“Vamos a dar la batalla en tres rubros: debate de ideas, dentro de la Cámara se tomarán tribunas y en las calles con Movilización ciudadana”, dijo el dirigente de Morena.
Batres acompañado de la candidata a la delegación Iztapalapa Clara Brugada y del investigador Pedro Moctezuma Barragán, indicó que Morena rechaza por completo el dictamen que se encuentra en discusión.
El dirigente de la fuerza política dijo que el partido apoya en su totalidad la propuesta del Movimiento Agua para Todos, que durante dos años construyó una propuesta que ya fue entregada a los legisladores.
La propuesta ciudadana dijo es agua para la población, mientras que el dictamen que se discute es agua para la privatización.
Este lunes, Manlio Fabio Beltrones, Coordinador Parlamentario de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que la Junta de Coordinación Política de San Lazaro acordó posponer la discusión de la nueva Ley General de Aguas, prevista para este martes, “el tiempo que sea necesario”.
“Aunque con distintas expresiones del porqué, hemos resuelto que se difiera su discusión del día de mañana por el tiempo que sea necesario para que se aclaren dudas y se acabe la desinformación que ha hecho que algunos políticos en campaña quieran tomarlo como bandera”, dijo Beltrones en conferencia de prensa.
El Diputado tricolor indicó que habrá tiempo suficiente “para que muchos de quienes hablan pero todavía no han leído la iniciativa ni el dictamen hagan su trabajo. Lo que no hay es intención privatizadora como ciertos políticos demagógicos lo han expresado”.
También ayer, más de cinco mil personas y cerca de mil científicos reprobaron la Ley y convocaron a la sociedad a defender su derecho a contar con el líquido de forma gratuita.
En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmaron que la iniciativa para crear la Ley General del Agua viola diversos derechos humanos, es privatizadora, y va en contra de normas internacionales para garantizar la accesibilidad del líquido para la gente que no puede pagarla.
“Ya se privatizó el subsuelo, ahora van por los ríos. Esto es el mensaje: es una ley privatizadora, es una ley mercantilizadora, nada tiene que ver con el derecho humano al agua y llamamos a una movilización social fuerte para que no pase una ley que va en beneficio de los que ya conocemos, de los pocos sobre las mayorías”, afirmó Silvia Manueli, de COMDA.
Legisladores de oposición han denunciado que la Ley beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones.
“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.
“Son empresas como Coca Cola y también otra es Grupo Monterrey, en general”, concordó la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a este diario digital.
Al respecto, la Diputada perredista Aleida Alavez Ruiz detalló que la nueva Ley General de Aguas es una legislación con una redacción “tramposa”, porque por un lado afirma que defiende el derecho humano al agua, pero por el otro fomenta una visión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de miles de familias.
Agregó que la legislación “privilegia las concesiones”. Explicó que en la redacción de la Ley prácticamente tienen el mismo sentido los conceptos ‘asignaciones’ y ‘concesiones’, y esto implica que se privilegiará la apertura al sector privado en las diferentes áreas de distribución y operación el agua.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-03-2015/1276814.
Una médico residente del Hospital Regional de la Huasteca Hidalguense, llamada Verónica Rodríguez, escribió en su cuenta personal de Facebook que sus pacientes indígenas son unos aborígenes.
La trabajadora del nosocomio localizado en la comunidad indígena de Chililico, escribió en la red social comentarios discriminatorios contra sus pacientes y dijo estar feliz por haber llegado a Pachuca, a la “civilización”.
Lo anterior fue denunciado por usuarios de las diversas redes sociales, quienes también dieron a conocer un segundo mensaje discriminatorio escrito por la médico internista, quien aún estudia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
“Jaja que felicidad estar en la civilización y no escuchar a nadie hablando náhuat (sic)”, escribió Rodríguez también en Facebook.
Algunos usuarios le cuestionaron por qué se queja de que la gente de Chililico hable en su lengua materna, a lo que Verónica Rodríguez respondió: “tiene de malo que no le entiendo nada la consulta a mis pacientes”.
Tras el comentario de uno de sus contactos en la referida red social, llamado Luis Roberto Lucio, quien le dijo: “te van a amarrar los chililicos”, ella contestó: “soy feliz lejos de los aborígenes de chililico (sic)”. Chililico es una comunidad hidalguense que se caracteriza por el manejo de la cerámica.
Los usuarios bautizaron a Verónica Rodríguez como la #LadyHuejutla o #LadyAborigenes.
Medios locales aseguran que habitantes de la comunidad indígena de Chililico, solicitarán la destitución de Verónica Rodríguez como médico residente del nosocomio, perteneciente a la Secretaría de Salud de Hidalgo.
Además, ante las criticas que recibió por los usuarios de redes sociales la médico internista dio de baja su cuenta de Facebook.
La Secretaría de Salud estatal, a cargo de Geraldina García, afirmó que Verónica Rodríguez no pertenece a su plantilla laboral debido a que es becaria de Internado de Pregrado en el referido Hospital.
La funcionaria también señaló que con base a la normatividad y de acuerdo al reglamento de convenio con la Universidad Autónoma del Estado, se da de baja definitiva del servicio social, además de poner a disposición de la Universidad este caso ya que es la institución educativa la que puede sancionar a los alumnos de acuerdo con los procesos y lineamentos de su Consejo Académico.
Asimismo, García reprobó este tipo de conductas discriminatorias hacia los indígenas.
FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR. REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-03-2015/1277243.
TIZAYUCA, Hgo: En el terreno flota un olor nauseabundo. Hay moscas. Muchas moscas juntas: se agazapan unas encima de otras. Hay pollos degollados en la caja de una camioneta. Se oye el zumbido de sus alas entre la sangre. Como un fantasma, aparece un vigilante.
-Sáquese a la chingada, esto no tiene que ver con el circo.
-¿Y los pollos?
El vigilante titubea unos segundos.
-Son para mis perros, para que coman.
En un terreno protegido con malla ciclónica media docena de caballos mueven la cola y pastan tierra a falta de hierba. Algunos galopan como si se hallaran en la cubierta de un barco a punto de hundirse. De vez en vez, una oleada de viento sacude una carpa en donde uno de ellos mete el hocico en una cubeta. Los caballos se comen hasta cinco pacas de pastura de 100 pesos todos los días.
Enfrente se ven las cornisas de varios tráileres, remolques y campers de colores. Todos están cercados por muros de concreto en grandes terrenos. Las jaulas de algunos tigres están en tierra baldía. Los vigilantes que antes trabajaban en el circo son huraños con los visitantes, ahora tienen que vigilar a 70 bestias por 200 pesos al día.
Bruno Raffo lleva una camisa de algodón que marca sus pectorales. Su principal habilidad es hacer que los tigres lo obedezcan con las manos. Llegó a México en 1987 y comenzó a trabajar en el circo de los hermanos Fuentes Gasca. Pertenece a la cuarta generación de una familia de cirqueros argentinos. Su hermano Daniel trabaja en el circo Ringling Bros, en Estados Unidos. “Allá hay una ley que exige que los animales tengan jaulas de ciertas medidas, recreo, buena alimentación”, dice con enojo. Tiene un contrato de trabajo por dos años y ahora no sabe qué hacer.
Su rencor se fue larvando poco a poco desde que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) “impulsó” la prohibición del uso de cualquier tipo de animal “silvestre o doméstico” en espectáculos circenses. El Verde se valió de una fotografía que muestra una cadena atada a la pata de un elefante. Uno de los argumentos de la reforma que prohíbe los circos con animales es que “son entrenados con métodos que incluyen el castigo físico”. Sin embargo, Raffo asegura: “Hay gente ignorante que piensa que le pegamos a los animales”.
Sobre la prohibición que entrará en vigor el 8 de julio próximo dice: “Es una ley exagerada e injusta, ellos no saben nada de tigres, de animales, y quienes más la resienten son las familias del circo. Toda la vida hubo circos con animales, es una tradición de más de 200 años. Esa ley debe revertirse.”
Su experiencia no deja dudas. Durante toda su vida ha trabajado con elefantes, rinocerontes, leones y tigres. “En el circo se cuida mejor a los animales que en algunos zoológicos”, asegura. “Tengo grupos de 15 tigres que pesan 250 kilos y puedo empezarlos a entrenar desde que tengan uno o dos años, se les da carne roja de premio”, cuenta.
La primera vez que Bruno Raffo tuvo un accidente fue hace 21 años en Salamanca, Guanajuato. Era la primera función de la mañana. La pista estaba recién regada y los leones ansiosos. Estaban en su rutina cuando uno de ellos le brincó a la cara. Raffo se protegió con el brazo. Muestra sus cicatrices, que son como trofeos de pista.
“Se me fueron encima, pero no me desgarraron, me arrastraron hasta el túnel que los lleva a su jaula y ahí me los quitaron con extinguidores y luego se fue a pelear con la hembra. Estuve tres meses sin trabajo”, narra.
En las gradas la gente corrió asustada. “Es un arte tener contacto con los animales, no cualquiera puede meterse con los tigres. La experiencia la agarra uno con los accidentes. No se trata de usar la fuerza, sino de usar la inteligencia. Los tigres no tienen uso de razón, pero su inteligencia es superior a la de cualquier humano. Son felinos, nunca pierden el instinto”, explica.
Raffo no quiere involucrarse en la política y habla con segundas intenciones. “Los del Verde quieren a los animales para disecarlos, para hacer tapetes y abrigos”, dice contundente. En 2002, Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente y esposa de Jesús Sesma -uno de los principales impulsores de la ley contra el uso de los animales en los circos- apareció en una fotografía posando con un león disecado.
La fotografía fue retomada por el blog Cuna de Grillos en donde se ve a la nieta del expresidente Díaz Ordaz posando para la fotógrafa Daniela Rosell en el libro Ricas y famosas, publicado en 2002. La fotografía llegó a manos del presidente de la Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circos, Armando Cedeño, y calificó de “hipócrita y doble moral”, la conducta de Sesma.
Cedeño justifica la furia del gremio. Cada semana se gastan 50 mil pesos entre pollos, pastura, alimentos y 2 pipas de 10 mil litros en Tepojaco, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde se mantienen a 70 animales a la deriva.
Tan sólo la semana pasada, los dueños de un tigre blanco con un valor de 250 mil pesos decidieron rematarlo en 40 mil.
“Es una ley arbitraria, dirigida hacia un sector exclusivo que es el circo. Si buscaran el bienestar animal ya hubieran prohibido las corridas de toros y las peleas de gallos. Esa fue la única manera que el Verde encontró para mantener cautivos a sus votantes. Ese partido de Verde no tiene nada. Los animales se están muriendo, están en el limbo, no sabemos qué va a hacer el gobierno con este problema”, atiza el empresario.
Hasta principios de marzo ya han cerrado 70 de los 500 circos que operan en el país. Hasta la fecha hay 16 elefantes de gira en los estados donde se permite el circo aún. “No le vamos a regalar los elefantes al gobierno”, asienta Cedeño.
En el terreno donde permanecen los vehículos de los circos Atayde, Unión, Fuentes Gasca, Chino de Pequín, Medina, Barley y Hermanos Vázquez las moscas asisten a un banquete. Raffo, el domador, describe la escena en dos palabras: “desolado y abandonado”.
La última carpa de Tizayuca
Las llamas, engarruñadas como si durmieran, sacuden su pelaje del heno y la tierra y meten su cabeza a la carpa como queriendo que empiece la función. Es mediodía y sólo quieren escapar del sol. Mili, Yajo y Ronaldhino se emocionan cuando su dueño se acerca.
Dentro de la carpa se divisan dos siluetas de mujeres que recogen los disfraces que acaban de secarse. Los pantalones de payaso son una mancha brillante en la oscuridad de la carpa. Los trabajadores de la familia García limpian la pista para la única función que les alcanza mantener: 19:30 horas.
Noé García Medina se encoge de hombros cuando un extraño se acerca a la carpa. Empezó con los tigres desde los 10 años. Ahora tiene 40 y tuvo que abandonar a Máximo. “No están pagando a los animales al costo real, los están malbaratando”, asegura. Lo compró cuando apenas tenía 2 meses y le enseñó a hacer una rutina sencilla: caminar por los cajones, saltar el aro de fuego, montarse encima de él. Es domador porque dice que es la tradición más vieja del circo.
“Pues sí, ya no tengo chamba”, lamenta. Ahora se tiene que dedicar a conducir las camionetas del circo.
A José García la ley contra el uso de animales en los circos lo llevó a la bancarrota. De 15 empleados pasaron a uno. Ahora tiene que anunciar la función, limpiar y actuar. De un foro de 100 personas, ahora sólo van 30. Si antes la entrada de niño costaba 30 pesos ahora cuesta la mitad. Si antes pagaban por un permiso de 15 días tres mil pesos, ahora tienen que pagar 10 mil.
“Es algo injusto, la ley fue fundada para proteger a los animales y lo menos que importa son ellos. Nadie nos ha visitado para decirnos qué pasará. Nos usaron como carnada para que el Verde tuviera más popularidad. Con esa ley lo único que hacen es llevarlos a una muerte segura”, cuenta debajo de su carpa.
“Nos han despojado de una tradición. Ellos quieren parecerse de primer mundo, pero no se dan cuenta que la tradición circense perdura en los países de primer mundo. El 70 por ciento de la fuerza del circo está en los animales. Mejor que nos regulen, que no prohíban, hay circos que sí pueden mantener a los animales en buenas condiciones“, asienta.
“Algunos circos están durmiendo a sus animales. Prefieren gastar en una inyección que en alimentarlos. Otros han vendido sus animales a particulares para cazarlos, para disecarlos”, asegura.
“La principal preocupación de los del Verde no está en los animales. No les están dando una mejor vida. Nomás nos quitaron el permiso para trabajar con leones, tigres, cabellos, llamas, caballos y monos. ¿Y luego, qué hacemos?”.
La carpa de los hermanos García recorta las nubes y las ramas de algunos árboles en Tizayuca. La familia García vive en el presente, con vagos proyectos de huida, y con la esperanza de no tener que dormir a sus animales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO SALDÍVAR (REPORTAJE ESPECIAL).
El paradigma del Internet ha impuesto retos mayúsculos, al cambiar las formas de comunicación, pero por ser un espacio abierto y plural no debe estar peleado con la protección de datos personales, afirmó la ombudsman capitalina, Perla Gómez.
En el foro “Libertad de Expresión y Datos Personales: Balance de Derechos”, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) destacó que es momento de que Internet cumpla “sus fines de una manera más eficiente y velando por el equilibrio de derechos”.
Existe una búsqueda hacia el equilibrio entre el tratamiento de datos y la privacidad en la red y “en principio no debe darse prioridad a ninguno de los dos derechos, y se debe analizar cada asunto en específico, bajo una revisión ponderada entre ellos”, sostuvo.
De acuerdo con Gómez Gallardo, “nos toca construir mecanismos que equilibren estos derechos, en donde ambas partes sean escuchadas; que los particulares puedan expresar su consentimiento o negativa sobre la publicidad de sus datos”, pero que también se pueda valorar el interés general.
“Ningún derecho humano es absoluto. El derecho a la información también tiene ciertos límites y en su construcción hubo un reconocimiento de la persona y la titularidad que tiene sobre cierta información que le concierne”, aseguró la presidenta de la CHDF.
Gómez Gallardo planteó que “en el contexto de protección a la vida privada, se deben distinguir los límites y los puntos de fricción entre estos derechos fundamentales”.
Refirió que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho de las personas al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
Ello implica que todas las personas tienen derecho a la protección de la ley contra las injerencias arbitrarias a su vida privada, puntualizó la ombudsman capítalina.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-03-2015/1277403.
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, no fue aprobado por la Evaluación de Control y Confianza y, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debió haber sido despedido desde el pasado el 31 de octubre.
Pero “Chuy Toño”, como se le conoce, sigue allí.
En respuesta a la solicitud de información del periódico Noroeste con folio 0001700302414, a través del sistema Infomex, la Procuraduría General de la República (PGR) contestó que Aguilar Íñiguez no está aprobado en sus exámenes, situación que lo obligaría a iniciar proceso administrativo para darse de baja de la corporación.
“La misma [solicitud] se turnó para su atención al Centro de Evaluación y Control de Confianza, la cual en atención a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comunicó que en el Proceso de Evaluación de Control de Confianza practicó a la persona mencionada en su solicitud, resultó No Aprobado”, respondió la dependencia.
El artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que ningún policía de cualquier corporación puede estar en funciones si no tiene aprobado la evaluación de Control y Confianza, máxime si es un mando policiaco.
El 30 de octubre de 2014, 3 mil 798 policías de corporaciones estatales y municipales fueron inhabilitados para iniciar su proceso administrativo, debido a que así lo estableció el programa de depuración policiaca, lo que generó inconformidades de elementos que fueron despedidos, quienes incluso organizaron marchas y plantones para pedir otra oportunidad.
Esta no sería la primera vez que Aguilar Íñiguez resulta No Aprobado para ser policía, pues en enero de 2011 obtuvo el mismo resultado, por lo que Mario López Valdez, Gobernador, solicitó segunda evaluación, misma que se aplicó en abril de ese año. El resultado fue el mismo. Noroeste solicitó una entrevista telefónica con Aguilar Íñiguez para conocer su versión, en la que sólo aseguró que su trabajo ha dado resultados.
–El documento dice que usted no está aprobado.
–Pues quién sabe, pero aquí estoy trabajando, ¿eh?
–¿Eso no afecta a la corporación?
–Pues yo digo que no, aquí ando, ya tengo 4 años y con resultados, ahí están los resultados, es lo único que te puedo decir, luego te marco… –colgó la llamada.
De acuerdo con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el 7 de mayo de 2013, Aguilar Íñiguez volvió a realizar la evaluación en esa entidad. Pero el resultado que mantiene la PGR es el de No Aprobado.
El Gobierno de Sinaloa desacata la ley y los acuerdos federales al mantener a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez como director de la Policía Ministerial del Estado, aun y cuando reprobó el examen de control y confianza, aseguró Raúl Guillermo Benítez Manaut. Además, dijo el presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C., pone bajo sospecha al Gobernador Mario López Valdez por encubrir al mando policiaco.
Noroeste documentó que Aguilar Íñiguez no aprobó el examen de evaluación de Control y Confianza, por lo que está obligado a dejar su cargo e iniciarle un proceso administrativo como lo tienen 3 mil 789 policías ministeriales, estatales y municipales por esa misma razón, luego de que así lo decretó la Presidencia de la República en el Programa de Depuración Policiaca.
En respuesta a la solicitud de información realizada por el medio con folio 0001700302414, a través del sistema Infomex, la PGR contestó que Aguilar Íñiguez no está aprobado en sus exámenes, situación que lo obligaría a iniciar proceso administrativo para darse de baja de la corporación.
“La misma (solicitud) se turnó para su atención al Centro de Evaluación y Control de Confianza, la cual en atención a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comunicó que en el Proceso de Evaluación de Control de Confianza practicó a la persona mencionada en su solicitud, resultó No Aprobado”, respondió la dependencia.
“El Estado en sí no está en un riesgo mayor o menor si ese señor [Chuy Toño] sigue allí, lo que pasa es que no está en favor esto ni de la profesionalidad ni de los acuerdos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene en las comisiones que plantean el Control y Confianza, ni nada por el estilo”, expresó Benítez Manaut.
Sostuvo que la falta de sanción por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública al Estado pone en evidencia una señal de corrupción, luego de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad obliga a que los policías reprobados dejen las corporaciones.
No obstante, esta legislación, donde se incluye el decreto de Depuración Policial, no señala sanción alguna a las entidades por caer en desacato, solo que el Secretariado Ejecutivo debe hacer una aclaración correspondiente en abril de este año.
“Es un desacato tremendo de los acuerdos federales, de los acuerdos de la Conago que tiene la Federación, y también pone en duda las políticas que toma el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque muchos gobernadores no acatan las políticas de Control y Confianza”, expresó.
El Gobernador resaltó ayer el trabajo realizado por “Chuy Toño” y anunció que seguirá al frente de la PME a pesar de haber reprobado.
Por su parte, el Procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, desconoció el resultado de No Aprobación en la evaluación de Control y Confianza que tiene Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado, ante PGR.
El funcionario dijo que no está informado sobre el resultado de la evaluación, al asegurar que no pertenece a su cadena de mando. Sin embargo, señaló que los policías que no están aprobados en la evaluación y que iniciaron un proceso administrativo el 31 de octubre, aún se mantienen en funciones y con su pago correspondiente al estar amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Para Benítez Manaut, la declaración de López Valdez es de encubrimiento, que pone incluso bajo sospecha su relación y mando en un contexto donde estados como Guerrero y Michoacán han tenido repercusiones en la seguridad por tener directivos no aptos y no aprobados ante los filtros de la federación.
“El problema es que da mucho a qué sospechar, de que el Gobernador también esté participando en las relaciones que tiene con este señor, pues la contundencia con que él lo defiende abre muchas dudas, nos deja la señal de interrogación”, señaló.
FUENTE. SIN EMBARGO/ EL NORESTE.
AUTOR: REDACCIÓN/Marcos Vizcarra.
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MÉXICO, D.F. (apro).- Padres de los normalistas de Ayotzinapa e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta Televisa Chapultepec, con el fin de exigir la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos hace casi cinco meses en Iguala.
El vocero de los inconformes, Felipe de la Cruz, advirtió que no permitirán que se intente cerrar el caso y también señaló que no tienen previsto reunirse con Arely Gómez, titular de la PGR, debido a que su actuación no se diferencia de la de su antecesor en el cargo Jesús Murillo Karam.
También explicó que su exigencia es que tanto Televisa como TV Azteca “digan la verdad y no satanicen al movimiento” que reclama justicia en el caso Ayotzinapa.
Al arranque de la movilización, De la Cruz precisó que el cambio de funcionarios no soluciona nada, ya que lo que se requiere es voluntad política para esclarecer los hechos.
El presidente Enrique Peña Nieto, criticó, anda “paseándose” por otras naciones promoviendo a México como un lugar óptimo para las inversiones, cuando la propia “ONU ha dicho que este es un país en el que prevalece la tortura”.
En el caso de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe de la Cruz confió en que su labor coadyuve en aclarar lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre del año pasado.
Melitón Ortega, otro de los padres de los desaparecidos, sostuvo que “lo que venimos a plantear es que el caso no se ha cerrado y exigirle a las televisoras que, como medio de comunicación, difundan todas las versiones” sobre el caso.
En un mitin frente a las instalaciones de Televisa, los manifestantes advirtieron que “no puede haber elecciones en Guerrero si nos faltan 43”.
También reiteraron los “10 puntos” que ilustran los huecos que hay en la investigación realizada por la PGR, razón por la que el caso aún no debe cerrarse, insistieron.
Vidulfo Rosales, abogado de los inconformes, calificó la información difundida por la televisora de Emilio Azcárraga como “facciosa” y que “invisibiliza” la lucha de los padres de los estudiantes.
Tras participar en la manifestación, Rosales Sierra aseguró que a través de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), los padres de familia de los 43 estudiantes buscaron que personal de Televisa recibiera una comisión para ejercer su “derecho de réplica”.
Sin embargo, apuntó, fue a través de esos mismos funcionarios que la televisora les mandó decir que “bajo ninguna circunstancia iban a permitir que una comisión pasara y que ellos iban a darle cobertura como lo estaban haciendo otros medios, y que eso era lo único que podían ofrecer”.
Al señalar que la movilización de este día surgió en sesiones de la Asamblea Nacional Popular y que “no responde a los cambios” en la PGR, con el nombramiento de Arely Gómez, y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la designación de Eduardo Medina Mora, el también abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan insistió en que el objetivo de la protesta frente a las instalaciones de Televisa fue “emplazar a estos medios de comunicación oficiales a que den el derecho de réplica a los padres de familia de los desaparecidos”.
Además, consideró que por detentar una concesión federal, la televisora está obligada a “a tomar en cuenta las voces de quienes menos tienen, no solamente la de la clase empresarial y del gobierno”.
Es por ello, argumentó, que “queremos que los medios de comunicación recojan la argumentación de los padres de familia, ya que sólo ocupan la información que brinda la PGR; no es posible que por ser pobres nuestra argumentación no sea visible”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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MÉXICO, D.F. (apro).- Casi simultáneamente al aval que dio el Partido Acción Nacional (PAN) a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte, Gustavo Madero, presidente panista, se quejó de un supuesto desvío de recursos ilegales a la campaña de la candidata priista al gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich.
Madero, quien reconoció que está totalmente impune el desvío de recursos públicos federales y de Veracruz que denunció en abril de 2013, informó que presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Alán Echeverría Tobié; el secretario del ayuntamiento de Nogales, Gerardo Rubio, y del coordinador de campaña de Pavlovich, Enrique Claussen Iberri.
En conferencia de prensa en la sede del blanquiazul, el presidente del PAN hizo reproducir dos grabaciones que ya habían sido difundidas en redes sociales desde hace varios días en las que estos personajes supuestamente hablan de la presunta entrega de dinero ilegal a la campaña de la candidata priista.
Aquí lo más dramático y grave del asunto es que es una complicidad entre funcionarios del gobierno municipal y funcionarios del gobierno federal para beneficiar la campaña política de Claudia Pavlovich, quien es candidata del PRI a la gubernatura del estado de Sonora.
El coordinador general jurídico del PAN, Eduardo Aguilar, presumió que los recursos económicos podrían ser ilegales provenientes de las Islas Caimán o Londres, Inglaterra.
“Y lo que sí entendemos con claridad, porque la grabación que acabamos de escuchar habla de cómo Gerardo Rubio, incluso hasta con el mismo tono utilizado por la mayoría de priistas en todo el país, hace referencia a dos maletas de dinero que tiene y que no sabe qué hacer con ellas y, no solamente eso, hace referencia con claridad a la existencia de todo el apoyo del gobierno municipal, así como recursos humanos, materiales e infraestructura para la campaña de Pavlovich”.
Madero exigió que la PGR investigue la denuncia que presentó su partido, que será también informada al Instituto Nacional Electoral (INE) para que investigue las cuentas, y recordó que estos hechos son causal de nulidad de comicios.
“Viene un momento muy crítico para el país, un momento de gran tensión electoral, social y creo que todos debemos de refrendar nuestro compromiso con la democracia, con la transparencia y con el combate a la corrupción, al fraude electoral y a la impunidad”, expresó Madero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, aseguró que detrás del intento de privatizar el agua están los intereses de empresas como Higa, que serán beneficiadas con contratos y concesiones sobre la producción, distribución y cobro de tarifas del líquido.
En conferencia de prensa, el exsecretario de Desarrollo Social capitalino rechazó el proyecto de Ley General de Agua que se discute en la Cámara de Diputados porque, dijo, mercantiliza el agua y carece de una visión de desarrollo sustentable.
De lo que se trata es de eliminar el actual subsidio, que se convertirá en la plusvalía de Higa, agregó.
“Es decir, los beneficiarios de esta iniciativa serían las grandes compañías que ya de por sí se encuentran enriquecidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto”.
Acompañado de la diputada Ernestina Godoy Ramos, el investigador Pedro Moctezuma y la exdelegada de Iztapalapa, Clara Brugada, entre otros, Batres exhortó a los mexicanos a estar alertas ante este nuevo embate privatizador del PRI, PAN y PVEM, porque además de todo, subrayó, implica un millonario acto de corrupción.
Luego de hacer un llamado a la población para movilizarse en caso de ser necesario, resaltó que la defensa del agua ya ha cobrado la libertad de varios activistas en todo el país, entre ellas Teresita Brito, detenida injustamente por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y reclamó la liberación de todos los presos políticos por defender el derecho al líquido.
Explicó que la Ley General del Agua obliga a las entidades públicas encargadas del suministro a determinar las formas de participación privada y a ser autosuficientes en materia financiera, lo que implica terminar con los subsidios gubernamentales para brindar este servicio considerado como un derecho humano.
“En otras palabras, para la gran mayoría de la población se perdería el subsidio que hoy existe al servicio de agua potable. Con ello se generaría una oleada de aumentos en todo el país y también se tendría como consecuencia que las franjas de población que no tuvieran para pagar el servicio verían cortado el servicio”, señaló.
Por su parte, la diputada Ernestina Godoy aseguró que Morena apoyará e impulsará la iniciativa de Ley General de Aguas de la sociedad civil que ya fue presentada a legisladores federales.
En ese sentido, aseguró que el proyecto de dictamen no considera la participación ciudadana, sino que es facultad discrecional de la autoridad incorporarla a la evaluación, análisis, asesoría y recomendación de los retos nacionales, prioritarios o estratégicos relacionados con la gestión del agua.
El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pedro Moctezuma, indicó que el movimiento que encabeza entregó a la Cámara de Diputados, el pasado 9 de febrero, una iniciativa en la que participaron comisiones de cuencas, incluso gente del episcopado, budistas, movimientos juveniles y pueblos originarios.
Ese proyecto, dijo, es respaldado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las universidades de Chapingo, de Guadalajara, Veracruzana, Autónoma de Tabasco y otros 14 centros de estudios.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad medidas cautelares para que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) suspenda la entrega de tarjetas de descuento, dado que transgrede la ley electoral.
La presidenta de esa comisión, Beatriz Galindo Centeno, informó que se determinó ordenar a los establecimientos rechazarlas en la compra de comida, lentes, servicios médicos o tratamientos estéticos, entre otros.
Lo anterior luego de que el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE, Pablo Gómez, presentó el viernes pasado una queja contra el Verde Ecologista por la entrega de tarjetas Premia Platino.
El plástico contiene el logotipo del instituto político, fecha de vencimiento y una leyenda y holograma que dice Más Descuentos.
Galindo Centeno informó que “quienes tienen la tarjeta y acuden a alguno de los establecimientos que dan los beneficios la orden es que esos establecimientos ya no atiendan dichas tarjetas”, pues quedaron canceladas.
Los integrantes de la Comisión fijaron un plazo, que no exceda las 24 horas a partir de la notificación, a fin de que el PVEM realice los actos necesarios para cancelar la emisión de estas tarjetas, así como para que se abstenga de contratar o realizar cualquier otra campaña en la que oferte algún beneficio directo o indirecto de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona, de la misma manera o similar a la naturaleza mencionada.
En otro asunto los integrantes de la comisión, los consejeros Adriana Margarita Favela y Roberto Ruiz Saldaña, rechazaron por unanimidad otorgar prórroga al PVEM para retirar la propaganda fija colocada en varias entidades, pues el plazo venció el 6 de marzo pasado.
“También por unanimidad de los integrantes de la comisión determinamos que no existe fundamento para otorgar prórroga, dado que va contra las medidas cautelares cuyo objetivo es evitar presuntos daños irreparables”, aseveró.
De tal suerte que “otorgar una prórroga iría en contra, precisamente, del otorgamiento de la misma”, explicó la consejera.
Galindo Centeno detalló que el 3 de marzo se le otorgaron al partido 72 horas para retirar los promocionales, sin embargo incumplió con la medida cautelar al argumentar que la empresa que colocó la propaganda fija señaló que se trata de un tiempo reducido para cumplir la orden.
“En conclusión, se negó esa prórroga”, expresó la consejera electoral, quien dijo que lo que procede en este caso es que el partido político realice lo que esté a su alcance para cumplir con la medida cautelar.
Indicó que de continuar con el incumplimiento se podría abrir un proceso ordinario sancionador contra ese organismo político, ya que ante un mandato de la autoridad electoral la fuerza política debe tomar todas las medidas necesarias para darle cumplimiento.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-03-2015/1277384.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que la empresa “Minera María”, ubicada en el municipio de Cananea, Sonora, derramó el sábado pasado cerca de 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre, como resultado de una falla en su sistema de bombeo.
Según informó la dependencia en un comunicado, el incidente ocurrió la madrugada del sábado y fue reportado por la empresa al Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (Coatea), luego de que “la falla provocó la obstrucción del vertedor que va de una pila de solución gastada, a la denominada pila de emergencia”.
Los estudios preliminares a cargo de especialistas de la Subprocuraduría de Inspección Industrial y la Delegación Federal de la Profepa en Sonora, informaron que el derrame de la mina llegó hasta uno de los canales de desvío de aguas pluviales, lo que provocó que desembocara al cauce tributario conocido como “El Tordillo”, del cual afectó una longitud de 1.6 km.
“La obstrucción del vertedor provocó el desbordamiento de solución gastada (colas) con 0.02 ppm de cobre y un pH de 1.5 a 2 unidades, estimaron los inspectores de la Profepa”.
La emergencia fue controlada en su totalidad por la empresa minera que ejecutó medidas de control inmediatas, tales como reducir el flujo en la pila de solución gastada, destapar la obstrucción del vertedor, lo que solucionó el origen del derrame, posteriormente, se dedicó a la recuperación de material contaminado (aluvión y suelo).
La minera informó que al momento del derrame no se pudo dar inició a las actividades de neutralización de la solución derramada en el cauce del arroyo “El Tordillo”, ya que los propietarios de los predios impidieron el paso del personal de la minera.
Profepa llevará una visita de inspección más para garantizar el cumplimiento normativo y legal de la empresa minera, además de determinar si existe una mayor afectación ambiental y en caso de encontrarse alguna irregularidad u omisión, determinará las sanciones correspondientes.
Conforme lo marca la legislación ambiental, la minera dio aviso inmediato de la emergencia a la Pofepa por medio del Coatea, el cual es un centro de apoyo y de servicio para la población, las autoridades y la industria en general, en materia de atención y respuesta a emergencias ambientales, asociadas con el manejo de sustancias químicas.
La Profepa continuará con la verificación de los términos y condicionantes establecidos en las autorizaciones de impacto ambiental y el cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental Única (LAU), ambos expedidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
También vigilará el cumplimiento de manejo de residuos peligrosos, contaminación de suelo, impacto ambiental y emisiones de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-03-2015/1277019.
MÉXICO, D.F: Con lágrimas y acompañado de su familia, Agustín Guerrero, uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció su renuncia después de 26 años de militancia.
“Prometimos no llorar”, gritó su madre María Esther Castillo Hernández, quien junto a sus hijas renunció también al perredismo, en apoyo a Agustín.
“Me duele mucho tener que abandonar el partido. Es una decisión muy dolorosa para mí pero necesaria”, admitió entre sollozos. “Pero es que no veo ninguna luz de esperanza, ninguna ventanita de que el PRD recupere la confianza de los mexicanos”, sentenció en la sala de prensa Miguel Ángel Granados Chapa del PRD nacional.
“Hoy el PRD ha perdido la confianza del pueblo”, justificó. Incluso, de sus militantes porque, agregó, han renunciado muchos de sus líderes destacados, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del partido, o el senador Alejandro Encinas, y más recientemente Marcelo Ebrard.
“La actual dirección, Los Chuchos y sus aliados, han conducido al partido a ser un satélite del gobierno. El PRD de hoy es una mala réplica del PRI. Considero que no tiene remedio.
“Duele ver cómo este esfuerzo de millones de mexicanos termine como una versión actualizada del talamantismo”, en referencia a Rafael Aguilar Talamantes, del Partido Socialista de los Trabajadores y luego del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del cual surgió Jesús Ortega Martínez, uno de los fundadores de Nueva Izquierda (NI), junto con el exguerrillero Jesús Zambrano.
Sobre si seguirá los pasos de Ebrard, quien firmó un convenio con Movimiento Ciudadano para ser primero en la lista de candidatos plurinominales a diputado federal por la cuarta circunscripción, Guerrero descartó esa eventualidad y anunció que el 18 de marzo habrá una convocatoria abierta a partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos para definir qué rumbo debe tomar la izquierda.
“No me voy a afiliar a ningún otro partido. El 18 de marzo vamos a convocar a un encuentro de las izquierdas donde podamos coincidir en las plataformas”, apuntó.
Luego resaltó la importancia de unir a las fuerzas de izquierda reales en una agrupación que luche por conquistar el poder en la elección presidencial del 2018. “Necesitamos todos construir una convocatoria seria”.
Asimismo, indicó que su decisión la platicó con Ebrard, debido a que formaron parte de la corriente Movimiento Progresista, ahora una asociación civil del primero y en la que también participa. Contó que el exjefe de Gobierno capitalino le deseó suerte, le envió un saludo y le dijo que respetaba su decisión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: Integrantes de organizaciones sociales advirtieron que llevarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las eventuales violaciones a derechos humanos derivadas de la reforma energética, que podrían agudizarse si se aprueban las modificaciones a la Ley General de Aguas.
Representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); PODER; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, informaron que ante las repercusiones que tendrán las reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, violentando derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales firmados por México, determinaron exponer el problema en una audiencia pública que se realizará el próximo 20 de marzo en la sede de la CIDH en Washington, durante su 154 periodo de sesiones.
Los defensores enlistaron algunos de los puntos de mayor preocupación que genera la reforma energética, entre ellos los referentes a la propiedad de la tierra, violación al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, riesgos de contaminación del ambiente y las amenazas para los activistas y comunidades que se opongan a la operación de las empresas privadas.
Juan Antonio López, de ProDESC, destacó que al convertirse la extracción de hidrocarburos y la producción de energía eléctrica en un asunto de utilidad pública, en los hechos “se sobreponen sobre cualquier derecho humano reconocido en tratados internacionales”, dando prioridad, por ejemplo, a empresas mineras “que tradicionalmente han sido violadoras de derechos humanos”.
López alertó que el diseño de la nueva Ley Minera “permitirá evitar juicios con ejidos y comunidades, y podrán iniciar procesos ante la Secretaría de Economía para ocupar las tierras sin el consentimiento de las asambleas comunitarias, por lo que difícilmente permitirá la consulta previa e informada”.
En el contexto de las discusiones sobre las modificaciones a la Ley General de Aguas, advirtió que mientras ello ocurre, las reformas previamente aprobadas permiten a mineras y empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos, a través del llamado fracking, “utilizar toda el agua que necesiten sin necesidad de tener una concesión especial”, en detrimento de las comunidades cercanas a esos proyectos extractivos.
El activista de ProDESC puntualizó que la reforma energética dio respuesta a una de las principales preocupaciones que planteaban los inversionistas extranjeros para invertir. “Ellos pedían mayor seguridad en la tenencia de la tierra, y con los procedimientos incluidos de constitución de servidumbre u ocupación temporal, así como los mecanismos de mediación, ya no es necesario respetar los usos y costumbres de los ejidos agrarios o indígenas, dejándolos en indefensión, de manea que el derecho a la consulta previa es enunciativo”, explicó.
Aroa de la Fuente, de Fundar, recordó la opacidad en la que se condujeron los legisladores para aprobar la reforma energética, así como la ausencia de sustento en sus argumentos sobre los supuestos impactos en la sociedad y las comunidades donde se explotarán los energéticos.
Luego de señalar que en la asignación de las rondas cero y uno “la Secretaría de Energía ya violó los derechos a la consulta” dispuestos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apuntó que resulta evidente un “debilitamiento de la política pública en materia de hidrocarburos y electricidad, que ya no es para defensa del interés público sino de las empresas privadas”.
Entre los asuntos que ponen en evidencia lo anterior, enlistó la promoción del fracking contra los daños ambientales y la contaminación de grandes cantidades de agua, ya comprobados, y la renta de tierras por tres a cinco años de parte de empresas privadas, dejando “toda la contaminación y los tóxicos en las poblaciones”. Y aun cuando se promueve que habrá ganancias para las comunidades, de 3% a 3.5% de las utilidades de las empresas, “está comprobado en Estados Unidos que 80% de los pozos fracturados y perforados no resultan comercialmente viables, por lo que son abandonados”, abundó.
Sobre el fondo que se creará para destinarlo a estados y municipios, De la Fuente resaltó que “es una figura para convencer y forzar a las comunidades para que permitan la presencia de empresas privadas y controlar a la sociedad con el fin de que no pongan obstáculos”.
Advirtió que la medida de coerción se apuntala con la creación de la Gendarmería, que tiene como “uno de sus objetivos defender a las empresas privadas frente a cualquier acto en contra. Sabemos que los actores opositores somos nosotros, las organizaciones sociales, y las comunidades que se niegan a los proyectos, no al narco ni a otras cosas”, apuntó.
Bettina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec –procesada penalmente por oponerse a la construcción de un parque eólico en esa región–, se refirió a la ausencia de una consulta previa e informada a las comunidades indígenas en torno de los megaproyectos.
Tras señalar que la consulta está siendo aplicada por las secretarías de Gobernación y Energética, puntualizó que “no es previa, libre informada ni de buena fe, y constituye un experimento de cómo se implementarán estos ejercicios de ahora en adelante”.
Phil Bloomer, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, dijo que su organización ha presentado cuestionarios a unos cien países y 180 empresas sobre las medidas específicas para garantizar que respeten los derechos humanos, por lo que recomendó presionar a los gobiernos para que no se violen lo derechos fundamentales.
En ese sentido, Fernanda Hopenhaym, de PODER, señaló que algunas de las empresas que buscan participar en la extracción de hidrocarburos “cargan con un historial de violaciones a derechos humanos”.
Ante el escenario que se avecina en México y los efectos negativos en las comunidades más pobres del país, Santiago Aguirre, del Centro Prodh, sostuvo que para “enfrentar el despojo” se requiere explorar mecanismos internacionales, hacer investigación corporativa y litigar la reforma energética en tribunales.
Por ello, sostuvo, el Centro Prodh, Fundar, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Greenpeace México promovieron una audiencia para abordar el asunto en la CIDH.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Eliseo Villar Castillo, coordinador regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), burló un cerco desplegado por policías estatales y ministeriales que pretendieron detenerlo en esta capital.
El impresionante operativo fue encabezado por uniformados con equipo antimotín que cercaron al menos cuatro camionetas donde viajaba una comitiva de guardias comunitarios desarmados, presuntamente encabezada por el dirigente del grupo de autodefensa.
El hecho se registró cerca de las 13:00 horas, cuando los comunitarios fueron interceptados por los policías estatales que bloquearon el carril lateral norte-sur del bulevar Vicente Guerrero, a la altura del puente René Juárez Cisneros, al sur de esta capital.
Los antimotines “encapsularon” las unidades y enseguida arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) exhibiendo un documento y argumentado que se trataba de una orden de aprehensión contra Villar Castillo, por delitos del fuero común que no fueron especificados.
Los comunitarios simplemente se burlaron de las autoridades porque el dirigente de la PC-CRAC no viajaba en ninguno de los vehículos retenidos.
Ante la pifia, los ministeriales se retiraron y los antimotines se replegaron para permitir el libre tránsito de los policías comunitarios procedentes de la región de Costa Chica, quienes repudiaron la arbitrariedad gubernamental.
Al respecto, miembros de la autodefensa informaron que arribaron por la mañana a la capital para realizar trámites y gestiones ante instancias gubernamentales, pero su dirigente se percató de que eran seguidos por policías estatales.
Por ello, Eliseo Villar decidió burlar la acción de las autoridades y escapó del lugar sin que los uniformados se percataran de la evasión.
Hasta el momento, la administración que encabeza el gobernador Rogelio Ortega Martínez no ha emitido una explicación sobre el fallido operativo en contra del líder de la PC-CRAC, organismo que actualmente atraviesa por una crisis debido a la fragmentación de la estructura de autoridades comunitarias surgida en 1995 en el municipio de San Luis Acatlán y que se ha expandido a la mayoría de municipios de las regiones Montaña y Costa Chica de la entidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
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